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La semana pasada concluyó la consulta abierta que busca contribuir al proceso de creación de la anhelada Política Nacional de Inteligencia Artificial en Chile. Sin embargo, la revisión de la propuesta deja importantes interrogantes.

Es fácil culpar a los ciudadanos y ciudadanas por la rapidez con la que entregamos nuestros datos a cambio de un poco de comodidad. Pero lo cierto es que estamos jugando con cartas marcadas: pretender que sea la ciudadanía quien cargue con el peso de la desigualdad económica y social que implica proteger sus datos.

El ejercicio de los derechos fundamentales de las ecuatorianas y ecuatorianos en el siglo XXI depende en gran medida de la oportunidad de controlar el uso de sus datos personales y protegerse de los abusos, vengan de donde vengan. Se acerca otro Día Internacional de la Protección de Datos Personales y Ecuador tiene la opción de elegir una regulación moderna, centrada en derechos, para contribuir a una sociedad con mayor dignidad y equidad social. El momento es ahora.

El análisis sobre la forma en que se diseñan y aplican las políticas, y términos de servicio por parte de las plataformas digitales requiere de la consideración de los principios básicos de la gobernanza de internet: los derechos humanos. Así también, de los valores democráticos de sociedades como la nuestra.

Luego del baneo de Trump y de la aplicación Parler, se reactivó el debate relativo a la responsabilidad de las plataformas de internet por los contenidos ilícitos de terceros. Durante la última década, se han elaborado reglas en la región, pero las decisiones las siguen tomando los privados.

Análisis del texto presentado en primer debate, emitido el 9/12/2020 por la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral.

La libertad de expresión, además del derecho al acceso al conocimiento y la cultura, se enfrentan a nuevas dificultades para su ejercicio en línea en la región.