Explora nuestros recursos sobre derechos digitales

La reciente decisión del gobierno argentino de otorgar el control de la ciberseguridad a la Secretaría de Inteligencia del Estado marca un peligroso precedente para la región. Este modelo, lejos de proteger derechos, refuerza lógicas autoritarias en América Latina. La pregunta que ahora se impone con fuerza es ¿quién vigila a quienes vigilan?

Nuestro trabajo administrativo es tan intenso como invisible. La mayor parte del tiempo transcurre detrás del telón, apreciándose con más claridad en aquellos momentos donde las cosas fallan o enfrentamos situaciones complejas. A pesar de esto, en los momentos de mayor exigencia, encontramos los signos de creciente madurez y capacidad de respuesta que hemos forjado, y seguimos consolidando, después de 20 años. En un momento en que la labor de las ONGs y activistas es más necesaria que nunca, mantener la calma, tomar decisiones informadas y trabajar en alianza son las claves para enfrentar la incertidumbre presente y futura.

Políticas inacabadas de creación de laboratorios de informática y distribución de computadoras fueron reemplazadas más recientemente por el uso indiscriminado de IA, cámaras de reconocimiento facial y celulares en las escuelas de nuestra región. La aceleración en la adopción de herramientas digitales en el ámbito educativo, herencia de la pandemia de COVID-19, ha dado nuevo impulso a acuerdos entre instituciones educativas y empresas tecnológicas, abriendo espacio para nuevas preocupaciones y discusiones normativas sobre el rol que tienen las tecnologías en los procesos educativos.

La inteligencia artificial ya forma parte de los procesos de producción periodística en América Latina, en un contexto marcado por la precarización del trabajo, la concentración de medios y la desinformación. Cuando esto ocurre sin criterios éticos ni garantías claras, puede diluir la responsabilidad editorial, vulnerar derechos fundamentales y hasta poner en riesgo la confidencialidad de las fuentes. Defender el periodismo hoy implica establecer límites claros frente a tecnologías que automatizan sin rendir cuentas.

Las metodologías de vigilancia estatal masiva se vienen sofisticando en América Latina con el avance de las tecnologías. En un contexto de falta de regulación y transparencia de estas prácticas, es imprescindible detenerse a analizar sus riesgos e implicancias. Proteger no puede seguir siendo el argumento para vigilar de forma indiscriminada.

En la era de los algoritmos y la inteligencia artificial, el Primero de Mayo se erige como un recordatorio no solo de la lucha por condiciones de trabajo justas, sino de la vigencia de esos reclamos ante nuevos desafíos tecnológicos. Debemos garantizar que la promesa de la innovación digital no se traduzca en una regresión de los derechos laborales en América Latina.