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Chile podría aprobar el próximo 4 de septiembre uno de los textos constitucionales más avanzados de la región en materia de privacidad y seguridad digital. Años de debates sobre el tema han contribuido con la madurez del texto, y la experiencia regional es ilustrativa acerca de la importancia de consagrar ciertos parámetros de protección

Europa, Reino Unido y otros países se han apresurado a intentar regular los sistemas de inteligencia artificial (IA), buscando establecerse como referentes en el resto del mundo. En América Latina avanzamos de a poco y hay mucho por entender en relación a los impactos de la IA a nivel local. Mientras Brasil trabaja en regular la materia, identificamos algunos puntos claves de preocupación que están lejos de ser resueltos y enfatizamos la relevancia de la participación ciudadana como agente clave en los debates legislativos.

En 2020 un hackeo masivo a la Direccion Nacional de Identificación Civil de Uruguay puso en manifiesto las vulnerabilidades y carencias del estado uruguayo en cuanto a ciberseguridad y manejo de datos personales. Un pedido de informes, contestado casi dos años después, deja más dudas que respuestas.

Cuando usamos un sistema de mensajería, la información viaja a través del aire, cables y dispositivos de comunicación. Las organizaciones o personas que controlan los medios de comunicación tienen la capacidad de acceder a las comunicaciones. En esta columna, les contamos como en Derechos Digitales decidimos implementar herramientas que nos permiten tener autonomía y seguridad en nuestras comunicaciones.

¿Qué fue lo que se reconoció finalmente en materias tecnológicas por la Convención Constitucional en el borrador? ¿Se cumplieron las expectativas de la ciudadanía? Revisamos la propuesta a la luz de los resultados del estudio “Derechos fundamentales en la nueva constitución para la era digital”, realizado por Derechos Digitales.

En la última edición de RightsCon estuvimos conversando con Witness —organización que hace más de 20 años trabaja por el uso seguro y efectivo del video en la lucha por los derechos humanos— sobre desinformación, autenticidad de contenidos digitales y estándares técnicos que funcionen para todas las personas.