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¿Qué pasa cuando el derecho a permanecer en un país empieza a depender de lo que una persona dice y como puede ser interpretado por el Estado? El endurecimiento de la política migratoria argentina pone a las personas extranjeras en una situación de mayor vulnerabilidad frente al Estado. Y en un contexto de avance autoritario y retroceso de derechos, validar que algunos grupos tengan menos garantías puede tener consecuencias que van mucho más allá de la política migratoria.

Las tecnologías digitales se están convirtiendo en infraestructuras clave para la intensificación de la violencia a gran escala. Como evidencian las discusiones en curso en Estados Unidos sobre la adopción de herramientas comerciales para tales fines, el uso de sistemas de IA en contextos militares dejó hace mucho la ficción y es parte de una dura realidad. Frente a tal escenario, resulta urgente examinar cómo estas infraestructuras se entrelazan con las dinámicas de violencia de género, especialmente en escenarios de guerra y conflicto armado.

A pocas semanas de la culminación del proceso de revisión histórica de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (WSIS+20), analizamos los avances y retrocesos del documento final desde una perspectiva de justicia digital centrada en los derechos humanos.

La reciente foto de la toma de posesión de Donald Trump respaldado por las cabezas de las Big Tech en primera fila es de un simbolismo total. En efecto, las consecuencias directas no tardaron en llegar. En esta columna analizamos los puntos más críticos.

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la violencia de género digital emerge como una de las formas más urgentes de enfrentar. Desde amenazas en línea hasta agresiones físicas derivadas del entorno digital, esta problemática afecta gravemente a mujeres y personas LGBTQIA+, generando daños psicológicos, sociales y, en casos extremos, fatales. Iniciativas como las líneas de ayuda documentadas por Derechos Digitales destacan el rol crucial del feminismo en la construcción de respuestas tecnológicas, legales y emocionales para las víctimas, además de visibilizar las raíces estructurales de esta violencia.

El «Pacto Global Digital» (GDC) busca abordar los desafíos de la gobernanza digital garantizando acceso equitativo, protección de derechos humanos y reducción de brechas tecnológicas. Desde Derechos Digitales, destacamos la necesidad de una regulación inclusiva que proteja a las comunidades vulnerables y ofrezca salvaguardas claras ante tecnologías emergentes.

Persecuciones, silenciamiento, ataques físicos, y violencia digital. Son algunas de las amenazas a las que están expuestas las personas que trabajan para informar a la población en El Salvador, donde la censura y las violaciones al derecho de acceso a la información son moneda corriente.