38 archivos de María Paz Canales

La rápida acción para enfrentar la expansión del COVID-19 requiere de medidas excepcionales, pero no pueden ser antónimo del respeto de derechos fundamentales

Frente a la represión que el Estado chileno ha ejercido sobre la legítima protesta social, nos oponemos a la implementación de tecnologías de vigilancia masiva y reconocimiento facial en el espacio público. Está demostrado que estas tecnologías no nos protegen: su implementación nos vulnera y entrega al Estado capacidades que menoscaban nuestros derechos.

El abusivo trato que el Estado ha brindado a Roberto Campos y el bochorno del informe Big Data del gobierno son evidencia clara de que existe una tarea pendiente de actualización de estándares normativos y transparencia en el uso de estas herramientas tecnológicas

Ante la conclusión del proceso de evaluación, una vez recibidas las recomendaciones internacionales hacia el Estado chileno, se han dado a conocer las propuestas aceptadas en torno a los derechos humanos en los entornos digitales y los compromisos asumidos para preservarlos.

La urgencia por resolver las falencias en materia de protección de datos personales refuerza la necesidad de ajustar las medidas legales para proteger los derechos de la ciudadanía chilena.

A pesar de que no hubo recomendaciones con respecto a Internet y los entornos digitales en el EPU anterior de Chile (2014), hubo una clara preocupación en torno a los derechos humanos en el contexto digital para la última revisión; en consonancia con las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos: 38/7 «Promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet», 38/5 «Acelerar los esfuerzos para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas: prevenir y responder a la violencia contra las mujeres y niñas en contextos digitales ”, y 34/7“ El derecho a la privacidad en la era digital ”.

La Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile -a través de solicitudes a empresas de telecomunicaciones- ha intentado menoscabar la protección de datos, vulnerando el derecho a la privacidad.

Resulta innegable que las redes sociales se han vuelto un foro de expresiones chocantes, incómodas y algunas veces hasta insultantes. La pregunta que corresponde hacer es si la presencia de material inconveniente es una razón suficiente para poner sobre tales espacios una responsabilidad de censura, convirtiéndolas en árbitro de la expresión democrática.