Proteger derechos también es hacer ciberseguridad

Cada octubre, el Mes de la Ciberseguridad vuelve a poner sobre la mesa recomendaciones que ya conocemos, como utilizar contraseñas seguras, activar la autenticación de dos factores, actualizar nuestros dispositivos y desconfiar de enlaces sospechosos. Son medidas necesarias para proteger cuentas y dispositivos, pero no bastan frente a amenazas dirigidas contra quienes utilizan internet para denunciar abusos, investigar casos de corrupción, defender sus territorios o acompañar a víctimas de violencia. Una contraseña segura, por ejemplo, no impide que una periodista sea víctima de una campaña de hostigamiento ni que una defensora ambiental reciba amenazas por su trabajo.

Además, estas amenazas afectan de manera diferente a distintos grupos. Según una encuesta global de ONU Mujeres, siete de cada diez mujeres defensoras de derechos humanos, activistas y periodistas denuncian haber sufrido violencia en línea en el curso de su trabajo. La violencia de género facilitada por la tecnología incluye amenazas, acoso, vigilancia, difusión no consentida de imágenes íntimas, exposición de información personal y campañas de desprestigio que buscan intimidar, desacreditar o silenciar a quienes participan en la vida pública.

Las mujeres y las personas LGBTIQA+, especialmente quienes defienden derechos, ejercen el periodismo o tienen una participación pública activa, pueden enfrentar ataques dirigidos específicamente contra su género, orientación sexual o identidad. Una campaña de hostigamiento puede terminar exponiendo el domicilio de una defensora ambiental, comprometiendo las fuentes de una periodista o poniendo en riesgo a quienes participan en una denuncia.

Por eso, hablar de ciberseguridad exige mirar más allá de las precauciones individuales. No todas las personas enfrentan las mismas amenazas ni cuentan con los mismos recursos para protegerse. Reconocer esas diferencias es fundamental para desarrollar estrategias de seguridad digital que respondan a las necesidades de quienes corren mayores riesgos.

Las amenazas digitales tienen consecuencias fuera de internet

En América Latina, las tecnologías digitales son parte del trabajo cotidiano de organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos. Permiten documentar abusos, coordinar acciones, difundir denuncias y mantener redes de apoyo. Sin embargo, también pueden ser utilizadas para vigilar, intimidar o perseguir a quienes participan en procesos de organización social, especialmente en contextos de conflictividad territorial o política.

La investigación En la Mira 2: Un panorama de las amenazas digitales en América Latina, elaborada por Derechos Digitales en el marco del Observatorio Latinoamericano de Amenazas Digitales (OLAD), documenta más de cien casos de amenazas digitales en América Latina entre junio de 2024 y mayo de 2025. El informe aborda vigilancia, censura, filtraciones de datos, desinformación electoral y violencia de género facilitada por la tecnología, con consecuencias para la privacidad, la libertad de expresión y la participación pública.

Frente a este escenario, separar la seguridad física de la digital resulta cada vez menos útil. Las amenazas pueden comenzar en redes sociales, continuar mediante la exposición de información privada y extenderse a los espacios donde las personas viven, trabajan y se organizan. En la encuesta de ONU Mujeres ya citada, cuatro de cada diez participantes reportaron daños fuera de línea relacionados con la violencia que sufrieron en internet.

El cifrado protege nuestros derechos

El cifrado de extremo a extremo, utilizado por algunas aplicaciones de mensajería, permite que el contenido de una comunicación sea accesible únicamente para quienes participan en ella, siempre que esté correctamente implementado y los dispositivos no estén comprometidos. Esto resulta especialmente importante para periodistas que necesitan proteger a sus fuentes, organizaciones que acompañan a víctimas de violencia o comunidades que coordinan acciones de defensa territorial.

Sin embargo, el cifrado no elimina todos los riesgos. Si alguien (un delincuente, la policía o una agencia de inteligencia a través de spyware) obtiene acceso a un teléfono desbloqueado, podría leer las conversaciones directamente. Tampoco impide necesariamente que las empresas de mensajería y los proveedores de internet recopilen metadatos, es decir, información sobre las comunicaciones, como cuándo se realizan, desde qué dispositivos o, dependiendo del servicio, quiénes participan en ellas. Estos datos también pueden ser obtenidos por autoridades mediante solicitudes a los proveedores o a través de mecanismos de vigilancia. De ahí la importancia de acompañarlo con otras medidas de seguridad.

La protección y promoción del cifrado también depende de las leyes de cada país. En Chile, por ejemplo, la Ley Marco de Ciberseguridad (Ley 21.663) reconoce expresamente, entre sus principios, el derecho de toda persona a adoptar las medidas de seguridad informática que considere necesarias, incluyendo el cifrado. En Brasil, en tanto, la Constitución y el Marco Civil de Internet protegen la confidencialidad de las comunicaciones, pero ninguna norma reconoce expresamente el cifrado, y su alcance se ha discutido ante el Supremo Tribunal Federal a raíz de los bloqueos judiciales de WhatsApp. Como hemos analizado en el informe regional sobre políticas y libertades en el uso del cifrado, las diferencias entre los marcos legales de América Latina plantean importantes desafíos para la protección de las comunicaciones. Esta diversidad también puede observarse a nivel global en el Mapa Mundial de Leyes y Políticas de Cifrado de la Global Partners Digital.

La seguridad digital es una responsabilidad colectiva

La responsabilidad de encontrar mecanismos de protección empieza en las propias organizaciones. Antes de elegir aplicaciones o modificar configuraciones, es necesario identificar qué información se busca proteger, quién podría intentar acceder a ella y cuáles serían las consecuencias de su exposición, lo que en seguridad digital se conoce como análisis de riesgos.

Una organización dedicada a la defensa ambiental, por ejemplo, puede almacenar testimonios, fotografías, antecedentes de denuncias y datos de contacto de integrantes de una comunidad. En ese caso, proteger la información requiere evaluar dónde se guarda, quiénes pueden acceder a ella y durante cuánto tiempo es necesario conservarla. En Derechos Digitales hemos abordado las dificultades de aplicar recomendaciones generales a organizaciones que trabajan con recursos limitados, dispositivos compartidos y múltiples responsabilidades y la necesidad de partir de las prácticas de cuidado que esas organizaciones ya tienen.

Estas decisiones están relacionadas con una discusión más amplia sobre la autonomía tecnológica. Elegir dónde se almacenan los datos, qué servicios se utilizan y cuánto control conserva una organización sobre su información tiene consecuencias para su independencia y seguridad. No todas las organizaciones pueden administrar infraestructura propia, pero sí necesitan evaluar las dependencias y riesgos asociados a sus decisiones tecnológicas.

Para apoyar estos procesos, Derechos Digitales cuenta con herramientas como MicroSD, una guía para periodistas y comunicadoras que reúne recomendaciones prácticas para proteger datos, dispositivos y comunicaciones, y un curso gratuito de seguridad digital con recursos para aprender a protegerse en internet.

La seguridad digital también requiere recursos y apoyo sostenido. Como advirtió Internet Society, las organizaciones que trabajan en primera línea por una internet más segura necesitan financiamiento para sostener su labor. Sin ese respaldo, muchas iniciativas de protección dependen de esfuerzos aislados y de capacidades que no siempre están disponibles.

Las responsabilidades tampoco terminan en las organizaciones. Las plataformas deben ofrecer mecanismos eficaces para denunciar y enfrentar abusos sin renunciar a la protección del cifrado de punto a punto, mientras que los Estados tienen la obligación de proteger los derechos de las personas en el entorno digital. Esto supone fortalecer las garantías de privacidad y seguridad, no exigir puertas traseras ni otras formas de debilitar el cifrado, y evitar que las políticas de ciberseguridad se conviertan en una excusa para ampliar la vigilancia o para perseguir a quienes trabajan por una internet más segura.

El caso de Ola Bini muestra que este último riesgo no es hipotético. A comienzos de octubre, el experto en seguridad digital fue deportado de Ecuador tras la revocación de su visa por considerarlo una amenaza para la seguridad del Estado, mientras aún estaba pendiente la resolución de un recurso de hábeas corpus.

El Mes de la Ciberseguridad y el Día Mundial del Cifrado son una oportunidad para llevar esta discusión más allá de las recomendaciones habituales. La pregunta no es solamente qué herramientas tenemos para protegernos, sino qué condiciones deben existir para que esa protección sea posible. Porque una internet más segura no se construye únicamente con mejores tecnologías, sino también con decisiones que pongan los derechos de las personas en el centro.