Gigantes tecnológicos en la cadena agroalimentaria: concentración corporativa y más dependencia del campesinado

Los precios de los alimentos en el mundo se incrementan día a día. Más allá de contextos específicos, como pueden ser guerras o desastres naturales, la responsabilidad de la inflación alimentaria se suele identificar fácilmente: el control monopólico de las corporaciones agroalimentarias. 

En el contexto de penetración de las Big Tech en casi todos los ámbitos de la vida, la cadena productiva de alimentos no se queda afuera, y hasta puede empeorar ese escenario. Alianzas entre gigantes del agro (Bayer, Syngenta, Cargill, por ejemplo) con gigantes del sector de tecnologías (Google, Meta, Microsoft, Amazon, entre otras) encienden alarmas y preocupaciones, especialmente entre comunidades campesinas e indígenas. Investigaciones recientes alertan sobre la profundización de su dependencia, la conversión de saberes colectivos ancestrales en mercancía y una posible exacerbación en la contaminación. En las próximas líneas, analizaremos los impactos de esta digitalización de la agricultura en los derechos campesinos.

Gigantes del agronegocio digitalizado

La concentración corporativa en el agro no es una novedad: los oligopolios ya dominan la cadena alimentaria mundial. Estas empresas controlan desde las semillas, genéticamente modificadas, hasta los llamados insumos agrícolas: agrotóxicos y fertilizantes para monocultivos, insostenibles por su impacto ambiental y deterioro de la tierra. Un sistema que genera consecuencias directas en los modos de producción campesinos, quienes sostienen la “columna vertebral” de la alimentación en nuestra región.

Esta industria ha entrado ahora en una nueva etapa. Según el nuevo reporte del Relator de la ONU sobre Derecho a la Alimentación, las empresas agroalimentarias están recurriendo cada vez más, mediante la digitalización, a las nuevas tecnologías digitales y al procesamiento de grandes cantidades de datos para desarrollar sus negocios. El documento plantea que estas innovaciones crean “nuevos desafíos en materia de derechos humanos en los sistemas alimentarios”. El último informe del Grupo ETC sobre el tema, describe al fenómeno como un “Caballo de Troya en los campos”: bajo la promesa de tecnología e innovación, esconde más control corporativo y menos autonomía para las comunidades agricultoras.

Acelerada por la pandemia del Covid-19, la digitalización del agro es promocionada por las transnacionales del sector como solución a ciertos problemas del cambio climático, y una transformación inevitable para lograr un modelo productivo más eficiente, como lo viene planteando hace años también el Banco Mundial. Con ese bombo publicitario y marketinero, florecen las startups de agricultura digitalizada (“AgriTech” en sus términos) en la región, donde Argentina y Brasil albergan casi 3/4 partes de las empresas de esta índole.

La semilla del bot en los campos

Ya no resulta extraña la presencia de drones en los cielos, sensores en los suelos, tractores guiados por GPS o productores trabajando con tablets y dispositivos donde utilizan aplicaciones y sistemas específicos para sus tareas. La digitalización en la agricultura implica el uso generalizado de herramientas como la IA, la ciencia de datos y la biotecnología para mapear tierras, almacenar información y crear nuevos sistemas digitales para gestionar los modos de producción rural.

La alianza entre Big Tech y corporaciones monopólicas de la agroindustria está promoviendo una datificación del conocimiento vinculado a agricultura y del comportamiento de los ecosistemas y bienes naturales comunes, como nunca antes. Se trata de un extractivismo masivo de datos que, además, en muchos casos están vinculados con historias y tradiciones comunitarias y colectivas. Quienes tengan mayor capacidad de recolectarlos y controlarlos, serán quienes puedan modelar los sistemas alimentarios y las políticas agrícolas para su propio beneficio, un mercado de negocios que no considera a la alimentación como un derecho humano y menos reconoce la existencia de derechos campesinos. No se trata de cuestionar la introducción de nuevas tecnologías en abstracto, sino más bien de preguntarse al servicio de quién están, quiénes las controlan, qué modelos productivos profundizan y qué tratamiento de datos hacen.

Repasemos algunos de los principales riesgos de este proceso. Suscribirse a un modo de producción gestionado a través de una plataforma digital implica para las y los agricultores una dependencia aún mayor: se vuelve un circuito en el cual desde la toma de decisión de qué semilla plantar hasta el sistema de pagos y cobros, todo debe pasar por servicios virtuales. El Relator de la ONU lo plantea con claridad: “En estas nuevas explotaciones digitales, los agricultores dejan de actuar según su libre determinación y en su lugar pasan a ser objetos de cosecha”. Como en la mayoría de los trabajos regulados por plataformas, no hay reglas claras y transparentes sobre el uso de datos ni políticas de privacidad sólidas, lo cual no sólo da lugar a la explotación de esos datos en términos mercantiles, sino que también habilita nuevas prácticas de control, que algunos grupos denominan como “agricultura de la vigilancia”. Considerando que América Latina es una de las regiones más hostiles para defensores y defensoras ambientales, esta forma de espionaje resulta preocupante.

Además, en una región con una gran brecha digital, donde muchos de nuestros países enfrentan las tarifas más elevadas de internet móvil del mundo, el acceso a la red ocasiona nuevos gastos a las comunidades, lo cual empeora sus condiciones de vida en los territorios. Más aún si consideramos los altos costos de la maquinaria inteligente. Sumado a esto, y siguiendo las conclusiones del informe de ETC, se estima que millones de puestos de trabajo en el campo serán sustituídos por drones y robots, sin planificar nuevas fuentes laborales para el sector. En algunos países, incluso se les prohíbe reparar su maquinaria porque contiene software patentado. Por último, como ya venimos planteando en Derechos Digitales, la enorme demanda de recursos naturales, como agua y energía, para alimentar toda la infraestructura digital necesaria para estos emprendimientos, es posible que traiga mayores niveles de contaminación y profundización de la crisis climática.

El big data en la agricultura se convierte así en una herramienta de dependencia, vigilancia y control que pone en riesgo la autonomía campesina y la biodiversidad agrícola.

¡A desalambrar las tecnologías!

“El mundo no necesita ni más datos ni más alimentos, sino que las personas tengan más autoridad y control sobre los datos en los sistemas alimentarios”, advierte la ONU. Como se dijo unos párrafos más arriba, no estamos poniendo en discusión la incorporación de las tecnologías digitales, sino más bien qué uso se les da y los modelos que sustentan. Las comunidades campesinas pueden hacer una utilización favorable de las herramientas tecnológicas, que aporten al bien común y no a las ganancias concentradas en unas pocas manos. ¡Y muchas ya lo vienen experimentando!

Las organizaciones que planifican integralmente modelos agroalimentarios alternativos desde los territorios, piensan en cada etapa del circuito: desde que el alimento se siembra (sus insumos, la fuerza de trabajo, etc) hasta que llega al plato de comida de las personas en sus casas (el comercio, traslados, etc). Existe una idea-frase bastante utilizada, que sintetiza muy bien esta propuesta: “Del campo a la mesa”. Por ello, las experiencias de colectivos vinculados al trabajo rural, a la defensa del ambiente, a comunidades indígenas, y a los derechos digitales, pueden abarcar distintos eslabones de este modo de producción, basado en la nociones de Agroecología y Soberanía Alimentaria.

El proyecto Territorios Libres, Tecnologías Libres, impulsado por Intervozes junto a comunidades quilombolas y rurales de Brasil, fue una iniciativa que marcó un interesante precedente en lo que respecta a analizar los usos y concepciones de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en territorios campesinos. A la vez, existe la Red de Evaluación Social de Tecnologías en América Latina (Red TECLA) que abarca algunos proyectos dedicados a la agricultura. La Herramienta de monitoreo de los pueblos para el derecho a la alimentación, proyecto de la Red Mundial por el Derecho a la Alimentación y a la Nutrición, sirve de guía a las comunidades, los movimientos, la sociedad civil, el mundo académico e incluso el funcionariado público en el monitoreo del derecho humano a una alimentación y nutrición adecuadas. Además, la Asamblea de Innovaciones de Base para la Agroecología (GIAA en inglés) es una articulación global que está fortaleciendo experiencias de tecnologías de base aplicadas a la agroecología.

Si pensamos en la cadena productiva, hay desarrollos vinculados directamente con los momentos de la siembra y los cultivos, como por ejemplo la aplicación Lunagro (FIAN Colombia), un calendario agropecuario basado en la interpretación del ciclo lunar. Además, La Mierda de Vaca brinda cursos presenciales y a distancia sobre cómo llevar adelante una agricultura orgánica.

Tanto el aislamiento y distanciamiento preventivo que impuso la pandemia del Covid-19, así como también los debates que introdujo respecto a la alimentación saludable, llevaron a un incremento exponencial en la demanda de bolsones de verduras orgánicas o agroecológicas por parte de la ciudadanía. En Argentina, Más Cerca es Más Justo, y en Brasil, Alimento de Origem, son ejemplos de las decenas de plataformas pertenecientes a redes de comercio justo existentes en América Latina, las cuales buscan nuevas formas de intercambio, evitando intermediarios y sobreprecios, y conectando más estrechamente a productores con consumidores.

Para poder aprovechar las imágenes satelitales en beneficio de la producción local y la conservación de bienes comunes naturales, muchas organizaciones trabajan con Organic Maps, una aplicación GPS y de mapas sin conexión centrada en la privacidad, desarrollada por la comunidad de código abierto. También, existen numerosos proyectos que unen activismo, sector académico y comunidades, como por ejemplo “Gobernanza Hídrica con el pueblo originario Yaqui en México”, analizado en nuestro Glimpse 2024, ideado para desarrollar estrategias efectivas de gestión comunitaria del agua.

Por último, vale destacar la importancia de sitios de información y debate que impulsan la agenda de estos movimientos y favorecen la divulgación de ideas vinculadas con modelos alimentarios alternativos. Entre ellos, podemos mencionar a Agro é Fogo, quienes difunden  “el rastro del fuego del agronegocio global”; BiodiversidadLA, desarrollado por la  Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo – Vía Campesina; y Agencia Tierra Viva, impulsada por la Mesa Agroalimentaria Argentina, entre muchas otras iniciativas regionales.

Soberanía alimentaria y digital para vivir mejor

Los desafíos que viene planteando la digitalización en el campo son variados y complejos. Mientras se impulsan tecnologías digitales desde la sociedad civil y el Estado para el beneficio de las comunidades y los territorios, es fundamental generar marcos normativos nacionales, regionales y globales, que puedan proteger la privacidad y los datos en manos de las corporaciones que están desarrollando la datificación en el sector rural. El Estado de Brasil diseñó hace algunos años el Cadastro Ambiental Rural (CAR), como una herramienta que podría ser útil para monitorear el ambiente y los territorios, lo que dio lugar a un debate más que pertinente desde Data Privacy en relación a los datos personales de integrantes de comunidades. Incluso, algunos sectores vienen planteando como alternativa tratar los datos del sistema alimentario como un bien público para abordar esta problemática. Necesitamos que se reconozcan y protejan los saberes tradicionales del campesinado, como así también sus derechos colectivos, para potenciar herramientas tecnologías que respeten estas particularidades.

La complejidad del tema y los gigantes involucrados nos obliga a afinar los diagnósticos y, sobre todo, propiciar articulaciones entre el movimiento de los derechos digitales y las organizaciones campesinas e indígenas para dar respuestas integrales. Por ejemplo, unos años atrás, IT for Change publicó el reporte “Las oportunidades del ecosistema digital para la agricultura india” como resultado de un ciclo de encuentros de debate e intercambio entre diversos actores implicados en estos asuntos.

Podemos discutir la digitalización, la datificación, cómo se obtienen los datos, dónde se alojan y quiénes tienen control sobre ellos, pero si no abordamos las preguntas radicales sobre nuestros modos de vida y de alimentación, es probable que nos perdamos en el camino. ¿Para qué necesitamos tecnologías digitales en los sistemas agroalimentarios? ¿Qué papel tienen las comunidades campesinas e indígenas en la definición de estas nuevas herramientas a incorporar en los modos de producción? ¿Qué modelos priorizan la soberanía alimentaria y digital, y los derechos campesinos y de comunidades indígenas en su autodeterminación?

Lo que está en juego no es solo el acceso a nuevas tecnologías, y el resguardo de los datos, sino, principalmente, la soberanía alimentaria de los pueblos y el derecho humano a decidir cómo producir y consumir nuestros alimentos, de manera justa y sustentable.