Tipo de contenido (Recurso): Incidencia

Declaración para la protección de las personas defensoras de los derechos digitales

Las organizaciones de la sociedad civil firmantes expresamos nuestra preocupación por la tendencia mundial de perseguir a las personas que defienden los derechos humanos utilizando medios y plataformas digitales, incluidas quienes realizan investigaciones y proveen entrenamientos de seguridad para proteger y promover estos derechos. Exigimos que se fortalezca la protección de su trabajo y se les reconozca como personas defensoras de los derechos humanos.

Ya sea a través de leyes que penalizan su actividad o mediante persecución judicial destinada a silenciarlas y castigarlas, su trabajo y sus vidas están en peligro. Esta tendencia tiene un efecto perjudicial sobre los derechos humanos, tanto en línea como fuera de línea. Casos de injerencia política como el caso penal contra Ola Bini en Ecuador, la investigación y las medidas arbitrarias tomadas contra Javier Smaldone en Argentina, así como los casos de Alaa Abd El Fattah en Egipto, Fikret Baskaya en Turquía, Ahmed Mansoor en el Los EAU y muchos otros son parte de una tendencia mundial creciente y peligrosa.

El trabajo que hacen las personas defensoras de los derechos digitales en defensa de la privacidad es fundamental para la protección de los derechos humanos. Cuando crean conciencia sobre la existencia de vulnerabilidades en los sistemas, permiten que los sectores público y privado encuentren soluciones que mejoren la seguridad de la infraestructura y el software en beneficio del público. Además, su trabajo brindando asesorías de seguridad para periodistas y activistas de derechos humanos es de vital importancia para la seguridad de quienes ejercen el periodismo, activistas y personas que defienden derechos humanos desde otros frentes.

El trabajo de quienes defienden de los derechos digitales es un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión y, como tal, debe protegerse. Los relatores especiales sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión de la Organización de los Estados Americanos y las Naciones Unidas han expresado su preocupación por la detención y el enjuiciamiento de defensores de los derechos digitales como Ola Bini. Usar código o lenguajes de programación es otra forma de expresar ideas en lo que generalmente se conoce como lenguajes de alto nivel. Más importante aún, su investigación es una manifestación de buscar, recibir y compartir información. Este derecho es esencial cuando la información buscada es crítica para la gobernanza, protegiendo la privacidad y la seguridad de la infraestructura.

Rechazamos toda persecución de quienes defienden de los derechos digitales. Exigimos el reconocimiento de su trabajo a nivel legal, social y político. Las personas defensoras de los derechos digitales también deben ser reconocidas como defensoras de los derechos humanos, ya que trabajan por la defensa de los derechos humanos fundamentales y por el interés público. Por lo tanto, su trabajo y sus derechos básicos deben protegerse para garantizar el desarrollo seguro, transparente y democrático de Internet y las tecnologías digitales en todo el mundo. Se les debe permitir hacer su trabajo sin temor al acoso judicial o cualquier forma de daño proveniente del Estado.


Access Now 

Amnesty International

Arab Digital Expression Foundation – ADEF

Article 19

ASLE

Association of Progressive Communications

Casa da Cultura Digital Porto Alegre

Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo S.J»

Committee for the Protection of Journalists (CPJ)

Comité Permanente por los Derechos Humanos (CDH)

Derechos Digitales

EFF

Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC)

Freedom of Press Foundation

Fundación Huaira

Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH)

Fundación Vía Libre

Gulf Centre for Human Rights (GCHR)

Human Rights Watch

Idec – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor

Indymedia Ecuador

Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife (IP.rec)

Instituto Nupef – Núcleo de Pesquisas, Estudos e Formação

Internet Freedom Foundation

Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social

Karisma

Lavits – Rede Latinoamericana de Estudos em Vigilância, Tecnologia e Sociedade

Open Knowledge Brasil

Organização Compas – Associação Internacional de Comunicação Compartilhada

Privacy International

Rede Ciranda.net

Rede de Direitos Humanos e Cultura (DHnet)

Reporters without Borders

TEDIC

Usuarios Digitales

Vigilance for Democracy and the Civic State 

Declaración sobre la represión de la protesta social en América Latina a través de la violencia y el uso de la tecnología

Las firmantes, como organizaciones latinoamericanas trabajando en la intersección entre tecnología y derechos humanos, vemos con preocupación y horror la respuesta de nuestros gobiernos a las masivas protestas sociales que se están desarrollando en Colombia, Bolivia, Chile y Ecuador.

En particular, rechazamos el modo en que los gobiernos están utilizando distintas tecnologías digitales en favor de la represión, criminalización y persecución de las y los manifestantes y su legítimo derecho a reunirse y expresarse pacíficamente, de una manera que solamente puede ser definida como antidemocrática y contraria a los derechos fundamentales.

En Ecuador, la evidencia demuestra afectaciones e interrupciones temporales de determinadas redes sociales, comunicaciones móviles, sitios web y conexión a internet durante la protesta, interfiriendo sustancialmente con el derecho de las personas a organizarse, comunicarse e informarse. Si bien no existen pruebas concluyentes respecto a que el errático comportamiento de la red fuese producto de un ejercicio estatal de represión, esa posibilidad tampoco ha sido descartada.

En Colombia, el Gobierno ha realizado una agresiva campaña comunicacional de desincentivo a la protesta, utilizando todas las cuentas de redes sociales de las instituciones del estado con ese fin. Además, en la antesala de la fecha convocada para el paro, se enviaron mensajes que disuadían la participación a través de SMS a los abonados al servicio de telefonía celular. Adicionalmente se han desplegado prácticas abusivas por la policía como incluir en las requisas a manifestantes la exigencia de mostrar sus redes sociales y contactos en los celulares.

En Chile, se han reportado denuncias de investigaciones y acciones de amedrentamiento iniciadas por la policía, usando como base información obtenida producto del monitoreo de redes sociales en busca de dichos críticos del gobierno y de la policía, y en favor de la protesta. Al mismo tiempo, la Intendencia Metropolitana ha anunciado el incremento de número de cámaras de vigilancia operativas en la ciudad de Santiago y la implementación de un sistema de reconocimiento facial, lo que además coincide con una preocupante propuesta de ley que califica como un agravante el legítimo derecho de cubrirse el rostro durante una manifestación.

En Bolivia, se ha reportado que algunas prominentes cuentas de redes sociales dedicadas a la difusión de información relevante respecto a la protesta han visto su actividad restringida; al mismo tiempo,  se han denunciado acciones coordinadas con el fin de censurar contenidos relevantes y un significativo incremento de la violencia en contra comunicadores y comunicadoras, que incluyen agresiones, amenazas físicas y acciones de exposición de información privada y acoso en línea. Por otra parte, las fuerzas de seguridad han intentado limitar el registro de sus actividades durante las protestas, por medio de la confiscación de equipos, el uso indiscriminado de gas lacrimógeno y la amenaza de arresto contra quienes fotografían y graban el actuar policial. También se han denunciado casos en que la policía ha requisado dispositivos con el objetivo de recolectar información privada.

La protesta es un derecho consagrado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por la Convención Americana de Derechos Humanos, y es uno de los fundamentos de toda sociedad realmente democrática, por lo que debe ser garantizado, asegurado y promovido por los gobiernos de la región. Condenamos enérgicamente la represión de la protesta, la inusitada violencia que se está desplegando y  la utilización de tecnología para exacerbarla.

Exigimos a nuestros gobiernos dar soluciones políticas a los profundos problemas expresados por la ciudadanía, en un marco de respeto y compromiso con los valores democráticos y los derechos fundamentales.

Firman:

  • Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
  • Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC)
  • Coding Rights
  • Derechos Digitales
  • Fundación Ciudadanía Inteligente
  • Fundación Internet Bolivia
  • Fundación Karisma
  • Intervozes
  • TEDIC
  • Sursiendo
  • IPYS Venezuela
  • Comité por la Libre Expresión (Honduras)
  • Cooperativa Tierra Común
  • C-Libre
  • Fundación Datos Protegidos
  • Access Now
  • Creative Commons Uruguay
  • Espacio Público (Venezuela)
  • Colectiva de Feminista para el Desarrollo Local
  • Article 19
  • Fundación Vía Libre
  • Usuarios Digitales
  • Electronic Frontier Foundation

Declaración pública ante las jornadas de protesta social en Chile

Como una organización que trabaja incansablemente por la promoción y defensa de los derechos fundamentales, a propósito de los sucesos ocurridos durante el fin de semana en Chile, desde Derechos Digitales rechazamos enérgicamente la criminalización de la protesta social y sus legítimas demandas, que tienen su origen en una deficiente distribución de la riqueza generada en el país.

Así también rechazamos la militarización del conflicto y, con ello, la escalada de la represión y el excesivo uso de la fuerza, que lejos de apaciguar los ánimos ha incrementado el clima de polarización, violencia e inseguridad en la población. Llamamos a la autoridad a responder de cara al país a las denuncias de torturas y violaciones a los derechos humanos por parte de uniformados, que junto a aquellos casos con desenlace fatal ejemplifican de manera cruenta el equivocado manejo político de la situación. Dichos casos deben ser investigados y las responsabilidades -penales y políticas- asumidas por quien corresponda.

Los derechos fundamentales son la piedra angular de una democracia fuerte y su restricción constituye un antecedente lamentable. La ciudadanía necesita hoy soluciones políticas hábiles que apunten al fondo del descontento, construidas desde una convicción y compromiso profundo con los valores democráticos, que tanto ha costado recuperar y mantener.

Desde Derechos Digitales seguiremos trabajando con esos objetivos como norte.

Contra la persecución política a Ola Bini

Ola Bini es un reconocido activista por el software libre y experto en seguridad digital. Desde el 11 de abril de 2019 se encuentra sujeto a un proceso judicial en Ecuador, acusado de haber vulnerado sistemas informáticos. Tal proceso, sin embargo, ha sido ampliamente cuestionado por la multiplicidad de irregularidades cometidas y por estar bajo un sinnúmero de presiones políticas.

El primer elemento ha sido confirmado por el Habeas Corpus otorgado en junio pasado por parte del tribunal de la Corte Provincial de Pichincha y por las expresiones oportunamente realizadas por las Relatorías Especiales sobre la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).[1] [2]

Por su parte, la Misión Internacional de la Electronic Frontier Foundation (EFF) enviada recientemente a Ecuador, tras conversar sobre esta situación con políticos, académicos y periodistas de distintas tendencias, ha concluido que la motivación tras el caso de Ola Bini es política, no criminal.[3] De hecho, todavía se desconoce cuáles son los sistemas informáticos de cuya vulneración se le acusó en un principio.

Junto con ello, una serie de hechos recientes han encendido nuevas alertas. En primer lugar, la vinculación de una nueva persona a la causa por el sólo hecho de mantener un vínculo profesional con Bini y a pesar de que en la audiencia respectiva no se presentaron los elementos jurídicos necesarios para cumplir con dicho trámite. Además, el Fiscal a cargo de la acusación decidió abrir dos nuevas líneas de investigación contra Ola Bini: por “defraudación fiscal” y “tráfico de influencias”. De tal forma, la fiscalía ahora se propone investigar por hasta el plazo de 2 años más al activista.

Esta última decisión sugiere que no se cuentan con pruebas que sustenten las acusaciones originalmente realizadas contra Bini y que la atención de la justicia y el gobierno ecuatoriano no está puesta en un delito, sino en una persona. Esto nos lleva a confirmar el temor expresado por algunas organizaciones internacionales que trabajan por los derechos humanos en internet que desde el momento de la detención de Ola Bini alertaron sobre la espiral de persecución política contra un activista de renombre internacional, cuyo trabajo es globalmente reconocido por la protección de la privacidad.

Considerando lo expresado más arriba y las conversaciones mantenidas en el marco del XII Foro de Gobernanza de Internet de América Latina y el Caribe (LACIGF por sus siglas en inglés), los abajo firmantes rechazamos el escenario persecutorio montado contra Bini, demandamos que se respete el debido proceso por parte de todas las funciones del Estado e instamos a que los actores políticos dejen de interferir en la justicia.

Firman:

  • Asociación para el Progreso de la Comunicaciones
  • Derechos Digitales
  • Electronic Frontier Foundation
  • Internet Bolivia
  • Intervozes
  • Fundación Karisma

[1] https://cnnespanol.cnn.com/2019/06/20/tribunal-de-ecuador-acepta-recurso-de-habeas-corpus-para-ola-bini/

[2] https://www.eluniverso.com/noticias/2019/04/15/nota/7287350/relatorias-onu-oea-cuestionan-detencion-ola-bini

[3] https://www.eff.org/es/deeplinks/2019/08/ecuador-political-actors-must-step-away-ola-binis-case