Temática: Gobernanza de internet

Los límites de la educación a distancia en América Latina

Frente al avance del COVID-19 en América Latina, diversos países han decretado cuarentena educativa e implementado medidas para garantizar que los y las estudiantes puedan continuar sus procesos de aprendizaje. La Unesco ha identificado docenas de respuestas educativas en la región, que van desde la disponibilidad de contenidos en línea hasta la autorización para el desarrollo de cursos a distancia.

No hay duda de que el acceso a la información y al conocimiento es fundamental durante y después de una crisis como la que presenta el COVID-19. Sin embargo, es necesario pensar sobre cual será el impacto real de las medidas implementadas y cuales serán sus efectos a mediano y largo plazo.

Límites estructurales

Existen aspectos estructurales que deben ser considerados al analizar cuan efectivas pueden ser las respuestas educativas basadas en la oferta de contenidos en línea o en clases virtuales. En la capa de infraestructura y conectividad se encuentran las desigualdades de acceso a  internet, requisito fundamental para cualquier estrategia de educación en línea. Hasta 2016, menos de la mitad de los hogares latinoamericanos estaban conectados a la red mundial de computadoras, según datos de la CEPAL. Si consideramos los contextos nacionales, países como El Salvador y Nicaragua seguían con menos del 20% de sus domicilios conectados en 2017. El avance del acceso a las redes móviles seguramente influye en este escenario, pero en muchos casos se da por medio de planes de datos limitados que no permiten la descarga de archivos o videos de manera libre.

En relación al hardware, hay que considerar que diferentes tipos de dispositivos conllevan distintas posibilidades de uso educativo. El acceso a computadoras sigue siendo limitado en la región y en algunos países ha decaído en los últimos años mientras aumenta el número de personas que acceden a la red solamente por el celular, particularmente en las clases más bajas. A pesar del aumento de las tasas de acceso a smartphones en los últimos años, estos no están diseñados para la lectura de textos largos, ni mucho menos para la elaboración o edición de textos. Es más, su uso por períodos extendidos de tiempo puede impactar en la salud de niños y jóvenes.

Cuando se trata del software, se observa una creciente tendencia a la utilización de herramientas comerciales cuyos modelos de negocio se basan en la recolección de una enorme cantidad de datos personales para fines publicitarios. Una investigación desarrollada en Brasil, con el apoyo del Fondo de Respuesta Rápida para la protección de derechos digitales (FRR), muestra que el 65% de las universidades y secretarías de educación brasileñas utilizan servicios de empresas como Google y Microsoft, sin medidas de transparencia sobre las condiciones de protección de datos e información de miles de profesores y estudiantes que actualmente utilizan sus herramientas.

También en Brasil, encuestas con profesores y profesoras de educación básica muestran un amplio uso de servicios comerciales como Facebook y WhatsApp para la comunicación con estudiantes, envío de materiales y preparación de clases; sin mayores consideraciones sobre sus impactos a la privacidad de niños y adolescentes.

Finalmente, cuando se trata del contenido, las limitaciones jurídicas – impuestas por restricciones presentes en las leyes de derechos de autor – y técnicas al acceso pueden convertirse en una nueva barrera para el aprendizaje en línea.

Es importante considerar también que la brecha digital tiene distintos niveles. Además de la disponibilidad de conexión y dispositivos, son necesarias una serie de capacidades para hacer un uso significativo de las tecnologías para la investigación y aprendizaje; estas habilidades también se encuentran desigualmente distribuidas en América Latina.

Una emergencia social

Mientras las estrategias consideradas exitosas para el combate al coronavirus en Asia y Europa pasan por el aislamiento de la población, en América Latina está el desafío de contener su avance en regiones donde predominan viviendas precarias, hay escaso acceso al agua y a servicios sanitarios, o donde, básicamente, el Estado se encuentra ausente.

El cierre de escuelas puede ser particularmente dañino en los lugares donde estas instituciones son las principales responsables de ofrecer alimentación y agua potable. Según datos de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 85 millones de niñas y niños dependen de la alimentación escolar en América Latina y el Caribe.

Entre las personas jóvenes y adultas matriculadas en la enseñanza secundaria y superior, el periodo de cuarentena puede implicar la acumulación de tareas y preocupaciones diversas, como recuerda la profesora de la Universidad de Arkansas Rebecca Barrett-Fox. Algunas personas tendrán que seguir trabajando, desempeñando roles más exigidos – como los y las trabajadoras de la salud, limpieza, seguridad, transporte, entre otros; otras pueden perder sus empleos o fuentes de ingresos durante la crisis. Muchas tendrán que asumir el cuidado integral de sus niños y niñas, de personas mayores o de grupos de riesgo, a menudo mientras mantienen labores productivas a distancia.

La situación es particularmente crítica para las mujeres que, además de estar presionadas a asumir el rol de cuidado, muchas veces desempeñan trabajos precarios para sostener económicamente sus hogares. Ellas estarán aún más sujetas a altos niveles de estrés y violencia durante el periodo de crisis.

No generemos nuevas brechas

Las nuevas tecnologías ofrecen oportunidades de acceso a una infinidad de fuentes de información y conocimiento que son fundamentales en un contexto de pandemia como el actual. Sin embargo, es necesario comprender las especificidades del contexto regional al diseñar estrategias educativas en este periodo particularmente crítico.

Si bien es fundamental pensar medidas que busquen ofrecer oportunidades de aprendizaje a jóvenes y niños en cuarentena, autorizar la implementación de la educación a distancia para reemplazar las clases presenciales es ignorar el contexto regional y autorizar una total precarización de la enseñanza.

En lugar de garantizar el derecho a la educación, este tipo de acción – iniciado en algunos países de la región con foco en las instituciones de enseñanza superior – implica agravar aún más las condiciones de aquellas personas que sufrirán de forma aguda los impactos sociales del coronavirus, profundizando las brechas existentes.

Las desigualdades de producir desde casa

Esta semana, dos hospitales en Milán han comenzado a repartir tablets entre los enfermos terminales incomunicados y en aislamiento, para que puedan despedirse de sus familias y seres queridos, en un gesto que busca darle un poco más dignidad a una muerte espantosa. En los últimos años, el cine, la televisión y la literatura se han encargado de imaginar todo tipo de escenarios tecno-distópicos, pero nada así de desolador.   

La crisis mundial desatada por la agresiva expansión del COVID-19 ha sido descrita como un evento que ocurre una vez cada cien años y cuando acabe, el mundo será probablemente muy distinto al que conocimos. Lamentablemente, parece que todavía falta mucho para ello. Italia ha superado a China y es ahora el país con más muertes producto del coronavirus, que a nivel mundial ascienden a casi diez mil víctimas fatales.

El llamado ha sido a quedarse en casa y reducir el contacto social, como una forma de ralentizar la propagación del virus y evitar que los sistemas de salud colapsen. El teletrabajo y la educación en línea se han convertido en los modos sugeridos para que las personas puedan seguir realizando sus rutinas productivas desde casa. Internet —que siempre ha sido presentada como una tecnología eminentemente democrática y democratizadora — aparece como una de las principales maneras de sobrellevar la crisis.

Pero lo que emerge es una fotografía de segregación social, una expresión más de las condiciones precarias en las que millones de personas viven en nuestra región y que muchas veces son invisibilizadas en las declaraciones públicas de autoridades que son incapaces de imaginar que hay gente que simplemente no tiene acceso a internet. Las últimas cifras disponibles de la CEPAL, de 2017, cuantificaba que tan solo el 45% de los hogares de la región estaban conectados a la red. Y aunque probablemente esos números han aumentado en los últimos años, muy seguramente el porcentaje de personas excluidas todavía es alto.

 Además es importante comprender que no todas las formas de conexión son iguales ni equivalentes; la velocidad es un factor determinante y más todavía el dispositivo a través del cual nos conectamos a internet. Hoy, la principal forma de conexión a internet en el continente es por medio de dispositivos móviles. Consecuentemente, no es lo mismo pedirle a una niña que resuelva una tarea escolar utilizando su propio computador, a que lo haga a través de su teléfono celular. Aunque en ambos casos se tenga acceso a exactamente al mismo material de estudio, la segunda experiencia es sustantivamente peor, simplemente porque ese dispositivo no fue diseñado ni construido para ello. Así, nuevamente el ejercicio de un derecho fundamental queda sujeto a las posibilidades económicas de una persona o su familia.  

A ello hay que sumar las condiciones ambientales del trabajo: no todo el mundo tiene la posibilidad de convertir un rincón del hogar en una oficina casera; todavía peor, mucha gente habituada a convivir un par de horas al día con el resto de su familia se verá ahora forzada a tener que negociar espacios, horarios, necesidades y también ancho de banda, muchas veces en casas hacinadas o concebidas más como dormitorios que como lugares de convivencia familiar y mucho menos oficina multifuncional. Todo esto sin mencionar a aquellas personas que desempeñan funciones que no pueden ser realizadas a la distancia, por ejemplo, los trabajadores de la altamente precarizada “gig-economy”, que reciben órdenes de una app y que deben verse en la disyuntiva de salir a trabajar arriesgando su salud o simplemente perder su fuente de ingresos en tiempos de alta incertidumbre.  

Evidentemente estamos viviendo un momento inédito y particularmente difícil. Pero esta experiencia debería ser valiosa para cuando lo peor haya pasado. Hay dos reflexiones en las que creo que será necesario profundizar: primero, el teletrabajo ha sido una parte importante de los discursos de flexibilización laboral, pero no nos engañemos: para mucha gente tener trabajar desde su casa se convertirá en otra forma de precarización si es que no se toman medidas tendientes a asegurarle a los y las trabajadoras condiciones mínimas para el desempeño de sus funciones a distancia.

En segundo lugar, es errado pensar que internet es una tecnología eminentemente igualitaria. Sin embargo, existe en ella un potencial para ayudar a corregir algunas desigualdades de base. Ello dependerá del modo en que la tecnología se implementa y se usa. Si lo dejamos en manos del mercado y la capacidad individual de las personas, las cosas seguirán siendo tan injustas como antes y quizás, hasta peores.

La lucha de género en los protocolos de internet

El de internet es un mercado próspero y en permanente crecimiento, que cada día involucra más ámbitos de la vida social. En cifras oficiales, se calcula que el 53%  de la población mundial se encuentra hoy conectada, y tanto los estados como la empresa privada, los organismos multilaterales y la sociedad civil están desarrollando planes de diversa índole para conectar a la otra mitad. Con un 68%, el porcentaje de mujeres conectadas es un poco más alto que el promedio. Pero ¿qué nos dicen estas cifras? Más allá del tecnicismo de acceder a un dispositivo con conexión a internet, a propósito del día de la mujer trabajadora, vale la pena preguntarse por el potencial emancipador de nuestra inclusión en la internet.

De acuerdo con los expertos, hay tres ámbitos de desarrollo de la economía digital: el sector de información y telecomunicaciones, que incluye todos los bienes y servicios asociados al funcionamiento de internet; el sector propio de la economía dentro del entorno digital, que incluye los servicios digitales y las economías de plataforma; y otro que incluye todas las actividades económicas que utilizan tecnologías digitales para su desarrollo, una economía digitalizada. Pero para quienes utilizamos internet, la imagen es más difusa: es difícil establecer en qué punto estamos trabajando y dónde comienzan nuestros momentos de ocio y de descanso. Es difícil reconocer quiénes están trabajando para que podamos conectarnos. Es difícil, incluso, identificar la manera en que habitamos este entorno, y qué tanto podemos controlar nuestro cuerpo allí, expresado como ceros y unos, cuando la red es un entramado de relaciones políticas, económicas y técnicas donde difícilmente tenemos incidencia.

Pensemos en las grandes instituciones que gobiernan internet. Por ejemplo, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), donde desde hace por lo menos dos décadas la inclusión digital de mujeres y niñas, así como de jóvenes, personas con discapacidad e indígenas, es parte de la agenda, mientras que la institución sigue estando encabezada por hombres, mayoritariamente blancos. El asunto de la inclusión, al parecer, está dirigido hacia fuera, no como parte de una política interna. La situación es distinta en otros organismos, como la Internet Engineering Task Force (IETF), donde desde hace años se han venido implementando planes para hacer más diversa la participación, así como para hacer más inclusivos los espacios de discusión y toma decisiones, y combatir el acoso y la hostilidad en el trabajo. Y, sin embargo, quienes participan efectivamente de estos espacios son en su mayoría hombres que viven y disfrutan los privilegios de las ciudades y los grandes capitales financieros, que cuentan con niveles de escolaridad e ingreso altos, que se traduce en indicadores altos de calidad de vida. 

¿Cómo dialoga eso con las realidades urbanas y rurales en el llamado “sur global”? ¿En qué punto coincide la inclusión digital con la lucha por una vida libre de violencias, con equidad y justicia, con autonomía y soberanía sobre nuestros cuerpos y nuestros territorios? ¿Qué implica la inclusión? ¿Basta con conectarnos? Idealmente deberíamos entenderla como la capacidad de apropiarnos del uso y beneficios de internet. La posibilidad de participar supone tener autonomía y capacidad de decisión sobre el tipo de internet que queremos. Entender la economía digital a través del género permite ver no solo las condiciones económicas, sino otras dimensiones como las normas culturales y sociales que impiden a ciertos grupos participar activamente en distintos escenarios. ¿Y acaso queremos alcanzar escaños en las grandes instituciones de la internet que existe?

En su más reciente reporte, el grupo de mejores prácticas de género y acceso del Foro de Gobernanza de Internet se ocupa de la participación de mujeres y personas de género diverso, así como otros grupos subrepresentados, en las economías digitales, y señala que las redes comunitarias, cuando están diseñadas con y para la comunidad, ofrecen oportunidades de participación en el desarrollo de la red construyendo narrativas y modelos propios. Frente al enorme mercado de internet, este tipo de redes son una alternativa, cuya existencia hoy día depende de la capacidad de incidencia que tengan en el entramado político que gobierna internet, donde las barreras de participación son muy grandes. Además, al interior de las comunidades que se organizan para construir redes propias y soberanía tecnológica, también hay muchos retos para una participación más equitativa y justa.

#SalvemosInternet para proteger nuestra democracia

En América Latina los derechos humanos están en riesgo. En distintas latitudes, día con día vemos los efectos de la disputa por las libertades de las personas que hacen frente a las injusticias y desigualdades que viven en sus países. Estas luchas, al igual que miles de otras actividades, también se han trasladado a internet.

En Brasil, Chile, Colombia, Perú y México las conversaciones en torno a neutralidad de la red no son recientes; tampoco lo son las diferentes iniciativas que se han llevado a cabo desde hace diez años para promover el acceso indiscriminado a una internet donde nuestros derechos fundamentales -como libertad de expresión, acceso a la información, privacidad y libertad de asociación- se amplifiquen y no sean coartados.

En México, desde los sucesos que acompañaron el movimiento #YoSoy132 en 2012, los grupos de difusión de información durante el sismo de 2017 que se sumaron al #Verificado 19S, hasta las recientes movilizaciones en torno al #MeToo y las protestas feministas que tomaron las calles de distintos estados el año pasado; internet ha sido una herramienta fundamental para la organización, el diálogo, el acceso a la información, la libertad de expresión y -sobretodo- la participación política de quienes se han dado a la tarea de cuestionar al gobierno ejerciendo las garantías que ofrece vivir en una democracia.

Acceso a internet en México

Internet se ha vuelto tan importante para las transacciones y procesos que llevamos a cabo día con día que en 2013 –a través de la reforma a la Ley Telecom–  el acceso a internet pasó a formar parte de los derechos constitucionales de los que (en teoría) gozamos todas las personas en México. Sin embargo, así como sucede con definir internet sin cuidado, apelar al acceso sin cuidado podría poner en riesgo justo todas esas cualidades que permiten que internet sea también un amplificador para el ejercicio de los derechos que han convertido esta tecnología en un pilar de nuestra cotidianeidad.

Sin embargo, desde hace más de seis años hemos visto cómo la sociedad civil y otros actores que participan en las discusiones en torno a internet han buscado espacios de interlocución con el gobierno para plantear estas inquietudes. Propuestas como el “Anteproyecto de Lineamientos para la gestión de tráfico y administración de la red a que deberán sujetarse los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a Internet”, presentado en diciembre del año pasado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT),  se sigan contemplando como viables va contra los esfuerzos ya realizados y los diálogos ya establecidos en torno de la implicación que tiene la manipulación del tráfico en internet. 

La forma tan opaca en que se ha tratado la importancia de la neutralidad de la red en México desde 2014 a la fecha, da cuenta de los intentos que se han realizado con el fin de legitimar prácticas abusivas que ponen en riesgo los nuestros derechos y los entornos digitales que habitamos hoy en día, ya que este documento busca otorgarle poderes desproporcionadas a los proveedores de servicios de internet e incluso abre la oportunidad a que el Estado pueda implementar (aún más) mecanismos abusivos de vigilancia y censura arbitraria. 

El costo que tiene arriesgar la neutralidad de la red va más allá de los intereses de las empresas y sus socios comerciales: manipular el acceso a internet (que es también manipular el acceso a la información) repercute de forma directa en la libertad de expresión y provocando consecuencias en el desarrollo individual, social y democrático; afectando de forma mayor a quienes ya tienen accesos restringidos o nulos a internet.

En un país atravesado por un sinfín de brechas y desigualdades, no podemos darnos el lujo de pasar por alto los intentos que buscan legitimar prácticas abusivas que menoscaban nuestros derechos para beneficiar intereses comerciales. Frente a las realidades diversas que sobrellevamos en México, es importante organizarnos y utilizar las vías democráticas que existen para proteger lo que ya hemos ganado, defender la  neutralidad de la red es participar en la defensa de tus derechos (y contribuir a la defensa de los derechos de más personas).

La defensa de internet es también la defensa de nuestros derechos

Desde Derechos Digitales nos sumamos a amplificar el alcance de propuestas como la campaña #Salvemos Internet con el fin de promover el reconocimiento de los esfuerzos y las voces de las personas que legítimamente manifiestan su preocupación ante las amenazas que acechan nuestros espacios de libertad en México y toda América Latina.

Es momento de actuar, de sumar voces y usar las vías democráticas que existen para participar en la construcción de políticas públicas que se alineen con la defensa y promoción del desarrollo de nuestros derechos. Internet es nuestra, tenemos que defenderla para que se mantenga como un ecosistema abierto que asegure a las personas la amplificación de sus derechos fundamentales.

Si estás en México y quieres sumarte a esta iniciativa local para manifestarte contra las medidas que ponen en riesgo nuestros derechos, entra a https://salvemosinternet.mx/ y hazle saber al IFT que no estás de acuerdo con que se menoscaben nuestros derechos. Entérate, comparte, participa y ¡#SalvemosInternet!

¿Hacia dónde va el primer tratado sobe economía digital?

El pasado 17 de mayo, los representantes de Chile, Singapur y Nueva Zelanda anunciaron la negociación de un nuevo tratado de comercio internacional: el Acuerdo de Asociación sobre Economía Digital (Digital Economy Partnership Agreement, DEPA). La novedad es que este será el primer tratado comercial dedicado exclusivamente a abordar los desafíos de la economía digital, especialmente luego del estancamiento de las negociaciones en la materia a nivel de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La semana pasada, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de Chile (ex DIRECON) convocó la primera reunión oficial, permitiendo a los miembros de la industria, la academia y la sociedad civil chilenas conocer más detalles sobre la iniciativa. Los primeros acercamientos se produjeron en diciembre de 2018 y hasta el momento se han celebrado tres rondas de negociación. La negociación será cerrada entre los tres países hasta su conclusión, pero luego se permitirá la adhesión de cualquier país que pertenezca a la OMC. 

En cuanto a las materias que se van a incorporar en el tratado, estas van desde las más tradicionalmente vinculadas al comercio electrónico (pagos electrónicos, no aplicación de tarifas aduaneras a servicios digitales, firma electrónica, etcétera) a temas nunca incluidos en un tratado internacional, como la regulación de la inteligencia artificial y la tecnología de cadenas de bloques (blockchain). Vamos por partes.

Nobleza obliga

Entre los temas que se han propuesto en la negociación, hay dos que son particularmente positivos (ambos propuestos por Chile). El primero, es la inclusión explícita de normas que promueven la utilización del cifrado. Esto es relevante porque la tecnología de cifrado de comunicaciones (especialmente de punto a punto) se ha transformado en una herramienta indispensable para mejorar los estándares de ciberseguridad de las industrias y los distintos servicios digitales. En este sentido, el cifrado no solo asegura que las personas puedan ejercer su derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, sino que promueve la confianza de los usuarios en la seguridad de los servicios y plataformas que operan en el ciberespacio. Esto tiene un efecto económico tangible, ya que estudios indican que el 33 % de los consumidores expresa haberse abstenido de adquirir productos y servicios en línea debido a consideraciones de seguridad y privacidad.

Su inclusión también resulta positiva a la luz de la iniciativa de distintos países para debilitar el cifrado, exigiendo a los desarrolladores incorporar “puertas traseras” en sus servicios, para “descifrar” el contenido encriptado. Estas puertas traseras son verdaderas vulnerabilidades informáticas, que no solo pueden ser aprovechadas por los gobiernos que las exigen, sino que también por delincuentes informáticos, como ya ha sucedido. Si bien todavía no se han dado a conocer los textos para cada propuesta, la inclusión de una norma que impida a los países exigir la inclusión de puertas traseras en programas informáticos sería un gran paso en la promoción de la ciberseguridad y el comercio electrónico.

Entre los temas propuestos también se encuentra la inclusión de normas que consagren el principio de neutralidad de la red. Este principio busca asegurar que los operadores de internet traten todo el tráfico que pasa por sus redes de la misma forma, impidiendo que puedan bloquear, interferir o priorizar cierto tipo de tráfico por sobre otro. Este principio básico de internet no solo promueve la competencia y la innovación al impedir que los operadores de internet puedan llegar a acuerdos privados con proveedores de contenido, sino que también promueve la existencia de un internet libre y abierta, al impedir que los proveedores puedan decidir qué contenido debe obtener un trato preferencial. 

Lo que puede mejorar

Derechos Digitales ha sido crítico de las disposiciones sobre comercio electrónico que han sido incluidas en tratados internacionales anteriores, como CPTPP o TiSA. Una de nuestras críticas es que las normas sobre flujo transfronterizo de datos personales establecen un mismo criterio para los “datos” (así, en general) que para los datos personales. 

Internet funciona por capas. En un modelo simplificado, existe una capa de infraestructura (cables, servidores, etcétera), una capa de protocolo (estándares y código) y una capa de contenido (interacciones entre seres humanos). Nadie discute que la arquitectura de internet exige que exista un libre flujo de información. En otras palabras, en la capa de infraestructura no debe existir una discriminación de hacia dónde o cómo viaja la información (los unos y los ceros). Sin embargo, los datos personales no se regulan en la capa de infraestructura, sino que en la capa de contenido. Al ser datos que se vinculan a personas naturales, su recolección y procesamiento tiene que cumplir con la regulación de cada país y respetar los derechos fundamentales de las personas. Así, el Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea permite que los datos personales de sus ciudadanos solo puedan transmitirse a aquellos países que tengan un nivel “adecuado” de protección. 

La negociación de DEPA se presenta como una oportunidad para enmendar el camino y redactar una norma sobre flujo transfronterizo de datos personales que haga las distinciones que hacen falta. Consagrando el valor del libre flujo de datos en la capa de infraestructura, pero estableciendo que (en la capa de contenidos) los datos personales solo podrán ser transmitidos cuando cumplan con la respectiva legislación de datos personales, o a lo menos, con una protección normativa efectiva a favor de sus titulares.

Aspectos preocupantes

Lamentablemente, la negociación del DEPA también incluye materias que resultan sumamente problemáticas y que deberían ser abandonadas de plano. Así, la negociación incluye normas para promover la adopción de políticas públicas sobre “identidad digital” similares al sistema National Digital Identity de Singapur.

Estas políticas no solo son problemáticas en términos de ciberseguridad, ya que implican concentrar el manejo de todos los datos personales de los ciudadanos en una base de datos centralizada , sino que muchas veces van acompañadas de la utilización de tecnologías de control biométrico. Esto hace que cualquier tipo de filtración, vulneración o mal utilización de la información genere una afectación mucho más grave al derecho a la autodeterminación de las personas. 

Si nuestros datos se filtran, siempre podemos cambiar nuestro correo electrónico, teléfono, domicilio e incluso nuestros nombres, pero es imposible cambiar nuestra iris o huella digital. En este sentido, la biometría es como una caja de pandora: una vez abierta las personas se ven imposibilitadas de recuperar el control sobre sus datos. ¿Qué pasará el día que un gobierno sufra la filtración o robo de todos los datos biométricos de sus ciudadanos? Además, las políticas de identidad digital promueven el uso de un método único de identificación frente a organismos públicos, pero también ante el mundo privado como forma de facilitar las transacciones económicas. Esto implica aumentar la capacidad de perfilamiento y vigilancia sobre los ciudadanos, tanto de los gobiernos como de las empresas, con las consecuencias democráticas que ello conlleva. 

Por otro lado, DEPA propone incluir normas sobre regulación de plataformas que buscan combatir el terrorismo y el discurso de odio en línea. Si bien estos son objetivos completamente loables, la responsabilidad de los intermediarios y la regulación del contenido en las plataformas es hoy un tema sumamente polémico, por las profundas consecuencias que puede tener en materia de libertad de expresión. 

Hacer responsables directamente a los intermediarios del contenido que suben sus usuarios obliga a las plataformas a monitorear permanentemente lo que circula en sus servicios y bajar “preventivamente” y sin un debido proceso cualquier material que pueda ser infractor. A eso se suma el uso de algoritmos e inteligencia artificial pero, dado que ninguna máquina tiene la capacidad de comprender las complejidades del lenguaje humano, estos mecanismos han demostrado no ser confiables a la hora de moderar contenido.

Además, tales sistemas terminan bajando más contenido legítimo, mientras que el contenido que se busca combatir se mantiene disponible. También resulta problemático que sean empresas privadas las que terminan decidiendo sobre actos de expresión (muchas veces de forma muy deficiente) sin una ponderación entre derechos fundamentales. Por lo mismo, a pesar de las buenas intenciones, consagrar reglas sobre esta materia en un tratado internacional podría generar profundos efectos perjudiciales a futuro.

Por último, DEPA se propone reconocer la importancia y crear marcos para una implementación progresiva, confiable y segura de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y las cadenas de bloques. Más allá de los peligros que la implementación de la inteligencia artificial puede implicar en materia de sesgos algorítmicos, y que al parecer las cadenas de bloques no serán implementadas en la escala que alguna vez se especuló, no resulta recomendable que un tratado internacional se refiera a tecnologías particulares, que no necesariamente van a resistir el paso del tiempo. Una aproximación que involucre criterios de neutralidad tecnológica resultaría más aconsejable en esta materia.

En definitiva, la negociación de DEPA se presenta como una gran oportunidad para incluir temas que promuevan la ciberseguridad y la neutralidad de la red, al mismo tiempo que se mejora la forma en que se abordan materias que han sido tratadas de forma deficiente en el pasado. La promoción de la ciberseguridad, la certeza jurídica y una aproximación de derechos humanos en el tratamiento de datos personales es un elemento que sin duda favorecerá la confianza en el ciberespacio y el comercio electrónico. Sin embargo, esta oportunidad puede verse opacada por la inclusión de materias sensibles y que pueden ser incompatibles con el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas. Por suerte la negociación todavía se encuentra en su etapa inicial y todavía hay tiempo para enmendar el rumbo en los temas problemáticos y profundizar en aquellos que son positivos.

La promesa de internet y la estatal de telecomunicaciones

El 19 de julio, el presidente de México anunciaba en su conferencia de prensa matutina que su empresa de telecomunicaciones estaba lista. Además de revelar que dicha empresa operaría con la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), incluyendo los 43,276 kilómetros de fibra óptica reportados en su plan de negocios 2018-2022, indicó que: «ya se aprobó por el Consejo de Administración de la CFE y se está haciendo la solicitud de concesión para poder dar el servicio sin fines de lucro a todos los que viven en las comunidades más apartadas del país». 

Sin embargo, aún está pendiente la licitación de la concesión -otorgada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)- que definirá si la empresa operará de forma comercial o pública. Este matiz es sumamente importante, ya que esta concesión no solamente tendrá una vigencia de 30 años, sino que además determinará si efectivamente CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos podrá cumplir con la generación de riqueza que se esperaría obtener al ser filial de la CFE: una empresa económicamente productiva, aunque controversial ante las constantes denuncias presentadas el año pasado ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por cobros injustificados.

De ser otorgada dicha licitación, es claro que la empresa gubernamental de telecomunicaciones tendrá preferencias que romperán la “neutralidad competitiva” del entorno de las empresas de telecomunicaciones en México. Ya que -además de gozar con un régimen especial por su relación con la CFE- esta iniciativa abrirá la posibilidad al Estado de entrar en varios conflictos de interés al pasar de ser un regulador (tanto del mercado como de la competencia) a ser un operador con privilegios que le permitirían un pase libre para rediseñar regulaciones a la medida de sus necesidades, por tratarse de una empresa productiva del Estado.

Ahora bien, a pesar de que el Presidente anunció que esta empresa buscará estar a la altura de las otras proveedoras de telecomunicaciones que operan a nivel nacional, su misión principal será la de llevar servicios de internet -sin fines de lucro- a las zonas marginalizadas del país para habilitar “centros integradores de servicios” en los que se contará la presencia del Banco de Bienestar (actualmente Bansefi), que buscarán llevar los programas de asistencia social directamente a las personas beneficiarias de las comunidades rurales e indígenas a través de la establecido por la Ley FinTech en cuanto a “capacitación, asistencia técnica e incremento de la productividad de tecnología para los integrantes del sector de ahorro y crédito popular.”

Por otro lado, es importante señalar que en lo poco que se ha compartido respecto a los detalles de operación, habilitación y licitación de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos no hay claridad respecto a el impacto que esta empresa tendrá en el uso del espectro radioeléctrico. Esto nos remite a la serie de trágicos eventos que hasta ahora superados por las empresas pequeñas que han cubierto las necesidades de telecomunicación anteriormente ignoradas por el Estado: ¿será la habilitación de esta empresa estatal otro reto para la supervivencia de estas iniciativas? ¿cómo se generarán parámetros que permitan el desarrollo de estos pequeños operadores y a la vez otorguen los beneficios que podría solicitar la empresa anunciada por el presidente?


Nuevos retos…

Además de cumplir con los compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, los requisitos que determine el IFT y las regulaciones definidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; esta empresa deberá alinearse con las características de una empresa productiva del Estado que, a diferencia de una paraestatal, deberá generar riqueza, ser transparente y competitiva a nivel no sólo nacional sino también internacional.

Aunado a esto, con la puesta en marcha del “apagón” del programa México Conectado que operó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y brindó 101 puntos de conexión a internet en espacios públicos, han surgido otras necesidades en espacios que actualmente enfrentan problemas graves de acceso a internet afectando las operaciones de espacios como la Universidad Nacional Autónoma de México. Como señaló Ingrid Motta en su columna para etcétera: 

“Es desconcertante que el 19 de julio se anuncie CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos como empresa para conectar al país y casi al mismo tiempo se confirme la desconexión de la máxima casa de estudios y centenares de otros sitios, por no contar un plan estratégico para la conectividad, ya sin mencionar los muchos otros temas que el actual gobierno viene atrasando por falta de objetividad y conocimiento de las necesidades reales de los mexicanos.”

Además de lo señalado anteriormente es importante tomar en cuenta que dentro de los temas pendientes de la actual administración están las políticas públicas en materia de derechos humanos y tecnología en México. Si bien aún no es clara la Estrategia Nacional de Ciberseguridad que operará en este sexenio, tampoco existe algún referente que nos permita tener certeza de los códigos que regirán tanto el manejo de los datos pasen por la infraestructura de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos como el poder que este nuevo actor tendrá en el ecosistema de internet en el país.

En este tenor, también queda la duda sobre cómo se regulará el poder que ahora tendrá el Estado al pasar convertirse también en un operador con capacidad para competir en el mercado de las telecomunicaciones: ¿será que aún está por revelarse la creación de un ente independiente que permita que esto sea auditado y controlado? 

Lo único que sigue quedando claro es un profundo desinterés por establecer políticas que permitan brindar tranquilidad o certeza respecto a las garantías que ofrece el Estado para hacer frente a los retos actuales para los derechos humanos en el entorno digital del país, lo cual no es menor cuando se avecina la implementación de nuevos desarrollos que darán un giro a la forma en que hasta ahora han operado algunas tecnologías.

Si en México no estamos a la altura de regulaciones que protejan los derechos humanos, supervisen las capacidades (y actividades) de las empresas de telecomunicaciones y garanticen el acceso a internet: ¿con qué antecedentes enfrentaremos los retos que impacten en el país cuando las nuevas tecnologías y redes 5G vengan a ofrecer lo que nuestras políticas públicas no contemplan?

“Oversight Board” de Facebook: una perspectiva desde América Latina y El Caribe

Las organizaciones que firman este documento forman parte del consorcio «Al Sur», un grupo organizado de la sociedad civil en América Latina que busca fortalecer los derechos humanos en el entorno digital. La razón principal de esta declaración es hacer presente nuestros comentarios conjuntos al llamado público hecho por Facebook para contribuir a su borrador «Draft Charter: An Oversight Board for Content Decisions».

Este «Oversight Board», que podemos traducir como una suerte de «Comité de supervisión», ha sido planteado por Facebook como un órgano independiente al que las personas pueden apelar las decisiones de moderación de contenido de la compañía. Esta iniciativa nace luego de las intensas críticas en el mundo (y de las que Latinoamérica y el Caribe no se han restado), sobre la falta de transparencia con la que Facebook desarrolla y aplica sus estándares comunitarios, lo que ha tenido como efecto el uso de la plataforma para campañas de desinformación, incitación a distintas formas de violencia, etcétera.

Valoramos que una plataforma del tamaño e importancia de Facebook (2,167 millones de usuarios en el mundo) se haya abierto a discutir la urgente necesidad de cambiar la forma en que hasta ahora se ha planteado la moderación de los contenidos. Pero, como veremos a continuación, creemos que este “Oversight Board” puede y debe tener un papel más activo en hacer dialogar las reglas de la comunidad de Facebook con estándares de derechos humanos. Sus decisiones deben tener como fin último la mejora de las políticas comunitarias como los procedimientos para aplicarlas, así como también se debe avanzar decididamente en su transparencia y la representatividad de regiones como la de Latinoamérica y el Caribe.

Así, nuestras recomendaciones se resumen en cinco puntos:

  • Alcance de su mandato

Sin importar la estructura o forma orgánica que adquiera el “Oversight Board” propuesto, y en orden a satisfacer su legitimidad y tener posibilidad práctica de cumplir con su mandato, creemos que el alcance último del “Oversight Board” debe comprender el de hacer recomendaciones de cambios a las políticas de la empresa y los procedimientos de aplicación de éstas, haciendo dialogar los estándares internacionales de derechos humanos con las reglas de comunidad de la empresa. 

Así, proponemos un cambio de la idea original planteada en el borrador de Facebook, y planteamos directamente que el “Oversight Board” tenga la facultad de impactar directamente el diseño regulatorio de las políticas de contenido de la misma plataforma. Entendemos que, para cumplir debidamente con este rol, el “Oversight Board” puede y debe analizar casos específicos ilustrativos, sobre todo, los más complejos y difíciles. Incluso debería sugerir a la empresa cambios en decisiones con efectos reparatorios para esos casos concretos. No obstante, su objetivo central serán las mejoras a las políticas y los procedimientos de cómo la empresa toma decisiones en relación con la moderación de contenido, teniendo la capacidad de establecer cuál debería ser el proceso a seguir, paso por paso, para tomar este tipo de decisiones, con fundamento en lo ya desarrollado en la materia por los estándares internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, el llevar a cabo un análisis y ponderación de derechos que se apegue a los tests de necesidad, proporcionalidad e idoneidad. 

En esta propuesta, es importante repensar los insumos con los que contará el “Oversight Board” para hacer su trabajo, en tanto que los casos ilustrativos pueden no advertir a tiempo tendencias preocupantes en el uso de la plataforma y en la moderación de los contenidos. Proponemos, entonces, que además se abran otras instancias donde especialistas en la materia, con conocimiento de los contextos regionales pertinentes, puedan presentar evidencia preocupante de uso y moderación de contenidos en Facebook y que puedan afectar a grupos específicos que, por su vulnerabilidad u otros factores de marginalización, no puedan o no quieran acceder a este mecanismo.

Desde esta perspectiva, creemos fundamental que el organismo asuma tres tareas urgentes:

1) Transparencia algorítmica. Muchas de las decisiones que afectan las reglas de comunidad y, por ende, la moderación de contenidos, tienen efecto en las decisiones algorítmicas que la plataforma tiene sobre contenidos en particular. Este tipo de decisiones automatizadas son más opacas que la remoción de contenido per se (las explicaciones de cómo funcionan y cómo se evitan falsos positivos es más bien inexistente) y, por ende, afectan de igual manera la libertad de expresión. 

2) Aspectos formales de la toma de decisiones. Es urgente que un organismo técnico, representativo e independiente como el “Oversight Board” pueda hacer recomendaciones acerca de aspectos formales en la toma de decisiones de su proceso de moderación de contenidos, pues estos afectan los resultados del mecanismo. Se debe repensar desde la forma en que se notifica a las personas usuarias que su contenido fue removido, pasando por el currículum de los moderadores, hasta las condiciones laborales de estos últimos.

3) Mecanismos de apelación. Creemos también importante que Facebook asuma con urgencia la tarea de reforzar los mecanismos comunes de apelación que tienen las personas usuarias, adoptando criterios de debido proceso y sugerencias desde estándares de derechos humanos que el mismo “Oversight Board” pueda hacer.

Asimismo, el alcance limitado del “Oversight Board” debe ser explícito en dos sentidos para las personas usuarias: (1) el rol de la justicia y del análisis de afectaciones a derechos humanos sigue siendo una tarea del Estado, apegado al contexto local, y (2), las tareas del “Oversight Board” no reemplazarán a los mecanismos de apelación sobre el resto de los contenidos (que, como afirmamos anteriormente, es urgente que mejoren). 

De preferencia, las decisiones del “Oversight Board” tienen que ser vinculantes en primera instancia. Ello favorecería la legitimación de su establecimiento y la confianza de las personas usuarias respecto de su función, en tanto su implementación no estaría sujeta a la discreción de la plataforma. No obstante, si Facebook decide que así no sean, debiera al menos asegurar una explicación profunda y documentada al “Oversight Board” de su razonamiento en esas decisiones.  

  • Derechos humanos por sobre valores corporativos

Creemos que debe dejarse atrás la idea de que el “Oversight Board” responda a los “valores” de Facebook. Más bien, debe avanzarse decididamente a que su criterio principal sean estándares internacionales de derechos humanos.

Los “valores” de una compañía representan solo a su organización y a su cultura empresarial que está, asimismo, limitada a una forma cultural. Por esta razón, de ninguna manera esos “valores” deben ser el estándar de decisiones del “Oversight Board”.

Asimismo, la legitimidad y efectividad del “Oversight Board” queda en duda si sus decisiones se basan conforme a los «valores» o «estándares» fijados por la misma plataforma. La mejor manera de cumplir con la aspiración de imparcialidad e independencia en las decisiones de este organismo, y de generar una mayor confianza en este sentido, es apegarse a un proceso que ya ha sido establecido y elaborado por los estándares internacionales existentes de derechos humanos (como nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos), y que permita decisiones transparentes y replicables. 

  • Alcance geográfico, diversidad y criterios de selección

Facebook plantea, en principio, un “Oversight Board” mundial con compromiso de “diversidad” con un número aproximado de 40 personas. En este sentido, y como parte de una comunidad del Sur Global y, aún más en particular, de América Latina y el Caribe, creemos que es importante garantizar la diversidad de la composición de este organismo, pero también su pericia técnica. 

Desde el punto de vista de la diversidad, es necesario que haya una composición con equilibrio de género y etnia. Además, creemos que la composición debe ser representativa de manera proporcional al número de las personas usuarias que Facebook tenga en cada región y de su proyección de crecimiento. Del mismo modo, es importante la multidisciplinariedad en sus miembros de manera de entregar visiones diversas a los problemas.

Desde el punto de vista de pericia técnica, debe buscarse en esa proporcionalidad regional, personas que cumplan con estándares claros y transparentes de idoneidad profesional como, por ejemplo, demostrada experiencia en temas de derechos humanos y libertad de expresión. Estos criterios deben ser propuestos y revisados públicamente, de manera que sean idóneos y factibles de cumplir en todas las regiones, y sean transparentes a la comunidad de manera de mejorar la rendición de cuentas de los mismos integrantes seleccionados del “Oversight Board”.

  • Reglamento interno e independencia. 

La independencia del “Oversight Board” debería ser garantizada por Facebook. Eso implica autonomía de este organismo para determinar las formas en que trabajarán, se comunicarán y las reglas con las que se regirán.

En este sentido, nos parece importante que una de las primeras tareas del «Oversight Board» sea trabajar en una propuesta de código de conducta que incluya procesos de denuncia y toma de decisiones. Este documento debe someterse a una consulta abierta. Su versión final debe ser pública, de tal forma de mejorar la transparencia y rendición de cuentas del organismo. Creemos importante que, en particular, el código de conducta debe estipular claramente asuntos como los conflictos de intereses de sus miembros. 

  • Periodo de observaciones.

Una vez que el “Oversight Board” lleve algunos meses de funcionamiento, debe establecerse explícita y públicamente un periodo para hacer observaciones a su funcionamiento, de tal forma de tener información de todas las regiones que permitan ajustar y mejorar este mecanismo. Este periodo de observaciones debe ser abierto y participativo. Sus resultados deben ser públicos, con la información completa sobre la determinación de qué ajustes hacer, así como un plazo adecuado para llevarlos a cabo. Debe, asimismo, contemplarse un mecanismo de observación periódica sobre el funcionamiento del “Oversight Board”, con características de transparencia y publicidad.

Este documento fue firmado el 7 de junio del 2019 por las siguientes organizaciones:

  • R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, México
  • Fundación Karisma, Colombia
  • Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Argentina
  • Coding Rights, Brasil 
  • Derechos Digitales, América Latina
  • Hiperderecho, Perú
  • Ipandetec, Panamá.
  • Tedic, Paraguay.

Libra(rnos) de Facebook

Esta semana, los diarios de tecnología a nivel mundial volteaban la mirada (de nuevo) hacia Facebook. Esta vez no se trataba de alguna nueva revelación que sumar a la incontable cantidad de pruebas respecto al manejo abusivo de datos por parte de esta empresa, ni de comparar la innegable fidelidad del deep fake que ha circulado en las redes. Ahora las notas cubrían el lanzamiento de un nuevo producto: una moneda llamada Libra.

Pero Libra no es el tema de esta columna, que tampoco trata de las recurrentes acusaciones sobre las políticas opacas, ni el mercado de los datos con los que esta empresa ha hecho fortunas millonarias; esta columna aborda un tema que, si bien no fue tan sonado como los casos ya mencionados, definitivamente podría cambiar por completo el entorno de internet en México: la conversación (virtual) que establecieron el Presidente Andrés Manuel López Obrador y Mark Zuckerberg.

Para comenzar a trazar los matices de este intercambio internacional -del cual muy poco se ha compartido con el público- partamos por identificar a los principales actores:

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Como ya hemos tratado en columnas anteriores, desde que asumió el cargo parece ser que la agenda en materia digital ha sido abandonada; principalmente en cuanto al desarrollo de las nuevas versiones de la Estrategia Digital Nacional y la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, aplicables a su administración.

Ambas propuestas responden a una necesidad evidente ante el creciente uso de las tecnologías de información y comunicación, en un país donde el clima para la libertad de expresión se hace cada día más hostil mientras la violencia contra periodistas, la brecha digital y la desigualdad económica actúan en detrimento de las oportunidades para que estrategias de la sociedad civil –como las redes comunitarias– despunten como alternativas en la promoción de tecnologías descentralizadas, autónomas y accesibles.

Una de las promesas del ahora presidente es justamente brindar “internet gratis en todo México”, misma que -más allá del sensacionalismo- podríamos atribuir a un profundo desconocimiento de lo que implica la infraestructura de internet (el mantenimiento de la red y los dispositivos a través de los cuales se pretenda el acceso, o de la infraestructura necesaria para sostener y alimentar el consumo de electricidad por parte de todos esos sistemas, etc.); sin embargo, tratándose de un político con tanta experiencia, no podemos caer en semejante ingenuidad.

Más allá de la cálida invitación a la colaboración que le extendió a un actor tan controversial como Mark Zuckerberg, es interesante que -hasta ahora- el mandatario no haya hecho reconocimiento ni ofrecido apoyo a esfuerzos existentes de la sociedad civil en cuanto al despliegue de redes comunitarias: soluciones locales, viables y pertinentes para resolver los retos de conectividad en el país.

Mark Zuckerberg, CEO de Facebook

Después de una larga y controversial trayectoria liderando proyectos que han estado en el ojo del huracán por los constantes abusos reportados en torno a la explotación de datos sin consentimiento, este empresario no sólo ha innovado en cuanto a plataformas sociales sino que también ha puesto en marcha sus epifanías más altruistas en regiones marginalizadas donde cualquier esperanza de acceso tuviese eco suficiente para desencadenar funestas consecuencias.

Tal fue la experiencia de las personas de Myanmar, quienes -tras ser expuestas a un constante sesgo de información a través de Free Basics- vivieron episodios violentos potenciados por propaganda y cadenas de desinformación que recibían constantemente a través del servicio ofrecido por la empresa de Zuckerberg. Para el grupo rohinyá, minoría étnica en la región, esta polarización de la información devino en genocidio y desplazamiento de sus sobrevivientes. Para el equipo de Zuckerberg, estos no fueron motivos suficientes para retirar el proyecto, apelando a que “su compromiso por brindar el servicio las personas prevalecería” mientras que investigadores revelaban la forma en que este proyecto permitía a Facebook obtener los datos de navegación de las personas que accedían a internet a través de Free Basics (datos claramente redituables).

A pesar de esta experiencia, el espíritu del incansable emprendedor no cesó e incluso logró posicionar sus productos en otras latitudes; entre ellas: México, país donde -a través de operadores móviles como Virgin Mobile- Free Basics lleva alrededor de cuatro años en operación y al alcance de quienes aún usen teléfonos con tecnología SIM.

Otros caminos posibles…

Ahora se presenta la oportunidad de retomar la conversación sobre internet, para entender qué es, qué habilita y por qué necesitamos mantener los ojos abiertos ante los discursos tecnoptimistas que pretenden darnos “gato por liebre”. La información es poder y es en ese poder donde recaerán nuestras posibilidades no sólo de exigir al gobierno que garantice el acceso a internet (calificado como un derecho constitucional desde el año 2013), sino de ser capaces de verificar que los servicios que asegure el Estado mexicano cumplan con las condiciones establecidas: condiciones que garanticen a las personas el acceso a la información, sin estar supeditadas a las letras pequeñas de productos o servicios que no son internet.

Free Basics no es el único producto que parte de lo que conocemos como Zero-rating o tasa cero, una práctica controversial entre los proveedores de servicios de internet que menoscaba y limita el acceso a la red a conveniencia de sus intereses, vulnerando el principio de neutralidad de la red y lo que llamamos “Internet Abierta”: un enfoque que busca asegurar que el acceso a internet no esté impedido por incompatibilidad técnica, administración no apegada a buenas prácticas o abusos de poder en la transmisión de datos… Es decir, estos productos se oponen a la prestación de servicios de internet que habiliten el acceso indiscriminado a los contenidos que circulan en la red, sin sesgos, censura o restricciones opacas que beneficien particularmente los intereses de empresas o gobiernos.

Claro, en un párrafo no es viable resumir la complejidad detrás de años de debate que dieron origen a conceptos como neutralidad de la red, internet abierta o tasa cero; sin embargo, es importante apelar a la historia y recordar que estas discusiones ya han tenido lugar en foros globales, regionales y locales donde se ponderaron las desventajas de promover estos productos ante las posibles colusiones y malas prácticas que surgirían tras brindar tanto poder sobre el acceso a los operadores de servicios (como Facebook).

Para reducir la brecha digital, necesitamos diseñar estrategias que permitan la adopción de tecnologías que reflejen los compromisos hacia las comunidades que harán uso de ellas; es urgente apuntar que la ausencia de políticas públicas claras en materia de desarrollo digital vulnera los derechos de las personas mexicanas. La falta de una agenda digital enmarcada en los derechos humanos, pinta un panorama desalentador para todos los otros derechos que se potenciarían a través de propuestas en torno las redes comunitarias (que actualmente se están promoviendo en el país) y el acceso a una internet abierta.

Es momento de habilitar espacios de diálogo que permitan la interlocución entre las comunidades técnicas, la sociedad civil, las empresas, la academia y el gobierno mexicano; para trazar caminos claros que den pie a la transformación del entorno digital del país y llevar el acceso a quienes carecen de él: apoyando las iniciativas ya existentes y promoviendo soluciones locales que nos libren de los colonialismos digitales y productos tan inaceptables que nos podrían ofrecer a cambio de un sesgo permanente y un pase libre a la explotación de nuestros datos.