Temática: Gobernanza de internet
¿A qué hora hablamos de derechos humanos en México?
Desde finales de 2019, en México se han impulsado una serie de propuestas en materia de políticas públicas para transformar algunos de los marcos legales que regulan lo que sucede a través de las plataformas digitales.
Algunas de estas propuestas tienen que ver con temas técnicos, como la gestión de tráfico y la neutralidad de la red; otras tienen que ver con temas cercanos a las industrias de entretenimiento y comunicación, en cuanto a la producción de contenidos audiovisuales nacionales. Y otras se enfocan en el aspecto económico del acceso al conocimiento.
Sin embargo, lo que todas estas iniciativas tienen en común es una serie de presunciones problemáticas que ponen en entredicho el ejercicio de derechos fundamentales, a partir de una serie de sesgos que reducen problemas complejos a discusiones donde pareciera que los únicos intereses a defender son los de las empresas y que lo único importante es el control que el Gobierno podría ejercer sobre el derecho a la libertad de expresión.
Anteproyecto de lineamientos sobre gestión de tráfico en internet
Como ya abordamos en un análisis previo, la propuesta del “Anteproyecto de lineamientos para la gestión de tráfico y administración de red a que deberán sujetarse los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a Internet” tiene la particularidad de ir contra la neutralidad de la red, poniendo en riesgo este eje fundamental para la democratización de contenidos y habilitando la posibilidad de que se articulen mecanismos de censura que también atentan contra el derecho a la privacidad.
Organizaciones locales han puesto en marcha la campaña #SalvemosInternet, que a la fecha ha recabado más de 120 mil comentarios que prueban el descontento de la ciudadanía con las amenazas a la neutralidad de la red que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) busca legitimar.
Desde la apertura de la consulta pública sobre los lineamientos, en diciembre de 2019, el IFT no ha propuesto ni participado en los diálogos multidisciplinarios y abiertos promovidos por las organizaciones detrás de la campaña #SalvemosInternet. El cierre de la consulta se ha postergado en tres ocasiones, siendo mayo 18 -un día después del día de internet- la última fecha anunciada para esto. Aún no hay claridad respecto a las medidas o propuestas alternativas tras la recepción negativa del anteproyecto.
Dictamen sobre los catálogos de los servicios restringidos de audio y video por internet
El “Dictamen de las comisiones unidas de hacienda y crédito público, y de estudios legislativos, segunda, correspondiente al proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, en materia de plata formas digitales” propone incentivar la producción audiovisual nacional y robustecer los medios para su difusión. Sin embargo, la forma en que se busca implementar estas intenciones son sumamente preocupantes y permite que se articulen mecanismos que -lejos de fortalecer el acceso a la cultura- repercturirían en la diversidad de contenidos a los que podemos tener acceso a través de las plataformas digitales en el país.
Como apuntó Vladimir Cortés en su análisis sobre el dictamen, “el Estado no es el único actor cuando se refiere al entorno digital”. Para encontrar medidas que cumplan con lo que esta propuesta —en teoría— busca lograr, es imprescindible establecer diálogos interdisciplinarios que involucren la participación de las distintas partes interesadas; más allá de las industrias y los entes gubernamentales, es necesario abrir el foro a quienes conforman la academia, los gremios artísticos y promueven la defensa de derechos humanos para evitar sesgos que pongan en riesgo los entornos que habilitan la libertad de expresión y el acceso a la información.
Iniciativa para establecer compensaciones económicas por copia privada
La “Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, en materia de remuneración compensatoria por concepto de copia privada” busca promover un marco jurídico que contemple los impactos de las tecnologías en las ganancias de algunas industrias creativas, apelando a una exacerbación de un problema que se ha simplificado como una falsa correlación entre una cuotas adicionales por el uso de dispositivos digitales —independientemente del uso que le den sus usuarios finales— y el fortalecimiento económico de una industria amenazada por una serie de controversias al interior del Gobierno.
Ante esta propuesta, organizaciones como R3D, Creative Commons México, Wikimedia México y Artículo 19 se han movilizado en torno al denominado #MocheDigital, publicando un comunicado donde exponen los motivos que hacen tan conflictiva esta propuesta para el interés público y los derechos de acceso tanto al conocimiento como a las tecnologías de la información.
¿Quién vela por los derechos humanos?
Actualmente nos encontramos en un contexto donde no es poco común escuchar el impacto de lo que la OMS ha determinado como infodemia, frente a la gran exposición que tenemos a los medios masivos de difusión de información. Sin embargo, esta auto-exposición responde a una necesidad de encontrar algo que pueda darnos certeza en medio de las incertidumbres desbordadas que enfrentamos.
Proteger el derecho a la información es esencial para fomentar el desarrollo de las personas, pero también para permitir que en el intercambio de esa información -a través de la libertad de expresión y el acceso a plataformas para ejercerla- se enriquezcan las propuestas colectivas que, eventualmente, llevarán a la innovación y a la retroalimentación cultural.
Coartar alguna de estas libertades y derechos es poner en riesgo el tejido social, afectado además por la crisis que enfrentamos, donde la desinformación y las brechas sociales potencian la vulnerabilidad de los grupos históricamente marginalizados. No podemos permitir que se aprovechen estos momentos altamente complejos para pasar medidas que se convertirán en mordazas. Es de suma importancia llamar la atención y que propuestas como las descritas anteriormente en México o las que se están observando en países como Colombia y Perú no pasen desapercibidas en medio de todos los temas delicados y complejos que acaparan la atención “en tiempos de COVID-19”.
El respeto a los derechos humanos no puede estar menguado por medidas de emergencia. La defensa de los derechos de acceso a la información y a las tecnologías, la libertad de expresión y la privacidad es la garantía que realmente necesitamos para sortear esta crisis que enfrentamos a nivel mundial, si queremos comenzar a construir la “nueva normalidad” que habitaremos cuando salgamos de esto.
Los límites de la educación a distancia en América Latina
Frente al avance del COVID-19 en América Latina, diversos países han decretado cuarentena educativa e implementado medidas para garantizar que los y las estudiantes puedan continuar sus procesos de aprendizaje. La Unesco ha identificado docenas de respuestas educativas en la región, que van desde la disponibilidad de contenidos en línea hasta la autorización para el desarrollo de cursos a distancia.
No hay duda de que el acceso a la información y al conocimiento es fundamental durante y después de una crisis como la que presenta el COVID-19. Sin embargo, es necesario pensar sobre cual será el impacto real de las medidas implementadas y cuales serán sus efectos a mediano y largo plazo.
Límites estructurales
Existen aspectos estructurales que deben ser considerados al analizar cuan efectivas pueden ser las respuestas educativas basadas en la oferta de contenidos en línea o en clases virtuales. En la capa de infraestructura y conectividad se encuentran las desigualdades de acceso a internet, requisito fundamental para cualquier estrategia de educación en línea. Hasta 2016, menos de la mitad de los hogares latinoamericanos estaban conectados a la red mundial de computadoras, según datos de la CEPAL. Si consideramos los contextos nacionales, países como El Salvador y Nicaragua seguían con menos del 20% de sus domicilios conectados en 2017. El avance del acceso a las redes móviles seguramente influye en este escenario, pero en muchos casos se da por medio de planes de datos limitados que no permiten la descarga de archivos o videos de manera libre.
En relación al hardware, hay que considerar que diferentes tipos de dispositivos conllevan distintas posibilidades de uso educativo. El acceso a computadoras sigue siendo limitado en la región y en algunos países ha decaído en los últimos años mientras aumenta el número de personas que acceden a la red solamente por el celular, particularmente en las clases más bajas. A pesar del aumento de las tasas de acceso a smartphones en los últimos años, estos no están diseñados para la lectura de textos largos, ni mucho menos para la elaboración o edición de textos. Es más, su uso por períodos extendidos de tiempo puede impactar en la salud de niños y jóvenes.
Cuando se trata del software, se observa una creciente tendencia a la utilización de herramientas comerciales cuyos modelos de negocio se basan en la recolección de una enorme cantidad de datos personales para fines publicitarios. Una investigación desarrollada en Brasil, con el apoyo del Fondo de Respuesta Rápida para la protección de derechos digitales (FRR), muestra que el 65% de las universidades y secretarías de educación brasileñas utilizan servicios de empresas como Google y Microsoft, sin medidas de transparencia sobre las condiciones de protección de datos e información de miles de profesores y estudiantes que actualmente utilizan sus herramientas.
También en Brasil, encuestas con profesores y profesoras de educación básica muestran un amplio uso de servicios comerciales como Facebook y WhatsApp para la comunicación con estudiantes, envío de materiales y preparación de clases; sin mayores consideraciones sobre sus impactos a la privacidad de niños y adolescentes.
Finalmente, cuando se trata del contenido, las limitaciones jurídicas – impuestas por restricciones presentes en las leyes de derechos de autor – y técnicas al acceso pueden convertirse en una nueva barrera para el aprendizaje en línea.
Es importante considerar también que la brecha digital tiene distintos niveles. Además de la disponibilidad de conexión y dispositivos, son necesarias una serie de capacidades para hacer un uso significativo de las tecnologías para la investigación y aprendizaje; estas habilidades también se encuentran desigualmente distribuidas en América Latina.
Una emergencia social
Mientras las estrategias consideradas exitosas para el combate al coronavirus en Asia y Europa pasan por el aislamiento de la población, en América Latina está el desafío de contener su avance en regiones donde predominan viviendas precarias, hay escaso acceso al agua y a servicios sanitarios, o donde, básicamente, el Estado se encuentra ausente.
El cierre de escuelas puede ser particularmente dañino en los lugares donde estas instituciones son las principales responsables de ofrecer alimentación y agua potable. Según datos de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 85 millones de niñas y niños dependen de la alimentación escolar en América Latina y el Caribe.
Entre las personas jóvenes y adultas matriculadas en la enseñanza secundaria y superior, el periodo de cuarentena puede implicar la acumulación de tareas y preocupaciones diversas, como recuerda la profesora de la Universidad de Arkansas Rebecca Barrett-Fox. Algunas personas tendrán que seguir trabajando, desempeñando roles más exigidos – como los y las trabajadoras de la salud, limpieza, seguridad, transporte, entre otros; otras pueden perder sus empleos o fuentes de ingresos durante la crisis. Muchas tendrán que asumir el cuidado integral de sus niños y niñas, de personas mayores o de grupos de riesgo, a menudo mientras mantienen labores productivas a distancia.
La situación es particularmente crítica para las mujeres que, además de estar presionadas a asumir el rol de cuidado, muchas veces desempeñan trabajos precarios para sostener económicamente sus hogares. Ellas estarán aún más sujetas a altos niveles de estrés y violencia durante el periodo de crisis.
No generemos nuevas brechas
Las nuevas tecnologías ofrecen oportunidades de acceso a una infinidad de fuentes de información y conocimiento que son fundamentales en un contexto de pandemia como el actual. Sin embargo, es necesario comprender las especificidades del contexto regional al diseñar estrategias educativas en este periodo particularmente crítico.
Si bien es fundamental pensar medidas que busquen ofrecer oportunidades de aprendizaje a jóvenes y niños en cuarentena, autorizar la implementación de la educación a distancia para reemplazar las clases presenciales es ignorar el contexto regional y autorizar una total precarización de la enseñanza.
En lugar de garantizar el derecho a la educación, este tipo de acción – iniciado en algunos países de la región con foco en las instituciones de enseñanza superior – implica agravar aún más las condiciones de aquellas personas que sufrirán de forma aguda los impactos sociales del coronavirus, profundizando las brechas existentes.
Las desigualdades de producir desde casa
Esta semana, dos hospitales en Milán han comenzado a repartir tablets entre los enfermos terminales incomunicados y en aislamiento, para que puedan despedirse de sus familias y seres queridos, en un gesto que busca darle un poco más dignidad a una muerte espantosa. En los últimos años, el cine, la televisión y la literatura se han encargado de imaginar todo tipo de escenarios tecno-distópicos, pero nada así de desolador.
La crisis mundial desatada por la agresiva expansión del COVID-19 ha sido descrita como un evento que ocurre una vez cada cien años y cuando acabe, el mundo será probablemente muy distinto al que conocimos. Lamentablemente, parece que todavía falta mucho para ello. Italia ha superado a China y es ahora el país con más muertes producto del coronavirus, que a nivel mundial ascienden a casi diez mil víctimas fatales.
El llamado ha sido a quedarse en casa y reducir el contacto social, como una forma de ralentizar la propagación del virus y evitar que los sistemas de salud colapsen. El teletrabajo y la educación en línea se han convertido en los modos sugeridos para que las personas puedan seguir realizando sus rutinas productivas desde casa. Internet —que siempre ha sido presentada como una tecnología eminentemente democrática y democratizadora — aparece como una de las principales maneras de sobrellevar la crisis.
Pero lo que emerge es una fotografía de segregación social, una expresión más de las condiciones precarias en las que millones de personas viven en nuestra región y que muchas veces son invisibilizadas en las declaraciones públicas de autoridades que son incapaces de imaginar que hay gente que simplemente no tiene acceso a internet. Las últimas cifras disponibles de la CEPAL, de 2017, cuantificaba que tan solo el 45% de los hogares de la región estaban conectados a la red. Y aunque probablemente esos números han aumentado en los últimos años, muy seguramente el porcentaje de personas excluidas todavía es alto.
Además es importante comprender que no todas las formas de conexión son iguales ni equivalentes; la velocidad es un factor determinante y más todavía el dispositivo a través del cual nos conectamos a internet. Hoy, la principal forma de conexión a internet en el continente es por medio de dispositivos móviles. Consecuentemente, no es lo mismo pedirle a una niña que resuelva una tarea escolar utilizando su propio computador, a que lo haga a través de su teléfono celular. Aunque en ambos casos se tenga acceso a exactamente al mismo material de estudio, la segunda experiencia es sustantivamente peor, simplemente porque ese dispositivo no fue diseñado ni construido para ello. Así, nuevamente el ejercicio de un derecho fundamental queda sujeto a las posibilidades económicas de una persona o su familia.
A ello hay que sumar las condiciones ambientales del trabajo: no todo el mundo tiene la posibilidad de convertir un rincón del hogar en una oficina casera; todavía peor, mucha gente habituada a convivir un par de horas al día con el resto de su familia se verá ahora forzada a tener que negociar espacios, horarios, necesidades y también ancho de banda, muchas veces en casas hacinadas o concebidas más como dormitorios que como lugares de convivencia familiar y mucho menos oficina multifuncional. Todo esto sin mencionar a aquellas personas que desempeñan funciones que no pueden ser realizadas a la distancia, por ejemplo, los trabajadores de la altamente precarizada “gig-economy”, que reciben órdenes de una app y que deben verse en la disyuntiva de salir a trabajar arriesgando su salud o simplemente perder su fuente de ingresos en tiempos de alta incertidumbre.
Evidentemente estamos viviendo un momento inédito y particularmente difícil. Pero esta experiencia debería ser valiosa para cuando lo peor haya pasado. Hay dos reflexiones en las que creo que será necesario profundizar: primero, el teletrabajo ha sido una parte importante de los discursos de flexibilización laboral, pero no nos engañemos: para mucha gente tener trabajar desde su casa se convertirá en otra forma de precarización si es que no se toman medidas tendientes a asegurarle a los y las trabajadoras condiciones mínimas para el desempeño de sus funciones a distancia.
En segundo lugar, es errado pensar que internet es una tecnología eminentemente igualitaria. Sin embargo, existe en ella un potencial para ayudar a corregir algunas desigualdades de base. Ello dependerá del modo en que la tecnología se implementa y se usa. Si lo dejamos en manos del mercado y la capacidad individual de las personas, las cosas seguirán siendo tan injustas como antes y quizás, hasta peores.
La lucha de género en los protocolos de internet
El de internet es un mercado próspero y en permanente crecimiento, que cada día involucra más ámbitos de la vida social. En cifras oficiales, se calcula que el 53% de la población mundial se encuentra hoy conectada, y tanto los estados como la empresa privada, los organismos multilaterales y la sociedad civil están desarrollando planes de diversa índole para conectar a la otra mitad. Con un 68%, el porcentaje de mujeres conectadas es un poco más alto que el promedio. Pero ¿qué nos dicen estas cifras? Más allá del tecnicismo de acceder a un dispositivo con conexión a internet, a propósito del día de la mujer trabajadora, vale la pena preguntarse por el potencial emancipador de nuestra inclusión en la internet.
De acuerdo con los expertos, hay tres ámbitos de desarrollo de la economía digital: el sector de información y telecomunicaciones, que incluye todos los bienes y servicios asociados al funcionamiento de internet; el sector propio de la economía dentro del entorno digital, que incluye los servicios digitales y las economías de plataforma; y otro que incluye todas las actividades económicas que utilizan tecnologías digitales para su desarrollo, una economía digitalizada. Pero para quienes utilizamos internet, la imagen es más difusa: es difícil establecer en qué punto estamos trabajando y dónde comienzan nuestros momentos de ocio y de descanso. Es difícil reconocer quiénes están trabajando para que podamos conectarnos. Es difícil, incluso, identificar la manera en que habitamos este entorno, y qué tanto podemos controlar nuestro cuerpo allí, expresado como ceros y unos, cuando la red es un entramado de relaciones políticas, económicas y técnicas donde difícilmente tenemos incidencia.
Pensemos en las grandes instituciones que gobiernan internet. Por ejemplo, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), donde desde hace por lo menos dos décadas la inclusión digital de mujeres y niñas, así como de jóvenes, personas con discapacidad e indígenas, es parte de la agenda, mientras que la institución sigue estando encabezada por hombres, mayoritariamente blancos. El asunto de la inclusión, al parecer, está dirigido hacia fuera, no como parte de una política interna. La situación es distinta en otros organismos, como la Internet Engineering Task Force (IETF), donde desde hace años se han venido implementando planes para hacer más diversa la participación, así como para hacer más inclusivos los espacios de discusión y toma decisiones, y combatir el acoso y la hostilidad en el trabajo. Y, sin embargo, quienes participan efectivamente de estos espacios son en su mayoría hombres que viven y disfrutan los privilegios de las ciudades y los grandes capitales financieros, que cuentan con niveles de escolaridad e ingreso altos, que se traduce en indicadores altos de calidad de vida.
¿Cómo dialoga eso con las realidades urbanas y rurales en el llamado “sur global”? ¿En qué punto coincide la inclusión digital con la lucha por una vida libre de violencias, con equidad y justicia, con autonomía y soberanía sobre nuestros cuerpos y nuestros territorios? ¿Qué implica la inclusión? ¿Basta con conectarnos? Idealmente deberíamos entenderla como la capacidad de apropiarnos del uso y beneficios de internet. La posibilidad de participar supone tener autonomía y capacidad de decisión sobre el tipo de internet que queremos. Entender la economía digital a través del género permite ver no solo las condiciones económicas, sino otras dimensiones como las normas culturales y sociales que impiden a ciertos grupos participar activamente en distintos escenarios. ¿Y acaso queremos alcanzar escaños en las grandes instituciones de la internet que existe?
En su más reciente reporte, el grupo de mejores prácticas de género y acceso del Foro de Gobernanza de Internet se ocupa de la participación de mujeres y personas de género diverso, así como otros grupos subrepresentados, en las economías digitales, y señala que las redes comunitarias, cuando están diseñadas con y para la comunidad, ofrecen oportunidades de participación en el desarrollo de la red construyendo narrativas y modelos propios. Frente al enorme mercado de internet, este tipo de redes son una alternativa, cuya existencia hoy día depende de la capacidad de incidencia que tengan en el entramado político que gobierna internet, donde las barreras de participación son muy grandes. Además, al interior de las comunidades que se organizan para construir redes propias y soberanía tecnológica, también hay muchos retos para una participación más equitativa y justa.
#SalvemosInternet para proteger nuestra democracia
En América Latina los derechos humanos están en riesgo. En distintas latitudes, día con día vemos los efectos de la disputa por las libertades de las personas que hacen frente a las injusticias y desigualdades que viven en sus países. Estas luchas, al igual que miles de otras actividades, también se han trasladado a internet.
En Brasil, Chile, Colombia, Perú y México las conversaciones en torno a neutralidad de la red no son recientes; tampoco lo son las diferentes iniciativas que se han llevado a cabo desde hace diez años para promover el acceso indiscriminado a una internet donde nuestros derechos fundamentales -como libertad de expresión, acceso a la información, privacidad y libertad de asociación- se amplifiquen y no sean coartados.
En México, desde los sucesos que acompañaron el movimiento #YoSoy132 en 2012, los grupos de difusión de información durante el sismo de 2017 que se sumaron al #Verificado 19S, hasta las recientes movilizaciones en torno al #MeToo y las protestas feministas que tomaron las calles de distintos estados el año pasado; internet ha sido una herramienta fundamental para la organización, el diálogo, el acceso a la información, la libertad de expresión y -sobretodo- la participación política de quienes se han dado a la tarea de cuestionar al gobierno ejerciendo las garantías que ofrece vivir en una democracia.
Acceso a internet en México
Internet se ha vuelto tan importante para las transacciones y procesos que llevamos a cabo día con día que en 2013 –a través de la reforma a la Ley Telecom– el acceso a internet pasó a formar parte de los derechos constitucionales de los que (en teoría) gozamos todas las personas en México. Sin embargo, así como sucede con definir internet sin cuidado, apelar al acceso sin cuidado podría poner en riesgo justo todas esas cualidades que permiten que internet sea también un amplificador para el ejercicio de los derechos que han convertido esta tecnología en un pilar de nuestra cotidianeidad.
Sin embargo, desde hace más de seis años hemos visto cómo la sociedad civil y otros actores que participan en las discusiones en torno a internet han buscado espacios de interlocución con el gobierno para plantear estas inquietudes. Propuestas como el “Anteproyecto de Lineamientos para la gestión de tráfico y administración de la red a que deberán sujetarse los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a Internet”, presentado en diciembre del año pasado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), se sigan contemplando como viables va contra los esfuerzos ya realizados y los diálogos ya establecidos en torno de la implicación que tiene la manipulación del tráfico en internet.
La forma tan opaca en que se ha tratado la importancia de la neutralidad de la red en México desde 2014 a la fecha, da cuenta de los intentos que se han realizado con el fin de legitimar prácticas abusivas que ponen en riesgo los nuestros derechos y los entornos digitales que habitamos hoy en día, ya que este documento busca otorgarle poderes desproporcionadas a los proveedores de servicios de internet e incluso abre la oportunidad a que el Estado pueda implementar (aún más) mecanismos abusivos de vigilancia y censura arbitraria.
El costo que tiene arriesgar la neutralidad de la red va más allá de los intereses de las empresas y sus socios comerciales: manipular el acceso a internet (que es también manipular el acceso a la información) repercute de forma directa en la libertad de expresión y provocando consecuencias en el desarrollo individual, social y democrático; afectando de forma mayor a quienes ya tienen accesos restringidos o nulos a internet.
En un país atravesado por un sinfín de brechas y desigualdades, no podemos darnos el lujo de pasar por alto los intentos que buscan legitimar prácticas abusivas que menoscaban nuestros derechos para beneficiar intereses comerciales. Frente a las realidades diversas que sobrellevamos en México, es importante organizarnos y utilizar las vías democráticas que existen para proteger lo que ya hemos ganado, defender la neutralidad de la red es participar en la defensa de tus derechos (y contribuir a la defensa de los derechos de más personas).
La defensa de internet es también la defensa de nuestros derechos
Desde Derechos Digitales nos sumamos a amplificar el alcance de propuestas como la campaña #Salvemos Internet con el fin de promover el reconocimiento de los esfuerzos y las voces de las personas que legítimamente manifiestan su preocupación ante las amenazas que acechan nuestros espacios de libertad en México y toda América Latina.
Es momento de actuar, de sumar voces y usar las vías democráticas que existen para participar en la construcción de políticas públicas que se alineen con la defensa y promoción del desarrollo de nuestros derechos. Internet es nuestra, tenemos que defenderla para que se mantenga como un ecosistema abierto que asegure a las personas la amplificación de sus derechos fundamentales.
Si estás en México y quieres sumarte a esta iniciativa local para manifestarte contra las medidas que ponen en riesgo nuestros derechos, entra a https://salvemosinternet.mx/ y hazle saber al IFT que no estás de acuerdo con que se menoscaben nuestros derechos. Entérate, comparte, participa y ¡#SalvemosInternet!
Respuesta de Derechos Digitales a consulta ciudadana: Lineamientos del concurso público que otorga permisos de servicio limitado de telecomunicaciones para el despliegue y provisión de soluciones de comunicación mediante el uso de tecnología 5G
Derechos Humanos en el entorno digital en Bolivia – Informe de las partes interesadas (EPU 34, 2019)
¿Hacia dónde va el primer tratado sobe economía digital?
El pasado 17 de mayo, los representantes de Chile, Singapur y Nueva Zelanda anunciaron la negociación de un nuevo tratado de comercio internacional: el Acuerdo de Asociación sobre Economía Digital (Digital Economy Partnership Agreement, DEPA). La novedad es que este será el primer tratado comercial dedicado exclusivamente a abordar los desafíos de la economía digital, especialmente luego del estancamiento de las negociaciones en la materia a nivel de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La semana pasada, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de Chile (ex DIRECON) convocó la primera reunión oficial, permitiendo a los miembros de la industria, la academia y la sociedad civil chilenas conocer más detalles sobre la iniciativa. Los primeros acercamientos se produjeron en diciembre de 2018 y hasta el momento se han celebrado tres rondas de negociación. La negociación será cerrada entre los tres países hasta su conclusión, pero luego se permitirá la adhesión de cualquier país que pertenezca a la OMC.
En cuanto a las materias que se van a incorporar en el tratado, estas van desde las más tradicionalmente vinculadas al comercio electrónico (pagos electrónicos, no aplicación de tarifas aduaneras a servicios digitales, firma electrónica, etcétera) a temas nunca incluidos en un tratado internacional, como la regulación de la inteligencia artificial y la tecnología de cadenas de bloques (blockchain). Vamos por partes.
Nobleza obliga
Entre los temas que se han propuesto en la negociación, hay dos que son particularmente positivos (ambos propuestos por Chile). El primero, es la inclusión explícita de normas que promueven la utilización del cifrado. Esto es relevante porque la tecnología de cifrado de comunicaciones (especialmente de punto a punto) se ha transformado en una herramienta indispensable para mejorar los estándares de ciberseguridad de las industrias y los distintos servicios digitales. En este sentido, el cifrado no solo asegura que las personas puedan ejercer su derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, sino que promueve la confianza de los usuarios en la seguridad de los servicios y plataformas que operan en el ciberespacio. Esto tiene un efecto económico tangible, ya que estudios indican que el 33 % de los consumidores expresa haberse abstenido de adquirir productos y servicios en línea debido a consideraciones de seguridad y privacidad.
Su inclusión también resulta positiva a la luz de la iniciativa de distintos países para debilitar el cifrado, exigiendo a los desarrolladores incorporar “puertas traseras” en sus servicios, para “descifrar” el contenido encriptado. Estas puertas traseras son verdaderas vulnerabilidades informáticas, que no solo pueden ser aprovechadas por los gobiernos que las exigen, sino que también por delincuentes informáticos, como ya ha sucedido. Si bien todavía no se han dado a conocer los textos para cada propuesta, la inclusión de una norma que impida a los países exigir la inclusión de puertas traseras en programas informáticos sería un gran paso en la promoción de la ciberseguridad y el comercio electrónico.
Entre los temas propuestos también se encuentra la inclusión de normas que consagren el principio de neutralidad de la red. Este principio busca asegurar que los operadores de internet traten todo el tráfico que pasa por sus redes de la misma forma, impidiendo que puedan bloquear, interferir o priorizar cierto tipo de tráfico por sobre otro. Este principio básico de internet no solo promueve la competencia y la innovación al impedir que los operadores de internet puedan llegar a acuerdos privados con proveedores de contenido, sino que también promueve la existencia de un internet libre y abierta, al impedir que los proveedores puedan decidir qué contenido debe obtener un trato preferencial.
Lo que puede mejorar
Derechos Digitales ha sido crítico de las disposiciones sobre comercio electrónico que han sido incluidas en tratados internacionales anteriores, como CPTPP o TiSA. Una de nuestras críticas es que las normas sobre flujo transfronterizo de datos personales establecen un mismo criterio para los “datos” (así, en general) que para los datos personales.
Internet funciona por capas. En un modelo simplificado, existe una capa de infraestructura (cables, servidores, etcétera), una capa de protocolo (estándares y código) y una capa de contenido (interacciones entre seres humanos). Nadie discute que la arquitectura de internet exige que exista un libre flujo de información. En otras palabras, en la capa de infraestructura no debe existir una discriminación de hacia dónde o cómo viaja la información (los unos y los ceros). Sin embargo, los datos personales no se regulan en la capa de infraestructura, sino que en la capa de contenido. Al ser datos que se vinculan a personas naturales, su recolección y procesamiento tiene que cumplir con la regulación de cada país y respetar los derechos fundamentales de las personas. Así, el Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea permite que los datos personales de sus ciudadanos solo puedan transmitirse a aquellos países que tengan un nivel “adecuado” de protección.
La negociación de DEPA se presenta como una oportunidad para enmendar el camino y redactar una norma sobre flujo transfronterizo de datos personales que haga las distinciones que hacen falta. Consagrando el valor del libre flujo de datos en la capa de infraestructura, pero estableciendo que (en la capa de contenidos) los datos personales solo podrán ser transmitidos cuando cumplan con la respectiva legislación de datos personales, o a lo menos, con una protección normativa efectiva a favor de sus titulares.
Aspectos preocupantes
Lamentablemente, la negociación del DEPA también incluye materias que resultan sumamente problemáticas y que deberían ser abandonadas de plano. Así, la negociación incluye normas para promover la adopción de políticas públicas sobre “identidad digital” similares al sistema National Digital Identity de Singapur.
Estas políticas no solo son problemáticas en términos de ciberseguridad, ya que implican concentrar el manejo de todos los datos personales de los ciudadanos en una base de datos centralizada , sino que muchas veces van acompañadas de la utilización de tecnologías de control biométrico. Esto hace que cualquier tipo de filtración, vulneración o mal utilización de la información genere una afectación mucho más grave al derecho a la autodeterminación de las personas.
Si nuestros datos se filtran, siempre podemos cambiar nuestro correo electrónico, teléfono, domicilio e incluso nuestros nombres, pero es imposible cambiar nuestra iris o huella digital. En este sentido, la biometría es como una caja de pandora: una vez abierta las personas se ven imposibilitadas de recuperar el control sobre sus datos. ¿Qué pasará el día que un gobierno sufra la filtración o robo de todos los datos biométricos de sus ciudadanos? Además, las políticas de identidad digital promueven el uso de un método único de identificación frente a organismos públicos, pero también ante el mundo privado como forma de facilitar las transacciones económicas. Esto implica aumentar la capacidad de perfilamiento y vigilancia sobre los ciudadanos, tanto de los gobiernos como de las empresas, con las consecuencias democráticas que ello conlleva.
Por otro lado, DEPA propone incluir normas sobre regulación de plataformas que buscan combatir el terrorismo y el discurso de odio en línea. Si bien estos son objetivos completamente loables, la responsabilidad de los intermediarios y la regulación del contenido en las plataformas es hoy un tema sumamente polémico, por las profundas consecuencias que puede tener en materia de libertad de expresión.
Hacer responsables directamente a los intermediarios del contenido que suben sus usuarios obliga a las plataformas a monitorear permanentemente lo que circula en sus servicios y bajar “preventivamente” y sin un debido proceso cualquier material que pueda ser infractor. A eso se suma el uso de algoritmos e inteligencia artificial pero, dado que ninguna máquina tiene la capacidad de comprender las complejidades del lenguaje humano, estos mecanismos han demostrado no ser confiables a la hora de moderar contenido.
Además, tales sistemas terminan bajando más contenido legítimo, mientras que el contenido que se busca combatir se mantiene disponible. También resulta problemático que sean empresas privadas las que terminan decidiendo sobre actos de expresión (muchas veces de forma muy deficiente) sin una ponderación entre derechos fundamentales. Por lo mismo, a pesar de las buenas intenciones, consagrar reglas sobre esta materia en un tratado internacional podría generar profundos efectos perjudiciales a futuro.
Por último, DEPA se propone reconocer la importancia y crear marcos para una implementación progresiva, confiable y segura de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y las cadenas de bloques. Más allá de los peligros que la implementación de la inteligencia artificial puede implicar en materia de sesgos algorítmicos, y que al parecer las cadenas de bloques no serán implementadas en la escala que alguna vez se especuló, no resulta recomendable que un tratado internacional se refiera a tecnologías particulares, que no necesariamente van a resistir el paso del tiempo. Una aproximación que involucre criterios de neutralidad tecnológica resultaría más aconsejable en esta materia.
En definitiva, la negociación de DEPA se presenta como una gran oportunidad para incluir temas que promuevan la ciberseguridad y la neutralidad de la red, al mismo tiempo que se mejora la forma en que se abordan materias que han sido tratadas de forma deficiente en el pasado. La promoción de la ciberseguridad, la certeza jurídica y una aproximación de derechos humanos en el tratamiento de datos personales es un elemento que sin duda favorecerá la confianza en el ciberespacio y el comercio electrónico. Sin embargo, esta oportunidad puede verse opacada por la inclusión de materias sensibles y que pueden ser incompatibles con el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas. Por suerte la negociación todavía se encuentra en su etapa inicial y todavía hay tiempo para enmendar el rumbo en los temas problemáticos y profundizar en aquellos que son positivos.
La promesa de internet y la estatal de telecomunicaciones
El 19 de julio, el presidente de México anunciaba en su conferencia de prensa matutina que su empresa de telecomunicaciones estaba lista. Además de revelar que dicha empresa operaría con la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), incluyendo los 43,276 kilómetros de fibra óptica reportados en su plan de negocios 2018-2022, indicó que: «ya se aprobó por el Consejo de Administración de la CFE y se está haciendo la solicitud de concesión para poder dar el servicio sin fines de lucro a todos los que viven en las comunidades más apartadas del país».
Sin embargo, aún está pendiente la licitación de la concesión -otorgada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)- que definirá si la empresa operará de forma comercial o pública. Este matiz es sumamente importante, ya que esta concesión no solamente tendrá una vigencia de 30 años, sino que además determinará si efectivamente CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos podrá cumplir con la generación de riqueza que se esperaría obtener al ser filial de la CFE: una empresa económicamente productiva, aunque controversial ante las constantes denuncias presentadas el año pasado ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por cobros injustificados.
De ser otorgada dicha licitación, es claro que la empresa gubernamental de telecomunicaciones tendrá preferencias que romperán la “neutralidad competitiva” del entorno de las empresas de telecomunicaciones en México. Ya que -además de gozar con un régimen especial por su relación con la CFE- esta iniciativa abrirá la posibilidad al Estado de entrar en varios conflictos de interés al pasar de ser un regulador (tanto del mercado como de la competencia) a ser un operador con privilegios que le permitirían un pase libre para rediseñar regulaciones a la medida de sus necesidades, por tratarse de una empresa productiva del Estado.
Ahora bien, a pesar de que el Presidente anunció que esta empresa buscará estar a la altura de las otras proveedoras de telecomunicaciones que operan a nivel nacional, su misión principal será la de llevar servicios de internet -sin fines de lucro- a las zonas marginalizadas del país para habilitar “centros integradores de servicios” en los que se contará la presencia del Banco de Bienestar (actualmente Bansefi), que buscarán llevar los programas de asistencia social directamente a las personas beneficiarias de las comunidades rurales e indígenas a través de la establecido por la Ley FinTech en cuanto a “capacitación, asistencia técnica e incremento de la productividad de tecnología para los integrantes del sector de ahorro y crédito popular.”
Por otro lado, es importante señalar que en lo poco que se ha compartido respecto a los detalles de operación, habilitación y licitación de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos no hay claridad respecto a el impacto que esta empresa tendrá en el uso del espectro radioeléctrico. Esto nos remite a la serie de trágicos eventos que hasta ahora superados por las empresas pequeñas que han cubierto las necesidades de telecomunicación anteriormente ignoradas por el Estado: ¿será la habilitación de esta empresa estatal otro reto para la supervivencia de estas iniciativas? ¿cómo se generarán parámetros que permitan el desarrollo de estos pequeños operadores y a la vez otorguen los beneficios que podría solicitar la empresa anunciada por el presidente?
Nuevos retos…
Además de cumplir con los compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, los requisitos que determine el IFT y las regulaciones definidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; esta empresa deberá alinearse con las características de una empresa productiva del Estado que, a diferencia de una paraestatal, deberá generar riqueza, ser transparente y competitiva a nivel no sólo nacional sino también internacional.
Aunado a esto, con la puesta en marcha del “apagón” del programa México Conectado que operó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y brindó 101 puntos de conexión a internet en espacios públicos, han surgido otras necesidades en espacios que actualmente enfrentan problemas graves de acceso a internet afectando las operaciones de espacios como la Universidad Nacional Autónoma de México. Como señaló Ingrid Motta en su columna para etcétera:
“Es desconcertante que el 19 de julio se anuncie CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos como empresa para conectar al país y casi al mismo tiempo se confirme la desconexión de la máxima casa de estudios y centenares de otros sitios, por no contar un plan estratégico para la conectividad, ya sin mencionar los muchos otros temas que el actual gobierno viene atrasando por falta de objetividad y conocimiento de las necesidades reales de los mexicanos.”
Además de lo señalado anteriormente es importante tomar en cuenta que dentro de los temas pendientes de la actual administración están las políticas públicas en materia de derechos humanos y tecnología en México. Si bien aún no es clara la Estrategia Nacional de Ciberseguridad que operará en este sexenio, tampoco existe algún referente que nos permita tener certeza de los códigos que regirán tanto el manejo de los datos pasen por la infraestructura de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos como el poder que este nuevo actor tendrá en el ecosistema de internet en el país.
En este tenor, también queda la duda sobre cómo se regulará el poder que ahora tendrá el Estado al pasar convertirse también en un operador con capacidad para competir en el mercado de las telecomunicaciones: ¿será que aún está por revelarse la creación de un ente independiente que permita que esto sea auditado y controlado?
Lo único que sigue quedando claro es un profundo desinterés por establecer políticas que permitan brindar tranquilidad o certeza respecto a las garantías que ofrece el Estado para hacer frente a los retos actuales para los derechos humanos en el entorno digital del país, lo cual no es menor cuando se avecina la implementación de nuevos desarrollos que darán un giro a la forma en que hasta ahora han operado algunas tecnologías.
Si en México no estamos a la altura de regulaciones que protejan los derechos humanos, supervisen las capacidades (y actividades) de las empresas de telecomunicaciones y garanticen el acceso a internet: ¿con qué antecedentes enfrentaremos los retos que impacten en el país cuando las nuevas tecnologías y redes 5G vengan a ofrecer lo que nuestras políticas públicas no contemplan?