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Las recientes protestas en Ecuador fueron un nuevo escenario para una práctica que se vuelve una tendencia preocupante en la región: el bloqueo y la disrupción del acceso a plataformas de redes sociales en contextos de manifestación social y política.

La implementación de programas que condicionan el acceso a servicios básicos por medio de vigilancia estatal y privada agudizan la inequidad imperante en el continente.

Los esfuerzos por proveer a la humanidad de una técnica para aprehender y representar la realidad de forma objetiva es de larga data. Las técnicas algorítmicas y las “máquinas que ven” son la última adición a la lista.

Hace unos días, Facebook dio a conocer la versión final de la carta de constitución de su Consejo Asesor, un órgano independiente de la compañía que tendrá el poder de decidir sobre los contenidos que se publican en sus plataformas.

¿Es este el inicio del fin de los cuestionamientos de censura en la plataforma derivados de su moderación de contenidos?

Recordando el golpe de Estado en Chile de 1973, las historias de resistencia proveen lecciones valiosas y esperanza para las nuevas generaciones que actualmente enfrentan represión y atropellos constantes a los derechos humanos; a través del abuso de tecnologías cada día más sofisticadas, en América Latina y el mundo.

Más de diez años después de los primeros debates impulsados por el Ministerio de Cultura para la reformulación de la normativa sobre derechos de autor brasileña, una consulta pública lanzada por el gobierno de Bolsonaro parece indicar una nueva pauta de cambios regulatorios en la región.

Tras las exigencias de justicia por los casos de violaciones cometidas por policías en la Ciudad de México, se llevó a cabo una movilización de mujeres en diferentes estados del país. Los medios de comunicación -ante la presión política y la potencia de las manifestaciones- mostraron polarización en sus coberturas; mientras que en las redes sociales activistas, periodistas y colectivas feministas fueron atacadas.

A través de este tratado Chile, Singapur y Nueva Zelanda buscan -además de establecer reglas comunes- generar un estándar que sea un ejemplo a seguir para los países que pretendan incorporar estas temáticas a nivel bilateral o multilateral.