Explora nuestros recursos sobre derechos digitales

No preguntes qué puede hacer Amazon por ti, pregunta qué estás haciendo tú por Amazon.

No puede confiarse la protección de los datos personales, de la privacidad, la libertad de expresión y la seguridad, a gobiernos capaces de ocultar sistemáticamente la información pública, de huir de la rendición de cuentas y de instrumentalizar a las fuerzas de seguridad del Estado con fines políticos. No podemos obviar el temor a que gobiernos opacos, que blanden el uso de las tecnologías como estandarte de modernidad, sientan el deseo de utilizarlas para la persecución política, la censura y el control de nuestros datos.

A pesar de los efectos de la pandemia de COVID-19 en América Latina, durante la segunda mitad del año los gobiernos nacionales y locales se las arreglaron para aumentar sus capacidades de vigilancia mediante tecnologías de reconocimiento facial.

La Declaración Conjunta sobre el Comercio Electrónico plantea tanto la posibilidad de otorgar protección internacional a la autodeterminación informativa, como la de minar los derechos de las personas a la privacidad y a la protección de sus datos personales.

Tras meses de cuarentena, ha quedado claro que el acceso a la cultura y al conocimiento no es un lujo sino una necesidad esencial del ser humano. Las restricciones a la propiedad intelectual se han flexibilizado, pero esto solo es una muestra de la crisis del sistema tradicional de propiedad intelectual.

Los gobiernos deben respetar, garantizar y proteger los derechos de los niños y niñas en ambientes virtuales y mediante el uso de tecnologías. Al abordar los desafíos actuales de la inclusión digital, educación y la agenda digital de países de América Latina, ¿cuál sería una razón válida para usar tecnología de verificación facial en niños y niñas?

Tanto la pandemia como la discusión por el orden institucional pueden ser vistos como puntos de inflexión, funcionales a la articulación de indagaciones críticas sobre nuestras prácticas digitales.

El hackeo de uno de los principales servicios digitales del gobierno de Chile puso en relieve las carencias en seguridad digital de las autoridades políticas. A pesar de los daños, no parece haber prisa en hacer algo al respecto.