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Cuando Nayib Bukele ganó las elecciones presidenciales en el año 2019, nadie imaginó que el deterioro democrático en el país escalaría de manera tan rápida como ha venido ocurriendo en los últimos dos años. Desde que en febrero de 2020 incursionara con militares en la Asamblea Legislativa en respuesta a la negativa de ese órgano de Estado en aprobar un millonario préstamo solicitado por el Ejecutivo, las acciones encaminadas a neutralizar la división de poderes solo han ido en aumento.

El proceso de la app Coronavirus.uy evidencia algunos riesgos en la protección de los datos de las personas: “la rapidez en el despliegue implicó la no participación pública en el diseño y la no evaluación formal de impactos de los sistemas de procesamiento de datos”, afirma Dina Yael en el informe “El caso Coronavirus.uy” impulsado por Derechos Digitales.

Dicen que una internet segura comienza por la infraestructura. Aunque nos sirva para tantas cosas, la internet que utilizamos hoy está lejos de ser una herramienta para la libertad y la autonomía. Una internet libre de violencias es un proyecto de largo aliento y está por hacerse. Mientras tanto, intentemos adentrarnos en los códigos y lógicas con que funciona hasta ahora, visibilicemos las violencias que por defecto que nos impone y juntémonos para construir, entre nosotras, otras tecnologías.

La Convención Constitucional está por iniciar la discusión normativa, creando expectativas respecto a la inclusión de los denominados derechos digitales en la nueva Constitución.

La vida en internet se ha vuelto aun más importante que los vaticinios tecnoptimistas de principios de siglo. Por la misma razón, defender la libertad de expresión, el acceso a la información, la privacidad, los derechos a la protesta y participación en línea se hizo aún más fundamental.

La discusión del proyecto de ley sobre delitos informáticos está llegando a su fin tras aprobarse la mayor parte de su articulado. Solo falta que se acuerde el texto de aquellas materias en las que diputados y senadores no lograron un acuerdo, justamente las de mayor relevancia: la criminalización de la comunidad en seguridad informática, y la modificación del Código Procesal Penal, en lo que se refiere a las medidas intrusivas de investigación.

Logramos algunos avances en 2021 en el marco legal internacional sobre inteligencia artificial (IA), pero necesitamos medidas más concretas para defender los derechos humanos en la aplicación de estas tecnologías porque los impactos son reales, negativos y catastróficos, como destacó Michelle Bachelet.

El 4 de octubre de 2021 dejaron de funcionar los servicios de las tres plataformas de internet más utilizadas en el mundo: Facebook con 2.8 mil millones de usuarios activos, Instagram con mil millones y WhatsApp con más de 2 mil millones. Todas tienen en común que pertenecen a la empresa Meta, nuevo nombre para la antes conocida Facebook Inc. Este fallo masivo debe invitar a reflexionar sobre la concentración de los servicios de comunicación en internet.