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El Fondo de Respuesta Rápida (FRR) responde a la necesidad de un apoyo rápido, puntual y flexible que permita a las organizaciones y activistas hacer intervenciones cuando la urgencia lo requiera. Desde el 2019, el fondo administrado por Derechos Digitales ha recibido propuestas de al menos 15 países de la región, abarcando temas desde el acceso y calidad de internet hasta los desafíos del reconocimiento facial en espacio públicos ejercidos por gobiernos locales.

A propósito de las últimas discusiones sobre posibilidades y límites del cifrado en asuntos como la seguridad pública o la protección de derechos, es importante revisar las características técnicas de los sistemas cifrados de comunicación en otras capas de internet, no solo en las aplicaciones, considerar los diferentes intermediarios que participan de dichas comunicaciones, y la capacidad de agencia que ofrecen a las personas usuarias.

Una nueva reforma a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) del Ecuador ha vuelto a poner al ejercicio de las libertades informativas como posible víctima de disputas partidistas.

Uno de los conceptos fundantes del ejercicio democrático es la libertad de expresión. En este momento de la historia, donde lo digital abarca variadas aristas de nuestras vidas, la libertad de expresión debe ser garantizada también en dichos entornos.

En su informe anual de 2021 la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentó la situación de derechos humanos en el continente, especialmente de la libre expresión y el acceso a la información en el espacio en línea y fuera de línea. Ante las vulneraciones sistematizadas, nos preguntamos: ¿el panorama de los derechos digitales ha cambiado desde el informe?