Repensar la Violencia de Género Facilitada por la Tecnología desde la Justicia y los marcos regulatorios

En un mundo en el que la Violencia de Género Facilitada por la Tecnología (VG FT) parece ir en aumento, ¿qué significa esto para la forma en que debemos (re)pensar nuestras respuestas? Con este disparador, la organización CREA convocó a la segunda jornada del Diálogo Global “Luchas conectadas: repensar el compromiso feminista con la violencia de género en un mundo moldeado por la tecnología”, realizado del 11 al 13 de noviembre en Nairobi, Kenia.
Nuestra directora de Políticas Públicas Paloma Lara-Castro moderó la sesión “¿Cómo entendemos la justicia y el acceso a la justicia?”, que contó con la participación como panelistas de Alexandra Robinson, asesora técnica en violencia de género para UNFPA, y Sandra Kwikiriza, directora ejecutiva de HER Internet. El objetivo de la actividad fue intercambiar entre especialistas y audiencia en relación al rol de las leyes y las regulaciones al momento de diagramar acciones y políticas para la prevención de la VG FT.
“¿Cómo es realmente una reforma legislativa eficaz y progresista?” fue uno de los interrogantes que incentivaron el diálogo y que Lara-Castro aprovechó para presentar la Guía “Principios orientadores para una reforma legislativa y de políticas públicas frente a la violencia de género facilitada por la tecnología: hacia un sistema de responsabilidad”. Un documento con recomendaciones para avanzar hacia marcos legales y políticas públicas más justas, efectivas y centradas en las sobrevivientes. La publicación, desarrollada en conjunto por Derechos Digitales y UNFPA, fue lanzada recientemente en un webinario internacional en el marco del Día de los Derechos Humanos y la campaña de Naciones Unidas “16 Días de Activismo contra la Violencia de Género”.
CREA es una organización feminista global de derechos humanos dirigida por feministas del Sur global. Su trabajo se enfoca en ampliar los derechos humanos de todas las personas mediante el desarrollo del liderazgo feminista, la ampliación de las libertades sexuales y reproductivas, la prevención y el tratamiento de las causas estructurales de la violencia de género, y la defensa y ampliación del espacio cívico.