20 archivos de Paloma Lara Castro

Las tecnologías digitales se están convirtiendo en infraestructuras clave para la intensificación de la violencia a gran escala. Como evidencian las discusiones en curso en Estados Unidos sobre la adopción de herramientas comerciales para tales fines, el uso de sistemas de IA en contextos militares dejó hace mucho la ficción y es parte de una dura realidad. Frente a tal escenario, resulta urgente examinar cómo estas infraestructuras se entrelazan con las dinámicas de violencia de género, especialmente en escenarios de guerra y conflicto armado.

A pocas semanas de la culminación del proceso de revisión histórica de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (WSIS+20), analizamos los avances y retrocesos del documento final desde una perspectiva de justicia digital centrada en los derechos humanos.

La reciente foto de la toma de posesión de Donald Trump respaldado por las cabezas de las Big Tech en primera fila es de un simbolismo total. En efecto, las consecuencias directas no tardaron en llegar. En esta columna analizamos los puntos más críticos.

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la violencia de género digital emerge como una de las formas más urgentes de enfrentar. Desde amenazas en línea hasta agresiones físicas derivadas del entorno digital, esta problemática afecta gravemente a mujeres y personas LGBTQIA+, generando daños psicológicos, sociales y, en casos extremos, fatales. Iniciativas como las líneas de ayuda documentadas por Derechos Digitales destacan el rol crucial del feminismo en la construcción de respuestas tecnológicas, legales y emocionales para las víctimas, además de visibilizar las raíces estructurales de esta violencia.

El «Pacto Global Digital» (GDC) busca abordar los desafíos de la gobernanza digital garantizando acceso equitativo, protección de derechos humanos y reducción de brechas tecnológicas. Desde Derechos Digitales, destacamos la necesidad de una regulación inclusiva que proteja a las comunidades vulnerables y ofrezca salvaguardas claras ante tecnologías emergentes.

Persecuciones, silenciamiento, ataques físicos, y violencia digital. Son algunas de las amenazas a las que están expuestas las personas que trabajan para informar a la población en El Salvador, donde la censura y las violaciones al derecho de acceso a la información son moneda corriente.

La violencia de género facilitada por las tecnologías digitales está arraigada profundamente en sistemas patriarcales. No es un fenómeno aislado sino un continuo de la violencia de género en la sociedad, donde las manifestaciones en línea y fuera de línea se complementan y reflejan mutuamente. La generación de políticas integrales con una perspectiva de derechos humanos es urgente para generar cambios sistémicos.

La ciberseguridad ha sido muchas veces pensada como un asunto netamente técnico y, por tanto, “neutral”. Sin embargo, la incorporación de tecnologías a sociedades marcadas por desigualdades estructurales revela que los espacios y las tecnologías digitales distan mucho de ser neutrales y pueden profundizar brechas y violencias preexistentes. En ese sentido, las políticas que abordan a las tecnologías ocupan un rol central: ¿cómo debe aplicarse una perspectiva de género efectiva a políticas de ciberseguridad?