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La implementación de un sistema de votación electrónica crea oportunidades artificiales para manipular los resultados de una elección sin dejar trazas, genera mecanismos de caja negra y creando una barrera insalvable entre el elector y el sistema de elecciones

La Agenda Digital 2020 se presenta ambiciosamente como una hoja de ruta con sesenta medidas concretas, pero el documento no presenta una estructura ejecutiva adecuada para la gestión de dichas medidas, ni tampoco una guía de principios que explique por qué se priorizan algunas y no otras.

La mañana de hoy, 9 de octubre, la versión final del capítulo de propiedad intelectual del Acuerdo Transpacífico ha sido filtrada a la prensa. Derechos Digitales tuvo acceso al texto y, luego de un análisis exhaustivo del texto, vemos con preocupación que supone más costos y problemas que beneficios.

Nunca antes en la historia las agencias de persecución criminal tuvieron tantas capacidades para perseguir el delito como hoy. Basta una orden judicial para poder acceder con prontitud a una gran cantidad de datos de los ciudadanos. ¿Por qué entonces usar spyware y transgredir las garantías legales de las personas?

Las municipalidades han anunciado un agresivo plan de vigilancia masiva que, con la excusa de combatir la delincuencia, viola el derecho a la privacidad de todos los habitantes, incluso al interior de sus hogares.

Una década ha pasado desde la creación de Derechos Digitales y pareciera ser que mientras más trabajo hacemos, nuestra labor está cada vez más lejos de concluir: nuevas líneas se abren, nuevas oportunidades aparecen y viejos problemas mutan, en formas curiosas.

La empresa está intentando obtener control del nombre de dominio casopenta.cl, inscrito por la Fundación Ciudadano Inteligente y utilizado para explicar la intrincada trama del caso judicial que involucra a altos directivos de la empresa en delitos tributarios y cohecho. De obtenerlo, significaría un importante retroceso para la libertad de expresión en nuestro país.

El prometido Cuarto Adjunto no ha logrado ayudar a definir las posiciones del país en el Tratado Transpacífico. Mientras se viven horas claves para el futuro del acuerdo, se hace más claro que no se trata de una negociación comercial, sino de un modelo de construcción de políticas públicas desde una élite.

Paraguay se encuentra próximo a votar un proyecto de ley que busca que los proveedores de Internet retengan la información de sus usuarios durante un año. Si bien el interés que se persigue puede ser legítimo, pareciera ser que se trata de una norma desmedida, en tanto pone en riesgo el derecho a la vida privada de los paraguayos.