“Ley de Reconstrucción” en Chile: Derechos Digitales alerta por retrocesos en derechos fundamentales
El proyecto de ley de “Reconstrucción Nacional” (Bol. 18216-05) avanza en el Congreso de Chile y desde Derechos Digitales alertamos sobre varios aspectos de la propuesta que tienen impactos regresivos en la protección de derechos fundamentales.
Uno de los puntos más críticos reside en la modificación del Código Tributario, con la incorporación de un nuevo inciso final al Art. 59. El proyecto propone permitir que el Servicio de Impuestos Internos (SII) realice cruces de datos nominados –identificando directamente a las personas con nombre y apellido– provenientes de todos los órganos del Estado. Esta facultad se otorgaría sin restricciones de proporcionalidad ni una justificación explícita que vincule la necesidad de entrega sin supervisión de todos esos datos con la función fiscalizadora, representando una expansión inédita del poder de vigilancia financiera sobre la ciudadanía.
Esta medida vulnera el principio de finalidad, pilar de la protección de datos, ya que la información recolectada originalmente por diversos organismos para fines sociales, de salud o administrativos, terminaría siendo utilizada para la persecución tributaria. Además, la centralización masiva de información en una sola entidad aumenta exponencialmente la superficie de ataque frente a posibles incidentes de ciberseguridad. Una base de datos de esta magnitud se convierte en un objetivo crítico para actores malintencionados, donde cualquier filtración tendría consecuencias devastadoras para la privacidad de millones de personas en Chile.
La preocupación se extiende al manejo de los datos del Registro Social de Hogares (RSH), una herramienta que hoy alcanza al 84% de la población y que contiene información sensible sobre ingresos, composición familiar y discapacidad, entre otros. El proyecto facilita nuevos flujos de datos entre entidades públicas basándose en este registro, desvirtuando su naturaleza original. El RSH fue diseñado para garantizar el acceso a beneficios sociales, no para alimentar evaluaciones presupuestarias ni perfiles fiscales que podrían terminar penalizando o persiguiendo a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Resulta contradictorio que estas reformas se impulsen mientras el país se prepara para la entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales en diciembre de este año. En lugar de armonizar la normativa institucional con los estándares internacionales de privacidad que Chile busca alcanzar, el proyecto de “Reconstrucción” parece transitar en la dirección opuesta, creando excepciones y canales de flujo de datos que difícilmente podrán ser revertidos una vez implementados.
Asimismo, el proyecto introduce cambios que debilitan el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Al acortar plazos de impugnación y restringir medidas cautelares, se reduce la capacidad de las comunidades y el Estado para supervisar proyectos de gran escala. Esto afecta directamente la revisión de infraestructuras digitales críticas, como centros de datos y cables submarinos, cuyo despliegue debe ser siempre compatible con la protección del entorno y los recursos estratégicos nacionales.
Desde nuestra organización hacemos un llamado urgente al Congreso para que corrija estas deficiencias de diseño que han persistido durante la tramitación del proyecto por la Cámara. Es imperativo que el debate parlamentario retome la profundidad necesaria, escuchando a las personas expertas y a la sociedad civil, para asegurar que las reformas legislativas no se traduzcan en una pérdida irreparable de garantías democráticas en el espacio digital.
Finalmente, alertamos que este proyecto no solo puede traer consecuencias duraderas sobre derechos fundamentales en Chile, sino también sentar un precedente preocupante para América Latina, una región donde las tendencias regulatorias y económicas apuntan cada vez más hacia la concentración de poder tecnológico.
