En un contexto de creciente datificación de servicios públicos y privados y donde a diario se ven noticias sobre filtraciones de bases de datos, nuestra organización redobla los esfuerzos para proteger los datos personales de la ciudadanía en América Latina. Con ese horizonte, el pasado 2 de abril Derechos Digitales se reunió con la Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD) de Brasil.
En Brasilia, funcionarios y funcionarias de diversas áreas de la Agencia recibieron a las representantes de Derechos Digitales: Marina Meira, coordinadora de Políticas Públicas, y Ximena Cuzcano, analista en Seguridad y Resiliencia Digital. Nuestro equipo presentó investigaciones recientes y líneas de acción que buscan la promoción de un entorno digital más seguro e inclusivo.
«Para nosotras, el diálogo colaborativo con organismos públicos como la ANPD, basado en evidencias recolectadas en nuestras investigación, es muy valioso. Este tipo de cooperación es fundamental para impulsar la agenda de garantía de derechos en Brasil y en toda la región», expresó Meira.
En el encuentro, se exploraron posibilidades de colaboración conjunta para promover la protección de los datos personales en Brasil y en la región. Además, se intercambiaron ideas en torno a temas como las deepfakes, la seguridad digital ciudadana y la digitalización de servicios públicos.
El avance vertiginoso de la IA dejó de ser una promesa tecnológica para convertirse en un factor determinante de los procesos comunicacionales contemporáneos. Es por ello que, en el marco del 3er. Festival JUNTANZA, especialistas y comunicadores de América Latina debatimos sobre el impacto de las tecnologías emergentes en el ecosistema informativo y la necesidad de una gobernanza digital con perspectiva de derechos.
Nuestro Líder del Programa LAREDD, Rafael Bonifaz, fue invitado a exponer como panelista en el espacio de debate “¿Qué desafíos plantea la IA a la Comunicación Popular?” La conversación se llevó adelante el pasado viernes 20 de marzo en Quito, Ecuador, y también contó con la participación de Sally Burch de ALAI y Rubén Zavala de CIESPAL, bajo la moderación de Nelsy Lizarazo Castro, de CLADE.
La actividad puso el foco en cómo estas herramientas afectan directamente a las comunidades de América Latina y el Caribe ya que, lejos de ser neutrales, estos desarrollos tecnológicos suelen reproducir sesgos y profundizar las desigualdades preexistentes en la región. Durante el panel, se analizó la tensión entre la eficiencia algorítmica y la construcción de sentidos territoriales: la preocupación central identificada radica en la concentración del poder tecnológico en pocas corporaciones globales, lo que limita la autonomía de los medios comunitarios y alternativos. Se planteó que la comunicación popular debe apropiarse críticamente de estas herramientas, desde una postura defensiva y estratégica que permita proteger la diversidad cultural y las lenguas locales.
Para el cierre del panel, las conclusiones enfatizaron en la necesidad de impulsar marcos regulatorios que garanticen una IA ética y transparente, alineada con los estándares internacionales de derechos humanos. Entre las reflexiones finales, se esbozó que el desafío para el movimiento de comunicación popular no es solo entender cómo funciona el algoritmo, sino garantizar que el derecho humano a comunicar prevalezca por encima de cualquier lógica mercantil o automatizada.
El panel se dio en el marco de una extensa lista de actividades que formaron parte de la agenda del 3er. Festival JUNTANZA, un espacio de convergencia que durante tres días reunió a comunicadores, académicos y referentes sociales. JUNTANZA se consolida como un epicentro para repensar la comunicación desde una óptica comunitaria y alternativa, abordando problemáticas que van desde la transición ecosocial hasta la incidencia política en escenarios geopolíticos complejos.
Derechos Digitales, junto a diversas organizaciones de la sociedad civil de Ecuador, publicaron una declaración conjunta en la que expresan su preocupación por los efectos que podría tener el Acuerdo de Comercio Recíproco con Estados Unidos sobre los derechos humanos en entornos digitales.
El acuerdo, firmado el pasado 13 de marzo, incorpora compromisos en materias clave como el flujo transfronterizo de datos, la regulación de plataformas, la transparencia algorítmica y la propiedad intelectual. Según advierten las organizaciones, estas disposiciones no solo podrían limitar la capacidad del Estado ecuatoriano para regular el entorno digital, sino también consolidar el poder de las grandes empresas tecnológicas. De acuerdo con el texto, “el espíritu de este Acuerdo, aunque sea de naturaleza recíproca, pone al Ecuador en una posición económica y regulatoriamente desventajosa, que a largo plazo tendría el efecto de cimentar y exacerbar el poder económico, de por sí dominante, de las Big Tech en el ecosistema digital local”.
En particular, la declaración alerta sobre los riesgos que esto implica para derechos como la privacidad, la libertad de expresión, el acceso a la información y el debido proceso, especialmente en contextos donde el acceso a información sobre sistemas automatizados puede verse restringido, incluso en instancias judiciales.
Asimismo, las organizaciones cuestionan la ampliación de mecanismos de vigilancia en línea como el uso de agentes encubiertos para perseguir infracciones a la propiedad intelectual, y advierten sobre sus posibles efectos en la autocensura y el ejercicio legítimo del discurso.
En este contexto, hacen un llamado a las autoridades ecuatorianas a revisar el contenido del acuerdo y a incorporar salvaguardas que protejan los derechos humanos. En particular, instan al Poder Ejecutivo a reconsiderar los compromisos asumidos, a la Asamblea Legislativa a exigir condiciones realmente recíprocas, incluyendo mayores estándares de transparencia y rendición de cuentas para plataformas, y a la Corte Constitucional a realizar un control riguroso del acuerdo a la luz de los estándares de derechos fundamentales.
Las organizaciones finalmente llaman la atención de la comunidad internacional ya que este tipo de Acuerdos se están negociando en distintos países de la región y convocan a las organizaciones de sociedad civil a monitorearlos y exigir que se alineen a los estándares de derechos humanos existentes.
La semana pasada, Brasilia fue escenario de una intensa agenda de encuentros que reunieron a organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y actores multisectoriales para debatir algunos de los principales desafíos que enfrenta la región en materia de tecnología, derechos humanos y democracia.
El ECA Digital y el debate sobre infancias e internet
En este contexto, uno de los hitos fue la entrada en vigencia del ECA Digital (Ley 15.211/2025), junto con la publicación del Decreto 12.880/2026 que reglamenta su implementación. Este nuevo marco normativo busca fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales, abriendo una discusión que se está replicando en distintos países de América Latina.
Desde Derechos Digitales participamos en espacios convocados por Instituto Alana y el CGI.br, donde se discutieron los alcances y desafíos de esta nueva regulación. En estos encuentros compartimos nuestra preocupación por el enfoque que ha ido tomando el debate en la región, que en varios países ha tendido a centrarse en un binarismo entre prohibir o no el acceso a redes sociales, limitando la posibilidad de abordar el problema en toda su complejidad. En este contexto, el ECA Digital, con todas sus limitaciones, abre la posibilidad de pensar en modelos más integrales, que pongan el foco en la responsabilidad de las plataformas y otros servicios digitales en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y se posiciona como una referencia relevante en la región para analizar posibles adaptaciones en otros países.
Opinión Consultiva sobre el derecho a la democracia en la CIDH
El objetivo fue fortalecer la articulación regional frente al deterioro democrático y el avance de tendencias autoritarias en la América Latina y el Caribe. Durante la instancia, desde Derechos Digitales presentamos, junto a otras organizaciones, el contenido del amicus curiae ingresado ante la Corte, subrayando la necesidad de entender la democracia como una condición indispensable para el ejercicio de derechos fundamentales.
En ese marco, destacamos que las amenazas actuales a la democracia no pueden analizarse sin considerar su dimensión tecnológica. Fenómenos como la desinformación, las amenazas a la seguridad digital, especialmente contra personas defensoras de derechos humanos, y el despliegue de tecnologías de vigilancia, como el reconocimiento facial, están reconfigurando las condiciones en que se ejerce la democracia en la región.
Informe sobre libertad de expresión en Brasil y diálogo con la RELE
Desde Derechos Digitales aportamos una perspectiva regional, poniendo énfasis en la violencia de género facilitada por tecnologías, el aumento de la misoginia en línea y la necesidad de fortalecer respuestas institucionales con enfoque de derechos humanos.
La participación en estos espacios refleja la creciente interconexión entre regulación tecnológica, democracia y derechos fundamentales en la región. En un escenario donde las tecnologías no solo median el debate público, sino que también pueden ser utilizadas como herramientas de control y exclusión, la articulación regional de la sociedad civil se vuelve clave para defender y proyectar una agenda de derechos en el entorno digital.
En un contexto de crecientes desafíos para la democracia en América Latina, organizaciones de la sociedad civil participaron este viernes en la audiencia pública convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el marco de su 187.º Período de Sesiones, en relación con la solicitud de Opinión Consultiva N.º 33 presentada por el Estado de Guatemala sobre el alcance y contenido del derecho a la democracia en el Sistema Interamericano.
Durante la audiencia, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), CIVICUS, Fundación Multitudes, Derechos Digitales y la Universidad Rafael Landívar presentaron argumentos para que la Corte reconozca la democracia como un derecho humano autónomo, destacando que su protección implica obligaciones concretas para los Estados, como garantizar la participación ciudadana efectiva, la protección del espacio cívico, tanto físico como digital, y la independencia judicial.
Las organizaciones subrayaron que la democracia no se limita a la celebración de elecciones libres, periódicas y transparentes, sino que requiere condiciones que permitan el ejercicio pleno de otros derechos humanos, como la libertad de expresión, asociación y reunión, así como el acceso a la justicia y el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales.
En ese sentido, advirtieron sobre amenazas crecientes que impactan directamente el entorno digital y democrático en la región, como la criminalización y estigmatización de la participación ciudadana, el uso indebido de tecnologías de vigilancia, la difusión de desinformación y discursos de odio, y la adopción de marcos normativos que restringen el funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil.
Al respecto, Jamila Venturini, Co-Directora Ejecutiva de Derechos Digitales destacó: “En el espacio cívico digital y físico, persisten distintas formas de acoso y violencia contra líderes sociales y personas defensoras, haciendo de la región la más peligrosa para la defensa de los derechos humanos. Así también, preocupa el abuso de poderes estatales de vigilancia y uso de tecnologías de vigilancia sofisticada que se propagan en el espacio público, amenazando consigo el ejercicio libre de derechos. Y finalmente, aumenta la adopción de legislación que restringe la actuación de organizaciones no gubernamentales, imponiendo controles excesivos y el uso indebido del derecho penal para desincentivar la crítica y control de la acción estatal.”
Frente a este panorama, las organizaciones solicitaron a la Corte avanzar en el desarrollo de estándares regionales que reconozcan la centralidad de la democracia como un derecho humano autónomo. En particular, enfatizaron que su protección debe trascender los procesos electorales y abarcar la participación significativa, la protección del espacio cívico en todas sus dimensiones y la garantía de condiciones para el ejercicio libre de derechos en entornos digitales.
El reconocimiento de la democracia como derecho humano permitiría fortalecer los estándares regionales frente a regresiones democráticas, estableciendo límites claros a prácticas que debilitan el Estado de derecho y ampliando las vías de protección a nivel interamericano.
Durante el periodo de audiencias, participaron diversos Estados, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, reflejando el amplio interés regional e internacional en el desarrollo de estándares que refuercen la protección de la democracia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Puedes ver el video completo de la audiencia aquí.
En un momento decisivo para la definición de los estándares tecnológicos mundiales, Derechos Digitales participó activamente en la Consulta de Partes Interesadas del Diálogo Global sobre Gobernanza de la Inteligencia Artificial (IA) de Naciones Unidas. Este proceso, establecido por la Asamblea General mediante la Resolución 79/325, busca facilitar discusiones inclusivas y transparentes sobre la cooperación internacional en IA. La intervención de la organización es clave para asegurar que las realidades del Sur Global sean el eje de la gobernanza global.
Durante la consulta virtual realizada el 18 de marzo, Paloma Lara-Castro, directora de Políticas Públicas de Derechos Digitales, enfatizó que cualquier marco de gobernanza debe estar estrictamente anclado en el derecho internacional de los derechos humanos. También subrayó que el Diálogo Global no debe ser solo un ejercicio formal de representación, sino una instancia genuina que otorgue legitimidad a las políticas resultantes. En este sentido, se instó a que los actores del Sur Global tengan la capacidad real de moldear las agendas y no sean incluidos únicamente con fines de visibilidad.
Un punto destacado de la postura institucional fue la preocupación por los obstáculos físicos a la participación. Derechos Digitales sugirió explorar sedes alternativas fuera de Nueva York para futuros encuentros, advirtiendo que el actual contexto migratorio en los EE. UU. puede socavar la inclusión y el valor de la participación multisectorial. Esta observación refuerza la necesidad de democratizar los espacios de decisión técnica, alejándolos de barreras geopolíticas que limitan la voz de la sociedad civil organizada de América Latina.
La organización también propuso áreas prioritarias que suelen quedar relegadas en los debates técnicos, como el impacto socioeconómico de la IA en el ámbito laboral y la urgencia de una gobernanza con perspectiva de género que aborde la violencia facilitada por la tecnología (VG FT). Asimismo, se hizo un llamado a integrar la justicia de datos para frenar las prácticas extractivas que afectan desproporcionadamente a nuestras poblaciones, además de exigir transparencia sobre la huella ambiental que dejan las infraestructuras y centros de datos de IA.
Finalmente, Derechos Digitales instó a que el primer Diálogo Global -que tendrá su reunión inaugural los días 6 y 7 de julio en Ginebra- genere resultados concretos, tales como mecanismos para operacionalizar moratorias y prohibiciones sobre usos de la IA que representen riesgos graves para los derechos humanos. Entre estos riesgos, se mencionaron específicamente el uso de reconocimiento facial en protestas y la necesidad de pausar la expansión de centros de datos hasta que se garantice su sostenibilidad.
En un momento en que América Latina enfrenta regresiones democráticas, crisis institucionales y disputas sobre el alcance del Estado de Derecho, el debate sobre el reconocimiento del derecho humano a la democracia adquiere una relevancia urgente. En ese marco, y como antesala a las audiencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), varias organizaciones de la sociedad civil desarrollamos el pasado 10 de marzo el diálogo virtual “¿Derecho humano a la democracia? Retos y oportunidades”.
Desde Derechos Digitales junto a CEJIL, CIVICUS, Fundación Multitudes y Universidad Rafael Landívar, convocamos a este espacio de debate regional para presentar los principales argumentos y alcances de nuestra Opinión Técnica sobre el derecho humano a la democracia elevada ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
En la instancia, referentes y especialistas de las organizaciones debatimos sobre los desafíos actuales de la democracia, los derechos humanos y el contexto de regresión democrática que experimenta la región, aunado además a los efectos de las nuevas y emergentes tecnologías digitales. También intercambiamos reflexiones acerca de las nuevas formas de erosión institucional que se están viviendo en los Estados de América Latina, tanto en línea como fuera de ella.
La moderación estuvo a cargo de nuestra coordinadora de Políticas Públicas, Lucía Camacho. Entre las exposiciones, estuvieron presentes: Gabriela Ixchíu, activista indígena k’iche’ y defensora del territorio y la biodiversidad; Gisela De León, directora legal en CEJIL; y Álvaro Castañón, miembro del directorio de Fundación Multitudes.
La grabación completa del diálogo puede verse aquí.
Camino a la Audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Del 17 al 20 de marzo se llevará adelante el 187° período de sesiones de la Corte IDH. Brasil será la sede de las audiencias públicas, en el marco de la Opinión Consultiva 33 sobre democracia, solicitada por el Estado de Guatemala.
En el marco de este importante debate, el próximo viernes 20 de marzo, las organizaciones de la sociedad civil que elevamos la Opinión Técnica (elaborada también junto al Centro de Derechos Humanos Zerefino Ladrillero) presentaremos ante la Corte nuestros argumentos que desarrollan esta propuesta y plantean parámetros concretos para avanzar en el reconocimiento de la democracia como un derecho humano y autónomo.
Con el avance de la digitalización en la mayoría de los ámbitos de la vida, el fenómeno de la desinformación preocupa cada vez más en el desarrollo de procesos electorales democráticos. Para poder contar con más y mejores herramientas al momento de analizarlo, nuestro equipo recibió una charla a cargo de especialistas de Bolivia Verifica y ProBox.
Impulsado por la Fundación para el Periodismo (FPP), Bolivia Verifica es un medio digital que combate la desinformación desde el 2019. Junto a la organización venezolana ProBox, publicaron a inicios de este año la investigación “Bolivia: claves de la desinformación electoral” para entender cómo se articuló la desinformación durante las elecciones de 2025 en ese país y qué señales dejó este proceso de cara a futuros comicios.
Estefanía Da Silva, directora general de ProBox, y Marcelo Blanco Gutiérrez, jefe de Información en Bolivia Verifica, realizaron una presentación conjunta el pasado 2 de marzo para todo el equipo de Derechos Digitales. En la instancia, expusieron la metodología de la reciente investigación que buscó determinar patrones de desinformación, con el objetivo de prevenirla a futuro.
“La desinformación digital ya no es algo marginal sino una norma en estos procesos electorales”, recalcaron los investigadores. Si bien destacan que no es un fenómeno constante, sí creen que se da sistemáticamente de forma reactiva a determinados momentos clave de las coyunturas electorales. Según el estudio, el volumen de contenidos manipulados durante los comicios de 2025 marcó un precedente para el país: es la primera vez que Bolivia Verifica registró una cantidad tan alta de desinformación generada con herramientas de IA en un solo proceso electoral. En total, llegaron a desmentir alrededor de 250 publicaciones falsas o engañosas durante las elecciones.
Algunas de las tendencias de desinformación observadas fueron desde intentar incidir en la intención de voto e instalar narrativas de fraude hasta desacreditar a actores políticos, atacar a medios de comunicación e intenciones de erosionar la confianza en el Tribunal Supremo Electoral. La investigación señaló que el elemento más utilizado fueron las declaraciones falsas, atribuidas a las personas candidatas u otros actores sociales. Este mecanismo fue empleado estratégicamente con el objetivo de restar o sumar votos a un candidato determinado. El segundo recurso más utilizado fue la encuesta falsa.
Se puede acceder a la investigación completa aquí.
En un contexto global marcado por el avance acelerado de la inteligencia artificial, la integridad del ecosistema informativo enfrenta desafíos sin precedentes. Entre ellos, se destaca la proliferación de contenidos engañosos y violentos como las deepfakes que, lejos de seruna preocupación técnica, representan una amenaza directa a la democracia, la libertad de expresión y la privacidad de las personas. Ante este panorama, el jueves 19 de febrero se llevó a cabo la jornada virtual “Confianza digital en tiempos de deepfakes”, un espacio multisectorial que reunió a voces referentes de la sociedad civil, la academia y la comunidad técnica para analizar el impacto de esta tecnología en América Latina.
Durante el encuentro, se destacó que la problemática no solo reside en la desinformación, sino también en las nuevas y graves formas de violencia que emergen en el entorno digital. En este sentido, la autora del informe “Violencia de género potenciada con IA”, Gisela Grunin, presentó el material que documenta cómo estas herramientas están siendo utilizadas para vulnerar la integridad de mujeres e infancias en la región.
Uno de los ejes centrales del debate fue la tensión entre la regulación y las libertades fundamentales. Las panelistas coincidieron en que los marcos normativos actuales presentan vacíos legales significativos frente a los daños reales provocados por la IA. No obstante, se subrayó la importancia de diseñar leyes que sancionen los usos maliciosos -especialmente en casos de creación de imágenes sin consentimiento- sin que esto derive en mecanismos de censura o restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión, un equilibrio crítico para la salud democrática de nuestras sociedades.
Además de la dimensión legal, la jornada exploró la importancia de la infraestructura técnica para reconstruir la confianza ciudadana. Se discutieron estándares de procedencia y trazabilidad de contenidos, así como soluciones abiertas de identificación de imágenes falsas como RealPix. Algunas panelistas aportaron su visión sobre cómo la tecnología puede ser también una herramienta de defensa, permitiendo a las personas usuarias verificar el origen de lo que ven y consumen cotidianamente en internet.
Finalmente, el encuentro concluyó con un llamado a la acción multisectorial y transfronteriza para establecer estándares éticos y técnicos sólidos.
Para ver la conversación grabada completa, haz click aquí.
El Simposio reunió a gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, proveedores de servicios, investigadoras, defensoras de los derechos digitales, empresas tecnológicas y organismos de las Naciones Unidas. Esta plataforma multisectorial resultó un espacio fundamental para el intercambio de conocimientos y la exploración de soluciones para poner fin a este tipo de violencia de género mediante la colaboración y el impulso de una acción mundial coordinada.
Nuestra coordinadora de Políticas Públicas, Marina Meira, expuso en la sesión “Acceso efectivo a la justicia y respuestas jurídicas centradas en las sobrevivientes frente a la VGFT”. Basándose en la reciente investigación conjunta entre UNFPA y Derechos Digitales, Meira señaló que en todas las etapas del proceso judicial -desde la denuncia hasta la decisión final- se debe priorizar el consentimiento de las sobrevivientes de VG FT. Así, elementos como la disponibilidad de sus datos en dichos procesos, por ejemplo, deben depender de su exclusivo consentimiento.
La actividad ofreció interesantes análisis sobre las brechas entre la teoría jurídica y la realidad de las sobrevivientes, explorando respuestas holísticas de justicia a través de enfoques centrados en las sobrevivientes y que abordan el continuo en línea-fuera de línea. También formaron parte del panel: Amanda Manyame, de Equality Now; Nighat Dad, de Digital Rights Foundation; Sofiene Bacha, de UNDP; y Cailin Crockett, de StopNCII.org.
Como cada año, el Simposio ofreció un espacio seguro y de confianza para hacer balance, intercambiar conocimientos e impulsar la acción colectiva en un contexto que nos exige, más que nunca, frenar con la violencia de género en todas sus formas.
