Palantir: La piedra vidente que amenaza la soberanía de América Latina

Durante el último tiempo, Palantir se empezó a escuchar más fuerte en nuestra región. Su nombre está inspirado en las piedras palantíri, presentes en “El Señor de los Anillos”, que permitían ver aquello que sucedía en otros reinos. Los orígenes se remontan al año 2004, cuando la empresa fue creada en medio de la paranoia tras los ataques del 11 de septiembre de 2001. Su objetivo era analizar datos de distintas fuentes para generar inteligencia que permita identificar posibles atentados terroristas antes de que sucedan, mediante el cruce de información de distintas fuentes de datos.

Desde sus inicios, Palantir fue cercana al gobierno de EE. UU. y sus agencias de inteligencia. Uno de sus primeros financistas fue In-Q-Tel, fondo creado por la CIA para el desarrollo de tecnología de seguridad, que aportó dos millones de dólares para la compañía. El FBI, ICE y la NSA son algunos de los organismos norteamericanos más importantes que vienen siendo clientes de la compañía. En el caso de la NSA, Palantir ayudó a mejorar el sistema secreto de análisis de información XKEYSCORE, conocido públicamente gracias a las revelaciones de Snowden.

Palantir también fue utilizada por ICE como herramienta para deportar migrantes como lo documentamos recientemente en una columna. La herramienta ELITE es un sistema que funciona como un “Google Maps de personas deportables”: muestra en un mapa la ubicación probable de cada objetivo con una puntuación de probabilidad para deportación. Esta puntuación se calcula cruzando datos como direcciones en Medicaid, registros de GPS y capturas de cámaras de videovigilancia. Además, genera expedientes automáticos con antecedentes penales y órdenes judiciales. En 2025, el ICE invirtió USD 30 millones para expandir ELITE y crear ImmigrationOS, una plataforma que rastrea a las personas desde su entrada al país hasta su deportación, en tiempo real. El sistema reduce a las personas a casos con fechas estimadas de salida, sin posibilidad de réplica o defensa.

Como si fuera poco, esta compañía también viene teniendo una participación importante en escenarios de guerras. Entre sus productos se encuentran Gotham y Maven. Maven permite tomar decisiones con la ayuda de inteligencia artificial para definir blancos en una guerra de manera rápida y precisa. Se sabe que fue utilizado en el conflicto bélico de Medio Oriente y ayudó a identificar objetivos en el primer día de ataque de EE. UU. a Irán. Dentro de los posibles objetivos estuvo una escuela donde murieron 168 personas que incluyen a 110 niños y niñas. Un error en un sistema informático de banca puede dejar a gente sin dinero, un error en un sistema para la guerra puede terminar con la vida de personas civiles.

¿Quién está detrás de Palantir?

Vale la pena preguntarse quién está detrás de esta empresa, y quién se beneficia de un mercado tan expandido para sus capacidades. Dos de sus fundadores son personajes polémicos que también forman parte de las noticias del último tiempo en nuestra región: Peter Thiel y Alex Karp. El primero es presidente de la junta directiva de Palantir y el segundo es su CEO.

Peter Thiel es uno de los fundadores de Paypal junto a figuras como Elon Musk. En el año 2002 la empresa fue vendida a Ebay por USD 1500 millones, y con estos recursos empezó a financiar startups tecnológicos como LinkedIn y Yelp, entre otros. Thiel fue uno de los primeros inversores de Facebook y Mark Zuckerberg lo consideró su mentor.

Más allá de ser un empresario exitoso, también tiene posiciones políticas controvertidas. El Washington Post accedió a audios filtrados de un seminario que Thiel dictó en San Francisco titulado “El Anticristo: Una serie de conferencias en cuatro partes”, entre septiembre y octubre de 2025. Las charlas fueron organizadas por ACTS 17 Collective, una organización dedicada a predicar el cristianismo dentro de la industria de la tecnología. En sus charlas, Thiel afirma que el Anticristo aparecerá en forma de gente que se oponga al avance de la tecnología o defienda al medio ambiente. Llegó a mencionar a Greta Thunberg, defensora ambientalista, y a Eliezer Yudkowsky, investigador sobre IA y seguridad, como posibles personificaciones del Anticristo.

En 2009, Thiel publicó el ensayo “La Educación de un Libertario”, en el que argumenta que la libertad individual y la democracia son incompatibles, ya que esta última tiende a limitar derechos a través de la voluntad de la mayoría. Propone que los libertarios prioricen la innovación tecnológica y el mercado sobre la política tradicional, que considera ineficiente. Señala que la expansión del voto femenino y el Estado de bienestar en el siglo XX contribuyeron al crecimiento de formas de gobierno que erosionaron la autonomía individual. Destacó a Facebook como ejemplo de cómo la tecnología puede crear nuevas comunidades y formas de disidencia más allá de los Estados-Nación. Adicionalmente, en el ensayo afirma que el ciberespacio, las colonias marinas flotantes o el espacio exterior son lugares donde se podría recuperar la libertad individual sin depender de la política democrática.

Por otro lado está Karp, que en 2025 publicó el libro “La república tecnológica: Poder duro, pensamiento débil y el futuro de Occidente ” junto a su compañero de Palantir Nicholas W. Zamiska. En abril de 2026 la cuenta de Palantir en X publicó un manifiesto de 22 puntos que resume el contenido del libro. Un análisis de este manifiesto podría ocupar una columna completa, pero se destacan algunos puntos: el uso del software como herramientas para la guerra y la supremacía de los EE. UU. sobre otros países; el deber de apoyo de las empresas de tecnología al ejército norteamericano (“si el Ejército necesita un rifle, debemos crear el mejor”); la visión positiva del uso de armas potenciadas por IA para la guerra, entre otros.

Pero Karp no es polémico solamente por este libro y el manifiesto. En una entrevista con CNBC afirmó: “A mis amigos en la comunidad tecnológica: nadie en el mundo nos toleraría a nosotros y todo lo que hacemos si América [Estados Unidos] no tuviera el ejército más poderoso del mundo. Por lo tanto, apoyar al ejército no es solo una opción, es una obligación para aquellos que se benefician de nuestro sistema.” En una junta con financistas sostuvo: “Palantir está aquí para perturbar y hacer que las instituciones con las que trabajamos sean las mejores del mundo. Y, cuando sea necesario, asustar a nuestros enemigos y, en ocasiones, matarlos.”

Su expansión en América Latina

En enero de 2025, el presidente de Ecuador anunció su plan de transformación digital con la colaboración de empresas como Google, Healthbird y Palantir. En mayo de ese año, el gobierno formalizó la colaboración con Palantir para combatir el fraude aduanero. En ese momento, el presidente expresó: “La seguridad no se defiende solo con fuerza, también se defiende con inteligencia y el desarrollo de nuevas tecnologías”.

Karp y Noboa se reunieron en el foro de Davos en enero de 2026 donde anunciaron que la empresa abrirá oficinas en Ecuador, las primeras en América Latina. La colaboración con el gobierno ahora se extiende al combate a la minería y pesca ilegal y a la prevención de fraudes en préstamos del sector público. Si bien es pública la colaboración entre el gobierno y Palantir, no se conoce el contenido de los contratos que formalizan las mismas.

El pasado abril, Peter Thiel llegó a Argentina, donde compró una mansión histórica en el exclusivo barrio de Palermo Chico por aproximadamente USD 12 millones. Al momento de redactar esta columna, Thiel sigue en el país. Durante la visita se reunió a puerta cerrada con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y con otros integrantes del gabinete, entre los que se incluye a Santiago Caputo, quien conserva el control de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Thiel hizo de Buenos Aires su centro de operaciones para el Cono Sur. El 13 de mayo viajó a Asunción donde se reunió con el presidente de Paraguay Santiago Peña. También viajó a Santiago de Chile a fines de abril y principios de mayo, donde sostuvo encuentros con figuras libertarias y neoliberales como Johannes Kaiser y José Piñera.

No se sabe cuánto Thiel viene hablando de Palantir y el uso de sus herramientas en los Estados del Cono Sur, sus intereses van más allá y está entusiasmado en invertir en actividades como minería y energía. Se especula que Thiel encuentra en la Argentina de Milei ese lugar donde pueda crear su “utopía” tecnológica, sin la necesidad de viajar al espacio o fundar colonias marinas.

La soberanía digital latinoamericana en riesgo

Palantir es una de las empresas con capacidad de análisis de datos e inteligencia artificial más poderosas del mundo. Sin controles democráticos, institucionales y técnicos adecuados, tanto sobre los gobiernos como sobre la propia empresa, existe el riesgo de que esta tecnología se convierta en una herramienta de vigilancia masiva que derive en regímenes autoritarios. Cabe preguntarse ¿qué habrían hecho dictadores como Videla o Pinochet con una capacidad de vigilancia y análisis predictivo como la que ofrece Palantir hoy?

En este contexto, preocupa que el gobierno de Ecuador haya aprobado una Ley Orgánica de Inteligencia en 2025, varios de cuyos artículos clave fueron suspendidos provisionalmente por la Corte Constitucional por posibles inconstitucionalidades. De igual forma y preocupante, Argentina modificó recientemente, vía decreto, su Ley de Inteligencia, ampliando los poderes de la SIDE.

Que los Estados de América Latina adopten nuevas tecnologías de vigilancia masiva es alarmante, sobre todo si recordamos las sangrientas dictaduras que vivió nuestra región. Hacerlo de la mano de una empresa como Palantir, con esta visión del mundo de sus fundadores, implica un riesgo adicional: que los países terminen siendo vigilados directamente por la empresa, perdiendo así su soberanía. Volviendo a Tolkien, Palantir actuaría como la “Piedra de Osgiliath”, la piedra palantíri que era capaz de espiar a las demás.

En “La República Tecnológica”, Alex Karp enfatiza en la importancia de defender los valores de Occidente mediante el ejercicio de la fuerza y la superioridad tecnológica y militar, con EE. UU. a la cabeza. Para Karp, Palantir y las empresas de tecnología son herramientas de poder que permiten fortalecer la supremacía norteamericana sobre otros países. Esperemos que nuestros gobiernos respeten la autodeterminación de sus pueblos y no sigan entregando nuestra soberanía para profundizar, cada vez más, la famosa idea del patio trasero de EE. UU.

LinkedIn y privacidad: nuevos métodos invisibles de perfilamiento detrás de las huellas digitales

¿Quién define hoy el límite entre lo público y lo privado? Atravesamos una era en la que los modelos de Inteligencia Artificial demandan enormes volúmenes de datos para ser alimentados, mientras los anunciantes y publicistas afinan su puntería hacia públicos específicos, y las plataformas perfilan a millones de personas, categorizándolas según sus preferencias, comportamientos y deseos. En ese marco, la carrera de las grandes empresas de tecnología se centra en desarrollar mejores algoritmos que sean capaces de conectar datos y estructurar toda esa información.

A esta maratón se sumó LinkedIn, la red profesional por excelencia que, más allá de conectar reclutadores y estudiantes, se convirtió en un repositorio masivo de hojas de vida recopilando desde estudios y experiencia laboral hasta aspiraciones y características ideológicas.

BrowserGate, experto en perfilamiento silencioso

Lo que parece un intercambio controlado de publicaciones y una personalización voluntaria de perfiles adquiere una dimensión alarmante cuando a la conversación se suma BrowserGate. Esta herramienta de LinkedIn analiza el navegador de las personas usuarias cada vez que visitan el sitio mediante un fragmento de código (script) capaz de detectar más de seis mil extensiones de Chrome instaladas y recolectar características específicas de los dispositivos desde donde las personas usuarias se conectan. Esta práctica sitúa en el centro del debate la preocupante precisión del fingerprinting (huella digital única), una técnica que permite identificar a un usuario sin necesidad de archivos de rastreo tradicionales.

El proyecto evolucionó drásticamente: de identificar 38 extensiones en 2017 a monitorear miles en la actualidad. Su modus operandi consta de tres fases consecutivas. Primero, intenta contactar una extensión de forma directa vía API, es decir manda un mensaje directo a la extensión esperando una respuesta. Luego, solicita archivos internos de configuración o rastros de uso del plugin mediante peticiones técnicas específicas. Por último, escanea la página de la extensión (DOM – Document Object Model) examinando cuidadosamente en busca de huellas que cada interacción de la persona usuaria deja en los complementos, permitiendo inferir información sumamente detallada.

¿Cuál es la preocupación si se puede usar navegación incógnita?

La importancia de hablar al respecto radica en que no se trata de cookies ni de consentimiento, sino de una identificación basada en extensiones y hardware alimentando el poder de inferencia de la plataforma. Además, esto implica la posible exposición de datos sensibles -como creencias, ideologías, neurodivergencias o condiciones de salud- sin que la persona los haya declarado en su perfil, basándose únicamente en los complementos instalados. Este procedimiento vulnera el principio de la protección de datos, sumado a preocupantes antecedentes ya conocidos como la venta de datos por parte de las plataformas y a través de ellas, como lo demostramos recientemente en un informe de Derechos Digitales respecto al mercado ilegal de datos personales en Telegram. Y como en toda red, esto transciende a la información personal hasta llegar a otros nodos con los que se haya relacionado, como una empleadora o una colega de trabajo o universidad.

Mientras LinkedIn argumenta una latente preocupación por evitar el web scraping (técnica que se utilizada para extraer información de sitios web de manera automatizada), proteger los datos de sus personas usuarias y mantener la estabilidad de la plataforma, lo cierto es que abre la puerta a una vigilancia masiva, opaca y difícil de eludir. Y esto no es todo, la empresa tendría la capacidad de detectar herramientas rivales como Apollo, ZoomInfo o Lusha, facilitando la identificación de empleados y empleadores, y planteando una sospecha: no sólo estaría recogiendo datos personales sino también estableciendo inteligencias comerciales y redes de conocimiento sobre organizaciones.

La infraestructura que propone más protección se convierte así en un método de extracción masiva de datos sensibles. Las herramientas de rastreo digital (tracking) no se declaran en su política de privacidad ni en las condiciones de uso. De lo que hablamos es de fragmentos de código incrustados en las aplicaciones para capturar datos y contribuir al perfilamiento, operando desde una lógica que las personas usuarias sin conocimientos técnicos no pueden detectar.

Implicaciones legales de la violación de privacidad

El hecho de que LinkedIn, de forma deliberada y planificada, escanee secretamente los navegadores web podría exponer a la plataforma y su matriz, Microsoft, a consecuencias legales y financieras alrededor del mundo. Si se considera el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR), su artículo 9 (“Tratamiento de categorías especiales de datos personales”) lista los datos considerados sensibles y que pueden llegar a inferirse en base al comportamiento digital. Además, en el artículo 83 (“Condiciones generales para la imposición de multas administrativas”) se establece que la multa para empresas equivale al 4% como máximo del volumen de negocio total anual global. En el caso de la creadora de Windows, su ingreso anual al 2025 fue de $281.700 billones, lo que supone una posible multa de $11.286 billones.

A esto se suma la falta de transparencia con las personas usuarias ya que esta práctica no se explicita en la política de privacidad de la plataforma. En términos legales, esto viola el principio de consentimiento informado y las obligaciones de transparencia que el GDPR estipula en sus artículos 13 y 14. Esto aprovecha el desconocimiento de millones de usuarios, quienes no son plenamente conscientes del alcance que tiene sobre su privacidad, su vida laboral y personal.

Indistintamente de si alguna de estas interpretaciones será confirmada o no por parte de las cortes, el caso pone de manifiesto algo mucho más estructural: las leyes digitales actuales fueron pensadas en una internet de cookies visibles y de formularios de consentimiento más o menos sencillos. La técnica de fingerprinting contemporánea opera ya en otra escala. Lo hace de forma silenciosa, distribuida y en una lógica sumamente técnica, difícil de ser identificada por las personas usuarias, aún cuando eligieran no aceptar cookies o navegar en modo incógnito.

La investigación académica sobre el tracking post-cookie ya daba cuenta de que la industria tecnológica se había embarcado en un tránsito hacia mecanismos de tracking más persistentes y difíciles de detectar. Ahora, BrowserGate parece corroborarlo. En regiones como América Latina, donde la fragmentación normativa es la regla y cada país tiene su propia ley de protección de datos, el desafío de enfrenar estas técnicas de rastreo post-cookie parece aún mayor.

Medidas para reducir el impacto

Ante este escenario, las medidas de protección más efectivas se basan en prácticas diarias y persistentes, que pueden requerir más tiempo pero también brindar mayor tranquilidad: revisar las extensiones del navegador instaladas. Cada extensión que se añade no sólo amplía la superficie de ataque que puede experimentar vulnerabilidades o localizaciones, sino que, además, incrementa la noción de singularidad de la persona usuaria dentro de los sistemas de fingerprinting.

La mayoría de las personas mantienen extensiones que ya no utilizan, incluso cuentan con extensiones duplicadas y añaden otras sin necesidad, al tiempo que ignoran que cada extensión puede convertirse en una señal identificatoria. Lo recomendable es reducir al mínimo el número de extensiones, eliminar aquellas que ya no tienen mantenimiento y revisar periódicamente los permisos que tienen como una práctica de higiene digital básica.

Por la misma razón, hacer perfiles de navegación segmentados –diferenciados entre laboral, para ocio y para actividad en redes sociales- ayuda a que las diferentes plataformas no lleguen a unir y construir un único perfil que derive del cruce de hábitos, herramientas y comportamientos. Además, utilizar navegadores de privacidad, como Mozilla Firefox, nos brinda mecanismos de resguardo frente a técnicas de fingerprinting y de tracking más sofisticadas. Y a esto hay que añadir el uso de bloqueadores más avanzados, como uBlock Origin, que permiten restringir scripts de tracking invisibles que funcionan en segundo plano.

Ninguna de estas herramientas garantiza un completo anonimato, pero sí pueden limitar en buena medida las capacidades de las plataformas para crear perfiles persistentes y exhaustivos. La clave está en ser concientes que la privacidad no solo consiste en “no compartir demasiados datos”, sino también en la forma de controlar cuántas señales técnicas dejamos expuestas cada vez que abrimos el navegador. Con más información y estrategias de protección, podremos mejorar nuestra seguridad digital y seguir utilizando internet con mayor autonomía y privacidad.

Nuevas tecnologías, nuevas reglas: Narrativas y sociedad civil en la era de la IA y los algoritmos

En este documento se exploran las narrativas que hoy dominan las conversaciones sobre inteligencia artificial y cómo estas influyen en políticas públicas, imaginarios sociales y decisiones tecnológicas. Frente a discursos que presentan la IA como algo inevitable, distintas experiencias muestran la importancia de construir relatos más críticos, humanos y centrados en derechos.

Derechos Digitales participó con un caso de estudio sobre storytelling y vigilancia en América Latina. A través de nuestras campañas, la organización ha trabajado para transformar la manera en que las personas entienden la vigilancia digital, no como un problema abstracto o lejano, sino como algo presente en la vida cotidiana, con impactos concretos sobre derechos, libertades y democracia.

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Las tecnologías del ICE y el perverso sistema automatizado de persecución a migrantes latinos

La administración Trump ha convertido al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) en una agencia de vigilancia masiva. Con un presupuesto que supera los USD 28.000 millones en 2025 (el triple que el año anterior), la agencia ha tejido una red que cruza bases de datos gubernamentales, compra información de empresas y despliega tecnología en las calles.

Un migrante mexicano lo descubrió cuando el ICE rastreó las transferencias de remesas que enviaba a su familia en México, identificó su dirección en Hawái y lo arrestó, pese a no tener antecedentes criminales. En Chicago, una mujer colombiana fue detenida en lo que parecía una parada de tráfico rutinaria: su vehículo había sido marcado con anticipación, cruzando registros estatales con bases de datos federales. Otro migrante mexicano, que vendía flores en una ciudad de Los Ángeles, estuvo semanas detenido porque el ICE lo confundió con un sospechoso de nombre similar, pese a tener documentos que probaban su inocencia. Tres casos, tres tecnologías distintas, un mismo sistema.

La agencia lleva años construyendo este ecosistema de vigilancia, una arquitectura de datos originalmente creada tras el 11 de septiembre para “combatir terroristas”, ahora redirigida hacia comunidades migrantes que trabajan y sostienen la economía del país. Un embudo que comienza con datos que las personas mismas generan (remesas, registros vehiculares, ubicaciones de celular), pasa por el cruce con bases de datos gubernamentales y comerciales, y termina en una operación de calle donde un agente ICE con un teléfono decide el destino de alguien en segundos. Un sistema que, en ese proceso, no distingue entre quien tiene una orden de deportación y quien simplemente existe en sus bases de datos.

Etapa 1: la maquinaria de recolección masiva de datos

El punto de partida del sistema son los datos. ICE no recolecta la mayoría de la información por sí misma: la compra. Cada vez que alguien paga una factura de luz, manda una remesa, saca una licencia de conducir o publica algo en redes sociales, esa información puede terminar en manos de la agencia. Empresas como Thomson Reuters y LexisNexis reúnen datos de múltiples fuentes sobre una misma persona (historiales de crédito, direcciones, números de teléfono, registros vehiculares, vínculos familiares) y se los venden al ICE. No hace falta una orden judicial, ya que la ley no lo exige cuando los datos los vende una empresa privada, y esa es exactamente la puerta de entrada del ICE.

El celular también delata. Aplicaciones que millones de personas utilizan a diario registran su ubicación constantemente, y empresas como Venntel o PenLink capturan y revenden al gobierno esos registros de movimientos a través de GPS. Y en la calle, la red Flock Safety opera 100.000 cámaras en 49 estados que leen 20.000 millones de matrículas de automóviles al mes.

A eso se suman los datos biométricos. La foto de la licencia de conducir queda en bases de datos estatales a las que el ICE tiene acceso. Clearview AI fue más lejos: extrajo imágenes de redes sociales y sitios de noticias hasta acumular más de 50.000 millones de rostros, y el ICE firmó un contrato para aprovechar esa base. Por último, lo que el propio Estado ya sabía también está disponible, como por ejemplo declaraciones de impuestos, registros médicos de Medicaid y datos del Seguro Social. En 2025, un juez federal determinó que el IRS, la autoridad tributaria norteamericana, infringió la ley aproximadamente 42.000 veces al compartir datos de contribuyentes con el ICE.

Etapa 2: la inteligencia artificial convierte datos en objetivos

La información recolectada en la primera etapa no es suficiente. El sistema necesita convertirla en personas localizables, y para eso existen empresas como Palantir. Fundada con capital de la CIA, esta compañía tecnológica mantiene contratos con el ICE desde 201 1. Su plataforma cruza todas las fuentes de información de la etapa anterior y construye un perfil con ubicación probable. No es una búsqueda manual, es un modelo de IA que procesa miles de variables para determinar dónde podría estar alguien ahora mismo.

La herramienta más reveladora que Palantir desarrolló para el ICE es ELITE. Funciona, según un agente que testificó bajo juramento ante un tribunal, como un “Google Maps de personas deportables”. Básicamente muestra en un mapa la ubicación posible de cada objetivo, con una puntuación de probabilidad. Para calcularla, cruza, por ejemplo, la dirección registrada en Medicaid con el último registro de GPS y la última vez que su placa fue captada por una cámara. Además, construye un expediente automático con antecedentes penales y órdenes judiciales. El sistema tiene restricciones internas sobre qué puede hacer y a quién puede marcar como objetivo. Sin embargo, en ciertos operativos que la agencia denomina “especiales”, aplican filtros distintos para identificar personas que en condiciones normales no calificarían como objetivo. Hasta ahora, el ICE no ha explicado públicamente cuándo ocurre esto ni quién lo autoriza.

En 2025, el organismo migratorio pagó USD 30 millones adicionales para expandir ese sistema y construir ImmigrationOS, una plataforma diseñada para rastrear a una persona desde que entra al país hasta que es deportada, con seguimiento en tiempo real. Una persona que entró al sistema como un dato termina aquí reducida a un caso con estado y fecha estimada de salida del país, sin haber sido escuchada ni haber podido refutar lo que el algoritmo decidió sobre ella.

Etapa 3: cualquier calle puede ser una zona de vigilancia

Con un objetivo identificado, el sistema pasa de los algoritmos a la calle. El agente llega con una aplicación llamada Mobile Fortify en su teléfono del gobierno, apunta a la cara de cualquier persona (no necesariamente la que buscaba), y en segundos coteja esa imagen con millones de fotografías recolectadas previamente en la Etapa 1. Vale aclarar que esas fotografías recolectadas fueron tomadas sin el aviso correspondiente: las personas no saben que algún día esos registros formarán parte de un sistema de identificación masiva. Si hay coincidencia, el sistema devuelve nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad y si existe una orden de deportación. Si la imagen facial no es suficiente, otra herramienta de BI2 Technologies repite el proceso con el iris del ojo. Todo esto ocurre en la calle, sin que la persona haya hecho nada, sin que lo sepa, y sin que ningún juez lo haya autorizado.

Lo más preocupante de Mobile Fortify es que fue desplegada mientras aún estaba en fase de prueba, sin evaluación de impacto sobre privacidad. Aún más, no cuenta con precisión. En un caso documentado ante un tribunal en Oregon, el sistema escaneó a la misma mujer dos veces y devolvió dos nombres diferentes. Aun así, el ICE trata sus resultados como prueba definitiva, por encima incluso de un acta de nacimiento.

Incluso hay herramientas que operan de forma aún más encubierta. Los simuladores celulares, conocidos también como IMSI Catchers, se disfrazan de torres de telefonía para forzar a los teléfonos cercanos a conectarse e identificar qué dispositivos están en un área. La agencia migratoria compró vehículos equipados con estos artefactos para desplegarlos de forma encubierta en vecindarios específicos. Para quienes están en proceso migratorio existe SmartLINK, una aplicación que el ICE obliga a instalar en el teléfono personal, que rastrea la ubicación y exige verificaciones periódicas mediante reconocimiento facial. Una migrante colombiana en California lo descubrió cuando la app le bloqueó un viaje a otro estado. Cuando preguntó, un oficial le dijo que ella no había hecho nada malo, era una decisión discrecional del organismo.

Cuando las personas migrantes están detenidas, sufren una mayor pérdida de privacidad. Dispositivos de las empresas Cellebrite y Magnet Forensics desbloquean y copian el contenido completo de un teléfono en minutos, como mensajes, fotos, historial de ubicación y contactos. De hecho, aplicaciones con cifrado, como WhatsApp, no pueden proteger la información en este orden. El cifrado impide que los mensajes sean interceptados mientras viajan por internet, pero una vez que el teléfono está desbloqueado en manos de un agente, ese cifrado es irrelevante. Las conversaciones de una persona detenida pueden convertirse en el punto de partida para rastrear a otras que nunca tuvieron contacto con el ICE.

Protegerse también es una forma de resistir

Entender cómo funciona este sistema ya es una forma de resistencia. Para quienes están migrando o piensan hacerlo, ese conocimiento puede marcar la diferencia desde el primer día. El celular es la fuente de datos más vulnerable. Utilizar Signal, en vez de WhatsApp, reduce significativamente el rastro: Signal no almacena metadatos ni comparte información con terceros. Revisar qué aplicaciones tienen acceso a la ubicación y revocar los permisos innecesarios limita lo que empresas pueden capturar y vender. En zonas con alta presencia del ICE, una bolsa Faraday bloquea todas las señales del teléfono móvil, impidiendo que los simuladores celulares lo detecten. Y en redes sociales, publicar ubicaciones o etiquetar lugares es entregar voluntariamente la información que el sistema pagaría por obtener.

Sin embargo, las medidas individuales tienen un límite, el sistema descrito no se puede desmontar con una app. La Electronic Frontier Foundation publica guías gratuitas y actualizadas sobre cómo proteger la privacidad digital en situaciones de riesgo, su sección Surveillance Self-Defense es un punto de partida concreto. Organizaciones como ACLU, National Immigration Law Center y Just Futures Law están litigando activamente en esa dirección. Difundir su trabajo y exigir a los representantes que tomen posición es también una forma de actuar.

¿La libertad de las personas depende de un algoritmo?

Lo que Edward Snowden reveló en 2013 sobre la vigilancia masiva de la NSA pareció, en su momento, el límite de lo imaginable. Hoy, el accionar del ICE lo supera ampliamente. A diferencia de los programas de Snowden, este sistema no opera en las sombras, tiene contratos públicos, nombres de empresas y cifras de inversión.

Este sistema perverso no termina en el momento de la detención. Las fotografías tomadas por Mobile Fortify se almacenan por 15 años; los contactos extraídos del teléfono de una persona detenida se convierten en nuevos sujetos de interés. Y detrás de cada etapa hay una empresa que factura. El Brennan Center lo llama un “complejo industrial de deportación”, empresas cuyos ingresos dependen directamente del desarrollo y crecimiento del sistema automatizado.

La IA comete errores, como cualquier sistema automatizado. Hay una diferencia fundamental entre una IA entrenada para recomendar películas y una entrenada con décadas de datos de agencias de seguridad estadounidenses para localizar personas y deportarlas. Cuando la primera se equivoca, ves una película que no te gusta. Cuando la segunda se equivoca, una persona inocente termina detenida semanas, como aquel migrante mexicano que trabajaba vendiendo flores. El problema no es solo el error, es que incluso cuando el sistema funciona como fue diseñado, una persona pierde su libertad por decisión de un algoritmo, sin que nadie la haya visto ni escuchado y sin que haya podido defenderse. La pregunta que ninguna agencia ha respondido es quién asume la responsabilidad por eso, y la respuesta, hasta ahora, brilla por su ausencia.

Palantir, Clearview, Thomson Reuters, LexisNexis, GEO Group: estas son solo algunas de las empresas que forman este ecosistema (hay decenas más que no se mencionaron). Lo que se describió en esta columna es sólo una fracción de esta arquitectura de vigilancia que sigue creciendo, contrato por contrato, dato por dato. En el aire queda una pregunta que, no debe abordarse desde un aspecto tecnológico, sino más bien desde la dimensión ético-política: ¿qué clase de sociedades se moldean cuando se construyen sistemas capaces de privar de la libertad a las personas en base a una puntuación y una fecha de deportación? ¿Quiénes son las primeras y principales víctimas de este sistema de expulsión automatizado?

La guerra por otros medios: control de software e infraestructura estratégica

La guerra que comenzaron Israel y EE. UU. contra Irán acapara la agenda mediática. Las pantallas se inundan constantemente de bombardeos mutuos e imágenes impactantes que parecen tomadas de un filme o de un videojuego. Sin embargo, hay elementos de este conflicto que no se llegan a ver tan fácilmente: existe otra arista de la guerra que tiene a la tecnología como protagonista.

La batalla también se libra a través de los medios de comunicación en las narrativas contradictorias entre un bando y otro. Ello complejiza la posibilidad de encontrar certezas en medio de un contexto bélico de estas características. Sin embargo, hay elementos que son plausibles de ser analizados como ciertos.

En varios medios circula la noticia sobre el trabajo de inteligencia que realizaron Israel y EE. UU. para lograr ejecutar al ayatolá Ali Khamenei. Entre las tareas de inteligencia, se dice que habrían intervenido cámaras de tráfico y de circuitos cerrados en algunas oficinas donde se desempeñaban los altos mandos militares de Irán. Con toda esa información les fue posible determinar la ubicación del ayatolá, e incluso conocer cuáles podían ser sus vías de evacuación.

Ante esta situación, y más allá de las particularidades del propio conflicto en Oriente Próximo, cabe preguntarse: ¿qué tan seguros son los sistemas tecnológicos de nuestros países? ¿La dependencia tecnológica es una brecha de seguridad para los Estados? ¿Existe alguna forma de minimizar este riesgo? Para reflexionar sobre estas preguntas iremos por partes.

Dependencia tecnológica

Es de público conocimiento que un gran porcentaje de Estados dependen tecnológicamente de un puñado de países que tienen la capacidad productiva para fabricar dispositivos electrónicos. Como venimos señalado en Derechos Digitales, América Latina no escapa a ese contexto. Es así como cada dispositivo tecnológico -en nuestras casas, lugares de trabajo y espacios públicos- fue diseñado y construido por empresas radicadas en el Norte Global y en algunas regiones de Asia.

Ahora bien, ¿son confiables en términos de seguridad los dispositivos que utilizamos? Y más aún: ¿hay posibilidades de que las instituciones de seguridad de los Estados donde están localizadas estas empresas hayan generado acuerdos con ellas para tener acceso a los dispositivos en caso de “ser necesario”?

En la historia reciente, existe suficiente evidencia y ejemplos como para suponer que los dispositivos electrónicos pueden ser intervenidos, tanto en situaciones de conflictos como también con el fin de desplegar vigilancia masiva. Conocido es el caso en que el ex analista de inteligencia de la CIA y la NSA, Edward Snowden, denunció en 2013 públicamente con documentos el funcionamiento de una vasta red de vigilancia global por parte de EE. UU. y países aliados, facilitada a partir de la colaboración con distintas empresas de tecnología.

Más recientemente, Israel se atribuyó en 2024 ataques simultáneos en Siria y el Líbano a través de equipos electrónicos que contaban con carga explosiva. Situación que originó gran preocupación en organizaciones internacionales de Derechos Humanos debido a lo indiscriminado de los ataques. También cabe recordar que, días atrás, se generó una polémica entre el Pentágono y Anthropic, la empresa detrás del motor de inteligencia artificial Claude. La discusión se centra en que el Pentágono solicita a la empresa quitar los límites éticos del motor para poder utilizarlo en vigilancia masiva y manejo autónomo de armas. La compañía se negó, e incluso demandó al Pentágono por exceder su autoridad y sus salvaguardas éticas, violando derechos básicos.

A primera vista, la guerra parece un tema lejano para la historia de los últimos años en América Latina. Sin embargo, las recientes operaciones militares estadounidenses en las inmediaciones de Cuba, o en Venezuela, por ejemplo, encienden las alarmas. En este convulsionado contexto, ¿es razonable pensar que en el corto o mediano plazo nuestra región se pueda ver involucrada en algún conflicto de mayor escala? Si ese fuera el escenario, ¿la dependencia tecnológica representaría una brecha de seguridad y soberanía para los países latinoamericanos? Si analizamos los antecedentes antes mencionados, la respuesta es que muy probablemente sí.

Minimización de la brecha

En la actual división global del trabajo, solo algunos países poseen la capacidad para diseñar y construir dispositivos electrónicos. Esta situación deja en desventaja al resto de los países del mundo que, en un futuro inmediato pero también en un período prolongado de tiempo, precisan invertir en tecnologías y capacidades humanas que no están dispuestos a pagar, o ni siquiera pueden afrontarlo.

Ahora bien, los equipos electrónicos se componen esencialmente de dos capas: la física y la lógica (hardware y software, respectivamente). Esta distinción cobra gran relevancia en el análisis que proponemos. Si bien no todos los Estados tienen la capacidad de construir la capa física, ¿qué sucede con la capa lógica?

La capa lógica, o software, es un programa computacional. Dentro de la gama de programas computacionales, nos referiremos a los que pertenecen a las categorías de “sistema operativo” o “firmware”. En ambos casos, se trata de programas de bajo nivel que interactúan directamente con el hardware (capa física). Para nombrar algunos ejemplos, podemos mencionar los sistemas operativos Windows, OSx y GNU/Linux, como así también aquellos que permiten el funcionamiento de teléfonos como iOS y Android.

De la misma forma ocurre con los sistemas de videovigilancia. Se componen de cámaras y de un sistema central que procesa y gestiona las grabaciones, llamado DVR (Digital Video Recorder) o NVR (Network Video Recorder) en función de la forma en que las cámaras se comunican: analógica o digital respectivamente. Dicho centro de procesamiento actúa como un ordenador especializado para esa tarea y, por tanto, posee un firmware o sistema operativo para su funcionamiento. Dentro de sus funciones están: configurar las cámaras, gestionar grabaciones y administrar el control de acceso.

Los sistemas de videovigilancia desactualizados pueden poseer vulnerabilidades, que ya son conocidas. A la vez, existe una gran cantidad de documentación pública sobre cómo explotar esas vulnerabilidades para acceder a los sistemas de videovigilancia, como por ejemplo el proyecto Shodan. Por lo tanto, si ya son conocidas las debilidades en sistemas desactualizados, es muy probable que empresas de seguridad ofensiva tengan herramientas para vulnerar la seguridad de estos dispositivos, tal como se afirma en el portal especializado Wired. De forma alternativa, existen una serie de proyectos de código abierto para administrar cámaras que cuentan con las ventajas ya mencionadas.

Por otra parte, otra característica de la capa lógica es que puede estar construida de forma cerrada o abierta. La forma cerrada (o software privativo) refiere a programas que desarrollan empresas para el manejo de equipos en el que la persona usuaria final no puede analizar, modificar o mejorar el código fuente. Generalmente, viene precargado en el dispositivo en forma de archivo ejecutable, el cual es ilegible. En la otra vereda, está la forma abierta (o software libre) vinculada a programas que, en muchos casos, son construidos de forma comunitaria, e incluso pueden contar con colaboración de empresas. Su característica es que es totalmente abierto, disponible para analizar, modificar y mejorar.

Ahora bien, volvamos al cuestionamiento de la dependencia tecnológica sobre qué hacer si un dispositivo viene diseñado, por ejemplo, con una puerta trasera. En el caso de que la capa lógica esté desarrollada sobre la concepción de software privativo, es muy difícil poder identificarla y actuar para modificar su comportamiento con el fin de suprimir dicha vulnerabilidad, pues no hay acceso al código. Por el contrario, en el caso del software libre sí tenemos la posibilidad de hacer auditorias independientes, así como suprimir funciones o alterar su comportamiento, lo que a simple vista otorga una gran ventaja.

Otra desventaja del software privativo es que necesita de pagos periódicos para su actualización. Por distintos motivos, las instituciones no mantienen las versiones más actualizadas lo que las deja con mayor propensión a ataques de vulnerabilidades conocidas, como es el caso de Guacamaya Leaks. En aquel episodio, un grupo de hackers intervino sistemas de varias instituciones militares en América Latina, aprovechando, principalmente, estas debilidades de sus desactualizados sistemas de software pago.

Software libre y seguridad nacional

Con la proliferación de los sistemas digitales de comunicación y, más aún, con el Internet de las cosas (IoT), donde muchos dispositivos cotidianos están conectados entre sí, es sumamente importante analizar qué rol puede jugar la dependencia tecnológica en escenarios de conflicto, ya sea armados o no.

La discusión no puede quedarse en si el software privativo es mejor o peor que el software libre: en ambos casos se encontrarán vulnerabilidades. El análisis debe centrarse en el control que se puede tener de los dispositivos y sistemas. En ese sentido, el software libre corre con ventaja al permitir el control de las funciones y, al mismo tiempo, el acceso libre a las actualizaciones. Además, al tratarse de código abierto, el software libre habilita una permanente auditoría, por lo que es menos probable que contenga funciones maliciosas por diseño.

En un mundo donde las potencias se disputan recursos estratégicos en otros territorios, es indispensable que los Estados latinoamericanos reconfiguren, a mediano y largo plazo, su seguridad digital y las medidas necesarias para enfrentar una amenaza externa.

Contribución a la consulta para el informe temático titulado “Impacto de la vigilancia digital y asistida por IA en los derechos de reunión y de asociación, incluidos los efectos inhibitorios”

En esta contribución, presentada ante la Relatoría Especial para la Libertad de Asociación y Reunión, presentamos algunos casos concretos de preocupación sobre el despliegue de sistemas de IA en el marco de protestas pacíficas en países de la región, así como algunos de sus efectos inhibitorios. Formulamos recomendaciones de política pública a los Estados y empresas del sector privado.

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Aporte conjunto a la convocatoria de aportes sobre los impactos en los derechos humanos del uso de IA en la lucha contra el terrorismo

Aporte conjunto con el CELS y Fundación Vía Libre sobre el uso de IA en la lucha contra el terrorismo. En el documento identificamos tres tendencias, de regulación de la IA que habilita al uso de la biometría remota para la lucha contra el terrorismo, de potencial uso dual del reconocimiento facial para dichos fines, y de reformas de leyes de inteligencia y contraterrorismo que habilitarían al uso de IA y otras tecnologías de vigilancia masiva para tal ámbito.

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Amicus curiae sobre la demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Inteligencia Orgánica de Ecuador

En este documento sustentamos argumentos para la inconstitucionalidad de los artículos que regulan la solicitud de entrega de datos a entidades públicas, privadas y personas naturales; la interceptación de las comunicaciones y entrega de metadatos; la vigilancia del ciberespacio; la protección de datos en las tareas de inteligencia; y las limitaciones al derecho de acceso a la información pública.

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Infancias en línea: riesgos, regulaciones y desafíos para América Latina

En 2017, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) publicó la estimación de que 1 de cada 3 usuarios de internet en todo el mundo era niño, niña o adolescente. A pesar de que aún existen muchos jóvenes que no tienen un acceso significativo a internet – y de que esto constituye un problema de orden primario -, es posible que hoy, casi una década después, la proporción de personas con menos de 18 años en entornos digitales sea aún mayor. En la realidad latinoamericana, estadísticas de países como Brasil, Argentina y México muestran que niños, niñas y adolescentes no solo pasan cada vez más tiempo conectados, sino que también comienzan a acceder a internet a edades cada vez más tempranas.

El punto sobre el cual UNICEF venía alertando al menos desde 2017 es que la infraestructura y las aplicaciones de internet, en esencia, no fueron diseñadas para este público, ni evolucionaron considerando la etapa de desarrollo físico, cognitivo y psicosocial que atraviesan niños, niñas y adolescentes. A esto se suma la lógica de explotación comercial sobre la cual opera internet desde hace años, muy distante de aquella idea inicial de un espacio libre, abierto y creativo. Estos factores exponen a los más jóvenes a una serie de riesgos online, considerablemente más graves que para los usuarios adultos.

En los últimos meses, la discusión sobre estos temas se intensificó. En el Reino Unido entró en vigor un paquete de medidas regulatorias que coloca en el centro la protección infantil en línea. En Brasil, el debate ganó aún más visibilidad tras una denuncia sobre la “adultización” e hipersexualización de niños y adolescentes en entornos digitales. Ambos episodios muestran cómo la agenda de protección en internet se consolidó como un tema urgente en todo el mundo. Sin embargo, es importante reflexionarlo desde una perspectiva localizada desde el contexto latinoamericano.

Niños y adolescentes están, de hecho, en riesgo en internet

La OCDE clasifica los riesgos a los que están expuestos niños, niñas y adolescentes en internet en cuatro categorías – las “4 C’s”. La primera son los riesgos de exposición a contenido inadecuado, como materiales nocivos, discursos de odio, desinformación u otros contenidos ilegales. Aquí entra, por ejemplo, la exposición a la pornografía, con consecuencias que van desde la erotización precoz hasta el estímulo a la violencia y la reproducción de estigmas de género. También entra el acceso a juegos de azar, un problema creciente en América Latina.

La segunda categoría son los riesgos de conducta, que abarcan aquellos creados por las propias interacciones de los niños en entornos digitales. Pueden manifestarse en comportamientos odiosos o nocivos, como el ciberacoso o la automutilación, muchas veces incentivados por el diseño de las plataformas y la viralización de ciertos contenidos. A comienzos de 2025, por ejemplo, una niña de 8 años murió en Brasil tras inhalar desodorante en aerosol en un reto de TikTok.

El tercer grupo son los riesgos de contacto, cuando niños y adolescentes son expuestos a interacciones dañinas o criminales con terceros adultos. Estos encuentros pueden ir desde situaciones de acoso hasta casos de explotación sexual infantil. Recientemente, en Estados Unidos, la fiscalía de Lousiana demandó a la plataforma de juegos Roblox, muy popular entre el público infantil, por no implementar mecanismos básicos de seguridad, lo que habría permitido que pedófilos se hicieran pasar por niños y entablaran interacciones malintencionadas a través del chat.

La cuarta dimensión son los riesgos de consumo, ligados al perfilado comercial y la inducción de gastos, parte estructural del modelo de negocio de las grandes plataformas digitales. Niños y adolescentes, en proceso de desarrollo, carecen hasta cierta edad de herramientas para distinguir publicidad de contenido orgánico. Incluso siendo ya un poco más viejos, no cuentan con recursos suficientes para lidiar con las presiones comerciales. Las prácticas de perfilamiento, como ya denunciaron distintos whistleblowers, han sido utilizadas por plataformas para aprovechar la vulnerabilidad emocional de adolescentes (sobre todo niñas). Entre sus prácticas está la promoción de contenidos que estimulan distorsiones corporales para mantenerlas enganchadas, aun con pleno conocimiento de sus efectos nocivos en la salud mental.

La OCDE señala, además, que existen riesgos transversales, como la pérdida de privacidad, la salud física y mental y los derivados de tecnologías digitales avanzadas o biométricas. Temas como el sharenting, los sesgos de los sistemas de inteligencia artificial y los impactos del uso excesivo de redes sociales en el sedentarismo juvenil entran en esta categoría. Casos recientes publicados en la prensa, como la denuncia de las ganancias de YouTube con contenidos abusivos sobre niños, muestran cómo estas dimensiones se combinan y retroalimentan.

Es esencial reconocer estos riesgos, así como el hecho de que pueden afectar de manera trágica el desarrollo de una persona en formación. También es importante destacar que no recaen de forma homogénea: estudios comparativos señalan que las plataformas aplican reglas más laxas en países del Sur Global. En América Latina, niños indígenas y afrodescendientes tienen menos acceso tanto a internet como a educación formal, incluida la educación digital. Además, en un contexto en el que las plataformas digitales lucran con la vulneración de derechos, la carga del cuidado recae de forma desproporcionada en las familias y, especialmente, en las madres. En una región con altas tasas de maternidad en solitario y bajos niveles de alfabetización digital, muchas mujeres no cuentan con el tiempo ni con las herramientas necesarias para acompañar la navegación segura de sus hijos, lo que los vuelve aún más vulnerables.

La respuesta regulatoria

No es en vano que, sobre todo en los últimos cinco años, este tema comenzó a recibir creciente atención de reguladores en todo el mundo. En 2020, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU redactó la versión final de su Observación General 25 relativa a los derechos de los niños en relación con el entorno digital, aprobándola a comienzos de 2021. El documento representó un hito en el derecho internacional de los derechos humanos, al interpretar la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 a la luz de los avances tecnológicos, reafirmando que todos los derechos de niños, niñas y adolescentes se extienden también al entorno digital. Conviene recordar que la Convención de 1989 es el tratado internacional más ratificado del mundo, y que instauró la doctrina de la protección integral, reconociendo a todas las personas con menos de 18 años como sujetos de derechos, con autonomía progresiva para su ejercicio, y, por lo tanto, debiendo ser promovidos y protegidos en todos los espacios.

2021 también marcó la aprobación del Age Appropriate Design Code por el ICO del Reino Unido, que estableció estándares de diseño para productos y servicios digitales destinados o con alta probabilidad de ser utilizados por niños y adolescentes. La iniciativa inspiró en los años siguientes diversas medidas por parte de autoridades de protección de datos, especialmente en Europa, como en Suecia e Irlanda. El Digital Services Act (DSA), aprobado en 2023 en la Unión Europea, también tiene reglas específicas para el grupo, señalando el principio de su mejor interés para el desarrollo de servicios digitales y reglas diferenciadas para el tratamiento de sus datos.

En 2024, Australia aprobó una ley inédita que prohíbe el acceso de personas con menos de 16 años a redes sociales y la Unión Africana adoptó directrices para la protección en línea de niños, niñas y adolescentes. La discusión también ganó fuerza en los Estados Unidos, donde ya recibió media sanción el Kids Online Safety Act (KOSA), aunque bajo apoyo desde argumentos problemáticos de políticos conservadores, como la protección de niños a “contenidos LGBT”. En 2025, nuevamente el Reino Unido, esta vez a través de la Ofcom, publicó una serie de directrices condensadas en los ya mencionados Protection of Children Codes and Guidance.

Estas iniciativas también resonaron en América Latina. En julio de 2025, Colombia aprobó la Ley 2489, “por medio de la cual se establecen disposiciones para el desarrollo de entornos digitales sanos y seguros para los niños, niñas y adolescentes del país”. En Brasil, desde 2022 se debate en el Congreso Nacional el Proyecto de Ley nº 2628, que también establece reglas específicas para la protección de los más jóvenes en internet. El texto fue aprobado en el Senado a finales de 2024 y recién aprobado también en la Cámara de los Diputados, en agosto de 2025. Ahora vuelve al Senado para aprobación final, incluyendo dispositivos como la prohibición del uso de datos de personas con menos de 18 años para publicidad comportamental, además de previsiones sobre supervisión parental, vedación de acceso a contenidos dañinos y rendición de cuentas por parte de las aplicaciones digitales. Su tramitación recobró fuerza en agosto de este año, tras la referida denuncia del influencer Felca digital sobre la adultización e hipersexualización de niños y adolescentes en internet.

Un punto común de estas iniciativas regulatorias es establecer reglas diferenciadas para el uso de entornos digitales por parte de niños y adolescentes, ya sea en relación con los contenidos a los que pueden (o no) acceder, o en relación con prácticas de diseño y extracción de datos. Para que esa diferenciación ocurra en la práctica, gobiernos y empresas que proveen servicios digitales señalan que es necesario poder identificar quiénes son las personas con menos de 18 años en internet. En este contexto, aun cuando no aparezcan de forma explícita en todas las normativas recientes, la implementación de mecanismos de verificación de edad ha pasado a ser considerada una puerta de entrada esencial para la defensa de la infancia.

Informes de autoridades y análisis recientes hablan de una “ola global” de sistemas de verificación de edad en toda internet, donde la protección de la infancia se presenta como justificación para extender controles de identidad a todos los usuarios, incluso en aplicaciones que no son consideradas de alto riesgo. Esta tendencia recuerda al debate de la última década que oponía la defensa de la criptografía fuerte al combate contra la circulación de material de abuso sexual infantil, dividiendo en grupos opuestos, de manera simplista, a defensores de la privacidad y defensores de la infancia.

Más allá de soluciones fáciles

Esa falsa oposición plantea trampas que empobrecen el debate y dificultan la búsqueda de soluciones. Tiene, al menos, dos problemas centrales. El primero es no reconocer que niños y adolescentes, como sujetos de derechos, también tienen derecho a la privacidad y deben poder ejercerlo en el marco de su autonomía progresiva. Si pensamos en quienes viven en contextos familiares o comunitarios represivos, buscando información sobre su sexualidad o identidad de género, por ejemplo, este derecho se vuelve aún más importante.

Extender mecanismos de verificación de edad de manera indiscriminada altera la estructura de internet y puede afectar también a las propias infancias. No se trata de sacrificar las características fundamentales de la red como el acceso abierto y el anonimato relativo en nombre de su protección, porque ellas también se benefician de estas condiciones. El desafío es matizar el debate y reconocer las tensiones en juego, incluyendo en las discusiones regulatorias también agentes técnicos que puedan apoyar a desarrollar estos matices.

El segundo problema es desconsiderar que las tecnologías operan dentro de entramados sociotécnicos complejos. Así como no son, de manera aislada, la raíz de los riesgos que enfrentan niños y adolescentes, tampoco serán, de manera aislada, la solución.

Debemos discutir seriamente temas como la cultura de la violación y la ausencia de educación sexual en las escuelas, y cómo estas problemáticas atraviesan desigualdades de género y raza. En América Latina, entre 2018 y 2022, casi 490.000 niñas con menos de 18 años fueron víctimas de delitos contra su dignidad sexual, un dato que evidencia la urgencia de ese debate. Además, es necesario debatir el modelo económico que sostiene internet: el capitalismo de vigilancia. Un sistema nocivo para todos los usuarios, pero que impacta de manera particularmente severa a niños, niñas y adolescentes.

Estamos en un potencial punto de inflexión en la forma en que se estructura la internet y circulan sus usuarios. El debate sobre la protección de las infancias es indispensable, pero no puede reducirse a fórmulas simplistas ni a la falsa oposición entre privacidad y seguridad. América Latina no debe importar soluciones regulatorias prefabricadas sin crítica, sino comprometerse en un proyecto político y social que coloque a niños, niñas y adolescentes en toda su diversidad en el centro de un futuro digital verdaderamente justo.

De la promesa tecnológica al control estatal: lo que revela el caso mexicano

En junio de 2025, México aprobó un paquete legislativo que incluyó reformas a la Ley de la Guardia Nacional, la Ley General de Población y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada. Este conjunto de reformas legales creó una Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica que es obligatoria para acceder a servicios públicos y privados. Además, amplió significativamente las facultades de inteligencia de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Esto se llevó a cabo a pesar de la movilización de organizaciones de la sociedad civil, que advirtieron sobre los graves riesgos que estas reformas representan para los derechos humanos y la democracia en el país.

Lejos de ser un caso aislado, este proceso refleja una tendencia regional cada vez más extendida en América Latina: la consolidación de infraestructuras de vigilancia y control social, legitimadas a través de reformas legales y sustentadas en el uso de tecnologías digitales y biométricas. Este fenómeno revela un panorama en que el tecnosolucionismo y la seguridad se utilizan como argumentos para erosionar libertades, reforzar el poder estatal y profundizar desigualdades estructurales.

Promesas y peligros de la identidad digital

La creación de la CURP biométrica en México implica el establecimiento de una base de datos centralizada que asocia el número único de registro de cada persona con sus datos biométricos, como huellas dactilares y fotografía. El objetivo declarado por el Gobierno es responder a la crisis generada por la creciente desaparición de personas, mediante la construcción de un sistema que permita registrar y rastrear cada interacción y movimiento de la ciudadanía en su vida cotidiana, desde el acceso a servicios públicos hasta actividades privadas, con el fin de facilitar su identificación y localización.

Al tratarse de un registro obligatorio, se elimina la posibilidad de un consentimiento informado sobre la recolección y el uso de los datos personales, lo que agrava los riesgos para la autonomía y la privacidad. Además, habría que considerar qué ocurre con quienes no logran registrarse: ¿quedarán excluidos del acceso a servicios esenciales? La obligatoriedad de la CURP biométrica como requisito para acceder a servicios públicos y privados implica que quienes no estén registrados en esta base o no puedan hacerlo quedarán fuera de derechos y prestaciones básicas.

Así, personas que no logran acercarse a los centros de registro, sobre todo las que viven en zonas remotas; aquellas que no tienen datos biométricos que puedan ser recopilados (como personas mayores con huellas dactilares deterioradas o personas con ciertas discapacidades); y personas trans cuya identidad de género y nombre social no se reflejan en su CURP -especialmente considerando que varios estados mexicanos no reconocen legalmente el nombre social- quedan aún más marginadas. Es decir, además de profundizar desigualdades estructurales ya existentes, este tipo de medidas produce nuevas formas de exclusión, reforzando barreras institucionales y sociales que afectan de manera desproporcionada a los grupos sociales históricamente excluidos.

Al mismo tiempo, este tipo de infraestructura plantea serias preocupaciones en términos de privacidad y desafía directamente el derecho al anonimato. El anonimato protege a las personas frente al rastreo constante de sus actividades y opiniones, especialmente en contextos donde disentir puede tener consecuencias.

También conlleva importantes riesgos en materia de ciberseguridad: aunque existen distintos niveles de madurez en ciberseguridad en los Estados de América Latina, se han registrado repetidos ataques y vulneraciones a bases de datos públicas en varios países. Las filtraciones de datos biométricos resultan especialmente graves, ya que se trata de información que, a diferencia de una contraseña, no puede ser modificada: forma parte intrínseca de la identidad física de cada persona. Su exposición indebida, así, puede llevar a fraudes y robo de identidad.

La creación de bases de datos centralizadas y la recopilación indiscriminada de datos biométricos no son fenómenos exclusivos de México. En 2023, Derechos Digitales ya advertía de la tendencia en un informe sobre la proliferación de sistemas de identidad digital en América Latina, señalando los riesgos asociados y la falta de controles efectivos, como la ausencia de garantías judiciales, la opacidad en el uso de los datos y el acceso por parte de múltiples entidades estatales sin supervisión.

Sin embargo, hay ejemplos que muestran decisiones orientadas a establecer límites: en Brasil, en 2022, el Supremo Tribunal Federal decidió imponer restricciones significativas al Cadastro Base do Cidadão -una base de datos también con información biométrica creada por decreto presidencial- al considerar inconstitucional el acceso irrestricto por parte de todos los órganos gubernamentales, reforzando así la necesidad de controles judiciales y criterios de proporcionalidad. Esta discusión resulta especialmente pertinente para México, donde el nuevo paquete legislativo otorga acceso a la base de datos biométrica a diversas instancias de inteligencia y a las Fuerzas Armadas sin requerir autorización judicial ni mecanismos de control democrático.

Inteligencia sin control: el poder opaco

Las reformas legales recientes en México otorgan a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional un poder sin precedentes en materia de inteligencia. Estas instituciones reciben facultades ampliadas para realizar labores de vigilancia e interceptación de comunicaciones sin necesidad de autorización judicial, eliminando cualquier contrapeso democrático. Además, se les concede acceso irrestricto a la base de datos de la CURP biométrica, lo que les permite rastrear de forma masiva e indiscriminada a la población, sin que las personas sean informadas de que sus datos están siendo consultados o utilizados.

Este escenario se ve agravado por la decisión del gobierno mexicano, aprobada en marzo de 2025 por el Congreso, de eliminar instituciones autónomas clave, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). El órgano tenía entre sus competencias garantizar la protección de datos personales y el acceso a la información, y su extinción implica un grave retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas. En este contexto, también resulta pertinente llamar la atención sobre la recientemente aprobada Convención de Cibercrimen de la ONU, que fue incluso apoyada por México, cuyo enfoque favorece a la vigilancia y el intercambio transfronterizo de datos entre agencias sin establecer salvaguardas suficientes en materia de derechos humanos, privacidad y debido proceso.

Las nuevas leyes mexicanas legitiman la vigilancia permanente y opaca, donde el control estatal se expande sin supervisión efectiva. Se trata de una tendencia que no es exclusiva de México. En Argentina, por ejemplo, se transfirió el control de la ciberseguridad a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), consolidando un aparato de vigilancia bajo mando directo del Poder Ejecutivo y debilitando garantías fundamentales. A esto se suma la aprobación reciente de la Ley de Inteligencia en Ecuador, que otorgó facultades amplias y ambiguas a los organismos de inteligencia, sin mecanismos claros de transparencia ni rendición de cuentas.

La tendencia regional apunta a un mismo patrón: justificar el incremento de poderes de vigilancia en nombre de la seguridad nacional, mientras se consolidan estructuras estatales cada vez más autoritarias. Estas reformas fortalecen un poder opaco, erosionan las garantías democráticas y colocan a las poblaciones en una situación de vulnerabilidad constante frente al Estado.

Tecnología como atajo político: el falso remedio

Como se mencionó, el principal argumento del gobierno mexicano para impulsar la CURP biométrica y el nuevo paquete de reformas fue responder a la crisis nacional de desapariciones. Actualmente, México enfrenta más de 129.000 personas desaparecidas, más de 5.600 fosas clandestinas y una crisis forense con más de 70.000 cuerpos sin identificar. Se trata de una situación extrema que exige respuestas urgentes, integrales y respetuosas de los Derechos Humanos.

Sin embargo, el paquete de leyes no fue acompañado de argumentos que sostengan de forma clara y verificable cómo estas reformas legales y la nueva infraestructura de vigilancia contribuirían efectivamente a resolver esta crisis. Por el contrario, las causas estructurales, como la impunidad, corrupción, falta de capacidades forenses e institucionales, no fueron enfrentadas por las reformas. Colectivos de familias buscadoras y organizaciones de derechos digitales han advertido que el paquete legislativo no sólo elude las verdaderas causas de la crisis, sino que instala un sistema de vigilancia masiva sin garantías, que expone aún más a las personas defensoras y a la población en situación de vulnerabilidad.

El tecnosolucionismo presenta la tecnología como una solución mágica a problemas sociales complejos. Pero la tecnología, por sí sola, no resuelve esos problemas ni sustituye políticas públicas integrales. Al contrario, su implementación desmedida y sin garantías puede generar nuevas capas de control social, agravando riesgos a los derechos humanos.

Este fenómeno se agrava cuando las reformas legales y la adopción de tecnologías se realizan sin participación social ni debate público, como pasó en México. En América Latina, esta tendencia es cada vez más visible. Por ejemplo, la implementación creciente de tecnologías de reconocimiento facial para supuestamente mejorar la seguridad pública se ha justificado sin evidencia alguna de su efectividad ni participación social. En cambio, hay abundante evidencia de que estas tecnologías profundizan la discriminación y la violencia contra poblaciones ya marginalizadas, especialmente personas negras y trans.

Es importante reconocer que esta problemática y la narrativa del tecnosolucionismo no se limita a contextos autoritarios. Aunque se agrave en estos casos, también se observan en países cuyos gobiernos se presentan como defensores de los Derechos Humanos. Abordar la implementación de tecnologías desde un enfoque de derechos implica cuestionar quién la diseña y cómo se implementa, con qué objetivos y bajo qué condiciones, priorizando siempre la autonomía y la dignidad de las personas. Cuando el uso de estas tecnologías se legitima a través de legislaciones que no respetan marcos de Derechos Humanos ni contemplan procesos con participación social significativa, su implementación termina consolidando estructuras de control que perpetúan la vigilancia y la exclusión, en lugar de fortalecer la democracia y garantizar derechos.