Cuando expresarse pone en riesgo la residencia: libertad de expresión y giro migratorio en Argentina

Condicionar la permanencia de una persona en un país a lo que expresa supone una grave afectación de su libertad de expresión. En Argentina, ese es el problema que plantea la última modificación de la política migratoria, publicada por el Poder Ejecutivo en Julio de 2026.

La norma incorporó entre las causales para rechazar el ingreso al país, cancelar la residencia o expulsar a una persona extranjera, haber dirigido “mensajes de odio” contra Argentina o sus ciudadanos, o haber participado en actos de “ultraje” a los símbolos patrios. El Gobierno justificó la medida con una supuesta “ campaña de odio antiargentino” desplegada en redes sociales en el marco del mundial.

Es importante destacar la paradoja de la medida analizada por Anfibia: frente a un supuesto discurso discriminatorio contra personas de nacionalidad argentina, la respuesta del gobierno recurre a una medida que institucionaliza la discriminación por nacionalidad. Una misma expresión puede tener así consecuencias radicalmente distintas según la nacionalidad de quien la pronuncia: para una persona argentina, ninguna; para una persona migrante, puede terminar comprometiendo su permanencia en el país.

El decreto profundiza un proceso que ya venía avanzando. En mayo de 2025, el DNU 366/2025 modificó significativamente la Ley de Migraciones, ampliando las causales de inadmisión y expulsión y endureciendo otras dimensiones de la política migratoria. Estas medidas consolidan una ruptura deliberada con el enfoque de derechos humanos que había caracterizado a la política migratoria argentina, destacada internacionalmente por reconocer a la migración como un derecho humano y garantizar derechos fundamentales independientemente de la situación documental.

La investigadora argentina Ana Paula Penchaszadeh, experta en la temática, caracteriza este proceso como un “giro restrictivo migratorio radical” que excede el endurecimiento de las condiciones de ingreso y permanencia y alcanza al acceso a derechos fundamentales. Este giro es además profundamente aporofóbico al analizar otras decisiones del gobierno, en las que esta lógica alcanza niveles particularmente descarados. Mientras la reforma habilitó el cobro de prestaciones de salud y de educación universitaria a personas extranjeras sin residencia permanente; se impulsó un régimen que permitía obtener la ciudadanía mediante una “inversión relevante”. Esto encontró, como corresponde en un sistema democrático, un freno en la Justicia.

Ningún giro de esta magnitud puede analizarse de manera aislada. El caso argentino se inscribe en una tendencia global de avance autoritario y acelerados retrocesos en derechos, que encuentra en la política antimigratoria uno de sus frentes más visibles. Estados Unidos es una referencia central de esta tendencia, atravesada por un nacionalismo exacerbado y por discursos que, apoyados en desinformación, presentan a las personas migrantes como una amenaza. A ese declive discursivo ha seguido la revocación de visas y de residencia legal, por expresiones vertidas en redes sociales y protestas públicas, e incorporando la revisión de perfiles digitales como parte del trámite migratorio. A la par de la misoginia, el racismo y el nacionalismo constituyen puntos de convergencia entre estos proyectos políticos antiderechos; cuya alineación se expresa en la adopción de políticas similares de exclusión y restricción de derechos, así como en la expansión de mecanismos de control y el uso de tecnologías de vigilancia.

¿Restricciones ilegales a la expresión?

El problema está también en la amplitud de las categorías que introduce el decreto. No queda claro qué expresiones pueden llegar a ser consideradas un “mensaje de odio” o un “ultraje”, ni bajo qué criterios se determinará que una persona incurrió en alguna de estas conductas.

El propio decreto parece anticiparse a la objeción, agregando en las modificaciones a la Ley de Migraciones que «en ningún caso» se encuadran la nueva causal las expresiones de disenso ideológico o de crítica política, académica o ciudadana que constituyan un ejercicio legítimo de derechos constitucionales, a fin de mantener constitucionalidad. Pero esa salvedad no resuelve el problema: no tiene precisión alguna, no define qué es un “legítimo ejercicio” de derechos constitucionales ni da criterios para distinguirlo de un mensaje de odio, y termina dejando esa determinación no a un tribunal, sino a la autoridad migratoria.

Esta falta de precisión resulta particularmente relevante a la luz de los estándares que rigen las restricciones de libertad de expresión. Mientras que la libertad de opinión es absoluta, el derecho internacional de los derechos humanos reconoce que la libertad de expresión pueda estar sujeta a restricciones para perseguir fines legítimos, siempre y cuando estas sean legales, necesarias y proporcionales. Estas restricciones además solo pueden imponerse dentro del marco de los principios democráticos básicos y deben estar acompañadas de garantías de transparencia, supervisión y acceso a la justicia.

En ese punto, es importante advertir que no toda expresión ofensiva o estigmatizante constituye discurso de odio susceptible de ser prohibido. El sistema interamericano ha sido claro al vincular la ilegalidad con la incitación a la violencia contra una persona o grupos de personas en razón de características protegidas. Es decir, lo que la Convención habilita a prohibir es la apología del odio que constituya incitación a la violencia contra personas o grupos por características protegidas, no la ofensa a un Estado ni a sus emblemas.

Estas preocupaciones sustentan una reciente acción judicial contra el decreto. Los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro presentaron un amparo dirigido específicamente contra el nuevo inciso y solicitaron suspender su aplicación. En la presentación advierten sobre la amplitud e imprecisión de las causales y sus efectos sobre la libertad de expresión, la legalidad, la igualdad, el debido proceso y la reunificación familiar. Cuestionan además la vía utilizada: sostienen que el Congreso se encontraba en funcionamiento y que no existían circunstancias excepcionales que justificaran modificar una ley mediante un decreto de necesidad y urgencia, como exige la Constitución.

Más allá de esta acción, en términos procedimentales; el DNU debería de ser sujeto a revisión del Congreso. La ley 26.122 establece el procedimiento que debe seguir el Congreso para revisar los DNU: la Comisión Bicameral debe expedirse sobre su validez o invalidez. Por tanto, Para que pierda vigencia por esta vía, debe ser rechazada por ambas Cámaras. Mientras eso no ocurra, continúa vigente.

El factor de la vigilancia

El contexto en el que surge el decreto agrega otra dimensión al problema. La supuesta campaña de “odio antiargentino” se manifestó principalmente en redes sociales. Si determinadas expresiones realizadas en estos espacios pueden tener consecuencias en el estatus migratorio, importa también considerar cómo podrían ser identificadas por el Estado y qué herramientas existen para monitorear este tipo de contenidos.

Si bien el decreto no crea un mecanismo de vigilancia digital ni menciona el ciberpatrullaje, no necesita hacerlo, pues Argentina ya viene ampliando sus capacidades de vigilancia mediante el monitoreo de redes sociales y fuentes abiertas. En 2024, la Resolución 428 legitimó el ciberpatrullaje, incluyendo la búsqueda y explotación de información en fuentes digitales abiertas y utilización de la inteligencia artificial. Un año después, el Estatuto de la Policía Federal Argentina habilitó tareas de prevención del delito, sin autorización judicial, en “espacios públicos digitales”, incluidas redes sociales, webs y fuentes abiertas.

La existencia de estas capacidades estatales profundiza los riesgos que ya plantea la vaguedad de las nuevas causales migratorias. El ciberpatrullaje no se limita necesariamente a observar publicaciones aisladas: puede involucrar la recopilación y el análisis sistemático de información disponible en línea, el perfilamiento de personas y grupos y la inferencia de información sobre sus vínculos, comportamientos o posiciones. Cuando la consecuencia posible es la expulsión del país, la pregunta sobre quién será observada, qué información será recopilada y con qué criterios se interpretarán sus expresiones adquiere una gravedad particular.

Derechos Digitales ha documentado la expansión regional del ciberpatrullaje así como sus efectos sobre privacidad y libertad de expresión. La vigilancia estatal, puede generar autocensura y un efecto inhibitorio sobre discursos críticos, incómodos o minoritarios que se encuentran protegidos. A ello se suma la posibilidad de recopilar y sistematizar no sólo publicaciones, sino también información personal, datos inferidos y vínculos con familiares, amistades u otras personas.

Las alertas no son nuevas en Argentina. Ya en 2020, la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión advirtieron que el ciberpatrullaje desplegado en Argentina y Colombia podía afectar libertades fundamentales. Posteriormente, la RELE señaló que estas prácticas pueden desarrollarse a partir de “criterios subjetivos en vez de parámetros objetivos, legítimos y transparentes”, y advirtió sobre los efectos del perfilamiento en línea sobre la libertad de expresión, la protesta social y la libertad de prensa. La advertencia resulta particularmente relevante frente a un decreto que deja sin definir con suficiente precisión qué expresiones serán consideradas “mensajes de odio” o “ultraje” y que tiene como consecuencia la permanencia, o no, en el país.

Mucho más que la expulsión

El alcance de una medida como esta no puede medirse únicamente por el número de personas que eventualmente sean o puedan ser expulsadas. Hay también una dimensión de “punitivismo simbólico”: la sanción no opera únicamente cuando efectivamente se aplica, sino a través del mensaje político que produce sobre quién puede permanecer en el país y bajo qué condiciones.

Sería un error, además, entender esta discusión como un asunto que concierne únicamente a las personas migrantes. La afectación de sus derechos es grave por sí misma y exige una respuesta de las instituciones encargadas de garantizarlos: de la Justicia, ante la que el decreto ya ha sido cuestionado, y del Congreso, que tiene la responsabilidad de ejercer el control que le corresponde. Pero también requiere una respuesta social más amplia.

Los procesos de erosión democrática no necesariamente restringen los derechos de toda la población al mismo tiempo. Pueden avanzar de manera segmentada, concentrando primero mayores niveles de control, vigilancia y discrecionalidad sobre determinados grupos. Por eso, defender la libertad de expresión y los derechos de las personas migrantes no es una causa que atañe únicamente a quienes migraron. Es una defensa de los límites que una democracia debe imponer al poder estatal, independientemente de sobre quién se ejerza. Los resguardos institucionales, en manos del Congreso y el Poder Judicial, son allí las piedras de tope al exceso en uno de los poderes del Estado.

Y, sobre todo, la defensa de los derechos de las personas migrantes debe involucrar a toda la sociedad. En un mundo cada vez más desigual, y frente a políticas que profundizan esas brechas, defender colectivamente los derechos es más necesario que nunca.

Cuando la vigilancia se vuelve parte del paisaje

Esta columna fue publicada originalmente en Global Voices

En América Latina, la vigilancia rara vez se presenta como lo que es. Suele instalarse bajo otras promesas: seguridad, eficiencia y orden. Y en ese proceso va colonizando espacios cada vez más cotidianos hasta que deja de parecernos extraña. Antes, una cámara de reconocimiento facial nos llamaba la atención, incluso nos hacía cuestionarla. Hoy se integra en el transporte público, en eventos masivos, en estadios de fútbol.

El avance de estas tecnologías no ocurre como una excepción ni como una medida temporal. Se instala de forma silenciosa y, muchas veces, sin debate público, sin transparencia y sin que las personas sepan realmente qué datos se están recopilando, quién los almacena o cómo podrían ser utilizados después. En el mejor de los casos, se esconde tras el consentimiento individual. En el peor caso, se asume que es lo que la población necesita.

Cantar también es un dato

En mayo de 2024, más de un millón y medio de personas se reunieron en Río de Janeiro en la playa Copacabana para el concierto gratuito de Madonna. Era una noche de celebración, pero también de vigilancia a gran escala, donde miles de agentes, drones y cámaras de reconocimiento facial fueron desplegados bajo el argumento de garantizar la seguridad. Desde Derechos Digitales documentamos lo que había ocurrido y lo incorporamos a un informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

Acá la vigilancia no se limitó al espacio físico. Según reportó la prensa brasileña, la Policía Militar de Río de Janeiro intensificó también el monitoreo de redes sociales como parte de la estrategia desplegada para el evento. El llamado ciberpatrullaje se realizó sin un marco jurídico claro que estableciera límites, controles o mecanismos de supervisión específicos. La multitud no solo era observada por cámaras en la playa, sino que también era seguida en sus publicaciones, comentarios e interacciones digitales.

El problema no es una tecnología aislada, sino cómo empiezan a combinarse entre sí. Cámaras, reconocimiento facial, drones y monitoreo de redes sociales terminan operando como parte de un mismo sistema de vigilancia total sobre el espacio público. Y esa lógica no afecta a todas las personas por igual. En ciudades como Río de Janeiro, organizaciones de la sociedad civil han advertido durante años que estos sistemas tienden a reforzar procesos de criminalización sobre poblaciones empobrecidas y afrodescendientes, además de generar un efecto inhibidor sobre quienes simplemente quieren participar de la vida pública, protestar o asistir a un evento cultural sin sentirse observados permanentemente.

Un año después, cuando Lady Gaga anunció un concierto gratuito en el mismo lugar, el escenario era casi idéntico. Desde Derechos Digitales decidimos actuar antes de que empezara: publicamos una alerta un día antes del show, advirtiendo que lo que habíamos documentado iba a repetirse. Y así fue. Dieciocho puntos de control con reconocimiento facial en las calles que conducen a la playa, un cinturón de vigilancia biométrica cubriendo toda la zona costera, cerca de dos millones de personas potencialmente escaneadas. Para el show de Shakira de este año el escenario de vigilancia también fue casi idéntico, donde utilizaron miles de agentes, drones y cámaras de reconocimiento facial conectadas al centro de comando de la ciudad para gestionar la multitud.

La ciudadanía iba a cantar, bailar y ser parte de una multitud y terminó formando parte de un proceso de recolección masiva de datos biométricos. Nadie firmó un formulario de consentimiento antes de entrar. Nadie eligió participar en ese sistema. Simplemente estaban ahí, celebrando, y eso fue suficiente para que sus rostros quedaran registrados en una base de datos cuyo destino, uso y tiempo de almacenamiento nadie explicó con claridad.

Moverse por la ciudad dejó de ser anónimo

En Chile, durante el 2025 el Ministerio de Transportes anunció un piloto para incorporar reconocimiento facial como forma de pago en el transporte público. La medida fue presentada como una mejora en la experiencia de usuario y limitada a quienes se inscribieran voluntariamente. Pero implicaba algo más profundo: la posibilidad de vincular de forma permanente la identidad biométrica de cada persona con sus desplazamientos diarios. Tomar el metro, el bus, ir al trabajo, volver a casa, todo eso dejaría de ser un acto anónimo para convertirse en una secuencia de datos registrables, analizables y potencialmente reutilizables.

Por quién y para qué, nadie lo explicó. La reforma a la ley de protección de datos personales de Chile había sido aprobada meses antes, pero no entrará en vigor sino hasta fines del 2026. No existe todavía una autoridad con capacidad real de fiscalizar. Sin transparencia, sin límites sobre retención de datos, sin garantías de consentimiento, subirse al sistema de locomoción colectiva podía convertirse así en un acto de entrega biométrica. No necesariamente porque exista una intención explícita de vigilancia, sino porque el sistema fue diseñado sin considerar sus impactos.

Desde Derechos Digitales advertimos sus riesgos, llamamos a frenar la iniciativa y dejamos en evidencia lo fácil que estas tecnologías logran instalarse en la discusión pública, como si fueran inevitables. Esa percepción tampoco surge sola: es el resultado de una narrativa deliberada que presenta la vigilancia como progreso y el cuestionamiento de la vigilancia como obstáculo al progreso.

Entrar a la cancha tiene un precio que nadie eligió pagar

En Brasil, esta misma lógica llegó a otro espacio. En varios clubes de fútbol, el reconocimiento facial se volvió obligatorio para ingresar en días de partido con capacidad de 20 mil personas o más. Millones de personas entregan sus datos biométricos como condición para participar en uno de los rituales más arraigados de la región. No como una opción, sino como un requisito. El argumento es, de nuevo, la seguridad: controlar la violencia, identificar a personas que representan un riesgo, garantizar el orden en espacios que históricamente han sido escenario de incidentes graves.

Pero en la práctica esto implica la creación de bases de datos masivas, muchas veces gestionadas por terceros, con escasa transparencia sobre su uso, almacenamiento o destino. La Autoridad Nacional de Protección de Datos de Brasil (ANPD) abrió una fiscalización a 23 clubes tras detectar irregularidades.

Y hay errores. Personas detenidas por identificaciones incorrectas, muchas veces afectando de manera desproporcionada a personas negras. No son fallas técnicas menores que el sistema irá corrigiendo con el tiempo. Son el síntoma de algo más profundo: algoritmos entrenados con datos sesgados que reproducen y amplifican desigualdades históricas, con consecuencias reales sobre personas reales. La narrativa de seguridad que justifica estos sistemas rara vez menciona ese costo.

Una infraestructura que nadie votó

Lo que estos tres ejemplos revelan, juntos, no son tecnologías aisladas, sino sistemas que empiezan a conectarse entre sí: reconocimiento facial, bases de datos biométricos, monitoreo automatizado y empresas privadas que participan en la expansión y administración de estas tecnologías a gran escala. Una infraestructura que avanza más rápido que cualquier marco regulatorio capaz de contenerla, y que recae de manera desproporcionada sobre quienes tienen menor capacidad de resistirla o cuestionarla.

La vigilancia registra lo que hacemos y, además, incide en cómo lo hacemos. Puede hacer que una persona dude antes de asistir a una protesta, que evite ciertos lugares, que modifique cómo se mueve o se relaciona con otros. Ese efecto no siempre es visible ni medible, pero es sostenido. Y con el tiempo cambia algo en la textura de la vida pública, en la sensación de que los espacios compartidos no son realmente nuestros.

Qué se puede hacer

Cuando estos sistemas empiezan a operar sin transparencia, sin límites claros y sin supervisión efectiva, el debate público llega tarde. Desde Derechos Digitales hemos dicho muchas veces que tecnologías como el reconocimiento facial son una de las tecnologías más intrusivas que existen y que, lejos de protegernos, vulneran nuestros derechos fundamentales.

Para quienes vivimos en estas ciudades, la primera forma de resistencia es no asumir que esto es inevitable. Preguntar qué tecnologías se usan en los espacios que habitamos. Exigir que los sistemas que capturan nuestros datos sean explicados, auditados y limitados. Apoyar a las organizaciones que documentan estos procesos y los llevan al debate público. Y cuando el próximo concierto masivo, el próximo piloto de transporte público o el próximo partido anuncie nuevas tecnologías de seguridad, hacer la pregunta que casi nunca aparece en la cobertura mediática: ¿quién decidió esto, cuándo y por qué nadie nos consultó?

La vigilancia se vuelve parte del paisaje porque dejamos de hacernos esas preguntas. La buena noticia es que cuando volvemos a hacerlas, el paisaje puede empezar a cambiar.

Palantir: La piedra vidente que amenaza la soberanía de América Latina

Durante el último tiempo, Palantir se empezó a escuchar más fuerte en nuestra región. Su nombre está inspirado en las piedras palantíri, presentes en “El Señor de los Anillos”, que permitían ver aquello que sucedía en otros reinos. Los orígenes se remontan al año 2004, cuando la empresa fue creada en medio de la paranoia tras los ataques del 11 de septiembre de 2001. Su objetivo era analizar datos de distintas fuentes para generar inteligencia que permita identificar posibles atentados terroristas antes de que sucedan, mediante el cruce de información de distintas fuentes de datos.

Desde sus inicios, Palantir fue cercana al gobierno de EE. UU. y sus agencias de inteligencia. Uno de sus primeros financistas fue In-Q-Tel, fondo creado por la CIA para el desarrollo de tecnología de seguridad, que aportó dos millones de dólares para la compañía. El FBI, ICE y la NSA son algunos de los organismos norteamericanos más importantes que vienen siendo clientes de la compañía. En el caso de la NSA, Palantir ayudó a mejorar el sistema secreto de análisis de información XKEYSCORE, conocido públicamente gracias a las revelaciones de Snowden.

Palantir también fue utilizada por ICE como herramienta para deportar migrantes como lo documentamos recientemente en una columna. La herramienta ELITE es un sistema que funciona como un “Google Maps de personas deportables”: muestra en un mapa la ubicación probable de cada objetivo con una puntuación de probabilidad para deportación. Esta puntuación se calcula cruzando datos como direcciones en Medicaid, registros de GPS y capturas de cámaras de videovigilancia. Además, genera expedientes automáticos con antecedentes penales y órdenes judiciales. En 2025, el ICE invirtió USD 30 millones para expandir ELITE y crear ImmigrationOS, una plataforma que rastrea a las personas desde su entrada al país hasta su deportación, en tiempo real. El sistema reduce a las personas a casos con fechas estimadas de salida, sin posibilidad de réplica o defensa.

Como si fuera poco, esta compañía también viene teniendo una participación importante en escenarios de guerras. Entre sus productos se encuentran Gotham y Maven. Maven permite tomar decisiones con la ayuda de inteligencia artificial para definir blancos en una guerra de manera rápida y precisa. Se sabe que fue utilizado en el conflicto bélico de Medio Oriente y ayudó a identificar objetivos en el primer día de ataque de EE. UU. a Irán. Dentro de los posibles objetivos estuvo una escuela donde murieron 168 personas que incluyen a 110 niños y niñas. Un error en un sistema informático de banca puede dejar a gente sin dinero, un error en un sistema para la guerra puede terminar con la vida de personas civiles.

¿Quién está detrás de Palantir?

Vale la pena preguntarse quién está detrás de esta empresa, y quién se beneficia de un mercado tan expandido para sus capacidades. Dos de sus fundadores son personajes polémicos que también forman parte de las noticias del último tiempo en nuestra región: Peter Thiel y Alex Karp. El primero es presidente de la junta directiva de Palantir y el segundo es su CEO.

Peter Thiel es uno de los fundadores de Paypal junto a figuras como Elon Musk. En el año 2002 la empresa fue vendida a Ebay por USD 1500 millones, y con estos recursos empezó a financiar startups tecnológicos como LinkedIn y Yelp, entre otros. Thiel fue uno de los primeros inversores de Facebook y Mark Zuckerberg lo consideró su mentor.

Más allá de ser un empresario exitoso, también tiene posiciones políticas controvertidas. El Washington Post accedió a audios filtrados de un seminario que Thiel dictó en San Francisco titulado “El Anticristo: Una serie de conferencias en cuatro partes”, entre septiembre y octubre de 2025. Las charlas fueron organizadas por ACTS 17 Collective, una organización dedicada a predicar el cristianismo dentro de la industria de la tecnología. En sus charlas, Thiel afirma que el Anticristo aparecerá en forma de gente que se oponga al avance de la tecnología o defienda al medio ambiente. Llegó a mencionar a Greta Thunberg, defensora ambientalista, y a Eliezer Yudkowsky, investigador sobre IA y seguridad, como posibles personificaciones del Anticristo.

En 2009, Thiel publicó el ensayo “La Educación de un Libertario”, en el que argumenta que la libertad individual y la democracia son incompatibles, ya que esta última tiende a limitar derechos a través de la voluntad de la mayoría. Propone que los libertarios prioricen la innovación tecnológica y el mercado sobre la política tradicional, que considera ineficiente. Señala que la expansión del voto femenino y el Estado de bienestar en el siglo XX contribuyeron al crecimiento de formas de gobierno que erosionaron la autonomía individual. Destacó a Facebook como ejemplo de cómo la tecnología puede crear nuevas comunidades y formas de disidencia más allá de los Estados-Nación. Adicionalmente, en el ensayo afirma que el ciberespacio, las colonias marinas flotantes o el espacio exterior son lugares donde se podría recuperar la libertad individual sin depender de la política democrática.

Por otro lado está Karp, que en 2025 publicó el libro “La república tecnológica: Poder duro, pensamiento débil y el futuro de Occidente ” junto a su compañero de Palantir Nicholas W. Zamiska. En abril de 2026 la cuenta de Palantir en X publicó un manifiesto de 22 puntos que resume el contenido del libro. Un análisis de este manifiesto podría ocupar una columna completa, pero se destacan algunos puntos: el uso del software como herramientas para la guerra y la supremacía de los EE. UU. sobre otros países; el deber de apoyo de las empresas de tecnología al ejército norteamericano (“si el Ejército necesita un rifle, debemos crear el mejor”); la visión positiva del uso de armas potenciadas por IA para la guerra, entre otros.

Pero Karp no es polémico solamente por este libro y el manifiesto. En una entrevista con CNBC afirmó: “A mis amigos en la comunidad tecnológica: nadie en el mundo nos toleraría a nosotros y todo lo que hacemos si América [Estados Unidos] no tuviera el ejército más poderoso del mundo. Por lo tanto, apoyar al ejército no es solo una opción, es una obligación para aquellos que se benefician de nuestro sistema.” En una junta con financistas sostuvo: “Palantir está aquí para perturbar y hacer que las instituciones con las que trabajamos sean las mejores del mundo. Y, cuando sea necesario, asustar a nuestros enemigos y, en ocasiones, matarlos.”

Su expansión en América Latina

En enero de 2025, el presidente de Ecuador anunció su plan de transformación digital con la colaboración de empresas como Google, Healthbird y Palantir. En mayo de ese año, el gobierno formalizó la colaboración con Palantir para combatir el fraude aduanero. En ese momento, el presidente expresó: “La seguridad no se defiende solo con fuerza, también se defiende con inteligencia y el desarrollo de nuevas tecnologías”.

Karp y Noboa se reunieron en el foro de Davos en enero de 2026 donde anunciaron que la empresa abrirá oficinas en Ecuador, las primeras en América Latina. La colaboración con el gobierno ahora se extiende al combate a la minería y pesca ilegal y a la prevención de fraudes en préstamos del sector público. Si bien es pública la colaboración entre el gobierno y Palantir, no se conoce el contenido de los contratos que formalizan las mismas.

El pasado abril, Peter Thiel llegó a Argentina, donde compró una mansión histórica en el exclusivo barrio de Palermo Chico por aproximadamente USD 12 millones. Al momento de redactar esta columna, Thiel sigue en el país. Durante la visita se reunió a puerta cerrada con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y con otros integrantes del gabinete, entre los que se incluye a Santiago Caputo, quien conserva el control de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Thiel hizo de Buenos Aires su centro de operaciones para el Cono Sur. El 13 de mayo viajó a Asunción donde se reunió con el presidente de Paraguay Santiago Peña. También viajó a Santiago de Chile a fines de abril y principios de mayo, donde sostuvo encuentros con figuras libertarias y neoliberales como Johannes Kaiser y José Piñera.

No se sabe cuánto Thiel viene hablando de Palantir y el uso de sus herramientas en los Estados del Cono Sur, sus intereses van más allá y está entusiasmado en invertir en actividades como minería y energía. Se especula que Thiel encuentra en la Argentina de Milei ese lugar donde pueda crear su “utopía” tecnológica, sin la necesidad de viajar al espacio o fundar colonias marinas.

La soberanía digital latinoamericana en riesgo

Palantir es una de las empresas con capacidad de análisis de datos e inteligencia artificial más poderosas del mundo. Sin controles democráticos, institucionales y técnicos adecuados, tanto sobre los gobiernos como sobre la propia empresa, existe el riesgo de que esta tecnología se convierta en una herramienta de vigilancia masiva que derive en regímenes autoritarios. Cabe preguntarse ¿qué habrían hecho dictadores como Videla o Pinochet con una capacidad de vigilancia y análisis predictivo como la que ofrece Palantir hoy?

En este contexto, preocupa que el gobierno de Ecuador haya aprobado una Ley Orgánica de Inteligencia en 2025, varios de cuyos artículos clave fueron suspendidos provisionalmente por la Corte Constitucional por posibles inconstitucionalidades. De igual forma y preocupante, Argentina modificó recientemente, vía decreto, su Ley de Inteligencia, ampliando los poderes de la SIDE.

Que los Estados de América Latina adopten nuevas tecnologías de vigilancia masiva es alarmante, sobre todo si recordamos las sangrientas dictaduras que vivió nuestra región. Hacerlo de la mano de una empresa como Palantir, con esta visión del mundo de sus fundadores, implica un riesgo adicional: que los países terminen siendo vigilados directamente por la empresa, perdiendo así su soberanía. Volviendo a Tolkien, Palantir actuaría como la “Piedra de Osgiliath”, la piedra palantíri que era capaz de espiar a las demás.

En “La República Tecnológica”, Alex Karp enfatiza en la importancia de defender los valores de Occidente mediante el ejercicio de la fuerza y la superioridad tecnológica y militar, con EE. UU. a la cabeza. Para Karp, Palantir y las empresas de tecnología son herramientas de poder que permiten fortalecer la supremacía norteamericana sobre otros países. Esperemos que nuestros gobiernos respeten la autodeterminación de sus pueblos y no sigan entregando nuestra soberanía para profundizar, cada vez más, la famosa idea del patio trasero de EE. UU.

LinkedIn y privacidad: nuevos métodos invisibles de perfilamiento detrás de las huellas digitales

¿Quién define hoy el límite entre lo público y lo privado? Atravesamos una era en la que los modelos de Inteligencia Artificial demandan enormes volúmenes de datos para ser alimentados, mientras los anunciantes y publicistas afinan su puntería hacia públicos específicos, y las plataformas perfilan a millones de personas, categorizándolas según sus preferencias, comportamientos y deseos. En ese marco, la carrera de las grandes empresas de tecnología se centra en desarrollar mejores algoritmos que sean capaces de conectar datos y estructurar toda esa información.

A esta maratón se sumó LinkedIn, la red profesional por excelencia que, más allá de conectar reclutadores y estudiantes, se convirtió en un repositorio masivo de hojas de vida recopilando desde estudios y experiencia laboral hasta aspiraciones y características ideológicas.

BrowserGate, experto en perfilamiento silencioso

Lo que parece un intercambio controlado de publicaciones y una personalización voluntaria de perfiles adquiere una dimensión alarmante cuando a la conversación se suma BrowserGate. Esta herramienta de LinkedIn analiza el navegador de las personas usuarias cada vez que visitan el sitio mediante un fragmento de código (script) capaz de detectar más de seis mil extensiones de Chrome instaladas y recolectar características específicas de los dispositivos desde donde las personas usuarias se conectan. Esta práctica sitúa en el centro del debate la preocupante precisión del fingerprinting (huella digital única), una técnica que permite identificar a un usuario sin necesidad de archivos de rastreo tradicionales.

El proyecto evolucionó drásticamente: de identificar 38 extensiones en 2017 a monitorear miles en la actualidad. Su modus operandi consta de tres fases consecutivas. Primero, intenta contactar una extensión de forma directa vía API, es decir manda un mensaje directo a la extensión esperando una respuesta. Luego, solicita archivos internos de configuración o rastros de uso del plugin mediante peticiones técnicas específicas. Por último, escanea la página de la extensión (DOM – Document Object Model) examinando cuidadosamente en busca de huellas que cada interacción de la persona usuaria deja en los complementos, permitiendo inferir información sumamente detallada.

¿Cuál es la preocupación si se puede usar navegación incógnita?

La importancia de hablar al respecto radica en que no se trata de cookies ni de consentimiento, sino de una identificación basada en extensiones y hardware alimentando el poder de inferencia de la plataforma. Además, esto implica la posible exposición de datos sensibles -como creencias, ideologías, neurodivergencias o condiciones de salud- sin que la persona los haya declarado en su perfil, basándose únicamente en los complementos instalados. Este procedimiento vulnera el principio de la protección de datos, sumado a preocupantes antecedentes ya conocidos como la venta de datos por parte de las plataformas y a través de ellas, como lo demostramos recientemente en un informe de Derechos Digitales respecto al mercado ilegal de datos personales en Telegram. Y como en toda red, esto transciende a la información personal hasta llegar a otros nodos con los que se haya relacionado, como una empleadora o una colega de trabajo o universidad.

Mientras LinkedIn argumenta una latente preocupación por evitar el web scraping (técnica que se utilizada para extraer información de sitios web de manera automatizada), proteger los datos de sus personas usuarias y mantener la estabilidad de la plataforma, lo cierto es que abre la puerta a una vigilancia masiva, opaca y difícil de eludir. Y esto no es todo, la empresa tendría la capacidad de detectar herramientas rivales como Apollo, ZoomInfo o Lusha, facilitando la identificación de empleados y empleadores, y planteando una sospecha: no sólo estaría recogiendo datos personales sino también estableciendo inteligencias comerciales y redes de conocimiento sobre organizaciones.

La infraestructura que propone más protección se convierte así en un método de extracción masiva de datos sensibles. Las herramientas de rastreo digital (tracking) no se declaran en su política de privacidad ni en las condiciones de uso. De lo que hablamos es de fragmentos de código incrustados en las aplicaciones para capturar datos y contribuir al perfilamiento, operando desde una lógica que las personas usuarias sin conocimientos técnicos no pueden detectar.

Implicaciones legales de la violación de privacidad

El hecho de que LinkedIn, de forma deliberada y planificada, escanee secretamente los navegadores web podría exponer a la plataforma y su matriz, Microsoft, a consecuencias legales y financieras alrededor del mundo. Si se considera el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR), su artículo 9 (“Tratamiento de categorías especiales de datos personales”) lista los datos considerados sensibles y que pueden llegar a inferirse en base al comportamiento digital. Además, en el artículo 83 (“Condiciones generales para la imposición de multas administrativas”) se establece que la multa para empresas equivale al 4% como máximo del volumen de negocio total anual global. En el caso de la creadora de Windows, su ingreso anual al 2025 fue de $281.700 billones, lo que supone una posible multa de $11.286 billones.

A esto se suma la falta de transparencia con las personas usuarias ya que esta práctica no se explicita en la política de privacidad de la plataforma. En términos legales, esto viola el principio de consentimiento informado y las obligaciones de transparencia que el GDPR estipula en sus artículos 13 y 14. Esto aprovecha el desconocimiento de millones de usuarios, quienes no son plenamente conscientes del alcance que tiene sobre su privacidad, su vida laboral y personal.

Indistintamente de si alguna de estas interpretaciones será confirmada o no por parte de las cortes, el caso pone de manifiesto algo mucho más estructural: las leyes digitales actuales fueron pensadas en una internet de cookies visibles y de formularios de consentimiento más o menos sencillos. La técnica de fingerprinting contemporánea opera ya en otra escala. Lo hace de forma silenciosa, distribuida y en una lógica sumamente técnica, difícil de ser identificada por las personas usuarias, aún cuando eligieran no aceptar cookies o navegar en modo incógnito.

La investigación académica sobre el tracking post-cookie ya daba cuenta de que la industria tecnológica se había embarcado en un tránsito hacia mecanismos de tracking más persistentes y difíciles de detectar. Ahora, BrowserGate parece corroborarlo. En regiones como América Latina, donde la fragmentación normativa es la regla y cada país tiene su propia ley de protección de datos, el desafío de enfrenar estas técnicas de rastreo post-cookie parece aún mayor.

Medidas para reducir el impacto

Ante este escenario, las medidas de protección más efectivas se basan en prácticas diarias y persistentes, que pueden requerir más tiempo pero también brindar mayor tranquilidad: revisar las extensiones del navegador instaladas. Cada extensión que se añade no sólo amplía la superficie de ataque que puede experimentar vulnerabilidades o localizaciones, sino que, además, incrementa la noción de singularidad de la persona usuaria dentro de los sistemas de fingerprinting.

La mayoría de las personas mantienen extensiones que ya no utilizan, incluso cuentan con extensiones duplicadas y añaden otras sin necesidad, al tiempo que ignoran que cada extensión puede convertirse en una señal identificatoria. Lo recomendable es reducir al mínimo el número de extensiones, eliminar aquellas que ya no tienen mantenimiento y revisar periódicamente los permisos que tienen como una práctica de higiene digital básica.

Por la misma razón, hacer perfiles de navegación segmentados –diferenciados entre laboral, para ocio y para actividad en redes sociales- ayuda a que las diferentes plataformas no lleguen a unir y construir un único perfil que derive del cruce de hábitos, herramientas y comportamientos. Además, utilizar navegadores de privacidad, como Mozilla Firefox, nos brinda mecanismos de resguardo frente a técnicas de fingerprinting y de tracking más sofisticadas. Y a esto hay que añadir el uso de bloqueadores más avanzados, como uBlock Origin, que permiten restringir scripts de tracking invisibles que funcionan en segundo plano.

Ninguna de estas herramientas garantiza un completo anonimato, pero sí pueden limitar en buena medida las capacidades de las plataformas para crear perfiles persistentes y exhaustivos. La clave está en ser concientes que la privacidad no solo consiste en “no compartir demasiados datos”, sino también en la forma de controlar cuántas señales técnicas dejamos expuestas cada vez que abrimos el navegador. Con más información y estrategias de protección, podremos mejorar nuestra seguridad digital y seguir utilizando internet con mayor autonomía y privacidad.

Nuevas tecnologías, nuevas reglas: Narrativas y sociedad civil en la era de la IA y los algoritmos

En este documento se exploran las narrativas que hoy dominan las conversaciones sobre inteligencia artificial y cómo estas influyen en políticas públicas, imaginarios sociales y decisiones tecnológicas. Frente a discursos que presentan la IA como algo inevitable, distintas experiencias muestran la importancia de construir relatos más críticos, humanos y centrados en derechos.

Derechos Digitales participó con un caso de estudio sobre storytelling y vigilancia en América Latina. A través de nuestras campañas, la organización ha trabajado para transformar la manera en que las personas entienden la vigilancia digital, no como un problema abstracto o lejano, sino como algo presente en la vida cotidiana, con impactos concretos sobre derechos, libertades y democracia.

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Las tecnologías del ICE y el perverso sistema automatizado de persecución a migrantes latinos

La administración Trump ha convertido al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) en una agencia de vigilancia masiva. Con un presupuesto que supera los USD 28.000 millones en 2025 (el triple que el año anterior), la agencia ha tejido una red que cruza bases de datos gubernamentales, compra información de empresas y despliega tecnología en las calles.

Un migrante mexicano lo descubrió cuando el ICE rastreó las transferencias de remesas que enviaba a su familia en México, identificó su dirección en Hawái y lo arrestó, pese a no tener antecedentes criminales. En Chicago, una mujer colombiana fue detenida en lo que parecía una parada de tráfico rutinaria: su vehículo había sido marcado con anticipación, cruzando registros estatales con bases de datos federales. Otro migrante mexicano, que vendía flores en una ciudad de Los Ángeles, estuvo semanas detenido porque el ICE lo confundió con un sospechoso de nombre similar, pese a tener documentos que probaban su inocencia. Tres casos, tres tecnologías distintas, un mismo sistema.

La agencia lleva años construyendo este ecosistema de vigilancia, una arquitectura de datos originalmente creada tras el 11 de septiembre para “combatir terroristas”, ahora redirigida hacia comunidades migrantes que trabajan y sostienen la economía del país. Un embudo que comienza con datos que las personas mismas generan (remesas, registros vehiculares, ubicaciones de celular), pasa por el cruce con bases de datos gubernamentales y comerciales, y termina en una operación de calle donde un agente ICE con un teléfono decide el destino de alguien en segundos. Un sistema que, en ese proceso, no distingue entre quien tiene una orden de deportación y quien simplemente existe en sus bases de datos.

Etapa 1: la maquinaria de recolección masiva de datos

El punto de partida del sistema son los datos. ICE no recolecta la mayoría de la información por sí misma: la compra. Cada vez que alguien paga una factura de luz, manda una remesa, saca una licencia de conducir o publica algo en redes sociales, esa información puede terminar en manos de la agencia. Empresas como Thomson Reuters y LexisNexis reúnen datos de múltiples fuentes sobre una misma persona (historiales de crédito, direcciones, números de teléfono, registros vehiculares, vínculos familiares) y se los venden al ICE. No hace falta una orden judicial, ya que la ley no lo exige cuando los datos los vende una empresa privada, y esa es exactamente la puerta de entrada del ICE.

El celular también delata. Aplicaciones que millones de personas utilizan a diario registran su ubicación constantemente, y empresas como Venntel o PenLink capturan y revenden al gobierno esos registros de movimientos a través de GPS. Y en la calle, la red Flock Safety opera 100.000 cámaras en 49 estados que leen 20.000 millones de matrículas de automóviles al mes.

A eso se suman los datos biométricos. La foto de la licencia de conducir queda en bases de datos estatales a las que el ICE tiene acceso. Clearview AI fue más lejos: extrajo imágenes de redes sociales y sitios de noticias hasta acumular más de 50.000 millones de rostros, y el ICE firmó un contrato para aprovechar esa base. Por último, lo que el propio Estado ya sabía también está disponible, como por ejemplo declaraciones de impuestos, registros médicos de Medicaid y datos del Seguro Social. En 2025, un juez federal determinó que el IRS, la autoridad tributaria norteamericana, infringió la ley aproximadamente 42.000 veces al compartir datos de contribuyentes con el ICE.

Etapa 2: la inteligencia artificial convierte datos en objetivos

La información recolectada en la primera etapa no es suficiente. El sistema necesita convertirla en personas localizables, y para eso existen empresas como Palantir. Fundada con capital de la CIA, esta compañía tecnológica mantiene contratos con el ICE desde 201 1. Su plataforma cruza todas las fuentes de información de la etapa anterior y construye un perfil con ubicación probable. No es una búsqueda manual, es un modelo de IA que procesa miles de variables para determinar dónde podría estar alguien ahora mismo.

La herramienta más reveladora que Palantir desarrolló para el ICE es ELITE. Funciona, según un agente que testificó bajo juramento ante un tribunal, como un “Google Maps de personas deportables”. Básicamente muestra en un mapa la ubicación posible de cada objetivo, con una puntuación de probabilidad. Para calcularla, cruza, por ejemplo, la dirección registrada en Medicaid con el último registro de GPS y la última vez que su placa fue captada por una cámara. Además, construye un expediente automático con antecedentes penales y órdenes judiciales. El sistema tiene restricciones internas sobre qué puede hacer y a quién puede marcar como objetivo. Sin embargo, en ciertos operativos que la agencia denomina “especiales”, aplican filtros distintos para identificar personas que en condiciones normales no calificarían como objetivo. Hasta ahora, el ICE no ha explicado públicamente cuándo ocurre esto ni quién lo autoriza.

En 2025, el organismo migratorio pagó USD 30 millones adicionales para expandir ese sistema y construir ImmigrationOS, una plataforma diseñada para rastrear a una persona desde que entra al país hasta que es deportada, con seguimiento en tiempo real. Una persona que entró al sistema como un dato termina aquí reducida a un caso con estado y fecha estimada de salida del país, sin haber sido escuchada ni haber podido refutar lo que el algoritmo decidió sobre ella.

Etapa 3: cualquier calle puede ser una zona de vigilancia

Con un objetivo identificado, el sistema pasa de los algoritmos a la calle. El agente llega con una aplicación llamada Mobile Fortify en su teléfono del gobierno, apunta a la cara de cualquier persona (no necesariamente la que buscaba), y en segundos coteja esa imagen con millones de fotografías recolectadas previamente en la Etapa 1. Vale aclarar que esas fotografías recolectadas fueron tomadas sin el aviso correspondiente: las personas no saben que algún día esos registros formarán parte de un sistema de identificación masiva. Si hay coincidencia, el sistema devuelve nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad y si existe una orden de deportación. Si la imagen facial no es suficiente, otra herramienta de BI2 Technologies repite el proceso con el iris del ojo. Todo esto ocurre en la calle, sin que la persona haya hecho nada, sin que lo sepa, y sin que ningún juez lo haya autorizado.

Lo más preocupante de Mobile Fortify es que fue desplegada mientras aún estaba en fase de prueba, sin evaluación de impacto sobre privacidad. Aún más, no cuenta con precisión. En un caso documentado ante un tribunal en Oregon, el sistema escaneó a la misma mujer dos veces y devolvió dos nombres diferentes. Aun así, el ICE trata sus resultados como prueba definitiva, por encima incluso de un acta de nacimiento.

Incluso hay herramientas que operan de forma aún más encubierta. Los simuladores celulares, conocidos también como IMSI Catchers, se disfrazan de torres de telefonía para forzar a los teléfonos cercanos a conectarse e identificar qué dispositivos están en un área. La agencia migratoria compró vehículos equipados con estos artefactos para desplegarlos de forma encubierta en vecindarios específicos. Para quienes están en proceso migratorio existe SmartLINK, una aplicación que el ICE obliga a instalar en el teléfono personal, que rastrea la ubicación y exige verificaciones periódicas mediante reconocimiento facial. Una migrante colombiana en California lo descubrió cuando la app le bloqueó un viaje a otro estado. Cuando preguntó, un oficial le dijo que ella no había hecho nada malo, era una decisión discrecional del organismo.

Cuando las personas migrantes están detenidas, sufren una mayor pérdida de privacidad. Dispositivos de las empresas Cellebrite y Magnet Forensics desbloquean y copian el contenido completo de un teléfono en minutos, como mensajes, fotos, historial de ubicación y contactos. De hecho, aplicaciones con cifrado, como WhatsApp, no pueden proteger la información en este orden. El cifrado impide que los mensajes sean interceptados mientras viajan por internet, pero una vez que el teléfono está desbloqueado en manos de un agente, ese cifrado es irrelevante. Las conversaciones de una persona detenida pueden convertirse en el punto de partida para rastrear a otras que nunca tuvieron contacto con el ICE.

Protegerse también es una forma de resistir

Entender cómo funciona este sistema ya es una forma de resistencia. Para quienes están migrando o piensan hacerlo, ese conocimiento puede marcar la diferencia desde el primer día. El celular es la fuente de datos más vulnerable. Utilizar Signal, en vez de WhatsApp, reduce significativamente el rastro: Signal no almacena metadatos ni comparte información con terceros. Revisar qué aplicaciones tienen acceso a la ubicación y revocar los permisos innecesarios limita lo que empresas pueden capturar y vender. En zonas con alta presencia del ICE, una bolsa Faraday bloquea todas las señales del teléfono móvil, impidiendo que los simuladores celulares lo detecten. Y en redes sociales, publicar ubicaciones o etiquetar lugares es entregar voluntariamente la información que el sistema pagaría por obtener.

Sin embargo, las medidas individuales tienen un límite, el sistema descrito no se puede desmontar con una app. La Electronic Frontier Foundation publica guías gratuitas y actualizadas sobre cómo proteger la privacidad digital en situaciones de riesgo, su sección Surveillance Self-Defense es un punto de partida concreto. Organizaciones como ACLU, National Immigration Law Center y Just Futures Law están litigando activamente en esa dirección. Difundir su trabajo y exigir a los representantes que tomen posición es también una forma de actuar.

¿La libertad de las personas depende de un algoritmo?

Lo que Edward Snowden reveló en 2013 sobre la vigilancia masiva de la NSA pareció, en su momento, el límite de lo imaginable. Hoy, el accionar del ICE lo supera ampliamente. A diferencia de los programas de Snowden, este sistema no opera en las sombras, tiene contratos públicos, nombres de empresas y cifras de inversión.

Este sistema perverso no termina en el momento de la detención. Las fotografías tomadas por Mobile Fortify se almacenan por 15 años; los contactos extraídos del teléfono de una persona detenida se convierten en nuevos sujetos de interés. Y detrás de cada etapa hay una empresa que factura. El Brennan Center lo llama un “complejo industrial de deportación”, empresas cuyos ingresos dependen directamente del desarrollo y crecimiento del sistema automatizado.

La IA comete errores, como cualquier sistema automatizado. Hay una diferencia fundamental entre una IA entrenada para recomendar películas y una entrenada con décadas de datos de agencias de seguridad estadounidenses para localizar personas y deportarlas. Cuando la primera se equivoca, ves una película que no te gusta. Cuando la segunda se equivoca, una persona inocente termina detenida semanas, como aquel migrante mexicano que trabajaba vendiendo flores. El problema no es solo el error, es que incluso cuando el sistema funciona como fue diseñado, una persona pierde su libertad por decisión de un algoritmo, sin que nadie la haya visto ni escuchado y sin que haya podido defenderse. La pregunta que ninguna agencia ha respondido es quién asume la responsabilidad por eso, y la respuesta, hasta ahora, brilla por su ausencia.

Palantir, Clearview, Thomson Reuters, LexisNexis, GEO Group: estas son solo algunas de las empresas que forman este ecosistema (hay decenas más que no se mencionaron). Lo que se describió en esta columna es sólo una fracción de esta arquitectura de vigilancia que sigue creciendo, contrato por contrato, dato por dato. En el aire queda una pregunta que, no debe abordarse desde un aspecto tecnológico, sino más bien desde la dimensión ético-política: ¿qué clase de sociedades se moldean cuando se construyen sistemas capaces de privar de la libertad a las personas en base a una puntuación y una fecha de deportación? ¿Quiénes son las primeras y principales víctimas de este sistema de expulsión automatizado?

La guerra por otros medios: control de software e infraestructura estratégica

La guerra que comenzaron Israel y EE. UU. contra Irán acapara la agenda mediática. Las pantallas se inundan constantemente de bombardeos mutuos e imágenes impactantes que parecen tomadas de un filme o de un videojuego. Sin embargo, hay elementos de este conflicto que no se llegan a ver tan fácilmente: existe otra arista de la guerra que tiene a la tecnología como protagonista.

La batalla también se libra a través de los medios de comunicación en las narrativas contradictorias entre un bando y otro. Ello complejiza la posibilidad de encontrar certezas en medio de un contexto bélico de estas características. Sin embargo, hay elementos que son plausibles de ser analizados como ciertos.

En varios medios circula la noticia sobre el trabajo de inteligencia que realizaron Israel y EE. UU. para lograr ejecutar al ayatolá Ali Khamenei. Entre las tareas de inteligencia, se dice que habrían intervenido cámaras de tráfico y de circuitos cerrados en algunas oficinas donde se desempeñaban los altos mandos militares de Irán. Con toda esa información les fue posible determinar la ubicación del ayatolá, e incluso conocer cuáles podían ser sus vías de evacuación.

Ante esta situación, y más allá de las particularidades del propio conflicto en Oriente Próximo, cabe preguntarse: ¿qué tan seguros son los sistemas tecnológicos de nuestros países? ¿La dependencia tecnológica es una brecha de seguridad para los Estados? ¿Existe alguna forma de minimizar este riesgo? Para reflexionar sobre estas preguntas iremos por partes.

Dependencia tecnológica

Es de público conocimiento que un gran porcentaje de Estados dependen tecnológicamente de un puñado de países que tienen la capacidad productiva para fabricar dispositivos electrónicos. Como venimos señalado en Derechos Digitales, América Latina no escapa a ese contexto. Es así como cada dispositivo tecnológico -en nuestras casas, lugares de trabajo y espacios públicos- fue diseñado y construido por empresas radicadas en el Norte Global y en algunas regiones de Asia.

Ahora bien, ¿son confiables en términos de seguridad los dispositivos que utilizamos? Y más aún: ¿hay posibilidades de que las instituciones de seguridad de los Estados donde están localizadas estas empresas hayan generado acuerdos con ellas para tener acceso a los dispositivos en caso de “ser necesario”?

En la historia reciente, existe suficiente evidencia y ejemplos como para suponer que los dispositivos electrónicos pueden ser intervenidos, tanto en situaciones de conflictos como también con el fin de desplegar vigilancia masiva. Conocido es el caso en que el ex analista de inteligencia de la CIA y la NSA, Edward Snowden, denunció en 2013 públicamente con documentos el funcionamiento de una vasta red de vigilancia global por parte de EE. UU. y países aliados, facilitada a partir de la colaboración con distintas empresas de tecnología.

Más recientemente, Israel se atribuyó en 2024 ataques simultáneos en Siria y el Líbano a través de equipos electrónicos que contaban con carga explosiva. Situación que originó gran preocupación en organizaciones internacionales de Derechos Humanos debido a lo indiscriminado de los ataques. También cabe recordar que, días atrás, se generó una polémica entre el Pentágono y Anthropic, la empresa detrás del motor de inteligencia artificial Claude. La discusión se centra en que el Pentágono solicita a la empresa quitar los límites éticos del motor para poder utilizarlo en vigilancia masiva y manejo autónomo de armas. La compañía se negó, e incluso demandó al Pentágono por exceder su autoridad y sus salvaguardas éticas, violando derechos básicos.

A primera vista, la guerra parece un tema lejano para la historia de los últimos años en América Latina. Sin embargo, las recientes operaciones militares estadounidenses en las inmediaciones de Cuba, o en Venezuela, por ejemplo, encienden las alarmas. En este convulsionado contexto, ¿es razonable pensar que en el corto o mediano plazo nuestra región se pueda ver involucrada en algún conflicto de mayor escala? Si ese fuera el escenario, ¿la dependencia tecnológica representaría una brecha de seguridad y soberanía para los países latinoamericanos? Si analizamos los antecedentes antes mencionados, la respuesta es que muy probablemente sí.

Minimización de la brecha

En la actual división global del trabajo, solo algunos países poseen la capacidad para diseñar y construir dispositivos electrónicos. Esta situación deja en desventaja al resto de los países del mundo que, en un futuro inmediato pero también en un período prolongado de tiempo, precisan invertir en tecnologías y capacidades humanas que no están dispuestos a pagar, o ni siquiera pueden afrontarlo.

Ahora bien, los equipos electrónicos se componen esencialmente de dos capas: la física y la lógica (hardware y software, respectivamente). Esta distinción cobra gran relevancia en el análisis que proponemos. Si bien no todos los Estados tienen la capacidad de construir la capa física, ¿qué sucede con la capa lógica?

La capa lógica, o software, es un programa computacional. Dentro de la gama de programas computacionales, nos referiremos a los que pertenecen a las categorías de “sistema operativo” o “firmware”. En ambos casos, se trata de programas de bajo nivel que interactúan directamente con el hardware (capa física). Para nombrar algunos ejemplos, podemos mencionar los sistemas operativos Windows, OSx y GNU/Linux, como así también aquellos que permiten el funcionamiento de teléfonos como iOS y Android.

De la misma forma ocurre con los sistemas de videovigilancia. Se componen de cámaras y de un sistema central que procesa y gestiona las grabaciones, llamado DVR (Digital Video Recorder) o NVR (Network Video Recorder) en función de la forma en que las cámaras se comunican: analógica o digital respectivamente. Dicho centro de procesamiento actúa como un ordenador especializado para esa tarea y, por tanto, posee un firmware o sistema operativo para su funcionamiento. Dentro de sus funciones están: configurar las cámaras, gestionar grabaciones y administrar el control de acceso.

Los sistemas de videovigilancia desactualizados pueden poseer vulnerabilidades, que ya son conocidas. A la vez, existe una gran cantidad de documentación pública sobre cómo explotar esas vulnerabilidades para acceder a los sistemas de videovigilancia, como por ejemplo el proyecto Shodan. Por lo tanto, si ya son conocidas las debilidades en sistemas desactualizados, es muy probable que empresas de seguridad ofensiva tengan herramientas para vulnerar la seguridad de estos dispositivos, tal como se afirma en el portal especializado Wired. De forma alternativa, existen una serie de proyectos de código abierto para administrar cámaras que cuentan con las ventajas ya mencionadas.

Por otra parte, otra característica de la capa lógica es que puede estar construida de forma cerrada o abierta. La forma cerrada (o software privativo) refiere a programas que desarrollan empresas para el manejo de equipos en el que la persona usuaria final no puede analizar, modificar o mejorar el código fuente. Generalmente, viene precargado en el dispositivo en forma de archivo ejecutable, el cual es ilegible. En la otra vereda, está la forma abierta (o software libre) vinculada a programas que, en muchos casos, son construidos de forma comunitaria, e incluso pueden contar con colaboración de empresas. Su característica es que es totalmente abierto, disponible para analizar, modificar y mejorar.

Ahora bien, volvamos al cuestionamiento de la dependencia tecnológica sobre qué hacer si un dispositivo viene diseñado, por ejemplo, con una puerta trasera. En el caso de que la capa lógica esté desarrollada sobre la concepción de software privativo, es muy difícil poder identificarla y actuar para modificar su comportamiento con el fin de suprimir dicha vulnerabilidad, pues no hay acceso al código. Por el contrario, en el caso del software libre sí tenemos la posibilidad de hacer auditorias independientes, así como suprimir funciones o alterar su comportamiento, lo que a simple vista otorga una gran ventaja.

Otra desventaja del software privativo es que necesita de pagos periódicos para su actualización. Por distintos motivos, las instituciones no mantienen las versiones más actualizadas lo que las deja con mayor propensión a ataques de vulnerabilidades conocidas, como es el caso de Guacamaya Leaks. En aquel episodio, un grupo de hackers intervino sistemas de varias instituciones militares en América Latina, aprovechando, principalmente, estas debilidades de sus desactualizados sistemas de software pago.

Software libre y seguridad nacional

Con la proliferación de los sistemas digitales de comunicación y, más aún, con el Internet de las cosas (IoT), donde muchos dispositivos cotidianos están conectados entre sí, es sumamente importante analizar qué rol puede jugar la dependencia tecnológica en escenarios de conflicto, ya sea armados o no.

La discusión no puede quedarse en si el software privativo es mejor o peor que el software libre: en ambos casos se encontrarán vulnerabilidades. El análisis debe centrarse en el control que se puede tener de los dispositivos y sistemas. En ese sentido, el software libre corre con ventaja al permitir el control de las funciones y, al mismo tiempo, el acceso libre a las actualizaciones. Además, al tratarse de código abierto, el software libre habilita una permanente auditoría, por lo que es menos probable que contenga funciones maliciosas por diseño.

En un mundo donde las potencias se disputan recursos estratégicos en otros territorios, es indispensable que los Estados latinoamericanos reconfiguren, a mediano y largo plazo, su seguridad digital y las medidas necesarias para enfrentar una amenaza externa.

Contribución a la consulta para el informe temático titulado “Impacto de la vigilancia digital y asistida por IA en los derechos de reunión y de asociación, incluidos los efectos inhibitorios”

En esta contribución, presentada ante la Relatoría Especial para la Libertad de Asociación y Reunión, presentamos algunos casos concretos de preocupación sobre el despliegue de sistemas de IA en el marco de protestas pacíficas en países de la región, así como algunos de sus efectos inhibitorios. Formulamos recomendaciones de política pública a los Estados y empresas del sector privado.

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Aporte conjunto a la convocatoria de aportes sobre los impactos en los derechos humanos del uso de IA en la lucha contra el terrorismo

Aporte conjunto con el CELS y Fundación Vía Libre sobre el uso de IA en la lucha contra el terrorismo. En el documento identificamos tres tendencias, de regulación de la IA que habilita al uso de la biometría remota para la lucha contra el terrorismo, de potencial uso dual del reconocimiento facial para dichos fines, y de reformas de leyes de inteligencia y contraterrorismo que habilitarían al uso de IA y otras tecnologías de vigilancia masiva para tal ámbito.

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Amicus curiae sobre la demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Inteligencia Orgánica de Ecuador

En este documento sustentamos argumentos para la inconstitucionalidad de los artículos que regulan la solicitud de entrega de datos a entidades públicas, privadas y personas naturales; la interceptación de las comunicaciones y entrega de metadatos; la vigilancia del ciberespacio; la protección de datos en las tareas de inteligencia; y las limitaciones al derecho de acceso a la información pública.

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