En un mundo crecientemente digital, el respeto a nuestros derechos fundamentales es imprescindible. Sin embargo, a la fecha, la fiscalía de Chile aún se encuentra en deuda, justificando -en lugar de regular- prácticas sumamente dudosas, que atentan contra derechos básicos, como las normas del debido proceso. El inapropiado uso de Facebook exhibido esta semana es una muestra este punto.
CC BY (melenita2012)
“En libertad queda joven acusado de agredir a carabinero: pruebas sólo eran fotos de Facebook” titulaba hace algunos días el sitio web de Biobío, a propósito de la presentación formal de cargos realizada por la fiscalía contra un joven, por su presunta participación en la golpiza a un policía, durante una marcha el 1 de mayo.
Sin embargo, como adelanta el titular, la única evidencia para fundamentar la acusación fue obtenida comparando un cuadro de un video de la agresión con perfiles de Facebook, “por medio de reconocimiento facial hasta dar con la fotografía de alguien que se pareciera”.
Esto es preocupante, porque los antecedentes recogidos en la prensa apuntan a que la fiscalía autorizó una investigación poco seria, donde el procedimiento utilizado fue opaco y poco riguroso. Facebook no permite hacer búsqueda de rostros aleatorios a partir de una fotografía cualquiera, salvo que esté en tu lista de amigos o sea amigo de tus amigos, y dista mucho de ser un procedimiento perfecto.
Pero incluso si la policía, avalada por la fiscalía, hubiese revisado aleatoriamente perfiles de Facebook hasta dar con un potencial culpable, esto habría requerido una explicación clara de la metodología que sirvió para dar con el sospechoso, y de por qué no se necesitaría una orden judicial para llevar a cabo esta invasión a la vida privada, cuando a todas luces una actividad de esta naturaleza afecta este derecho fundamental.
CC BY(Eric Constantineau)-NC
Ahora, supongamos por un instante que Facebook permitiera identificar cualquier persona a partir de las fotos que existen de él en su base de datos. En tal caso, indudablemente estaríamos frente a una invasión desproporcionada a nuestra vida privada, a todas luces atentatoria contra nuestros derechos fundamentales, por lo que no debería admitirse ni siquiera una solicitud de orden judicial a su respecto.
La fiscalía de Chile juega un rol central, como órgano que ordena y regula las actividades de investigación en los procedimientos criminales. Sin embargo, desde hace varios años que venimos haciendo notar cómo este órgano encargado de la persecución penal, que goza de autonomía constitucional, no ha sido capaz de establecer estándares claros en relación con la adecuación, necesidad ni mucho menos la constitucionalidad de sus diligencias investigativas, ni a nivel de jurisprudencia ni de instructivos dictados para tal efecto.
Es necesario que la fiscalía revise sus procedimientos y se haga cargo de regular un debido proceso en el entorno digital.
De acuerdo con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
La libertad de expresión en Internet permite el libre debate en asuntos de interés general. También facilita el desarrollo, el buen gobierno y la implementación de garantías democráticas. En Internet, la vulneración de este derecho se manifiesta principalmente de tres maneras: la prohibición de acceso a Internet, la censura, y el bloqueo de sitios o contenidos.
En las últimas semanas nos hemos encontramos con dos estudios que contrastan. Por un lado, el listado “Enemigos de Internet”, elaborado por Reporteros sin Fronteras. En el otro, la demanda popular por un Internet más libre, compartida en la mayoría de los países emergentes y en desarrollo, según un reciente estudio publicado por la agencia Pew Reseach.
Los países “enemigos de Internet”
La organización Reporteros sin fronteras publicó su reporte anual que señala cuáles son los países que más atentan contra la libertad de Internet.
La lista de ochos países “enemigos de Internet” incluye a Estados Unidos, debido a la políticas de vigilancia de la NSA; el Reino Unido, que ostenta el título no oficial de “campeón mundial de la vigilancia”; India, donde el gobierno tiene un acceso ilimitado y en tiempo real a la mayor parte de la comunicación electrónica de Internet; China, donde más de setenta proveedores de información y muchos periodistas están encarcelados por comentarios y opinión en la red; Corea de Norte donde solo un 10% de la población tiene un acceso (restringido) a Internet; Rusia con su programa de vigilancia SORM; Siria que controla completamente la actividad de los proveedores de Internet, e Irán que monitorea toda actividad digital de la red y castiga a los que propasan los límites de su autoritarismo.
Aparte de estos ochos gobiernos, múltiples atentados a la libertad de expresión en línea acontecen frecuentemente en muchos países del mundo, y particularmente en los países en desarrollo, como en el caso de Turquía.
Los países emergentes quieren libertad en Internet
Según la encuesta, los habitantes de 22 países, sobre 24 que formaron parte del estudio, opinan en su mayoría que es importante que la gente tenga acceso a Internet sin censura.
Lo que se desprende del estudio es que el apoyo a la libertad de expresión es particularmente importante en los países con más penetración de Internet. En Argentina y Chile, por ejemplo, dos tercios de los ciudadanos tienen acceso a Internet[ref].[/ref] [fn]En el estudio del Pew Research Center, el nivel de penetración de Internet de Chile parece más bajo del de Argentina aunque resulta el contrario en los estáticos del ITU: en 2012, el porcentaje de ciudadanos chilenos que utiliza Internet se eleva a 61,42 % mientras que sólo 55,8 % ciudadanos argentinos utilizan Internet.[/fn]
Los jóvenes son los que más apoyan la idea de un Internet libre de censura. También, parece que el interés por un Internet libre y sin censura es más importante por las categorías de ciudadanos [ref]más educados[/ref] [fn] Por ejemplo, 73% de los tunecinos que son graduados apoyan el hecho que Internet debe esté libre de censura del gobierno.[/fn], y con mejores [ref]ingresos[/ref][fn]Por ejemplo, 71% de los kenianos con altos ingresos dicen que es importante que Internet esté libre de censura, mientras que solamente 44% de los kenianos con bajos ingresos opinan lo mismo.[/fn] . Todo esto vinculado con el hecho de que en manera general, los más pobres de estos países no tienen acceso a Internet, así que no cuentan con suficientes herramientas para opinar sobre este asunto.
Especialmente interesante es que Chile figura como el tercer país en la lista de los que quieren un Internet sin censura del gobierno. Por lo tanto, el nivel de censura en Chile no es importante, a diferencia de Líbano, Venezuela y Argentina. Este resultado es positivo y demuestra que los chilenos son favorables al desarrollo de un Internet libre.
La colaboración entre el Gobierno mexicano, Estados Unidos y GoDaddy, empresa proveedora de dominios, para dar de baja el sitio 1DMX.ORG nos recuerdan que la censura en Internet es un problema real y plantean la duda respecto a cuáles son las herramientas con las que cuenta la ciudadanía para hacer frente a estos abusos.
Con ayuda de Estados Unidos y el proveedor de nombres de dominio GoDaddy, el Gobierno Méxicano censuro 1DMX.ORG, sitio web de oposición a Peña Nieto
El 1 de diciembre de 2012, Enrique Peña Nieto asumía como presidente de México. Después de 12 años fuera del gobierno, el regreso del PRI al poder fue recibido con manifestaciones fuertemente reprimidas, alegatos de detenciones arbitrarias y denuncias de violaciones a los derechos humanos.
En ese contexto nace 1DMX.ORG, sitio web dedicado a informar y documentar los abusos cometidos contra la oposición a Peña Nieto, otorgando una plataforma para compilar las fotografías y videos realizados por la ciudadanía, y rebatir la versión del oficialismo sobre los hechos.
Un año más tarde, el sitio web es eliminado de Internet, en un confuso incidente que involucra al Gobierno mexicano, la embajada estadounidense en México y GoDaddy, la empresa de gestión de nombres de dominio más grande del mundo.
El 2 de diciembre de 2013, 1DMX.ORG ya no estaba en Internet. Sin una advertencia previa, GoDaddy había hecho desaparecer el sitio. Cuando los dueños preguntaron qué había ocurrido, el proveedor de dominios declaró que la web fue dada de baja debido a que el Departamento de Seguridad Nacional de la embajada estadounidense en México mantenía “una investigación policial en curso” sobre él.
Siguiendo las instrucciones de GoDaddy, los responsables se contactaron con un agente especial de la embajada, quien se negó a entregar cualquier información sobre la investigación que afectaba al sitio web.
Hay que entender que Internet solo es importante en tanto sirve para el desarrollo y fomento de los derechos humanos. BY (Aussie Gold) NC-SA
Ante la negativa, el equipo responsable de 1DMX.ORG interpuso un recurso de amparo, alegando la violación del marco legal que protege la libertad de expresión en México. Un juez ordenó la investigación del caso y, a pesar de la falta de cooperación de algunas instituciones públicas, finalmente GoDaddy reveló el nombre de la institución que ordenó la baja del sitio web.
Se trata del Centro Especializado en Respuesta Tecnológica (CERT), un organismo que depende de la Policía Federal, que a su vez está bajo la responsabilidad de la Comisión Nacional de Seguridad, que en última instancia responde a la Secretaría de Gobernación. La embajada estadounidense en México habría servido como pantalla para realizar la baja del sitio web sin despertar sospechas.
Claramente estamos frente a un atentado grave contra la libertad de expresión y el ejercicio democrático donde dos gobiernos, ayudados de una empresa privada, complotan para censurar una opinión disidente. Es urgente que el Gobierno mexicano dé las explicaciones correspondientes a sus ciudadanos y busque la manera de garantizar el ejercicio político y de libre expresión tanto en Internet como fuera de ella. También en este mismo sentido es Estados Unidos el que debe dar explicaciones. Y GoDaddy no puede seguir guardando silencio cuando ha traicionando la confianza de sus usuarios y atentando contra sus derechos.
la censura en Internet no es algo nuevo ni exclusivo de los regímenes dictatoriales. BY (opensourceway) – SA
Este caso además nos hace reflexionar sobre el frágil ecosistema donde descansa la libertad de expresión en Internet. Cuán diferente hubiese sido el caso de 1DMX.ORG si sus administradores hubiesen tenido la oportunidad de una legítima defensa antes de dar de baja el sitio. Un debido proceso es fundamental para velar por la libertad de expresión en Internet, con la participación de un juez que evalúe los méritos del requerimiento y garantice los derechos de las partes.
También podemos ver el papel fundamental que los privados tienen hoy en el respeto y fortalecimiento de la libertad de expresión en la red. Actuar de la manera en que lo hizo GoDaddy es atentar contra los derechos fundamentales de sus propios usuarios y es inaceptable. Es imprescindible que los ISPs, los proveedores de hosting, las empresas de registro de dominio, las plataformas web y todos los privados que prestan servicios en Internet, cuenten con una visión de derechos humanos en la gestión de la información que los usuarios les confían.
Hoy 1DMX.ORG está nuevamente disponible en Internet: GoDaddy restituyó el dominio, sin dar ninguna explicación a la fecha de este artículo. Tal como se indica en el mismo sitio web, quizás la lección más importante que podemos sacar de un caso como éste es crear conciencia de que la censura existe, pero también de que “puede ser detenida mediante la denuncia”.
Dicen que “House of Cards” es tan exitosa que Netflix necesitó llegar a un acuerdo con Comcast, el proveedor de Internet más grande de Estados Unidos, para que el servicio de películas streaming pudiera soportar su emisión sin caerse. Dicen, también, que ese acuerdo ha sepultado el principio básico de Internet: su neutralidad. Nosotros nos preguntamos si Estados y sociedad civil están preparadas para un nuevo estadio en la discusión.
Netflix pagará a Comcast, la empresa proveedora de cable e Internet más grande de Estados Unidos, para mejorar la difusión de sus contenidos, violando así la neutralidad de la red
Hay que comenzar este artículo con la frase menos vendedora de todas: la neutralidad de la red es un tema complejo.
Aunque parezca un recurso cliché, es necesario comprenderlo, porque si bien el principio que la rige es simple («el derecho de los usuarios a acceder a cualquier contenido, aplicación o servicio en Internet, sin la intervención de proveedores o la censura de empresas, gobiernos y administraciones»), lo que en el fondo se discute y cómo se discute, plantea un escenario con múltiples capas.
Parte de su complejidad se puede observar con el polémico acuerdo Netflix-Comcast, que le permitirá a Netflix mejorar la difusión de sus videos en línea, mediante un pago al proveedor de cable y web Comcast, el más grande en Estados Unidos.
El problema de neutralidad de la red que se denuncia es que al pagar, se le dará prioridad a la comunicación de paquetes de Netflix por sobre otros servicios de la web (que podría ser perfectamente tu propio sitio), por lo que se viola la idea de neutralidad, en tanto se favorecería el acceso a unos servicios por encima de otros.
En palabras simples, este acuerdo significaría que quien paga puede llegar de mejor manera al usuario que el que no lo hace. Esto atenta a los cimientos básicos de no discriminación en la comunicación de la red, que ha hecho que exista Internet hoy como la conocemos: una plataforma multipropósito y de alcance masivo.
«No a los sobornos en Internet» dice el cartel de un activista pro neutralidad en la red. BY (Steve Rhodes) NC – ND
Pero, como ya lo decíamos, el problema es más complejo que un atentado más a la neutralidad de la red. Acá resumiremos algunas de las perspectivas que se develan con este acuerdo y que como organización nos parecen relevantes:
a) La demanda ha cambiado. La red ya no es el intercambio de pequeños archivos de texto entre usuarios. Hoy, parte importante del tráfico en Internet son grandes paquetes de información, que pueden representar tanto películas en streaming como el tráfico P2P, por ejemplo. Ante ese cambio exponencial en la demanda de servicios (que muchas veces está comandada tanto por emergentes como consolidadas empresas), la pregunta es cómo la discusión de la neutralidad de la red puede enfrentar ese nuevo foco sin caer en la idea de que es un problema exclusivo entre proveedores y otras empresas, como parece ser el caso Netflix-Comcast. Desafío que, por sobre todo, debe ser resuelto por los Estados, considerando que hoy casi la totalidad de la infraestructura que hace funcionar Internet es privada.
b) ¿Quién está fijando las reglas sobre neutralidad de la red hoy? A propósito del punto anterior, no es menos relevante lo que el acuerdo Netflix-Comcast revela: que las decisiones importantes sobre neutralidad de la red, en términos concretos, están siendo tomadas por las empresas privadas. ¿Dónde están los organismos multisectoriales y los Estados?
Este hecho es grave, en tanto la perspectiva pública de la neutralidad de la red queda marginada en la discusión. La demora en regular efectivamente el tema ha significado que el sector privado estructure una serie de acuerdos como éste e iniciativas como internet.org, que atentan contra el principio de neutralidad de la red y van delante de los esfuerzos estatales y de los organismos internacionales y multisectoriales.
Para más información sobre neutralidad de la red, revisa «Cómo funciona Internet», libro electrónico que puedes descargar haciendo clic en la imagen.
c) ¿Quién resguarda los derechos humanos en juego? No tener perspectiva pública sobre la neutralidad de la red hace que la discusión se reduzca a asuntos técnicos y de recursos, abandonando lo que implica una Internet neutra para el desarrollo de los derechos humanos: la posibilidad de que la red sea una plataforma de comunicación y de libertad de expresión para todos los ciudadanos. Abandonar esa perspectiva es simplemente renunciar a la red como un espacio de desarrollo social y de derechos humanos.
Los puntos anteriores son solo una muestra de la complejidad a la que nos enfrentamos. Aún así, todo indica que es necesario ampliar el foco de la discusión y, por sobre todo, tanto Estados como sociedad civil, estar preparados para enfrentar una discusión altamente técnica desde la perspectiva de los derechos humanos, de manera oportuna. Si no lo hacemos, la neutralidad de la red será solo un problema entre privados que no atiende a los intereses públicos en juego.
En prisión preventiva quedó un funcionario de la PDI, acusado de apremios ilegítimos y delito informático en contra de un joven tras una protesta estudiantil: Detenido sin orden judicial, se le obligó a revelar su clave de Facebook para identificar a otros manifestantes, entre otros vejámenes, en un caso que – de comprobarse el delito – conjuga gravísimos atentados contra los derechos humanos, dentro y fuera de Internet.
Envuelto en un complejo caso se encuentra un funcionario de la PDI, acusado de torturar a un joven estudiante. Se están realizando indagaciones para identificar a los demás involucrados.
“Se me metió a una oficina. Cerca de diez oficiales, o más, me sentaron en una silla, todavía esposado. Me golpearon, me hicieron preguntas, me obligaron a entrar a mi Facebook, a punta de amenazas y de maltrato. Me obligaron a dar mis contraseñas, se metieron en mis contactos. Me dijeron que buscara entre ellos quienes estaban en la marcha. Se metieron a ver las fotos de los contactos y me preguntaron específicamente por cada uno de ellos, y si estaban en la marcha”.
Este es parte del relato que César Reyes hace de los eventos ocurridos el 8 de mayo de 2013, día en el que el entonces alumno de cuarto medio fue irregularmente detenido y posteriormente interrogado por funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), tras una protesta estudiantil, por el solo hecho de participar en ella.
Reyes señala que fue golpeado, insultado y obligado a desnudarse. De los diez funcionarios que habrían participado, solo uno ha sido identificado: a raíz de las acusaciones, el subinspector Flavio Torres Pulgar quedó en prisión preventiva durante los 90 días que dure la investigación, formalizado por apremios ilegítimos y delito informático.
“El delito de tortura es un delito de lesa humanidad, imprescriptible, y por lo tanto es uno de los más graves de nuestra legislación, cometido por o eventualmente cometido por un agente del Estado, lo que le atribuye una mayor dañosidad social”,declaró el juez del Séptimo juzgado de Garantía, Daniel Urrutia.
El debido proceso indica que sólo se pueden revisar nuestros dispositivos electrónicos y nuestras cuentas en el entorno digital, con una orden judicial
Si bien las acusaciones de delito informático palidecen frente al tétrico relato de tortura que realiza Reyes, no hay que olvidar que tanto el derecho a la privacidad como al debido proceso son parte de los derechos inalienables que el juez Urrutia ha declarado transgredidos en este caso. Y eso incluye los aspectos de nuestra vida que transcurren en Internet y los entornos digitales.
Las acusaciones del caso Reyes son todavía más graves cuando se deduce, a partir de las declaraciones de la víctima, que el interrogatorio tenía por objetivo identificar y vigilar ciudadanos, por el simple hecho de manifestar públicamente una opinión. ¿Será necesario recordar además que la libertad de expresión es también un derecho humano, y que la privacidad es uno de los pilares de este derecho? ¿Podríamos expresar libremente nuestras opiniones si sabemos que siempre nos están vigilando?
En una escala muy diferente, lejos de los espeluznantes detalles contenidos en el relato de Reyes, ONG derechos Digitales ha tenido conocimiento de al menos dos casos donde la PDI ha actuado de forma cuestionable: el primero, cuando al sitio web Loserpower se le pidió información sobre las IPs de quienes comentan en su sitio; El segundo, cuando el teléfono celular de Rodrigo Ferrari fue revisado por agentes de la Brigada del Cibercrimen, a propósito de una parodia a la familia Luksic.
En ninguno de los dos casos había una orden judicial que permitiera a los agentes proceder de esa manera, y si bien no recurrieron a apremios físicos ni nada remotamente parecido a lo descrito por Reyes, no hay que olvidar que la asimetría de poder entre un agente policial y un ciudadano a pie puede ser intimidante.
El caso que actualmente se encuentra en proceso de investigación, para establecer la veracidad de las gravísimas acusaciones realizadas por Cesar Reyes BY (marsmet532) – NC-SA
Ante situaciones como ésta, el mensaje es claro: la policía no tiene derecho a acceder a nuestros datos privados sin una orden judicial. Ello incluye las claves y tecnologías que permiten acceder a los mismos. Es más, también es dudoso que un potencial imputado tenga la obligación de entregar claves de acceso a sus sistemas, incluso cuando existe una orden judicial.
En un mundo todavía conmocionado tras las revelaciones de espionaje masivo por parte del gobierno estadounidense, las acusaciones de Reyes van más allá y traen a la memoria el sabor agrio de los peores pasajes de la dictadura, y esto es simplemente intolerable. Será la justicia la encargada de definir si el el delito existió y, de ser así, castigar a los responsables.
La tecnología crea nuevas oportunidades para el ejercicio de la libertad de expresión, pero también nuevos desafíos, cuya solución no puede ser alcanzada si se le plantea como un problema técnico, sino que debe considerar sus particularidades económicas, sociales y de derechos humanos.
Se ha escrito muchísimo sobre las oportunidades que las tecnologías de la información ofrecen para el desarrollo económico, cultural y social de la humanidad, al punto de definir una nueva era como la «sociedad del conocimiento». Sin embargo, las oportunidades que ofrecen estos avances técnicos no pueden entenderse sin que ese desarrollo sirva también para avanzar en el respeto y desarrollo de los derechos humanos, consagrados en diversos instrumentos internacionales.
BY (mushon) NC-SA
La doctrina actual coincide en reconocer que los derechos fundamentales, por su estructura y generalidad, pueden verse enfrentados y «colisionar». Estos conflictos no se resuelven mediante criterios absolutos de jerarquía, temporalidad o competencia; sino que se busca un equilibrio en el cual ambos derechos en conflicto puedan coexistir, aunque su aplicación al caso concreto se relativice en grado. Este proceso, conocido como «ponderación», involucra examinar las circunstancias del caso para determinar qué derecho prevalece, en qué forma, exclusivamente mirando el caso específico.
Los conflictos de derechos fundamentales y tecnologías, en esta línea, parten de la ya clásica contraposición entre [ref]libertad de expresión y vida privada[/ref] [fn]Con el advenimiento de Internet también han surgido con fuerza otras contraposiciones de derechos, relativas a acceso al conocimiento y propiedad intelectual, donde estos últimos derechos no pueden oponerse al derecho de participar en la vida social y cultural de un país (y ciertamente, tampoco al de libertad de expresión)[/fn], con lo que el trabajo en materia de derechos humanos será plantear las condiciones para que ambos derechos puedan maximizarse rescatando, en la medida de lo posible, el contenido esencial y los objetivos subyacentes a cada uno.
En todos los casos donde intervienen las nuevas tecnologías – ya sea como medio o como objeto de regulación – el nivel de argumentación y ponderación de derechos fundamentales debe ser tan o más complejo que el empleado en una situación regular o «del mundo real». No puede considerarse a la tecnología como un ente aparte, en el cual sólo pueden intervenir expertos, con regulaciones que consideran el problema ignorando las profundas particularidades económicas, sociales y de derechos humanos que pueden alcanzar estas regulaciones.
Pero, ¿cuáles son las particularidades que presentan las nuevas tecnologías para el análisis de derechos humanos? En especial, me referiré a los conflictos por la responsabilidad de intermediarios de Internet.
BY (net_efekt) NC-SA
Dado que en Internet la información transita entre múltiples puntos, para que un mensaje pase del emisor al receptor se necesita una serie de ‘eslabones’ entre los que circula la información: que quien cree y emita el mensaje cuente con una conexión de Internet, que alguien almacene ese contenido en un servidor, que ese servidor esté conectado a Internet y que quien reciba ese contenido cuente con una conexión a Internet.
En cada etapa o eslabón, la información puede intervenirse, manipularse y vigilarse de variadas formas, algunas obvias como la censura o prohibición directa de contenidos a nivel del prestador de servicios de Internet (quien provee las conexiones) o del proveedor de infraestructura (quien provee el servidor), y algunas mucho más sutiles.
Dentro de estas formas más sutiles, destacan particularmente dos:
Atacar de manera extrajudicial o invocando dudosas responsabilidades legales de otros intermediarios de Internet más invisibles a esta cadena, como los procesadores de pagos (tarjetas de crédito), de servicios a demanda de gran escala (los proveedores de aplicaciones de la «nube», como Amazon y su servicio de AWS) o de nombres de dominio (los .com o .net, por ejemplo, han sido incautados sumariamente por el gobierno de Estados Unidos).
Crear normas de atribución de responsabilidad a los intermediarios tradicionales. Invocando (o creando) diversas regulaciones como normas de propiedad intelectual, leyes de prensa o de protección de la honra, se suele atacar a estos intermediarios de Internet, convirtiéndolos en potenciales demandados por contenidos que circulan a través de ellos, sin que estos los hayan generado o hecho algún esfuerzo especial por difundir.
Mediante este expediente de reglas de atribución de responsabilidad se alteran principios legales, tales como que la responsabilidad de un acto cae primariamente en su autor, lo que a la vez afecta derechos como el debido proceso y presunción de inocencia. Lo más grave en este sentido es que con estas reglas se convierte a los intermediarios de Internet en verdaderos policías de la red, que deben controlar qué se hace y prohibir ciertas conductas, de manera de evitar incurrir en estas responsabilidades.
Además, e igualmente grave, lo anterior significa una forma de censura previa. Tal es el caso, por ejemplo, de las reglas de responsabilidad implementadas a fines de la década de los 90 en Estados Unidos, donde una simple notificación privada convierte a prestadores de servicios de Internet en responsables por las infracciones a la propiedad intelectual cometidas en sus redes o servicios.
Con esto, se confirma que la censura directa no es la única forma de limitar la libertad de expresión. La prohibición de censura, desde un punto de vista histórico, tuvo por objeto limitar al Estado de actuaciones dirigidas a prohibir la circulación de publicaciones escritas que contuvieran determinadas ideas. La evolución del concepto lo ha llevado a comprender distintas formas de discursos, tales como obras artísticas, audiovisuales y también aquellas obras que contienen discursos protegidos y que utilizan plataformas tecnológicas para su difusión.
En este último sentido, la prohibición de censura previa debe también analizarse desde el punto de vista de su ejercicio, ya no por el Estado, sino que por particulares con el fin de acallar discursos críticos. Dichas medidas son también formas de limitación de la libertad de expresión no autorizadas por la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Con lo anterior, se hace más que nunca necesario instalar la discusión sobre el ejercicio de los derechos fundamentales en el entorno en línea (principalmente libertad de expresión vinculada con privacidad y derechos de autor) y contar con herramientas para que personas y agrupaciones pueden defender y hacer exigir sus derechos ante autoridades públicas o terceros.
Mientras siguen las revelaciones de la NSA, no solo crecen las amenazas a Edward Snowden, sino también a los periodistas y medios que se han atrevido a publicarlas. Es el caso del periódico The Guardian, que ha recibido el ataque del Primer Ministro británico, lo que incluso ha llevado a la movilización de la sociedad civil mundial.
Foto CC BY(PM Cheung)
Lo que hoy sabemos sobre el estado de nuestra privacidad en Internet, se lo debemos a Edward Snowden, ex analista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) estadounidense. Sobre cómo el Estado y esas grandes compañías de Internet se unen para montar complejas redes de espionaje (a gobiernos, a otras empresas, a ciudadanos) con la falsa excusa del terrorismo, también se lo debemos a la valentía del alertador Snowden.
Pero no solo a él.
En conjunto con Snowden, una serie de periodistas y medios de comunicación se animaron a publicar una de las noticias más potentes de los últimos años. The Washington Post en Estados Unidos, Der Spiegel en Alemania o The Guardian en el Reino Unido, fueron algunos de los medios que dieron eco a las preocupantes denuncias de Snowden.
Y tal como la persecución a Snowden se inició de inmediato por parte del gobierno de Estados Unidos (recordemos que hoy se encuentra con asilo temporal en Rusia), el gobierno británico ha dado preocupantes mensajes a los medios de su país desde que las revelaciones indicaron las responsabilidades de la organización de inteligencia británica [ref]GCHQ[/ref] [fn]The Government Communications Headquarters[/fn] y su cooperación con la NSA.
David Cameron. Foto CC BY(bisgovuk) – ND.
Así, el Primer Ministro británico, David Cameron, ha acusado particularmente a The Guardian de dañar la seguridad nacional; posición que se hizo más radical después de que el periódico no destruyera todos los documentos con las revelaciones de Snowden, a pesar del pedido del consejero de Seguridad Interior y el secretario de gabinete de Cameron. A lo anterior además se suma la controvertida detención en el aeropuerto de Heathrow del brasileño David Miranda, compañero de Glenn Greenwald, el periodista de The Guardian al que Snowden confió los documentos. De hecho, Cameron declaró:
«Lo que Snowden ha hecho efectivamente y lo que algunos periódicos le ayudan a hacer, es convertir en mucho más difícil la protección de nuestros países y de nuestra población».
Esta serie de antecedentes no hacen más que indicar que la postura de Cameron en el caso Snowden atenta contra derechos fundamentales como la libertad de expresión o la libertad de prensa, y que su objetivo es crear «un entorno hostil» que «intimide y desaliente a quienes puedan revelar verdades incómodas y hacer que respondan quienes tienen el poder».
Así lo consignan 70 organizaciones civiles que han enviado una carta abierta al primer ministro británico (publicada por el propio The Guardian), firmada por organizaciones de 40 países, entre ellas Reporteros sin Fronteras, Liberty, Privacy International y ONG Derechos Digitales. En ella, declaran:
La portada de Spiegel. www.spiegel.de
«La respuesta del Gobierno ha sido condenar, más que celebrar el periodismo de investigación, que desempeña un papel crucial en una sociedad democrática sana».
Ni Snowden, ni Miranda, ni Greenwald, ni The Guardian son culpables. Como valientemente Der Spiegel tituló en su portada, decir la verdad no es un crimen; muy por el contrario en este caso, estos testimonios han puesto en relevancia un hecho de interés público: que los derechos humanos están en jaque incluso por gobiernos de larga data democrática. Denunciarlo, más que un capricho, es un deber de cualquier prensa libre en el mundo.
Guía para periodistas que busca indagar los nodos críticos en torno a Internet y que permite comprender de forma práctica cómo se desenvuelven temas tan polémicos como derechos de autor, privacidad, neutralidad en la red y delitos informáticos.
En las últimas semanas y en distintas partes del mundo, hemos visto el endurecimiento del ataque a la pornografía en Internet, con excusas que casi siempre apuntan al combate contra la pedofilia y/o el acceso a este material por parte de menores de edad. Pero un análisis a cada una de esas medidas, hace pensar más bien que se trata de un ataque de puritanismo que, con excusas políticamente correctas, quiere atentar contra varios derechos ciudadanos.
CC BY(Eric Constantineau)-NC
Lo políticamente correcto no significa que sea ni adecuado, ni preferible, ni menos concordante con los derechos ciudadanos. Quizás ese sea el principal principio que pueda ayudar a analizar los últimos ataques contra la pornografía por parte de gobiernos, congresistas y compañías, y que más bien dejan entrever posiciones ultra conservadoras en lo moral, y un desconocimiento total no sólo de cómo atacar asuntos condenables como la pedofilia, sino también de cómo funciona Internet.
Hace pocos días atrás, el primer ministro británico, el conservador David Cameron, con la excusa de ir contra “la corrosiva influencia de la pornografía en los niños” y con el fin de “proteger a nuestros menores y su inocencia” (!), presentó un paquete de ideas que van de bloquear la pornografía en el Internet de los británicos (a no ser que los usuarios le comuniquen a sus proveedores de Internet -ISPs- que quieren eliminar el bloqueo y, por ende, que sí quieren recibir porno), obligar a los motores de búsqueda a censurar los resultados relacionados con pornografía infantil y declarar ilegal la posesión de la llamada “pornografía violenta”.
Casi como si la teoría de la comunicación no hubiese avanzado desde los años 40, Cameron considera que todo lo que dice un medio de comunicación como Internet, influye directamente en el comportamiento de las personas. Por eso, antes de evaluar contextos sociales y culturales (donde un gobierno sí tiene mucho que hacer), para Cameron es preferible la absurda medida de querer eliminar todo tipo de pornografía en la red.
CC BY(Libertinus)-SA
Los cuestionamientos son diversos, incluso en forma de rap. Por ejemplo: lo poco funcionales que son las “listas de pervertidos” pues están pensadas en intimidar a las personas que opten por el desbloqueo; la falta de claridad de cómo se asegurará la privacidad de estos usuarios; las razonables dudas sobre cómo los ISPs asegurarán la limitación de esa censura pues nada dice que material que toque estos temas y que no tenga ánimo pornográfico no sea bloqueado; lo absurdo que es pensar que las redes de pedofilia usan buscadores comunes de Internet; o, simplemente, que ni todo el bloqueo del mundo impedirá que todos los días, por distintos métodos, estos contenidos seguirán circulando por la red pues su naturaleza no es centralizada.
En Perú pasa algo parecido. Hace pocos días, el congresista Omar Chehade y la bancada Nacionalista de ese país, presentaron un proyecto de ley que busca terminar con el acceso de menores de edad a contenido pornográfico por la red, a través del establecimiento de filtros obligatorios a los proveedores de Internet. Como en Reino Unido, este filtro estaría implementado por defecto y para evitarlo habría que ponerse en contacto con el ISP correspondiente. Además, un comité de representantes de entidades públicas sería el encargado de determinar qué contenidos serían objeto de censura (!).
Nuevamente, las críticas van desde el peligro a la libertad de expresión o el desconocimiento total de las autoridades sobre cómo funciona Internet. Con todo, Miguel Morachimo de Hiperderecho lo resume así: “Crear una lista negra obligatoria de páginas web y servicios bloqueados por defecto es una idea que, además de imposible, atenta contra los derechos fundamentales. Sería equivalente a que todos los programas de televisión y publicaciones pasen por una revisión previa antes de hacerse públicos”.
Si bien quizás sea un poco más “aceptable” que gobiernos y congresistas no sepan (o no quieran saber) cómo funciona Internet, parece injustificable que una compañía como Yahoo! quiera bloquear los contenidos pornográficos de Tumblr a través de su etiquetado. Sobre todo, porque el etiquetado no resulta necesariamente descriptivo del contenido (¿se acuerdan de la folk taxonomy?) y, aún peor, porque a través de este sistema, Yahoo! está dejando fluir todos sus prejuicios morales al bloquear etiquetas como #gay, #lesbian y #bisexual.
Todos los ejemplos citados, recientemente acaecidos, demuestran que detrás de lo políticamente correcto no necesariamente se desprende algo deseable. Muchas veces, este tipo de proyectos amenazan importantes derechos ciudadanos como la presunción de inocencia, la libertad de expresión o la privacidad; y manifiestan cierta ignorancia de qué es y cómo funciona Internet. Pero tal vez, lo más importante, es que dejan de manifiesto la poca voluntad de atacar de forma eficiente un problema real como la pedofilia, y más bien se desprenden las enormes ganas de imponer, a través de un ejercicio de poder, ideas puritanas a todos los ciudadanos a costa de nuestros derechos humanos.
