Temática: Gobernanza de internet

Gobernanza sobre las plataformas digitales y el rol de los reguladores de medios

Recientemente, la ciudad de Dubrovnik fue sede de una conferencia para el futuro de la gobernanza de plataformas digitales a nivel global. Este evento, celebrado en junio de 2024, reunió a expertas y representantes de diversos reguladores estatales y sus redes, para discutir la implementación de sistemas de gobernanza de contenidos de manera coherente a nivel mundial, con los contenidos ilegales o potencialmente dañinos en internet como el foco de la preocupación.

La conferencia en Dubrovnik es el paso más reciente en un proceso que comenzó con la publicación de las Directrices de la Unesco sobre la gobernanza de plataformas digitales en noviembre de 2023. En febrero de 2023, la conferencia «Internet para la Confianza» buscó construir un consenso inicial sobre estas guías, sentando las bases para la discusión y el desarrollo de políticas más específicas. Entre ambos eventos, se llevaron a cabo múltiples consultas y reuniones técnicas para ajustar y afinar las estrategias regulatorias propuestas, no sin polémica.

Un largo trayecto, un hito más

Estos esfuerzos no están exentos de críticas y desafíos. La gestión de contenidos disponibles en línea debe encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión y otros derechos potencialmente afectados. Organizaciones de la sociedad civil y expertos internacionales han señalado repetidamente que las políticas restrictivas, tanto a nivel estatal como de plataformas privadas, pueden llevar a la censura y a la limitación de la participación en el espacio cívico. Del mismo modo, la difícil armonización entre opciones regulatorias con múltiples ejemplos divergentes hace difícil pensar en soluciones únicas que sirvan a todos los intereses en juego. Incluso en la región, la Comisión Asesora contra la Desinformación en Chile subrayaba la importancia de pensar distintos esquemas de regulación, corregulación y autorregulación para combatir ciertas formas de discurso legal pero nocivo.

Una preocupación habitual en la región frente a las iniciativas por influenciar procesos regulatorios nacionales, es el riesgo de que la implementación de ejemplos comparados o de directrices internacionales sirva como excusa para implementar nuevas normas que sirvan como herramientas políticas para silenciar la disidencia política. Así ha pasado con varias otras leyes en la región, combatiendo supuestas preocupaciones como el discurso de odio, el cibercrimen o la desinformación. Todo lo cual podría socavar aún más la confianza en las plataformas digitales y fomentar la arbitrariedad en las autoridades encargadas de implementar nuevas reglas.

Organizaciones como Derechos Digitales expresaron preocupaciones afines durante la discusión de los borradores de las Directrices sobre la gobernanza de plataformas digitales de la UNESCO. También se ha señalado la falta de mecanismos claros para asegurar la participación significativa de todos los actores y se ha criticado la falta de un enfoque más inclusivo en el desarrollo de estas Directrices. Si bien el contenido de la versión final de las Directrices muestra un enfoque más equilibrado hacia la gobernanza de plataformas, con recomendaciones específicas para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los derechos humanos en la regulación de contenidos en línea, persisten preocupaciones sobre la implementación efectiva de estas directrices, especialmente en contextos nacionales con marcos regulatorios débiles, instituciones poco preparadas, o tendencias autoritarias.

Competencias regulatorias bajo la lupa

La UNESCO ha promovido la creación de un Foro Global de Redes, reuniendo a su vez a distintas redes regionales de reguladores de medios, plataformas digitales y otros actores. El propósito declarado es compartir experiencias sobre mejores prácticas para implementar los principios de las Directrices a nivel nacional, regional y global. Las propias redes de reguladores (redes que en LatAm incluyen a PRAI https://prai.tv/) de medios y de seguridad en línea firmaron su compromiso con los objetivos de la UNESCO con ocasión de la conferencia de febrero de 2023, como también su voluntad de “desarrollar sistemas regulatorios coherentes” entre distintas regiones. No obstante, en el momento mismo de esos compromisos, el borrador 2.0 de las eventuales Directrices estaba siendo objeto de profunda crítica, en parte en torno a las propuestas de regulación allí contenidas.

Una cuestión crucial es el ámbito de competencia de tan distintos reguladores asociados a estas redes, y su efectiva capacidad de participación en la gobernanza de espacios digitales. Actualmente, los reguladores involucrados en estos foros internacionales tienen competencias variadas que incluyen la supervisión de la radiodifusión, la televisión, telecomunicaciones, y, en algunos casos, la regulación del comercio electrónico. Esta variedad de competencias plantea preguntas significativas sobre su capacidad para adaptarse a la regulación de plataformas digitales.

¿Tienen estos reguladores la experiencia y el conocimiento necesarios para gestionar eficazmente las plataformas digitales? ¿Es adecuado transferir las competencias regulatorias de medios tradicionales a espacios digitales dinámicos y en constante evolución? ¿Cómo se alinean en la práctica la postura de los reguladores digitales y los posicionamientos de agencias con diferentes ámbitos de acción? ¿Cómo se traducen los compromisos compartidos en acciones concretas a nivel nacional? ¿Cómo se suplen las faltas de facultades o de recursos que hagan imposible la implementación de políticas comunes entre países? Estas preguntas subrayan la necesidad de una capacitación y adaptación continua para los reguladores en todo el mundo, pero por sobre todo, ponen aún más en relieve diferencias institucionales significativas entre distintas regiones y distintas jurisdicciones. Las buenas intenciones pueden no ser suficientes para abordar los desafíos únicos del entorno digital. Menos aún si la conversación excluye a la participación multisectorial.

Reflexiones finales

Estas preocupaciones son especialmente relevantes desde la perspectiva latinoamericana. La región enfrenta desafíos críticos en términos de acceso a la tecnología, desigualdades socioeconómicas y marcos legales en desarrollo. La participación activa de la sociedad civil es crucial para asegurar que las políticas digitales no solo protejan los derechos humanos, sino que también fomenten la inclusión y el desarrollo sostenible.

La armonización de los esquemas de gobernanza de plataformas digitales a nivel global es un esfuerzo ambicioso que plantea importantes preguntas sobre jurisdicción, competencias regulatorias, derechos humanos y participación multisectorial. La UNESCO, a través de sus conferencias y redes, ha dado pasos significativos para liderar estas discusiones. Sin embargo, el éxito de las iniciativas de armonización dependerá de la capacidad de muy distintos reguladores para adaptarse a los nuevos desafíos, para la protección efectiva de los derechos humanos con inclusión de una amplia gama de actores en la toma de decisiones.

Una propuesta de ley contra el activismo

¿Qué pasa en Venezuela?

Ya en junio de 2022 y en abril de 2023 se exploraron las potenciales implicancias de este tipo ley en un país sin separación de poderes, además de reseñar cómo ha sido la experiencia en otros países de la región como El Salvador y Nicaragua.

Básicamente se ha llevado adelante la discusión del proyecto de ley de forma unilateral por parte del gobierno y sin participación alguna de la sociedad civil. El borrador que circula de dicha propuesta de ley no es oficial, es decir, no hay certezas sobre los contenidos reales que se llevan a debate. Aun así, fue aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional en enero de 2024 desatando las alarmas de las organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad internacional. Pero no es un tema nuevo, sino cíclico y recurrente y ya en septiembre de 2023, varias relatorías de las Naciones Unidas se pronunciaron sobre los efectos negativos de este tipo de ley en el espacio cívico del país.

Desde enero hasta mayo de 2024, la propuesta de ley hibernó cuando Diosdado Cabello anunció que la ley sería aprobada al día siguiente ya se trataba de una deuda con el país. Ante estas declaraciones se hizo evidente que esta propuesta de ley pone a las organizaciones sociales como el «enemigo interno» del país dejándoles además poco margen de reacción.

El 21 de mayo no se aprobó la ley en su totalidad (aunque sí se aprobaron nueve artículos) y se pospuso la discusión en la Asamblea Nacional. Es decir, la amenaza real sigue siendo potencial y como un peso que se balancea sobre la cabeza de la sociedad civil.

¿Por qué la alarma ante este proceso?

La cooperación internacional en sí misma no se limita a los fondos de otros países que puedan recibir las organizaciones sociales. Se basa en el principio de la colaboración entre países y eso incluye intercambio técnico y judicial entre otras formas de trabajo colaborativo.

Una ley que criminalice los fondos internacionales para la sociedad civil organizada envía un mensaje también a aquellos países con los que se tienen relaciones diplomáticas. No sólo con los países que se antagoniza en discurso sino con aquellos con los que se tienen relaciones más cordiales, además de afectar en igual medida a las organizaciones que son afines al gobierno.

Esta propuesta de ley se ha ido perfilando evolutivamente a un detalle en que se castiga a aquellas organizaciones sociales que son críticas al gobierno y que sirve de instrumento restrictivo.

¿Por qué ahora?

La amenaza de aprobar esta ley en un país con una crisis humanitaria compleja, una economía inestable y un panorama sociopolítico y que además tendrá elecciones generales el próximo 28 de julio, viene de alguna manera a atomizar la atención y la acción de las organizaciones sociales. Temen no sólo por el cierre del espacio cívico, sino por el impacto que tendrá esto en las comunidades a las que atienden. Se enmarca en un año donde el gobierno ha recrudecido las detenciones de políticos y activistas contando con más de 250 presos políticos en la actualidad y en donde el discurso sigue sin encontrar una vía para la reconciliación.

Mientras tanto…

El 13 de mayo en Perú, el congresista conservador Alejandro Muñante Barrios, propone el PL 7818/2023-CR, que solicita mediante la intervención del Ministerio Público, la posibilidad de disolución de asociaciones y fundaciones si estas reciben financiamiento para promocionar, realizar, desarrollar, o financie actividades consideradas “ilícitas” en territorio peruano, dejando abierta la interpretación de actividades ilícitas, en las que pueden incluirse organizaciones que trabajan por la despenalización del aborto, por ejemplo. Una propuesta que si bien no es exclusiva de quienes reciban fondos internacionales, estigmatiza la cooperación internacional y criminaliza a las organizaciones por su mandato y labor en la comunidad cuyo efecto será la reducción de la acción de la sociedad civil y el abandono de las comunidades a las que atienden dichas organizaciones.

Por otro lado, este proyecto de ley parece olvidar también que tanto en los convenios de cooperación como en los concursos para recibir fondos, las asociaciones explicitan siempre el uso que harán de los mismos. La propuesta de ley sigue su curso burocrático y de ser aprobado en el Legislativo, traería como consecuencia la disolución de ciertas ONG incómodas para el gobierno de turno y estos grupos religiosos que se han hecho del poder, reduciendo entonces el ejercicio democrático de participación. Perú se sumaría a la lista de países de la región que buscan reducir de forma proactiva la acción de la sociedad civil, tal como pasa en El Salvador y en Nicaragua.

Fuera de la región y más recientemente, Georgia sí aprobó la ley de agentes extranjeros parecido al modelo ruso de la ley que se basa también en el modelo del “enemigo interno”, y que etiqueta a todas aquellas organizaciones o medios de comunicación cuyos ingresos foráneos superen el 20% de su total, obligándoles a registrarse como “portadores de los intereses de una potencia extranjera”. Nuevos modelos de leyes constrictivas que no necesitábamos.  

El costo invisible

Por otro lado, el costo invisible más grande que tiene esta amenaza de ley es el que pagan los activistas de las organizaciones, que trabajan en comunidades pero que también son ciudadanos y que se enfrentan por un lado a la inestabilidad laboral como consecuencia de este tipo de ley y que se suma a las condiciones económicas del país, y por otro, el temor a su seguridad personal por las posibles represiones. Es la carga mental de tener cuidado y hacer un activismo que negocia constantemente con ponerse en la línea de riesgo. Es un contexto que vulnerabiliza en todas las dimensiones posibles al activismo en un juego de desgaste constante en donde todos pierden.

¡Por elecciones más informadas! El urgente compromiso de las plataformas digitales con la transparencia en México

Se avecinan las elecciones en México, en las que elegiremos a la próxima presidencia de la república. Las tecnologías digitales resuenan dentro de los debates entre las candidaturas, quienes las utilizan como bandera del tecnosolucionismo para sus propuestas, pero también por su rol determinante en el proceso electoral debido al gran flujo de información que transita diariamente a través de plataformas digitales.

Por supuesto, en este ejercicio democrático, la desinformación está presente. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), “el 87% de mexicanas y mexicanos toman como la principal fuente de noticias las plataformas por internet”, por lo tanto, cuando circulan noticias falsas se vuelve un tema de interés público —por ejemplo, cuando el actual presidente demandó fallidamente investigar granjas de bots que le perjudicaban tanto a él como a la candidata de su partido—.

Sin embargo, una excesiva moderación de contenidos que no cumpla con las normas internacionales de derechos humanos puede mermar la opinión de la población, que no está exenta del recibimiento de este tipo de contenido y que, algunas veces, no cuenta con las herramientas para distinguir entre noticias falsas y verdaderas. En este escenario, se espera que las plataformas digitales se preparen, teniendo una amplia colaboración con las autoridades, pero también con una serie de acciones proactivas que promuevan la transparencia de sus actos ante la desinformación.

Entre la opacidad y los limitados esfuerzos por la transparencia

En este periodo electoral hemos visto casos en los que la transparencia de las plataformas digitales y las autoridades deja mucho que desear. En febrero de 2024, circularon noticias sobre la decisión de Instagram de limitar el “contenido político de cuentas que no sigues”. De acuerdo con la plataforma, esta acción fue tomada para que las personas usuarias de Instagram y Threads tengan una “excelente experiencia” en estos sitios, evitando recomendar de manera proactiva contenido político en secciones como en el feed o los reels; la plataforma asegura que esto no afectará la forma en que se muestra el contenido de las cuentas que sí sigue un usuario. Esta configuración se activó de manera automática y las personas no fueron explícitamente informadas.

¿Qué significa esto en un contexto electoral como el que está viviendo México? Que las personas usuarias son limitadas en su derecho a la información. Si bien es completamente válido que las usuarias no deseen recibir este tipo información y contenidos políticos, es necesario comunicarlo de la manera más transparente posible para respetar el derecho a decidir por cuenta propia.  La falta de transparencia sobre el funcionamiento y configuración de las plataformas genera incertidumbre sobre la selección de contenidos que nos están mostrando al navegar por estos sitios.

Asimismo, en México se cuenta con un marco regulatorio desactualizado respecto a la publicidad electoral y su relación con las plataformas digitales. Hoy en día, en entornos digitales hay múltiples brechas y vacíos legales que le impiden a las autoridades mexicanas, como el INE, tomar decisiones imparciales y claras sobre los contenidos falsos o ilegales que circulan en redes sociales y otras plataformas. 

De acuerdo con la campaña “Censura Electoral”, impulsada por organizaciones locales y regionales, el INE se ha valido de medidas cautelares para solicitar a las plataformas digitales la remoción de contenido, siendo en 2018 (en las elecciones presidenciales previas) uno de los años con más solicitudes. Al no requerir de una decisión de un juez competente, la medida cautelar promueve una arbitrariedad por parte del INE, poniendo en peligro la libertad de expresión de las usuarias y usuarios de estas plataformas.

Lo cierto es que, a pesar de la opacidad y arbitrariedad, las plataformas están colaborando con las autoridades electorales en el combate a la desinformación para este 2024. De forma conjunta, Meta, el INE y  la organización Movilizatorio lanzaron el programa educativo Soy Digital, con miras a brindar herramientas a la ciudadanía para detectar y denunciar noticias falsas, estrategia que incluye un chatbot en WhatsApp para realizar preguntas directas al INE sobre estas elecciones.

Mientras tanto, Google lanzó su programa Transparencia México para combatir noticias falsas, que implica, entre otras cosas, ajustes en su buscador para mostrar información oficial sobre el proceso electoral; posibilidad de tener mayor información sobre las imágenes, por ejemplo, saber cuándo se indexó por primera vez ese contenido; alianza con proyectos de audio fact checking, y monitoreos de contenido de publicidad engañosa en YouTube.

En este entorno digital, en donde la inteligencia artificial (IA) juega un papel importante en la generación de contenido —mismo que algunas veces es difundido con la intención de generar desinformación— , tanto Meta con su política de anuncios sobre temas sociales, electorales y políticos lanzada en noviembre de 2023 y Google con su programa antes mencionado, buscan alertar cuando una imagen o contenido han sido creados o modificados con IA u otras tecnologías.  A esto se suma una iniciativa proactiva de Meta: su biblioteca de anuncios, la que también ha sido implementada en otros países.

Para transparencia, lineamientos claros

La realidad del ecosistema de opacidad, tanto por parte del gobierno como de las plataformas digitales, genera una preocupación y una traba metodológica para realizar investigaciones sobre el panorama de desinformación en procesos electorales, tal como lo enfatiza Anna Bentes en su investigación sobre las elecciones brasileñas de 2022. La difusión de noticias falsas, la remoción de contenidos sin criterios claros de derechos humanos y la limitación de contenidos consumidos por las usuarias por decisión unilateral de las plataformas son una forma explícita de vulnerar los derechos humanos en entornos digitales como la libre expresión y el acceso a la información.

Existe una delgada línea entre la regulación y la injerencia que debe ser tratada cuidadosamente en las políticas públicas en esta materia. Por una parte, se debe fomentar que los marcos regulatorios en procesos electorales motiven la transparencia de las plataformas digitales sobre sus configuraciones, decisiones e infraestructura para combatir la desinformación con un enfoque de derechos humanos. Por otra, que la colaboración entre autoridades y plataformas no debe implicar la solicitud arbitraria de las autoridades para la remoción de contenidos. De esta forma se evitan abusos y vulneración a los derechos políticos electorales por parte de las plataformas y las autoridades.

Más importante aún, es necesario que las autoridades en México construyan una estrategia clara sobre la transparencia y la desinformación en elecciones, que tengan claridad de los lineamientos y estándares regionales e internacionales de derechos humanos y que las colaboraciones con plataformas se realicen basadas en una amplia comprensión del ecosistema de desinformación en México. Los programas existentes muestran un buen inicio para prevenir a la población, dotándole de herramientas para identificar noticias falsas o promover una cultura de la verificación de la información. Sin embargo, hace falta un mayor alcance de estas acciones para contar con elecciones más y mejor informadas.

Inteligencia artificial más allá de la polarización

La edad avanza y llegamos a un punto en la vida en que vemos con curiosidad que las cosas se repiten. Convivimos por décadas con un tecno-optimismo que nos hizo ciegas a la complejidad implicada en el desarrollo tecnológico. Discursos sobre el potencial de internet para facilitar el acceso a todo – la cultura, el conocimiento, la información, la educación, etc. – olvidaban que esas mismas tecnologías no se diseñan, ni se implementan en el vacío. Un escándalo tras la exposición de cómo las principales potencias mundiales utilizaban la misma infraestructura de internet para meterse en las comunicaciones privadas de todo el mundo – incluidos jefes de Estado – fue necesario para traernos de vuelta a la tierra. Sí, las tecnologías digitales pueden y han generado mayor democratización en algunos ámbitos de la vida y para algunas personas. Pero no, no se trata de una panacea que nos va a salvar de todos los males del mundo. Al contrario, puede exacerbar algunos de esos males.

Entra 2024 – 11 años desde las lecciones dejadas por las revelaciones de Snowden –, pero parece que retrocediéramos en el tiempo. Se reemplaza “internet” por “IA” y nuevamente se multiplican expectativas sobre los potenciales beneficios (en este caso, rara vez comprobados) de esta innovadora tecnología. Incluso, frente a críticas sobre su implementación y crecientes evidencias de sus impactos en el ejercicio de derechos, se apuesta a cómo nos ayudará a superar problemas históricos y estructurales que van desde la crisis climática hasta el acceso a salud de calidad y la inclusión de personas con discapacidad. Hay quienes dicen, incluso, que la IA ayudará a combatir la desinformación – quizás ignorando u olvidando que las decisiones algorítmicas automatizadas por detrás de la priorización de contenidos en las plataformas de redes sociales están entre las raíces del caos informativo en la esfera pública digital.

Una “inteligencia” socialmente construida

Lo que se conoce como IA hoy se refiere, en gran medida, a un conjunto de procesos y técnicas que permiten a un sistema computacional hacer cálculos estadísticos capaces de identificar patrones y a partir de ellos, predecir comportamientos. Podría parecer obvio, pero es importante resaltar que pese a la referencia a la inteligencia humana, este tipo de sistema está lejos de tener una capacidad crítica o empática, por ejemplo.

Ellos dependen de al menos (i) la disponibilidad de bases de datos que permitan “entrenar” determinados modelos matemáticos para sacar inferencias, (ii) la existencia de masas de trabajadoras clasificando y etiquetando estas bases de datos según diferentes criterios, (iii) el desarrollo de los modelos algorítmicos responsables de los cálculos, y (iv) una interfaz para la interacción con las usuarias finales o con otros sistemas. Para que la IA exista es necesaria también una infraestructura física, compuesta por cables de telecomunicación, satélites, centros de datos, súper computadoras con extrema capacidad de procesamiento, baterías, etc.

Más allá de la idea de automatización, cada uno de esos procesos implica un conjunto de decisiones humanas influidas por aspectos culturales, éticos, históricos y sociales y, en algunos casos, afectada por factores políticos y económicos. Como en el caso de cualquier tecnología, la IA no es neutral y tampoco fruto de cualquier tipo de magia.

Como sintetiza el investigador de la Universidad de Edinburg, Ben Williamson: esos sistemas materializan formas particulares de percibir el mundo y a su vez pueden influenciar y modelar la manera como las personas actúan en el mundo. Académicas feministas hace mucho apuntan a ese aspecto. La australiana Judy Wajcman, por ejemplo, ha explorado ampliamente cómo las relaciones de género se encuentran materializadas en las tecnologías – que no solo incorporan nociones de masculinidad y femineidades socialmente construidas, sino que luego pasan a ser parte en la construcción del significado de tales conceptos. Y Ruha Benjamin, profesora en la Universidad de Princeton, a su vez, presenta la idea de diseño discriminatorio al identificar cómo las jerarquías raciales son normalizadas en la producción tecnológica.

Por otro lado, tal como el diseño y la implementación de las tecnologías y la IA son permeadas por factores culturales y sociales, también lo son sus usos. Aplicaciones y sistemas desarrollados para ciertos fines, pueden muy bien ser utilizados para otros y los ejemplos abundan. Al contrario de una idea determinista de que los sistemas producirían por sí mismos ciertos resultados – positivos o negativos – en la sociedad, se trata de pensar que los usos de las tecnologías son múltiples y que están en constante interacción con los contextos en que son implementadas.

IA: ¿para el bien, o para el mal?

No es posible, por lo tanto, hablar de una AI for good, o “IA para el bien”. Ese tipo de idea además de mostrar como los aprendizajes, aunque dolorosos, pueden no ser duraderos, refleja nociones deterministas y simplistas sobre las tecnologías que perjudican las importantes discusiones sobre su gobernanza.

El énfasis en el (supuesto) objetivo de determinado sistema – como si hubiera fines legítimos “para el bien” que justificaran el no cumplimiento de determinadas obligaciones –, opera como una cortina de humo que nos distrae de los procesos productivos por detrás de su desarrollo y despliegue. Antes de emprender la imposible tarea de enumerar despliegues positivos o negativos de IA, como si las mismas nociones de “bien” y “mal” fueran estáticas y universales, nuestros líderes deberían reforzar los principios acordados en el marco internacional de derechos humanos a todas las etapas de producción de IA.

Eso implica garantizar que las bases de entrenamiento cumplan con estándares de protección de datos; que las personas que trabajan en la cadena de producción de la IA – sea en la extracción de minerales usados para la creación de productos tecnológicos, sea en el etiquetado de datos – reciban una compensación justa por su trabajo y tengan observados sus derechos laborales; que los data centers obedezcan la legislación ambiental; que las personas indígenas sean consultadas de manera previa antes de intervenciones que puedan impactar sus derechos. Algunas de estas recomendaciones incluimos en el insumo de Derechos Digitales al reporte intermedio del Órgano Asesor sobre IA de la Organización de las Naciones Unidas.

No hay magia

Ningún “bien” puede derivar de la vulneración indebida de derechos garantizados. Adoptar una perspectiva de derechos humanos al enfrentar los desafíos de la gobernanza de IA significa avanzar en mecanismos para lidiar con situaciones complejas y concretas. Tal compromiso debe ir mucho más allá de la creación de principios éticos o declaraciones vacías, pero garantizar, por ejemplo, que las empresas y los Estados sean debidamente responsabilizados en el caso de abusos derivados del desarrollo o despliegue de IA.

El marco de legalidad, necesidad y proporcionalidad es una buena referencia tanto para la resolución de conflictos, como para guiar la digitalización de manera que dichos procesos no impliquen ni un incremento en el deterioro ambiental o reemplacen necesarias inversiones en infraestructura básica de educación, salud, entre otras. Además, resulta fundamental llevar a cabo estudios de impacto en derechos humanos con una participación amplia y diversa para guiar decisiones de diseño y despliegue.

El avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la “modernización”, “progreso” o la “participación en la economía digital” no pueden ser excusas para la promoción de tecnología de manera irresponsable. La transformación social y la superación de desigualdades siempre dependerá de compromisos sostenidos de los Estados y del apoyo y participación de las distintas partes interesadas. La realidad muestra y reitera que no existen las fórmulas mágicas.

Perspectiva de Género en el Pacto Global Digital (1 de marzo, 2024)

Descargar PDF

Aportes de Derechos Digitales sobre una perspectiva efectiva de género en el Pacto Mundial Global, basados en los principios feministas para inclusión de género en el Pacto, además de investigaciones y contribuciones realizadas por Derechos Digitales y otras organizaciones de la sociedad civil: Brecha digital de género y acceso equitativo a la tecnología; necesidad de alfabetización y construcción de capacidades digitales para mujeres y niñas.

La cara menos visible de la batalla por derechos y soberanía digital

This text is available in English here

La 13ª Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en Abu Dabi hace pocas semanas, concentró una serie de discusiones clave sobre el futuro de la gobernanza digital. Los debates ocurrieron lejos del ojo público y con la sociedad civil reportando patentes vulneraciones a sus derechos durante las negociaciones. En la ocasión, se adoptaron nuevos compromisos por limitar la acción de los gobiernos en materia de regulación de tecnologías, contrariando la presión por revisar medidas que ponen en jaque la soberanía digital de los países, especialmente del Sur Global.

Un pacto de desigualdad

Mientras agencias y organizaciones internacionales discuten mecanismos para construir un futuro digital basado en derechos, algunos Estados –a menudo aliados a intereses corporativos de su industria local– utilizan la agenda de comercio internacional para limitar el alcance y las posibilidades regulatorias de otros países. Uno de los ejemplos más conocidos de este tipo de estrategia es el de la moratoria sobre derechos de aduana.

Adoptada por la OMC en 1998, la medida prohíbe que los gobiernos apliquen impuestos aduaneros a “transmisiones electrónicas”. Si bien no hay una definición de “transmisiones electrónicas”, la moratoria ha implicado en la imposibilidad de tasación del comercio electrónico transnacional de servicios y productos, lo que incluye la compra de libros, películas, etcétera.

A la vez que –en más de dos décadas desde su adopción– el volumen y valor de tales transacciones escalaron a niveles estratosféricos, la medida se tornó una limitante a la posibilidad de distribución equitativa de los beneficios de la economía digital. Según documento presentado en 2021 por los gobiernos de India y Sudáfrica, “reconsiderar la moratoria es un factor crítico para que los países en desarrollo puedan preservar un espacio para regular la importación y generar valor a partir de un instrumento simple como los impuestos aduaneros y alcanzar la industrialización digital”.

En palabras del think tank South Centre, organización de investigación en políticas públicas que reúne diversos países del Sur Global: “sin claridad sobre la definición de las transmisiones electrónicas (TE) y, por tanto, sobre el alcance de la moratoria, la continuación de la moratoria de la OMC sobre los derechos de aduana sobre las TE puede dar lugar a importantes pérdidas de ingresos arancelarios para los países en desarrollo y menos desarrollados en el futuro”.

Las expectativas por no renovación de la moratoria en la 13ª Conferencia Ministerial era altas desde que Estados Unidos revisó algunas de sus posiciones en materia de comercio electrónico. Aún así, la medida fue renovada hasta la próxima Conferencia Ministerial de OMC, o el 31 de marzo de 2024, lo que ocurra antes, dice la decisión final sobre el tema.

Mucho más allá del comercio

La moratoria para transmisiones electrónicas es solo un ejemplo de los impactos que tratados de comercio pueden tener en la autonomía de los Estados en materia de políticas de tecnologías y sus consecuencias. Sin embargo, está lejos de ser la única materia de preocupación relacionada a derechos digitales.

Otro punto de atención son las discusiones alrededor de Iniciativa Conjunta sobre comercio electrónico (JSI, por su sigla en inglés). La declaración, impulsada inicialmente por el gobierno de Estados Unidos, viene debatiéndose desde 2017 y tiene como objetivo generar una regulación más amplia sobre el comercio electrónico. La novedad es que el JSI busca tratar temas que van mucho más allá del comercio, como la transferencia internacional de datos, la localización de datos, el acceso a códigos fuente, la neutralidad de la red, entre otros.

Otro problema con el mecanismo de “iniciativas conjuntas” es que se trata de negociaciones iniciadas por un grupo de países, abierta a participación de todos, pero sin necesidad de seguir los protocolos de la OMC sobre decisiones basadas en consenso. Por ese motivo, países como India, Namibia y Sudáfrica han cuestionado su legalidad.

La decisión de Estados Unidos, en octubre de 2023, de cambiar algunas de sus posiciones en la OMC se refería precisamente a la retirada del apoyo al texto en discusión. En la ocasión el gobierno estadunidense manifestó que se encuentra en una fase de revisión a su posición sobre el tema, con el objetivo de tener más “espacio regulatorio”.En otras palabras, esperan poder regular internamente cuestiones que antes se discutían en el ámbito de las políticas exteriores y los acuerdos comerciales, a menudo con Estados Unidos empujando acuerdos globales favorables a su industria.

La decisión de Estados Unidos fue celebrada por miembros de la sociedad civil, que hace años reivindican la necesidad de discutir de manera transparente cuáles serán los impactos negativos de este texto en los países en desarrollo. Como apunta una carta firmada por más de 60 organizaciones, el gobierno estadounidense “se ha dado cuenta ahora de que estas disposiciones cierran el espacio político para una regulación esencial».

Según los facilitadores Australia, Japón y Singapur, hubo avances significativos en el JSI durante la última Conferencia Ministerial y un «acuerdo es esperado” para mediados de 2024.

¿En beneficio de quiénes?

La OMC fue fundada en 1995 y su declarado objetivo principal es “ayudar a sus Miembros a utilizar el comercio como medio para elevar los niveles de vida, crear empleos y mejorar las vidas de las personas”. Pero las discusiones sobre comercio no se toman solamente en el ámbito de la OMC. Al contrario, un sinnúmero de acuerdos regionales o bilaterales sobre comercio internacional replican y profundizan los desafíos mencionados, avanzando sobre temas cruciales en la agenda de derechos digitales.

A pesar del “slogan” de promover “la apertura del comercio en beneficio de todos”, más de dos décadas de debates sobre comercio electrónico reflejan una política que, en la práctica, prioriza el beneficio de pocos. Más bien, el beneficio de los de siempre. La estrategia de mantener dispersión de acuerdos mediante negociaciones en la OMC, foros regionales o negociaciones internacionales hace muy difícil avanzar en una agenda que resista esas barreras. En un contexto en que muchos países de América Latina buscan avanzar una agenda de soberanía digital y regular las empresas de tecnologías y la inteligencia artificial, el primer paso es poner fin a las imposiciones de los tratados de comercio.

El segundo paso, como ya apuntó el Secretario General de la ONU, es encontrar maneras de aprovechar las tecnologías digitales para el beneficio de todes. Aún en sus palabras, necesitamos impulsar “arreglos de gobernanza que impidan su mal uso” y “moldear la innovación para que refleje valores universales humanos y proteja el planeta”. A través de la cooperación internacional que va más allá del comercio, como por medio del Pacto Digital Global y otros procesos, tenemos una oportunidad única –y quizás la última– de avanzar en esa visión en los distintos frentes de debates políticas globales en curso. Para eso, es fundamental que los gobiernos latinoamericanos no solo se comprometan con tal agenda, pero aboguen, ellos mismos, por una mayor transparencia y apertura en las negociaciones de comercio, aunque empezando por discusiones a nivel nacional.

El nuevo tratado internacional contra el cibercrimen no nos protege y pone en riesgo nuestros derechos

En febrero de 2024, tras dos años de negociaciones, la Organización de Naciones Unidas (ONU) presentará un nuevo tratado internacional para combatir el ciberdelito. Sin embargo, organismos expertos y activistas alrededor del mundo advierten que el documento contiene falencias importantes que pueden ser utilizadas para validar abusos contra los derechos humanos.

Los desaciertos del tratado son varios. Por un lado, estados autoritarios como China, Vietnam, Pakistán y la Federación Rusa han promovido una aproximación amplia al concepto de cibercrimen, con límites poco claros, que puede ser utilizada para perseguir actos legítimos en línea. Aunque algunos Estados se han manifestado contra esta perspectiva, no han sido capaces de asegurar un conjunto de mínimos necesarios para asegurar la convivencia democrática y el respeto a los derechos fundamentales.

En su forma actual, el tratado carece de salvaguardas suficientes en materia de derechos humanos que impidan que sea invocado para restringir derechos civiles y políticos, como la libertad de expresión en línea. Carece también de una perspectiva de género efectiva, abriendo la puerta para la persecución de las personas por expresar su orientación sexual o identidad de género en internet, en países que castigan a las personas LGBTQI+, cómo demuestra una investigación realizada por Derechos Digitales y APC.

Por el contrario, actualmente el tratado podría limitar la libertad de expresión al sancionar discursos legítimos con la excusa del combate al cibercrimen, como han advertido ampliamente organismos internacionales de derechos humanos. Además, el acuerdo entrega mayores herramientas para la vigilancia estatal de las actividades en línea y facilita la cooperación entre Estados para la recopilación e intercambio de información personal de la ciudadanía, sin los controles necesarios para evitar abusos.

En su versión actual, el tratado sobre cibercrimen está lejos de ser una herramienta que garantice mayor seguridad en línea a las personas y se constituye como una amenaza al ejercicio de derechos humanos, particularmente en aquellos países con democracias frágiles y un historial de autoritarismo.

Un tratado internacional sobre cibercrimen construido en la ONU no puede obviar la debida defensa y promoción de los derechos humanos. Hacemos un llamado a los Estados para que no cometan este error y adopten una perspectiva[VG1] para la persecución de los delitos informáticos que garantice a cada persona en el planeta el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales.

¿Por qué nos oponemos al nuevo tratado internacional contra el cibercrimen?

  1. El tratado sobre cibercrimen que se discute actualmente en Naciones Unidas carece de salvaguardas robustas en materia de derechos humanos, lo que permite que sea invocado para perseguir y castigar actos legítimos, como expresar disenso político.
  2. El tratado sobre cibercrimen promovido por Naciones Unidas no incorpora una perspectiva efectiva de género. Esto posibilita la criminalización de mujeres y personas LGBTQIA+, socavando la lucha por la igualdad de género.
  3. El tratado contra el cibercrimen incluye delitos que atentan contra la libertad de expresión, como han advertido diversas organizaciones internacionales. Esto es un contrasentido con la misión de la ONU: no se puede aprobar un tratado que legitima violaciones a los derechos humanos.
  4. El tratado sobre cibercrimen que se discute en Naciones Unidas legitima la vigilancia estatal de las actividades en línea y facilita la cooperación entre Estados para la recopilación e intercambio de información personal de la ciudadanía, sin salvaguardas suficientes que impidan abusos contra el ejercicio de derechos fundamentales.
  5. En su forma actual, el tratado sobre cibercrimen está lejos de ser una herramienta que garantice mayor seguridad en línea a las personas y se constituye como una amenaza al ejercicio de derechos humanos, particularmente en aquellos países con democracias frágiles e historiales de autoritarismo.

¿Qué requisitos necesita cumplir un tratado internacional sobre ciberdelincuencia?

  • Un tratado sobre ciberdelincuencia debe garantizar mayor seguridad en línea a todas las personas, defendiendo y promoviendo el ejercicio de los derechos humanos.
  • Un tratado sobre ciberdelincuencia debe tener una perspectiva de género efectiva, que permee cada uno de sus artículos, garantizando que nadie sea perseguido por expresarse. Ello incluye la posibilidad de expresarse políticamente, así como de expresar la propia orientación sexual o la identidad de género en internet.
  • Un tratado sobre ciberdelincuencia debe abordar la especificidad de los delitos informáticos, proveyendo soluciones concretas y útiles a un problema real, en vez de medidas vagas que puedan ser utilizadas para perseguir acciones legítimas en internet.
  • Un tratado sobre ciberdelincuencia debe abordar adecuadamente la necesidad de limitar las atribuciones estatales para vigilar las actividades en línea, así como para recabar, tratar y compartir información personal de la ciudadanía con otros Estados.

Estas disposiciones son fundamentales para cualquier normativa internacional en materia de cibercrimen, particularmente una construida en Naciones Unidas. Sin ellas, el proceso no debería proseguir.

¿Qué puedes hacer para ayudar a que el tratado sobre ciberdelincuencia de Naciones Unidas garantice los derechos humanos?

  • Te necesitamos! En esta etapa del proceso tu ayuda es fundamental informando y creado conciencia sobre los peligros que representa el tratado sobre ciberdelincuencia en su forma actual y la necesidad de que este incorpore una perspectiva de derechos humanos robusta. Para ello puedes:
  • Publica información sobre el tratado de cibercrimen en tu sitio web, tu blog o tus redes sociales. Si necesitas ayuda, puedes copiar o adaptar los textos que hemos preparamos, así como las imágenes para redes sociales.
  • Contacta a tus representantes políticos. Cuéntales lo que está pasando y pídeles que exijan al país mantener un compromiso irrestricto con la defensa de los derechos humanos. Puedes usar la minuta que hemos preparado, si necesitas ayuda.
  • Contacta a la prensa, pídeles que informen a la ciudadanía respecto de lo que está pasando en Naciones Unidas con la discusión sobre cibercrimen. Si quieres, puedes utilizar el comunicado de prensa que preparamos.
  • Si se te ocurre otra idea, por favor, ejecútala. Y cuéntanos qué estás haciendo, queremos llevar un registro de las acciones y apoyarte en lo que necesites. Escríbenos a info@derechosdigitales.org.

Recursos útiles

Declaración conjunta

El 2023 en retrospectiva: ¿qué fue de la defensa de los derechos humanos en la era digital?

De crisis en crisis

Parecería ser que no conseguimos salir de situaciones dramáticas. A la emergencia climática y las persistentes consecuencias económicas de la pandemia del COVID-19 y del capitalismo global, debemos sumar los constantes riesgos a nuestras frágiles democracias.

La crisis bélica con que terminó 2022 en lugares lejanos a América Latina, se esparció por el mundo, incluidas amenazas en nuestra región. La violencia en los territorios ocupados de Palestina se extendió al entorno digital, en forma de censura y acoso. A la vez, la atención de usuarias de redes sociales se volcó en solidaridad no solo con Gaza, sino también con el Congo y Sudán. Vimos protestas en toda la región, incluyendo la continuación de protestas contra el gobierno en el Perú, y el surgimiento de violenta represión contra las protestas en Panamá y Guatemala, además del escenario que hoy se abre en Argentina.

A pesar de los cuestionamientos a las plataformas sociales como espacios de desinformación y frivolidad, internet sigue siendo  un lugar para el activismo, la denuncia de violaciones de derechos humanos y el periodismo.

Más tecnologías, más vigilancia

En América Latina pasamos de un año marcado por la vigilancia mediante tecnologías a un año en que, bueno, sucedió lo mismo y a menudo peor. La repetida historia de la vigilancia a través de Pegasus tuvo nuevas revelaciones sobre espionaje en México, El Salvador (a una jueza en una extensión de las revelaciones de 2022) y República Dominicana. Y más spyware fue detectado en México.

A ello se suman los riesgos de moverse de un lado a otro en un cuerpo tangible, en una región con creciente adopción de sistemas de vigilancia biométrica. San Pablo, en Brasil, anunciaba una adquisición millonaria de un nuevo sistema de vigilancia pese a las victorias contra sistemas de reconocimiento facial en el pasado reciente; el transporte público en Bogotá y la policía en Medellín anunciaban nuevas capacidades en Colombia; el nuevo gobierno argentino anunció vigilancia de rostros para identificar y castigar a participantes en protestas. La biometría siguió su expansión para los movimientos entre países: organizaciones de sociedad civil denunciaron el uso en fronteras y sobre personas migrantes. Y mientras en Ecuador se fortalecen capacidades con fines de seguridad y hasta la figura de un agente encubierto digital, languidece la esperanza de hacer aplicable la ley de datos personales aprobada hace años.

Expresión y protesta bajo asedio: dentro y fuera de internet

La situación argentina, una de las secuelas de la elección presidencial de fines de 2023, es parte de una fuerte acción gubernamental contra la protesta social, que merecerá cercana atención en 2024. Con la misma preocupación por la capacidad de trabajo en asociaciones de sociedad civil levantamos la alerta por la regulación de organizaciones en Venezuela.

Vimos  aumentar y profundizarse parte de la discusión sobre desinformación, acentuada en nuestra región por actos de violencia en Brasilia a principios de año, con la preocupación adicional por la desinformación política en ese país. Mientras tanto, en Chile se inauguraba una comisión experta para formular recomendaciones pese a la incertidumbre sobre el real efecto de las mentiras digitales. El traslado de la preocupación hacia una discusión más amplia sobre la regulación de empresas de internet también tuvo énfasis en Brasil, donde el proyecto de ley que partió como uno sobre fake news se convirtió en un debate mayor sobre la regulación de plataformas digitales.

Una importante sentencia de la Corte Constitucional en Colombia, dio importantes luces sobre el rol del Estado en la garantía del acceso a internet, como elemento crucial en el ejercicio de derechos fundamentales.

Nuestra seguridad en el marco vigente de derechos humanos como la referencia directa para exigir deberes de los Estados se mantiene firme, por lo que seguiremos trabajando en el reconocimiento institucional de aquello que sabemos que son nuestras prerrogativas como titulares de derechos fundamentales.

Tecnologías para todas

Sabemos que hay un fuerte énfasis en producir nuevas formas de gobernanza para la inteligencia artificial, incluyendo esfuerzos regulatorios en la región. También nuestro trabajo de este año dio cuenta de la necesidad de integrar perspectivas feministas al desarrollo tecnológico, y publicamos un informe en la materia con contribución significativa de especialistas de toda América Latina, además de coorganizar un taller sobre justicia de datos para recabar más perspectivas de personas expertas de la región.

Nuevas actividades dentro de nuestra línea programática sobre inteligencia artificial e inclusión se proyectarán hacia los próximos años para dar cuenta de la necesidad de aprovechar la oportunidad histórica de incidir en el desarrollo tecnológico futuro, con respeto a la democracia, los derechos fundamentales, el medio ambiente, y la inclusión. Es cierto que la tecnología es una fuente de riesgos y oportunidades, pero materializar estas últimas requiere una actitud vigilante y proactiva.

Solidaridad en tiempos de crisis

Este año, el trabajo de Derechos Digitales se vio fuertemente marcado por nuestra dedicación a la colaboración y el fortalecimiento de la sociedad civil en toda la región. Condujimos regionalmente acciones dentro del proyecto Greater Internet Freedom, para generar evidencias, reforzar activismo y construir capacidades en varios países de la región, dando lugar así a la publicación de una nueva versión de Latin America in a Glimpse, dedicada la conectividad en distintas áreas de la Amazonía.

También apoyamos financieramente al trabajo de activistas en la región, entregando fondos a 20 iniciativas de 13 países de la región, a través de nuestro Fondo de Respuesta Rápida y nuestro nuevo Fondo de Derechos Digitales, cuyo sistema de gestión sigue recibiendo el registro de postulantes y de proyectos. Apoyamos la formación de capacidades para personas en etapas iniciales o con interés en el trabajo por los derechos digitales, mediante un curso introductorio a fines del año. Examinamos el rol de la evaluación en el trabajo del activismo de sociedad civil.

Este año, inauguramos el Programa LaREDD, para la resiliencia y la defensa digital, mientras mantenemos nuestro trabajo de formación de confianza con personas expertas en seguridad digital en la región. Recibimos al primer par de pasantes con énfasis de inclusión en materias de seguridad y resiliencia digitales.

Fuimos parte del lanzamiento de una nueva Red Global para la Justicia Social y la Resiliencia Digital. Mantuvimos nuestra participación en nuestras múltiples redes, como el consorcio AlSur, la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), IFEX, la Global Network Initiative (GNI), el Movimiento para una Mejor Internet (MFABI), la Red de Datos para el Desarrollo (D4D) y más.

Creemos en la cooperación como vía para el fortalecimiento mutuo, y seguiremos en ese camino.

Los desafíos globales de 2023 y 2024

Nuestra misión regional reconoce la necesidad de poner atención en procesos y eventos globales relacionados con los derechos humanos en la sociedad digitalizada. Seguimos con fuerte involucramiento en lugares como: el Comité Especial que discute un nuevo tratado de cibercrimen en el Tercer Comité de la ONU; el Grupo de Trabajo de Composición Abierta del Primer Comité, dedicado a la seguridad y el uso de las tecnologías, especialmente por los Estados. Continuamos el seguimiento de procesos en foros técnicos que inciden en el desarrollo de las redes y el impacto de las mismas en las posibilidades de los derechos humanos; la atención a tratados de libre comercio que por la vía del intercambio comercial pueden comprometer los derechos de las personas o transarlos por ventajas económicas.

También en  la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, dedicada a las tecnologías y la superación de las brechas; en el seguimiento de las discusiones en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual con posible impacto en el futuro del acceso al conocimiento; todo sumado a la atención dada a espacios como la UNESCO y sus iniciativas en IA y en gobernanza de plataformas, el Foro de Gobernanza de Internet, la Freedom Online Coalition, y mucho más.

En 2024 seremos testigos de la celebración de una Cumbre para el Futuro, organizada por Naciones Unidas, que incluirá un Pacto Digital Global, cuya elaboración ha traído múltiples preocupaciones para una sociedad civil global con renuencia a dejar el futuro digital a la decisión entre estados. Sabemos que se trata de una oportunidad de retomar el futuro a favor de los derechos humanos, por sobre los intereses gubernamentales.

Y en todos estos espacios, actuales y futuros, locales y globales, confiamos en el poder de la sociedad civil para cambiar la sociedad. La defensa de una perspectiva latinoamericana de los derechos humanos en la era digital requiere también la visibilización de la misma en múltiples espacios, gubernamentales e intersectoriales, con alcance global y con solidaridad transregional con el resto de la Mayoría Global.

El 2024 será un intenso año electoral, incluso para varios países de la región. Estaremos atentas a los procesos de cambio y a las posibles amenazas a nuestras democracias.

También, con una preponderancia de las personas, como tú y yo, y de grupos y comunidades, como todas nosotras, como verdaderas agentes de cambios que no tengan al poder estatal o empresarial como los grandes ganadores del futuro. Puedes confiar, como siempre, que desde Derechos Digitales seguiremos trabajando para que el futuro sea de todas.

Sin comunidad no hay comunes

El penacho del emperador Moctezuma da cuenta de la grandeza que alcanzó el imperio mexica. Consta de plumas azules, rosas, marrones y verdes, además de intervenciones de oro y piedras preciosas. Actualmente, se encuentra en el Museo de Etnología de Viena. Se dice que fue un regalo hecho por Moctezuma a Hernán Cortés, conquistador de México, razón por la que está en Europa. También se comenta que las noticias de su existencia datan de 1596, cuando fue hallado en la colección privada del archiduque Fernando II de Tirol.

Sea cual sea el caso, el penacho reside en un museo de Austria, cuyo boleto cuesta 17 dólares, y es promocionado como una atracción turística de ese país. El gobierno mexicano ha intentado traerlo de vuelta en 1991, 2011 y 2020. Sin embargo, científicos se han opuesto a este traslado debido a que las vibraciones propias de un largo periplo conllevan el riesgo de provocarle daños irreparables. Por lo tanto, se estima que es mejor que se quede donde está.

En el Museo Nacional de Antropología (MNA) de Ciudad de México es posible encontrar, entre su vasta colección, una réplica de la pieza. En este museo también está el monolito original de Tláloc, dios de la lluvia originario de los toltecas. La escultura fue descubierta en una localidad al sur de México y, tras negociaciones y conflictos con la población de San Miguel Coatlinchán, finalmente fue arrancada del lugar en 1964 para ser expuesta en la entrada del MNA. El boleto de este museo cuesta 5 dólares.

Ambas anécdotas evidencian la compleja relación entre cultura, patrimonio y poder, que se expresó igualmente en el desarrollo del Summit de Creative Commons (CC), realizado en Ciudad de México entre el 3 y el 6 de octubre. La edición de este año retomó por primera vez el formato presencial después de cuatro años y tuvo como tema central el advenimiento de la inteligencia artificial y su impacto en los bienes comunes.

No importa el momento histórico, ni el soporte físico, ni la localización geográfica: la decisión sobre el destino de las creaciones culturales no le pertenece ni a los imperios ni a los estados. El concepto de propiedad, una vez más, está impugnado y, como señala el periodista brasileño Leonardo Foletto, “las mejores ideas son de todos”.

Acceso justo en América Latina

En el marco del Summit tuvo lugar un taller de la Alianza Latinoamericana para el Acceso Justo al Conocimiento, articulación que se posiciona en la trinchera de la apertura del dominio público y los bienes comunes culturales a través de la incidencia en políticas nacionales e internacionales. La Alianza, de la que Derechos Digitales es miembro, participa activamente en instancias de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Entre las discusiones del taller tuvo especial importancia el acuerdo colectivo en torno a lo «justo». No es justa, por ejemplo, la disparidad existente en las excepciones y limitaciones al derecho de autor entre países. Aunque internet es una infraestructura global, tal como señala la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, estos desencuentros legislativos traen consigo barreras y fragmentación que amarran de pies y manos a investigadoras de la Mayoría Global al momento de realizar revisiones o publicaciones académicas, y el asedio constante a bibliotecas mediante acciones legales por su labor educativa. Tales son los escollos que sorteó Alexandra Elbakyan al momento de crear Sci-Hub y que padece Internet Archive desde abril de este año. 

Asimismo, en los paneles en que la Alianza estuvo presente se hizo énfasis en que, aun cuando se entiende que cambiar por completo el régimen legal internacional es una misión titánica y probablemente imposible en el mediano plazo, la colaboración entre actores de todo el mundo por este objetivo es fundamental para evidenciar que el derecho de autor tiene poco que ver con la protección y fomento de la creación cultural y más con salvaguardar el erario de entidades de gestión colectiva, de herederas y herederos, y de editoriales académicas.

En cuanto a la pregunta rectora sobre inteligencia artificial y los bienes comunes creativos del Summit, la Alianza se pronunció en febrero pasado, afirmando que la compatibilidad con los usos honrados y la apertura del uso de obras en investigación con minería de datos tienen que ser incluidos en las legislaciones de la región.

Lastimosamente para algunos, el derecho de autor parece tener fecha de vencimiento y el clavo en su ataúd, contrario a muchos pronósticos, no fue puesto por la piratería sino por la masificación de los sistemas de IA. Entre integrantes de la Alianza se abordó el tema de las recientes demandas interpuestas por artistas contra estos sistemas, cuando replican estilos creativos o utilizan obras protegidas, sin consentimiento, para su entrenamiento. Con el miedo a ser reemplazados por Midjourney, este problema dejó de ser una cuestión restringida al nicho del arte. Las artistas, por fin, ven que su trabajo es justamente eso: trabajo. Bienvenidas todas a la discusión por los derechos laborales en las próximas políticas de IA.

En español, por favor

El primer día del Summit fue constatada una situación recurrente: la del inglés como idioma por defecto en los diferentes encuentros de la gobernanza de internet a nivel global. Tiene sentido, por cierto, por su carácter de lengua vehicular de los entornos digitales. No tiene sentido en eventos desarrollados en América Latina y así fue expresado por las personas hispano y lusófonas. Así, y luego de años de insistir en la necesidad de justicia lingüística, a contar del segundo día el CC Summit 2023 de México tuvo traducción simultánea de inglés a español y viceversa*.

Este no fue el único ámbito donde se enfatizó que la lengua es también un bien común. La presentación central de la segunda jornada estuvo a cargo de Peter-Lucas Jones, quien preside, entre otras instituciones y asociaciones, Te Hiku Media: una radio maorí sin fines de lucro que, además, utiliza las grabaciones de sus transmisiones para entrenar sus propios algoritmos de procesamiento de este idioma.

Jones y otras activistas elaboraron una licencia especial, basada en la custodia o tutela entendida según el universo maorí, que solo concede acceso a quienes que respeten los valores de su cultura, mientras se mantenga dentro de los límites de consentimiento en sus usos. La licencia también apunta a que, para los casos en que su uso sea solicitado por gobiernos, corporaciones o cualquier organización o persona privilegiados, debe existir una retribución al pueblo maorí.

Según Jones, “los datos son el territorio” y, por lo tanto, deben ser protegidos de las nuevas formas que toma la dominación colonial. La licencia kaitiakitanga prohíbe expresamente su uso para fines de vigilancia, monitoreo, discriminación, persecución e injusticia. Ni Whisper, el sistema de reconocimiento de lenguaje de OpenAI, ni Duolingo han logrado obtener el acceso a estos conjuntos de datos recopilados por Te Hiku Media.

Pasado, presente y futuro de los comunes

Entre commoners de todo el planeta prevaleció cierta nostalgia por los primeros encuentros, hace más de una década. El ecosistema digital, en ese entonces, vibraba con el entusiasmo para empujar por la reforma del copyright. Ha pasado mucha agua bajo el puente y, en 2023, los problemas son otros. Con la insuficiencia demostrada del modelo de derechos de autor ante el arribo de la IA, y siendo la IA un nuevo problema en sí mismo, volvemos a cuestionamientos que se niegan a desaparecer. El colonialismo, aunque subterráneo y sutil, es patente todavía.

No obstante, otro de los aspectos destacados de este Summit fue el lugar que se le dio a la educación, infraestructuras, hardware y software libres. La transparencia y el acceso que garantizan las fuentes abiertas, la posibilidad de elaborar bifurcaciones y la confianza que otorga el desarrollo colectivo detrás de estos proyectos persisten en el espíritu de Creative Commons y en las personas que ejercen el derecho a compartir.

Silvia Federici, en su libro Reencantar el mundo. El feminismo y la política de los comunes, sistematiza algunos criterios para definir a los comunes: necesitan acceso equitativo a una propiedad compartida; son relaciones sociales y no cosas; comprenden derechos y obligaciones que regulan cómo ha de emplearse la riqueza común, derivados de decisiones colectivas, y requieren una comunidad. No hay tal cosa como “comunes globales”, pues este concepto presume la existencia de una colectividad global.

La polinización cruzada de ideas desde extremos opuestos de uno o más océanos, los intercambios culturales, el respeto por la diferencia, las respuestas y las preguntas encontradas dan cuenta de otros criterios señalados por la autora: la cooperación social, la reciprocidad y la responsabilidad en la reproducción de la riqueza compartida; la promoción del interés común, y la radical distinción de lo común y lo público, siendo esto último lo administrado y de propiedad del Estado (y por lo que, en ocasiones, cobra boletos en museos construidos sobre el expolio).

La riqueza aquí aludida no es monetaria, y lo común presente no se rige con base en criterios de escasez sino de abundancia. El mundo que nos rodea es una fuente inagotable de saberes, y la filosofía de los comunes es “un camino para transformar nuestra subjetividad”, citando nuevamente a Federici, y para adquirir la capacidad de reconocerlo y amarlo. Este Summit fue un recordatorio de que es la comunidad la que crea, reproduce y mantiene con vida a la cultura, y que no hay forma de resolver los múltiples desafíos que nos presenta la tecnología hoy sin las personas que construyen, para todas, el acervo digital del futuro.

Agradecimientos a Mayra Osorio, de Derechos Digitales, por enseñarme con cariño algunos misterios mexicanos; a las y los integrantes de la Alianza por el Acceso Justo al Conocimiento; a Fátima São Simão, de CC Portugal, y a toda la comunidad CC de América Latina.


* N/R: El texto original consignó que este fue el primer Summit que tuvo traducción simultánea inglés-español. Esto no es así: CC Summit 2013 (Buenos Aires, Argentina) sí contó con esta herramienta. La corrección fue incorporada el 13 de octubre de 2023.

En favor de estándares técnicos para fortalecer los derechos humanos

Para que tu celular, tu televisor inteligente o quizás tu moderno refrigerador pueda acceder a la a la red wifi de tu hogar se requiere que un grupo de múltiples actores, trabajando en las diferentes capas de internet, generen acuerdos para establecer estándares técnicos. Son discusiones que involucran a una larga lista de instituciones públicas y privadas, a cargo de distintas partes de los sistemas de telecomunicaciones, incluyendo la red intercontinental de cables submarinos, satélites, empresas de software y dispositivos, entre muchos otros. Por ejemplo, para poder acceder a internet desde tu celular en un avión se requirió acordar la utilización de determinadas bandas de frecuencias para el servicio aeronáutico móvil por satélite.

ISO, IEC, W3C, IETF, IRTF, IEEE, UIT son algunas de las organizaciones dedicadas a establecer estándares técnicos relacionados con las tecnologías digitales y emergentes. Son organizaciones con diferentes historias y ámbitos de acción, pero que tienen en común albergar y dirigir discusiones con el objetivo de generar normas técnicas para el funcionamiento, implementación e interopreatividad de tecnologías. Estos acuerdos usualmente se alcanzan por concenso y los distintos actores participan de forma voluntaria en los procesos.

Un reporte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, publicado en julio, durante la 53a sesión del Consejo de Derechos Humanos, reconoce el rol que la generación de estándares ha tenido en el desarrollo de una internet libre y abierta, lo que ha creado grandes posibilidades para el ejercicio de la libertad de expresión, el acceso a la información y el desarrollo de distintos modelos de negocio y crecimiento económico. “Las normas técnicas definen la forma en que ejercemos nuestros derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos”, explica el reporte. A partir de ahí, realiza un análisis del ecosistema de trabajo para la creación de estándares e identifica algunos problemas para la promoción y el fortalecimiento de los derechos humanos.

Pero ¿qué tienen que ver los derechos humanos?

El informe ahonda en la relación entre los derechos humanos y los estándares técnicos, además de pensar la aplicación práctica de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (A/HRC/53/42). Según el informe muchos estándares técnicos «definen procesos y acciones que responden directamente a ciertas preocupaciones relacionadas con los derechos humanos».

Hay estándares que tienen como finalidad la protección de la privacidad y de los datos personales de las personas. Por ejemplo, si haces clic en la barra de direcciones de esta web, podrás ver un ejemplo de lo que estamos hablando. Luego de muchos problemas relacionados con la vulnerabilidad del sistema «http», se desarrolló otro protocolo, el https o Protocolo seguro de transferencia de hipertexto, que transmite la información cifrada, para que su uso sea más seguro.

Otro ejemplo: en 2017, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos lanzó el estándar que describe metodologías específicas para ayudar a abordar y eliminar problemas de sesgo negativo en la creación de sus algoritmos (IEEE standard P7003). Si pensamos en inteligencia artificial, los estándares técnicos pueden estar involucrados no solo en el desarrollo de la tecnología, sino también en lidiar con aspectos que tienen que ver con los derechos humanos a garantizar en el despliegue de estas tecnologías. Por ejemplo, en 2023, la ISO lanzó un estándar para la gestión de riesgos de la inteligencia artificial (ISO/IEC 23894:2023).

Sin embargo, también encontramos muchas discusiones que simplemente no toman en consideración los derechos humanos. Un estudio publicado en 2012 por la Organización Mundial de Comercio (OMC), hace hincapié en aspectos de las normas técnicas, como la necesidad de interoperabilidad, reducción de costos y facilitación del comercio que son importantes para el efectivo ejercicio de derechos. Otros informes, como el reporte del Relator de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, destacan que la «consideración inadecuada de los derechos humanos ha contribuido a la creación de lagunas técnicas que hacen que los usuarios sean vulnerables a restricciones de acceso, violaciones de la privacidad y otros abusos».

En este sentido, hay muchas capas que complejizan la consideración de los derechos humanos en estos espacios. Los altos costos de la participación, la falta de transparencia, la falta de participación de mujeres y personas LGBTQIA+, la falta de acceso a documentos y a listas de participación son algunas de las barreras que la sociedad civil viene reclamando desde hace tiempo. 

El rol de UIT

El informe del Alto Comisionado destaca el papel desempeñado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el organismo especializado de Naciones Unidas a cargo de cuestiones como, por ejemplo, garantizar el uso racional, equitativo, eficaz y económico del espectro de frecuencias radioeléctricas y definir estándares en tecnologías de infraestructura de telecomunicaciones, como redes celulares.

En este caso específico, el reporte se centra en en el problema de la apertura a la participación, señalando que las normas y prácticas procesales limitan el impacto de los aportes de la sociedad civil.

Se identifica que hay pocas organizaciones de la sociedad civil en las listas de miembros de los grupos de estudio, sobretudo del Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT. El reporte resalta que a pesar de que las organizaciones de sociedad civil participan de las delegaciones de los Estados miembros, «tales modelos se vuelven insostenibles cuando los objetivos de los miembros de la sociedad civil y del Estado chocan». Por fin, aconseja a la UIT reevaluar su modelo de participación y fortalecer «aún más sus esfuerzos para aumentar la participación del Sur Global, incluso mediante la sensibilización y el desarrollo de capacidades», reduciendo costos, proporcionando viajes y financiamiento para ello, y de esta manera aumentar la inclusión, con un enfoque específico en promover la representación equitativa de género.

Múltiples recomendaciones

No existe una solución sencilla para estos complejos desafíos. Además de la recomendación específica para la UIT, el informe del Alto Comisionado entrega recomendaciones diversas para los Estados, las organizaciones de estándares técnicos y la sociedad civil, que constituyen importantes pasos hacia una consideración efectiva de los derechos humanos en estos procesos y para alcanzar acuerdos sobre normas técnicas.

La oficina ACNUDH está iniciando un proyecto sobre esta temática para contribuir a la implementación de las recomendaciones que se exponen en su informe.

Entendemos que además de un diagnóstico más preciso sobre los problemas que vemos en múltiples espacios relacionados a estándares técnicos, es de suma importancia una continuidad para el seguimiento de los necesarios avances. Y de nuestro lado, seguiremos con nuestros planes para garantizar la participación efectiva en estos espacios.