Temática: Gobernanza de internet

Diplomacia y peligro: negociando la paz en el ciberespacio

El pasado mes de julio, el Grupo de Trabajo de Composición Abierta Sobre Seguridad y Uso De Las Tecnologías De La Información y las Comunicaciones 2021-2025  (OEWG, por sus siglas en inglés) de la Primera Comisión de la Organización de las Naciones Unidas, tuvo una nueva sesión sustantiva, dedicada a buscar consenso sobre su segundo informe anual de progreso. La instancia es el mecanismo por el cual todos los países de ONU discuten la actividad de los Estados en el ciberespacio, particularmente en atención al riesgo de ciberataques entre Estados. Se trata no solamente de la búsqueda de mecanismos para mejorar la seguridad, sino también para procurar la paz en el uso de las tecnologías.

Sin embargo, alcanzar consensos no fue fácil, y los avances se vieron opacados por la inclusión de elementos con poco apoyo, que algunos estados estiman pueden generar incertidumbre y riesgos.

Consenso, señor, consenso

Por un lado, la discusión del borrador final estuvo marcada por la insatisfacción de muchos Estados, debido a  cambios y omisiones de propuestas formuladas en la sala. Y por otro, por la inclusión casi forzada de propuestas todavía sin apoyo significativo, a fin de rescatar un frágil consenso, por la vía de notas al pie que reconocen la vieja aspiración de reglas internacionales vinculantes para los Estados, en lugar de prácticas y normas no obligatorias. Sin embargo, el informe constata puntos de avance y define las prioridades para las discusiones futuras, a la vez que identifica iniciativas de colaboración que ya existen entre Estados.

Dentro de los puntos positivos estuvo el avance en la propuesta de un directorio global de puntos de contacto en la ONU, para facilitar la comunicación entre Estados al momento de conocer una amenaza o un actor malicioso. Dicha propuesta ha avanzado hacia una operacionalización mediante la adopción de un documento anexo al informe anual. También se plasmaron las peticiones de reuniones intersesionales para tratar puntos de más difícil acuerdo, como la aplicabilidad del derecho internacional o la definición de las amenazas, que siguen siendo objeto de intensa discusión.

Asimismo, se incluye lenguaje que invita a los Estados a una mayor transparencia sobre su comprensión de las amenazas, las posturas sobre la aplicabilidad del derecho internacional y la implementación de reglas no vinculantes. Resultan alentadoras las referencias a la sensibilidad con el género, en particular en relación con las amenazas y la capacitación, en tímido reconocimiento de la multidimensionalidad de las brechas digitales de género.

Menos afortunada resultó la mención reducida o condicionada de la intervención de partes interesadas no gubernamentales («stakeholders»), incluyendo a la sociedad civil, como actores clave en varios de los aspectos de atención. Del mismo modo, la resistencia al lenguaje explícito sobre derechos humanos hizo que su presencia quedara muy acotada, limitando el reconocimiento de la necesaria consideración por los derechos humanos en las medidas para garantizar la seguridad en el ciberespacio.

 A pesar de que Derechos Digitales, como otras organizaciones, ha destacado el esquema de distintas partes interesadas, y ha defendido el lenguaje sobre derechos humanos, la atención de los Estados parece haber estado mucho más concentrada en  la búsqueda de consensos que en estos tópicos.

Negociación y denegación

El riesgo de no alcanzar consenso estuvo dado por la contumaz propuesta de integrar lenguaje que reconociera la propuesta —minoritaria— de trasladar los acuerdos a reglas de carácter vinculante a un nuevo tratado de la ONU sobre ciberseguridad. La “diplomacia de notas al pie” (como destacó una delegación) se convirtió en una salida práctica para salvar un consenso difícil entre países en abierto conflicto geopolítico. La insistencia recae en un punto promovido desde hace años por la delegación rusa y algunas aliadas, de negociar nuevos tratados de ciberseguridad y cibercrimen (esto último ya en discusión en un Comité Especial), debido a la importancia dada en algunos de esos países a la “seguridad de la información”, concepto más amplio que el de la “ciberseguridad”, preferido en Occidente.

Por cierto, la experiencia muestra que llegar a puntos muertos no implica necesariamente un fracaso total de los procesos, pero exige abordar la discusión de manera realista para no arriesgar la paz y el desarrollo globales.

Estamos lejos de considerar que el avance del OEWG represente las aspiraciones de la sociedad civil por promover medidas inclusivas y resguardar los derechos humanos. No obstante, no podemos abandonar la aspiración de mejores reglas de conducta entre Estados, que reconozcan que la seguridad y la paz requieren del aporte de distintos actores.

Cumbre Amazónica: desafíos en materia de tecnología y conectividad

Recientemente se realizó la IV Reunión de Jefes de Estado de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), con el objetivo de fortalecer la cooperación regional entre países de la Amazonía, sobre la base de una política común para el desarrollo sostenible, basada en la lucha contra la deforestación y las desigualdades sociales y económicas.

La Declaración de Belém, firmada por los ocho países que conforman la OTCA (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela) junto a San Vicente y las Granadinas, los Congos e Indonesia, introduce elementos fundamentales en 113 puntos, reunidos en 18 ejes temáticos, que buscan fomentar la cooperación para evitar que la Amazonía alcance un punto de no retorno.

Entre los aspectos positivos consignados en la Declaración destaca la inclusión de una perspectiva de género, así como las medidas diferenciales dirigidas a mujeres, a la participación de los pueblos indígenas y de las comunidades locales. Junto con ello, son particularmente positivas las medidas enfocadas en proteger la labor de defensores de derechos humanos y aquellas que buscan generar financiamiento para programas que promuevan el manejo integrado y sostenible de los recursos naturales, además de fortalecer institucionalmente a la OTCA.

No obstante, activistas, expertas y comunidades originarias criticaron la Declaración, la que calificaron de “inherentemente frágil”. Entre las principales carencias del documento se señala la falta de un compromiso de cero deforestación —punto sobre el cual no se logró consenso— y de un pedido explícito para poner fin a las prospecciones petrolíferas en la región.

El rol de la tecnología en la Declaración: ¿avances o tecnosolucionismo?

La Declaración presenta a la tecnología como una herramienta para apoyar y lograr algunos de los fines deseados. Por ejemplo, se menciona la necesidad de promover la innovación de tecnologías para la sostenibilidad, el uso sostenible de los recursos naturales, la generación de conocimiento, la recuperación de las zonas degradadas y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles, entre otras.

Sin duda, la tecnología ofrece capacidades relevantes para aportar a la sustentabilidad ambiental y podría constituirse en una importante aliada para dicho fin. Sin embargo, existe un uso reiterado del término “soluciones tecnológicas”, sin clarificar qué soluciones ni cuál sería su aporte. Esto dificulta evaluar las propuestas en base a estándares internacionales de legalidad, proporcionalidad y necesidad.

Si bien el espíritu del texto supone buenas intenciones, es necesario fortalecer las salvaguardas para evitar caer en tecnosolucionismos que ocasionan mayores peligros que beneficios. Evaluaciones de impacto en derechos humanos y lineamientos robustos para la protección de datos personales son fundamentales para imposibilitar que los fines perseguidos originalmente se desvirtúen, especialmente en aquellas medidas que apuntan al desarrollo de aplicaciones, plataformas digitales y otras soluciones tecnológicas para fortalecer la participación ciudadana.

De la misma forma, la cooperación estatal en materia de intercambio y acceso a tecnología debe estar sujeta a criterios de derechos humanos. Esto es especialmente importante considerando que en su punto 74, la Declaración fomenta la cooperación técnica del uso de tecnologías de percepción remota, incluyendo satélites, drones y otras plataformas aéreas, para el monitoreo y evaluación de los ecosistemas de la Amazonía, así como para la identificación de actividades ilegales y la promoción de la seguridad ambiental. Si bien es cierto que estas tecnologías pueden ayudar a dicho fin, la redacción del texto es demasiado amplia, especialmente en cuanto a finalidad; sin salvaguardas robustas, puede incentivar el intercambio y uso indebido de tecnologías con capacidades de vigilancia en detrimento de derechos fundamentales. 

Brechas de conectividad

La Declaración reconoce la demanda de conectividad y la necesidad de cerrar la brecha digital, mediante el fortalecimiento de infraestructura sostenible. A su vez, insta a la cooperación en el desarrollo conjunto de tecnologías de conectividad para facilitar el acceso a localidades aisladas, por el agua y por el aire, para fines de atención social.

Si bien estos son elementos valiosos para avanzar el acceso a internet en la región amazónica, no explicita la importancia de la conectividad para el ejercicio de derechos humanos, particularmente en comunidades que han sido históricamente excluidas del acceso a derechos.

Es importante considerar que, para el acceso y uso de las tecnologías, estos grupos encuentran las mismas barreras que para el ejercicio de otros derechos fundamentales, pero que la interacción con la tecnología (o su ausencia) puede a su vez generar nuevas formas de exclusión.

En el proyecto de investigación “Latin America in a Glimpse: Amazonía”, recientemente publicado por Derechos Digitales, resaltamos que el impacto de la brecha digital se identifica en el acceso a servicios públicos y en la posibilidad de ejercer derechos fundamentales, como el derecho a la educación, a la salud y a la libertad de expresión. La infraestructura fue identificada como causa y evidencia de los obstáculos para el acceso a servicios relacionados con derechos fundamentales, entre los que también se encuentra el acceso a internet, por lo que la referencia en la Declaración es claramente positiva.

Sin embargo, es importante que esta sea accesible, con costo efectivo, robusta, escalable y con capacidad para permitir las aplicaciones que son consideradas relevantes. La sola referencia a la importancia de la infraestructura es insuficiente si no existen lineamientos que orienten su desarrollo. La promoción de redes comunitarias puede ser una alternativa atractiva, pues son infraestructuras de comunicaciones desplegadas, administradas y gestionadas por la propia comunidad que las utilizan.

A su vez, es importante resaltar que la conectividad es el primer paso en una serie larga de acciones necesarias para que las tecnologías de información y comunicación (TICs) puedan ser utilizadas en beneficio de las comunidades, por medio de la apropiación tecnológica, lo que requiere el aseguramiento de un entorno habilitante para ello. Esto implica no solo el uso de una herramienta tecnológica para satisfacer una necesidad, sino un continuo desarrollo, reutilización y ampliación de la tecnología por parte de la comunidad, a medida que se identifican nuevas necesidades.

Desafíos y oportunidades

La Declaración provee varios lineamientos y compromisos positivos para la región amazónica. El énfasis de la participación de las comunidades en los procesos identificados en la Declaración es clave, pues se trata de un derecho humano reconocido internacionalmente, que sienta las bases de toda política pública dirigida a ellas y que también es esencial para lograr la apropiación social de las tecnologías. Sin embargo, la Declaración no refleja ni apunta a generar políticas públicas situadas, que tengan como objetivo lograr autonomía tecnológica. Tampoco se aborda su relación con otras problemáticas de justicia social, ambiental y derecho al territorio.

Resulta imperioso que los estados amazónicos incorporen estas temáticas desde una perspectiva de derechos, que integre a las tecnologías como un elemento que beneficie a las comunidades, por medio de políticas públicas de acceso a internet y a las TICs a partir de las necesidades de los pueblos originarios y la preservación de la Amazonía. Se necesita un cambio de paradigma que permita la formulación de propuestas de políticas públicas desde una visión holística y situada. 

Derechos digitales en América Latina: por tecnologías al servicio del bien común y el desarrollo integral de la sociedad

Los últimos tres años han sido particularmente agitados en América Latina. Los estragos mundiales causados por la pandemia de COVID-19 se vieron exacerbados por “estructuras de protección social débiles, sistemas de salud fragmentados y profundas desigualdades”, donde las personas en situación de vulnerabilidad fueron las más afectadas. A eso se suma un contexto de enorme inestabilidad, polarización política y un avance del autoritarismo en la región, particularmente en países como Ecuador, Perú, Brasil y la región centroamericana, por mencionar algunos.

En paralelo, hemos experimentado una reevaluación del rol de internet y las tecnologías emergentes. La noción cándida de que los procesos de digitalización solamente podían significar un fortalecimiento de los ideales democráticos de acceso, participación y desarrollo ya no es más que un recuerdo de otra época, y la pandemia despejó cualquier duda de que dichas tecnologías podían, en efecto, no solo exacerbar todavía más las inequidades sociales estructurales sino generar otras brechas.

Respecto de la función política de las tecnologías, la respuesta de los Estados ha sido ambivalente. Abandonada la idea ingenua, tan propia de principios de principios de siglo, de que internet y democracia eran prácticamente intercambiables, ahora se ha vuelto un lugar común responsabilizar a internet por la destrucción de la convivencia democrática, a veces de modo literal. Es conocido el caso de Centroamérica, donde se han utilizado leyes contra los cibercrímenes y la difusión de “desinformación” como excusa legal para perseguir a activistas, periodistas y opositores políticos. Al mismo tiempo, los Estados latinoamericanos están adquiriendo, implementado y haciendo usos cada vez más intensivos de distintas tecnologías digitales con el fin de vigilar, perseguir y controlar a la ciudadanía.

Frente a un cuadro que puede parecer desolador, la sociedad civil latinoamericana ha realizado un trabajo valiosísimo, no solamente en la defensa de los derechos humanos en entornos digitales, sino que en la articulación de una narrativa que recupera la esperanza por tecnologías al servicio del bien común y el desarrollo integral de la sociedad en su conjunto, sin sucumbir al optimismo acrítico y fetichista. En ese sentido, uno de los grandes valores de la región es un ecosistema de organizaciones cada vez más fuerte, más preparado y con mejores capacidades para lidiar con los múltiples riesgos y amenazas que debe enfrentar. Aportar al fortalecimiento del ecosistema latinoamericano generando conocimiento, participando de los debates pertinentes para la región y apoyando la creación de capacidades en la sociedad civil fueron los objetivos generales de Derechos Digitales en el marco del proyecto Greater Internet Freedom (GIF), cuyo tercer año de ejecución concluyó recientemente.

Inequidades históricas, nuevas brechas

En América Latina la tecnología siempre ha venido aparejada de la promesa de desarrollo. La persecución de una “modernización” que nunca pareciera que termináramos de alcanzar es un elemento constante, y sumamente efectivo, del discurso político en la región. Ello, sumado a la falta de normativas efectivas que regulen la implementación de tecnologías en el marco de políticas públicas, así como la opacidad con la que permiten operar legislaciones sumamente permisivas en materia de rendición de cuentas, hacen que la región sea campo fértil para la adquisición y aplicación de todo tipo de tecnologías con beneficios inciertos y escasa consideración por los derechos humanos, desde el voto electrónico a la implementación de tecnologías de identidades digitales.

Y, sin embargo, el acceso a tecnologías como internet sigue siendo una deuda pendiente para gran parte de la población en la región. Las investigaciones que forman parte del proyecto Latin America in a Glimpse: Amazonía —que documentan las brechas de acceso, los anhelos y los riesgos relativos a internet que perciben algunas de las comunidades que habitan la región amazónica de Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador— constatan que el acceso a internet en la zona es limitado, costoso y de baja calidad. En general, estamos hablando de una región con alta presencia de comunidades indígenas que han sido empobrecidas sistemáticamente y cuyas poblaciones han sido pospuestas en materias como acceso a la salud y a la educación.

De forma un poco más amplia, la octava edición de la publicación Latin America in a Glimpse ejemplifica algunas de las diversas formas que adoptan las brechas de acceso en la región: desde la dificultades que enfrentan las mujeres migrantes en Colombia para contratar planes de conectividad hasta los problemas que tienen las organizaciones de la sociedad civil para adoptar tecnologías más seguras, que les otorguen mayor protección en el ejercicio de su trabajo. La conclusión es que las brechas constituyen realidades complejas y multifactorial, que exceden a lo meramente técnico y tienen una base en inequidades estructurales —económicas, geográficas, culturales, etarias, de género, etcétera— que a su vez configuran nuestras experiencias en los entornos digitales.

Participación, regulación y gobernanza

En materia regulatoria, una fuente de constante angustia entre las agrupaciones activistas de la región es la falta de perspectivas de derechos humanos en las iniciativas legales que se discuten en América Latina, particularmente aquellas relativas a la implementación de tecnologías. Es un problema que las organizaciones locales han asumido como propio, sobreponiéndose muchas veces a la falta de instancias de participación real y trabajando de forma cada vez más efectiva en la incidencia legislativa.

Este es un ámbito donde la cooperación puede tener gran impacto, incluyendo aquella realizada entre organizaciones ubicadas en distintos países. Dos ejemplos interesantes en el marco de GIF: la participación de Derechos Digitales en alianza con organizaciones locales durante la discusión de la ley de datos personales en Ecuador y la colaboración entre organizaciones locales e internacionales en el marco del 41º ciclo del Examen Periódico Universal por el Consejo de Derechos Humanos, donde fueron evaluados Brasil y Ecuador. El trabajo colaborativo y en red es fundamental para la construcción de capacidades locales que permitan una defensa de los derechos fundamentales más efectiva a lo largo de toda la región.

La falta de instancias de participación a nivel local tiene su contraparte también a nivel internacional, donde muchas veces la actuación de las delegaciones de los estados latinoamericanos es escueta y presenta la misma falta de perspectiva de derechos fundamentales que las discusiones locales. Las barreras de acceso para la participación de las organizaciones de sociedad civil en estos espacios son todavía mayores, en tanto no solamente pueden suponer altos costos económicos (por ejemplo, para asistir y poder participar de una sesión de discusión de un organismo del sistema de Naciones Unidas), sino que además conlleva contar con conocimiento respecto del funcionamiento del sistema internacional, además de la dedicación de muchísimo tiempo, recurso particularmente escaso para la sociedad civil.

Mayor representatividad de voces latinoamericanas en los espacios de gobernanza a nivel internacional es fundamental por una serie de razones. La primera, es que la carencia de perspectivas locales puede resultar en la adopción de mandatos imposibles, inadecuados o que abran la puerta a distintas formas de abuso, producto de debilidades de la institucionalidad democrática en nuestros países, desconocidos por los representantes de otras latitudes. Un buen ejemplo de ello es la discusión en torno a una nueva “Convención de Cibercrimen” en el Comité Especial de las Naciones Unidas.

Por otro lado, la falta de participación en los espacios de gobernanza de la tecnología es la contracara de la dependencia técnica a la que se han visto subyugadas las naciones latinoamericanas a lo largo de su historia. En ese sentido, destacamos como sumamente positiva la posibilidad de participar en foros tales como el Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet (IETF por sus siglas en inglés) o de la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT) organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Del mismo modo, durante los últimos años realizamos una serie de aportes a consultas internacionales que fueron incluidos en los reportes de los organismos, como nuestra contribución al informe sobre el derecho a la privacidad en relación a las tecnologías digitales en América Latina y nuestra contribución al reporte sobre la relación entre derechos humanos y los procesos para establecer normas técnicas para las nuevas tecnologías, ambos de la oficina de la ambos de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de ONU. Además, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recogió opiniones de Derechos Digitales en su informe anual, correspondiente al año 2022.

Seguridad digital para la defensa de derechos

América Latina tiene un largo historial de autoritarismo e inestabilidad política. Los últimos años han estado marcados por alta polarización en la región y protestas masivas, lo que en muchos casos ha desencadenado violencia, represión y persecución política, principalmente contra activistas, periodistas y defensores de derechos humanos. En este contexto, mejorar las condiciones de seguridad de organizaciones de derechos humanos se vuelve un imperativo.

En el marco de GIF, se realizaron dos distintas capacitaciones en Safetag, una metodología para realizar auditorías de seguridad digital en organizaciones de sociedad civil, desarrollada por Internews. Estas auditorías permiten a las organizaciones tener un mejor entendimiento de la información que manejan, cómo priorizar que se debe proteger, los riesgos y amenazas potenciales y cómo comunicaciones de forma más segura. Al completar la auditoría, las organizaciones pueden tener una comprensión suficiente de sus circunstancias para adoptar políticas internas que ayuden a las organizaciones a mejorar su seguridad. Por medio de la creación de capacidades para que nuevas organizaciones puedan realizar auditorías, se incrementan las competencias del ecosistema completo.

Además, se organizaron distintas instancias de intercambio de conocimientos sobre seguridad digital entre organizaciones latinoamericanas, incluyendo temáticas como análisis forense, atención de casos en línea y seguridad en sitios web, entre otros. Esto no solo ha permitido la mejora en el conocimiento técnico de las organizaciones, sino que la construcción de redes de colaboración y trabajo conjunto, lo que permite proyectar objetivos compartidos a nivel regional de mejor seguridad digital. Es importante destacar también la Guía de seguridad digital para personas defensoras del medio ambiente en Colombia, desarrollada por Fundación Karisma, con recomendaciones prácticas y consejos para proteger la identidad en redes sociales, evitar el phishing y el malware, fortalecer la seguridad de cuentas, gestionar contraseñas de manera segura y utilizar herramientas de cifrado.

Estas son solamente algunas de las muchas actividades realizadas durante los últimos tres años, que dan cuenta no solamente de las distintas necesidades del contexto latinoamericano en materia de derechos humanos y tecnología, sino que además de la fortaleza que supone la existencia de una red de organizaciones con capacidades en expansión.

Para Derechos Digitales y las organizaciones con las que colaboramos durante estos tres años, la ejecución del proyecto Greater Internet Freedom han supuesto además una mejora de capacidades internas y fortalecimiento institucional, ayudando a posicionar también el trabajo de organizaciones locales, cuestión señalada por ellas mismas en una reunión de evaluación sostenida en San José de Costa Rica, al margen de la realización de RightsCon, una de las conferencias mundiales más importantes en materia de derechos humanos y tecnología, y a la que tuvimos la posibilidad de llevar a 15 personas de distintas organizaciones latinoamericanas.

América Latina constantemente presenta grandes desafíos y amenazas a quienes trabajamos en favor de los derechos humanos, en condiciones que no siempre son ideales. Pero también hay una oportunidad gigantesca para dar un paso definitivo en levantar el estándar a nivel regional. La dedicación y el compromiso de quienes están dando la pelea en cada uno de los países latinoamericanos es un activo invaluable. La cooperación internacional para mejorar sus capacidades es fundamental.

Un agradecimiento a Mayra Osorio, Rafael Bonifaz y Juan Carlos Lara del equipo de Derechos Digitales por sus aportes e ideas para esta columna.

OK, pero ¿cómo lo mido? Desafíos en torno a la evaluación de proyectos

América Latina enfrenta una serie de problemáticas surgidas de la implementación de tecnologías digitales que no garantizan los derechos humanos y que puede perjudicar su ejercicio. Organizaciones de sociedad civil como Derechos Digitales trabajamos para analizar estas afectaciones e incidir en favor de políticas que disminuyan o eliminen las implicaciones negativas que pudiese tener las tecnologías y de implementaciones que sirvan a la justicia social. En paralelo, gestionamos procesos transversales que nos permiten funcionar en el día a día, como la rendición de cuentas, el monitoreo y evaluación de proyectos y de procesos administrativo. Acciones que parecen tener un peso menor, pero que son fundamentales para nuestra labor y su legitimidad ante múltiples actores.

Uno de los vínculos más estratégicos que sostenemos como organizaciones sin fines de lucro es con nuestros financistas, quienes nos facilitan recursos materiales para poder llevar a cabo nuestras actividades y avanzar hacia nuestra misión. Estos donantes muchas veces provienen de la cooperación internacional, lo que implica colaborar con agentes que pueden no conocer el contexto latinoamericano. Nuestra actuación, por lo tanto, tiene también a tales organizaciones como público de incidencia, en la medida en que parte de nuestro rol es colaborar con la adaptación de sus programas de cooperación a las realidades regionales y nacionales. Esto también significa interactuar en procesos de rendición de cuentas y de evaluación, lo que, a su vez, requiere desarrollar capacidades en nuestras organizaciones.

A continuación presentamos algunas ideas sobre los desafíos y tendencias al momento de evaluar proyectos de derechos digitales, con la finalidad de ser un punto de partida para diálogos y conversaciones colectivas.

¿No dejar a nadie atrás? La cooperación vista como una injerencia a la soberanía estatal

El lema del actual instrumento más popular de la cooperación internacional, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es “No dejar a nadie atrás”, haciendo alusión a que el ‘desarrollo’ debe ser para todas las personas. A pesar de dichas aspiraciones, la cooperación internacional ha sido percibida por algunos gobiernos como una injerencia a la soberanía nacional, pues se argumenta que países extranjeros imponen intereses en los países en los que reposan su cooperación. En América Latina, Venezuela, El Salvador y Nicaragua han declarado abiertamente esta postura y han  debatido y aprobado legislaciones que restringen el flujo de la cooperación internacional en sus territorios. Este discurso ha tenido consecuencias graves para el espacio cívico y la garantía del derecho a la libre asociación y reunión pacífica. 

Disminuir la implementación de programas de cooperación en países con contextos políticos y marcos regulatorios de este tipo implica que estamos “dejando a alguien atrás”, porque las poblaciones ya no pueden acceder a servicios que estaban siendo cubiertos por algunos programas de cooperación y que los países no tienen condiciones de sostener, sea por la escasez de recursos o por intereses políticos. Un caso emblemático en la región fue la restricción de aplicación de fondos de cooperación internacional a temas socioambientales en Brasil. En materia de derechos digitales, la difusión de informaciones críticas puede ser entendida como una amenaza al poder político local, razón por la cual se busca crear limitaciones a su fomento.

Desde Derechos Digitales nos hemos cuestionado nuestro papel como organización regional y hemos tomado decisiones que, pretendemos, aporten a la promoción de derechos humanos en entornos digitales frente a este panorama. Estamos convencidas de que un factor clave para implementar proyectos en regiones con contextos políticos complejos es la flexibilidad para entregar recursos a organizaciones locales y para evaluar los efectos de su trabajo. Eso ha sido parte central de nuestro esfuerzo al construir el Fondo de Respuesta Rápida (FRR) y, más recientemente, el Fondo de Derechos Digitales (FDD). En tres años apoyando el FRR, es posible notar que se trata de una respuesta efectiva para aportar micro financiamientos a organizaciones que, debido a su contexto, están impedidas de recibir recursos de donantes más grandes.  

Ofrecer este tipo de flexibilidad, garantizando la adecuada rendición de cuentas de todas las partes involucradas, es un desafío clave en materia de cooperación internacional con miras a no dejar a nadie atrás. Explorar alianzas y compartir aprendizajes con iniciativas como el FRR y el FDD, lideradas por organizaciones locales, puede ser crucial.

La insistencia en realizar “evaluaciones de impacto” 

Si colaboras en una organización de la sociedad civil seguramente has recibido una solicitud de alguno de tus donantes para realizar evaluaciones que analicen el impacto que ha tenido tu programa o proyecto. Si bien el impacto es importante de abordar, distintos actores pueden entenderlo de diversas formas. Es necesaria la construcción de un lenguaje común entre financistas, organizaciones implementadoras y participantes del proyecto. Solamente así es posible trazar una línea base que permita a futuro comprender de qué forma las actividades realizadas “impactaron” a la población. Iniciativas como Designing Evaluation and Communication for Impact (DECI) buscan justamente crear este tipo de concepción común para facilitar el proceso de evaluación.

Ahora bien, si una organización de derechos digitales logra incidir en la aprobación de una ley de protección de datos personales, ¿el impacto es que la ley se apruebe o que la ley se aplique de manera correcta? Este tipo de dilemas son comunes al momento de evaluar proyectos, por lo que el alcance debe estar bien determinado desde el inicio. La evaluación no es una etapa a considerar al final del proyecto, sino que debe ser contemplada desde la planeación. 

Las organizaciones de derechos digitales en América Latina muchas veces debemos lidiar con problemas que pueden parecer «obvios» y “superados” por otras regiones, como la brecha de acceso a internet. Pero, al mismo tiempo, enfrentamos retos importantes en materia de derechos humanos, como legislaciones que permiten la creación de figuras como los “agentes encubiertos digitales”, la recopilación masiva de datos biométricos, la vigilancia dirigida a través de malwares o la vigilancia masiva de la ciudadanía. Nuestro trabajo sostenido nos ha permitido generar diagnósticos de relevancia para la elaboración de proyectos que sabemos pueden tener un impacto, no obstante, no solo hace falta que las organizaciones conozcan el contexto y las situaciones locales, sino que los programas financiados por distintos donantes o fundaciones tomen en cuenta la necesidad de crear indicadores y herramientas de medición de la mano de las organizaciones con las que trabajan, porque son ellas quienes tienen la sensibilidad de las necesidades focalizadas. 

El impacto es sumamente difícil de medir cuando no contamos con una línea base que nos permita comparar cómo se encontraba una situación antes y después de nuestro proyecto. Y lo cierto es que la mayoría de procesos no cuentan con ella. Un ejemplo: durante los últimos 23 años las organizaciones de la sociedad civil hemos promovido a nivel internacional una agenda de derechos digitales. En el año 2000, la Declaración del Milenio proponía el acceso a internet como una meta dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Hoy, organismos internacionales están creando agendas como el Global Digital Compact o la Hoja de Ruta de Cooperación Digital, en los que se abordan los “derechos humanos digitales” frente a tecnologías como la inteligencia artificial. Tenemos seguridad de que nuestros esfuerzos como sociedad civil han tenido un impacto en cómo se conforman esas agendas, pero ¿cómo podemos medir qué porcentaje de esos resultados se deben a nosotras? Eso es una tarea imposible. 

Rendición de cuentas: coordinación en la construcción de herramientas conjuntas 

Es evidente que para dar continuidad a un programa en cualquier tema, los agentes financiadores deben tener certeza de que se están generando resultados, especialmente cuando se trata de organizaciones estatales que deben rendir cuentas sobre cómo están siendo utilizados sus recursos. Lo mismo pasa con las organizaciones de sociedad civil, que también tienen una responsabilidad pública de transparentar sus acciones. Aunque no sucede a menudo en las prácticas cotidianas, la rendición de cuentas debería ser una actividad compartida entre las organizaciones y los donantes. Sin embargo, la mayoría de las veces, la forma y los medios en que transparentamos no dependen de un consenso compartido, sino de los donantes que solicitan mecanismos específicos para entregar información, datos, avances y resultados. 

En este sentido, hay un desafío en la construcción unilateral de los instrumentos de evaluación. Algunas veces estos se diseñan por el donante y lo comparte a las organizaciones para que lo implementen. Algunas otras, el diseño de estos instrumentos es decisión de la organización. Entonces, el problema es que ninguno de los actores obtiene o recolecta la información necesaria para comprobar el impacto o el alcance de su proyecto. La propuesta ante esta práctica es la creación conjunta de los instrumentos, para que el proceso de evaluación sea una práctica coordinada.

Eso implica la existencia de capacidades de evaluación instaladas en las organizaciones, lo que en muchos casos no es la realidad, especialmente en un contexto de escasez de recursos para fortalecimiento institucional, común en América Latina. En Derechos Digitales solo recientemente logramos estructurar tales capacidades alrededor de un rol específico. Es por ello que las herramientas para rendir cuentas deben ser flexibles y adecuarse a las coyunturas y contextos locales, pero también suficientemente específicas para no olvidar el objetivo de nuestro proyecto. 

Hacia una cooperación efectiva

Las prácticas de cooperación entre sociedad civil y financistas no son analizadas habitualmente en el campo de los derechos digitales. No obstante, poner mayor énfasis en ellas podría permitirnos comprender las tendencias, desafíos y oportunidades y construir un lenguaje común para mejorar relaciones de confianza. Rendir cuentas es una actividad fundamental para la transparencia,  lo que tiene como consecuencia que otros actores confíen en nuestro trabajo, fortaleciendo la perspectiva que distintos agentes tienen sobre el sector de sociedad civil. 

Desde nuestras organizaciones debemos hacer notar la necesidad de que los programas de cooperación, sus mecanismos de evaluación y sus formas de otorgar financiamientos respondan a las realidades latinoamericanas, comprendiendo el contexto en el que interactúa la sociedad civil organizada y atendiendo las problemáticas propias de la región, que pueden ir desde la brecha de  acceso a internet  hasta la vigilancia masiva. La flexibilidad, como un eje rector, podría mejorar los alcances de la promoción y garantía de los derechos digitales, por lo que consideramos necesario entablar acciones concretas de la mano de donantes para mejorar la forma en la que cooperamos. 

Un agradecimiento a Débora Calderón y Camila Lobato, parte del equipo de Derechos Digitales, por la entrevista realizada el 31 de mayo de 2023, de la cual obtuvimos insumos relevantes para esta columna. Así como a Jamila Venturini por el aporte de ideas para la charla “Is it output or outcome? Measuring the impact of internet freedom work” llevada a cabo en RightsCon 2023, las cuales fueron retomadas en este texto.

Sobre internet y mentiras

“Contra las noticias falsas…urge ley de medios” decía un cartel firmado por la Brigada Chacón y pegado en un muro de la capital a mediados de junio, algunos días antes de revelarse la creación de la «Comisión Asesora contra la Desinformación” por el gobierno de Chile en el Diario Oficial.

La idea de una ley de medios como la solución que se haga cargo de las “noticias falsas” ha circulado mucho en Chile durante el último tiempo. Su historia reciente se remonta a la fallida precandidatura presidencial de Daniel Jadue. La propuesta del precandidato tenía un carácter marcadamente sancionador y parecía dirigida principalmente a establecer algún tipo de control respecto del contenido publicado por los grandes medios de comunicación.

A pesar de la derrota de Jadue, la idea no desapareció del todo, aunque ha mutado considerablemente y se ha seguido manifestando de distintas formas, ya sea invocada por el Gobierno o por actores independientes. Sin duda tuvo una influencia en el convenio firmado entre el Ministerio Secretaría General de Gobierno y la Universidad de Chile, la Universidad de La Frontera y la Universidad de La Serena, que derivó en el reporte “Más amplitud, más voces, más democracia”, publicado en enero de este año. Aunque la desinformación aparece mencionada tangencialmente en el reporte, podríamos considerar ese hito como un antecedente directo de la más reciente Comisión.

Derechos Digitales fue invitada a participar de la mesa de trabajo para la elaboración del reporte mencionado anteriormente. Además, J. Carlos Lara, uno de sus directores ejecutivos, es parte de la Comisión Asesora contra la Desinformación a título personal. Nuestra vocación de fomento y protección de los derechos humanos nos insta a poner nuestro conocimiento y experiencia al servicio de la formulación de mejores políticas públicas, cuestión que ha sido una constante durante los últimos 18 años. Así, frente a la polémica que se ha desatado por la creación de la Comisión, lo cierto es que a priori su existencia no es ni buena ni mala, y esa valoración solo podrá hacerse posteriormente, a la luz del proceso y sus resultados. Sin embargo, parece necesario hacer explícitos algunos puntos que muchas veces son obviados en la discusión sobre desinformación y cómo atacarla.

Acceso y control

Usualmente, cuando se habla de desinformación este problema es asociado a internet que, en el último tiempo, se habría convertido en el hábitat natural de las mentiras, las medias verdades, las interpretaciones mañosas y las comunidades dedicadas a esparcirlas. De hecho, el decreto que crea la “Comisión Asesora Contra la Desinformación” plantea explícitamente que una de las temáticas que deberá tratar es el de la “Desinformación en plataformas digitales”.

En muchas ocasiones, la idea de “desinformación en internet” se presenta en oposición a aquella información que se produce y circula a través de los medios de comunicación tradicionales. Es como si en el primer caso la información se generara de manera salvaje, circulara sin ningún tipo de control y se consumiera de forma completamente acrítica mientras que, en el segundo, la información sería el resultado del minucioso trabajo de periodistas dedicados a recolectar y relatar hechos objetivamente ciertos en los grandes medios de comunicación. Ni la imagen de la jungla digital ni la del rigor científico son ciertas. Es más, quizás los casos de desinformación más graves en la historia reciente de Chile son aquellos ligados al encubrimiento de crímenes de Estado durante la dictadura cívico-militar 1973-1990, por medio de portadas y titulares infames en los principales periódicos del país.  

Sin embargo, debemos aceptar que la principal razón por la que la desinformación se ha convertido en un tópico de discusión política es por la existencia de internet. Hablamos cotidianamente de desinformación porque tenemos a nuestra disposición una tecnología que permite chequear de manera rápida, fácil y barata cualquier declaración o duda formulada por cualquier persona, en cualquier momento, independiente de su importancia. Esa lógica puede aplicarse a casi cualquier materia: un discurso presidencial, una noticia en medio de comunicación, una publicación en Instagram.

No solía ser el caso. Antes de internet, cuando el acceso a las fuentes de información era muchísimo más restringido, la mayoría de la gente obtenía sus datos de la misma manera que hoy: consultaba con aquellas personas en las que confiaba. Familiares, vecinos, compañeros de trabajo, líderes sindicales, espirituales y políticos, algún desconocido encontrado al azar en el bar o el transporte público; lo que la gente escuchaba en televisión y en la radio; quizás algún profesor, pero esto no significa que esa información fuera veraz.

Sin embargo, lo que ofrece internet —y particularmente las redes sociales— es un archivo de intercambios de enormes cantidades de información, de alcance sin comparación, que es posible chequear y que muchas veces genera horror. De alguna forma, lo que asusta al mirar internet lo que asusta al mirar internet es la constatación de que existen tantas ‘verdades’ como grupos sociales hay: de paje a rey, de terraplanistas hasta académicos

A eso hay que sumar la ansiedad que genera la idea de “falta de control” asociada a la democratización del acceso a los medios de producción de información. Se publican barbaridades de todo tipo en internet, pero también es el espacio en que se encuentran y se expresan con mayor libertad comunidades que históricamente habían sido marginadas de la discusión pública. Cabe recordar que la documentación de las violaciones a derechos humanos cometidas por fuerzas estatales en todo el mundo hoy circula primero por internet antes que en los medios de comunicación tradicionales, como ocurrió también en Chile desde octubre de 2019. Por último, ahí está la Wikipedia, una enciclopedia construida de forma colaborativa y voluntaria, con índices de exactitud y actualidad mayores que los de otras enciclopedias reconocidas.

También es cierto que internet ha permitido que quienes gravitan en torno a ideas extremistas circulen y se encuentren más fácilmente, pero este no es un rasgo propio de la desinformación como fenómeno, sino que es una de las características fundamentales del medio: internet fue concebida para permitir que todas las ideas y todas las personas conecten con facilidad. ¿Es posible tener lo uno sin lo otro? Es una cuestión que ha demostrado ser extremadamente difícil de implementar, pero no existen pruebas concretas de que el daño producido por lo primero sea más importante que el beneficio.

Internet nos ha dado más acceso a la verdad que nunca en la historia de la humanidad.  De este modo, la solución pasa por generar condiciones que incentiven el interés y la voluntad en lo veraz.

¿De quién es la culpa?

En agosto de 2019, Mónica González recibió el Premio Nacional de Periodismo en Chile. Nada sorprendente, se trata de una periodista chilena de vasta trayectoria que ha estado al frente de medios importantes y que es una justa merecedora del galardón. Lo extraño fue parte de su discurso de aceptación del premio: “Lo que estamos enfrentando es la mayor amenaza a la democracia (…) enfrentamos una industria de noticias falsas, enfrentamos una amenaza a la democracia que amenaza nuestro sistema de vida, y en la que como nunca antes el periodismo está llamado a jugar un rol importantísimo, porque lo que está en juego no es la libertad de expresión, hay que actualizarse; lo que está en juego es el acceso a la buena y oportuna información. Necesitamos un observatorio estatal que nos alerte y que defienda a los ciudadanos contra la industria de noticias falsas”.

El discurso de González es ilustrativo de una forma en la que se ha dado la discusión sobre desinformación que invierte la lógica convencional: en vez de preguntarnos en qué están fallando las instituciones llamadas a garantizar el acceso a información veraz, ponemos la carga de responsabilidad en una supuesta categoría de mentiras ontológicamente más eficientes que las verdades, sin preguntarnos el porqué. Siguiendo esta premisa, no es que “nosotros” hayamos fallado, es que las mentiras son muy poderosas. Así, lo que se necesitaría no es revisar, mejorar y fortalecer las instituciones, sino perseguir y castigar las mentiras.

Dicha posición impide hacer una introspección y detectar fallas y posibilidades de mejora, despojándose de cualquier responsabilidad mediante la invención de un rival más allá de las propias capacidades.

Política y ciencia

Usualmente, se señala que entre los aspectos sociales más impactados por la desinformación incluyen la salud pública y la democracia, aunque probablemente ese listado está fuertemente determinado por eventos que han concitado más atención durante la última década: la pandemia por COVID-19 y el sorpresivo resultado de una serie de elecciones y referendos alrededor del mundo en favor de la extrema derecha, en lugares como Reino Unido, Estados Unidos y Brasil. A ellos se suman algunos eventos locales de desastres naturales, como el terremoto en México en septiembre de 2017. Estos dos casos son ejemplos de cómo podemos medir el real impacto de la mentira en la sociedad.

Lo curioso de esa lista es que la salud pública —ligado al saber científico— y la democracia —en su acepción más acotada, relativa a la celebración de procesos electorales— son dos ámbitos que tienen muy poco en común.

En el ámbito de la salud, el conocimiento nace de consensos precedidos de la aplicación del método científico, que equivalen a lo que comúnmente se denominaría “verdad”, pero que no son estáticos: nueva información puede desplazar la antigua convención por una nueva. La reciente pandemia por COVID-19 nos dio la oportunidad de experimentar estos cambios en poco tiempo, lo que no suele ser la tónica. Por ejemplo, al principio de la pandemia se planteó que no había necesidad de que la población general usara mascarillas, recomendación que se restringió al personal médico y a las personas que sospechaban estar infectadas. Esta posición cambió radicalmente cuando se comprobó que la utilización de barbijos ayudaba a evitar el contagio y se dictaron diversas medidas que volvían obligatorio el uso del tapabocas.

Por su parte, la política se basa en, básicamente, la lógica opuesta a la de la ciencia y que, por lo tanto, no es factchequeable, en la medida en que las opiniones sobre la visión del mundo y la organización de la sociedad no son verificables. Esto no quiere decir que no haya mentiras en la política; al contrario, abundan. En algunos casos, esas mentiras pueden ser legalmente punibles (por ejemplo, las faltas a la probidad, cuestiones relativas a la malversación de recursos públicos, incluso algunos casos de injurias graves). Pero el mecanismo regular de la política enfrenta visiones opuestas que, frente al mismo fenómeno, serán interpretadas de acuerdo con las posturas ideológicas de cada lado.

Los procesos eleccionarios ofrecen la posibilidad a las personas de elegir entre ese abanico de visiones, pero es sumamente difícil saber específicamente porqué una persona decidió marcar A o B en la papeleta, y mucho más interpretar si esa elección tiene consistencia interna con el conjunto de valores relevantes para cada votante, de forma individual.

Por lo mismo, poder saber cuál es el impacto de una mentira particular en ese proceso de toma de decisión es complejo. ¿Cómo se aísla el factor “mentira” del resto de estímulos a los que un votante está expuesto y sus creencias previas? A diferencia de la ciencia, en las elecciones no hay revisión de pares, ni procesos estandarizados. Hay opiniones con pesos relativos y momentáneos, pero los fundamentos de esas opiniones son mayormente misteriosos. A nadie se le exige justificar el voto.

El decreto que crea la Comisión Asesora estipula la necesidad de estudiar el “Impacto de la desinformación en la calidad de la democracia”. Gran parte de la investigación sobre el tema se limita a constatar la existencia de (gran cantidad de) información falsa sobre un tópico determinado en vez de demostrar, mediante datos concretos y metodologías replicables, que este es un factor perjudicial para la ciudadanía y sus derechos políticos.

Por último, es importante echar un vistazo más profundo y entender las motivaciones de las comunidades que existen en torno a la producción y difusión de desinformación, que pueden ser de carácter político, pero también involucran dinámicas sociales complejas: sentido de pertenencia y participación, respeto, camaradería, posición social, amistad, amor. En muchos casos, la desinformación no es más que la excusa para el tejido de lazos sociales. Investigar el fenómeno más allá del pánico y el afán cuantitativo es la única forma de descubrirlo.  

Líneas editoriales

Tras el rechazo de la propuesta de nueva Constitución elaborada por la Convención Constitucional en Chile,  se realizó un sondeo a “120 residentes de 12 comunas populares de la Región Metropolitana” que votaron en favor del rechazo.  Lo que el texto sugiere es que estas personas equivocaron su voto, porque no entendieron lo que se estaba votando, o que habrían sido víctimas de un engaño. Pero las personas que votaron “Apruebo” no fueron interrogadas y no hay sospecha sobre sus motivaciones.

Los medios de comunicación tienen también intereses políticos y funcionan bajo esta lógica. La línea editorial de un medio no se restringe solo a las columnas de opinión y la forma en que los hechos son cubiertos, sino que se extiende a cuestiones como el espacio y la posición que ocupa una noticia en un medio, su recurrencia y a todo lo que no es mencionado en ella. Es, en esencia, determinar qué es importante y qué no lo es.

Asegurar un ecosistema de medios diverso y robusto parece mucha mejor opción que intentar alinear los escasos medios existentes a una versión monolítica de la verdad. Todos los medios presentan visiones parciales del mundo. Asegurémonos de que la ciudadanía tenga a disposición un abanico de opciones de donde escoger. Junto con ello, incentivemos la curiosidad y el espíritu crítico en las personas, de modo que puedan relacionarse con la información con una saludable dosis de suspicacia y con las herramientas necesarias para proseguir la recopilación por cuenta propia desde fuentes diversas. Hagamos una revisión profunda de las lógicas y prácticas del resto de las instituciones llamadas a resguardar los márgenes de la discusión pública y aportar con datos veraces.

La mentira no es un problema nuevo, no la inventó internet ni es abarcable únicamente desde perspectivas técnicas y/o jurídicas. No es posible erradicarla completamente de nuestras vidas. Ciertamente no todas las mentiras son iguales y hay algunos tipos de mentiras que están tipificados como delitos. Es importante que dichas figuras penales sean específicas, acotadas, proporcionales y claras, y ajustadas a los estándares de internacionales de protección de la libre expresión. Cuando existan esas figuras hay que usarlas, en vez de pretender crear nuevos delitos enfocados en tecnologías específicas o de forma poco prolija. Si queremos luchar contra las mentiras de forma más general, la manera más eficiente de hacerlo es concentrarnos en la promoción de la verdad y la libertad de expresión en tanto derecho fundamental e inalienable.