Temática: Gobernanza de internet

El Foro de Gobernanza de Internet en un país autoritario

México atraviesa una grave crisis de derechos humanos. Sin embargo, es la sede del Foro de Gobernanza de Internet (IGF) —un evento de Naciones Unidas que cada año reúne a gente de academia, gobiernos, activistas y empresarios para discutir los temas más controversiales en la red. Entre desapariciones forzadas, torturas, asesinatos de periodistas, corrupción e impunidad, cientos de personas de todo el mundo debaten algo crucial: cómo hacer de internet un espacio más democrático.

La paradoja es evidente. Los derechos humanos online y offline no pueden disgregarse. En la ceremonia de bienvenida, el gobierno mexicano se encargó de recordar la prohibición de protestar, repartir panfletos o hacer críticas dirigidas, y además organizó una cena de gala privada, rompiendo con la tradición del evento que busca reunir a los diferentes sectores. ¿Cuál es la razón de la exclusión? ¿Tanto temen a la crítica?

Hay que decirlo con todas sus letras: México no es ningún ejemplo de democracia digital. El espionaje ilegal es más que común y se usa para intimidar a periodistas y opositores políticos. Además, la violencia en línea es un método predominante de intimidación y las autoridades mexicanas hacen poco para contrarrestarla.

En cuanto a la vigilancia, sabemos que el gobierno interviene comunicaciones privadas y obtienen metadatos de usuarios y su geolocalización en tiempo real a través de medios ilegales. Según un reciente informe de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, el 99% de estos actos se hacen sin orden judicial.

Red en defensa de los derechos digitales

El organismo de inteligencia nacional (CISEN) dice haber obtenido 2002 autorizaciones judiciales para intervenir comunicaciones privadas, pero los jueces aseguran que fueron únicamente 654. Además, la Policía Federal vigiló 1781 dispositivos, aun cuando solo tenía autorización sobre 205. Intervenir comunicaciones sin orden judicial va en contra de lo que dice la propia Constitución. Y dicha ilegalidad es muy preocupante en un país corrupto donde periodistas han denunciado los nexos del gobierno con el crimen organizado y donde desaparecen estudiantes y se reprimen protestas, entre otros crímenes: la vigilancia, lejos de ayudar a combatir el crimen, se usa para perseguir la disidencia.

Red en defensa de los derechos digitales

Pero resulta más grave el hecho de que el estado mexicano use malware de vigilancia para silenciar a periodistas y opositores políticos. El gobierno mexicano es el cliente más importante de Hacking Team –la empresa italiana que vende uno de los software más intrusivos en el mercado-, pero además ha comprado estos programas a otras empresas como NSO Group, usándolo para espiar a periodistas disidentes que han descubierto escándalos de corrupción del presidente Enrique Peña Nieto. Por si fuera poco, durante la campaña presidencial de 2012, quienes ahora ejercen el poder contrataron a un hacker para espiar a sus opositores políticos durante la campaña.

En este contexto, la libertad de expresión está bajo fuego constante. Según la organización Artículo 19, desde que empezó la llamada “guerra contra el narco” en el año 2000, 99 periodistas han sido asesinados. Además, el 46.7% de las agresiones contra la prensa vienen de los gobiernos. Estos actos tienen un potente efecto silenciador, tanto en el mundo offline como en internet. Por otra parte el acoso, especialmente mediante amenazas en plataformas de redes sociales, se ha consolidado como una forma para intimidar, infundir miedo y silenciar: tanto activistas feministas como periodistas y caricaturistas críticos han sido amedrentados por esta vía y las autoridades no han sabido responder frente a estos hechos.

Artículo 19

En México, como en el resto de América Latina, la realidad en línea es un reflejo del autoritarismo y la violencia que se vive día a día. No puede existir una seria discusión sobre la apertura y democracia en internet, con graves violaciones a derechos humanos de por medio. El gobierno mexicano tiene mucho por hacer.

Democracias más robustas necesitan de la sociedad civil e internet

Patricio Velasco y Pablo Viollier

Durante el 32º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se han tomado dos resoluciones con importantes implicancias para América Latina. En primer término, el Consejo ha resuelto que los estados deben comprometerse a proteger el espacio de la sociedad civil. La resolución, que puede ser revisada aquí, establece un precedente relevante y puede, además, ser leída como un llamado de atención hacia los países miembros del organismo internacional.

El mismo órgano internacional hizo noticia en los últimos días, pues formuló una resolución –de carácter no vinculante– sobre la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en internet (que puede ser leída aquí). La declaración condena abiertamente a los países que voluntariamente bloquen el acceso a internet, bajo la premisa de que los mismos derechos que las personas tienen offline han de ser protegidos en entorno en línea.

Estas resoluciones suponen un apoyo institucional fuerte a labores de organizaciones como Derechos Digitales en la defensa, desarrollo y promoción de los derechos y libertades en línea, desde la perspectiva de los derechos humanos y el interés público. No solamente por reconocer una vez más la importancia de internet y condenar las acciones contrarias a su disfrute, sino por impulsar una sociedad civil fuerte y activa en la formulación de políticas públicas en general.

En lo sustantivo, la resolución en torno a la sociedad civil establece una serie de lineamientos que los estados deben implementar en pos de favorecer el accionar de las organizaciones que forman parte de ésta. Así, el consejo resuelve que los estados han de comprometerse a:

  • Asegurar las condiciones para que los actores de la sociedad civil puedan buscar, obtener y utilizar recursos tanto de orden público como privado.
  • Mantener procedimientos institucionales accesibles para el registro y conformación de organizaciones.
  • Asegurar que los actores de la sociedad civil puedan tomar parte en las diversas etapas de la discusión legislativa; ya sea en el desarrollo de una ley, su debate, sanción, implementación o revisión.
  • Adoptar leyes y políticas claras que permitan la divulgación efectiva de la información pública.
  • Garantizar el acceso a la justicia y la rendición de cuentas, en vistas de poner fin a la impunidad hacia violaciones de derechos humanos y abusos contra los agentes de la sociedad civil.

Las orientaciones arriba señaladas suponen un amplio reconocimiento a la importancia de las organizaciones y agentes de la sociedad como promotores del “empoderamiento de los miembros de grupos minoritarios o vulnerables de la sociedad”. A lo anterior se agrega el rol de vigilancia y control que la sociedad civil cumple frente al estado, especialmente en lo relativo a eventuales violaciones de los derechos humanos. Es en razón de lo anterior que la declaración del Consejo de Derechos Humanos puede ser también leída como un fuerte llamado de atención a los países miembros de la organización que han entorpecido el actuar de la sociedad civil, incluso llegando a atentar contra los derechos de actores miembros de ésta. Una sociedad civil fuerte y autónoma es, finalmente, un indicador de la calidad de la democracia de los países y de su capacidad de resguardar los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Por su parte, la resolución referida al rol de los derechos humanos en internet manifiesta una profunda preocupación por medidas “cuyo objetivo o efecto deliberados es impedir u obstaculizar el acceso o la divulgación de información en línea, vulnerando el derecho internacional de los derechos humanos”.

Para nuestro continente, lo anterior no es sólo una preocupación académica o abstracta. En un escenario donde los gobiernos de Latinoamérica se ven cada día más tentados a vigilar y controlar a sus ciudadanos y los intereses empresariales han colonizado de forma cada vez más profunda el proceso democrático,  la existencia de organizaciones cuyo fin es velar por el bien público -y no por intereses particulares- resulta cada vez más necesaria y se ha visto catalizada por el uso de herramientas en línea. Por lo mismo, no es de extrañar que la sociedad civil en Chile haya logrado mejorar las condiciones de transparencia en el proceso legislativo chileno, que en Brasil se haya enfrentado al lobby empresarial en la negociación del Marco Civil y que distintas organizaciones de todo el continente se hayan aunado para rechazar en conjunto el Tratado Trans-Pacífico (TPP), entre otros logros.

Lamentablemente, Latinoamérica sigue siendo un lugar en donde las organizaciones de la sociedad civil deben luchar para cumplir su rol libremente. En muchos países esto se traduce en falta de espacios de incidencia, o espacios meramente testimoniales. Sin embargo, algunos gobiernos de la región han optado por una actitud derechamente hostil hacia las organizaciones de la sociedad civil y su labor. Casos como el asesinato de la líder indígena hondureña Berta Cáceres, las restricciones del derecho de asociación en Venezuela y el intento de disolución de la ONG Fundamedios en Ecuador -que ha desplegado una campaña en internet para dar cuenta del atropello a su accionar- deben servir como un llamado de alerta para el continente. No sólo respecto de la protección de la sociedad civil, sino que del estado real de nuestras democracias en el continente y el rol que internet puede jugar actualmente..

Particularmente, lo propuesto por Consejo de Derechos Humanos, en su resolución sobre la sociedad civil, levanta una voz de alerta en la región para países como Bolivia (que se abstuvo en la votación) y Venezuela (que rechazó la declaración). Resulta imperioso que los estados latinoamericanos desarrollen capacidades, políticas y mecanismos institucionales pertinentes, en vistas de garantizar el adecuado despliegue de la sociedad civil. Lo anterior se torna aún más acuciante al considerar que, como parte de la misma declaración, el Consejo solicita al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos la preparación de un informe que recopile información sobre los procedimientos y prácticas relativas a la participación de la sociedad civil en los países miembros. Es de esperar que los resultados de tal indagación sean capaces de otorgar más luces respecto a las debilidades y espacios de mejora existentes en la región.

Finalmente, resulta muy importante destacar la labor del Consejo de Derechos Humanos en lo referente al rol de internet para la promoción y defensa de los derechos fundamentales, especialmente al reconocer el escenario de irrupción y disrupción sobre el uso de internet que ha afectado a estados miembros del organismo.

Mejorar la cooperación internacional también debería ser parte del debate sobre el cifrado

Las evidentes amenazas que hoy rodean al cifrado y que con razón acaparan titulares con la denominada batalla entre Apple y el FBI, han enturbiado otras discusiones. Es el caso de la reciente detención del vicepresidente de Facebook América Latina, el argentino Diego Dzodan. Para muchos este es otro ataque directo al cifrado y una presión inaceptable a Facebook. Lo cierto es que una mirada más calmada a los pocos hechos que se saben del asunto permite ver otras aristas importantes al momento de discutir sobre el cifrado.

Los hechos que se conocen son limitados porque el caso es confidencial. Lo que se sabe hasta ahora es que la justicia brasileña emitió una serie de órdenes judiciales que obligaban a Facebook, empresa dueña de WhatsApp, a entregar el contenido de una conversación en grupo en la aplicación de mensajería, así como otros datos, incluidos los de geolocalización. Esto, en el marco de un delito grave: según la justicia brasileña, serían pruebas que se utilizarán en una investigación sobre el crimen organizado y el tráfico de drogas. Hasta acá, todo conforme a lo que el marco legal permite (y que continuamente ocurre entre la justicia y estas empresas): bajo orden judicial y en la investigación de delitos graves, pedir la entrega de información privada de los usuarios.

Según Facebook, esta vez se excusaron de entregar esos mensajes porque simplemente no tenían la información: al estar las comunicaciones de WhatsApp cifradas de punto a punto, es imposible para la compañía acceder a los contenidos de los mensajes. Finalmente, la justicia brasileña, luego de cuatro meses de insistencia y multas que alcanzaron un millón de reales al día por incumplimiento de las órdenes judiciales, detuvo a Dzodan por una noche y luego fue liberado por un Habeas Corpus: un juez dictaminó que fue detenido indebidamente porque Dzodan no ha sido nombrado personalmente en los procesos judiciales. El proceso sigue bajo estricta confidencialidad.

Lo poco que se sabe bastó para un barullo mundial. Las reacciones fueron particularmente alarmantes en los medios estadounidenses, alentadas de seguro por todos los ataques del gobierno de EE.UU. contra el cifrado. Pero más allá de eso, una lectura general mostraba no solamente al Estado brasileño como “el malo de la película”, sino también se vislumbraba un apoyo no tan solapado y bastante ciego a las empresas de Silicon Valley en su actuar en el extranjero. Venture Beat llegó a decir:

«Aunque Dzodan solo pasó alrededor de 24 horas en la cárcel, su detención demuestra que los gobiernos extranjeros pueden tomar medidas que son mucho más directas –e inmediatas– que las perseguidas por el FBI en su esfuerzo de obligar a Apple a desbloquear un iPhone.» (traducción propia).

Antes de calificar buenos versus malos, hay que comprender que si bien esta discusión se trata sobre cifrado, es imposible entenderla en su fondo sin considerar la dimensión política que lo rodea. De hecho, tomar en cuenta estos factores puede aportar a una agenda política más ambiciosa y propositiva respecto a la necesaria defensa del cifrado.

Sí. Por lo que sabemos ahora, la decisión  del juez brasileño es una amenaza al cifrado, en tanto demuestra lo peligroso que es cuando las autoridades no comprendan en profundidad este mecanismo de comunicaciones seguras y, en este caso particular, que sea imposible para Facebook entregar los mensajes requeridos. Pero es una amenaza distinta, mucho menos grave de lo que ocurre hoy en Estados Unidos, donde el tribunal ordenó a Apple crear una nueva versión especial del sistema operativo iOS de Apple para pasar por encima de varias características de seguridad integradas en el sistema operativo de la compañía.

[left]El debate del cifrado ha sido reconocidamente un debate de hombres blancos. Hacerlo más diverso es también considerar los contextos políticos en que se desenvuelve la discusión en ámbitos locales.[/left]

Lo que acaba de ocurrir en Brasil es síntoma de un problema político general entre Silicon Valley y los países en vías de desarrollo. Como dice el interesante reportaje de Motherboard Brasil, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, donde hay una mayor cooperación entre las empresas y los servicios de inteligencia e investigación, las autoridades locales de otros países, especialmente en vías de desarrollo, tienen dificultades de base para que las compañías de Silicon Valley cumplan las leyes nacionales. Sin ir más lejos, WhatsApp, que tiene una administración diferente a Facebook, y con 100 millones de usuarios en Brasil, no tiene representación legal en el país. Este “detalle” es, como dice el reportaje, convenientemente omitido en los comunicados de la empresa en la detención de Dzodan.

Sin lugar a dudas, el cifrado está recibiendo certeros ataques por parte de muchas autoridades mundiales. Pero para proteger las comunicaciones seguras y, con eso, la privacidad y la misma integridad de internet, también es necesario plantear una agenda que avance en la cooperación internacional de forma amplia. En el marco de la investigación de crímenes, se debe avanzar en la cooperación internacional de pedido de datos de manera de hacerla más ágil y respetando el debido proceso. Pero también debe existir mejor cooperación de las empresas con los Estados: se debe avanzar decididamente en que las compañías de Silicon Valley comprendan, transparenten y faciliten su responsabilidad legal en los países en vías de desarrollo.

Asimismo, una agenda propositiva en la defensa del cifrado debe considerar cooperar con el entendimiento de nuestras autoridades judiciales sobre los alcances de este mecanismo: la importancia de un cifrado fuerte para los derechos de la población y de la integridad de internet, el porqué es imposible acceder a información fuertemente cifrada y  la necesidad de recurrir a otras formas de investigación que no dañen este tipo de comunicaciones seguras.

El debate del cifrado ha sido reconocidamente un debate de hombres blancos, tanto para sus defensores como para sus detractores. Hacerlo más diverso es también considerar los contextos políticos en que se desenvuelve la discusión en ámbitos locales. Es justamente ese análisis el que puede ayudar a avanzar en una agenda política que de forma directa o indirecta proteja y fortalezca el cifrado.

La economía política de internet

Frente a cualquier desarrollo tecnológico es posible preguntar quiénes son los gestores de tal tecnología. Plantear la pregunta por “¿quién es el dueño?” nos entrega luces respecto de porqué una compañía estaría dispuesta a invertir en determinados proyectos. Así es posible comprender, por ejemplo, cuáles son las motivaciones de Facebook por promover el acceso a internet; como hemos visto, detrás de iniciativas como Free Basics no prima necesariamente una preocupación altruista sino, más bien, el interés de Facebook por contar con un mayor número de usuarios de sus servicios. Si no pagas por un producto es altamente probable que el producto seas tú. Esto es plantear la pregunta por la economía política de las redes y dispositivos que usamos cotidianamente: saber quiénes son los propietarios nos permite conocer sus intereses.

La penetración masiva de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana ha llevado a algunos a sostener que el acceso a internet puede incluso constituir un derecho humano. El problema que surge de lo anterior tiene que ver con la provisión de tal (eventual) derecho y la economía política tras este. Pensemos, por ejemplo, en la provisión de un bien imperioso para la existencia de la vida: el agua. Diversos han sido los modos en los cuales los estados han respondido a la provisión de tal bien. Desde modelos completamente estatales, hasta escenarios privatizados donde el Estado opera como “garante” de la provisión y el acceso al agua -modelo que bien conocemos en Chile.

Uno de los ámbitos en los cuales este tipo de relaciones puede despertar un mayor número de preguntas se relaciona con el surgimiento de las denominadas “ciudades inteligentes” (o “Smart Cities”). La idea es que mediante el uso de tecnologías de la información en tiempo real sería posible gestionar de mejor manera las complejas interacciones que se dan en las grandes urbes: desde el tráfico hasta la gestión de catástrofes naturales (se puede leer más sobre el particular aquí).

Sin embargo, el que una ciudad pase de ser “tonta” (o, al menos “no-inteligente”) a “inteligente” comporta un inversión que no es menor, sobre todo al considerar que contempla la implementación de una infraestructura considerable. Cabe aquí entonces nuevamente la pregunta: ¿quiénes y respondiendo a qué intereses estarían dispuesto a realizar tal inversión?

Empresas como CISCO Systems y Siemens han sido de las compañías que más en serio se han tomado las “ciudades inteligentes”. A la fecha, CISCO ha desarrollado planes para Holanda, India y Corea, por mencionar ejemplos de contextos diversos. En Latinoamérica, por otro lado, ciudades como Santiago ya han manifestado su intención y planificación en vistas a alcanzar el tan anhelado adjetivo de “inteligente”. ¿Cuáles serán los acuerdos público-privado que regirán este tipo de políticas? ¿Cuál será el rol de la ciudadanía a la hora de tomar parte en tales planes de desarrollo?

Las implicancias de tales cuestiones exceden la mera preocupación por la economía política y se sitúan en planos que afectan directamente nuestros derechos fundamentales. Cuando nos hallamos en la arena de la tecnología, sabemos que debemos enfrentarnos a cuestiones tales como la privacidad y el manejo de datos personales. Sin embargo, en los planes propuestos, las más de las veces estos cuidados siquiera son mencionadas.

Las consideraciones respecto a lo que es visto como público puede fácilmente teñirse de un manto de duda al evaluar el rol que ejercen las compañías privadas. A modo de ejemplo, resulta interesante destacar la implementación de Facebook at Work (FAW) en el Gobierno argentino.

FAW es la aplicación de Facebook para la gestión del trabajo en organizaciones; la compañía sostiene que, dada la familiaridad con el entorno de la plataforma, es una herramienta de fácil adopción para organizaciones de todo orden, incluso administraciones estatales. Es lo que ha decidido el gobierno de Macri en Argentina, constituyendo el primer ejemplo de un país que adopta el servicio para la gestión gubernamental. Aún cuando existen quienes han manifestado sus precauciones en razón de la seguridad del servicio y las implicancias de éste la opción “modernizadora” parece haber tenido mayor valía para el Gobierno argentino. ¿Hasta dónde estarán resguardados los datos de una administración estatal en un servidor privado? ¿Existen las garantías requeridas respecto al manejo de los datos personales de los funcionarios? ¿Qué se hará con la información recabada?

Nunca está demás volver a plantear la pregunta por la economía política, en vistas de comprender qué es lo que impulsa el surgimiento de iniciativas como las “ciudades inteligentes”, Free Basics o, incluso, la plataforma de gestión organizacional de un estado. Responder tal pregunta nos ayuda a comprender estas iniciativas de forma más completa, habilitando a los diversos sectores involucrados y, especialmente, a la ciudadanía a tener elementos de juicio.

Free Basics y las batallas políticas de internet

Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, ha dicho que la misión fundamental de su compañía es conectar a las personas, por lo que no descansará hasta que los 5 mil millones que actualmente no tienen acceso a internet en el mundo, estén conectados a la «red de redes». Para lograrlo, implementó en diversos países en vías desarrollo el proyecto Free Basics (antiguamente conocido como Internet.org) el que, se suponía, debía ser recibido con los brazos abiertos por los habitantes locales.

Actualmente el servicio funciona así: Facebook se asocia con proveedores de internet locales y ofrece una aplicación que las personas pueden bajar en sus celulares -no necesariamente inteligentes- y obtener entonces acceso a ciertos servicios en línea (que incluyen Facebook y WhatsApp, más otros que varían en cada país) sin necesidad de gastar sus planes de datos. Para Zuckerberg, Free Basics es el impulso que necesita la gente pobre para valorar internet y decidirse a gastar parte de su presupuesto mensual en una conexión a toda internet.

No obstante, en la actualidad Zuckerberg enfrenta uno de los momentos más álgidos de su proyecto. Y es que a principios de diciembre del 2015, la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones de India (TRAI), ordenó al proveedor de internet Reliance Communications -socio de Facebook para ofrecer Free Basics- suspender temporalmente el servicio en el país. La razón se debe a una larga polémica sobre si a un operador de telecomunicaciones le debe ser permitido tener precios diferenciados para diferentes tipos de contenido. Mientras aquello se resuelve, no solo se suspendió temporalmente el servicio, sino que la TRAI se abrió a los comentarios de múltiples partes interesadas para su último documento que trata justamente esta materia.

Ahí se desató la batalla.

Por un lado, con una campaña destinada a desacreditar la opinión de activistas opositores, Facebook ha destinado enormes recursos para repletar de publicidad a favor de Free Basics las calles, los medios de comunicación y su propia plataforma. Por su parte, un importante sector de la sociedad civil, la academia y privados se han reunido bajo la coalición Save The Internet para levantar oposición al proyecto emblema de Zuckerberg.

Hasta ahora, parte importante de los argumentos en torno a la discusión sobre Free Basics y, en general, sobre servicios zero-rating tanto en India como en otros países, se concentran en si la neutralidad de la red es un principio real y deseable en internet, y si aquel -en su existencia- podría tener excepciones. Muy relacionado con esto, se discute si la neutralidad de la red es una barrera o una garantía para el acceso a internet y, más específicamente, si es conveniente -económica y políticamente- que sea Facebook y un puñado de empresas las que decidan qué aplicaciones son parte de una internet gratis y cuáles no.

Pero con la discusión en India queda en evidencia que una aproximación meramente técnica no es suficiente si no se consideran las diversas dimensiones de poder que cruzan el debate.

Y es que más allá de la discusión sobre la neutralidad de la red y el acceso, hay incomodidad en cómo Facebook ha llevado a cabo el proyecto Free Basics en los distintos países del tercer mundo: por un lado, con poca o nula participación local; y relacionado con lo anterior, con la receta lista desde el primer mundo de cuál es la internet que el tercer mundo merece, como si hombres blancos y acomodados de Silicon Valley supieran mejor lo que países en vías de desarrollo -nuestros países- necesitan.

Ante la crítica política, Facebook ha reaccionado agresivamente. Para sus defensores, los reclamos solo responden a una suerte de antiamericanismo presente en el país. De hecho, Zuckerberg escribió una editorial en India y calificó como “afirmaciones falsas” los argumentos contrarios a Free Basics, lo que le valió la respuesta, con algo de sorna, de Quartz India que tituló: “Mark Zuckerberg no puede creer que India no esté agradecida de la internet gratuita de Facebook”.

La reacción de Free Basic incluyó una campaña que, entre otros recursos offline, tiene como eje la propia plataforma de Facebook. Como miles de activistas y organizaciones alrededor del mundo que día a día utilizan Facebook para dar a conocer sus campañas de incidencia, esta vez el dueño del servicio decidió también ocuparlo para esos fines. No habría nada de malo en aquello, sino fuera por las acusaciones que denuncian las barreras que la compañía le impone a la campaña contraria, Save The Internet, además de otras acusaciones.

Se trata de preocupantes denuncias sobre la manipulación de la opinión pública local. Con todo, el hecho nuevamente demuestra que la batalla de Free Basics excede el debate sobre la neutralidad de la red y pone luz sobre otra preocupante dimensión política en las discusiones sobre derechos en internet: el poder del algoritmo.

Refiriéndose a este hecho y el poder de las corporaciones tecnológicas, Evgeny Morozov afirma que “podríamos estar presenciando el nacimiento de una nueva, potente y altamente descentralizada aproximación al lobby, donde los ciudadanos se fusionan con los algoritmos para neutralizar cualquier amenaza a[l] culto [de Silicon Valley]” (traducción propia).

Estas denuncias ponen de manifiesto la fragilidad de nuestros derechos cuando el algoritmo es cerrado, sin atisbos de transparencia, y ponen especial advertencia a la fragilidad de la libertad de expresión de miles de personas y organizaciones que usan plataformas privadas como Facebook para hacer activismo.

Pero el asunto se hace especialmente peligroso cuando ese algoritmo -poco transparente y con posibilidades de ser políticamente manipulado- es parte de las pocas plataformas a las que una persona puede acceder a través de servicios zero-rating como Free Basics. Cabe preguntarse entonces si es válido el argumento de que los servicios zero-rating son en cualquier condición habilitadores de derechos como la libertad de expresión de las personas. Se olvida muchas veces que estos se tratan de servicios muy específicos de corporaciones privadas con poder total sobre su código.

La reacción de Facebook ante los atendibles argumentos indios -no solo de activistas, academia y sector privado, sino también del Estado- hacen pensar que esta batalla va mucho más de los argumentos técnicos, sino que tiene claros ribetes de lucha de poder político en un país que representa el segundo mercado después de EE.UU. para la compañía. Se trata de una suerte de neocolonialismo digital que abunda en las discusiones políticas de internet, donde no solamente el norte reclama dominios sin contrapesos al sur, sino que muchas veces son las grandes corporaciones las que dominan la conversación por sobre cualquier soberanía local.

Considerando que Free Basics es una realidad en muchos de nuestros países de América Latina, creer que la discusión solo se trata de neutralidad de la red y acceso puede ser un equívoco: observar con atención lo que ocurre en India nos puede ayudar a entender el verdadero alcance de las discusiones “técnicas” en internet.

Agenda Digital 2020: una vaga lista de deseos

Desde el mandato del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), cada gobierno presenta una nueva Agenda Digital, un plan de desarrollo para el país respecto a las “tecnologías de la información”, con una serie de hitos y propuestas de modernización. Lamentablemente, en lugar de ser un indicador del interés por establecer políticas públicas a largo plazo, las agendas digitales no han sido más que un cúmulo de medidas más o menos ambiciosas, con consecuencias inmediatas y sin una política pública propiamente tal que las oriente. La agenda de la presidenta Bachelet, presentada recién a fines de noviembre, no es diferente e instala nuevas preguntas.

La Agenda Digital 2020 se presenta ambiciosamente como una hoja de ruta con 60 medidas concretas, pero el documento no presenta una estructura ejecutiva adecuada para la gestión de dichas medidas, ni tampoco una guía de principios que explique por qué se priorizan algunas y no otras: las medidas propuestas no tienen responsables, plazos ni mecanismos de evaluación.

Ignorando las peticiones de la sociedad civil y el sector privado por una visión común y a largo plazo, la Agenda Digital 2020, al igual que sus predecesoras, hace borrón y cuenta nueva: ¿Qué medidas concretas de la Agenda Digital del Presidente Piñera se han mantenido? ¿Cuáles se han descartado? ¿Por qué razones? ¿Cómo se evaluó el proceso de confección de la agenda anterior y las medidas que en base a ella se materializaron? Todas son preguntas que la Agenda actual elude y que debieran ser el punto de partida para un plan de futuro. Al mismo tiempo, la Agenda incluye medidas que ya están en ejecución y que, curiosamente, no necesitan de ella para tener éxito.

Pese a tener un capítulo completo dedicado a “Derechos para el entorno digital”, la Agenda Digital 2020 no incluye referencia alguna a aspectos vinculados a neutralidad de la red, libertad de expresión en el entorno en línea o medidas para enfrentar la vigilancia privada en internet. ¿Qué hay en ese capítulo entonces? problemáticas que poco tienen que ver con el ejercicio de derechos, tales como el impulso a la firma electrónica, aranceles o tributos digitales.

Por otro lado, hay una mención expresa a la esperada nueva Ley de Datos Personales, que anuncia será enviado “próximamente” al Congreso, pese a ser parte de la Agenda de Probidad desde mayo de 2015, sin que a la fecha exista claridad sobre el plazo de presentación ni de las autoridades responsables.

Chile ha sido pionero en temas regulatorios y digitales en el pasado: fue el primer país en el mundo en tener una ley de neutralidad de la red, que ha servido como referente en otras regiones del mundo; ejemplar es también nuestro modelo de responsabilidad de intermediarios en materia de derechos de autor, que resguarda la libertad de expresión y los derechos autorales al exigir orden judicial para la remoción de contenidos eventualmente ilícitos. Pero al revisar la Agenda Digital 2020, no hay indicios de una política pública que permita que el país mantenga su posición de liderazgo regional en materia de tecnología y desarrollo.

Pese a tener una oportunidad única, el gobierno de la Presidenta Bachelet muestra con esta agenda mucha tibieza y falta de compromiso para avanzar hacia una política pública digital abierta, inclusiva y protectora de derechos.

Esperamos que aún estemos a tiempo para encaminar un plan de desarrollo digital que no responda solo a problemáticas propias de fines de los noventa en Chile, sino que mire hacia el futuro e incluya una agenda de derechos robusta. El punto de partida para ello es tener una política pública que de no existir, inserta un razonable manto de dudas respecto de la idoneidad y alcance de las medidas anunciadas en esta hoja de ruta.

Free Basics Expands in Latin America, Cause for Concern or Potential Opportunity?

Free Basics, Facebook’s platform to expand its reach in the developing world, has provoked varied and impassioned responses from the digital rights community. Forty regional civil society organizations, led by Derechos Digitales, recently issued a statement of concern regarding the arrival of Free Basics in Latin America. At the 2015 Internet Governance Forum (IGF), held a couple of weeks ago in Joao Pessoa, Brazil, silent protesters tried, unsuccessfully, to unfurl a banner reading “Free Basics = Free of Basic Rights.” Even a lengthy piece on Facebook’s ambitions in the December 2014 edition of Time magazine, while largely positive, acknowledged that some view Free Basics as “an act of self-serving techno-colonialism.”* However, much of the criticism aimed at Facebook has been misdirected. Widespread, unfiltered access to the entirety of the internet is a laudable goal on which there can and should be broad consensus, but it is governments, not private enterprises, that have an obligation to facilitate this.

Facebook, in conjunction with its six founding partners (Ericsson, MediaTek, Nokia, Opera, Qualcomm and Samsung), launched internet.org (now known as Free Basics) in Zambia in July 2014, and has since expanded to 30 countries worldwide. By its own estimation, the platform is responsible for bringing 15 million additional people online to date. Free Basics offers a free, scaled-down version of Facebook along with a handful of other basic applications, such as those containing news, weather and health information.

To achieve this, Facebook partners with a local mobile phone carrier to carry Free Basics in each market it enters, and as tends to be the case with how most zero-rating services are marketed, the carrier selected usually has a share of total mobile customers that lags significantly behind that of the market leader. Thus, though the mobile carriers don’t receive payment from Facebook to offer Free Basics, the partnership can still be an attractive proposition as it can help them gain market share and build their customer base.

But what does Facebook gain from this arrangement? Critics have contended that while Free Basics may be free for customers from a monetary perspective, customers still “pay” with their privacy and data. In response, Facebook says that navigation data is only collected at the aggregate level to determine which services on the platform are being used, and that no personally identifying information is stored beyond 90 days, though this assertion has done little to appease critics.

But the greatest possibility for Facebook to profit from Free Basics lies in the extent to which the platform can be a catalyst for people to access the broader internet. As Facebook will presumably continue to feature heavily in the online activity of these crossover subscribers (who will switch over to the “full” version), the company’s potential to profit off of their usage (through advertising and other marketing strategies) increases dramatically. This helps to explain why at the recent IGF, Facebook representatives never missed an opportunity to tell their audiences that their data shows that 50% of those who use Free Basics opt for the paid internet with 30 days of coming online for the first time. Publicizing this fact serves two purposes that are both in the company’s interest: it sends a positive signal to investors, and also helps thwart criticism that Facebook wants to keep users of Free Basics in a “walled garden” of content. However, it should also be noted that the only quantitative data available thus far on Free Basics adoption and usage comes from Facebook itself, and that civil society should continue to put pressure on the company to release this data in a complete and transparent way. This is part of the responsibility that Facebook incurs by assuming the role of providing internet access.

Another oft-heard criticism is that many users of Facebook in the developing world do not realize that Facebook is only a subset of the broader internet, and that Free Basics helps to perpetuate this perception. One study found that in Indonesia, for example, 11% of those surveyed that said they used Facebook also said that they did not use the internet.   How the next billion users come online will help shape the direction of the internet, and thus this conflation of Facebook and the internet poses very legitimate concerns.

Facebook, by originally selecting “internet.org” for the name the project now known as Free Basics, as well as by presenting the service as a way to bring “the internet” to the unconnected masses, is certainly culpable for contributing to this misperception, as are the media, which have repeated many of Facebook’s talking points. But while this can be attributed to either overly aggressive marketing by a for-profit company or to lazy journalism, governments too easily drawn under Facebook’s spell ought to be more sharply criticized.

The Free Basics initiative becomes most problematic when governments use the arrival of the platform in their countries as a substitute for real public policies that would expand full internet access for their citizens. The existence of Free Basics does not absolve them of a responsibility to facilitate this unfiltered access. If anything, it should make them think more creatively about how to achieve this goal, rather than defer exclusively to Facebook. With this in mind, the key critics of Free Basics would see their objectives better served by stepping up efforts to encourage their elected officials to enact and enforce more inclusive digital rights policies.

The voices of potential first-time internet users who might actually use Free Basics tend to be excluded from the debate surrounding it, and most opponents criticize from a perch of privilege, in that they are already internet users. In light of this, it’s not worth it to throw out the baby with the bathwater for the sake of ideological purity. The best way that governments can respond to criticism that Free Basics violates net neutrality principles is by themselves working not just towards greater access, but towards more neutral access, where first-time users have varied options to choose from. Governments in Latin America can rise to the potential challenges that Free Basics poses by going to greater lengths to demonstrate their commitment to digital inclusion and support for development.

*Of course, this is a complicated issue, and a variety of approaches, not all of which are necessarily aligned, exist within the Derechos Digitales team.

10 años de activismo, incidencia y algunas victorias

Una de las preguntas recurrentes hace diez años, cuando decidimos formar Derechos Digitales, era por qué nos embarcábamos en una aventura que estaba tan lejana a los problemas de derechos humanos más urgentes en América Latina. Particularmente en Chile, los problemas que muchos veían estaban concentrados en áreas más bien ajenas para una organización que pretendía velar por la defensa y el desarrollo de derechos en internet.

¿Por qué no concentrarse en los derechos humanos “tradicionales”? ¿Por qué no en desigualdad, pobreza o acceso a internet? ¿Por qué dedicar esfuerzos y energía en problemas que parecían del futuro, más que presentes y actuales?

De alguna manera, y pensándolo en retrospectiva, el trabajo que hemos hecho en los años sucesivos ha sido tratar de respondernos esas preguntas.

Desde un comienzo planteamos que los debates respecto de los derechos digitales eran problemas de derechos humanos. Que aquello que ocurría en el entorno en línea tenía el mismo efecto que en un entorno sin conexión.

Lo anterior nos puso siempre en una vereda incómoda para algunos sectores, sobre todo para quienes querían ver intereses corporativos ocultos detrás de una agenda de interés público (lo que, lamentablemente, no es poco habitual en nuestra región). Para algunos era impensable la existencia de un grupo de abogados interesados en la mera defensa de un interés difuso y difícil de identificar con un gremio o grupo de presión específico.

Quizás fue la terrible dictadura chilena la que impidió durante muchos años -quizás todavía hoy- poder entender la importancia que tiene para la democracia y el debate público la participación de grupos organizados de defensa de intereses no corporativos y de lo importante que son para fortalecer nuestras democracias. No lo sé con exactitud.

Pero la experiencia nos llevó a entender que la incidencia pública es algo más que el monitoreo y la denuncia, sino que una forma de trabajo estratégico, capaz de levantar problemas y preguntas difíciles, y de persuadir a actores políticos a tener un rol activo en la defensa de los derechos en línea.

Este es un punto particularmente importante: no es el capricho el que conecta el ejercicio de derechos con las nuevas tecnologías, son ellas las que suponen una oportunidad para el desarrollo y, al mismo tiempo, una amenaza más que latente.

Si buena parte de nuestra vida social y cultural la desarrollamos a través de estas tecnologías, entonces la pregunta respecto de cómo su regulación impacta nuestros derechos es cada vez más pertinente. Y la acción por parte de organizaciones sociales, urgente.

Han pasado diez años y es a través de la práctica, la experiencia, las derrotas y también algunas victorias las que han permitido que Derechos Digitales siga cumpliendo un rol activo en la defensa de los derechos en línea en América Latina. Y he aquí la gran paradoja: mientras más trabajo hacemos en esta defensa, nuevas líneas se abren, nuevas oportunidades aparecen y viejos problemas mutan, en formas curiosas.

Hoy, la violación a nuestra privacidad -producto de políticas de vigilancia a nuestras comunicaciones en línea- requiere acciones urgentes. Promover la importancia de la protección de la privacidad, de defender la libertad de expresión y ser capaces de construir un ambiente regulatorio amistoso para los derechos es la única forma de poder disfrutar la internet del futuro como la queremos: abierta, libre y plural; una plataforma para el desarrollo y defensa de nuestros derechos, no una amenaza.

Quizás es así como podemos seguir respondiendo las preguntas urgentes.

¿Mejores democracias o más represión y vigilancia?

Internet es indudablemente una plataforma para la libertad de expresión. Lo es no solo porque permite la producción y difusión de nuevos discursos, sino también porque su diseño técnico es sustancial para este propósito: por un lado, es una red descentralizada, una “red de redes” que hace muy difícil -aunque no imposible- controlar la distribución de los contenidos; por otro, se sustenta en el amenazado principio de la “neutralidad de la red”, la no discriminación de los paquetes de datos no importando de dónde vengan, lo que hace que el contenido de un bloguero independiente pueda llegar a su audiencia final con la misma prioridad que el de una corporación o Estado.

La emergencia de nuevos discursos, muchos de ellos no hegemónicos, críticos del poder estatal, corporativo o de organizaciones criminales, es uno de los aspectos más refrescantes de Internet, aunque los niveles de brechas de acceso y uso de esta plataforma, especialmente en Latinoamérica, hagan pensar que el disfrute de este hecho tenga un fuerte componente de género, clase social, etnia y edad.

En este marco, una corriente muy fuerte, e increíblemente optimista, piensa que el mero acceso y uso de Internet es garantía de mayor participación y, por tanto, de mejores democracias.

Sin embargo, ¿nuestras democracias regionales han respondido con mejoras al sistema?

Si se hace una revisión de cómo ha cambiado el marco legal en Latinoamérica solo el año 2014, no hay muchas razones para el optimismo. La creciente criminalización del uso de Internet en diversas iniciativas legales, hacen evidente que nuestras democracias han respondido a la emergencia de discursos críticos, tristemente, con más represión y vigilancia.

Hagamos un somero repaso por solo algunos países de la región.

En Chile hay iniciativas legales tan lesivas para los usuarios de Internet como la Ley de Medios Digitales (Boletines 9460-19 y 9461-19), que busca que los medios digitales tengan la misma responsabilidad que los medios de comunicación tradicional. Su tipificación es tan absurda, que el Facebook o Twitter de cualquier persona pueden ser considerados medios de comunicación y deberán cumplir nuevas y disparatadas obligaciones ante la ley, como “establecer un responsable legal”. Imponer este tipo de cargas a los usuarios de Internet busca desmotivar la creación de contenido crítico en la red.

En México, este año se aprobó la nefasta Ley de Telecomunicaciones, que con amenazas concretas a la privacidad de los usuarios, como la retención de 24 meses de metadatos de comunicaciones, su acceso en tiempo real y sin autorización judicial previa, entre otros tantos problemas, busca poner un manto de vigilancia sobre las personas de tal forma que nunca se sientan libres para expresarse o reunirse a través de plataformas tecnológicas como Internet.

En Paraguay las cosas tampoco son mejores, pues un proyecto de ley busca que los proveedores de servicios de Internet (ISP) rastreen y almacenen los datos del tráfico de sus redes durante 12 meses. Una iniciativa que afecta directamente formas de comunicación fundamentales para la libertad de expresión, como el anonimato que, entre otras cosas, permite la denuncia, la información o la sátira, todos elementos que retan el poder.

Venezuela tampoco es la excepción a esta tendencia, y en su reforma a la Ley sobre el Crimen Organizado, introduce penas de cárcel a las personas que usen las redes sociales u otros medios electrónicos para promover o atacar el orden constitucional o alterar la paz pública, como también la introducción de allanamientos, detenciones y rastreos preventivos, sin necesidad de orden judicial. Esto último más la vaguedad de conceptos, abre las puertas a la represión de cualquier discurso crítico en Internet.

Éstas y otras iniciativas legales, unas ya aprobadas, otras todavía en curso, hacen palidecer lo que para muchos fue la mejor noticia del año a nivel regional: la aprobación del Marco Civil en Brasil. Pese a sus detalles, sigue siendo un paradigma de una regulación construida en un primer momento desde la sociedad civil a través de procesos de alta participación.

La creciente criminalización de la red adoptada por las autoridades de los diversos países de la región solo desnudan la crisis de democracias que han sido incapaces de abrazar una plataforma que puede dar voces y congregar a millones de personas. Todo indica que, lamentablemente, esta tendencia seguirá en el nuevo año y el llamado es, entonces, a reforzar el activismo para fortalecer nuestros derechos humanos en tecnologías como Internet. Ahora se vuelve indispensable.