Se centra en el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos en el contexto digital por parte de Brasil y busca fortalecer recomendaciones enfocadas en la garantía del acceso universal a internet en orden de ejercer la libre expresión y asociación; el acceso a la información, al conocimiento y a la cultura; y el ejercicio de derechos económicos y sociales de manera segura, respetuosa de la privacidad y de la autonomía y libre de cualquier forma de discriminación.
Temática: Género
Examen Periódico Universal 4to ciclo, sesión 41: Contribuciones sobre derechos humanos en el entorno digital en Ecuador
Este informe describe cómo el Estado ecuatoriano ha limitado el goce de los derechos tales como vivir una vida libre de violencia, libertad de expresión y opinión, seguridad de personas expertas informáticas, privacidad y acceso a los derechos económicos y sociales, por medio de políticas y prácticas relacionadas con el entorno digital.
Nuestro derecho a decidir
En América Latina, el derecho a decidir es uno de los reclamos más fuertes y compartidos por los movimientos en los últimos años: la acción concreta se ha sumado a la disputa legal y mediática; las consignas por un “aborto legal, seguro y gratuito” se han arriesgado a exigir un “aborto libre”; los pañuelos verdes se han adaptado cientos de veces y así han conquistado las vestimentas, las redes y las calles.
Garantizar el acceso a salud de calidad, superar estigmas sociales en los entornos familiares, educativos y laborales, y contrarrestar la violencia de los grupos anti-derechos son necesidades urgentes para la vida digna de las personas gestantes. Pero la posibilidad de decidir es mucho más que el derecho a interrumpir voluntariamente un embarazo. Es un asunto de autonomía sobre nuestros cuerpos y territorios.
¿Cómo construimos autonomía cuando tantas cosas de la vida están mediadas por tecnologías digitales? Volvamos sobre el derecho a abortar. Desde hace décadas, y como respuesta a leyes restrictivas y punitivas en distintos países, iniciativas como Women on Waves se han valido de distintas estrategias y canales para dar apoyo a quienes desean abortar de manera segura.
Desde hace poco más de tres años, el Open Observatory of Network Interference (OONI) ha documentado el bloqueo del sitio web de esta organización en al menos cinco países, incluyendo Brasil, lo que fue reportado en conjunto a la organización Coding Rights. Esto significa que desde ciertos lugares, cuando alguien quiere acceder a womenonwaves.org la página no carga y entonces no es posible obtener información ni apoyo. Hasta hoy, no ha habido una respuesta oficial sobre los motivos o soporte legal para realizar dicho bloqueo.
Entender cómo funcionan estas tecnologías, y específicamente la posibilidad de un bloqueo web, nos permite verificar si existe tal bloqueo y también burlarlo. Aplicaciones como OONI Probe sirven para medir la censura en internet de manera sencilla y desde cualquier celular o computador, mientras que navegar a través de Tor nos permite mantener oculta la ubicación real desde donde nos estamos conectando, y así es posible acceder a cualquier sitio bloqueado localmente.
Cuando todavía falta para que el aborto sea un derecho pleno en América Latina, puede ser alentador saber que womenonwaves.org no registre bloqueos en otros países de la región. También es alentador saber que existen varias iniciativas locales de acompañamiento al aborto, que se valen de distintos canales y estrategias para llegar a más personas que lo requieran. Justamente por eso, es importante cuidar que los canales de comunicación de estas iniciativas se mantengan activos y disponibles.
Ahora volvamos a la pregunta por la autonomía mediada por tecnologías digitales y nuestra posibilidad de decidir. ¿Qué tanto entendemos las tecnologías que usamos para comunicarnos? ¿Qué tanto sabemos sobre quiénes diseñan, operan y administran dichas tecnologías? ¿Podríamos hacerlo por nuestra cuenta? ¿Qué implicaría? Son algunas preguntas difíciles de responder por las características mismas del entorno digital, que consiste en utilizar un lenguaje (binario) común para hacer funcionar muy distintas tecnologías de comunicación (teléfono, chat, video, correo, juegos, por mencionar algunas) a través de internet.
Desde hace años hemos escuchado que “si un servicio es gratuito, el producto eres tú”. Con las tecnologías de inteligencia artificial que se ejecutan en cada vez más servicios en internet, es difícil establecer en qué momento estamos aprovechando la efectividad —muchas veces invasiva, como las recomendaciones de cosas que apenas hemos pensado — de estos sistemas, y cuándo estamos alimentándolos; por ejemplo, al hacer un captcha señalando buses, pasos peatonales o montañas.
Mucho se habla hoy de los sesgos algorítmicos y sus posibles efectos discriminatorios, además, se han propuesto marcos y principios éticos para reducir los posibles daños asociados a su uso. Sin embargo, para las personas usuarias es cada vez más difícil entender dónde y cómo se están ejecutando sesgos, reproduciendo patrones nocivos y directamente restringiendo derechos (como en el caso de bloquear el acceso a información sobre aborto). Más allá de pensar en cómo hacer más justos o menos nocivos los algoritmos que hoy, y cada vez más, median nuestras comunicaciones, queremos pensar qué tanto nos permiten disentir y decidir con autonomía lo que queremos.
Igualdad de género: ¿código de ética o código de época?
Internet ha implicado un cambio civilizatorio radical, que, si bien trae nuevos problemas, no omite aquellos prexistentes vinculados con la violencia basada en género y la desigualdad histórica entre varones y mujeres: discriminación, acoso, violencia, brechas de acceso. Pero también la web juega un papel central en esta oleada feminista que vivimos. La posibilidad de acceder a discursos sobre género y feminismos, descargar libros, hacer búsquedas ante cualquier interrogante sobre nuestros cuerpos, acceso a cursos, debates, videos, indignarnos con la educación sexual recibida en la adolescencia.
No solo hablamos del vital y decisivo acceso a la información. Nos referimos a todas las articulaciones que tienen los entornos virtuales como base y génesis de las articulaciones que conforma esa “vida real”. Hoy los grupos feministas en distintas plataformas se encuentran más activos que nunca. Se intercambian recorridos, se fijan puntos de encuentro, se comparten estrategias de autocuidado para marchar seguras.
Esta oleada feminista internacional, con un foco poderoso en América Latina, es incomprensible sin internet. Muchas integrantes de colectivas se conocieron a través de Twitter. Las “mercadas” feministas, los truques y redes solidarias colaboran en la sustentabilidad de la vida. Las redes de cuidado feministas, como las socorristas en red, acompañan a mujeres y personas gestantes en caso de decidir interrumpir un embarazo. Otras, colaboran en los casos de violencia y acoso digital. Muchas otras buscan a mujeres que se encuentran desaparecidas sin preocupación ni ocupación por parte de los Estados. También están las que, ante un caso de violencia doméstica, colaboran en juntar recursos para que quienes valientemente escapan de estas situaciones y encuentren un refugio seguro.
Las activistas por la cultura libre generan repositorios para que la forma de narrar nuestra realidad se encuentre disponible en forma libre. Están quienes pasaron días georreferenciando movilizaciones. Los medios de comunicación feministas en internet nos han mostrado las movilizaciones en nuestro continente, donde comprobamos año a año que somos un océano que desborda ciudades, desde las metrópolis hasta los pequeños pueblos. Comunicarse para avisar que llegamos sanas y salvas es un código de época.
Los miles de activismos y sus expresiones destacan el lado más virtuoso de esta jornada. Sin embargo, en los espacios laborales de tecnologías necesitamos seguir visibilizando las dificultades cotidianas. Los techos de cristal con sus respectivos suelos pegajosos, y los síndromes de la impostora siguen siendo repertorios eficaces para garantizar que los puestos gerenciales y de liderazgo sean excepcionales entre mujeres.
Persiste también una fuerte y sexista división del trabajo donde las tareas visibles y “relevantes” son realizadas por varones. La invisibilización y desvalorización de las tareas de cuidado de las personas dependientes y de las tareas domésticas perpetúan una desigualad cruel, que no reconoce su centralidad para la reproducción de la vida. Para la mitad de las mujeres latinoamericanas los cuidados son el motivo principal por el que no buscan trabajo, lo que afecta su autonomía económica e inserción laboral. Todas las vulnerabilidades se recrudecieron en pandemia: estudios del PNUD afirman que nuestra región ha retrocedido una década en el mercado laboral. Si no se interviene en forma activa, por más buenas que sean las intenciones, los resultados siempre estarán sesgados en la medida que no se contemplen las necesidades de —nada más y nada menos— la mitad de la población.
La provocación para este día es preguntarnos qué esfuerzos estamos realizando los sectores de la tecnología, en particular quienes la abordamos desde un punto de vista de derechos humanos. No hay organización social, política y cultural que no se encuentre lidiando, de alguna manera, con esta pregunta. Cierto es que se asume el desafío con mayores o menores grados, tanto de iniciativa como de convicción. Es un camino con muchos obstáculos pero que vale la pena recorrer.
Es cierto que es desgastante escucharlo una y otra vez, pero todas comprenderán que más desgastante es vivirlo. Incorporar una perspectiva de género que reconozca y comprenda las desigualdades estructurales de nuestras sociedades es un compromiso diario que, para que sea sincero, requiere iniciativa, creatividad y autorreflexión.
Ecuador hacia una nueva ley de libertad de prensa, opinión y expresión
El 11 de enero de 2022, la Asamblea Nacional de Ecuador llevó a cabo el primer debate sobre el Proyecto de Ley Orgánica para la Garantía, Promoción y Protección de la Libertad de Prensa, de Opinión, de Expresión y de la Comunicación. Esta propuesta surgió como necesidad de derogar la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), herramienta para la persecución y hostigamiento a medios de comunicación y periodistas desde 2013. En contraste, la nueva propuesta hace el intento por acercarse a los estándares internacionales y regionales de derechos, aunque quedan elementos por clarificar y plausibles de mejora.
El nuevo proyecto se encuentra en proceso de ajuste por la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana de la Asamblea, para ser debatido por segunda vez en el pleno. En este marco, se realizan una serie de reflexiones sobre los principales elementos del texto y promueven un análisis sobre el componente “digital”.
Alcance del proyecto: una ley de medios
El primer punto a precisar es el alcance de esta ley. De acuerdo con el texto, el objeto es “garantizar, promover y defender el ejercicio de las libertades de prensa, de opinión, de expresión y, los derechos de información y comunicación”, tal como se establece en el artículo 1. Aunque la libertad es la meta final, este proyecto es una legislación que regula los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, por lo que resulta vital definir principios, actores y procesos adecuados.
En la misma línea de importancia, se encuentra clarificar quiénes serán objeto de los derechos y obligaciones. El artículo 4 del proyecto carece de criterios y definición de medios digitales y tradicionales. Se presta especial atención en los medios digitales porque la connotación “digital” conlleva diversos significados, especialmente, en un contexto de alta conectividad a internet, donde se promueven distintas formas de circulación de la información. Cabe resaltar que la elaboración de una definición debe ser cuidadosa, pues una mala aproximación podría tener consecuencias negativas y usarse en la práctica para extender control de forma arbitraria.
Libertad de expresión en internet
En el artículo 4, es señalado el derecho a recibir información “veraz, verificada, oportuna, contextualizada”, lo que estaría representando condicionamientos sobre la información, como fue expresado por la organización Fundamedios. Sin embargo, garantizar la libertad de expresión implica eliminar toda condicionante, tal como lo expresa el principio 7 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El flujo de la información de forma libre es indispensable, tanto en espacios físicos como digitales.
En términos de libertad de expresión en internet, este proyecto la instaura como un principio en su artículo 5. Asimismo, establece la promoción de acceso a internet para toda la ciudadanía. En este sentido, se debe resaltar que no solo la libertad de expresión, sino todos los derechos humanos que las personas tienen fuera de línea deben protegerse dentro de ella, tal como lo ha reconocido el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Además, se observa que el debate tiene que ser profundizado desde una perspectiva de género en el artículo 5. Tal como lo sistematiza el informe de la Relatora Especial de la ONU para la Libertad de Expresión, Irene Khan, las mujeres periodistas se enfrentan a retos como la censura o la violencia en línea por razón de género, entre muchos otros, por lo que se vuelve prioritario buscar el cierre de brechas que se han construido de manera sistemática.
Neutralidad de la red y censura en línea
En el mismo artículo 5, es una señal favorable la mención sobre la neutralidad de la red. No se considera que este proyecto deba profundizar más —por tratarse de un principio que trasciende a su ámbito— pero sí se vislumbra como una oportunidad para inspirar una normativa más amplia.
El artículo 11 prohíbe “cualquier tipo de censura” en internet por parte del Estado ecuatoriano, pero no está explicitado qué se entiende como tal, lo que resulta preocupante debido a los antecedentes en varios gobiernos en el mundo en coartar la libertad de expresión de forma directa o indirecta. Algunos ejemplos son: cortes de internet en contextos de manifestaciones sociales, cierres de medios digitales, amenazas en línea y nuevas leyes contra ciertas expresiones en internet. Asimismo, en internet conviven distintos grupos involucrados en las etapas que la hacen posible, tal es el caso de las empresas intermediarias de conexión y las plataformas, quienes también pueden verse impactadas si no hay reglas claras.
La real malicia en el ámbito digital
Por otro lado, se utiliza el término de real malicia como factor que permite la responsabilidad de los medios por las expresiones usadas en ellos, de lo que surgen varias reflexiones.
En primer lugar, la real malicia es, en principio, razonable como una exigencia especial para la procedencia de la persecución penal, porque dificulta la persecución de medios y periodistas, pero es necesario contar con una definición clara. El proyecto de ley no brinda una redacción que precise los requisitos y límites de dicha exigencia, lo que termina siendo redundante con la regulación de los delitos. Es decir, es una garantía contra la persecución a los medios, que incluso la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reconocido en varios casos, pero que debe ser precisada. Razón por la cual se sugiere ampliar este debate en la Asamblea ecuatoriana.
En segundo lugar, se reafirma la necesidad de delimitar los medios sujetos a regulación en consideración de los medios digitales, pues se corre el riesgo que cualquier publicación, incluso en redes sociales, pueda ser objeto de persecución, entendiendo que la sola judicialización, aunque termine en absolución, representa un alto costo para periodistas y medios independientes.
Finalmente, el Código Penal del país establece a la calumnia como un delito contra el derecho al honor y buen nombre. Si bien en caso de aprobarse esta ley se modificaría el Código para que no haya responsabilidad penal para quienes hablen sobre el desempeño o gestión de funcionarios públicos, seguiría habiendo sanción penal por imputación de delito.
Protección a periodistas incluyendo la perspectiva de género
La legislación pondría en marcha al Consejo de Comunicación (CC), un órgano público cuyas funciones serían de garantía de los derechos, capacitación, investigación, creación de indicadores y protección de periodistas. En este sentido, se enfatiza la necesidad de autonomía e independencia de este organismo, así como contar con el financiamiento adecuado para su operación. Además, se hace un llamado a que incluya procesos participativos con la diversidad de actores.
La protección a profesionales de la comunicación es un tema fundamental que queda ambiguo en el proyecto de ley. No se logra percibir qué acciones implementará el CC para la protección de la vida de periodistas, tampoco se identifica una lista completa de actividades de riesgo en el artículo 27. El primer paso es el reconocimiento legal de la protección, luego queda lo más importante: diseñar una ruta de acciones adecuadas para ello.
Un ejemplo de ruta de acción adecuada, sería un mecanismo de protección con enfoque de género y reconociendo la violencia en línea que puede traducirse en la violencia en espacios físicos. En un contexto regional y nacional de violencia creciente y a menudo dirigida contra comunicadoras, esas medidas son cruciales.
Además, sería interesante que la figura del “Defensor de audiencia” (que incluye el proyecto como intermediaria entre el medio y las audiencias) no sea una medida obligatoria para los medios comunitarios, incluidos los medios digitales, sino una decisión voluntaria para que no afecte su sostenibilidad y permanencia.
Consideraciones finales
Una futura ley de libertad de prensa, de opinión y de expresión debe tener en cuenta que los estándares internacionales de derechos humanos son la guía para elaborarla legislación, y que los derechos fuera de línea también tienen que adjudicarse a los espacios en línea.
Sin dudas, la Asamblea Nacional se encuentra en un punto clave. Este segundo debate que está en puerta, representa una gran oportunidad para retomar los aportes de la sociedad civil, periodistas, academia y todos los sectores involucrados. El objetivo central es construir una ley que incorpore una perspectiva de derechos humanos. Sería un avance fundamental en Ecuador donde por años se ha perseguido periodistas y medios. Ya es momento de garantizar las libertades de quienes comunican y de la sociedad ecuatoriana en su conjunto.
Comprender las violencias facilitadas por las tecnologías
Cuando hablamos de privacidad en internet estamos hablando también de confianza. La privacidad es eso que nos permite actuar libremente sin temor a los juicios por parte de otras personas o instituciones. Para hacernos una idea, en las ciudades contemporáneas los baños pueden ser esos lugares donde esperamos tener privacidad plena: que nadie nos esté observando, que nadie nos moleste. Cuando entramos al baño en un local comercial, confiamos en que sus dueños no estarán espiándonos y cuidan que nadie más lo haga.
En internet, la confianza es la garantía de que nuestra privacidad está resguardada cuando utilizamos servicios que son ofrecidos por terceros como las apps, plataformas de redes sociales o sistemas de pago en línea. Con el desarrollo permanente de las tecnologías digitales, cada tanto es bueno volver a preguntarnos, ¿existe algún lugar en internet donde tengamos plena confianza de que nadie nos está observando?
Hace poco, en una sesión de trabajo de protocolos de internet donde se conversaba sobre distintos escenarios de conectividad, el presentador afirmó que en una conexión casera puede haber total confianza: “porque no me preocupa si mi perro ve mi dirección MAC, o mi esposa o mis hijos. No creo que ellos vayan a atacarme”. Por supuesto, aclaró, “soy un usuario ingenuo que vive en los Estados Unidos y cuyo vecino más cercano se encuentra a una milla y media de distancia”.
La dirección MAC es un identificador único para cada uno de los aparatos que se conectan a internet. En esa sesión se estaba discutiendo sobre la posibilidad de que la dirección MAC se asigne de manera aleatoria a los aparatos cada vez que se conectan, de manera que no permita la identificación de la persona que está utilizando cierto aparato para conectarse a internet. Supongamos que ese aparato es un celular y la persona que se conecta está buscando información sobre aborto seguro, o cómo denunciar violencia doméstica. Si la dirección es única y estática, alguien con capacidad de ver el tráfico de red en el hogar puede saber desde el aparato de quién se están haciendo dichas búsquedas.
Para el presentador “ingenuo” solo su vecino sería un posible atacante, es decir alguien con capacidad suficiente para conocer el tráfico de red en su hogar, y es evidente que su esposa, sus hijos o su perro, no. Pero como bien sabemos, esta situación puede ser completamente diferente para otras personas. La privacidad y la confianza, tanto en el hogar como en internet, están determinadas por relaciones de poder. Por ejemplo, ¿quién contrata el servicio de internet? ¿quién puede configurar los aparatos instalados? ¿cuántas personas acceden a cada aparato conectado, y en qué condiciones? ¿quién conoce y quién controla las credenciales de acceso?
La idea de que el hogar es un lugar de “total confianza” (o que la familia es un grupo de “mucha fraternidad”, parafraseando al actual presidente de México) ha sido ampliamente cuestionada por grupos feministas que combaten las violencias de género normalizadas en nuestra sociedad. Sin embargo, quienes diseñan las tecnologías que utilizamos y quienes gobiernan los países donde vivimos continúan pensando que una declaración es suficiente para garantizar espacios seguros y libres de violencias, tanto dentro como fuera de línea.
Pero concentrémonos en las tecnologías digitales. En esa misma sesión de trabajo, varias personas señalaron que, en términos de seguridad, el hogar no es un escenario de confianza pero una empresa sí lo es. ¿De qué confianza estamos hablando?, ¿y de qué seguridad? ¿Para quién?, ¿para qué? En una empresa, en una institución militar o de gobierno, es necesario proteger la información que se comparte. La confianza está mediada por contratos de trabajo, acuerdos de confidencialidad, políticas y protocolos de procedimiento que han sido meticulosamente diseñados para garantizar el correcto funcionamiento institucional.
La seguridad es una característica necesaria en cualquier sistema informático y quienes han estado a cargo de esta labor en los contextos empresariales e institucionales son principalmente ingenieros hombres, que viven en familias consideradas “normales”, en condiciones económicas muy cómodas, en países del norte. Pero hoy, cuando a través de un mismo dispositivo conectado a internet sostenemos por igual relaciones laborales, académicas, burocráticas e íntimas, la seguridad digital se ha quedado corta en responder a las necesidades de las -cada vez más y más diversas- personas que nos conectamos.
El campo de la ciberseguridad se ha construido sobre la base de identificar adversarios, amenazas y riesgos asociados al uso de tecnologías digitales, así como de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Pero muy poco se ha estudiado sobre cómo el diseño de las tecnologías digitales afecta a las diferentes personas, y qué tipos de amenazas aparecen en los entornos privados e íntimos. Quienes trabajan en seguridad suelen pensar que estas amenazas son poco sofisticadas porque técnicamente son fáciles de ejecutar y no dependen de un diseño tecnológico complejo. Nada más alejado de la realidad.
Estas amenazas están basadas en una profunda conflictividad social que difícilmente es experimentada en el día a día por quienes diseñan, mantienen y analizan sistemas de seguridad: en su mayoría hombres cis, heterosexuales, no racializados en su contexto local y con cierta comodidad financiera. Hacerle frente a esta conflictividad implica entender, no solo la complejidad técnica de los ataques, sino las condiciones sociales en que configuraciones técnicas muy sencillas facilitan la ejecución y amplificación de prácticas normalizadas que son violentas, por ejemplo, la vigilancia y el control de los cuerpos de las mujeres por parte de sus familiares o parejas sentimentales.
A tiempo que construimos tecnologías para acabar el patriarcado necesitamos hablar más de las violencias facilitadas por las tecnologías que hoy día estamos usando, esa condición de facilidad y simpleza con que permiten a los agresores (principalmente hombres allegados a las personas agredidas) ejercer violencia. No solo se trata de las aplicaciones para descubrir una infidelidad, que cada día se hacen más comunes en las tiendas de descarga, sino de las características de muchas aplicaciones que usamos cotidianamente, y que incitan a la vigilancia, el seguimiento y el abuso sobre la privacidad de quienes tienen (por condiciones estructurales que ya mencionamos aquí) menos habilidades o posibilidades de conocer el trasfondo del funcionamiento de estas aplicaciones.
Una internet feminista no es un ideal lejano, sino una realidad que debe ser construida a diario
La violencia de género en línea se inserta en un contexto de violencia estructural que en América Latina ha buscado alejar a las mujeres (especialmente las mujeres racializadas) y personas LGBTQ+ de espacios y debates públicos. Este tipo de violencia se suma y da continuidad a brechas y otras formas de violencia físicas o psicológicas que persisten y se intensifican en la región.
Si internet tiene el potencial de amplificar el acceso a la información y las posibilidades de expresión libre y democrática, las distintas formas de violencia en línea generan trauma y exclusión, cuando las víctimas se sienten forzadas a desconectarse para sentirse seguras. Como señaló en su más reciente informe la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la ONU, Irene Khan, la equidad de género sigue un objetivo distante cuando se trata de libertad de expresión. “En la era digital, internet se ha convertido en un nuevo campo en la disputa por derechos de las mujeres, aumentando las oportunidades para que se expresen, pero a la vez multiplicando las posibilidades de represión”.
Según datos de Unesco, de una muestra de 901 periodistas de distintos países que se identifican como mujeres, 73% ha experimentado alguna forma de violencia en línea – siendo la amenaza de agresiones físicas y sexuales dirigidas a ellas o sus familiares una de las más comunes. Más grave: 20% reporta haber sufrido ataques o abusos consecuentes de violencia en línea.
Los daños son reveladores: además de afectar sus derechos a la libertad de pensamiento, expresión, asociación, protesta y de participación en la vida pública, la exclusión digital restringe las posibilidades de las personas afectadas por la violencia de pedir ayuda y trae limitaciones al ejercicio de sus derechos sociales. Estos incluyen el derecho a la información —por ejemplo, información relevante sobre salud, incluida la salud sexual y reproductiva— el acceso a beneficios sociales, el derecho a la educación, acceso al conocimiento y cultura, entre muchos otros. Más todavía durante la pandemia en curso, cuando todos estos derechos pasaron a depender de manera mucho más dramática de la tecnología.
Por otro lado, toda la sociedad pierde con el silenciamiento de voces, especialmente aquellas de defensoras de derechos humanos, activistas y organizaciones feministas, artistas y periodistas que ofrecen opiniones críticas a los poderes económicos y políticos establecidos. Mientras aumenta la represión, persecución y criminalización de discursos disidentes, la violencia de género representa una forma más de censura contra las mujeres y personas LGBTQ+.
En el día que marca la lucha contra la violencia contra la mujer nos parece fundamental recordar la urgencia de hacer de internet no solo un espacio seguro para la expresión de las mujeres en toda su diversidad, como un ambiente en el que tal expresión se dé de manera libre de la interferencia arbitraria de agentes públicos y privados.
Es inaceptable que la protección de grupos vulnerables sea utilizada como excusa para más vigilancia, criminalización y control. Al contrario: es crucial que las mujeres puedan participar activamente en las discusiones y la formulación de políticas relacionadas a las tecnologías y que se dé prioridad a fortalecer las iniciativas de acompañamiento a víctimas de violencia en línea y fuera de línea en la región, así como proteger aquellas que utilizan las redes para defender sus derechos.
Una internet feminista no es un ideal lejano, sino una realidad que debe ser construida a diario.
Vivir internet siendo queer: Autoexpresión, comunidad y problemáticas
En un grupo de Facebook cerrado alguien escribe para consultar por dudas legales. Cuenta que quiere cambiarse el nombre registral y que le gustaría acceder a una mastectomía. Comenta que se siente cómode con pronombres femeninos y masculinos, pero plantea lo siguiente: “¿Algune lo ha hecho siendo no binarie? ¿Cómo ha solucionado el tema con su nombre?”. Les participantes del grupo dan consejos amables.
Este tipo de situaciones se replica en otras redes, es un intercambio que ocurre en algunos barrios de TikTok cuando alguien muestra un binder –prenda de ropa interior usada para comprimir el pecho–, y en los comentarios se leen recomendaciones de cómo usarlos y dónde conseguirlos. A pesar de que internet es un espacio en que la comunidad LGBTQIA+ puede apoyarse para construir confianzas (a veces complejas de emular en el mundo físico), la estructura de los servicios web, es limitada porque no considera una diversidad más allá de lo binario y reproducen problemas de la vida offline. Tanto al llenar formularios de inscripción en las que se consideran género masculino o femenino únicamente, o al intentar editar tu nombre visible, entre otras.
Antes de reconocerme como una persona queer, sentía miedo de ser aceptada. Primero por mi familia, entre mis amigues, en mi trabajo y de igual modo en internet. ¿He sentido miedo de exponer que me identifico como parte de las disidencias sexuales y de género en redes sociales? Sí. ¿He temido por mi seguridad en la vía pública por expresar mi orientación de género o por manifestar mi sexualidad de forma libre? Sí. Con el paso del tiempo, aprendí a desenvolverme con más confianza, porque existo todo el año (no solo en junio) y estoy orgullosa de amar y ser amada.
Una vez que se toma conciencia de la interseccionalidad de las problemáticas que aquejan a la comunidad LGBTQIA+, es posible entender que el mundo online no está exento de una mirada heterocispatriacal, donde en términos género prima lo masculino y lo femenino, pero también la heteronorma obviando otras identidades. Lo vemos en las grandes compañías de servicios de internet, que acaparan la mayor cantidad de tráfico, como Facebook, Google y terminan dominando las interfaces y algoritmos de los dispositivos que excluyen otras experiencias.
Entonces, ¿qué podemos exigir a las tecnologías para visibilizar, incluir y proteger las experiencias de la comunidad LGBTQIA+? ¿qué problemáticas, riesgos, amenazas, existen? y ¿qué posibilidades ofrece internet para nuestras vivencias? Estas son algunas reflexiones.
Búsqueda de espacios seguros
Según un estudio de discriminación y violencia hacia personas LGBTQIA+ (2020) de la Dirección de Estudios Sociales (DESUC) para la Subsecretaria de Prevención del Delito de Chile, un 89% de les encuestades dijo haber sufrido algún tipo de discriminación en su vida. Más de un 38% de les encuestades ha sido víctima de algún “delito cibernético, como hostigamiento por redes sociales”, y más de un 22% declaró que este tipo de vulneraciones habría ocurrido en el último año.
En un intento por averiguar la visión de mis seguidores en Instagram, hice una encuesta a través de historias para conversar acerca de la forma en que las personas queer habitamos internet. Spoiler: la vida online no difiere mucho de la vida offline.
A pesar de las posibilidades de conectarnos y construir espacios seguros, hay quienes se enfrentan a violencias en el entorno digital, como acoso digital, doxing, la proliferación de discursos transodiantes, descalificaciones por lesbodio o biodio, cuestionamientos y ataques a la visibilidad a diario. En este contexto, es pertinente citar el estudio de la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, tras la agresión que sufrió Carolina Torres en Chile en 2019. En el caso de Estados Unidos, esta temática se advierte en el Índice de seguridad en redes sociales de la Alianza de Gays y Lesbianas contra la difamación (GLAAD). Es por eso que es relevante exigir la urgencia de la moderación de contenidos en las plataformas digitales, para combatir ejércitos de trolls, evitar que proliferen discursos odiantes, que se siembre la desinformación, o la viralización de mitos en torno a las disidencias.
Al momento de configurar las biografías de Twitter, Instagram, aplicaciones de citas o plataformas, incluir o no el emoji de la banderita LGBTQIA+, compartir fotos o usar ciertos hashtags puede involucrar lidiar con ansiedades debido a la exposición. En ocasiones, es una forma de autoexpresión, una reafirmación y, así mismo, una forma de encontrarse, pero también un riesgo que muches no quieren correr. Si bien la visibilidad puede ser una opción, pero no una obligación como pretenden las plataformas web. Es necesario entender el derecho al anonimato como una forma de tener control sobre esa visibilidad.
Entre los testimonios que recopilé (en su mayoría identidades lésbicas, no binarias y bisexuales), hubo una lesbiana que dijo que tras googlear “lesbiana”, la llevaron a una psicóloga para que se rehabilitara. Según su relato, encontrar espacios en internet antes de 2008 era complicado, pero logró dar con un foro en el conoció a sus primeras parejas. Otra persona, cuyos pronombres son ella/elle, aseguró que cuando era niña todas las actividades las realizaba en soledad. Escuchaba programas de radios gays a escondidas, antes que existieran los podcasts. “Ahora se pueden hacer redes de una forma muy sencilla y bonita. Es fácil encontrar a alguien que esté pasando por lo que tú, nunca estás sola”, escribió. Alguien bisexual comentó que se siente fuera del closet con amigues, en su entorno laboral, pero que no así con su familia. Aunque cree que en los últimos años gracias a infografías en Instagram, ahora hay más bi-visibilidad.
Otras problemáticas
Cuando hablamos de internet, las brechas de acceso y conectividad son una clara barrera. De acuerdo a cifras de la Alliance for Affordable Internet, a nivel mundial cerca de 4 mil millones de personas no cuentan con conexión. La dificultad para mantenerse conectade en algunas latitudes se suma a bloqueos de internet, a censura y respuestas desde violencias a multas por difusión de contenido LGBTQIA+ .
Así como hablamos de identidad y representación, también vale la pena mencionar otros obstáculos que tienden a la exclusión, relacionados al abordaje de políticas públicas. Así se documenta en “Sistemas de identificación y protección social en Venezuela y Bolivia: Impactos de género y otras formas de discriminación”. Este reporte de Derechos Digitales, plantea cómo los sistemas biométricos afectan de forma directa a mujeres y población LGBTQIA+, familias homoparentales y en mayor medida a personas transgénero. No solo en cuanto a derechos a la identidad, a la privacidad de datos, si no también afecta directamente el acceso a ítems de desarrollo social como el acceso a la alimentación, la salud, la integridad y la dignidad, entre otros.
No es un secreto que en lo que respecta al uso de tecnologías de reconocimiento facial, las que se vuelven más cada vez más cotidianas, solemos tenerlas a mano, pero también se utilizan a nivel de gobiernos e incluso en aeropuertos. El principal problema es que se construyen en base a sesgos de diseño, que discriminan a la población no hegemónica y entran en conflicto aspectos como género y raza, según reportes de Coding Rights en Latinoamérica.
En un mundo en que cada vez más la tecnología determina cómo se organiza la sociedad, los sesgos en los sistemas como tecnologías automatizadas, inteligencia artificial, o en base a algoritmos, moldean y disciplinan las identidades a partir de los cuerpos. Esto determina qué corporalidades están permitidas, y cuáles no, dejando fuera a personas trans, o no binarias. Así, la forma de subvertir las estructuras vigentes, es cambiarlo todo, o en palabras de Audre Lorde: “las herramientas del amo nunca desmantelarán la casa del amo”. Desde ahí, la concepción del diseño es la clave para abolir las desigualdades entre grupos excluidos, con el objetivo de co-crear herramientas y prácticas de transformación social, tal como explica Sasha Costanza-Chock en Design Justice.
Ante las diversas problemáticas vigentes, el escenario se vuelve complejo y desesperanzador. Pero a pesar de los obstáculos, decido creer en un futuro más auspicioso, que se construirá únicamente de la mano de una perspectiva feminista interseccional, que busque hackear los parámetros que limitan las posibilidades de ser de las personas.
Para ello, es vital construir espacios seguros, en el mundo online y en el offline, que nos permitan aprender y encontrarnos. Identificando problemas, documentando violencias, visibilizando nuestras vivencias y liderando conversaciones, a fin de descolonizar el impacto de las estructuras que han sido gestadas desde la mirada del hombre blanco y heterocis.
Los impactos de la vigilancia más allá de la privacidad
Mientras a nivel internacional avanza la demanda por prohibir el uso de las tecnologías de vigilancia hasta alcanzar estándares rigurosos en materia de derechos humanos, en América Latina observamos una nueva y silenciosa tendencia a adquirir y usar dichos sistemas para controlar el acceso a la protección social, es decir, a las políticas desarrolladas para disminuir la pobreza, la vulnerabilidad social y la exclusión.
Nuestra región —la más desigual del mundo— durante las últimas décadas se ha convertido en ejemplo internacional en la puesta en marcha de programas de protección social. Sin embargo, el aumento de las condiciones impuestas para acceder efectivamente a los beneficios, tanto explícitas como implícitas, atenta contra la finalidad de proteger y garantizar derechos básicos. Si sumamos la mediación tecnológica a través de sistemas biométricos, como el reconocimiento facial, la recolección de huella dactilar, aplicaciones web o registros digitales unificados, se corre el riesgo de profundizar las desigualdades que se intentan erradicar.
El relator especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos ha identificado algunos usos de tecnologías en los sistemas de bienestar alrededor del mundo. El listado incluye la verificación de identidad, la evaluación de criterios para recibir ayudas, el cálculo y pago de prestaciones sociales, la prevención y detección del fraude, la clasificación de riesgo y necesidades, así como la comunicación entre autoridades y las personas destinatarias de las políticas de protección social.
Varios de los usos señalados ya existen en América Latina. En Venezuela, se han implementado sistemas biométricos para controlar la adquisición de productos de primera necesidad, lo que resultó en varias denuncias de discriminación hacia personas extranjeras y, especialmente, personas transgénero. Sumado a las discriminaciones prexistentes contra poblaciones históricamente vulneradas, este tipo de iniciativa implica el ejercicio de una vigilancia diferenciada, que agrava la desprotección de las personas en situación de mayor vulnerabilidad y que, por lo tanto, más dependen del apoyo del estado.
Medidas similares se han implementado en otros países de la región e incluyen el uso de reconocimiento facial para controlar el acceso de beneficios especiales en los sistemas de transporte de distintas ciudades de Brasil o, incluso, el ingreso a instituciones educativas; propuestas similares han sido presentadas en el marco del retorno a clases presenciales en Chile. En el contexto de la pandemia mundial por COVID-19, en El Salvador y Perú se han utilizado sistemas de reconocimiento facial para controlar potenciales fraudes en exámenes educativos realizados de manera remota, situación particularmente delicada al tratarse de personas menores de edad.
En el caso de Bolivia, observamos como la digitalización, presentada muchas veces bajo la promesa de mayor eficiencia en la gestión pública, no solo es insuficiente para solucionar problemas estructurales de acceso a servicios básicos del Estado, si no que además abre espacios para nuevas formas de discriminación. Un análisis exploratorio sobre el rol de las tecnologías en la entrega de ayudas económicas a la población en el marco de la pandemia de COVID-19 evidencia las diversas capas de complejidad que implica tal uso.
Brasil y su programa de auxilio de emergencia es otro claro ejemplo. La decisión de utilizar aplicaciones móviles para que las personas puedan solicitar la ayuda tuvo como consecuencia un incremento en las dificultades de acceso a los beneficios. Quienes más necesitan apoyo no siempre disponen de un dispositivo con conexión a internet, un número de teléfono o incluso (y más grave aún) un documento de identificación. El sistema propuesto no consideró las necesidades de las destinatarias. En este sentido, organizaciones brasileñas presentaron preocupaciones en relación a la transparencia y garantías de seguridad ofrecidas por la aplicación respecto a los datos recolectados.
Además, la implementación de tecnologías agrega nuevas capas y agentes al procesamiento de datos personales, e implica un aumento de vulnerabilidades en términos de seguridad y protección contra usos abusivos. Lo mismo es válido para las propuestas de integración e interoperabilidad de bases de datos, identidad única, automatización y predicción. En nuestra región estas prácticas abundan, sea en formato piloto o en propuestas de acción, impulsadas muchas veces por entidades financieras internacionales.
La publicación “Sistemas de identificación y protección social en Venezuela y Bolivia. Impactos de género y otros tipos de discriminación” aborda algunos de estos temas a partir de análisis de casos en ambos países, donde se alerta sobre las implicancias de la mediación tecnológica en relaciones entre estado y ciudadanía. Además, propone una reflexión sobre los impactos que las tecnologías de vigilancia pueden tener en el acceso a derechos sociales y económicos, y en cómo la digitalización puede profundizar la desigualdad, en especial, cuando implica el acceso a datos por parte de agentes privados o la mediación algorítmica por medio de sistemas de clasificación.
Consideramos que estos son puntos centrales que deben ser discutidos. Más todavía cuando la pandemia no muestra señales de detenerse en la región, y la pobreza y extrema pobreza alcanzan niveles inéditos.
“Sistemas de identificación y protección social en Venezuela y Bolivia. Impactos de género y otros tipos de discriminación” será lanzada el próximo miércoles 14 de abril, junto a un grupo muy especial de expertas y expertos que comentarán los casos presentados y aportarán sus propias perspectivas a la discusión. El evento se transmitirá en vivo. Si te interesa participar, toda la información la encuentras aquí.
La otra pandemia: internet y violencia de género en América Latina
Decir que la pandemia por la propagación de COVID-19 ha transformado por completo nuestra vida y el mundo tal como lo conocíamos se ha vuelto un lugar común. Uno de los cambios más notorios tiene que ver con la necesidad de confinamiento de un porcentaje importante de la población. En América Latina, algunas regiones están próximas a entrar al quinto mes de cuarentena.
Mucho se ha hablado respecto al rol preponderante que ha adquirido internet y la tecnología en este contexto de encierro. Pero mientras algunos se han empeñado en celebrar la gran capacidad humana de adaptarse a casi cualquier situación gracias a internet, la realidad es mucho más compleja. A raíz de las medidas gubernamentales para frenar la pandemia en América Latina, la región ha experimentado una alza en las violencias de género. El fenómeno también ha sufrido transformaciones asociadas al nuevo contexto y los retos que plantea el confinamiento y las subsecuentes restricciones de algunas medidas de apoyo y limitaciones a la capacidad de atención a las víctimas.
Con la intención de entender mejor los efectos de la pandemia sobre las mujeres que enfrentan violencias, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Relatoría Especial sobre la violencia contra la mujer, hizo una convocatoria para recibir información que contribuya a comprender la violencia de género en este nuevo contexto y las medidas que tanto gobiernos como organizaciones no gubernamentales han tomado para enfrentar los desafíos que plantean las restricciones sanitarias y las limitaciones de los canales convencionales de ayuda.
Desde Derechos Digitales quisimos aportar a este proceso mediante una consulta a nivel regional a organizaciones feministas y defensoras de derechos digitales, con el objetivo de entender el impacto que la pandemia ha tenido sobre sus métodos de trabajo y saber si el incremento de la violencia de género se ha manifestado también en los entornos digitales. Con información de países como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala y México hemos podido identificar que ante limitadas respuestas oficiales en buena parte de los países, las redes no gubernamentales de apoyo se han mantenido activas en los entornos digitales, enfrentando nuevos desafíos.
Observamos que a las múltiples brechas en el acceso a internet en la región se suman condiciones de género, raza y nivel socioeconómico que impactan en el acceso a los canales digitales de ayuda frente al incremento de la violencia doméstica y la falta de acceso a atención e información sobre salud sexual y reproductiva. Estas dificultades se han agravado ante la implementación de medidas de movilidad restringida y confinamiento en la región donde, en muchos casos, las víctimas se encuentran todo el tiempo bajo la vigilancia de sus agresores.
Mientras las respuestas por parte de los gobiernos de la región han mostrado no ser suficientes para atender la amplia gama de necesidades que surgen en este contexto ni para documentar los impactos que enfrentan las víctimas de violencia de género, activistas y organizaciones de la sociedad civil han asumido la responsabilidad de generar datos, para informar y prestar asistencia a las víctimas de violencia.
Estas organizaciones también han sufrido los impactos del alza de la violencia de género a través de las plataformas digitales con ataques como la suplantación de identidad, la exposición de datos personales, amenazas directas dirigidas a lideresas públicas, defensoras de los derechos de las mujeres y grupos LGBTIQ+. Del mismo modo, se identificó el incremento de reportes a los contenidos publicados por las comunidades que resisten y apoyan a víctimas de violencia en plataformas de redes sociales.
Estas acciones buscan silenciar sus voces y tienen impactos directos en la libertad de expresión, pero también en el acceso a información, asistencia y apoyo de las víctimas violencia doméstica. Se suman intentos de aumentar la vigilancia en línea durante la emergencia de salud en algunos países, que pueden impactar directamente el anonimato que es fundamental para la protección del derecho a la privacidad y la asistencia segura a las víctimas.
Ante las restricciones de derechos humanos en el ámbito digital y el auge de la violencia de género en línea, la defensa de los derechos digitales y el desarrollo de una internet feminista se vuelven condiciones esenciales para proteger a las defensoras de derechos humanos que enfrentan las agendas racistas, misóginas y patriarcales en América Latina. Ningún reto que enfrentemos, aún siendo en un contexto tan particular como es la pandemia por COVID-19, justifica la implementación de medidas abusivas que -más allá de no dar resultados positivos para el beneficio social- menoscaban los derechos humanos.
Puedes leer el aporte de Derechos Digitales a la consulta de la ONU sobre la violencia de género en pandemia, haz clic aquí.