Temática: Género

Perspectiva de Género en el Pacto Global Digital (1 de marzo, 2024)

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Aportes de Derechos Digitales sobre una perspectiva efectiva de género en el Pacto Mundial Global, basados en los principios feministas para inclusión de género en el Pacto, además de investigaciones y contribuciones realizadas por Derechos Digitales y otras organizaciones de la sociedad civil: Brecha digital de género y acceso equitativo a la tecnología; necesidad de alfabetización y construcción de capacidades digitales para mujeres y niñas.

Violencia digital y desigualdad de género: un círculo vicioso

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Las dinámicas de poder históricamente desequilibradas, unidas a la discriminación sistémica por razón de género, han generado cada vez más atención a nivel global.  Sin embargo, a pesar de que la igualdad de género está reconocida en muchos instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, la violencia de género sigue siendo uno de los problemas estructurales más persistentes que afecta a todas las culturas y países.

En respuesta a la creciente preocupación por el aumento de la violencia de género facilitada por la tecnología (TFGBV) y su impacto de largo alcance en los individuos y la sociedad, se están haciendo esfuerzos a nivel mundial, regional y nacional para establecer normas y políticas para abordar esta cuestión. Mientras tales esfuerzos son, en muchos casos, aun insuficientes, investigaciones recientes revelan importantes deficiencias en los sistemas jurídicos locales para ofrecer una protección adecuada a las mujeres y las personas LGBTQIA+.

Entre los principales desafíos, se encuentran la falta de consideración de este tipo de violencia como una violación de los derechos humanos por razón de género, la prevalencia del uso del sistema de justicia penal para abordarla (y su interpretación abusiva), la falta de equilibrio de los derechos, las barreras experimentadas por las víctimas en el sistema judicial y la impunidad. La legislación, en muchos casos, no sólo ha sido ineficaz a la hora de proteger la expresión de las mujeres y las personas LGBTQIA+, sino que además las pone en peligro.

Nuevas formas de ejercer violencia de género y sus impactos

La violencia de género digital es una problemática que se presenta a nivel global, vulnerando los derechos humanos de las personas afectadas y en la sociedad de manera general. Tiene impactos diferenciados en grupos afectados por múltiples formas de opresión como la raza, etnia, identidad de género, clase social, estatus migratorio etc, y está profundamente arraigada en sistemas y lógicas patriarcales. Su manifestación no es un fenómeno aislado sino un continuo de la violencia de género estructural al ser tanto un reflejo como una consecuencia de sistemas sociales y estatales basados en discriminación de género.

El concepto de TFGBV va más allá de la idea de violencia en línea,  en tanto se manifesta no sólo en espacios digitales, sino también a través de diferentes tecnologías. Esto incluye teléfonos, dispositivos de localización GPS, drones, dispositivos de grabación, entre muchos otros. Puede, por lo tanto, afectar a personas que están conectadas a internet, pero también las que lo están. Eso significa que para algunas personas, la experiencia de violencia facilitada por tecnologías puede incluso preceder su posibilidad de acceder y beneficiarse de ellas, especialmente en contextos de exclusión.

Como señaló Dubravka Šimonović, ex Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, estas formas modernas de violencia deben entenderse dentro del ámbito más amplio de la violencia de género. Esta idea de un continuo pone de relieve cómo la TFGBV no es un fenómeno nuevo y aislado. Además, implica contemplar que así como la violencia que existe fuera de línea se traslada a los espacios en línea donde se reproduce, amplifica y reinventa en numerosas formas, las prácticas de violencia que ocurren en línea tienen implicaciones más allá del entorno digital, planteando graves amenazas a la seguridad y la integridad física de las mujeres y las personas LGBTQIA+. La violencia digital genera daños psicológicos, afecta a las relaciones sociales, fomenta la violencia sexual y física e incluso puede conducir al feminicidio. A su vez es considerada una forma de censura al generar un efecto paralizante (o chilling effect) que impacta tanto en la esfera individual como social, provocando efectos negativos para el debate público, esencial en las sociedades democráticas.

El silenciamiento producido por la TFGBV  no sólo implica que el público pierde voces y puntos de vista relevantes y diversos -la libertad de los medios de comunicación se ve comprometida, los contenidos relacionados con la equidad y los derechos humanos se reducen-, atacando el pluralismo como elemento esencial de la libertad de expresión y la democracia; sino que refuerza los roles, normas y estructuras patriarcales de género, conduce a un aumento de la brecha de género y consiste en una importante barrera para la igualdad de género y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El combate a la violencia desde una perspectiva de derechos humanos

Combatir la violencia de género digital no es lo mismo que combatir a las tecnologías. Políticas públicas desequilibradas en este sentido, pueden tener graves consecuencias en la garantía de los derechos de mujeres y personas LGBTQIA+ y la lucha por la equidad de género.  Las tecnologías digitales han contribuido a contrarrestar la exclusión histórica de mujeres y personas LGBTQIA+ dentro del espacio público. Han sido ampliamente utilizadas por mujeres y activistas por los derechos LGBTQIA+ para incidir en el debate público y visibilizar demandas sociales.  Los resultados han sido significativos en el reconocimiento de derechos y el desarrollo de políticas públicas.

La obligación de los Estados de garantizar la protección de los derechos en línea como fuera de línea implica entonces un enfoque equilibrado, un elemento fundamental para el Estado de Derecho. La incorporación de criterios de derechos humanos como la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad al desarrollar políticas para combatir la TFGBV es crucial para delinear los límites de este equilibrio entre derechos igualmente fundamentales a la libertad de expresión, privacidad y a vivir una vida libre de violencia y discriminación.

Más derechos para superar cualquier forma de violencia de género

Reconocer a la TFGBV como una manifestación de problemas estructurales subyacentes implica que los marcos jurídicos que abordan esta cuestión deben formar parte de una estrategia multifacética más amplia que incluya medidas no jurídicas destinadas a eliminar las barreras sistémicas y estructurales a la igualdad de género.

La TFGBV debe reconocerse como una violación de los derechos humanos enraizada en el género, que requiere una protección integral de todos los derechos dentro de un marco legal. No hacerlo podría suponer un riesgo significativo de socavar el potencial de expresión libre y segura de los mismos grupos que la legislación pretende proteger. Las iniciativas legislativas en materia de violencia sexual y por motivos de género deben integrarse en los marcos y las políticas establecidos sobre la violencia de género. Esto garantiza la coherencia y la sinergia a la hora de abordar las diversas formas de violencia de género.

Finalmente, la TFGBV debe dar prioridad a las necesidades y perspectivas específicas de las mujeres y las personas LGTBIQA+, evitando enfoques que pueden reproducir dinámicas de poder desiguales. Esto exige una perspectiva interseccional, centrada en las víctimas y que ofrezca medidas y enfoques variados. La creación de mecanismos participativos significativos a lo largo de todo el proceso de elaboración de políticas es fundamental.

En el día que marca la lucha histórica de las mujeres por justicia de género, resaltamos que la tecnología y los espacios digitales son claves para la defensa y resistencia de todas alrededor del mundo.  A la violencia no se la combate con censura, se la combate con derechos

(*) Marina Meira es abogada y colabora con Derechos Digitales en la construcción de estándares para el combate a la violencia de género facilitada por la tecnología (TFGBV).

El nuevo tratado internacional contra el cibercrimen no nos protege y pone en riesgo nuestros derechos

En febrero de 2024, tras dos años de negociaciones, la Organización de Naciones Unidas (ONU) presentará un nuevo tratado internacional para combatir el ciberdelito. Sin embargo, organismos expertos y activistas alrededor del mundo advierten que el documento contiene falencias importantes que pueden ser utilizadas para validar abusos contra los derechos humanos.

Los desaciertos del tratado son varios. Por un lado, estados autoritarios como China, Vietnam, Pakistán y la Federación Rusa han promovido una aproximación amplia al concepto de cibercrimen, con límites poco claros, que puede ser utilizada para perseguir actos legítimos en línea. Aunque algunos Estados se han manifestado contra esta perspectiva, no han sido capaces de asegurar un conjunto de mínimos necesarios para asegurar la convivencia democrática y el respeto a los derechos fundamentales.

En su forma actual, el tratado carece de salvaguardas suficientes en materia de derechos humanos que impidan que sea invocado para restringir derechos civiles y políticos, como la libertad de expresión en línea. Carece también de una perspectiva de género efectiva, abriendo la puerta para la persecución de las personas por expresar su orientación sexual o identidad de género en internet, en países que castigan a las personas LGBTQI+, cómo demuestra una investigación realizada por Derechos Digitales y APC.

Por el contrario, actualmente el tratado podría limitar la libertad de expresión al sancionar discursos legítimos con la excusa del combate al cibercrimen, como han advertido ampliamente organismos internacionales de derechos humanos. Además, el acuerdo entrega mayores herramientas para la vigilancia estatal de las actividades en línea y facilita la cooperación entre Estados para la recopilación e intercambio de información personal de la ciudadanía, sin los controles necesarios para evitar abusos.

En su versión actual, el tratado sobre cibercrimen está lejos de ser una herramienta que garantice mayor seguridad en línea a las personas y se constituye como una amenaza al ejercicio de derechos humanos, particularmente en aquellos países con democracias frágiles y un historial de autoritarismo.

Un tratado internacional sobre cibercrimen construido en la ONU no puede obviar la debida defensa y promoción de los derechos humanos. Hacemos un llamado a los Estados para que no cometan este error y adopten una perspectiva[VG1] para la persecución de los delitos informáticos que garantice a cada persona en el planeta el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales.

¿Por qué nos oponemos al nuevo tratado internacional contra el cibercrimen?

  1. El tratado sobre cibercrimen que se discute actualmente en Naciones Unidas carece de salvaguardas robustas en materia de derechos humanos, lo que permite que sea invocado para perseguir y castigar actos legítimos, como expresar disenso político.
  2. El tratado sobre cibercrimen promovido por Naciones Unidas no incorpora una perspectiva efectiva de género. Esto posibilita la criminalización de mujeres y personas LGBTQIA+, socavando la lucha por la igualdad de género.
  3. El tratado contra el cibercrimen incluye delitos que atentan contra la libertad de expresión, como han advertido diversas organizaciones internacionales. Esto es un contrasentido con la misión de la ONU: no se puede aprobar un tratado que legitima violaciones a los derechos humanos.
  4. El tratado sobre cibercrimen que se discute en Naciones Unidas legitima la vigilancia estatal de las actividades en línea y facilita la cooperación entre Estados para la recopilación e intercambio de información personal de la ciudadanía, sin salvaguardas suficientes que impidan abusos contra el ejercicio de derechos fundamentales.
  5. En su forma actual, el tratado sobre cibercrimen está lejos de ser una herramienta que garantice mayor seguridad en línea a las personas y se constituye como una amenaza al ejercicio de derechos humanos, particularmente en aquellos países con democracias frágiles e historiales de autoritarismo.

¿Qué requisitos necesita cumplir un tratado internacional sobre ciberdelincuencia?

  • Un tratado sobre ciberdelincuencia debe garantizar mayor seguridad en línea a todas las personas, defendiendo y promoviendo el ejercicio de los derechos humanos.
  • Un tratado sobre ciberdelincuencia debe tener una perspectiva de género efectiva, que permee cada uno de sus artículos, garantizando que nadie sea perseguido por expresarse. Ello incluye la posibilidad de expresarse políticamente, así como de expresar la propia orientación sexual o la identidad de género en internet.
  • Un tratado sobre ciberdelincuencia debe abordar la especificidad de los delitos informáticos, proveyendo soluciones concretas y útiles a un problema real, en vez de medidas vagas que puedan ser utilizadas para perseguir acciones legítimas en internet.
  • Un tratado sobre ciberdelincuencia debe abordar adecuadamente la necesidad de limitar las atribuciones estatales para vigilar las actividades en línea, así como para recabar, tratar y compartir información personal de la ciudadanía con otros Estados.

Estas disposiciones son fundamentales para cualquier normativa internacional en materia de cibercrimen, particularmente una construida en Naciones Unidas. Sin ellas, el proceso no debería proseguir.

¿Qué puedes hacer para ayudar a que el tratado sobre ciberdelincuencia de Naciones Unidas garantice los derechos humanos?

  • Te necesitamos! En esta etapa del proceso tu ayuda es fundamental informando y creado conciencia sobre los peligros que representa el tratado sobre ciberdelincuencia en su forma actual y la necesidad de que este incorpore una perspectiva de derechos humanos robusta. Para ello puedes:
  • Publica información sobre el tratado de cibercrimen en tu sitio web, tu blog o tus redes sociales. Si necesitas ayuda, puedes copiar o adaptar los textos que hemos preparamos, así como las imágenes para redes sociales.
  • Contacta a tus representantes políticos. Cuéntales lo que está pasando y pídeles que exijan al país mantener un compromiso irrestricto con la defensa de los derechos humanos. Puedes usar la minuta que hemos preparado, si necesitas ayuda.
  • Contacta a la prensa, pídeles que informen a la ciudadanía respecto de lo que está pasando en Naciones Unidas con la discusión sobre cibercrimen. Si quieres, puedes utilizar el comunicado de prensa que preparamos.
  • Si se te ocurre otra idea, por favor, ejecútala. Y cuéntanos qué estás haciendo, queremos llevar un registro de las acciones y apoyarte en lo que necesites. Escríbenos a info@derechosdigitales.org.

Recursos útiles

Declaración conjunta

Ciberseguridad desde una perspectiva de género interseccional: desafíos persistentes a una demanda urgente

Investigaciones que exploran los nodos claves de la ciberseguridad desde una perspectiva de género, hacen hincapié en la vulnerabilidad diferenciada de ciertos grupos ante ciberataques, así como su impacto diferenciado según el género. Tanto la brecha de género, como las dimensiones de la violencia de género se presentan, por lo tanto, como elementos clave para entender a esta problemática.

Si bien la brecha digital de género se ha reducido, persisten desigualdades significativas. Por ejemplo, aunque se registran aumentos en el número de mujeres profesionales en la industria de tecnologías, ellas siguen representando apenas 25% de la fuerza de trabajo en ciberseguridad (contra al menos 40% de la fuerza de trabajo en general). Además, la incorporación de mujeres jóvenes es muy lenta y la ausencia de diversidad es muy notoria en los cargos directivos. Cuando se trata de personas LGBTQIA+ los mismos datos son escasos evidenciando brechas aún más profundas.

Esto también se refleja en las grandes instituciones que gobiernan internet. Como hemos señalado en publicaciones anteriores, por ejemplo, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), sólo ahora tiene una mujer en su Secretaría General, tras décadas de estar encabezada por hombres mayoritariamente blancos.

Ciber-inseguridad y violencia de género facilitada por las tecnologías

Tales brechas históricas han dejado las principales decisiones en materia de tecnologías en las manos de una minoría, lo que ha contribuido con la persistencia de violencias de género que retroalimentan desigualdades luego perceptibles en las políticas. A pesar de ser reconocida internacionalmente como un problema acuciante, la violencia de género facilitada por la tecnología (TFGBV, por sus siglas en inglés) no suele considerarse un problema de ciberseguridad debido a la subestimación de asuntos domésticos/privados y porque se elige dar prioridad a las amenazas “más graves”.

Cabe recordar que la TFGBV es un problema generalizado que vulnera los derechos humanos de las personas afectadas. Actúa como un obstáculo a su pleno ejercicio y representa una barrera adicional para la participación en las esferas económica, social, cultural y política, obstruyendo así la realización de la igualdad de género.

Al tratar de ofrecer respuestas, los Estados a menudo han puesto un foco mayoritario en el uso del sistema criminal mediante legislaciones que han resultado no solo ineficaces sino que han puesto en peligro a las personas a quienes apunta a proteger. En una investigación reciente, hemos señalado que las leyes existentes sobre ciberdelincuencia tienden a prestarse a abusos debido a su terminología imprecisa y a la falta de mecanismos de reparación suficientes. Tampoco están específicamente diseñadas para abordar los problemas de género.

Por tanto, estrategias de ciberseguridad sólidas que sitúen a las personas y al género en el centro de las políticas y acciones públicas son una respuesta importante a la violencia de género y una alternativa al uso de normas sobre ciberdelincuencia, que deben aplicarse e interpretarse de forma restrictiva.

Espacios de incidencia: más allá de la participación

En los últimos años, los procesos multilaterales sobre ciberseguridad empezaron a incluir en sus declaraciones oficiales consideraciones sobre la dimensión de género, pero aún de manera muy tímida y limitada.

La falta de representación igualitaria en los procesos de elaboración de normas técnicas fue considerada especialmente preocupante en un informe reciente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que ahonda en la relación entre los derechos humanos y los estándares técnicos. El documento señala que es difícil encontrar datos fiables sobre la magnitud del problema, en gran parte porque las organizaciones de normalización no recogen sistemáticamente datos desglosados sobre el género de los participantes.

La situación ha sido también diagnosticada al interior de instituciones dedicadas al desarrollo de estándares técnicos. Una resolución sobre Promoción de la igualdad de género en las actividades del Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT (UIT-T), alerta a la escasa participación de mujeres en sus procesos. El documento apunta como necesario garantizar que ellas puedan desempeñar un papel activo y relevante en todas las actividades del UIT-T. En ese sentido, se resuelve dar alta prioridad a la integración de las cuestiones de género en la gestión, la contratación de personal y el funcionamiento del UIT-T, teniendo en cuenta también la representación geográfica. Si bien reconocimientos de este tipo son importantes, el lenguaje de género binario es aún un limitante a la efectiva equidad de género.

El acceso a la participación de mujeres es clave para avanzar hacia un cambio sistémico en el abordaje de la ciberseguridad. Sin embargo, es igualmente importante notar que el abordaje de género es mucho más amplio, y debe incluir aspectos como los riesgos, necesidades e impactos diferenciados en base al género y otras interseccionalidades que deben ser incluidas tanto en normativas como la mencionada, como en procesos de desarrollo de capacidades.

Para que la integración de la perspectiva de género (o gender mainstreaming) sea efectiva, las preocupaciones y experiencias de mujeres y hombres deben ser parte integral del diseño, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de políticas y programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales. En ese sentido, las normas internacionales han reconocido la necesidad de que la legislación y las políticas sean «sensibles al género», es decir, que tengan en cuenta las diferencias de impacto en función del género, y que impulsen un proceso de elaboración de normas más integrador que incorpore diferentes perspectivas de género, aborde las desigualdades e, idealmente, genere empoderamiento.

Esto implica que si bien es importante avanzar en pronunciamientos específicos de la problemática de género en la ciberseguridad, este aspecto debe abordarse integralmente en tanto el género es un factor social transversal que impacta todos los aspectos relacionados a las políticas sobre el tema.

Orientada hacia ese sentido, la resolución del Alto Comisionado referida anteriormente expresa que debe prestarse especial atención no solo a la promoción de la igualdad de representación de género en los procesos de elaboración de normas sino también a la sensibilidad de género de las normas. Esto incluye la necesidad de crear y mantener proactivamente culturas libres de misoginia y discriminación.

Espacios de incidencia como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) –  como hemos señalado en publicaciones anteriores – son fundamentales para fomentar la discusión de aspectos relevantes en la construcción de políticas públicas de ciberseguridad, que están directamente relacionadas con el cumplimiento de los derechos humanos. En términos de género, la participación se vuelve crucial no solo en asegurar paridad en las delegaciones y miembros de sociedad civil, sino en generar códigos de conducta apropiados e instalar la aplicación de la perspectiva de género también como un elemento central de la agenda de ciberseguridad.

Hacia un cambio sistémico en el abordaje de la ciberseguridad

El aporte crucial de la perspectiva de derechos humanos y el enfoque de género a la ciberseguridad insta a contemplar sus necesidades, prioridades y percepciones de la ciberseguridad en función del género y otros factores como orientación sexual, identidad de género, raza, clase social entre otros.

Citando a un reporte presentado por APC, este enfoque no implica simplemente agregar medidas a una política ya existente; sino que representa un cambio sistémico en la aproximación a la ciberseguridad. Aboga por una reevaluación del concepto tradicional de ciberseguridad, para superar la priorización de la defensa nacional o las demandas de la industria, y poner las personas en el centro. En ese sentido, es fundamental entender a las redes digitales como una base esencial para el ejercicio de derechos humanos en la actualidad.

Derechos humanos, placeres artificiales: sobre la necesidad de pensar a la humanidad en entornos digitales

Hace casi una década, se popularizó el concepto de «valle inquietante», traducción aproximada de uncanny valley. Se trata de cierta incomodidad en las personas ante androides altamente realistas o, mejor dicho, de la respuesta emocional que provoca la apariencia “casi humana” de un robot. Luego, en 2017, un usuario de Reddit con el seudónimo «deepfakes» subió contenido audiovisual lascivo con los rostros de Emma Watson, Jennifer Lawrence y otras celebridades.

Sin saberlo, bautizó a uno de los fenómenos más perturbadores del último tiempo. Actualmente, el 98% de todas las imágenes simuladas a través de sistemas de inteligencia artificial consisten en pornografía, de acuerdo con datos de un estudio de Home Security Heroes.

Si bien el material publicado por el original “deepfakes” se basaba en una técnica rudimentaria llamada faceswapping, en pocos años, el avance de la tecnología transformó aquello que resultaba inquietante en algo casi indistinguible de la realidad.

Con la popularización de tales tecnologías, la violencia de género facilitada por las tecnologías encontró su herramienta perfecta. En la plataforma Discord y, a través de Midjourney, un prompt (enunciado con términos clave) puede hacer casi realidad cualquier retrato ficticio de otra persona, con o sin su autorización. “Casi” pues, a pesar su sofisticación, esta tecnología no es perfecta: sutilezas como los pequeños pliegues de los dedos de las manos o el iris del ojo son demasiado humanas para la máquina. Aun así, el uso de prompts para generar imágenes pornográficas no consentidas no dejará de ocurrir, ya que siempre habrá consumidores de este tipo de material a quienes podrían escapárseles tales matices. La misma gracia que está fuera del alcance de la inteligencia artificial también está ausente de la percepción de este segmento.

Nuevas tecnologías, violencias antiguas

América Latina no ha estado excluida del avance de este tipo de violencia. En octubre de 2023, un grupo de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de México, específicamente de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), denunció a uno de sus compañeros, Diego N, por violencia digital, porque utilizó inteligencia artificial (IA) para alterar y crear imágenes sexuales de las estudiantes y comercializarlas a través de grupos de Telegram. Estas imágenes fueron creadas a partir de fotografías de las redes sociales. Luego de una investigación, se dio a conocer que el dispositivo del estudiante contenía alrededor de 166 mil fotografías y 20 mil videos, tanto reales como modificados con IA. Alrededor de 40% del contenido estaba relacionado con alumnas del IPN.

Además de la denuncia y expulsión del estudiante del IPN, se inició una investigación y un proceso legal en la fiscalía general de Justicia de la Ciudad de México. Al tratarse de un caso de violencia digital, las estudiantes apelaron a la Ley Olimpia, que tipifica como delito la difusión de imágenes de contenido sexual sin consentimiento.

La ley Olimpia ha sido utilizada en diversos casos en los estados de la república, pero esta vez toma una relevancia distinta por tratarse de una nueva tecnología utilizada para efectuar el delito, la IA. A pesar de la existencia de tal marco de protección, la diputada Guadalupe Morales confirmó que propondrá una iniciativa de ley para que se modifique el Código Penal de la Ciudad de México integrando una redacción que haga alusión los “deepfakes porno” como delitos contra la intimidad sexual.

La pregunta que queda es hasta cuándo será necesario criminalizar nuevas tecnologías y nuevos usos de tecnologías para intentar detener un tipo de violencia que tiene profundas raíces sociales.

En México, 70.1% de las mujeres mayores de 15 años han sufrido alguna forma de violencia a lo largo de su vida, de acuerdo con la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del 2021. Casi la mitad de las mujeres han sufrido violencia sexual y más de un tercio alguna forma de violencia física. Más que un fenómeno nuevo y aislado, las deepfakes agregan una capa más en un contexto de máxima preocupación.

No hay vuelta atrás

«Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros» reza el primer artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos – que cumple 75 años el próximo 10 de diciembre. Libres e iguales implica que todas las personas nos debemos respeto mutuo. La facilidad con la que las nuevas tecnologías proveen medios para vulnerar estas premisas nos obliga a darle más vueltas a los estándares mínimos que nos otorga la condición humana y sientan las bases para la convivencia en sociedad.En el ámbito físico (offline) de la vida, los límites deberían ser más claros: desde la postura corporal hasta la vestimenta, hay diversas estrategias para marcar distancia o proximidad de acuerdo con la voluntad de cada persona.

En el entorno digital, no obstante, las deepfakes derriban por completo dichas barreras. Además, y aunque correlación no implica causalidad, los datos son decidores: las nuevas generaciones reportan mayores índices de soledad que las anteriores, desarrollándose su vida social mayoritariamente en línea.

Las tácticas en el corto plazo para dar cuenta de este fenómeno pasan necesariamente por una educación sexual que promueva la equidad de género. Por otro lado, es necesario incluir una perspectiva interseccional de género al desarrollo de políticas públicas y a nivel legislativo: eso incluye las regulaciones sobre el tratamiento de datos personales. Además, en las discusiones sobre leyes de inteligencia artificial, es fundamental garantizar la participación efectiva de mujeres y personas LGBTQIA+, así como contar con evidencias específicas que ayuden a identificar abordajes efectivos y contextualizados para responder a las distintas formas de violencia.

Hay un importante avance en el reconocimiento de los derechos humanos desde la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Su carácter de universal implica que se aplica para todas las personas, sin excepción. Sin embargo, las brechas que persisten en su aplicación después de 75 años afectan particularmente las personas históricamente marginalizadas. La difusión de imágenes íntimas alteradas por medio de tecnologías de IA es una forma nueva de una vieja táctica que busca mantener un status quo en que las mujeres no tienen calidad de humanas y no pasan de meros objetos: sin derechos, sin agencia y plenamente manipulables según los deseos de terceros.

Desafortunadamente para quienes desean mantener controlada y sumisa la mitad de la población mundial, eso ya no es posible. No sólo está el sistema de derechos humanos como mecanismo de protección estable y consolidado, sino que también el movimiento feminista ha logrado visibilizar y denunciar vulneraciones y apropiarse de distintas tecnologías – no solo digitales – para protegerse, ejercer solidaridad y potenciar sus mensajes y luchas.

Como recuerdan los masivos movimientos desde América Latina, ninguna forma de violencia puede silenciar la voz colectiva que dice “ni una menos”. Frente al intento de retroceder, falta que los Estados e instituciones se comprometan, efectivamente, con un mundo más justo, equitativo y libre de violencia. Para todas, todos y todes.

 

Contribución conjunta sobre derechos humanos en el entorno digital en Chile

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Este informe producido por Derechos Digitales y la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) se enfoca en el ejercicio de los derechos humanos en la esfera digital en Chile, en el marco del 4° ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) y analiza el cumplimiento de las siete recomendaciones en esta materia recibidas durante el ciclo anterior del EPU.

Solidaridad y compromiso contra el discurso de odio y la desinformación

En México, el 70.1% de las mujeres mayores de 15 años hemos experimentado algún tipo de violencia en nuestras vidas, de acuerdo con la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, publicada en 2021. Esto constituye un incremento de un 4% desde la medición anterior, que data de 2016. Mientras tanto, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBT en México registró, al menos, 75 crímenes de odio en contra de personas de la comunidad en 2019.

El asesinato de le magistrade Ociel Baena a mediados de noviembre, víctima de un crimen de odio, no es un hecho aislado y nos convoca a reflexionar sobre la forma en que la intolerancia y la violencia se experimentan en el territorio. Al mismo tiempo, nos recuerdan que —como en otros países de América Latina— ser activista, persona trans o mujer conlleva exponerse a constantes vulneraciones a nuestros derechos y recibir discursos y actos de odio, proveniente de diversos actores.

La violencia de género encuentra en las tecnologías digitales un medio para amplificarse. La violencia de género facilitada por la tecnología no es una conducta nueva ni un fenómeno aislado, sino un antecedente importante de otras formas de violencia, muchas veces ignorado en las investigaciones. En la región hemos visto cómo el odio y las amenazas en línea persisten después de los ataques físicos, perpetuando la violencia en el tiempo y extendiéndola a familiares, pares y colectivos que comparten un activismo o identidad de género comunes con las víctimas. Por ello, es importante examinar el tipo de prácticas que estamos cultivando, dentro y fuera de las redes sociales, así como los desafíos que perduran al ejercicio del derecho a vivir una vida libre de violencia en México y en la región.

Ociel Baena: el odio entre las calles y las redes

Ociel Baena fue magistrade del Tribunal Electoral del estado de Aguascalientes. En el ejercicio de su cargo defendió los derechos de la comunidad LGBT+ y abrió espacios importantes para el reconocimiento legal de las personas no binaries en el país. Fue la primera persona no binarie en acceder a un cargo en el Poder Judicial, no solo en México, sino en América Latina. Asimismo, realizó avances para que las personas no binaries puedan contar con documentos legales de identidad, pues fue la primera persona en obtener un pasaporte, un acta de nacimiento y una credencial de elector no binaries

Además de su actuación como magistrade, Ociel Baena también ejercía su labor en la defensa de derechos en las redes sociales, donde constantemente recibía expresiones de odio, comentarios estigmatizantes y amenazas. Le magistrade Ociel realizó un arduo trabajo por visibilizar las violencias que sufren diariamente las personas trans, especialmente las personas no binaries, convirtiéndose en referente de la lucha por los derechos humanos de la comunidad LGBT+.

El 13 de noviembre de 2023, le magistrade fue asesinade en un crimen de odio junto a su pareja sentimental, Dorian Nieves Herrera. El caso generó una serie de movilizaciones a lo largo del país, exigiendo justicia y una investigación con perspectiva de género. 

La  Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado a la Fiscalía de Justicia del Estado de Aguascalientes para que realice una investigación “que no ignore la condición de género y las amenazas previas recibidas por una de las víctimas [le magistrade]”. Según la CNDH, este crimen pudo ser calificado como una expresión de odio. Pese a ello, las autoridades de Aguascalientes anunciaron que probablemente se trataba de un “crimen pasional”.

El discurso de odio en plataformas digitales del cual era víctima Ociel no cesó tras la brutal violencia sufrida por elle y su pareja. Siguió activa en las noticias asociadas con el suceso y, todavía peor, encontró eco en una narrativa nbfóbica reforzada por algunos medios de comunicación. La comunidad LGBT+ pide que se investigue el caso como crimen de odio, pues existía un antecedente de amenazas hacia Baena por ser no binarie y por los derechos que defendía. 

La perpetuación del odio y la falta de respuestas

El discurso de odio en plataformas digitales busca silenciar la genuina indignación que nace de un caso de violencia extrema, aprovechando su visibilidad para inculcar más odio e intolerancia en la sociedad. En Brasil, ni el brutal asesinato de la diputada Marielle Franco terminó con los ataques que tuvo que enfrentar en vida. Hoy, todavía circula desinformación sobre su biografía y justificaciones del crimen del que fue víctima. Como Ociel Baena, Marielle luchaba por la protección de derechos humanos desde su posición como concejala de la ciudad de Río de Janeiro y desde sus redes digitales. Era una mujer negra, periférica y bisexual.

El caso de Ociel Baena muestra al mundo la incapacidad del Estado mexicano de garantizar una vida libre de violencia a su población, especialmente a las personas LGBT+. Los discursos de odio y estigmas que generaron un ambiente hostil para le magistrade se siguen perpetuando, sin que haya una respuesta efectiva. Su asesinato no solo interrumpe su vida, sino su lucha en la defensa de derechos humanos y los avances de toda la sociedad mexicana en esta materia.

En el marco de esta situación sensible, algunas comunidades LGBT+ en los estados de Puebla y Coahuila desean impulsar legislaciones denominadas “Ley Ociel Baena”, que tienen como objetivo sancionar a quienes emitan discursos de odio, especialmente aquellos que hagan apología al delito. Es importante que este tipo de iniciativas se discuta de manera participativa y cuidadosa, para que no resulten en una forma más de censura contra poblaciones históricamente vulneradas. Además, es relevante que el abordaje de la violencia no se restrinja a una perspectiva puramente punitivista.

Es clara la necesidad de seguir abordando el tema de sensibilización y educación contra la violencia de género, incluso desde los medios de comunicación. Si bien las tecnologías digitales son una plataforma adicional para ejercer estas agresiones, es importante trabajar desde la raíz del problema, que se encuentra en el pensamiento y conductas patriarcales y machistas, ampliamente arraigadas en la sociedad mexicana y latinoamericana en su conjunto.

Exigimos a las autoridades que se esclarezcan los hechos en una investigación con perspectiva de género, que se haga justicia y una debida reparación del daño para sus familiares.

Regulación de IA: los derechos humanos primero

En las últimas semanas fuimos inundados por debates sobre la regulación de la inteligencia artificial en diversos frentes. Un acuerdo de las grandes potencias sobre un código de conducta para las empresas que trabajan con IA, los riesgos y retos del uso de la IA para la seguridad y la paz social, y cómo afecta la IA generativa a los derechos de autor son algunos de los temas que han circulado en estos días. En los más diversos foros mundiales, como el Consejo de Seguridad de la ONU, el Grupo de los 7, el Grupo de los 20, la UNESCO, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (la OMPI) y docenas de otras instiancias, la cuestión está aflorando a la superficie, como demuestra el reciente mapeo de Lea Kaspar, Maria Paz Canales y Michaela Nakayama.

En cierta medida, los diferentes debates se conectan y se solapan, pero también se integran a la maraña que conforman las referencias del derecho internacional en esta temática, como los principios de la OCDE y las recomendaciones de la UNESCO sobre la IA. Sin embargo, es urgente que este debate se base en los derechos humanos, tomando como ejemplo los recientes avances del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que deberían formar parte central de la discusión sobre cualquier regulación de la IA.

¿Discusión “Global”? Preocupaciones en torno a la participación desbalanceada

Las intenciones de la ONU de abordar la cuestión más general de la inteligencia artificial son cada vez mayores. Recientemente, Antonio Gutérres anunció la creación de un órgano asesor sobre IA que, paradójicamente, cuenta con una escasa participación de miembros de la sociedad civil y una sobrerrepresentación de las empresas tecnológicas. De este desequilibrio ha dado buena cuenta Juan Carlos Lara, quien argumenta que este órgano asesor deja en manos de quienes «más se benefician de las ventajas económicas de la IA» un papel preponderante en las recomendaciones sobre dicha gobernanza global, frente a quienes más sufren los efectos negativos de la IA, que es precisamente la sociedad civil.

Sin embargo, la falta de participación no solamente ocurre en el órgano asesor de la ONU, sino también en otros espacios como en las discusiones sobre el Pacto Digital Mundial, que sirve de preparación para la Cumbre del Futuro, evento que reunirá a líderes mundiales en Nueva York para “forjar un nuevo consenso internacional a fin de mejorar el presente y salvaguardar el futuro”.

En una carta, firmada por más de 30 organizaciones de la sociedad civil, se alerta sobre la falta de oportunidades de intervención de este sector, en tanto la palabra se concedió mayoritariamente a los Estados miembros, las agencias de la ONU y el sector privado, en detrimento de las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil durante las discusiones temáticas en línea. Lamentablemente, como afirma Gina Neff, «hemos visto cómo estas empresas se las arreglan hábilmente para establecer los términos de cómo debe ser el debate».

Riesgos inaceptables para los derechos humanos

Además de la participación, también es necesario pensar en las líneas sustantivas de estos procesos. En las últimas dos sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se han actualizado dos resoluciones de gran importancia. Así, las resoluciones se suman a otro importante texto aprobado por la Asamblea General de la ONU a finales del año pasado, siguiendo con fuerza una tendencia que hemos observado con anterioridad.

Tanto la resolución sobre nuevas tecnologías como la resolución sobre privacidad consolidan la necesidad de abordar a la IA desde la perspectiva de los derechos humanos. A pesar de constituir avances importantes en términos de resaltar riesgos inaceptables para los derechos humanos, estas resoluciones no son lo suficientemente explícitas a la hora de condenar el uso de la IA cuando a priori no cumplen con normativas de DD.HH., y cuya venta e implementación debe de ser prohibida o estar sujeta a una moratoria, conforme ya lo ha expresado mediante una resolución emitida por Michelle Bachelet, anterior Alta Comisionada de la ONU.

Un ejemplo claro de esto es que, si bien la resolución de privacidad deja claro que la utilización de medidas de reconocimiento facial de “vigilancia biométrica” suscitan gran preocupación en cuanto a su carácter de proporcionalidad, la resolución pierde a oportunidad de condenar la aplicación de IA en los sistemas de reconocimiento facial, dejando en manos de los Estados garantizar que la utilización de este tipo de tecnología no permita una “vigilancia masiva o ilegal”. Esto es especialmente preocupante, considerando las crecientes denuncias de vigilancia estatal en la región y a nivel global.

Sobre este punto, es importante hacer referencia al importante caso de reconocimiento facial promovido por el Observatorio Argentino de Derecho Informático (O.D.I.A) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) resuelto recientemente por los tribunales argentinos. En 2020, tras una acción de amparo colectiva presentada por el O.D.I.A. mediante el cual se puso en discusión la constitucionalidad y convencionalidad de las normas que implementaron el sistema de reconocimiento facial en la CABA, se declaró la inconstitucionalidad del uso del sistema de reconocimiento facial por no haberse dado cumplimiento a los recursos legales de protección de los derechos personalísimos de la ciudadanía. Entre varias cuestiones, el fallo nota que el sistema se usó de manera ilegal para buscar a más de 15 mil personas que no estaban en la lista de prófugos del sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CONARC). Además, la sentencia en cuestión recomienda cuestiones fundamentales como la necesidad de promover la transparencia y la explicación adecuada de los sistemas de IA, debiéndose considerar todo el ciclo de vida del sistema de IA.

La transversalidad de género, protección de datos e inteligencia artificial

Parte de la necesidad de colocar a los derechos humanos como centro de las discusiones alrededor de la implementación de sistemas de IA tiene que ver con el deber de considerar los impactos diferenciados de género que éstos causan.

En ese sentido, como ha sido constatado en la contribución conjunta sobre género presentada en el marco de las discusiones del Pacto Digital Mundial, para que los derechos de todas las personas puedan ser respetados de igual forma en el ecosistema digital global se requiere una protección efectiva y absoluta frente a la persecución, la discriminación, el abuso y la vigilancia; asegurar la igualdad de acceso a la información, las oportunidades y la comunidad, e igualdad de respeto a la privacidad, la identidad, la autoexpresión y la autodeterminación.

En la reciente resolución sobre privacidad, referida anteriormente, se realizan importantes avances en la materia. Por un lado, reconoce que las mujeres y niñas experimentan vulneraciones específicas en base al género a su derecho a la intimidad como parte de una desigualdad estructural que tiene efectos específicos en género, en tanto la implementación de tales sistemas puede reproducir, reforzar e incluso exacerbar las desigualdades raciales de género. Por otro lado, insta a los Estados a desarrollar e implementar políticas con perspectiva de género, a la par que alienta a todas las partes interesadas a que incorporen una perspectiva de género en la conceptualización, el desarrollo y la aplicación de las tecnologías digitales y las políticas conexas, y a que promuevan la participación de las mujeres para hacer frente a la violencia y la discriminación contra todas las mujeres y niñas que se producen a través del uso de la tecnología o son amplificadas por ella, instando a las empresas de tecnología digital, incluidos los proveedores de servicios de Internet, a que respeten las normas y apliquen mecanismos de información transparentes y accesibles.

Si bien celebramos dichos pronunciamientos, los que consideramos esenciales para el abordaje de esta problemática, observamos con preocupación que, tal como notamos en el análisis de la resolución proveniente de las discusiones del CSW67 del presente año, hay ausencias que implican retrocesos. En ese sentido, preocupa que el texto evite incluir a personas LGTBIQ+ en el ámbito de protección, considerando que esta exclusión tiene la potencialidad de profundizar desigualdades sobre una comunidad que ha sido históricamente vulnerada debido a cuestiones —relacionadas con desigualdades de género— y de legitimar políticas públicas discriminatorias.

A su vez, y en conexión con señalado previamente, aun cuando se reconoce el impacto negativo de la implementación de la IA sobre grupos en situación de vulnerabilidad, especialmente considerando factores de raza y género, las recomendaciones tenían la potencialidad de condenar la implementación de sistemas que ya han probado reproducir y profundizar desigualdades estructurales en ese sentido y de establecer líneas claras de protección que pongan foco en la obligación estatal de dotar protección efectiva de datos, entre otras cuestiones.

2024: agenda llena de acciones, altas expectativas

Los próximos pasos son aún inciertos y podrían conducir a una situación paradójica: las resoluciones aprobadas apuntan a la necesidad de más estudios y mayor acción efectiva en temas como la discriminación, la necesidad de regionalizar el tema, así como recomendaciones sobre cómo abordar el problema dentro del sistema de la ONU. No obstante, con la aprobación del órgano consultivo sobre IA, se han generado muchas prisas en toda la ONU. Todo ello para finalizar el trabajo en unos meses, de modo que esté listo a tiempo para la Cumbre del Futuro en septiembre del próximo año en Nueva York, donde todo lo relacionado con el Pacto Mundial Digital tendrá particular protagonismo.

Los pequeños (pero importantes) pasos que estamos dando en relación con la privacidad, los datos personales y la IA no pueden estar fuera de la concepción de esta discusión. El trabajo en curso de la Oficina del Alto Comisionado y de varios países que forman parte del Consejo de Derechos Humanos, llevado a cabo con la participación de diversas organizaciones de la sociedad civil, deberían ser un punto de partida fundamental para tomar medidas contra las repercusiones en los derechos humanos del uso indebido de los sistemas de IA por parte de Estados y empresas. La participación amplia de la sociedad civil también es un requisito necesario para esta discusión y, por nuestra parte, seguiremos en estos espacios para ampliar la voz de la sociedad latinoamericana.

Derechos digitales en América Latina: por tecnologías al servicio del bien común y el desarrollo integral de la sociedad

Los últimos tres años han sido particularmente agitados en América Latina. Los estragos mundiales causados por la pandemia de COVID-19 se vieron exacerbados por “estructuras de protección social débiles, sistemas de salud fragmentados y profundas desigualdades”, donde las personas en situación de vulnerabilidad fueron las más afectadas. A eso se suma un contexto de enorme inestabilidad, polarización política y un avance del autoritarismo en la región, particularmente en países como Ecuador, Perú, Brasil y la región centroamericana, por mencionar algunos.

En paralelo, hemos experimentado una reevaluación del rol de internet y las tecnologías emergentes. La noción cándida de que los procesos de digitalización solamente podían significar un fortalecimiento de los ideales democráticos de acceso, participación y desarrollo ya no es más que un recuerdo de otra época, y la pandemia despejó cualquier duda de que dichas tecnologías podían, en efecto, no solo exacerbar todavía más las inequidades sociales estructurales sino generar otras brechas.

Respecto de la función política de las tecnologías, la respuesta de los Estados ha sido ambivalente. Abandonada la idea ingenua, tan propia de principios de principios de siglo, de que internet y democracia eran prácticamente intercambiables, ahora se ha vuelto un lugar común responsabilizar a internet por la destrucción de la convivencia democrática, a veces de modo literal. Es conocido el caso de Centroamérica, donde se han utilizado leyes contra los cibercrímenes y la difusión de “desinformación” como excusa legal para perseguir a activistas, periodistas y opositores políticos. Al mismo tiempo, los Estados latinoamericanos están adquiriendo, implementado y haciendo usos cada vez más intensivos de distintas tecnologías digitales con el fin de vigilar, perseguir y controlar a la ciudadanía.

Frente a un cuadro que puede parecer desolador, la sociedad civil latinoamericana ha realizado un trabajo valiosísimo, no solamente en la defensa de los derechos humanos en entornos digitales, sino que en la articulación de una narrativa que recupera la esperanza por tecnologías al servicio del bien común y el desarrollo integral de la sociedad en su conjunto, sin sucumbir al optimismo acrítico y fetichista. En ese sentido, uno de los grandes valores de la región es un ecosistema de organizaciones cada vez más fuerte, más preparado y con mejores capacidades para lidiar con los múltiples riesgos y amenazas que debe enfrentar. Aportar al fortalecimiento del ecosistema latinoamericano generando conocimiento, participando de los debates pertinentes para la región y apoyando la creación de capacidades en la sociedad civil fueron los objetivos generales de Derechos Digitales en el marco del proyecto Greater Internet Freedom (GIF), cuyo tercer año de ejecución concluyó recientemente.

Inequidades históricas, nuevas brechas

En América Latina la tecnología siempre ha venido aparejada de la promesa de desarrollo. La persecución de una “modernización” que nunca pareciera que termináramos de alcanzar es un elemento constante, y sumamente efectivo, del discurso político en la región. Ello, sumado a la falta de normativas efectivas que regulen la implementación de tecnologías en el marco de políticas públicas, así como la opacidad con la que permiten operar legislaciones sumamente permisivas en materia de rendición de cuentas, hacen que la región sea campo fértil para la adquisición y aplicación de todo tipo de tecnologías con beneficios inciertos y escasa consideración por los derechos humanos, desde el voto electrónico a la implementación de tecnologías de identidades digitales.

Y, sin embargo, el acceso a tecnologías como internet sigue siendo una deuda pendiente para gran parte de la población en la región. Las investigaciones que forman parte del proyecto Latin America in a Glimpse: Amazonía —que documentan las brechas de acceso, los anhelos y los riesgos relativos a internet que perciben algunas de las comunidades que habitan la región amazónica de Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador— constatan que el acceso a internet en la zona es limitado, costoso y de baja calidad. En general, estamos hablando de una región con alta presencia de comunidades indígenas que han sido empobrecidas sistemáticamente y cuyas poblaciones han sido pospuestas en materias como acceso a la salud y a la educación.

De forma un poco más amplia, la octava edición de la publicación Latin America in a Glimpse ejemplifica algunas de las diversas formas que adoptan las brechas de acceso en la región: desde la dificultades que enfrentan las mujeres migrantes en Colombia para contratar planes de conectividad hasta los problemas que tienen las organizaciones de la sociedad civil para adoptar tecnologías más seguras, que les otorguen mayor protección en el ejercicio de su trabajo. La conclusión es que las brechas constituyen realidades complejas y multifactorial, que exceden a lo meramente técnico y tienen una base en inequidades estructurales —económicas, geográficas, culturales, etarias, de género, etcétera— que a su vez configuran nuestras experiencias en los entornos digitales.

Participación, regulación y gobernanza

En materia regulatoria, una fuente de constante angustia entre las agrupaciones activistas de la región es la falta de perspectivas de derechos humanos en las iniciativas legales que se discuten en América Latina, particularmente aquellas relativas a la implementación de tecnologías. Es un problema que las organizaciones locales han asumido como propio, sobreponiéndose muchas veces a la falta de instancias de participación real y trabajando de forma cada vez más efectiva en la incidencia legislativa.

Este es un ámbito donde la cooperación puede tener gran impacto, incluyendo aquella realizada entre organizaciones ubicadas en distintos países. Dos ejemplos interesantes en el marco de GIF: la participación de Derechos Digitales en alianza con organizaciones locales durante la discusión de la ley de datos personales en Ecuador y la colaboración entre organizaciones locales e internacionales en el marco del 41º ciclo del Examen Periódico Universal por el Consejo de Derechos Humanos, donde fueron evaluados Brasil y Ecuador. El trabajo colaborativo y en red es fundamental para la construcción de capacidades locales que permitan una defensa de los derechos fundamentales más efectiva a lo largo de toda la región.

La falta de instancias de participación a nivel local tiene su contraparte también a nivel internacional, donde muchas veces la actuación de las delegaciones de los estados latinoamericanos es escueta y presenta la misma falta de perspectiva de derechos fundamentales que las discusiones locales. Las barreras de acceso para la participación de las organizaciones de sociedad civil en estos espacios son todavía mayores, en tanto no solamente pueden suponer altos costos económicos (por ejemplo, para asistir y poder participar de una sesión de discusión de un organismo del sistema de Naciones Unidas), sino que además conlleva contar con conocimiento respecto del funcionamiento del sistema internacional, además de la dedicación de muchísimo tiempo, recurso particularmente escaso para la sociedad civil.

Mayor representatividad de voces latinoamericanas en los espacios de gobernanza a nivel internacional es fundamental por una serie de razones. La primera, es que la carencia de perspectivas locales puede resultar en la adopción de mandatos imposibles, inadecuados o que abran la puerta a distintas formas de abuso, producto de debilidades de la institucionalidad democrática en nuestros países, desconocidos por los representantes de otras latitudes. Un buen ejemplo de ello es la discusión en torno a una nueva “Convención de Cibercrimen” en el Comité Especial de las Naciones Unidas.

Por otro lado, la falta de participación en los espacios de gobernanza de la tecnología es la contracara de la dependencia técnica a la que se han visto subyugadas las naciones latinoamericanas a lo largo de su historia. En ese sentido, destacamos como sumamente positiva la posibilidad de participar en foros tales como el Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet (IETF por sus siglas en inglés) o de la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT) organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Del mismo modo, durante los últimos años realizamos una serie de aportes a consultas internacionales que fueron incluidos en los reportes de los organismos, como nuestra contribución al informe sobre el derecho a la privacidad en relación a las tecnologías digitales en América Latina y nuestra contribución al reporte sobre la relación entre derechos humanos y los procesos para establecer normas técnicas para las nuevas tecnologías, ambos de la oficina de la ambos de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de ONU. Además, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recogió opiniones de Derechos Digitales en su informe anual, correspondiente al año 2022.

Seguridad digital para la defensa de derechos

América Latina tiene un largo historial de autoritarismo e inestabilidad política. Los últimos años han estado marcados por alta polarización en la región y protestas masivas, lo que en muchos casos ha desencadenado violencia, represión y persecución política, principalmente contra activistas, periodistas y defensores de derechos humanos. En este contexto, mejorar las condiciones de seguridad de organizaciones de derechos humanos se vuelve un imperativo.

En el marco de GIF, se realizaron dos distintas capacitaciones en Safetag, una metodología para realizar auditorías de seguridad digital en organizaciones de sociedad civil, desarrollada por Internews. Estas auditorías permiten a las organizaciones tener un mejor entendimiento de la información que manejan, cómo priorizar que se debe proteger, los riesgos y amenazas potenciales y cómo comunicaciones de forma más segura. Al completar la auditoría, las organizaciones pueden tener una comprensión suficiente de sus circunstancias para adoptar políticas internas que ayuden a las organizaciones a mejorar su seguridad. Por medio de la creación de capacidades para que nuevas organizaciones puedan realizar auditorías, se incrementan las competencias del ecosistema completo.

Además, se organizaron distintas instancias de intercambio de conocimientos sobre seguridad digital entre organizaciones latinoamericanas, incluyendo temáticas como análisis forense, atención de casos en línea y seguridad en sitios web, entre otros. Esto no solo ha permitido la mejora en el conocimiento técnico de las organizaciones, sino que la construcción de redes de colaboración y trabajo conjunto, lo que permite proyectar objetivos compartidos a nivel regional de mejor seguridad digital. Es importante destacar también la Guía de seguridad digital para personas defensoras del medio ambiente en Colombia, desarrollada por Fundación Karisma, con recomendaciones prácticas y consejos para proteger la identidad en redes sociales, evitar el phishing y el malware, fortalecer la seguridad de cuentas, gestionar contraseñas de manera segura y utilizar herramientas de cifrado.

Estas son solamente algunas de las muchas actividades realizadas durante los últimos tres años, que dan cuenta no solamente de las distintas necesidades del contexto latinoamericano en materia de derechos humanos y tecnología, sino que además de la fortaleza que supone la existencia de una red de organizaciones con capacidades en expansión.

Para Derechos Digitales y las organizaciones con las que colaboramos durante estos tres años, la ejecución del proyecto Greater Internet Freedom han supuesto además una mejora de capacidades internas y fortalecimiento institucional, ayudando a posicionar también el trabajo de organizaciones locales, cuestión señalada por ellas mismas en una reunión de evaluación sostenida en San José de Costa Rica, al margen de la realización de RightsCon, una de las conferencias mundiales más importantes en materia de derechos humanos y tecnología, y a la que tuvimos la posibilidad de llevar a 15 personas de distintas organizaciones latinoamericanas.

América Latina constantemente presenta grandes desafíos y amenazas a quienes trabajamos en favor de los derechos humanos, en condiciones que no siempre son ideales. Pero también hay una oportunidad gigantesca para dar un paso definitivo en levantar el estándar a nivel regional. La dedicación y el compromiso de quienes están dando la pelea en cada uno de los países latinoamericanos es un activo invaluable. La cooperación internacional para mejorar sus capacidades es fundamental.

Un agradecimiento a Mayra Osorio, Rafael Bonifaz y Juan Carlos Lara del equipo de Derechos Digitales por sus aportes e ideas para esta columna.