Hace unas semanas, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció una nueva ley para regular el uso de la criptomoneda Bitcoin. La iniciativa generó críticas de manera inmediata, a nivel nacional e internacional, formuladas por economistas, la comunidad técnica y opositores políticos, entre otros comentaristas.
Pero antes de que la polémica permitiera asentar un mejor camino en la materia, la propuesta se había convertido en ley de la República, aprobada por un cuerpo legislativo particularmente favorable al Gobierno. El episodio ha dado un nuevo impulso al intento por participar del mercado de las criptomenodas y regular estos activos en América Latina, no sin una serie de preocupaciones importantes como demuestra el caso salvadoreño.
¿Criptomonedas?
Entendemos por “criptomonedas” a los sistemas de tokens que simbolizan unidades de valor, destinados al intercambio con poder liberatorio general (como el dinero de curso legal) o limitado, que constan de un registro digital (ledger) con uso de criptografía, mantenido de manera distribuida en lugar de centralizada por alguna institución financiera.
En la base de las criptomonedas está usualmente la tecnología de la cadena de bloques o blockchain: una lista de registros en forma de bloques, vinculados entre sí por medio de criptografía. Las transacciones se registran sin intermediarios, de manera cronológica y formando una cadena inmutable que permite la agregación de datos nuevos, pero no su alteración posterior. Cada nodo de la red guarda, de manera descentralizada, una copia de las cadenas de bloques. Con esto se busca superar problemas con la confiabilidad de registros centralizados de transacciones de distinto tipo, tales como la falsificación, el doble pago de un bien o el doble uso simultáneo. Por eso, según se reporta, se le promociona como un registro seguro, descentralizado e inmutable que guarde una copia de todas las transacciones realizadas sobre dicho activo digital.
Entonces, las criptomonedas son un tipo de activo digital que puede ser transado con registro en una cadena de bloques, tratándoselo como una moneda, en tanto se valorizan en unidades de ese activo, bienes o servicios, y fungiendo como activo de inversión especulativa si no se utiliza como moneda. Se caracterizan por su descentralización e independencia de intermediarios. Según alguna doctrina, las características propias les permitirían “tener aplicación universal y más extendida”.
Actualmente, la criptomoneda más conocida e importante es Bitcoin, que permite el intercambio de activos valiosos sin la intermediación o aprobación de una autoridad que ejerce control centralizado. Sin embargo, si bien Bitcoin es una criptomoneda popular, está sujeta a múltiples críticas: su valor como activo tiene una alta volatilidad, se cree que puede constituir una “burbuja especulativa” más que un sistema afín a las monedas de curso legal y la red Bitcoin presenta un problema de escalabilidad de la red para transacciones de pagos, lo cual representa altos tiempos de espera y elevadas tarifas por cada transacción, que debe ser verificada mediante complicadas operaciones matemáticas (proof of work) previo a incorporarse a la cadena de bloques. A la vez, el costo energético de cada una de esas operaciones conlleva posibles riesgos medioambientales ampliamente reportados. Estas y muchísimas otras críticas son parte habitual de la fuerte atención pública sobre el Bitcoin, sea tomado como oportunidad de inversión o como grave amenaza al ecosistema global en nombre de la codicia especulativa.
La “Ley Bitcoin” en El Salvador: el Decreto Legislativo Nro. 57
La Ley Bitcoin se convirtió en realidad tres días después de la viralización de un video en el que Bukele anunciaba en la Conferencia Bitcoin 2021 en Miami que la criptomoneda se convertiría en moneda de curso legal en El Salvador. La aprobación de la Ley Bitcoin tuvo una celeridad inusual: entre su presentación pública y su aprobación por la Asamblea pasaron apenas 5 horas. Más debate sobre el Bitcoin existe cualquier día en foros de Reddit o redes sociales. Mientras la Asamblea realizaba el proceso legislativo, el presidente Nayib Bukele, impulsor de la Ley, explicaba a inversionistas extranjeros la normativa en un chat virtual de Twitter, en inglés.
La aprobación de la Ley Bitcoin se da en un contexto particular. El Salvador vive un momento económico adverso, tal como el de otros países afectados por la pandemia. Pero además en un contexto político particular: la Asamblea Legislativa, dominada por el partido del presidente, ha aprobado gran cantidad de préstamos al Estado salvadoreño, que han incrementado en niveles históricos la deuda del país. Por otra parte, el contexto social en el que la Ley fue aprobada presenta dos caras: por un lado, la aun elevada popularidad del presidente y por otro, señalamientos de corrupción por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos a una de sus principales funcionarias y la decisión de dar por finalizado el convenio con la Organización de los Estados Americanos que había creado la Comisión contra la Impunidad en El Salvador (CICIES). De acuerdo a los considerandos de la Ley Bitcoin, la misma pretende, entre otras cosas, facilitar la inclusión financiera de los ciudadanos, así como impulsar el crecimiento económico del país.
Sobre la aprobación de la Ley Bitcoin se han vertido críticas que abarcan el área jurídica, en particular sobre el proceso de formación de Ley, la obligatoriedad de la aceptación del uso de Bitcoin por “todo agente económico” (art. 7) y la ambigüedad de las disposiciones aparentemente redactadas por un interesado. En el área económica, se anotan críticas como la incompatibilidad respecto de la definición de Bitcoin como moneda y no como activo digital, así como de los inconvenientes de adoptar la criptomoneda como moneda de circulación legal a la par del dólar, la actual moneda de curso legal.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) la calificó como una ley inconsulta e improvisada. De la misma forma se han pronunciado varios académicos y profesionales del país, quienes señalan, además, la carencia de un estudio técnico y la falta de debate parlamentario. Otro riesgo identificado es la posibilidad de que las Bitcoin que “ingresen” a El Salvador provengan de actividades ilícitas como el narcotráfico, la trata de personas o la venta de armas; y que, además, con la oferta del presidente Bukele de brindar facilidades migratorias y de adquisición de bienes en territorio nacional a los inversionistas, El Salvador pueda convertirse en un paraíso fiscal apto para el lavado de dinero.
También se habla del problema del fideicomiso que será constituido para respaldar el cambio de Bitcoin a dólares, considerando que ese dinero podría ser usado para otras áreas prioritarias como la salud y la educación; además, que dada la volatilidad del Bitcoin, los costos de esta deficiencia serían pagados por la población.
Otras de las preocupaciones de la ciudadanía incluyen la falta de transparencia sobre el funcionamiento y los niveles de seguridad informática de bases de datos, herramientas y medios que se utilizarán para la realización de transacciones en Bitcoin, y respecto del tratamiento que estas harían de datos personales sensibles y biométricos en un país que carece de regulación adecuada en materia de protección de datos personales y ciberseguridad.
Por otro lado, instituciones financieras han expresado su recelo ante la medida. El Fondo Monetario Internacional, con el que el gobierno de Bukele negocia un préstamo, ha señalado que esta medida requiere análisis más cuidadosos; por su parte, el Banco Mundial, a quien el gobierno solicitó ayuda técnica para la implementación de la criptomoneda, ha declinado dadas las deficiencias medioambientales y de transparencia que la medida contiene.
Cómo avanzar en América Latina
El caso de El Salvador ha reavivado el ánimo por, a lo menos, regular estos activos digitales. Así, en Paraguay ya hay un proyecto de ley con el propósito de regular el mercado de las criptomonedas y la minería de “criptoactivos”, que se suma a otras iniciativas de investigación, tributación o regulación. Entre el escepticismo y el entusiasmo, se mantienen desafíos importantes para la región.
La tecnología blockchain en general y las criptomonedas en particular se presentan a menudo como la tecnología del futuro para transacciones de toda clase. Sin embargo, sus características intrínsecas presentan retos, sobre todo, frente a la garantía de seguridad jurídica por la que deben velar los estados, en particular si se pretendiera implementar su uso como una moneda de curso legal. Tanto la desregulación, la descentralización y la volatilidad de su valor son elementos que restan seguridad jurídica frente a fraudes o a riesgos derivados de cambios bruscos de valor. De ello surgen tendencias a reconocer la validez de las transacciones mediante criptomonedas solo bajo supervisión estatal, regulación específica y fortalecimiento de las instituciones públicas, o bien a su prohibición. Desde un punto de vista económico, especialistas apuntan al desafío que plantea la trazabilidad de los ingresos en criptomonedas en un país para la creación de las políticas públicas monetarias.
Finalmente, tres puntos fundamentales para la adopción de la tecnología blockchain, y particularmente, las criptomonedas es que debemos aprender de las lecciones y desafíos que ha significado el desarrollo, gobernanza y apertura de internet. No recurrir al solucionismo tecnológico, motivar la innovación, y adoptar y regular las tecnologías desde un enfoque de respeto a los derechos humanos. Debemos valorar los logros alcanzados con internet, motivar la discusión inclusiva de los diversos sectores de la sociedad que contribuyan a brindar claridad sobre los desafíos y posibles efectos de la implementación de las criptomonedas y, principalmente, debemos considerar la deuda que aún tiene Latinoamérica respecto de las brechas en acceso a tecnologías digitales. Adoptar la más reciente moda de activos digitales está muy lejos de cumplir con esos objetivos.
