Temática: Acceso al conocimiento

La Neutralidad de la red bajo ataque II: El regreso

No, no es el título de la última entrega de Hollywood. Mientras nuestros amigos de los EE. UU. se preparaban alegremente para las celebraciones de su Día de Acción de gracias, el Chairman de la Federal Communications Commission (FCC), Ajit Pai, se encontraba cocinando algo más que pavo y salsa de cranberries.

Lo que fue comunicado oficialmente el 21 de noviembre es el documento titulado “Restoring Internet Freedom”, propuesta regulatoria que vendría a sustituir la “Open Internet Order” de 2015, que estableció meridianamente el principio de neutralidad de la red en el país del norte. La propuesta, que se someterá a votación el próximo 14 de diciembre, propone eliminar todas las reglas de neutralidad de red actuales, con la excepción de una regla de transparencia modificada.

Eso significa que, en adelante, los proveedores de servicio de internet (ISP) de los EE. UU. serían libres de bloquear, acelerar o ralentizar sitios web, aplicaciones y servicios, cobrar tarifas a las compañías en línea por acceder a los suscriptores del ISP, o entrar en acuerdos con proveedores de servicios y aplicaciones para darles condiciones de conexión privilegiada de velocidad a sus suscriptores, bastando que los ISP informen a sus clientes sobre la existencia de este tipo de acuerdos. Es decir, decidir, según su conveniencia económica, qué sitios y servicios funcionan mejor que otros en internet.

La propuesta elimina también todas las reglas de estándar de conducta destinadas a asegurar la supervisión del regulador de las facultades de administración de la red limitadamente reconocidas a los proveedores de servicios. Con esto, abre la puerta al ejercicio de discrecionalidad técnica y comercial de los ISP en la oferta de servicios, como gestión de tráfico o esquemas de zero-rating.

No conforme con el retroceso respecto del estándar de neutralidad de la red hoy vigente, la propuesta va más allá: al echar pie atrás a la clasificación del servicio de banda ancha como servicio de comunicación (common carrier) y catalogarlo como servicio de información (information service), imposibilitaría que en el futuro la FCC adopte o imponga alguna norma significativa que permita garantizar la neutralidad de la red.

La norma además limita la posibilidad de que sean los Estados quienes adopten sus propias reglas de neutralidad de la red, distintas de la regulación federal, lo que hará imposible que estos reaccionen implementando sus propias normativas ante la falta de protecciones de la neutralidad de la red a nivel federal.

Algunas encuestas muestran que la iniciativa de eliminar la protección de la neutralidad de la red parece ser tremendamente impopular en todos los sectores del espectro político, lo que no ha detenido esta iniciativa con nefastas consecuencias como precedente global.

Desafortunadamente, la FCC no es responsable directamente ante el público, y Pai ha dejado en claro que no tiene la intención de dar mucho peso a la opinión pública o la cantidad de comentarios recibidos por la FCC en apoyo de las reglas de neutralidad de la red. Sin embargo, a los miembros del Congreso sí les importa lo que piensan sus electores, y como ellos son los encargados de supervisar los esfuerzos de la FCC en este espacio, ellos tienen el poder de detenerlo. Por eso las organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos están haciendo un llamado a que las personas se comuniquen con sus representantes para exigirles la protección de la neutralidad de la red.

Como lo plantea Tim Wu -a quien se le atribuye la paternidad teórica del principio de neutralidad de la red- lo más probable es que este episodio de revés regulatorio termine con la intervención de las Cortes de los Estados Unidos. De acuerdo a los estándares normativos del derechos administrativo norteamericano, las decisiones administrativas solo pueden ser revocadas cuando la agencia federal involucrada cumpla con examinar evidencia fáctica que demuestre la conveniencia de un cambio de estándar, lo cual difícilmente podría ser el caso de la regla de neutralidad cuyo resultado a sido mayoritariamente satisfactorio. Pero aun con la previsible intervención judicial, este movimiento regulatorio no deja sin riesgo todo lo que suceda en el tiempo intermedio.

La propuesta de la FCC no tiene solamente efectos en los EE. UU. Gran parte de los servicios de internet son ofrecidos por plataformas que operan desde Estados Unidos, donde los acuerdos con los ISP serían los que determinen quiénes son ganadores y perdedores con alcance global. Los usuarios de internet en nuestra región verán afectadas sus posibilidades de acceder a contenidos y aplicaciones, lo que implica una restricción de acceso a la información y al conocimiento.

La decisión de Pai resulta además un nefasto precedente para otras latitudes, en las cuales el reconocimiento del principio de neutralidad ha sido inexistente o débil en su ejecución, como precisamente es el caso de varios países de América Latina conforme se muestra en un estudio coordinado por Intervozes este año. La propuesta de la FCC puede así convertirse en un mal modelo de regulación que podría además ser copiado por otros países.

Desde otros lugares del mundo podemos sumarnos a la reacción pública en contra del desmantelamiento de la neutralidad de la red pues, como lo explicábamos hace unos meses, no podemos quedarnos indiferentes ante esta amenaza que, como internet, no reconoce límites territoriales.

Renegociación del TLCAN: no en nuestro nombre

Para Donald Trump el TLCAN era “el peor tratado de libre de comercio de la historia.” Ahora quiere “modernizarlo”, llevando adelante un impulso por la renegociación entre los tres países que componen el acuerdo. En México, los gobernantes usan la misma palabra, “modernizar”, sin pensarlo dos veces, como si la modernidad aún fuera una utopía. Como si las premisas tras esa “modernización” no hubieran causado más desigualdad, dependencia y crisis ecológicas y de derechos humanos. Después de 23 años, Canadá, Estados Unidos y México están renegociando el tratado comercial que regirá sus relaciones durante las próximas décadas.

Hay un patrón en las negociaciones comerciales: se hacen a oscuras, sin transparencia y privilegiando siempre los intereses de grandes empresas por encima de los derechos humanos. Con el TLCAN pasa lo mismo: no importa cuánto esfuerzo dedique México en tener elecciones democráticas y transparentes, en que los legisladores y funcionarios sean verdaderamente representativos, las decisiones que se tomen a puerta cerrada en estas negociaciones impactarán directamente nuestras vidas tanto dentro como fuera de línea. Pero la ciudadanía y la sociedad civil no participan activamente en ellas.

Por un breve momento creíamos que el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus siglas en inglés) había muerto cuando Trump firmó la salida de Estados Unidos. Pero estos tratados son como zombis: se rehúsan a morir y permanecer muertos. El pasado 10 de noviembre, los 11 países que restaban en esta negociación, acordaron seguir adelante sin la potencia que en un principio los empujaba, “suspendiendo” (quizás hasta que EE. UU. vuelva al redil).

Ahora nos enfrentamos a dos instrumentos distintos que amenazan nuestras libertades en internet: el TLCAN y el CPTPP, negociados con exclusión de la ciudadanía. Peor aún, en México el 80 % de los mexicanos rechaza al gobierno el turno, de acuerdo con la última encuesta del Latinobarómetro, dejando así al ejecutivo sin un piso de representatividad en el esfuerzo negociador. Estamos hablando de un gobierno sin legitimidad, que sellará un pacto para regir cientos de millones de vidas, durante décadas. Y ese pacto afecta también la vida de los ciudadanos en el entorno digital.

Hay dos consensos importantes en la sociedad civil mexicana que se opone a las negociaciones del TLCAN. La Convergencia México Mejor Sin TLCs –formada por más de veinte organizaciones desde campesinos, activistas, trabajadores, ambientalistas y sectores técnicos– concuerda en que uno de los problemas más graves es el mecanismo de resolución de disputas vía tribunales de Arbitraje de Diferencias Estado-Inversor (conocido por ISDS del inglés Investor-State Dispute Settlement). Este ya estaba en el capítulo XI del TLCAN original de 1994 y a la fecha ha sido parangón de muchas injusticias.

En segundo lugar, la falta de transparencia es una constante antidemocrática: ¿cómo tener un debate ciudadano, rico y representativo de todos los intereses si no sabemos qué viene en los textos?

El capítulo de propiedad intelectual del TPP fue uno de los más discutidos gracias a que Wikileaks lo filtró. De lo contrario, hubiera permanecido en secreto hasta su firma. Una de las primeras cosas que proponía era aumentar el plazo de los derechos de autor para protegerse durante la vida de los creadores y hasta 70 años después de su muerte, además de reforzar los mecanismos de observancia. Esto fomenta la idea de que la cultura y el conocimiento son titularidad de algunas industrias, poniéndola a disposición únicamente de quienes pueden pagarla. Promueve un esquema en el que empresas y personas distintas de los autores siguen recibiendo regalías por algo que no crearon.

Es más, mediante el mecanismo del comercio internacional, limita la capacidad de los países de fijar sus propias reglas para compartir cultura y para descargar, leer, reproducir, copiar, pegar o remixear, cosas que muchas veces son sabiduría popular (¡y pública!). Un esquema promovido por las industrias de contenidos de los EE.UU., como principal explotador de derechos de autor en el mundo. No es difícil adivinar que la postura estadounidense en el TLCAN repetirá esta tendencia pues son los mismos intereses los que se sientan en la mesa de negociación.

El TPP también buscaba exportar una ley que en la práctica ha instaurado un sistema de censura privada: la Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Básicamente se trata de un mecanismo dirigido a compañías como Google, Facebook, Twitter y Youtube bajo la siguiente lógica: si conocen de contenidos que violen derechos de autor, y no lo bajan, entonces son también responsables por la infracción. En México, el presidente Enrique Peña Nieto ha usado la DMCA para eliminar videos en que aparece cometiendo errores al hablar. Sin controles ni salvaguardas judiciales, miles de expresiones legítimas e importantes podrían ser eliminadas.

El capítulo sobre comercio electrónico no se quedaba muy atrás. En la era del capitalismo digital los datos son dinero, y las personas somos datos: todo lo que hacemos en internet, los sitios que visitamos, lo que consumimos y compramos. De forma inevitable, al hablar de datos hablamos de privacidad. La pauta en ambos tratados es promover el “libre flujo de datos” entre países, incluso cuando estos tratan de información sensible. Hay excepciones a este libre flujo pero siempre y cuando no sean “restricciones encubiertas al comercio”. Traducción: se puede interpretar que una política que protege derechos humanos impide el comercio de datos, y por lo tanto bloquearse vía los mecanismos de ISDS.

Hay muchos otros puntos preocupantes, pero en esencia hay que decir que la modernización tiene tintes colonialistas. Estos tratados protegen a Estados Unidos y a las empresas multinacionales por encima de los intereses democráticos de personas comunes. Que quede claro: el TPP no puede revivirse y la negociación del TLCAN debe hacerse bajo criterios distintos que representen a la ciudadanía. Los derechos humanos no pueden supeditarse al comercio internacional. Exijamos mejores condiciones.

El retorno del TPP: el tratado zombi que se niega a morir

A pesar de las versiones contradictorias, todo indica que los 11 países que actualmente se encuentran negociando TPP han llegado a un acuerdo para sellar definitivamente el destino del tratado. Incluso después de haber sido declarado muerto, luego de que EEEUU anunciara su retirada, el ahora denominado TPP11 resurge.

Es que tratados comerciales multilaterales como TPP no se tratan solamente de fomentar el comercio entre los países. Por el contrario, buscan generar las “reglas doradas” que dictarán la pauta en una serie de temas que van más allá del comercio, incluyendo las reglas que regirán internet de hoy en adelante; muchos de las cuales tienen un profundo impacto en la forma en que las personas ejercen sus derechos fundamentales.

¿Quién gobierna internet?

Para los países de Latinoamérica, internet no es solo un medio de comunicación; es el lugar donde un porcentaje cada vez más significativo de las interacciones de sus habitantes tienen lugar. Ya sea para comunicarnos, trabajar, acceder a la cultura, organizarnos políticamente o entretenernos, lo cierto es que internet es parte de nuestra vida diaria, de cómo vivimos nuestras vidas y cómo ejercemos nuestros derechos.

Es por esto que vale la pena preguntarse a quién le corresponde regular internet: porque la forma en que se desenvolverá el internet del futuro depende en gran medida de quienes y donde se tomarán esas decisiones. Lamentablemente, si bien varios organismos internacionales relacionados con internet han propendido a implementar un modelo de múltiples partes interesadas, lo cierto es que muchas de las reglas que en la práctica rigen la forma en que opera internet se están gestando a puertas cerradas, en tratados multilaterales de libre comercio.

Esto no es solo negativo en términos democráticos. El excluir a la sociedad de los foros en donde se toman estas decisiones también afecta el contenido de las regulaciones. La falta de mandato democrático, de transparencia y participación también significa que se termina regulando en favor de unos pocos, a costa de los intereses de la mayoría. Basta un pequeño vistazo a sus disposiciones para constatar como el TPP privilegia los intereses corporativos por sobre los derechos de los usuarios y ciudadanos.

Propiedad intelectual

 El TPP pretende, sin ningún tipo de evidencia, fortalecer de forma desproporcionada los derechos de los titulares de derechos de autor. Para ello, aumentará el plazo de protección a uno equivalente a la vida del autor más 70 años desde su muerte. Un período completamente desproporcionado y lesivo del dominio público, que está muy por sobre los 50 años que están establecidos como estándar internacional.

TPP también pretende implementar un sistema de bajada de contenido en línea que hace responsables a los proveedores de internet que, luego de un simple aviso privado, no cumplen con remover un contenido que se supone infringe algún derecho de autor. Este sistema desproporcionado puede transformarse en una forma de censura privada, y ha sido criticado por no exigir la participación autoridad judicial imparcial o de un debido proceso que autorice la bajada del contenido.

Por último, la consagración de las “medidas tecnológicas de protección” o candados digitales permitirán a los titulares de derechos controlar la forma en que hacemos uso de los dispositivos y productos digitales que legítimamente hemos adquirido. En el futuro, si tu PC no te deja instalar el sistema operativo que deseas, leer un e-book en el aparato de tu elección, o hacer respaldos de tus archivos, TPP será el responsable.

Comercio electrónico

 Más allá de la propiedad intelectual, y bajo la etiqueta del comercio electrónico, TPP pretende regular distintos aspectos que se encuentran en la base de cómo opera internet.

TPP obliga a sus miembros a permitir el tráfico transfronterizo de datos personales, pero sin condicionarlo a que el país receptor mantenga un nivel equivalente o adecuado de resguardo de dichos datos.

Por otro lado, se exige no establecer como requisito la revelación de código fuente de programas computacionales para la comercialización o distribución de software. Esto puede impedir la implementación de políticas que promuevan el software libre y la auditoria de software por consideraciones de seguridad informática.

TPP también prohíbe a los estados exigir que los servicios localicen sus bases de datos en su país. Esto puede reafirmar la posición dominante de un puñado de empresas de Silicon Valley, al mismo tiempo que impide a los países implementar políticas que protejan los datos personales de sus ciudadanos.

En materia de neutralidad de la red, en vez de transformar el principio que garantiza una red libre, abierta y democrática en un estándar global, se consagra una versión descafeinada del mismo. Esto significa que TPP se transformará en un obstáculo para avanzar en esta materia.

Otras amenazas

 TPP no es la única amenaza para un internet libre, abierto y democrático. El Trade in Services Agreement (TiSA), del cual son parte varios países de la región, contiene disposiciones muy similares en materia de comercio electrónico, incluso más perjudiciales en algunas materias, como revelación de código fuente. TiSA incluso va más allá de TPP, al regular la responsabilidad de los intermediarios por los contenidos no necesariamente ilegal, pero sí “abusivos o dañinos” subidos por sus usuarios.

Al establecer una exención de responsabilidad por el retiro “de buena fe”, se crea un incentivo a la eliminación de contenido por parte de los intermediarios de internet. Esto abre el camino a una eventual censura privada de contenido que no es ilegal, ya sea por presión de parte de los gobiernos a las empresas o por el interés comercial de las mismas.

Por otro lado, la iniciativa para reglas de comercio electrónico similares a las contenidas en TPP y TiSA también ha sido propuesta en la Organización Mundial del Comercio (OMC). En la reunión ministerial que tendrá lugar en Buenos Aires el mes de diciembre, los países desarrollados buscarán lograr un mandato para negociar temas de comercio electrónico al interior de OMC. Si bien la OMC puede tener estándares más altos de transparencia que tratados como TPP, sigue siendo una organización dedicada al comercio, y en donde los países desarrollados buscan empujar una agenda similar a la de TPP para favorecer su industria.

Camino a seguir

Hoy más que nunca es necesario que los distintos actores del ecosistema de internet, y la sociedad en general, presionen para que el futuro de internet deje de decidirse en tratados de libre comercio.

La regulación de internet afecta la forma en que todos ejercemos nuestros derechos fundamentales. Por lo tanto, corresponde que las decisiones sobre su futuro se tomen en foros que cuenten con mandato democrático, sean transparentes y participativos.

Solo de esta forma podremos seguir disfrutando de una internet libre, abierta y democrática.

Una oportunidad para pensar el acceso abierto desde América Latina

La última semana de octubre es momento de celebrar el Acceso Abierto (Open Access) a nivel global. La pregunta por el Acceso Abierto supone el acceso a recursos para la investigación y la educación de acceso libre y gratuito, a fines de aumentar la generación, difusión e impacto del conocimiento científico. Estos recursos consideran tanto artículos de investigación revisados por pares, como los datos requeridos para desarrollar tales estudios.

El objetivo de la celebración 2017 es destacar los diferentes usos e implicancias del Acceso Abierto, de ahí que el tema sea “Acceso Abierto para…”. Destacando la multiplicidad de beneficios que permitiría el Acceso Abierto en diversos contextos, por ejemplo, a la hora de favorecer la participación más equitativa en la comunidad científica y aumentar el impacto de las investigaciones.

El Acceso Abierto supone, en términos prácticos, sacar provecho a las tecnologías para eliminar las barreras de acceso al conocimiento científico, no solo a los resultados de las investigaciones sino también a los datos que dieron pie a tales conclusiones, favoreciendo así la reflexividad del conocimiento científico y el subsecuente avance del mismo. Las consecuencias sociales de un mayor y mejor desarrollo científico son innumerables, pero pueden verse reflejados en el desarrollo de proyectos innovadores capaces de ofrecer nuevas soluciones a los problemas cotidianos. Todo ello, sabemos, influye de manera positiva en la capacidad de alcanzar y mantener un desarrollo sostenible, que vaya más allá de los vaivenes del mercado de los commodities –variaciones que, muchas veces, han condenado a América Latina.

Sin embargo, el acceso al conocimiento científico sigue hallando obstáculos. El primero de ellos, por cierto, se encuentra en los gigantes de la industria científica editorial: conglomerados que cobran millones de dólares por suscripciones que permiten el acceso a sus bases de datos por parte de las universidades; montos generalmente destinados a acceder a investigaciones que han sido realizadas con fondos públicos. No está de más señalar que la principal fortaleza de las revistas disponibles en tales bases de datos se encuentra en el hecho de estar indexadas según criterios como ISI (Índice de Citación Científica), que constituyen el mayor incentivo (económico y de prestigio) en la comunidad académica.

Este tipo de esquema de acceso al conocimiento, mediado por grandes sumas de dinero a efectos de cumplir una función que hoy tecnológicamente resulta de costo marginal, ha llevado a la existencia de conflictos de suma importancia, que han agitado la discusión pública y académica.

Es en este escenario que instituciones de gran peso internacional, como la Comunidad Europea, han desarrollado políticas integrales a favor del Acceso Abierto, lo que supone garantizar el acceso libre a los productos y datos de las investigaciones científicas desarrolladas con fondos públicos. Así se comprende el surgimiento de la Iniciativa de Budapest (2002) y la Declaración de Berlín (2003), documentos que han sido articuladas en políticas que determinan el acceso a financiamiento científico, tal como muestra el programa Horizon 2020.

Por otra parte, América Latina ha tenido una historia particular en relación con el conocimiento científico. Tal como señala la UNESCO, las histórica carencia de editores académicos comerciales en la región habría llevado a altas tasas de circulación informal del conocimiento y, consecuentemente, baja difusión. De forma tal que “el Acceso Abierto ha sido una oportunidad para aumentar la visibilidad y el acceso; los fondos estatales, con apoyo de la cooperación internacional, han sido los grandes habilitadores del acceso abierto”.

Entre las experiencias exitosas de Acceso Abierto en la región se cuentan los portales SciELO y RedALyC que, desde 1997 y 2002 respectivamente, han facilitado el acceso a más de 1.000 revistas que cuentan con comités de revisión de pares. Alperin ha señalado a este respecto que “el uso, aproximación, y modelos del Acceso Abierto en las regiones en desarrollo y, en América Latina en particular, ha resultado extremadamente positivo y debe ser fortalecido y expandido”.

Cabe entonces preguntarse, si las revistas de Acceso Abierto constituyen espacios relevantes de visibilidad y fortalecimiento de la comunidad científica, ¿por qué no existen mayores incentivos a la publicación académica en tales espacios? En América Latina, la discusión pública en torno a la ciencia se queda, las más de las veces y como sucede con muchos problemas sociales, en la necesidad de aumentar recursos. Es necesario comprender que la pregunta por cómo y a qué fines se requieren tales recursos, puede ser más relevante que la mera urgencia material.

Necesitamos, entonces, orientarnos hacia el “Acceso Abierto para el fortalecimiento de la institucionalidad científica latinoamericana”, que permita no solo el aumento de la visibilidad de la producción científica en la región, sino también la configuración y desarrollo de redes de investigadoras e investigadores a nivel regional, capaces de articular una reflexión que responda a las necesidades del territorio.

Para ello es requerido establecer incentivos a la publicación en revistas de Acceso Abierto, impulsar cambios institucionales que favorezcan la difusión de los productos de la investigación realizada con fondos públicos y, por cierto, implementar iniciativas que pongan en valor el trabajo científico y la importancia de la curiosidad, y su sistemático despliegue, para el desarrollo de la región.

#Verificado19s datos valiosos para la ayuda humanitaria

En momentos de catástrofe, el exceso de información puede ser tan paralizante como su ausencia. El pasado 19 de septiembre en Ciudad de México, después del sismo que destruyó parte del centro de la ciudad, los tuits, publicaciones de Facebook, mensajes de WhatsApp y cadenas de correos eran abrumantes. En medio del caos y la paranoia, ¿cómo determinar qué es cierto y qué no, ¿cómo saber si los pedido de ayuda son todavía vigente?

Ante esas inquietudes apareció Verificado19s, una plataforma digital que verificó y organizó información para hacer más eficiente la respuesta ciudadana frente al desastre. En los días siguientes al terremoto, cientos de personas en México acudieron a apoyar las labores de rescate en medio de un frenesí descoordinado; nadie sabía a dónde ir, dónde o qué tipo de ayuda se necesitaba, y por eso se prepararon toneladas de alimentos que acabaron desperdiciados en los centros de acopio más populares, mientras que en los estados y las zonas rurales damnificadas aún no llegaba nada.

Por eso, lo primero que hicimos fue construir un mapa colaborativo que reflejara los daños a edificios y centros de acopio. Usando un formulario de Google, cualquier persona podía levantar reportesy rápidamente fue posible visualizar información clasificada por categorías y geolocalizada, gracias la la facilidad de la herramienta, que funciona de manera muy intuitiva. Pronto el gobierno e incluso la NASA lo empezaron a tomar como referente. Sin embargo, lo que necesitábamos en medio del caos era información en tiempo real, una plataforma para ver qué llevar y a dónde llevarlo, pero esto es algo que no podíamos hacer a través de Google Maps, ya que era imposible hacer los ajustes necesarios en el código.

Aunque hay herramientas en las web que permiten hacer este mapeo de necesidades y actulizarse en tiempo real, en esos momentos era urgente canalizar y agilizar los apoyos porque todavía era posible rescatar personas con vida entre los escombros, y muchas veces estas herramientas no son tan intuitivas para ofrecer una respuesta inmediata. Lo más urgente entonces era determinar si los reportes eran verdaderos, pues durante las primeras horas siguientes al terremoto, en redes sociales empezó a circular, además, información que infundía miedo y confusión.

Por eso empezamos a verificar, centralizando la información en una especie de call center improvisado, pero a través de monitores en campo que veían y constataban las cosas de primera mano. Una vez que la información se verificaba, se diseñaban postales para compartir en Twitter, por ser la única red social cuyos algoritmos nos permitían inmediatez y tiempo real.

Durante la semana siguiente al terremoto del 19 de septiembre, desde el centro de la Ciudad de México estuvo un equipo de personas rotando en la actulización y divulgación de información verificada durante las 24 horas del día. Se necesitó la colaboración de personas que desde los lugares donde se encontraban estuvieron corroborando, aclarando y puntualizando la información, mientras otros la incluían en las plataformas, la organizaban y la compartían. Con esto, se logró organizar brigadas a las zonas rurales más cercanas al epicentro de los sismos, tanto del 7 como de 19 de septiembre, cuya visibilidad había sido mínima con respecto a la capital mexicana.

Esta, como otras iniciativas humanitarias de organización y canalización de información y recursos, demuestran que las tecnologías de almacenamiento de datos y transmisión inmediata de información son insuficientes si no están al servicio de necesidades y voluntades sociales. Ante la ineficiencia estatal para responder a un desastre, ha sido la organización de la ciudadanía la que ha funcionado para atender a los damnificados; las tecnologías digitales fueron una valiosa herramienta, sin duda, pero esta vez no fueron los datos quienes salvaron vidas, sino los nodos de confianza y las redes de solidaridad.

¿Qué sigue ahora? ¿Cómo colaborar en la reconstrucción? ¿Qué hacemos con todo este conocimiento colectivo que le dio al gobierno una lección de transparencia, apertura y organización? ¿Cómo usar estas ganas, esta energía y esperanza?

TLCAN. Sociedad civil internacional exige transparencia y respeto a los derechos digitales

Las organizaciones aquí firmantes defendemos y promovemos las libertades en internet. En los tres países involucrados con el TLCAN -México, Canadá y Estados Unidos- nuestro trabajo se centra en que los usuarios y usuarias de internet tengan derecho a acceder a la cultura y al conocimiento, que disfruten de una red libre y abierta, y que puedan innovar dentro de la misma.

En el contexto de la renegociación de este tratado, nos preocupa el impacto que este puede tener en las funciones críticas de internet y que en última instancia amenace el derecho de acceso a la información, la difusión de noticias, el intercambio cultural y la organización democrática.

Primero que nada, hacemos un llamado para que los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos reformen sustancialmente el proceso de negociación de tratados para hacerlos más transparentes e inclusivos. Consideramos que es inaceptable que las reglas que rigen la vida pública se formulen en foros inaccesibles para los ciudadanos, sin permitir comentarios ni debates al respecto. En específico, exigimos lo siguiente: la publicación de los textos propuestos por cada gobierno antes de las negociaciones, así como los procesos para que miembros del público los comenten; que se publiquen las versiones consolidadas de los textos negociados entre cada ronda y que se anuncie la hora y el lugar de las reuniones principales con suficiente antelación. Además pedimos el establecimiento de grupos de consulta que sean ampliamente representativos tanto de las empresas como del interés público y que estos se comprometan a conducir las discusiones de forma abierta.

Sin estas reformas mínimas, la confianza frente a la conformación de tratados comerciales seguirá en declive. Esto a su vez implica que el contenido de los tratados enfrentará gran resistencia pública por falta de legitimidad en el proceso mismo.

Por otro lado, manifestamos nuestra preocupación porque los tratados comerciales no son mecanismos idóneos para crear políticas y reglas prescriptivas que gobiernen el uso de internet, la innovación, la creación cultural y los mecanismos para compartir contenido. En nuestra era digital, la tecnología se desarrolla más rápido que los mecanismos y reglas comerciales que pronto quedan obsoletos sin reflejar los cambios técnicos y sociales. En la práctica, esto impide que nuestros respectivos gobiernos hagan los cambios que se necesitan en temas tan dinámicos como la propiedad intelectual, lo cual a su vez impacta nuestros derechos a la cultura y a la libertad de expresión.

Sabemos que la tendencia de las reglas de propiedad intelectual en tratados comerciales es endurecer drásticamente las sanciones para favorecer a los titulares de derechos. Estos esfuerzos están encaminados a aumentar los plazos de protección y aplicar duras sanciones penales, sin que exista un contrapeso efectivo que proteja también los intereses de los usuarios.

Creemos firmemente que este tipo de reglas no pertenecen al ámbito de los tratados comerciales, y dado el plazo ambicioso para completar las negociaciones del TLCAN, la inclusión de medidas prescriptivas de este tipo impedirá que los gobiernos busquen consensos públicos para lograr un acuerdo comercial que beneficie a todas las personas.

Si a pesar de esto se decidiera incluir un capítulo de propiedad intelectual en el TLCAN, consideramos que es primordial que los derechos de los usuarios se garanticen de forma equilibrada frente a las demandas de los titulares de derechos. Deben existir mecanismos obligatorios para proteger regímenes de excepciones y limitaciones, de uso justo / uso legítimo y salvaguardas amplias para preservar el dominio público. Adicionalmente, no se deben extender los plazos de protección de derechos de autor que castigan a nuevos artistas y creadores, y no se debe sancionar penalmente la elusión de medidas tecnológicas de protección.

En esta misma línea, las reglas que busquen promover el libre flujo de datos a través de internet o que pretendan reducir las barreras al comercio de productos digitales deben respetar la voluntad de cada país al proteger la privacidad y la seguridad de sus ciudadanos. Esto incluye la posibilidad de poner límites a los flujos transfronterizo de datos y a la protección de secretos industriales.

La renegociación del TLCAN no debe desarrollarse en secreto y tampoco conducir a que las normas de propiedad intelectual se reescriban inclinando la balanza lejos del interés público o socavando una internet libre, abierta e interoperable.

Firmantes

Electronic Frontier Foundation

Creative Commons

OpenMedia

R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales

Public Interest Advocacy Centre

Derechos Digitales

Just Foreign Policy

Public Knowledge

Media Alliance

Engine

Data Roads Foundation

Public Citizen (Access to Medicines, Innovation and Information)

Red Mexicana de acción frente al Libre Comercio (RMALC)

Common Frontiers

SPARC

Voices-Voix

May First/People Link

Internet Archive

SonTusDatos (Artículo 12)

STRM

Horizontal

Authors Alliance

Sierra Club Canada Foundation

Samuelson-Glushko Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic (CIPPIC)

National Family Farm Coalition

Otras batallas por el acceso abierto

Esta semana, una corte en India bloqueó el acceso a 2600 páginas para compartir documentos, entre ellas la biblioteca digital archive.org, por permitir la transmisión, subida o descarga de dos películas cuyos derechos están a nombre de dos casas productoras de Bollywood. Esta medida preventiva, además de desconocer los mecanismos de reporte y retiro de contenido propios de archive.org, tiene otros problemas legales de procedimiento entre los que se encuentra el hecho de bloquear páginas completas y no las extensiones concretas donde se alojan los contenidos protegidos por derecho de autor, lo cual puede constituir un acto de censura.

El bloqueo de este sitio web interrumpe el trabajo de investigadores y académicos que a diario acceden allí para consultar todo tipo de contenidos, muchos de los cuales difícilmente se encuentran en otros lugares de la red. Además, desconoce su papel como intermediario, así como el carácter legítimo de su trabajo, basado en la preservación del patrimonio común del entorno digital.

Por otra parte, hace poco más de un mes, un juez de EEUU condenó al portal de distribución libre y gratuita de artículos académicos Sci-Hub, junto con Library Genesis y otros sitios relacionados, a pagar 15 millones de dólares al gigante editorial Elsevier, por vulnerar sus derechos de propiedad intelectual sobre al menos 100 artículos a los que es posible acceder desde estos sitios. Aunque al juicio no asistió ninguna representación de Sci-Hub, y su creadora Alexandra Elbakyian ha declarado antes que no tiene ningún compromiso con la ley estadounidense en materia de derecho de autor, su actividad en la liberación de contenidos académicos es considerada un acto ilegal y es permanentemente perseguida, por lo que Sci-Hub debe cambiar regularmente de dominio y funcionar desde la deep web.

Sin embargo, aunque los abogados de Elsevier afirmen que “Sci-Hub no agrega ningún valor a la comunidad académica” y la justicia considere que su actividad es ilegal, lo cierto es que desde su creación en 2011 y sobre todo en los últimos años, su popularidad solo ha ido en aumento, al punto que hoy en día, a través de este portal es posible acceder al 85% de los artículos con restricción de pago y tiene la capacidad de obtener rápidamente los documentos solicitados que no tiene. Esto, sumado a las actividades de boicot contra Elsevier que han adelantado recientemente instituciones académicas en Europa, demuestra que aunque las leyes y la justicia digan lo contrario, la tendencia podría ir hacia una transformación radical del sistema de acceso a artículos académicos.

Pero para que esto sea posible también es necesaria una transformación en las políticas y dinámicas de producción y publicación de contenidos, pues aunque el acceso abierto se esté convirtiendo en una constante, empresas como Elsevier ajustan sus modelos de negocio para evitar que se reduzca su poder en el mercado de la publicación académica. Por eso resulta tan valiosa la creación de redes para la promoción del acceso libre y abierto a contenidos académicos, pero también a la interacción entre sus autores. Este es el caso de propuestas como Humanities Commons y de Investigación Social punto Net, una plataforma abierta y colaborativa surgida en Bolivia, para interactuar, publicar, comentar y debatir libremente. Para que el impulso por el acceso abierto nos invite a poner en común lo que leemos y escribimos.

Estándar DRM en la web, contra la innovación

Esta decisión se toma luego de cuatro años de actividad de un grupo de trabajo iniciado en 2013 con la participación de los gigantes de la industria del entretenimiento. Y se toma a pesar de la enorme controversia interna entre sus propios miembros y contra las quejas de la sociedad civil y de activistas en temas relacionados con la web, quienes vienen advirtiendo sobre los riesgos de la estandarización de este protocolo.

EME es un protocolo que permite usar video HTML5 para reproducir contenido bajo DRM (por ejemplo, contenido proveniente de servicios de streaming) sin la necesidad de usar plugins de terceros. En otras palabras, es un mecanismo estandarizado para que las plataformas que proporcionan video en la web puedan controlar el comportamiento de los navegadores en los dispositivos de los usuarios, de modo que éstos solo puedan acceder a dicho contenido bajo reglas previamente establecidas por el proveedor.

El problema radica en que bajo las leyes de propiedad intelectual vigentes, las personas que eludan el DRM para llevar a cabo actividades legales -como por ejemplo investigar fallas en el código que puedan crear riesgos de seguridad- pueden enfrentar cargos penales. En estos términos, las empresas podrían demandar a personas que denuncien agujeros o vulnerabilidades, y estas personas podrían incluso ir a la cárcel. Esto no solo representa un riesgo injusto para los investigadores en materia de seguridad en la web, sino que, al desincentivar que más personas se dediquen a encontrar y corregir las fallas y vulnerabilidades de los navegadores, inevitablemente hace más frágiles las herramientas informáticas que utilizamos todos los usuarios día tras día.

La implementación de EME como estándar presenta un sinnúmero tal de ramificaciones negativas que sería difícil abarcarlas todas en un artículo. Por ejemplo, al ser imposible sortear el DRM, encontrar y marcar todos los efectos estroboscópicos en millones de horas de video en la web para ayudar a proteger a las personas con epilepsia fotosensitiva requeriría millones de horas-persona de trabajo. Esto significa que la mayor parte del video existente en la web nunca podrá ser clasificado para hacerlo seguro para personas epilépticas.

Por si esto fuera poco, la estandarización de EME representa también un ataque a la innovación y a la interoperabilidad, puesto que personas que intenten desarrollar nuevos navegadores de internet, necesitarán incluir esta pieza de código cerrado con la que no es posible interactuar o innovar. EME resuelve solo una parte del estándar para la transmisión de video: para que el navegador pueda manejar EME, necesita también licenciar un CDM (“content decryption module”), con lo cual nuevos actores en el mercado deberán obtener licencias para CDMs, y aceptar términos de licenciamiento que los obligarán a restringir actividades que sin embargo, son legales en sus jurisdicciones. El protocolo EME, así como el DRM en general, es una herramienta diseñada para ayudar a las compañías a eliminar la competencia antes de que nazca.

A pesar de la gravedad y la rotundidad de las objeciones al DRM, organizaciones como la EFF habían propuesto un compromiso: una suerte de pacto que como mínimo, obligara a los promotores del DRM a no usar la ley de propiedad intelectual para atacar a las personas que eludieran el DRM por razones legales. Sin embargo, y a pesar del apoyo que esta propuesta recibió por parte de instituciones de investigación, organizaciones sin fines de lucro que trabajan con personas discapacitadas e incluso compañías de criptomoneda, incluso este pacto fue rechazado por el consorcio W3C, que simplemente decidió ignorar las objeciones presentadas y aprobar la publicación del protocolo sin ningún tipo de restricción, adaptación o cambio.

No obstante, la EFF, y en particular Cory Doctorow, han decidido apelar la decisión del W3C (en un proceso de apelación que nunca hasta ahora ha sido invocado con éxito) bajo el alegato de que la propuesta de un acuerdo nunca fue presentada a consideración de los miembros del consorcio, y el argumento de que los beneficios alegados de accesibilidad, privacidad y competencia son irrealizables en los términos actuales.

En América Latina también debemos defender la neutralidad de la red

La neutralidad de la red se refiere a que todos los contenidos y aplicaciones que circulan a través de internet sean tratados de la misma manera por los proveedores de servicios (ISP), quienes controlan la infraestructura (los cables) donde funciona la red. Gracias a la neutralidad de la red, es posible acceder a cualquier red social, escuchar música o ver vídeos en la plataforma que más nos guste, a través de la conexión fija o el plan de datos móviles que hayamos contratado, sin que la velocidad de conexión sea manipulada por los proveedores de servicios.

La Open Internet Order adoptada por Estados Unidos en 2015, prohíbe a los ISP: discriminar entre tipos de contenidos o aplicaciones para dar prioridad a unas sobre otras; solicitar pagos a las aplicaciones para obtener condiciones preferentes de navegación para sus servicios; y desmejorar técnicamente la navegación de aplicaciones. Con ello se buscó empoderar a los usuarios, reservándoles la decisión sobre los contenidos o aplicaciones de su preferencia, sin encarecer, dificultar técnicamente o restringir el acceso a estos.

Si se abandonara el principio de neutralidad de la red, los ISP tendrían mayor poder para intervenir arbitrariamente en la velocidad de conexión y así facilitar o no el acceso a determinados contenidos, por ejemplo para proteger sus negocios relacionados o simplemente para exigir pagos adicionales a los proveedores de servicios o aplicaciones. Con esto, sería más difícil que nuevas plataformas y servicios, o servicios pequeños e independientes pudieran entrar a competir frente a los gigantes que ocupan una posición dominante en el mercado de internet.

La exigencia de pago para priorización de contenidos -o para evitar que la velocidad de navegación sea reducida- tendría un impacto concreto en el atractivo de plataformas que no estén en condiciones de asumir esos pagos, ya que se harían más lentas y serían poco atractivas para los usuarios, pudiendo llegar a desaparecer. Esto nos dejaría con menos opciones de acceso a contenidos.

Por último, es muy probable que las plataformas de contenidos o servicios no absorban los cobros exigidos, lo cual podría generar de rebote un incremento en los costos del servicio para los usuarios de la plataforma, quienes estarían pagando dos veces: directamente a través de su suscripción de internet e indirectamente a través del incremento diferencial del precio de los servicios forzados a pagar para asegurar su espacio sin intervenciones en la carretera de internet.

El problema es que al debilitarse el principio de neutralidad en la red en Estados Unidos, los efectos sobre la prestación de servicios de internet serían globales, donde quiera que los servicios sean ofrecidos por las plataformas que operan desde ese país. En América Latina se agravaría el problema de acceso que aún persiste, pues se encarecería, lo que afectaría más dramáticamente a usuarios de menores ingresos. Los usuarios de internet en la región verían afectadas sus posibilidades de acceder a contenidos y aplicaciones, lo que implica una restricción de acceso a la información y al conocimiento. Y con esto se alimentaría indirectamente el círculo vicioso que reduce las posibilidades de usuarios y usuarias para convertirse en nuevos creadores.

Además, el abandono del principio de neutralidad en Estados Unidos tendría un impacto en el ecosistema de internet, incluyendo los servicios y aplicaciones desarrollados o que pretendan desarrollarse en América Latina, los cuales tendrían que adaptar sus modelos de negocios al nuevo escenario, donde su competitividad se vería negativamente impactada.

Con la derogación de la Open Internet Order en Estados Unidos se amenaza el principio de neutralidad de la red en todo el mundo. No podemos quedarnos indiferentes ante esta amenaza que no reconoce límites territoriales. Por eso, empresas y organizaciones de la sociedad civil están llamando a un día de acción por la neutralidad de la red el próximo 12 de julio. Internet es nuestra, defendámosla para que se mantenga fiel a su naturaleza de ecosistema abierto que asegura a los usuarios el poder de decidir cuándo, cómo y a qué contenidos acceder.