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Las conductas comprendidas dentro del concepto de discurso nocivo pueden ser elusivas y difíciles de definir, dado el delgado límite que demarca los tipos de discurso protegidos por la libertad de expresión y los estrictos parámetros que deben cumplirse para restringir este derecho.

En los últimos meses, distintos gobiernos y congresistas de Latinoamérica han intentado regular la red para limitar formas de expresión indeseadas (por ellos).

Luego de los terremotos que han azotado a México en el último mes, y de las acciones humanitaras adelantadas por ciudadanos y ciudadanas para brindar ayuda más eficiente a los brigadistas y damnificados, parece evidente que en tiempos de big data, la información no es suficiente para responder a nuestras necesidades.

La detención de ocho comuneros mapuches en Chile plantea nuevamente las preguntas por las capacidades técnicas de vigilancias de la policía y si existen o no contrapesos efectivos que garanticen el respeto a los derechos fundamentales.

México y Chile quieren integrar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pero urge mayor consistencia de su parte en los compromisos asumidos en esta instancia con sus acciones a nivel local. Sus prácticas de vigilancia a la sociedad civil amenazan con transformarse en un nuevo estándar de acción estatal, que vulnera la privacidad y la libertad de expresión.

En las etapas históricas más oscuras de la humanidad -de la Alemania nazi al genocidio de Ruanda- el discurso de odio ha sido usado para acosar, perseguir y racionalizar la violencia contra las minorías desprotegidas.

Hace poco, la prensa reveló los lineamientos centrales de la iniciativa del Gobierno chileno para modificar el reglamento de interceptación de comunicaciones y conservación de datos.