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En años recientes, se han aprobado una serie de reformas a los códigos penales de distintos estados de México. Este mes, la Ciudad de México ha incorporado nuevos parámetros para regular la violencia contra mujeres que se manifiesta en los entornos digitales; sin embargo, frente a un discurso revictimizante y polarizado ¿cómo se han abordado las posibles amenazas a los derechos y libertades?

Mientras América Latina se moviliza en las calles exigiendo cambios estructurales, los gobiernos responden fortaleciendo las fuerzas públicas y los sistemas penales, vulnerando el derecho a la protesta. El uso de tecnologías de reconocimiento facial para perseguir e identificar a quienes ocultan su rostro es un atentado contra el anonimato, base fundamental del derecho a la libre expresión y a la movilización social.

La violencia contra periodistas en México se mantiene con índices tan altos como para mantener al país entre los más peligrosos -a nivel mundial- para ejercer esta profesión. A pesar de esto, no existen medidas ni políticas públicas que permitan frenar y penalizar efectivamente el uso de tecnologías para vigilar, amedrentar y atacar a quienes ejercen la libertad de expresión.