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En vez de una revisión crítica respecto al rol de las redes sociales, el documental practica el «tecnoconflictivismo», doble-opuesto del tecnopositivismo que supone que todos los males sociales son culpa de la tecnología, para emitir declaraciones incendiarias y aumentar los «likes».

Tras el ataque cibernético sufrido por Banco Estado, el Congreso chileno retomó la discusión del proyecto de ley sobre delitos informáticos. De aprobarse su texto actual, Chile no sólo tendrá nueva ley en materia de delitos informáticos, sino también nuevas normas para la retención de datos y acceso a comunicaciones privadas por parte de organismos del Estado, además de un nuevo tipo de agente encubierto: uno cuyas facultades ya no estarán limitadas a la investigación de delitos particularmente graves y de asociaciones ilícitas, pudiendo ahora engañar a las personas de manera individual para la investigación de cualquiera de las conductas que tipifica el proyecto.

El interés por promover legislaciones en materia de ciberdelitos en Nicaragua presenta un reto importante para el futuro de la participación democrática y el ejercicio de derechos en el país, ante un aparato Estatal que activamente ha buscado amedrentar a grupos y personas que integran los movimientos sociales, las organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación independientes.

A pesar del optimismo con el que se anuncia la implementación de medidas tecnológicas para sustituir los procesos que podrían presentar riesgos en el contexto de la pandemia, ¿se contemplan los riesgos que estas alternativas plantean para la legitimidad de los procesos de votación?

El regulador de telecomunicaciones en Chile estableció las condiciones técnicas para asegurar la velocidad de los servicios de internet y, junto con ello, sembró una serie de dudas sobre la recolección y uso de datos personales.

En México se presentó la acción de inconstitucionalidad frente a las reformas para la implementación del T-MEC que habilitaban mecanismos de censura en internet y criminalización de usos legítimos de las tecnologías. Aunque esta es una gran noticia, aún queda tramo por recorrer para defender los derechos humanos también en los entornos digitales.

El inminente pronunciamiento sobre el uso de aplicaciones de comunicación con cifrado por parte de la más alta corte de justicia en Brasil constituye la más próxima expresión de una disputa global que puede comenzar a resolverse en América Latina.

Las disputas por los derechos humanos en la red se reflejan en la retórica de los agentes gubernamentales que apuestan por el fortalecimiento de las estructuras de vigilancia. Las narrativas en contra del cifrado son parte de ese movimiento y dejan clara su intencionalidad: intentos sucesivos de ampliar los poderes policiales por medio de la suspensión de los derechos individuales, en base a la fabricación de escenarios de crisis.

Hacemos un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para impugnar la constitucionalidad de estas leyes ante la Corte Suprema y a sus jueces a derogarlas.