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Sin la debida fiscalización, la normativa se transforma en letra muerta, relegada a una formalidad que, en vez de aportar transparencia respecto a la campaña política, solamente genera más dudas.

Chile podría convertirse en el primer país del mundo en legislar sobre los “neuroderechos”. Pero lejos de expandir los derechos de las personas, el proyecto contiene nociones que amenazan con erosionar los derechos humanos reconocidos en el sistema universal y consagrados en nuestra Constitución.

El análisis del uso de tecnologías presentadas como inteligencia artificial por órganos estatales latinoamericanos revela la falta de planificación, participación pública significativa y de modos de evaluación. Su implementación puede tener amplias consecuencias en la región.

La publicación “Sistemas de identificación y protección social en Venezuela y Bolivia. Impactos de género y otros tipos de discriminación” alerta sobre las implicancias de la mediación tecnológica en la relación entre el estado y la ciudadanía.

Durante la pandemia el gobierno chileno ha implementado sistemas como CoronApp y la Comisaría virtual para gestionar la información. Un año más tarde, aún quedan dudas sobre el uso de datos personales, el acceso a la información pública y la transparencia.