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Las filtraciones dadas a conocer por el grupo Guacamaya nos enfrentan a una paradoja. Por una parte, las acciones de este tipo son esenciales para tener acceso a información de interés público sobre cómo funcionan y ejercen el poder los órganos del Estado frente a la ausencia de mecanismos efectivos de control. Por la otra, nos cuestionan acerca del balance con la ciberseguridad. ¿Qué consecuencias trae para la ciudadanía implicada y los países que su información sensible y estratégica sea expuesta?

El caso de Ola Bini se ha convertido en un emblema de la persecución que viven las personas expertas en seguridad digital en la región, combinando ingredientes como el desconocimiento técnico de la ciudadanía sobre los riesgos de internet, el abuso del poder, el desconocimiento de la prensa y un sistema justicia que no funciona. Este 11 de noviembre se reanudarán las audiencias del juicio.

La próxima semana se desarrollará la 15a edición del Foro Latinoamericano de Gobernanza de Internet. El encuentro se realizará entre el 25 y el 26 de octubre, de forma online, y contempla la realización de cuatro sesiones abiertas. Además, el 24 de octubre se realizará el “día cero”, con actividades del Youth LACIGF y las iniciativas nacionales y regionales de gobernanza de internet (NRIs).

Hace algunas semanas, el director nacional de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria de Uruguay, Guzmán Acosta y Lara, anunciaba en televisión el lanzamiento de la campaña “Todos contra la piratería”, con el objetivo de evitar (y bajar) las transmisiones ilegales en vivo y on demand en redes sociales.“El 17% de los contenidos que se retransmiten en Uruguay son ilegales. Si se consideran solo los eventos deportivos, el 89% de los contenidos se retransmite de forma irregular”, indicó.

Los resultados de la primera ronda de las elecciones brasileñas recuerdan que las redes sociales representan solamente una parte del debate político y que las estrategias de la extrema derecha nacional de manipulación de la opinión pública no se restringen al contexto digital. El camino adelante demandará nuevas alianzas para entender y responder a un escenario complejo.

Los incidentes de seguridad informática en entidades públicas son una realidad que los Estados deben prever. Los efectos de esos ataques tienen como principal víctima a la ciudadanía.