Nuestra organización participó de consulta regional de Naciones Unidas sobre el impacto de género de la IA
En América Latina, la falta de regulaciones con perspectiva de género para las tecnologías puede seguir abonando al desarrollo de inteligencias artificiales que promueven las violencias digitales. En junio de 2026, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Discriminación contra las Mujeres y las Niñas presentará su próximo informe al Consejo de Derechos Humanos sobre el impacto actual y potencial del espacio digital y la IA en la igualdad de género sustantiva. Con el fin de recabar aportes de diversos sectores involucrados en la temática, el pasado 2 de diciembre se llevó adelante una consulta regional y nuestra organización se hizo presente.
La consulta estuvo moderada por Dorothy Estrada Tanck, miembro del Grupo de Trabajo proveniente de la región de América Latina y el Caribe, y contó también con la participación de la presidenta del Grupo, Claudia Flores. Nuestra codirectora ejecutiva Jamila Venturini intervino en esta instancia, junto a decenas de representantes de la sociedad civil y el mundo académico especializados en la igualdad de género, las tecnologías digitales y la IA.
“Expertas de la región apuntan a que los sesgos presentes en todo el ciclo de vida de la IA reflejan la exclusión estructural de mujeres y otros grupos históricamente marginalizados de los espacios de decisión y producción tecnológica. Refleja además la invisibilización de sus culturas, formas de vida, demandas e iniciativas”, resaltó Venturini en su presentación.
Desde Derechos Digitales planteamos que el actual escenario exige crear condiciones para la participación significativa de mujeres -en toda su diversidad- en todas las etapas del ciclo de vida de la IA. Propusimos que incorporen la equidad de género como principio rector de la gobernanza de IA, y garanticen transparencia, acceso a la información y participación efectiva en los procesos de adopción de estas tecnologías. También, instamos a que realicen evaluaciones de impacto en derechos humanos y auditorías con perspectiva de género, antes y durante la implementación de estos sistemas. Por último, sugerimos que establezcan mecanismos accesibles de rendición de cuentas y reparación para personas afectadas, a la vez que promuevan investigación e innovación con perspectiva feminista.
