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Hace algunas semanas, el director nacional de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria de Uruguay, Guzmán Acosta y Lara, anunciaba en televisión el lanzamiento de la campaña “Todos contra la piratería”, con el objetivo de evitar (y bajar) las transmisiones ilegales en vivo y on demand en redes sociales.“El 17% de los contenidos que se retransmiten en Uruguay son ilegales. Si se consideran solo los eventos deportivos, el 89% de los contenidos se retransmite de forma irregular”, indicó.

En 2020 un hackeo masivo a la Direccion Nacional de Identificación Civil de Uruguay puso en manifiesto las vulnerabilidades y carencias del estado uruguayo en cuanto a ciberseguridad y manejo de datos personales. Un pedido de informes, contestado casi dos años después, deja más dudas que respuestas.

Entre el 28 y el 30 de junio se realizó la segunda edición de “Derechos humanos, justicia social y tecnologías”, evento regional organizado por Derechos Digitales y que durante tres días reunió a destacadas personalidades de la academia, la sociedad civil y el activismo en América Latina, en el ámbito de los derechos humanos y la tecnología.

“No tenemos donde ir, somos como un área devastada” —cantaba Gustavo Cerati en la canción “Prófugos” de 1986 — “siempre seremos prófugos”. Lejos estaba de imaginar que durante mas de dos años la población argentina iba a ser vigilada con más de 9500 cámaras y un sistema de reconocimiento facial.

Costa Rica, país pionero en América Latina en protección de datos personales, atraviesa un clima electoral complejo. El actual presidente enfrenta un juicio por fraude y abuso de autoridad. Mientras tanto, organizaciones sociales solicitan reformas en la ley de protección de datos personales e iniciativas que aseguren la protección, seguridad y privacidad de toda la población.