29 archivos de Gisela Pérez de Acha

En la Asamblea Nacional de Ecuador se propuso una ley para proteger la intimidad y privacidad en los datos personales. Sin embargo, algunos de los artículos ponen en riesgo la libertad de expresión y acceso a la información en internet.

Una empresa israelí-estadounidense vendió al Gobierno peruano un software para vigilar comunicaciones privadas a cambio de 22 millones de dólares, según una reciente revelación de la prensa. La empresa también tiene negocios en Brasil, Colombia, Ecuador y México. Con los marcos actuales, es muy poco lo que se puede hacer para garantizar que estos programas no sean usados para violar derechos humanos y perseguir a disidentes.

La filtración de los datos electorales de millones de mexicanos implican un atentado a la privacidad y a la seguridad. Además de constituir un riesgo a las personas, compromete el sistema democrático mexicano.

El software de Hacking Team es contrario a los estándares legales y violatorio de los derechos a la privacidad, a la libertad de expresión y al debido proceso.

Después de perder el referendo que le permitiría la reelección por un tercer periodo, el presidente boliviano Evo Morales se dijo víctima de una «guerra sucia» llevada a cabo en internet. Una nueva iniciativa de ley en Bolivia retoma estas nociones y supone riesgos para el derecho a la privacidad y libertad de expresión de los internautas bolivianos.

México tiene una de las regulaciones menos garantistas de derechos humanos en la región en cuanto a vigilancia de comunicaciones: sin orden judicial, obliga a las empresas de telefonía a entregar información a todo tipo de autoridades, forzando la retención de datos y la localización geográfica en tiempo real. El proceso por anular esas reglas parece acercarse a su fin.

Acaba de firmarse entre 12 países el TPP: un acuerdo que amenaza no solo nuestro derecho a la salud, al medio ambiente, a la libertad de expresión y a la privacidad en internet, sino a nuestra democracia. Si bien la firma no convierte al tratado en ley, es el primer paso para ello dentro de los países involucrados.