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Al legislar, los parlamentarios de la región deben tener presente que las libertades de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, constituyen derechos fundamentales, que incluyen el derecho a no ser perseguido ni discriminado a causa de las propias opiniones y el derecho de buscar y recibir informaciones, y difundirlas por cualquier medio. Todo lo anterior, sin imponer trabas directas o indirectas al ejercicio de estos derechos.