Derechos Digitales y organizaciones de la sociedad civil de Ecuador advierten sobre riesgos del Acuerdo de Comercio Recíproco con Estados Unidos

CC:BY (Gilda Martini)

Derechos Digitales, junto a diversas organizaciones de la sociedad civil de Ecuador, publicaron una declaración conjunta en la que expresan su preocupación por los efectos que podría tener el Acuerdo de Comercio Recíproco con Estados Unidos sobre los derechos humanos en entornos digitales.

El acuerdo, firmado el pasado 13 de marzo, incorpora compromisos en materias clave como el flujo transfronterizo de datos, la regulación de plataformas, la transparencia algorítmica y la propiedad intelectual. Según advierten las organizaciones, estas disposiciones no solo podrían limitar la capacidad del Estado ecuatoriano para regular el entorno digital, sino también consolidar el poder de las grandes empresas tecnológicas. De acuerdo con el texto, “el espíritu de este Acuerdo, aunque sea de naturaleza recíproca, pone al Ecuador en una posición económica y regulatoriamente desventajosa, que a largo plazo tendría el efecto de cimentar y exacerbar el poder económico, de por sí dominante, de las Big Tech en el ecosistema digital local”.

En particular, la declaración alerta sobre los riesgos que esto implica para derechos como la privacidad, la libertad de expresión, el acceso a la información y el debido proceso, especialmente en contextos donde el acceso a información sobre sistemas automatizados puede verse restringido, incluso en instancias judiciales.

Asimismo, las organizaciones cuestionan la ampliación de mecanismos de vigilancia en línea como el uso de agentes encubiertos para perseguir infracciones a la propiedad intelectual, y advierten sobre sus posibles efectos en la autocensura y el ejercicio legítimo del discurso.

En este contexto, hacen un llamado a las autoridades ecuatorianas a revisar el contenido del acuerdo y a incorporar salvaguardas que protejan los derechos humanos. En particular, instan al Poder Ejecutivo a reconsiderar los compromisos asumidos, a la Asamblea Legislativa a exigir condiciones realmente recíprocas, incluyendo mayores estándares de transparencia y rendición de cuentas para plataformas, y a la Corte Constitucional a realizar un control riguroso del acuerdo a la luz de los estándares de derechos fundamentales.

Las organizaciones finalmente llaman la atención de la comunidad internacional ya que este tipo de Acuerdos se están negociando en distintos países de la región y convocan a las organizaciones de sociedad civil a monitorearlos y exigir que se alineen a los estándares de derechos humanos existentes.

Revisa la declaración completa aquí.