Tipo de contenido (Recurso): Incidencia

Derechos humanos en internet (El Mercurio)

En Cartas al Director del diario El Mercurio, Alberto Cerda, director de estudios de ONG Derechos Digitales y profesor de derecho informático de la Universidad de Chile, se refiere al reciente Reporte sobre Derechos Humanos 2009, del Departamento de Estados de los Estados Unidos, que incluye una nota de alerta acerca del monitoreo de Internet por la Policía de Investigaciones en Chile.

Señor Director:

El reciente Reporte sobre Derechos Humanos 2009, elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, asegura que la libertad de expresión y la protección a la privacidad de las comunicaciones en línea prevalece en la casi totalidad de los países de Latinoamérica. El Estado no restringe el acceso a internet, no monitorea las comunicaciones electrónicas de los ciudadanos, y las personas son libres de expresar sus ideas a través de la red.

Sólo tres países hacen excepción al respecto: el régimen comunista de Cuba; Honduras, desde el reciente golpe de Estado; y, sorpresa, Chile. De acuerdo al reporte, la Unidad de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones monitorea internet para la persecución de ciertos delitos, aunque no hay reportes de que el Estado chileno monitoree e-mails o la red para otros propósitos.
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Uso justo de creaciones – Cartas al Director El Mercurio

Transcribimos Carta al Director de El Mercurio, publicada este domingo de Mayo, enviada por Alberto Cerda Silva, profesor de derecho y nuevas tacnologías de la Universidad de Chile y miembro de ONG Derechos Digitales.

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Señor Director:

Durante los primeros días de mayo, el Senado discutirá la modificación de la ley que reglamenta los derechos de los creadores sobre sus obras y la posibilidad de hacer uso justo sobre sus creaciones; esto es, permitir legítimamente su empleo sin fines comerciales para determinados casos, sin necesidad de requerir autorización.

La mencionada modificación garantizará el ejercicio de la libertad de prensa y de la actividad académica en todos sus niveles, mejorará la gestión de archivos, bibliotecas y museos, permitirá a los propios creadores resignificar el patrimonio artístico y, eventualmente, favorecerá el desarrollo de la industria cultural y tecnológica en Chile, tal como ha probado hacerlo en aquellos países que ya han adoptado un sistema similar.

Esperemos que el Senado no sucumba a la presión de quienes preferirían un más férreo monopolio sobre la creatividad, el arte y la cultura, y, antes bien, sepa actuar con altura de miras y perspectiva país.

Alberto Cerda Silva
Profesor Derecho y Nuevas Tecnologías
Facultad de Derecho Universidad de Chile

Cartas al Director de La Tercera: Usos Justos

Este 29 de abril, el diario La Tercera publicó una carta al director del presidente de la ONG Derechos Digitales, Claudio Ruiz, el que se refiere a la próxima discusión en el Congreso para determinar si los Usos Justos siguen o no adelante en el proyecto de ley.

Señor director:

El Senado ha retomado estos días la tramitación del proyecto que reforma la Ley 17.336 de propiedad intelectual. Es la primera vez que una reforma de este cuerpo legal no pretende sólo instaurar aspectos punitivos de persecución criminal o aumentar los estándares de protección de derechos, sino, además, establecer excepciones al derecho de autor que permitan equilibrar intereses de los titulares de derechos con los intereses del público en general.

Es en este contexto que diversos actores sociales han promovido a todo nivel la necesidad de un «trato justo para todos» en materia de propiedad intelectual, que permita proteger los intereses de nuestros autores, pero sin poner en juego el interés colectivo.

En lo concreto, resulta fundamental que nuestra legislación contemple una excepción que no ilegalice -tal como sucede hoy- el uso de obras por parte del público con el fin de crítica, parodia, información, enseñanza o interés académico. Estos son usos privados no comerciales que no afectan en caso alguno la explotación normal de la obra ni el interés legítimo de protección de los autores, y que están recogidas en buena parte de las legislaciones del mundo.

Estamos en un momento crucial; nuestros representantes en el Congreso tienen en sus manos la decisión de continuar la senda de la criminalización de nuestros hijos o dar un paso hacia el futuro, adaptando nuestro derecho de autor a las necesidades del siglo XXI. Es la oportunidad de tener una ley que no sólo apunte a proteger los intereses de privados, sino de todos los chilenos.

Claudio Ruiz Gallardo
ONG Derechos Digitales

Propiedad intelectual, discapacitados y acceso – La Tercera

En la sección de Cartas al Director del Diario La Tercera, edición del 1° de Noviembre, se incluye carta del Director de Estudios de ONG Derechos Digitales en relación a la decisión gubernamental de respaldar un tratado que garantice el acceso de las personas discapacitadas a las obras protegidas por el derecho de autor. Un tema, por lo demás, en discusión parlamentaria en nuestro país.

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Señor Director,

La Organización Mundial de Ciegos ha preparado recientemente un borrador de tratado internacional para garantizar el acceso a las obras artísticas y culturales por la población que sufre discapacidad visual. En Chile, un 5% de la población experimenta algún tipo de tal discapacidad, lo que obstaculiza su acceso a la lectura, las artes y, en general, su plena inserción social y cultural. Ello se agrava por la ausencia de normas apropiadas en la ley de derechos de autor, por estos días en el debate, que permita un uso adecuado de la obra.

El gobierno debe definir si hará propia tal iniciativa, apoyándola decididamente en la próxima reunión de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual prevista para la próxima semana. Huelga decir que muchos esperamos que se tomen medidas que garanticen el acceso a la cultura a la población discapacitada en el mundo, tal como la aprobación de normas especiales en la polémica ley de propiedad intelectual.

Alberto Cerda Silva

Propiedad intelectual y prosperidad – Diario Estrategia

En la sección El Lector Opina de Estrategia, edición del viernes 10 de Octubre de 2008, Alberto Cerda Silva, Profesor de Nuevas Tecnologías de la Universidad de Chile y Director de Estudios de ONG Derechos Digitales, rechaza la decisión gubernamental de acordar una ley de propiedad intelectual a puertas cerradas con un puñado de artístas.

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Señor Director:

Más protección no siempre es mejor, tratándose de la propiedad intelectual. Por diferentes consideraciones, usualmente vinculadas a garantizar los derechos de otras personas, la ley establece ciertos casos de usos legítimos. Así, la propiedad intelectual no entraba la libertad de expresión y el acceso a la cultura.

Una equilibrada regulación de la propiedad intelectual protege y da acceso, favoreciendo el desarrollo del país. Así, en Estados Unidos, los usos legítimos –conocidos como fair use– son fuente de prosperidad económica, dinamizando la competencia de los mercados, generan uno de cada ocho puestos de trabajo y un sexto del producto interno bruto del país.

Chile debe proteger y brindar acceso a la propiedad intelectual. De hecho, con motivo de la discusión de la nueva ley de propiedad intelectual, el Gobierno incluyó una cláusula similar al fair use. Tal cual han hecho países como Inglaterra e Israel, y antes Estados Unidos, Singapur y Australia, entre otros.

Sin embargo, tras las presiones de un puñado de artistas, el Gobierno ha declinado seguir adelante con la iniciativa. Esta decisión sacrifica la posibilidad de que nuestro país disponga de una herramienta apropiada para enfrentar los desafíos de la tecnología, favorecer el disfrute de las obras, brindar competitividad a la industria cultural local, promover la creatividad y generar prosperidad.

Alberto Cerda Silva
Profesor de Derecho y Nuevas Tecnologías
Universidad de Chile

Trato justo para todos – El Mercurio

En su sección Cartas al Director de El Mercurio, edición de este domingo 12 de Octubre de 2008, Rodrigo Rojas, a nombre de la agrupación Trato Justo para Todos, exige una ley de propiedad intelectual con altura de miras, y que no responda a intereses parciales.

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Señor Director:

El proyecto de ley que modifica nuestra legislación de propiedad intelectual y que se encuentra en trámite en el Senado es el primer intento serio para actualizar nuestra legislación sobre la materia, lo que ha interesado a los diferentes sectores involucrados, quienes han hecho ver sus distintos puntos de vista ante el gobierno y los H. senadores.

Para estos efectos, y sin tener claro el cómo, la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD) ha acordado con el Gobierno una serie de modificaciones al proyecto que atacan el corazón de esta importante modernización, que además intenta cumplir con los compromisos asumidos por Chile en el TLC con los Estados Unidos.

Diversas organizaciones agrupadas en Trato Justo Para Todos (Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información (ACTI), ONG Derechos Digitales, Colegio de Bibliotecarios AG, Comisión de Directores de Bibliotecas (CABID), Asociación Proveedores de Internet (API), Asociación de Derecho e Informática de Chile (ADI) y Liberación Digital) le han manifestado al gobierno, en la persona de la ministra de Cultura, su sorpresa y preocupación por esta negociación, que afectará gravemente a diversos sectores e industrias y también a toda la sociedad.

El proyecto en cuestión, que trata de recoger los cambios que ha generado el llamado entorno digital, no sólo persigue aumentar las penas para los delitos contra la propiedad intelectual, fijar reglas claras de limitación de responsabilidad para los prestadores de servicios de internet y un procedimiento arbitral respecto de las tarifas fijadas unilateralmente por las entidades de gestión colectiva, sino que además busca autorizar ciertos usos de las obras a favor de las bibliotecas y archivos, principales conservadores y proveedores de información a la sociedad civil. El acuerdo en cuestión dejaría en total desprotección al ciudadano, consumidor por excelencia de información y generador de conocimiento y cultura de un país.

Por todo lo anterior, exigimos un trato justo, pero no para algunos, sino que para todos. Y por esa razón continuaremos trabajando por no perder esta oportunidad de poner a Chile a la altura de los estándares internacionales.

RODRIGO ROJAS
Trato Justo Para Todos

Protestas infundadas contra proyecto de ley de Propiedad Intelectual

Con motivo de las recientes protestas hechas por algunas asociaciones de artistas con respecto al proyecto de ley de Propiedad Intelectual, este miércoles 30 de julio el diario El Mercurio publicó una carta de Claudio Ruiz, presidente de la ONG Derechos Digitales, que busca aclarar los verdaderos alcances del proyecto de ley actualmente discutido en el Congreso.

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Señor Director:

El pasado miércoles 23 de julio fuimos testigos de protestas de algunos artistas nacionales, a propósito del proyecto de ley de propiedad intelectual que actualmente se discute en el Congreso Nacional. Las asociaciones que los agrupan sostienen que la nueva ley pretende ignorar a los artistas, atacar a las sociedades de gestión o legalizar la fotocopia. Todas, declaraciones desafortunadas que pueden conducir a la ciudadanía a un juicio errado sobre la materia.

El proyecto de ley de propiedad intelectual actualmente en discusión es el primer intento serio de insertar excepciones y limitaciones a un régimen de propiedad intelectual anacrónico -y que se ha vuelto hoy absurdo- a favor de todos nosotros, la sociedad civil. Es la primera vez desde 1970 en que una modificación a la ley está dirigida a poner término a un desequilibrio inaceptable que existe hoy a favor de los autores y las empresas, y en contra de todo el resto de los ciudadanos.

Lo que la ley realmente persigue es aumentar las penas para los delitos contra la propiedad intelectual, fijar reglas claras de responsabilidad para los prestadores de servicios de internet, y autorizar ciertos usos de las obras a favor de las bibliotecas, los archivos y el público. Las sociedades autorales piden trato justo. Y toda la sociedad debiera sumarse a esa petición; pero para que ese trato sea justo y digno, debe extenderse a todos los ciudadanos.

CLAUDIO RUIZ G.
Presidente
ONG Derechos Digitales

Implicancias de la publicación de bases de datos en la legislación nacional

A continuación, publicamos el comunicado enviado por ONG Derechos Digitales a diversos organismos técnicos nacionales que están implicados en la regulación digital del país.

Santiago, 13 de mayo de 2008.

Con motivo de la publicación y eventual hackeo de algunas bases de datos con información privada de 6 millones de chilenos -noticia ampliamente comentada en los medios de comunicación nacionales- la ONG Derechos Digitales cree prudente hacer un breve contexto técnico de lo que implica esta situación en la legislación nacional.

Nuestra legislación sobre el tratamiento de los datos personales (Ley 19.628) actualmente vigente está muy lejos de impedir el tratamiento indebido de los datos personales. Más aún, las autoridades públicas durante años han hecho caso omiso de la importancia de estos temas en particular.

Nuestra privacidad no se encuentra eficazmente garantizada y nos resta bastante por avanzar en la materia para estar a la par con nuestros socios comerciales y con estándares internacionales que alienten medidas efectivas de protección de los datos personales de los ciudadanos.

No es menor el hecho que la legislación chilena sobre delitos informáticos data de comienzos de los años ’90, cuando aún Internet no arribaba a nuestros hogares y era una extraña experiencia en algunos centros académicos, por lo que muchas conductas actuales que atentan contra nuestros derechos en el entorno digital no son cubiertas por la normativa vigente en forma adecuada, como probablemente sea el caso de las filtraciones sufridas en los últimos días.

Desde un punto de vista normativo, ni nuestras disposiciones penales, ni menos nuestros procedimientos judiciales brindan eficaces herramientas para la adecuada persecución de este tipo de ilícitos. Ni hablar de cuando estos delitos tienen lugar de un país a otro; la falta de armonización entre la distintas legislaciones nacionales terminan por brindar la más completa impunidad para determinadas actividades que se realicen dentro del marco de redes informáticas.

No obstante, para resolver adecuadamente los problemas derivados del tratamiento indebido de datos personales, no basta sólo con una adecuación normativa desde el punto de vista de la persecución penal de los delitos informáticos, si no que demanda con la misma fuerza, disponer de una legislación moderna sobre la protección de la vida privada, ambos temas aun pendientes y continuamente pospuestos en la agenda legislativa.

En este contexto, probablemente no contemos con una solución satisfactoria en el corto ni mediano plazo. Sin embargo, esta ocasión parece ser la propicia para hacer una reflexión en serio sobre la protección de la información personal en Chile, y especialmente, para nuestras autoridades es la oportunidad de mostrar su real compromiso con los derechos fundamentales de las personas.

Atte.

Claudio Ruiz Gallardo

Presidente

ONG Derechos Digitales

Comentarios a la Estrategia Digital de Chile 2007-2012

El 1 de Octubre la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ministros para el Desarrollo Digital publicó un documento que han denominado Estrategia de Desarrollo Digital, donde pretenden sentar las directrices sobre el Chile digital para el período 2007-2012.

ONG Derechos Digitales no ha querido estar ajeno a los comentarios solicitados por la Secretaría Ejecutiva y ha enviado un documento con una serie de observaciones y aportes para una estrategia digital que tome en serio los desafíos de un Chile de cara al bicentenario y los derechos fundamentales de todas las personas.

Destacamos que se tomen en consideración temas tales como la regulación de los delitos informáticos, los datos personales y la propiedad intelectual, pero consideramos que es necesario definir un norte específico respecto de lo que se pretende, toda vez que la regulación que nos rige en estas materias dista de ser respetuoso con los derechos fundamentales y atenta muchas veces a los intereses públicos que debieran primar en una regulación.

Creemos que es urgente que una Estrategia Digital como la que se propone asuma una posición activa en una serie de otros temas regulatorios que se omiten en forma inexcusable, como son la neutralidad de la red, el fortalecimiento de los derechos de los consumidores, y el enforcement de las normativas técnicas adoptadas por el estado.

Especialmente destacamos la necesidad de tener una institucionalidad de la que Chile hoy carece para enfrentar los desafíos que supone la sociedad de la información. Es por eso que alentamos a que existan mayores canales de participación por parte de la sociedad civil, más allá de los gremios y entidades académicas.

ONG Derechos Digitales valora positivamente la Estrategia Digital propuesta por parte del Gobierno, en especial la discusión pública de la misma, con el anhelo que ello constituya un paso adelante para disponer de una institucionalidad y políticas adecuadas para un país que pretende una inserción exitosa en la sociedad del conocimiento. Pero tales esfuerzos deben también asumir y fomentar la participación de la sociedad civil, junto con los derechos fundamentales de todos y todas.

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