Tipo de contenido (Recurso): Incidencia
Primer informe sobre el proyecto que reforma la ley de propiedad intelectual
Caso Luksic y libertad de expresión
A continuación, la carta al director de La Tercera que el presidente de ONG Derechos Digitales, Claudio Ruiz, escribió a propósito del interés público del caso Luksic versus su parodia en Twitter, @losluksic, y que fue publicada el 23 de febrero.
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Señor director:
La libertad de expresión es un derecho extraño e incómodo. Es un derecho individual, en el sentido de que nos da garantías para expresar nuestras opiniones, compartir ideas e intercambiar juicios. Pero también es un derecho que tiene un aspecto colectivo, porque la difusión de esas ideas y juicios es importante al ayudar a generar un debate público más robusto y, por ende, una mejor democracia.
Declaración pública: Tratado Transpacífico acarreará millonarias pérdidas económicas al país
Con fecha lunes 26 de noviembre, en conjunto con nuestros amigos de Políticas Farmacéuticas, hemos acordado formular la siguiente declaración pública:
Dos organizaciones de la sociedad civil chilena, ONG Derechos Digitales y ONG Políticas Farmacéuticas, denuncian graves amenazas al país derivadas de un acuerdo multilateral de libre comercio denominado acuerdo Transpacífico (TPP), que Chile se encontrará negociando desde el 3 de diciembre en Auckland, Nueva Zelanda, en el marco de la XV ronda de negociación del tratado.
El acuerdo TPP se encuentra en discusión desde inicios del año 2011. A diferencia de otros acuerdos comerciales suscritos por Chile, denuncian ambas organizaciones, el acuerdo TPP no reportará beneficios económicos al país, comprometiendo el desarrollo y competitividad económica del país hacia el futuro.
Sociedad Civil hace un llamado al presidente de Panamá a rechazar ‘la peor ley de derechos de autor de la historia’
English version available in Accessnow.org
El Congreso de Panamá aprobó recientemente el proyecto de Ley Nº510-2012, consistente en una nueva ley de derechos de autor, con el objetivo de adaptar su legislación a acuerdos comerciales recientemente suscritos.
Varios sectores de la sociedad civil y la academia han reaccionado sorprendidos frente a esta iniciativa legal, puesto que la misma posee graves problemas de diseño legal y falta de consideración de los intereses públicos involucrados en estos temas.
Estos problemas abarcan dificultades para la creación intelectual, la innovación tecnológica y, lo que es más grave, la afectación de Derechos Humanos internacionalmente reconocidos como el Acceso al Conocimiento, Privacidad y Libertad de Expresión.
A esta altura, solamente resta la firma del Presidente de Panamá para que la Ley entre en vigor, por lo que es necesario actuar con la mayor velocidad posible para que el proyecto de Ley no se apruebe en su forma actual y en su lugar se abra un proceso de revisión que contemple las opiniones de la sociedad civil y expertos en la materia.
Debido a lo anterior, Access (http://www.accessnow.org) en conjunto con ONG Derechos Digitales (http://www.derechosdigitales.org) y otras organizaciones de la sociedad civil hemos preparado en conjunto una carta dirigida al Presidente de la República de Panamá, para instarlo a no sancionar el proyecto de Ley y abrir un proceso de revisión y análisis del proyecto de Ley considerando los diversos intereses en juego, con especial énfasis en el interés público y los Derechos Humanos comprometidos.
Invitamos a organizaciones de la sociedad civil y activistas a sumarse y colaborar a esta iniciativa, con el objetivo de proteger la aplicación de Derechos Humanos en los entornos digitales en la región. Para adherir a la carta o plantear cualquier consulta o comentario, pueden contactarse con Francisco Vera, Vicepresidente de ONG Derechos Digitales o Peter Micek, consejero legal de Access, ojalá antes del martes al mediodía.
La carta señala lo siguiente:
Por qué SOPA y PIPA atentan contra los derechos humanos en el mundo
Como activistas por los derechos humanos y la libertad de prensa, escribimos para expresar nuestra profunda preocupación por la PROTECT IP (PIPA), y la amenaza que supone para los derechos humanos a nivel internacional. Al igual que la HR 3261, la Stop Online Piracy Act (SOPA), PIPA supone el uso de herramientas de la censura, socava la naturaleza global de Internet, y amenaza la libertad de expresión en línea. PIPA introduce un muy preocupante grado de inseguridad jurídica en la economía de Internet, particularmente para los usuarios y las empresas a nivel internacional. Estados Unidos siempre ha sido siempre un líder mundial en favor de la libertad de expresión en internet, e instamos al Senado a no manchar esta reputación aprobando PIPA.
Hoy en día algunos de los países más represivos del mundo -como China, Irán, Yemen, Arabia Saudita y Siria- usan el filtrado de DNS como un medio para silenciar a sus ciudadanos. Más de 80 organizaciones de derechos humanos recientemente escribieron una carta oponiéndose a SOPA dado que supone «la institucionalización del uso de herramientas de la censura en Internet para hacer cumplir la legislación nacional en Estados Unidos… crea una paradoja que socava su autoridad moral para criticar a los regímenes represivos«. De hecho, PIPA enviaría un mensaje inequívoco a otras naciones que el uso de estas herramientas no sólo es aceptable, sino también alentado.
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Declaración del Relator Especial en la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue
Décima Séptima Sesión del Consejo de Derecho Humanos
Ginebra, 3 de junio 2011
Sr. Presidente,
La medida en la que las personas pueden ejercer su derecho a la libertad de expresión es un indicador de la situación actual de los derechos humanos en cualquier país. El derecho de todo individuo a expresar sus opiniones es la base fundamental de una sociedad democrática que respeta los derechos humanos.
Quisiera, por lo tanto, subrayar que debería haber la menor restricción posible al flujo de información vía Internet, a excepción de las pocas, muy excepcionales y limitadas circunstancias que manda la ley internacional de derechos humanos. Este tema de restricciones al derecho de libertad de expresión ya fue analizado en mi informe al Consejo del año pasado, pero en esencia, cualquier restricción debe estar establecida en una ley clara y sin ambigüedad, ser de comprobada necesidad y constituir la forma menos restrictiva posible para proteger los derechos de los demás. Adicionalmente, cualquier legislación que restrinja el derecho a la libertad de expresión debe ser aplicada por una institución independiente y con las medidas adecuadas para evitar el abuso, incluyendo la posibilidad de cuestionar y remediar cualquier aplicación abusiva.
A pesar de estos criterios establecidos en la ley internacional de derechos humanos, muchos Estados continúan censurando y criminalizando indebidamente la expresión en línea. Yo he seleccionado seis de estas tendencias para el informe de este año. No podré hablar ampliamente de estos temas, pero en el tema de restricción al contenido en línea, quisiera centrarme en cuatro temas, que son: (1) bloqueo o filtro arbitrario del contenido; (2) criminalización de la expresión legítima; (3) responsabilidad de intermediarios: y (4) derecho a privacidad y protección de datos. Luego me enfocaré en el tema de acceso a la conectividad de Internet.
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Para conocer el resto de la declaración, puedes hacer clic acá y obtener el documento completo (formato RTF).
Propiedad intelectual en el TPPIntellectual property in the TPP
Daniel Álvarez, miembro de ONG Derechos Digitales, escribió una Carta al Director de La Tercera sobre las dudas que nacen con la ampliación del Acuerdo de Asociación Trans Pacífico de Libre Comercio. La misiva fue publicada este 21 de febrero:
Señor director:
Hace pocos días se realizó en Santiago la Quinta Ronda de Negociaciones para la ampliación del Acuerdo de Asociación Trans Pacífico de Libre Comercio, suscrito por Brunei, Chile, Nueva Zelandia y Singapur en el año 2005, al cual pretenden incorporarse Estados Unidos, Australia, Perú, Vietnam y Malasia, el que comprendería, entre otras regulaciones, nuevas normas sobre propiedad intelectual.
Para ONG Derechos Digitales, el establecimiento de nuevas obligaciones internacionales en esta materia es un asunto de máxima preocupación.
Durante la última década, Chile incorporó en su legislación interna disposiciones que están por sobre los estándares establecidos en OMPI y OMC, como consecuencia de las obligaciones contraídas en el Tratado de Libre Comercio, suscrito con Estados Unidos en el año 2003. Por ello, hacemos un llamado a que el gobierno de Chile se comprometa a no aceptar obligaciones que puedan afectar los derechos de usuarios y consumidores nacionales por sobreprotección de la propiedad intelectual. En cambio, lo exhortamos a que promueva normas que equilibren los legítimos derechos e intereses de los sectores involucrados, como el fortalecimiento del dominio público, el establecimiento de excepciones y limitaciones que comprendan los denominados usos justos y la judicialización del sistema de retiro o bloqueo de contenidos supuestamente infractores de internet, entre otras disposiciones.
Estados Unidos debe moderar su política en propiedad intelectualUnited States should moderate its intellectual property policy
En una declaración conjunta, diversas organizaciones llaman a las autoridades estadounidenses a la mesura en la regulación de la propiedad intelectual. Estados Unidos no debería exigir a los países una protección más allá de los acuerdos internacionales, ni de lo que dispone su propia legislación. La declaración llama también a adoptar procedimientos abiertos y transparentes para la evaluación de los países, y a evitar el uso de amenazas de sanciones comerciales. En cambio, Estados Unidos debería desarrollar políticas de acceso a la información.
Pagan Justos por Pecadores: Ley sobre Registro de Usuarios de InternetOne does harm, and another bears the blame: The Internet User’s Register Act
El proyecto de ley, que está pendiente de revisión ante el Tribunal Constitucional, obliga a registrar los datos personales de los usuarios de Internet. El registro, creado con el pretexto de combatir la pornografía infantil, crea un riesgo evidente para las libertades y derechos de las personas.
En Cartas a la Directora de La Segunda, este Viernes 4 de Febrero, Alberto Cerda Silva, director de estudios de ONG Derechos Digitales y profesor de la Universidad de Chile, las emprende contra el proyecto de ley que hace pagar a justos por pecadores.
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