Un 17% de la economía estadounidense se sustenta en la no protección de los derechos de autor. Uno de cada ocho empleos en los Estados Unidos es provisto por industrias que no necesitan más protección de los derechos autorales, sino que preservar un robusto sistema de excepciones y limitaciones a dichos derechos, de acuerdo a resultados del estudio «Fair Use in the U.S. Economy».
Continue reading «El valor de NO proteger la propiedad intelectual»
La polémica en torno al destino de la educación superior en Chile está en pleno desarrollo. Las demandas de los estudiantes del CONFECH (que en alguna medida también son compartidas por los rectores del CRUCH) han llevado a la discusión respecto a la labor y el aporte investigativo de las universidades tradicionales versus privadas. En este aspecto, creemos que el estudio hecho por ONG Derechos Digitales en el 2010 llamado «Políticas Editoriales de Publicaciones Académicas en Chile» (que se puede descargar desde acá, conseguir físicamente acá y distribuir libremente) puede servir para aportar datos concretos al debate.
El mencionado estudio se extendió a las publicaciones académicas períodicas con dos o más años de antiguedad vigentes al año 2009, esto es, revistas académicas efectivamente en circulación tal año. De las 267 publicaciones académicas incluidas en el estudio, un alto porcentaje es sostenido por las universidades (69%). Le siguen muy de lejos las sociedades científicas, organismos estatales, asociaciones gremiales, centros de estudios, instituciones privadas o un organismo internacional. En otras palabras, son las universidades las que hoy sostienen la investigación académica y científica en nuestro país, lo que sitúa claramente su importancia como motor en la investigación y desarrollo en el país.
Ahora bien, como afirma el estudio, aun cuando Chile cuenta con alrededor de 60 centros universitarios, solo seis universidades concentran prácticamente un 53% de las publicaciones realizadas por tales centros de estudios. Ellas representan el 36,7% del total de publicaciones académicas nacionales, sean o no universitarias. De hecho, la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile concentran conjuntamente el 21,3% de todas las publicaciones académicas del país.
El Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP) es el acuerdo de libre comercio que, a instancias del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, es actualmente negociado con Australia, Brunei, Chile, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, y Vietnam. El acuerdo es aún secreto, a pesar de que lleva más de siete rondas de negociaciones. Sin embargo, el capítulo de propiedad intelectual se filtró hace unos meses y su análisis muestra que varias medidas afectarán seriamente a los usuarios y consumidores.
La propuesta de TPP daña a los consumidores. La implementación de las medidas previstas en el TPP incrementará el costo de acceso a medicamentos. Las medidas para obtener el cumplimiento de la ley menoscabarán los derechos de las personas, especialmente su vida privada. Además, las medidas previstas en el TPP incrementarán el costo de acceso a los bienes culturales y la tecnología. Así, música, libros, películas, software, y videojuegos podrían incrementar significativamente su costo, castigando a los consumidores. ¿Cómo el TPP castigará a los consumidores? Eliminando las llamadas importaciones paralelas.
Continue reading «TPP Castiga a los Consumidores (y a sus Bolsillos)»
La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) ha declarado su intención de tener completadas sus propuestas sobre protección de la propiedad intelectual a comienzos de la próxima ronda de negociaciones del TPP en Vietnam, del 20 al 24 de junio de 2011. En su rápida agenda, los negociadores del TPP han anunciado que ellos esperan concluir el acuerdo para el encuentro de los miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, a realizarse en Hawaii del 8 al 13 de noviembre de 2011. El TPP impactará sectores de la salud, acceso al conocimiento y, sin los debidos resguardos, el derecho a la vida privada.
Continue reading «El TPP amenaza el derecho a la vida privada»
En los recientes días se ha abierto una acalorada discusión en torno a la medida anunciada por el gobierno de Chile de monitorear las redes sociales que operan en línea, tales como Facebook y Twitter. Los personeros de gobierno aseguran que el propósito es recoger el parecer de los ciudadanos. Por un lado, hay quienes alaban la medida como un modo de lograr un contacto más directo entre la clase política y la ciudadanía. Por el otro lado, hay quienes ven en ello el riesgo de un control desproporcionado del estado sobre los ciudadanos, con el consiguiente riesgo para los derechos de las personas.
Monitorear Internet para recoger la sensibilidad de la ciudadanía no parece ser sino la moderna versión de los sondeos de opinión pública, encuestas, focus group y otros métodos empleados para permitir una más adecuada toma de decisiones. Ninguno de estos métodos es ilegal, pues suponen la participación voluntaria de las personas. Estos métodos tradicionales son menos eficientes y probablemente precisos que la inmediatez de las redes sociales que operan en Internet. Pero, ¿consienten voluntariamente los usuarios de estas redes en ser monitoreados por el gobierno?
Continue reading «Sobre el monitoreo de Internet por el Gobierno»
Una idea bastante extendida, pero equivocada, es que en una democracia como la chilena no existen atentados a la libertad de expresión en Internet. Que eso es para dictaduras o gobiernos lejanos. Sin embargo, de manera contraria a esa poco informada visión, en los últimos días hemos visto en la prensa un caso elocuente sobre cómo se puede utilizar abusivamente derechos de propiedad intelectual teniendo por objeto la censura de discursos en Chile. Se trata claro, de formas de censura menos violentas pero con los mismos resultados.
Breve síntesis del caso: Una empresa que es titular de la marca y del producto por todos conocido como DICOM, ha presentado diversas acciones legales contra el equipo detrás de la película en producción llamada ESTOYENDICOM, por un supuesto uso indebido de marca, tanto en la inscripción de su nombre de dominio estoyendicom.cl, como una querella por el uso del nombre ESTOYENDICOM.
La empresa Equifax, dueña de DICOM, reclama que el nombre de dominio estoyendicom.cl confunde a los usuarios y fue inscrito de mala fe por la razón antes señalada. La Ley de Propiedad Industrial, en relación con las marcas comerciales, les otorga a los titulares de las mismas un derecho exclusivo para ser reconocidos con un nombre o símbolo en un rubro de actividad determinado. Sin embargo, la dueña de la marca DICOM sostiene que cualquier utilización directa o indirecta del nombre debe contar con su venia y autorización.
En tanto, el equipo detrás de la película ESTOYENDICOM se defiende señalando que la Constitución Política de Chile, en el mismo artículo que consagra los derechos de propiedad intelectual (19 Nº25), e incluso antes de referirse a ellos, entrega el derecho consistente en «La libertad de crear y difundir las artes». Por otra parte, indica que la utilización que hacen del nombre DICOM no es de mala fe, sino solamente una referencia a una institución que los chilenos sobradamente conocemos. Se trata, entonces, de un nombre común y, por ende, no existe riesgo alguno de confusión.
Para ONG Derechos Digitales resulta particularmente grave que se busque criminalizar la conducta del equipo de ESTOYENDICOM, mediante la interposición de una querella criminal debido al nombre de la película, basándose en una muy extraña acusación de plagio por parte de abogados pertenecientes a la dueña de la marca DICOM.
Más allá del prestigio o aceptación que posea la marca DICOM a nivel popular, esta clase de conducta ciertamente no contribuye a mejorar su imagen de cara a la ciudadanía. Menos lo hace el intento de emplear abusivamente los derechos de propiedad intelectual en su poder en contra de proyectos artísticas, yendo en contra de importantes Derechos Fundamentales como la libertad de expresión, que comprende expresamente la protección de la creación cultural y artística en nuestro país.
Este particular caso hace patente la necesidad de un necesario equilibrio entre la propiedad intelectual y derechos fundamentales tales como la libertad de expresión, tanto a nivel de regulación legal como en su debida aplicación en tribunales chilenos. Los ciudadanos de nuestro país necesitamos esas garantías fundamentales para desenvolvernos libremente en una democracia sana y moderna.
Por quinto año consecutivo, Chile integra la “Priority Watch List” en el Informe 301 sobre Propiedad Intelectual de las autoridades estadounidenses. Obviando tanto los avances legislativos y las medidas adoptadas a nivel gubernamental como las peticiones de la sociedad civil, se vuelve a indicar a Chile como uno de los países bajo el escrutinio de los Estados Unidos y sus industrias de contenidos. Esta es una verdadera forma de presión para la adopción de medidas más intensas de protección, aun a costa de los intereses del público o de las prioridades de cada Estado. En el caso chileno, la continua inclusión no es una sorpresa, pero parece inadecuada tras las medidas adoptadas en el último tiempo y reconocidas en el informe, como el nuevo régimen de derechos de autor, que consagra tanto reglas sobre responsabilidad y mayores sanciones como también un nuevo conjunto de excepciones y limitaciones favorables al público.
Lo paradójico es que mientras de un lado las industrias titulares de derechos de propiedad intelectual reclaman falta de protección suficiente en Chile, nuestro país también es apuntado en el IP Watchlist de la organización Consumers International como uno de aquellos en que el régimen de propiedad intelectual resguarda de peor forma los derechos de los consumidores y usuarios frente a la acción de los titulares de derechos de propiedad intelectual. En el informe, aparecemos como el país con el segundo peor régimen de propiedad intelectual del mundo.
¿Cómo es eso posible, después de la gran reforma de 2010? La explicación reside ya no en nuestra propia ley, sino en su análisis a la luz del contexto internacional. El informe de Consumers International se hizo en base a una serie de criterios objetivos y comparables, respecto del tratamiento de las legislaciones locales de derechos de autor a la luz de los derechos del consumidor. Lejos de ser un análisis antojadizo, nuestro país aparece rezagado respecto del resto fundamentalmente por nuestras escasas excepciones para usos domésticos y el deficiente tratamiento del dominio público en la administración del Estado.
En rigor, si bien hemos avanzado en quitar el carácter de ilícito a varias actividades relacionadas con la educación, el acceso por discapacitados y la actividad de bibliotecas y museos, todavía existen espacios importantes donde nuestra ley no resuelve a la luz del acceso, sino a favor de la protección. Como ejemplos de aquello podemos señalar nuestra todavía deficiente consagración del patrimonio cultural común, la falta de posibilidades de acción sobre ejemplares de obras lícitamente adquiridas (por ejemplo, para pasar la música de un CD a un iPod), el incierto estado legal de la documentación del Estado o de otras obras e informes financiados con fondos públicos, la falta de provisiones que garanticen la subversión de medidas tecnológicas de protección con fines lícitos, o la incertidumbre sobre la gestión de obras huérfanas.
En suma, contamos con un régimen de derecho de autor que, recién a partir de hace cerca de un año, comienza lentamente a equilibrar los intereses de titulares de derechos y los intereses públicos. Es por eso que no parece sensato conformarse con los avances de la reforma de 2010. Por el contrario, ella constituye apenas un primer paso en la consagración de un régimen de real equilibrio entre los distintos intereses en juego, que no se formule en razón de la presión de industrias de países ricos sino considerando los intereses de la comunidad completa. Porque cualquier iniciativa de reforma legal ya no será solamente observada desde cerca por las industrias titulares de derechos, sino también de los consumidores y usuarios del mundo.
El gobierno de Colombia acaba de someter a tramitación legislativa un proyecto de ley que reglamenta la responsabilidad por la infracción a los derechos de autor en Internet. La iniciativa, que va más allá de lo previsto en cualquier otro país al respecto, promete protección a toda costa, sacrificando los derechos de los usuarios y la competitividad de los prestadores de servicio de Internet locales.
La ley brinda una protección más amplia de lo usual en otros países. La ley no sólo protegerá las obras, sino toda información y/o contenido, obligando no sólo a las empresas proveedoras de Internet, sino que a todas las personas, a adoptar medidas técnicas y organizacionales para evitar la infracción de los derechos de autor en Internet. Así, serán responsables ante la ley desde el vecino que mantiene abierta su conexión de Internet hasta las bibliotecas públicas y los establecimientos educacionales. Y aunque la ley no obliga a “patrullar” Internet, las personas que brindan conexión están obligadas a hacerlo cuando la autoridad lo requiera; la ley no exige una orden judicial.
Continue reading «Proyecto de Ley en Colombia: Derechos de Autor 4 – Derechos Humanos 0Bill in Colombia: Copyright 4 – Human Rights 0«
Trans-Pacific Partnership (TPP) es la nueva iniciativa de tratado de libre comercio impulsada por Estados Unidos. El tratado es negociado en conjunto con Australia, Brunei, Chile, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Las negociaciones, que se efectúan en secreto, acaban de sufrir un serio revés tras la filtración extraoficial del capítulo sobre propiedad intelectual. El capítulo en cuestión incluye diversas disposiciones que afectarán el acceso a medicamentos, los derechos de las personas en Internet, la libertad de expresión y el respeto a la vida privada, entre otros.
En materia de patentes, la propuesta estadounidense omite toda alusión a la Declaración de Doha, a través de la cual se ha procurado salvaguardar la salud pública del nocivo efecto de la excesiva protección de las patentes farmacéuticas. En cambio, el acuerdo exigiría el linkage, una medida no incluida en el TLC suscrito por Chile con Estados Unidos, la cual ha sido rechazada por organizaciones de consumidores y por las farmacéuticas locales, pero persistentemente alentada por la industria americana. A través de ella se intenta entorpecer el acceso al mercado de medicamentos genéricos, encareciendo las medicinas.
Continue reading «Se filtra la propuesta estadounidense de nuevo TLC»
¿Puede una sociedad de gestión de derecho de autor arrogarse la representación de obras que no son de sus asociados o no figuran en sus convenios? Este cuestionamiento es lo que ha dado luz a una nueva polémica en Perú, donde se involucra a la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC), y que terminará en un debate público este 22 de marzo.
La discusión nació específicamente por unas declaraciones públicas de Armando Masse, director ejecutivo de APDAYC, en las que afirmó que las agrupaciones políticas deberán pagar a APDAYC por el uso de las composiciones y las interpretaciones que hacen en sus actividades electorales públicas. Ante esto, el abogado especializado en nuevas tecnologías, Erick Iriarte, recordó que las personas pueden utilizar libremente música que no está en el catálogo de la sociedad de gestión de derechos de autor peruana, siempre y cuando los autores brinden esas autorizaciones, como puede ser el caso de licenciamientos con Creative Commons. Masse desmintió la información de Iriarte y la polémica explotó.
Lo cierto es que, como bien afirma Iriarte, los derechos de autor que manejan las entidades de gestión corresponden a las obra de sus asociados y convenios. Si una obra está fuera de ese marco, las entidades de gestión de derechos de autor no se pueden atribuir su representación ni menos exigir pagos. Afirmar lo contrario, es desconocer no solo licenciamientos alternativos al copyright, sino también formas diversas de gestionar obras que tienen los autores.
Esto no significa que autores que licencian, por ejemplo, con Creative Commons, no puedan ser parte de una entidad de gestión de derechos de autor. Un caso de acercamiento entre estas partes es el que hace algún tiempo reseñamos de Holanda. Pero este acercamiento significa un reconocimiento del valor tanto de las entidades de gestión de derecho de autor como de la autonomía de los creadores al seleccionar licencias menos restrictivas que el copyright. Si hay desconocimiento de estos asuntos, desinformaciones como las del APDAYC con las declaraciones de Masse, lamentablemente, seguirán ocurriendo.
