Un año después de que dos periodistas dieran a conocer las primeras informaciones sobre los programas de espionaje de la NSA y la GCHQ, es preocupante constatar que en Latinoamérica hemos sido espectadores pasivos de las consecuencias de estas revelaciones.
Miles de personas se manifiestan en favor de Edward Snowden. CC BY (Mike Herbst) SA
En Latinoamérica tenemos una muy vergonzosa tradición de vigilancia, fundamentalmente estatal, concentrada en las dictaduras militares de la segunda mitad del siglo pasado. Represión organizada a los disidentes, desapariciones y torturas fueron posibles, en parte, gracias a una maquinaria estatal que hacía de la vigilancia una piedra angular de la mantención del terror. En Latinoamérica bien conocemos los perversos y duraderos efectos de este tipo de vigilancia, que carcome la confianza en el otro, mina las relaciones personales y debilita la acción colectiva; en definitiva, desgasta el modelo democrático representativo.
Hace exactamente un año, los periodistas Laura Poitras y Glenn Greenwald conmocionaban al mundo desde una habitación de hotel en Hong Kong, revelando la existencia de múltiples programas secretos de vigilancia masiva dirigidas por la NSA de Estados Unidos y el GCHQ británico, en cooperación con diversas empresas del mundo tecnológico. Luego de una semana, también revelaban al mundo la identidad de Edward J. Snowden, ex analista de la NSA, y fuente de dicha documentación.
La reacción ante las revelaciones ha sido global. Con la honrosa excepción de Brasil, es preocupante que en Latinoamérica seamos más bien espectadores de los coletazos que esta información tiene para la confianza en la infraestructura crítica de la red y la regulación de Internet.
Brasil ha sido el único país de la región en reaccionar enérgicamente tras las revelaciones de Snowden. El evento NetMundial nace precisamente a raíz del espionaje sufrido por la presidenta Rousseff y la empresa Petrobras
La vigilancia de la NSA y sus socios es tanto masiva como dirigida a objetivos políticos y económicos. La publicación del espionaje sufrido tanto por la empresa estatal Petrobras, como por la propia presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, provocó la cancelación de su viaje oficial a Washington como signo de protesta. Adicionalmente, la presidenta Rousseff anunció la organización de la conferencia NetMundial en coalición con ICANN, con el fin de discutir una hoja de ruta para el futuro de la Internet, en un sofisticado acto de presión política para cambiar el eje de la discusión existente entre ICANN y el sistema multilateral, encarnado por la International Telecommunication Union (ITU).
Nueva documentación provista por Snowden ha divulgado espionaje político y comercial a Argentina, México, Ecuador, Venezuela y Colombia, incluyendo al entonces candidato presidencial y hoy presidente de México, Enrique Peña Nieto, y a nueve de sus colaboradores más cercanos.
En paralelo, Chile, Colombia, México y Perú han puesto esfuerzos importantes en la creación de un bloque comercial denominado Alianza del Pacífico, que Estados Unidos mira con especial simpatía, mientras que el Trans Pacific Partnership (TPP) reúne a Chile, México y Perú junto a cuatro de los cinco países de [ref]la alianza “Cinco Ojos[/ref][fn] Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos, con la sola excepción del Reino Unido[/fn], en un acuerdo comercial muy problemático para la libertad en Internet y liderado por Estados Unidos. A un año de las revelaciones de Snowden resulta cándido pensar que estas alianzas comerciales no hayan sido sujetas a intenso espionaje con el fin de salvaguardar intereses de compañías norteamericanas, y hasta el momento no ha habido ninguna reacción oficial enérgica respecto de este punto en nuestra región.
Finalmente, desde el punto de vista de Latinoamérica, los documentos filtrados por Edward Snowden ponen en evidencia algo aún mayor, como es la débil protección de la privacidad y la información personal en nuestros países.
La pérdida de nuestra privacidad en Internet no puede ni debe ser el costo del avance tecnológico.
Para algunos, parte de la solución es tomar decisiones privadas y adquirir conciencia respecto de los costos de la vida moderna y la manera de asegurar nuestra información. Pero de alguna forma pareciera ser que el avance de las nuevas tecnologías -de la mano de nuevas y agresivas formas de vigilancia- no supone desafíos normativos de magnitud. La discusión no es qué tan aceptable es la vigilancia masiva en la era de la Internet, sino más bien cuáles son las medidas que nuestros países deben adoptar para avanzar a estándares legales robustos y que cumplan con compromisos internacionales de derechos humanos.
La pérdida de nuestra privacidad en Internet no puede ni debe ser el costo del avance tecnológico.
En un mundo crecientemente digital, el respeto a nuestros derechos fundamentales es imprescindible. Sin embargo, a la fecha, la fiscalía de Chile aún se encuentra en deuda, justificando -en lugar de regular- prácticas sumamente dudosas, que atentan contra derechos básicos, como las normas del debido proceso. El inapropiado uso de Facebook exhibido esta semana es una muestra este punto.
CC BY (melenita2012)
“En libertad queda joven acusado de agredir a carabinero: pruebas sólo eran fotos de Facebook” titulaba hace algunos días el sitio web de Biobío, a propósito de la presentación formal de cargos realizada por la fiscalía contra un joven, por su presunta participación en la golpiza a un policía, durante una marcha el 1 de mayo.
Sin embargo, como adelanta el titular, la única evidencia para fundamentar la acusación fue obtenida comparando un cuadro de un video de la agresión con perfiles de Facebook, “por medio de reconocimiento facial hasta dar con la fotografía de alguien que se pareciera”.
Esto es preocupante, porque los antecedentes recogidos en la prensa apuntan a que la fiscalía autorizó una investigación poco seria, donde el procedimiento utilizado fue opaco y poco riguroso. Facebook no permite hacer búsqueda de rostros aleatorios a partir de una fotografía cualquiera, salvo que esté en tu lista de amigos o sea amigo de tus amigos, y dista mucho de ser un procedimiento perfecto.
Pero incluso si la policía, avalada por la fiscalía, hubiese revisado aleatoriamente perfiles de Facebook hasta dar con un potencial culpable, esto habría requerido una explicación clara de la metodología que sirvió para dar con el sospechoso, y de por qué no se necesitaría una orden judicial para llevar a cabo esta invasión a la vida privada, cuando a todas luces una actividad de esta naturaleza afecta este derecho fundamental.
CC BY(Eric Constantineau)-NC
Ahora, supongamos por un instante que Facebook permitiera identificar cualquier persona a partir de las fotos que existen de él en su base de datos. En tal caso, indudablemente estaríamos frente a una invasión desproporcionada a nuestra vida privada, a todas luces atentatoria contra nuestros derechos fundamentales, por lo que no debería admitirse ni siquiera una solicitud de orden judicial a su respecto.
La fiscalía de Chile juega un rol central, como órgano que ordena y regula las actividades de investigación en los procedimientos criminales. Sin embargo, desde hace varios años que venimos haciendo notar cómo este órgano encargado de la persecución penal, que goza de autonomía constitucional, no ha sido capaz de establecer estándares claros en relación con la adecuación, necesidad ni mucho menos la constitucionalidad de sus diligencias investigativas, ni a nivel de jurisprudencia ni de instructivos dictados para tal efecto.
Es necesario que la fiscalía revise sus procedimientos y se haga cargo de regular un debido proceso en el entorno digital.
Algunos de los ejes programáticos propuestos por Bachelet durante la campaña podrían verse seriamente afectados por el Tratado Transpacífico, el acuerdo de libre comercio que nuestro país negocia en secreto junto a 11 países, y que podría alterar el camino delineado por la nueva administración en materias como salud, cultura, educación y pensiones.
Por Paula Jaramillo
El TPP es un acuerdo económico que nuestro país negocia en secreto junto a otros 11 países del área pacífico
El próximo 21 de mayo, Michelle Bachelet realizará la primera cuenta pública del nuevo Gobierno. Será el momento de aterrizar las expectativas sembradas durante la campaña, como también de fijar objetivos para el período venidero. Pero hay un factor del que nadie está hablando y que podría provocar alteraciones insospechadas a la hoja de ruta establecida por la nueva administración: El Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica, tratado de libre comercio que nuestro país negocia junto a 11 países, podría implicar cambios tan drásticos en nuestra legislación, que haría inviable muchos de los proyectos de Bachelet, al mismo tiempo que afectaría gravemente nuestra soberanía y democracia.
Ante la “urgencia por negociar el acuerdo Transpacific Partnership” de la administración anterior, el programa presidencial de Bachelet expresaba preocupación y proponía tomarse las cosas con calma y mesura: “para velar por el interés de Chile se debe hacer una revisión exhaustiva de sus alcances e implicaciones”, expresaba en el capítulo sobre relaciones exteriores.
Por ello, podría uno asumir, se decidió la conformación del controvertido “cuarto adjunto”, que empezó a sesionar a fines de abril. Sin embargo, resulta extraño que hasta la fecha la nueva administración no haya dado a conocer un análisis sobre la forma en que las negociaciones del TPP podrían desvirtuar las promesas de campaña, cuestión que debiese ser del mayor interés tanto para el Gobierno como para la ciudadanía.
El gran problema es que el TPP se negocia con nula transparencia y el cuarto adjunto no ha sido capaz de dar solución a esa dificultad. Es como estar peleando en la oscuridad: lo poco que se conoce del tratado obedece a filtraciones, lo que dificulta el análisis minucioso. No obstante, es posible identificar algunas líneas programáticas que se verían evidentemente afectadas de aprobarse el TPP tal como se ha discutido hasta la fecha, entre las que se cuentan salud, cultura, medioambiente y coherencia legislativa.
Las alzas en los precios de los medicamentos, asociadas a las mayores dificultades para la producción de genéricos, podría comprometer los alcances de las políticas en salud
Entre las políticas directamente afectadas en salud pública se encuentran las relacionadas con la “Política Nacional de Medicamentos”, cuya implementación se materializaría a través de dos fondos: el nacional de medicamentos, destinado a cubrir remedios para enfermedades de alta prevalencia, y el fondo de fármacos de alto costo. Ambos se verían seriamente afectados por las alzas de precios asociados la extensión de los plazos y alcances de las patentes farmacéuticas consignadas en el TPP, que dificultarían enormemente la producción de genéricos de menor costo.
Similar suerte podrían correr algunas de las políticas enfocadas en garantizar y fortalecer el acceso al arte y la cultura. La implementación de medidas que impiden la “importación paralela – es decir la importación de ejemplares legales de una obra, sin pedir autorización al titular del derecho en el país – podría limitar la creación de bibliotecas regionales y el fortalecimiento de la red de bibliotecas públicas escolares, preescolares y de la educación superior consignadas en el programa de gobierno.
La ampliación de los plazos de protección de derechos de autor, de 70 a 95 años en algunos casos, es un claro obstáculo no solo al acceso, sino también al uso de los bienes culturales, sobre todo de los sectores de menores ingresos.
Por su parte, las reglas sobre responsabilidad de intermediarios que intenta imponer el TPP significarían que entidades como las bibliotecas, que entregan acceso a Internet, podrían tener que asumir responsabilidad por lo que hacen sus usuarios y controlar los contenidos que transitan en sus redes. El acceso, en vez de aumentar, según plantea el programa, se vería seriamente limitado.
Finalmente, el TPP establecería otros límites al acceso a la cultura, mediante nuevas reglas contra la elusión de medidas tecnológicas de protección. Reglas que ya fueron negociadas en el TLC con EE. UU., pero que se intentan endurecer aun antes de su implementación.
El hermetismo con el que se negocia el TPP hace imposible prever de que manera podrán obstaculizar la implementación de ciertas políticas públicas consignadas en el programa
En tanto, en materias medioambientales –muy controvertidas en relación a proyectos energéticos durante el Gobierno anterior- si bien el programa se manifiesta proclive al fortalecimiento institucional y la protección del medioambiente, el TPP propone sanciones débiles, que parecieran indicar que las partes no tienen mayor intención de aplicarlas a los socios comerciales que incumplan sus promesas en este ámbito.
Con todo, lo que parece revestir una mayor gravedad dice relación con la llamada “coherencia regulatoria”, que podría afectar de forma general la ejecución del programa de Gobierno, dado que el TPP pretende la creación de un mecanismo de consulta que permitiría a los demás socios someter las regulaciones internas al análisis de Comités Técnicos del tratado, atentando contra la soberanía de un Estado democrático.
Es legítimo preguntarse cómo funcionaría este mecanismo ante el escenario de una reforma educacional o tributaria, como las que plantea el programa de gobierno, y aún más de una constitucional: ¿podrían los Estados que adscriban al TPP llegar a pronunciarse sobre tan delicado proceso regulatorio interno? ¿Cuestionarán cualquier modificación legal que pudiera afectar a inversionistas extranjeros? ¿Es ello legítimo, desde el punto de vista de las reglas democráticas?
Tampoco sabemos cómo afectará el TPP otras áreas sensibles, tales como la laboral, servicios, compras públicas, inversiones o agricultura, por nombras algunas. Sin ir más lejos, un área que puede resultar particularmente sensible es la de las empresas del Estado, en relación a la creación de una AFP estatal y de universidades públicas regionales, ambas propuestas mencionadas en el programa de gobierno como prioritarias, sin que resulte posible vislumbrar cuán afectadas habrían de resultar producto del TPP.
TPP pretende la creación de un mecanismo de consulta que permitiría a los demás socios someter las regulaciones internas al análisis de Comités Técnicos del tratado, atentando contra la soberanía de un Estado democrático. CC BY (stopfasttrack)
Lamentablemente, es imposible responder a cabalidad estas dudas, atendido lo poco que sabemos del tratado en negociación -a lo que se suma la poca auspiciosa implementación del “cuarto adjunto”, que tampoco parece arrojar muchas luces al respecto-, pero ciertamente salta a la vista lo importante que es conocer el contenido del TPP antes de que sea suscrito.
La falta de transparencia y de certidumbre respecto a las negociaciones del TPP pueden traer resultados insospechados, no solo para nuestra actual legislación y para el programa del Gobierno entrante, sino también para la democracia, e incluso la soberanía de nuestro país. Es el momento de que el Gobierno transparente su posición: ¿Insistirá en ejecutar el programa para el que fue elegido o cederá a los intereses que por vía del tratado intentan prescindir del debate público?
A pesar de que el documento final de NetMundial contiene deficiencias graves, indudablemente es un avance sustantivo para la discusión de políticas públicas relativas a la gobernanza de Internet.
Entre el 23 y el 24 de abril se realizó en Sao Paulo NetMundial, un foro multisectorial de gobernanza de Internet
Las revelaciones de espionaje masivo realizadas por Edward Snowden provocaron efectos a distinto nivel. Mientras buena parte de los países de la región veían el asunto desde la tranquilidad que entrega la distancia y las relaciones comerciales con Estados Unidos, Alemania reaccionaba con dureza. Semanas después, luego de revelarse que la [ref]NSA[/ref] [fn]National Security Agency, agencia de seguridad nacional de Estados Unidos[/fn]también espiaba las comunicaciones del gigante petrolero estatal Petrobras, la presidenta Dilma Rousseff reaccionaba en las Naciones Unidas con un enérgico discurso, donde indicaba, entre otras cosas, la necesidad de establecer un marco civil global para la Internet que evite que este tipo de abusos vuelvan a ocurrir.
Es bajo esos antecedentes que la presidenta Rousseff, junto con el apoyo de ICANN, decide organizar, en conjunto con el [ref]CGI.br[/ref] [fn]Comité gestor de Internet de Brasil.[/fn], el ambicioso encuentro denominado NetMundial en Sao Paulo, que, a través de un modelo multisectorial (con representantes de gobiernos, sector privado, academia y sociedad civil), pretendió llegar a acuerdos globales en torno a los principios que debieran gobernar Internet y, adicionalmente, generar un plan de desarrollo para la gobernanza de Internet del futuro.
La movida creó, de facto, una tercera vía para la denominada Internet governance, lejos de la tensión creciente entre el modelo multisectorial de ICANN y el multilateral de ITU por el control de la agenda global de Internet.
NetMundial crea una tercera vía para la gobernanza de Internet.
Una de las diferencias fundamentales entre NetMundial y otros foros internacionales en la materia, es que el objetivo era consensuar un documento de principios, el que fue preparado en los dos días de conferencia y luego de distintos procedimientos de participación remota. Usualmente los encuentros sobre gobernanza de Internet suelen estar ajenos a los resultados (el IGF es un ejemplo paradigmático de ello), y siempre el número de participantes en estos eventos se utiliza como argumento para la imposibilidad de llegar a consensos. No en NetMundial.
El documento final de NetMundial ha sido sujeto de críticas importantes por parte de buen parte de la sociedad civil global. Y tienen razón. Es problemático que no se haga un reconocimiento explícito a los problemas que supone la extensión agresiva de los derechos de autor y marcarios en Internet. El documento hace una débil defensa de la necesidad de un sistema de inmunidad a intermediarios en materia de derechos de autor, que ha sido explícitamente señalado como fundamental para la libertad de expresión en Internet. El reconocimiento de la importancia del principio de neutralidad de la red no está lo suficientemente enfatizado y menos su relación con el ejercicio de otros derechos humanos. De hecho, la parte sustantiva de esta discusión fue dejada para más adelante. Adicionalmente, hace una condena poco sustantiva a la vigilancia masiva realizada por agencias estatales en colaboración con empresas de tecnología, que es incompatible con el ejercicio del derecho a la privacidad y el principio de proporcionalidad. En este sentido, es un documento con carencias graves.
Pero al mismo tiempo, el documento de principios ha señalado directamente que los derechos humanos son fundamentales para la gobernanza de Internet. De esta manera, es imposible pensar en políticas de Internet sin considerar los derechos humanos involucrados.
El documento final de NetMundial, entre otras cosas, reconoce a Internet como un recurso público, que debe ser manejado hacia el interés común.
El documento también reconoce a Internet como un recurso público, que debe ser manejado hacia el interés común, y que el desarrollo de políticas públicas para la Internet debe ser conducido a través de un proceso multisectorial participativo y democrático. Estos principios dan cuenta de avances sustantivos en el concierto de la gobernanza de Internet y sientan criterios mínimos sobre los cuales debiera configurarse futuras políticas públicas en nuestros países.
En cualquier caso, y con las deficiencias y avances que muestra el documento final de NetMundial, indudablemente es un avance sustantivo para la discusión de políticas públicas relativas a la gobernanza de Internet. Demuestra la importancia de un proceso multisectorial efectivo, con participación de todos los actores involucrados. Demuestra la importancia de tener liderazgos regionales como el de la presidenta Rousseff y deja la pista servida para que los países de la región tengan un rol activo en la configuración de estas políticas en el mediano plazo, lejos de la inacción y pasividad que los ha caracterizado hasta ahora.
Quizás es tiempo de exigir procesos abiertos y colectivos que lleven adelante resultados programáticos. El futuro de Internet lo tenemos que hacer entre todos y no será televisado.
La tramitación del llamado “acuerdo de Visa Waiver” en la Cámara de Diputados ha generado polémica por la crítica pública hecha por un grupo de parlamentarios y su rechazo a aprobarlo. Quienes lo apoyan acusan prejuicios, desinformación y aseguran que no hay riesgo. Sin embargo, las dudas están lejos de ser despejadas.
Ante la legítima preocupación por un nuevo conjunto de reglas que permite el tráfico internacional de datos personales, la aprobación de un acuerdo de cooperación con Estados Unidos es incierta.
El mundo político chileno se ha dividido ante la eventual aprobación de un acuerdo de cooperación con Estados Unidos, que consiste en el intercambio de información para la prevención e investigación de delitos graves, ya firmado por el Gobierno de Sebastián Piñera.
Pero ante la legítima preocupación por un nuevo conjunto de reglas que permite el tráfico internacional de datos personales, sin antes establecer resguardos adecuados a los mismos, parece necesario recordar, una vez más, por qué aceptar estas condiciones es riesgoso para los derechos de las personas.
Acuerdos y leyes
El programa Visa Waiver comenzó a funcionar el 31 de marzo pasado y permite viajar a Estados Unidos con un trámite de visa expedito. Pese a que buena parte de los requisitos que impone el gobierno estadounidense se encuentran cumplidos, uno de ellos, el Acuerdo en Materia de Incremento de la Cooperación en la Prevención y Combate del Delito Grave, no ha sido aprobado por el Congreso Nacional, después de ser negociado y firmado.
El acuerdo no es un tratado bilateral que funcione en el vacío, ni constituye por sí solo un acuerdo de Visa Waiver. El acuerdo sienta las bases para el intercambio de información de personas que hayan sido identificadas en la investigación de delitos graves, cuando se sospeche que alguien ha cometido o, como dice el texto del acuerdo, “podría cometer” delitos graves o actos terroristas.
Desde el punto de vista legal, para hacer operativo ese intercambio de datos, se requiere habilitar la entrega por parte de los órganos del Estado que los reúnen y maneja. Con este fin, junto con someter el acuerdo a la tramitación del Congreso, el Gobierno anterior introdujo un proyecto de ley que “facilita” el intercambio de datos personales. Entonces, no solamente tenemos un programa en plena vigencia, sino también un acuerdo pendiente de aprobar y modificaciones legales en tramitación para implementar dicho acuerdo.
El Gobierno de Sebastián Piñera firmó un acuerdo de cooperación con Estados Unidos, que consiste en el intercambio de información para la prevención e investigación de delitos graves. CC BY (US Embassy Santiago) -NC – SA
¿Un acuerdo inocuo?
Se ha planteado el absurdo argumento de que existen componentes ideológicos en los cuestionamientos al acuerdo de intercambio de datos. Lo cierto es que tanto desde la academia como desde la sociedad civil, la preocupación por la privacidad y por la protección de los datos personales en Chile ha sido constante y transversal desde hace mucho. Naturalmente existe cierta desconfianza implícita luego de las revelaciones de Edward Snowden respecto de la NSA —que supuso reacciones diplomáticas en Alemania y Brasil, mas silencio en Chile-, pero esto dista de ser una crítica política “ideológica”, sino una preocupación por el respeto de los derechos fundamentales.
Otras voces en el Congreso acusan que el tratado es inofensivo y los cuestionamientos infundados, pues no habría nada de “irregular” en esta clase de acuerdos. Pero eso es desatender al cuerpo mismo del acuerdo. ¿Por qué se niega abiertamente que el acuerdo incluya temas que sí aborda, como el tratamiento automatizado de perfiles de ADN? ¿Por qué no se han puesto bajo cuestionamiento aspectos básicos del acuerdo, como la débil definición de un delito grave o la operación del acuerdo con fines de “prevención”, sin que en el acuerdo mismo se visualice un límite más claro que la “amenaza grave a (la) seguridad pública”?
El exclusivo club del Visa Waiver
Es interesante consignar que Chile no es el primer país en Latinoamérica (exceptuando a México, país fronterizo con EE. UU.) que se une al programa Visa Waiver. Sí es el único en que el programa está vigente, después de haber regido para Argentina y Uruguay, casos en que Estados Unidos acusó abuso del beneficio y lo revocó.
El embajador de EE. UU. en Chile, Michael Hammer, ha declarado públicamente que los otros 37 países que son parte del programa Visa Waiver han cumplido o cumplirán a futuro con requisitos como la firma del acuerdo de intercambio de información, siguiendo una política instaurada en el año 2007. Ser parte de ese club, en consecuencia, significaría firmar el acuerdo aun si el tratamiento de la información carece de reglas internas que aseguren su protección.
Acuerdos bilaterales entre países europeos y Estados Unidos han sido criticados por la Comisión Europea, al no considerar el estándar europeo de protección de datos personales. BY (grayhex/) NC – SA
Se ha puesto como ejemplo a los numerosos países de la Unión Europea que están dentro del programa. Pero se ha omitido mencionar tres cosas relevantes al respecto. La primera, es la operación del convenio incluso sin la firma de un acuerdo similar, como ocurre con el Reino Unido. La segunda, los altos estándares que mantiene la Unión Europea en materia de protección de datos desde hace décadas, existiendo una brecha inconmensurable en el nivel de protección entre la UE y Chile, que está lejos de implementar un nivel de protección suficiente para permitir el intercambio de datos personales entre la Unión y nuestro país. ¿Es razonable esperar que se firme un acuerdo de intercambio de datos a un nivel más bajo de protección?
También se ha omitido mencionar que acuerdos bilaterales de esta naturaleza ya han sido objeto de críticas por parte de la Comisión Europea, respecto de los países de la UE que han suscrito convenios similares, sin considerar un estándar europeo en la materia; exigiendo, además, el levantamiento de requisitos de visa para todos los países de la Unión en aras de la reciprocidad.
Sin protección aquí, sin protección allá
El canciller Heraldo Muñoz declaró que, en el marco del acuerdo, se va a “salvaguardar la privacidad de todos los chilenos, la información que corresponda, de acuerdo a la legislación interna». El problema es la debilidad de esa legislación interna. Como hemos indicado en numerosas ocasiones, la legislación chilena está muy lejos de cumplir con estándar internacional alguno de protección de datos personales.
Pero la ley chilena no es el único problema. También lo es la ley en los Estados Unidos, que tiene resguardos menores a los vigentes en Europa; además, la Privacy Act de 1974 es aplicable a sus ciudadanos y residentes, y no igualmente para extranjeros no residentes. En los hechos, esto ha servido al gobierno federal para hacer y deshacer a su arbitrio con los datos de extranjeros no residentes.
Las consecuencias son potencialmente nefastas. Se han reportado casos de personas que han sido puestas en listas que impiden viajar en avión (“no fly list”) o han sido objeto de apremios y torturas, basadas en sospechas y en datos errados. La calidad de los datos, incluida su precisión y su actualidad, es un aspecto que la ley chilena es incapaz de asegurar.
La debilidad de esa legislación interna, asociados al bajo estándar de protección de datos de extranjeros no residentes en Estados Unidos, explican la preocupación en torno a un proyecto como el que se discute en la Cámara Baja del Congreso. CC BY (marsmet549) SA
¿Son esos los riesgos que buscamos que asuman todos los chilenos, en beneficio del bajísimo porcentaje que puede viajar a Estados Unidos? ¿Por qué el acuerdo no incluyó un compromiso más allá de la intención política, que signifique reglas claras, explícitas, de rango legal, en ambos países? Finalmente, ¿qué nos obliga a aceptar un acuerdo de intercambio de datos personales, sin antes asegurar un sistema de protección de esos datos?
¿Vale la pena firmar así?
Más allá de la contingencia de las relaciones internacionales de Chile, cabe preguntarse por qué materias con este nivel de sensibilidad son aisladas de un debate público amplio e informado. No solamente por la firma de uno u otro acuerdo, sino, en general, de la conformación de un sistema nacional acorde a los intereses legítimos sobre el control de los datos personales. Es lamentable que la agenda pública se dedique a un tema relacionado con datos personales, pero solo con el propósito de lograr ventajas políticas eventuales, en lugar de buscar un estándar más elevado de los derechos de las personas.
La negociación de acuerdos entre países por parte de Chile ha estado acompañada de una opacidad vergonzosa, mientras buena parte de la elite política insiste en pedir confianza ciega, sin garantías institucionales mínimas de respeto a derechos fundamentales y sin un compromiso serio por que esas garantías existan a futuro. No basta con confiar en la palabra de las autoridades, sino el aseguramiento de derechos, de forma explícita, en normas legales. Ningún programa que beneficie a unos pocos merece poner en juego los derechos de todos.
Tras el anuncio de la conformación de un «cuarto adjunto» a las negociaciones del TPP, hay que tener claro que un tratado realmente abierto no supone solo la generación de instancias de conversación local, sino que un compromiso activo y robusto para la construcción de un tratado que permita un país más democrático, plural y respetuoso de los derechos de todos los ciudadanos.
Afiche de la campaña TPP Abierto, en busca de la transparencia en el tratado
Durante años el TPP se ha negociado en secreto, siendo blanco de críticas de distintos sectores, tanto desde la industria como desde la sociedad civil, los sindicatos y la academia. Y durante todo este tiempo, cualquier requerimiento de transparencia que apuntara a saber más sobre este tratado fue sistemáticamente negado. Lo anterior es grave, pues este acuerdo económico compromete parte importante del modelo de desarrollo del país, con especial énfasis en temas sensibles como el acceso a medicamentos, los derechos de los consumidores, propiedad intelectual y derechos digitales.
Durante las últimas semanas de abril han sesionado distintos grupos temáticos convocados por el Gobierno, con participación tanto de representantes del sector privado como de la sociedad civil. Este proceso no puede sino recibirse con expectación y entusiasmo, dada la opacidad del proceso llevado adelante por el Gobierno anterior.
Cartel que denuncia las implicancias negativas del TPP para las personas y el medio ambiente CC BY (cool revolution) NC – ND
Sin embargo, el proceso no ha estado exento de críticas: pese a las declaraciones de las autoridades políticas, que han manifestado la necesidad de clarificar los beneficios reales que tiene para Chile ser parte de TPP, aún no existe información sobre algún estudio económico previo a la negociación que evalúe los eventuales beneficios para el país, por mencionar un ejemplo.
Otro: el «cuarto adjunto» de derechos de autor e Internet avisó de su conformación con solo una semana de anticipación y a menos de diez días de la próxima ronda de negociaciónes – que se realizará en Vietnam – sin que exista claridad respecto del lineamiento político que el Gobierno llevarán a Asia, ni la metodología de trabajo que se pretende implementar en el cuarto adjunto.
Pero hay un aspecto adicional. Distintas organizaciones sociales – incluyendo a ONG Derechos Digitales – han criticado la decisión del gobierno de no apoyar ni generar instancias de apoyo para la participación de la sociedad civil en las rondas de negociación. La constitución de un «cuarto adjunto» in situ, anunciado con menos de dos semanas de anticipación, y a realizarse en un lugar tan lejano como Vietnam, supondrá la exclusión implícita de quienes no cuenten con los recursos para poder asistir y, explícitamente, supondrá sólo una oportunidad más para que el lobby de la industria farmacéutica y la de los contenidos influya en las decisiones de nuestros negociadores.
Pancarta que asimila el TPP a la «Estrella de la Muerte» de La Guerra de las Galaxias. CC BY (Steve Rhodes) NC – ND
La apertura y transparencia supone poder participar en igualdad de condiciones entre todos los actores involucrados en el proceso. El gobierno debiera asegurar la participación de todos ellos, incluyendo academia, sector privado y sociedad civil, con el fin de construir un real espacio de participación multisectorial que ayude a definir posiciones técnicas por el bien del país.
Un TPP realmente abierto no supone solo la generación de instancias no vinculantes de conversación local, sino que un compromiso activo y robusto para la construcción de un tratado que no entorpezca, sino que permita un país más democrático, plural y respetuoso de los derechos de todos los ciudadanos.
En una Internet bajo vigilancia, NetMundial intenta convertirse en una plataforma para repensar la forma en que se administra globalmente Internet. Si la nueva mirada a la gobernanza de la red no se hace desde el interés público, ésta y otras reuniones serán irrelevantes para nuestros derechos.
Net mundial es un encuentro multilateral sobre gobernanza de Internet, pero ¿es eficaz este modelo?
¿Es la gobernanza de Internet una farsa? Y su modelo multisectorial, donde participan múltiples partes interesadas, ¿es algo más que solo una ilusión? En el contexto de la vigilancia en Internet y violaciones de nuestro derecho a privacidad por organismos de inteligencia como los de Estados Unidos, no son pocos los que se hacen estas preguntas, resumidas hace algunos días en la columna del activista Jérémie Zimmermann. La poca relevancia de la gobernanza de Internet y su modelo multisectorial para detener o controlar las prácticas masivas que violan nuestros derechos humanos, hacen pensar a algunos que el modelo está, a lo menos, obsoleto.
Pero más allá de posiciones particulares, una cosa parece cierta: las revelaciones de Edward Snowden han dejado en evidencia que la administración global de Internet es un elefante grande y pesado, con poca reacción ante atentados que apuntan directamente contra la libertad en Internet.
Lo de la NSA no es una excepción a la regla: muchas veces pareciera que las grandes discusiones sobre derechos en Internet están jugándose en otro campo, lejos de los Internet Governance Forum (IGF): los derechos de autor en tratados económicos como el TPP o la neutralidad de la red como meros acuerdos entre privados, son solo algunos ejemplos de cómo instancias fuera de estos procesos terminan llevando a resoluciones mucho más vinculantes y efectivas que afectan y amenazan globalmente la red.
Las revelaciones realizadas por Edward Snowden demuestran que las grandes decisiones sobre materias como la vigilancia en Internet se realizan lejos de las reuniones multilaterales. CC BY (mw238) SA
Para Zimmermann y muchos otros, el modelo multisectorial de la gobernanza de Internet (más conocido como multistakeholder) ha posibilitado el estancamiento en infructuosas conversaciones y, por ende, no ha sido una herramienta concreta de defensa de Internet y derechos de los usuarios.
El modelo multisectorial tiene su lado bueno: ha sido un esfuerzo consistente en los últimos años, donde las múltiples partes interesadas en la gobernanza de Internet pueden participar. Allí se encuentran no solo gobiernos, sino también la sociedad civil, las empresas y el mundo docente. Aquello ha significado que participen en la discusión actores que antes simplemente estaban excluidos, enriqueciendo el diálogo entre partes que no tienen otra instancia para conocerse.
Pero no hay que ser inocentes. El modelo multisectorial no implica un proceso completamente democrático, solo porque todos los actores se sienten en la misma mesa. Las relaciones de poder entre cada uno de esos actores distan de ser iguales. Sería iluso pensar que Gobierno chileno pesa lo mismo que el Ruso, o Comcast lo mismo que alguna empresa local proveedora de Internet.
No obstante, culpar solo al modelo multisectorial de la poca efectividad de la gobernanza en Internet puede ser exagerado. Es necesario avanzar a un modelo descentralizado, participativo y efectivo, donde los actores honren los consensos y compromisos adoptados, pero debe reforzarse un marco de acción que hoy parece ser prácticamente invisible: el interés público.
Es necesario crear una agenda de gobernanza de Internet decidida a avanzar desde el interés público. De otra forma será irrelevante para la defensa de nuestros derechos. CC BY (Junior Melo) – SA
Internet es un bien común. Por eso es que instancias globales de administración de la red se han erigido: no pertenece a ningún gobierno, a ningún país, a ninguna empresa. Es una plataforma que nos pertenece a todos los ciudadanos del mundo. En ese contexto, cualquiera que sea el modelo que tome la gobernanza de Internet, el interés público debiera ser el norte de cualquier actor, independiente de su agenda y de su poder.
Hoy, el interés público ha perdido protagonismo entre otros intereses y dobles discursos que se camuflan en la participación del modelo multisectorial. Antes de volver a revisar de nuevo el modelo de administración, se debe reafirmar un marco general: una agenda de gobernanza de Internet decidida a avanzar desde el interés público, para fortalecer este bien público llamado Internet. Y es necesario que esto ocurra en todos los frentes, ya sea un acuerdo de libre comercio, un contrato entre privados, o la presentación de un nuevo proyecto de ley. De otra forma, independiente del modelo, la administración global de la red corre el riesgo de ser un espacio irrelevante para la defensa de nuestros derechos.
Hablar de derechos en Internet también significa darle espacio a una perspectiva de género. Casos recientes tanto en Chile como en otros países nos hacen preguntar si derechos como la libertad de expresión y la privacidad tienen un efecto diferenciado desde el género de los sujetos.
Afiche de campaña sobre tecnología y violencia de género
Por Danae Tapia*.
La foto de una mujer posando en el incendio de Valparaíso fue comentada ampliamente en las redes sociales. Sorna y clasismo emergían de múltiples opiniones que la criticaban por inoportuna y, principalmente, por pobre. Su imagen, diseminada en la red sin su consentimiento, fue intervenida en una serie de memes e incluso en poleras que se venden a diez mil pesos.
No es la primera vez que en Chile se viraliza la imagen de una mujer para el goce de la audiencia virtual. Hace algún tiempo, un video de dos estudiantes de la Universidad Adolfo Ibáñez que tenían relaciones sexuales en un paseo, fueron rápidamente compartidas por WhatsApp. Las críticas a la mujer que protagonizaba el material no tardaron, su Facebook y datos personales fueron filtrados y tuvo que rendirse al acoso digital. De su compañero varón, se supo mucho menos.
Pero quizás el caso más recordado es el de la adolescente del video “Wena Naty”, cuya imagen en acciones de significación sexual con un compañero de colegio fue ampliamente difundida en el año 2007. Curiosamente, el hecho fue abordado por la prensa y “analistas digitales” como “el primer viral chileno”, una simple anécdota. Este caso tampoco es considerado entre el público general como de violencia contra la mujer, a pesar de que implica un claro acoso digital y, además, una publicación con contenido sexual donde intervienen menores de edad.
«Women should», la campaña de violencia de género en Internet de la ONU
Los ataques de género en Internet no se agotan con la violencia a las mujeres. El acoso homofóbico también está presente en muchas de las interacciones diarias en la red. Lo anterior, solo hace reforzar la necesidad de una reflexión más profunda sobre cómo los derechos son un campo de batalla y cómo pueden ser abordados desde categorías mucho más significativas como género y clase social. ¿Es el acoso en Internet una excepción al derecho fundamental de libertad de expresión y en qué medida? ¿Afecta la violación al derecho de privacidad de igual forma a las mujeres o comunidad [ref]LGBT[/ref] [fn]Siglas que designan colectivamente a lesbianas, gais, bisexuales y transexuales[/fn] que al género masculino?
Esta reflexión es parte de una tendencia internacional. Por ejemplo, nos encontramos con el caso del “Blog chicas bondi” en Argentina, donde el acoso callejero de mujeres fue discutido tanto desde la libertad de expresión como desde el derecho a la privacidad. Por otro lado, la agrupación [ref]APC[/ref] [fn]Asociación para el Progreso de las Comunicaciones[/fn] (de la que nuestra organización es miembro) ha levantado la bandera de la violencia de género en Internet, haciendo campañas públicas como “Take Back The Tech”. La ONU también ha comprendido la gravedad del asunto a través de «Women should».
Asimismo, aceleradamente nos acercamos a prácticas como el «revenge porn», el “cyberstalking”, el chantaje con material comprometedor o el ya extendido machismo en una serie de redes sociales con incluso “líderes de opinión” dedicados a dirimir sobre el aspecto físico de las mujeres, cuestionar la pertinencia de la igualdad de derechos y el ataque desinformado al feminismo.
Un meme de Take Back the Tech!
En Derechos Digitales creemos que hoy enfrentamos varios desafíos en esta área, que parten por reconocer que muchos casos de violencia en entornos digitales son lisa y llanamente violencia de género. Desde una perspectiva de derechos fundamentales, estos casos implican afectar la privacidad de varios grupos sociales marginados sin que exista ningún atisbo de interés público, de hecho, todo lo contrario. En ese contexto, es más necesario que nunca entender a Internet como un espacio político que no es ajeno a la ideología y, por tanto, los esfuerzos de la sociedad deben dirigirse a contribuir a una red igualitaria y feminista.
Mientras que en Europa invalidaron la norma que forzaba a los prestadores de Internet a recolectar información de sus clientes, el registro de las IPs en Chile es obligatorio y pobremente regulado, amenazando el derecho a la privacidad de todos los ciudadanos.
Cada vez que entramos a Internet, se nos asigna un número que nos identifica. La ley chilena obliga a los proveedores a guardar registro de esta información. CC BY (Steve Rhode) NC – ND
Hace unos días, la Corte de Justicia de la Unión Europea decidió invalidar la directiva 2006/24 sobre retención de datos – que obliga a los proveedores de servicios de Internet a guardar información sobre sus clientes – debido a que amenaza los derechos fundamentales a la privacidad y a la protección de los datos personales con que cuentan los ciudadanos europeos.
La directiva declarada inválida data del año 2006 y obliga a que todos los datos de telecomunicaciones sean recolectados indiscriminadamente por los proveedores, quienes deben guardarlos por entre 6 meses y 2 años. Registros de llamadas telefónicas y de conexiones a Internet se encuentran entre esos datos.
Sin embargo, antes de alegrarnos por la buena noticia, cabe preguntarnos cuál es la realidad chilena en la materia, específicamente en el caso de la retención de datos sobre nuestras conexiones a Internet.
La retención de direcciones IP
Cada vez que nos conectamos a la red, nos identificamos con una cifra única, conocida como número IP (“Internet Protocol”). Las interacciones que tenemos en la red van dejando como huella ese número: en los sitios web que visitamos, cuando chateamos, cuando descargamos archivos.
Dado que ese famoso número IP [ref]no es siempre el mismo[/ref][fn]A la mayoría de las conexiones residenciales de Internet se le asigna un número cada vez que inicia sesión con su proveedor de servicios de Internet, que tiene una cantidad de direcciones IP que va asignando dinámicamente a sus clientes. Con esto, si sabemos una dirección IP de, digamos, Entel, basta conocer la fecha y hora de la misma para poder asociarlo con un usuario determinado[/fn], para poder identificar a usuarios específicos de Internet, el Código Procesal Penal en Chile obliga a los proveedores de Internet a retener toda esa información de conexión por no menos de un año, de la misma forma indiscriminada y poco selectiva que en la Unión Europea.
La privacidad es un derecho básico de los ciudadanos y eso vale también para los entornos digitales CC BY(g4ll4is)-SA
La privacidad en Internet en Chile, amenazada
Todos esos datos de conexión son, indudablemente, datos personales, que pueden conducir a nuestra identificación y, con ello, merecen una especial protección legal. Esto no ocurre hoy en Chile, pues no existen mayores regulaciones ni fiscalización sobre la seguridad de esta información. Sumado a lo anterior, el lenguaje del Código Procesal Penal es sumamente vago al señalar que el listado de datos quedará «a disposición» de la fiscalía.
En la práctica, lo anterior significa que los fiscales pueden acceder a nuestros registros de conexión indiscriminadamente, pues no existe ningún control judicial ni de otra clase para acceder a esta información. [ref]Como hemos denunciado anteriormente[/ref][fn] En casos como el de huelga.cl o loserpower.com[/fn], tampoco existen mayores controles para la obtención de datos desde servidores web chilenos, dada la práctica de pedir «voluntariamente» información de terceras personas a los administradores de los sitios, sin contar con la orden judicial correspondiente.
La suma de estos factores amenaza gravemente la privacidad de los chilenos. Por ejemplo, un fiscal podría pedirle a un sitio nacional (un foro de enfermos crónicos, un sitio de pornografía o de intercambio de archivos) una lista de direcciones IP de sus visitantes y cruzarla con la lista que poseen los prestadores de servicio nacionales. Esto significa que los fiscales pueden saber qué sitios web visitas, sin mayores controles judiciales y sin notificar a los usuarios afectados, infringiendo sus derechos de manera secreta, desproporcionada y potencialmente ilegal.
Soluciones posibles
El Estado debe ser el primero en respetar nuestros derechos fundamentales. CC BY (Global Voices Online) – SA
De acuerdo con la decisión de la Corte de Justicia de la Unión Europea, la directiva de retención de datos atenta contra los derechos fundamentales de los europeos, dado el carácter indiscriminado de la retención. En Chile, el escenario es similar. La mantención de registros de conexión por más de un año implica una amenaza constante a nuestra privacidad, tratando a todos los chilenos que usan Internet como sospechosos de delitos.
A la luz de lo anterior, es completamente inaceptable que un sistema de retención de datos como el nuestro siga funcionando. Cabe con urgencia eliminarlo o implementar una serie de medidas de seguridad que limiten la recolección y uso de estos datos a hipótesis específicas y controladas por los tribunales de justicia, sumado a la notificación inmediata o próxima en el tiempo a los afectados.
La protección de nuestra vida privada es un derecho fundamental y medidas como ésta son una forma más en que la que el estado puede ejercer la vigilancia sobre sus ciudadanos, sin una razón que lo ampare ni controles suficientes. El Estado debe ser el primero en respetar nuestros derechos fundamentales, particularmente cuando es en aras de proteger los derechos de otras personas.
Para lograr exención de visa, el gobierno de Sebastián Piñera envió un proyecto de ley que facilita el intercambio de datos personales entre Chile y Estados Unidos BY (US Embassy Santiago) -NC – SA
Según cifras oficiales, más de 240 mil personas viajaron a Estados Unidos en 2013. Se espera que esa cifra aumente un 30%, tras la entrada en vigencia de la “Visa Waiver”, que permite a los ciudadanos chilenos viajar con la exención de visa.
Los requisitos que Chile debió cumplir para integrar el selecto club son conocidos: baja tasa de rechazo de visas, implementación del pasaporte electrónico, creación de un registro de pasaportes denunciados por robo. Pero también compartir información de seguridad, aumentar el control de fronteras y suscribir un [ref] acuerdo de cooperación en la prevención de delitos graves[/ref]. [fn]Firmado en Washington en mayo de 2013; se tramita su aprobación en el Congreso.[/fn]
Para cumplir con estos requerimientos, el gobierno de Sebastián Piñera envió un proyecto de ley que facilita el intercambio recíproco de información con otros países. Estos nuevos estatutos cambiarían significativamente la regulación de los datos personales en Chile. Pero no en un sentido de protección, sino al contrario, pues el tratado exige intercambio de información, incluso más allá de las restricciones legales.
Estas modificaciones legales intentan legitimar la entrega de datos personales ante la simple solicitud de «organismos gubernamentales» extranjeros, justificando el envío de datos entre Estados en virtud de un simple tratado.
En otras palabras, se facilitaría la entrega de datos personales de chilenos sin mecanismos de control relacionados con la transferencia internacional de datos, ni una ley expresa que lo regule. Esto significaría que estaríamos entregando datos al gobierno de Estados Unidos sin control judicial. Dado que los ciudadanos estadounidenses no requieren visa para venir a Chile, cabe preguntarse si su gobierno entregará datos de sus ciudadanos con la misma facilidad.
Como si la regulación interna no fuera lo suficientemente pobre, ahora se incluyen datos personales entre aquellos derechos que fungen como moneda de cambio por ventajas dudosas.
Más allá de la viabilidad política de los proyectos de ley o de la transición a un gobierno distinto al que los presentó, hay que cuestionar la forma en que son tratados los datos personales de los ciudadanos. Abrir la puerta al tráfico transfronterizo de datos personales sin un debate público y abierto, demuestra la poca preocupación por los derechos de las personas.
En numerosas ocasiones, hemos hecho hincapié en la pobre protección a los datos personales en Chile. También hemos denunciado la pérdida de derechos que negociaciones tales como el TPP implican para las personas. Aunque confiamos en el rechazo de las iniciativas más dañinas, es necesario mantenernos alertas ante la nefasta tendencia a negociar con nuestros derechos.
