En una Internet bajo vigilancia, NetMundial intenta convertirse en una plataforma para repensar la forma en que se administra globalmente Internet. Si la nueva mirada a la gobernanza de la red no se hace desde el interés público, ésta y otras reuniones serán irrelevantes para nuestros derechos.
Net mundial es un encuentro multilateral sobre gobernanza de Internet, pero ¿es eficaz este modelo?
¿Es la gobernanza de Internet una farsa? Y su modelo multisectorial, donde participan múltiples partes interesadas, ¿es algo más que solo una ilusión? En el contexto de la vigilancia en Internet y violaciones de nuestro derecho a privacidad por organismos de inteligencia como los de Estados Unidos, no son pocos los que se hacen estas preguntas, resumidas hace algunos días en la columna del activista Jérémie Zimmermann. La poca relevancia de la gobernanza de Internet y su modelo multisectorial para detener o controlar las prácticas masivas que violan nuestros derechos humanos, hacen pensar a algunos que el modelo está, a lo menos, obsoleto.
Pero más allá de posiciones particulares, una cosa parece cierta: las revelaciones de Edward Snowden han dejado en evidencia que la administración global de Internet es un elefante grande y pesado, con poca reacción ante atentados que apuntan directamente contra la libertad en Internet.
Lo de la NSA no es una excepción a la regla: muchas veces pareciera que las grandes discusiones sobre derechos en Internet están jugándose en otro campo, lejos de los Internet Governance Forum (IGF): los derechos de autor en tratados económicos como el TPP o la neutralidad de la red como meros acuerdos entre privados, son solo algunos ejemplos de cómo instancias fuera de estos procesos terminan llevando a resoluciones mucho más vinculantes y efectivas que afectan y amenazan globalmente la red.
Las revelaciones realizadas por Edward Snowden demuestran que las grandes decisiones sobre materias como la vigilancia en Internet se realizan lejos de las reuniones multilaterales. CC BY (mw238) SA
Para Zimmermann y muchos otros, el modelo multisectorial de la gobernanza de Internet (más conocido como multistakeholder) ha posibilitado el estancamiento en infructuosas conversaciones y, por ende, no ha sido una herramienta concreta de defensa de Internet y derechos de los usuarios.
El modelo multisectorial tiene su lado bueno: ha sido un esfuerzo consistente en los últimos años, donde las múltiples partes interesadas en la gobernanza de Internet pueden participar. Allí se encuentran no solo gobiernos, sino también la sociedad civil, las empresas y el mundo docente. Aquello ha significado que participen en la discusión actores que antes simplemente estaban excluidos, enriqueciendo el diálogo entre partes que no tienen otra instancia para conocerse.
Pero no hay que ser inocentes. El modelo multisectorial no implica un proceso completamente democrático, solo porque todos los actores se sienten en la misma mesa. Las relaciones de poder entre cada uno de esos actores distan de ser iguales. Sería iluso pensar que Gobierno chileno pesa lo mismo que el Ruso, o Comcast lo mismo que alguna empresa local proveedora de Internet.
No obstante, culpar solo al modelo multisectorial de la poca efectividad de la gobernanza en Internet puede ser exagerado. Es necesario avanzar a un modelo descentralizado, participativo y efectivo, donde los actores honren los consensos y compromisos adoptados, pero debe reforzarse un marco de acción que hoy parece ser prácticamente invisible: el interés público.
Es necesario crear una agenda de gobernanza de Internet decidida a avanzar desde el interés público. De otra forma será irrelevante para la defensa de nuestros derechos. CC BY (Junior Melo) – SA
Internet es un bien común. Por eso es que instancias globales de administración de la red se han erigido: no pertenece a ningún gobierno, a ningún país, a ninguna empresa. Es una plataforma que nos pertenece a todos los ciudadanos del mundo. En ese contexto, cualquiera que sea el modelo que tome la gobernanza de Internet, el interés público debiera ser el norte de cualquier actor, independiente de su agenda y de su poder.
Hoy, el interés público ha perdido protagonismo entre otros intereses y dobles discursos que se camuflan en la participación del modelo multisectorial. Antes de volver a revisar de nuevo el modelo de administración, se debe reafirmar un marco general: una agenda de gobernanza de Internet decidida a avanzar desde el interés público, para fortalecer este bien público llamado Internet. Y es necesario que esto ocurra en todos los frentes, ya sea un acuerdo de libre comercio, un contrato entre privados, o la presentación de un nuevo proyecto de ley. De otra forma, independiente del modelo, la administración global de la red corre el riesgo de ser un espacio irrelevante para la defensa de nuestros derechos.
Hablar de derechos en Internet también significa darle espacio a una perspectiva de género. Casos recientes tanto en Chile como en otros países nos hacen preguntar si derechos como la libertad de expresión y la privacidad tienen un efecto diferenciado desde el género de los sujetos.
Afiche de campaña sobre tecnología y violencia de género
Por Danae Tapia*.
La foto de una mujer posando en el incendio de Valparaíso fue comentada ampliamente en las redes sociales. Sorna y clasismo emergían de múltiples opiniones que la criticaban por inoportuna y, principalmente, por pobre. Su imagen, diseminada en la red sin su consentimiento, fue intervenida en una serie de memes e incluso en poleras que se venden a diez mil pesos.
No es la primera vez que en Chile se viraliza la imagen de una mujer para el goce de la audiencia virtual. Hace algún tiempo, un video de dos estudiantes de la Universidad Adolfo Ibáñez que tenían relaciones sexuales en un paseo, fueron rápidamente compartidas por WhatsApp. Las críticas a la mujer que protagonizaba el material no tardaron, su Facebook y datos personales fueron filtrados y tuvo que rendirse al acoso digital. De su compañero varón, se supo mucho menos.
Pero quizás el caso más recordado es el de la adolescente del video “Wena Naty”, cuya imagen en acciones de significación sexual con un compañero de colegio fue ampliamente difundida en el año 2007. Curiosamente, el hecho fue abordado por la prensa y “analistas digitales” como “el primer viral chileno”, una simple anécdota. Este caso tampoco es considerado entre el público general como de violencia contra la mujer, a pesar de que implica un claro acoso digital y, además, una publicación con contenido sexual donde intervienen menores de edad.
«Women should», la campaña de violencia de género en Internet de la ONU
Los ataques de género en Internet no se agotan con la violencia a las mujeres. El acoso homofóbico también está presente en muchas de las interacciones diarias en la red. Lo anterior, solo hace reforzar la necesidad de una reflexión más profunda sobre cómo los derechos son un campo de batalla y cómo pueden ser abordados desde categorías mucho más significativas como género y clase social. ¿Es el acoso en Internet una excepción al derecho fundamental de libertad de expresión y en qué medida? ¿Afecta la violación al derecho de privacidad de igual forma a las mujeres o comunidad [ref]LGBT[/ref] [fn]Siglas que designan colectivamente a lesbianas, gais, bisexuales y transexuales[/fn] que al género masculino?
Esta reflexión es parte de una tendencia internacional. Por ejemplo, nos encontramos con el caso del “Blog chicas bondi” en Argentina, donde el acoso callejero de mujeres fue discutido tanto desde la libertad de expresión como desde el derecho a la privacidad. Por otro lado, la agrupación [ref]APC[/ref] [fn]Asociación para el Progreso de las Comunicaciones[/fn] (de la que nuestra organización es miembro) ha levantado la bandera de la violencia de género en Internet, haciendo campañas públicas como “Take Back The Tech”. La ONU también ha comprendido la gravedad del asunto a través de «Women should».
Asimismo, aceleradamente nos acercamos a prácticas como el «revenge porn», el “cyberstalking”, el chantaje con material comprometedor o el ya extendido machismo en una serie de redes sociales con incluso “líderes de opinión” dedicados a dirimir sobre el aspecto físico de las mujeres, cuestionar la pertinencia de la igualdad de derechos y el ataque desinformado al feminismo.
Un meme de Take Back the Tech!
En Derechos Digitales creemos que hoy enfrentamos varios desafíos en esta área, que parten por reconocer que muchos casos de violencia en entornos digitales son lisa y llanamente violencia de género. Desde una perspectiva de derechos fundamentales, estos casos implican afectar la privacidad de varios grupos sociales marginados sin que exista ningún atisbo de interés público, de hecho, todo lo contrario. En ese contexto, es más necesario que nunca entender a Internet como un espacio político que no es ajeno a la ideología y, por tanto, los esfuerzos de la sociedad deben dirigirse a contribuir a una red igualitaria y feminista.
Mientras que en Europa invalidaron la norma que forzaba a los prestadores de Internet a recolectar información de sus clientes, el registro de las IPs en Chile es obligatorio y pobremente regulado, amenazando el derecho a la privacidad de todos los ciudadanos.
Cada vez que entramos a Internet, se nos asigna un número que nos identifica. La ley chilena obliga a los proveedores a guardar registro de esta información. CC BY (Steve Rhode) NC – ND
Hace unos días, la Corte de Justicia de la Unión Europea decidió invalidar la directiva 2006/24 sobre retención de datos – que obliga a los proveedores de servicios de Internet a guardar información sobre sus clientes – debido a que amenaza los derechos fundamentales a la privacidad y a la protección de los datos personales con que cuentan los ciudadanos europeos.
La directiva declarada inválida data del año 2006 y obliga a que todos los datos de telecomunicaciones sean recolectados indiscriminadamente por los proveedores, quienes deben guardarlos por entre 6 meses y 2 años. Registros de llamadas telefónicas y de conexiones a Internet se encuentran entre esos datos.
Sin embargo, antes de alegrarnos por la buena noticia, cabe preguntarnos cuál es la realidad chilena en la materia, específicamente en el caso de la retención de datos sobre nuestras conexiones a Internet.
La retención de direcciones IP
Cada vez que nos conectamos a la red, nos identificamos con una cifra única, conocida como número IP (“Internet Protocol”). Las interacciones que tenemos en la red van dejando como huella ese número: en los sitios web que visitamos, cuando chateamos, cuando descargamos archivos.
Dado que ese famoso número IP [ref]no es siempre el mismo[/ref][fn]A la mayoría de las conexiones residenciales de Internet se le asigna un número cada vez que inicia sesión con su proveedor de servicios de Internet, que tiene una cantidad de direcciones IP que va asignando dinámicamente a sus clientes. Con esto, si sabemos una dirección IP de, digamos, Entel, basta conocer la fecha y hora de la misma para poder asociarlo con un usuario determinado[/fn], para poder identificar a usuarios específicos de Internet, el Código Procesal Penal en Chile obliga a los proveedores de Internet a retener toda esa información de conexión por no menos de un año, de la misma forma indiscriminada y poco selectiva que en la Unión Europea.
La privacidad es un derecho básico de los ciudadanos y eso vale también para los entornos digitales CC BY(g4ll4is)-SA
La privacidad en Internet en Chile, amenazada
Todos esos datos de conexión son, indudablemente, datos personales, que pueden conducir a nuestra identificación y, con ello, merecen una especial protección legal. Esto no ocurre hoy en Chile, pues no existen mayores regulaciones ni fiscalización sobre la seguridad de esta información. Sumado a lo anterior, el lenguaje del Código Procesal Penal es sumamente vago al señalar que el listado de datos quedará «a disposición» de la fiscalía.
En la práctica, lo anterior significa que los fiscales pueden acceder a nuestros registros de conexión indiscriminadamente, pues no existe ningún control judicial ni de otra clase para acceder a esta información. [ref]Como hemos denunciado anteriormente[/ref][fn] En casos como el de huelga.cl o loserpower.com[/fn], tampoco existen mayores controles para la obtención de datos desde servidores web chilenos, dada la práctica de pedir «voluntariamente» información de terceras personas a los administradores de los sitios, sin contar con la orden judicial correspondiente.
La suma de estos factores amenaza gravemente la privacidad de los chilenos. Por ejemplo, un fiscal podría pedirle a un sitio nacional (un foro de enfermos crónicos, un sitio de pornografía o de intercambio de archivos) una lista de direcciones IP de sus visitantes y cruzarla con la lista que poseen los prestadores de servicio nacionales. Esto significa que los fiscales pueden saber qué sitios web visitas, sin mayores controles judiciales y sin notificar a los usuarios afectados, infringiendo sus derechos de manera secreta, desproporcionada y potencialmente ilegal.
Soluciones posibles
El Estado debe ser el primero en respetar nuestros derechos fundamentales. CC BY (Global Voices Online) – SA
De acuerdo con la decisión de la Corte de Justicia de la Unión Europea, la directiva de retención de datos atenta contra los derechos fundamentales de los europeos, dado el carácter indiscriminado de la retención. En Chile, el escenario es similar. La mantención de registros de conexión por más de un año implica una amenaza constante a nuestra privacidad, tratando a todos los chilenos que usan Internet como sospechosos de delitos.
A la luz de lo anterior, es completamente inaceptable que un sistema de retención de datos como el nuestro siga funcionando. Cabe con urgencia eliminarlo o implementar una serie de medidas de seguridad que limiten la recolección y uso de estos datos a hipótesis específicas y controladas por los tribunales de justicia, sumado a la notificación inmediata o próxima en el tiempo a los afectados.
La protección de nuestra vida privada es un derecho fundamental y medidas como ésta son una forma más en que la que el estado puede ejercer la vigilancia sobre sus ciudadanos, sin una razón que lo ampare ni controles suficientes. El Estado debe ser el primero en respetar nuestros derechos fundamentales, particularmente cuando es en aras de proteger los derechos de otras personas.
Para lograr exención de visa, el gobierno de Sebastián Piñera envió un proyecto de ley que facilita el intercambio de datos personales entre Chile y Estados Unidos BY (US Embassy Santiago) -NC – SA
Según cifras oficiales, más de 240 mil personas viajaron a Estados Unidos en 2013. Se espera que esa cifra aumente un 30%, tras la entrada en vigencia de la “Visa Waiver”, que permite a los ciudadanos chilenos viajar con la exención de visa.
Los requisitos que Chile debió cumplir para integrar el selecto club son conocidos: baja tasa de rechazo de visas, implementación del pasaporte electrónico, creación de un registro de pasaportes denunciados por robo. Pero también compartir información de seguridad, aumentar el control de fronteras y suscribir un [ref] acuerdo de cooperación en la prevención de delitos graves[/ref]. [fn]Firmado en Washington en mayo de 2013; se tramita su aprobación en el Congreso.[/fn]
Para cumplir con estos requerimientos, el gobierno de Sebastián Piñera envió un proyecto de ley que facilita el intercambio recíproco de información con otros países. Estos nuevos estatutos cambiarían significativamente la regulación de los datos personales en Chile. Pero no en un sentido de protección, sino al contrario, pues el tratado exige intercambio de información, incluso más allá de las restricciones legales.
Estas modificaciones legales intentan legitimar la entrega de datos personales ante la simple solicitud de «organismos gubernamentales» extranjeros, justificando el envío de datos entre Estados en virtud de un simple tratado.
En otras palabras, se facilitaría la entrega de datos personales de chilenos sin mecanismos de control relacionados con la transferencia internacional de datos, ni una ley expresa que lo regule. Esto significaría que estaríamos entregando datos al gobierno de Estados Unidos sin control judicial. Dado que los ciudadanos estadounidenses no requieren visa para venir a Chile, cabe preguntarse si su gobierno entregará datos de sus ciudadanos con la misma facilidad.
Como si la regulación interna no fuera lo suficientemente pobre, ahora se incluyen datos personales entre aquellos derechos que fungen como moneda de cambio por ventajas dudosas.
Más allá de la viabilidad política de los proyectos de ley o de la transición a un gobierno distinto al que los presentó, hay que cuestionar la forma en que son tratados los datos personales de los ciudadanos. Abrir la puerta al tráfico transfronterizo de datos personales sin un debate público y abierto, demuestra la poca preocupación por los derechos de las personas.
En numerosas ocasiones, hemos hecho hincapié en la pobre protección a los datos personales en Chile. También hemos denunciado la pérdida de derechos que negociaciones tales como el TPP implican para las personas. Aunque confiamos en el rechazo de las iniciativas más dañinas, es necesario mantenernos alertas ante la nefasta tendencia a negociar con nuestros derechos.
Lollapalooza Chile anunció que los asistentes podrán pagar por estar en una zona con Wi-Fi habilitada, a cambio habrá un monitoreo constante. ¿El verdadero costo? La privacidad de los usuarios y la neutralidad de la red.
Haz saber tu molestia a los organizadores, participa en la campaña #FreeLolla.
Para evitar que te quedes sin tuitear mientras ves a tu músico favorito, el popular festival de música Lollapalooza, en su versión chilena (que se hará este 29 y 30 de marzo) anunció que habilitará una zona de 5000 m2 con Wi-Fi, al que los asistentes podrán acceder comprando un vale de $6000 pesos chilenos (un poco menos de 11 dólares), válido para ambos días.
Pero eso no es todo. La productora anunció el “monitoreo constante” de la red, asegurándose el derecho a bloquear a cualquier usuario por “uso inapropiado”. Si bien los organizadores se han referido públicamente diciendo que pretenden evitar “el mal uso” de la red – por ejemplo, usándolo como hotspot – la forma en que pretenden verificar este mal uso dista de ser proporcional y razonable.
Aunque pueda ser entendible querer proteger el modelo de negocio evitando que los hotspots informales se propaguen y, en definitiva, colapsen la red, de ello no se concluye necesariamente que la mejor forma de hacerlo sea a través del monitoreo del tráfico. Existen diversas maneras de evitar la sobrecarga de la red y que no ponen en riesgo la privacidad de quienes la usan.
Por lo demás, el “uso inapropiado de la red” es de aquellos conceptos que, por su amplitud, se convierten en el arma perfecta para hacer cualquier cosa. Es difícil de determinar qué constituye un uso “apropiado” de la red en estas condiciones. ¿Qué tal si decides subir todas las fotos de una vez a Instagram? ¿Si quieres compartir varios videos a través de Facebook? Sin ir más lejos, fue precisamente para evitar que privados sean quienes determinen el contenido de estos conceptos que en Chile terminamos teniendo una ley de neutralidad de red.
No contrates Wi-Fi de Lollapalooza hasta que sus políticas de privacidad mejoren.
Adicionalmente, muchas de las aplicaciones móviles más usadas -como por ejemplo Whatsapp- tienen conocidos y documentados problemas de seguridad, que hacen relativamente trivial poder desencriptar los mensajes enviados a través de esta plataforma en una red constantemente monitoreada. ¿Es ese el costo –adicional a los $6000 a pagar por poder acceder al servicio- que los usuarios debieran pagar por querer compartir sus mejores momentos a través de la red?
No existe un servicio público dedicado a la protección de nuestros datos, ni menos mecanismos efectivos que sancionen a quienes trafican nuestra información sin nuestro consentimiento. Mientras ello no ocurra, es necesario hacer un uso inteligente de la manera en que accedemos y usamos Internet.
No temerle a Internet significa también tomar medidas para evitar los abusos amparados en vacíos legales. Una de esas medidas es, hoy, no contratar el servicio Wi-Fi de Lollapalooza hasta que sus políticas de privacidad no pongan en riesgo la tuya. También, si quieres expresar tu protesta, puedes unirte a esta campaña en Twitter y pedirle a @LollapaloozaCL que no monitoree las redes, usando el hashtag #FreeLolla. Solo haz clic en el siguiente botón.
De acuerdo con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
La libertad de expresión en Internet permite el libre debate en asuntos de interés general. También facilita el desarrollo, el buen gobierno y la implementación de garantías democráticas. En Internet, la vulneración de este derecho se manifiesta principalmente de tres maneras: la prohibición de acceso a Internet, la censura, y el bloqueo de sitios o contenidos.
En las últimas semanas nos hemos encontramos con dos estudios que contrastan. Por un lado, el listado “Enemigos de Internet”, elaborado por Reporteros sin Fronteras. En el otro, la demanda popular por un Internet más libre, compartida en la mayoría de los países emergentes y en desarrollo, según un reciente estudio publicado por la agencia Pew Reseach.
Los países “enemigos de Internet”
La organización Reporteros sin fronteras publicó su reporte anual que señala cuáles son los países que más atentan contra la libertad de Internet.
La lista de ochos países “enemigos de Internet” incluye a Estados Unidos, debido a la políticas de vigilancia de la NSA; el Reino Unido, que ostenta el título no oficial de “campeón mundial de la vigilancia”; India, donde el gobierno tiene un acceso ilimitado y en tiempo real a la mayor parte de la comunicación electrónica de Internet; China, donde más de setenta proveedores de información y muchos periodistas están encarcelados por comentarios y opinión en la red; Corea de Norte donde solo un 10% de la población tiene un acceso (restringido) a Internet; Rusia con su programa de vigilancia SORM; Siria que controla completamente la actividad de los proveedores de Internet, e Irán que monitorea toda actividad digital de la red y castiga a los que propasan los límites de su autoritarismo.
Aparte de estos ochos gobiernos, múltiples atentados a la libertad de expresión en línea acontecen frecuentemente en muchos países del mundo, y particularmente en los países en desarrollo, como en el caso de Turquía.
Los países emergentes quieren libertad en Internet
Según la encuesta, los habitantes de 22 países, sobre 24 que formaron parte del estudio, opinan en su mayoría que es importante que la gente tenga acceso a Internet sin censura.
Lo que se desprende del estudio es que el apoyo a la libertad de expresión es particularmente importante en los países con más penetración de Internet. En Argentina y Chile, por ejemplo, dos tercios de los ciudadanos tienen acceso a Internet[ref].[/ref] [fn]En el estudio del Pew Research Center, el nivel de penetración de Internet de Chile parece más bajo del de Argentina aunque resulta el contrario en los estáticos del ITU: en 2012, el porcentaje de ciudadanos chilenos que utiliza Internet se eleva a 61,42 % mientras que sólo 55,8 % ciudadanos argentinos utilizan Internet.[/fn]
Los jóvenes son los que más apoyan la idea de un Internet libre de censura. También, parece que el interés por un Internet libre y sin censura es más importante por las categorías de ciudadanos [ref]más educados[/ref] [fn] Por ejemplo, 73% de los tunecinos que son graduados apoyan el hecho que Internet debe esté libre de censura del gobierno.[/fn], y con mejores [ref]ingresos[/ref][fn]Por ejemplo, 71% de los kenianos con altos ingresos dicen que es importante que Internet esté libre de censura, mientras que solamente 44% de los kenianos con bajos ingresos opinan lo mismo.[/fn] . Todo esto vinculado con el hecho de que en manera general, los más pobres de estos países no tienen acceso a Internet, así que no cuentan con suficientes herramientas para opinar sobre este asunto.
Especialmente interesante es que Chile figura como el tercer país en la lista de los que quieren un Internet sin censura del gobierno. Por lo tanto, el nivel de censura en Chile no es importante, a diferencia de Líbano, Venezuela y Argentina. Este resultado es positivo y demuestra que los chilenos son favorables al desarrollo de un Internet libre.
Getty Images, el banco de imágenes digitalizadas más grande del mundo, ha anunciado la apertura de su catálogo para usos no comerciales. Y aunque indudablemente se trata de un cambio interesante en su modelo de negocios ¿ayuda al fortalecimiento de la cultura libre?
Getty Images abre su catálogo a los usos no comerciales
Pese a que probablemente usted nunca haya entrado al sitio web de Getty, ni mucho menos pagado por el uso de alguna de las fotografías de su catálogo, es altamente posible que las haya visto. Dado que el lenguaje HTML utilizado en Internet hace relativamente sencillo copiar y pegar contenido de un lugar a otro, una cantidad importante de fotografías de Getty se encuentran de facto disponibles en la web, a través de cualquier búsqueda de imágenes.
¿Cómo enfrentar esta realidad? A menos que se le pida consejo a un estudio de abogados ávido por prestar sus servicios, la estrategia de demandar a los usuarios infractores nunca ha resultado demasiado persuasiva. Competir con lo gratuito requiere esfuerzos creativos adicionales, que es donde precisamente se ubica esta nueva estrategia de Getty.
La estrategia de Getty parece aceptar la existencia de prácticas comunes que parecen no ser un obstáculo para el negocio. BY (WilliamHdez) NC – ND
Y éste es quizás el aspecto más interesante de la noticia: La apuesta comercial pareciera reconocer no solo la inviabilidad de la estrategia judicial, sino además la existencia de un espacio de prácticas comunes que parecen no ser un obstáculo para el negocio de un repositorio comercial de imágenes en línea, que es que grandes medios y empresas compren los derechos sobre sus fotografías, y no una persona que quiera ilustrar una publicación en un blog o las redes sociales. Porque sencillamente no es lo mismo una compañía de cosméticos que quiere usar una imagen para vender crema facial que un usuario de Facebook.
Getty está legalizando privadamente los usos no comerciales de los usuarios. Además de impedir los usos comerciales directos, las condiciones no permiten redimensionar las imágenes ni reproducirlas, siendo el código incrustable -aun fácil de manipular- la única forma de poder hacer uso de las fotografías.
Si bien esta condición podría hacer asimilable la autorización a una licencia Creative Commons, la verdad es que dista de serlo, en parte porque Getty no contribuye a la creación de una cultura más libre ni a la masificación de su catálogo a través de la reproducción y re-utilización.
La apertura de parte de su catálogo es una interesante apuesta comercial y una gran noticia para quienes hacen usos de imágenes sin ánimo de lucro o las necesitan para ilustrar sus trabajos, pero no ayuda al fortalecimiento de un patrimonio cultural colectivo propio del siglo veintiuno.
La propuesta de Getty es interesante, pero no ayuda al fortalecimiento de un patrimonio cultural colectivo
Esfuerzos como el de Getty son interesantes y permiten explorar modelos de negocios innovadores, pero no resuelven los problemas derivados de un modelo de derechos de autor maximalista y extremo. Las bibliotecas siguen necesitando un cuerpo de excepciones y limitaciones y, en general, se necesita tener una gran excepción que permita hacer usos y reutilizaciones no comerciales de obras protegidas. No existen buenas razones para continuar considerando ilícitos los usos que diaria y masivamente hacen usuarios de redes sociales y correo electrónico.
Quizás la apuesta de Getty puede ser un primer paso para que aquellos que insisten en la estrategia del maximalismo extremo del derecho de autor puedan ver el problema de la piratería también con creatividad.
La colaboración entre el Gobierno mexicano, Estados Unidos y GoDaddy, empresa proveedora de dominios, para dar de baja el sitio 1DMX.ORG nos recuerdan que la censura en Internet es un problema real y plantean la duda respecto a cuáles son las herramientas con las que cuenta la ciudadanía para hacer frente a estos abusos.
Con ayuda de Estados Unidos y el proveedor de nombres de dominio GoDaddy, el Gobierno Méxicano censuro 1DMX.ORG, sitio web de oposición a Peña Nieto
El 1 de diciembre de 2012, Enrique Peña Nieto asumía como presidente de México. Después de 12 años fuera del gobierno, el regreso del PRI al poder fue recibido con manifestaciones fuertemente reprimidas, alegatos de detenciones arbitrarias y denuncias de violaciones a los derechos humanos.
En ese contexto nace 1DMX.ORG, sitio web dedicado a informar y documentar los abusos cometidos contra la oposición a Peña Nieto, otorgando una plataforma para compilar las fotografías y videos realizados por la ciudadanía, y rebatir la versión del oficialismo sobre los hechos.
Un año más tarde, el sitio web es eliminado de Internet, en un confuso incidente que involucra al Gobierno mexicano, la embajada estadounidense en México y GoDaddy, la empresa de gestión de nombres de dominio más grande del mundo.
El 2 de diciembre de 2013, 1DMX.ORG ya no estaba en Internet. Sin una advertencia previa, GoDaddy había hecho desaparecer el sitio. Cuando los dueños preguntaron qué había ocurrido, el proveedor de dominios declaró que la web fue dada de baja debido a que el Departamento de Seguridad Nacional de la embajada estadounidense en México mantenía “una investigación policial en curso” sobre él.
Siguiendo las instrucciones de GoDaddy, los responsables se contactaron con un agente especial de la embajada, quien se negó a entregar cualquier información sobre la investigación que afectaba al sitio web.
Hay que entender que Internet solo es importante en tanto sirve para el desarrollo y fomento de los derechos humanos. BY (Aussie Gold) NC-SA
Ante la negativa, el equipo responsable de 1DMX.ORG interpuso un recurso de amparo, alegando la violación del marco legal que protege la libertad de expresión en México. Un juez ordenó la investigación del caso y, a pesar de la falta de cooperación de algunas instituciones públicas, finalmente GoDaddy reveló el nombre de la institución que ordenó la baja del sitio web.
Se trata del Centro Especializado en Respuesta Tecnológica (CERT), un organismo que depende de la Policía Federal, que a su vez está bajo la responsabilidad de la Comisión Nacional de Seguridad, que en última instancia responde a la Secretaría de Gobernación. La embajada estadounidense en México habría servido como pantalla para realizar la baja del sitio web sin despertar sospechas.
Claramente estamos frente a un atentado grave contra la libertad de expresión y el ejercicio democrático donde dos gobiernos, ayudados de una empresa privada, complotan para censurar una opinión disidente. Es urgente que el Gobierno mexicano dé las explicaciones correspondientes a sus ciudadanos y busque la manera de garantizar el ejercicio político y de libre expresión tanto en Internet como fuera de ella. También en este mismo sentido es Estados Unidos el que debe dar explicaciones. Y GoDaddy no puede seguir guardando silencio cuando ha traicionando la confianza de sus usuarios y atentando contra sus derechos.
la censura en Internet no es algo nuevo ni exclusivo de los regímenes dictatoriales. BY (opensourceway) – SA
Este caso además nos hace reflexionar sobre el frágil ecosistema donde descansa la libertad de expresión en Internet. Cuán diferente hubiese sido el caso de 1DMX.ORG si sus administradores hubiesen tenido la oportunidad de una legítima defensa antes de dar de baja el sitio. Un debido proceso es fundamental para velar por la libertad de expresión en Internet, con la participación de un juez que evalúe los méritos del requerimiento y garantice los derechos de las partes.
También podemos ver el papel fundamental que los privados tienen hoy en el respeto y fortalecimiento de la libertad de expresión en la red. Actuar de la manera en que lo hizo GoDaddy es atentar contra los derechos fundamentales de sus propios usuarios y es inaceptable. Es imprescindible que los ISPs, los proveedores de hosting, las empresas de registro de dominio, las plataformas web y todos los privados que prestan servicios en Internet, cuenten con una visión de derechos humanos en la gestión de la información que los usuarios les confían.
Hoy 1DMX.ORG está nuevamente disponible en Internet: GoDaddy restituyó el dominio, sin dar ninguna explicación a la fecha de este artículo. Tal como se indica en el mismo sitio web, quizás la lección más importante que podemos sacar de un caso como éste es crear conciencia de que la censura existe, pero también de que “puede ser detenida mediante la denuncia”.
Dicen que “House of Cards” es tan exitosa que Netflix necesitó llegar a un acuerdo con Comcast, el proveedor de Internet más grande de Estados Unidos, para que el servicio de películas streaming pudiera soportar su emisión sin caerse. Dicen, también, que ese acuerdo ha sepultado el principio básico de Internet: su neutralidad. Nosotros nos preguntamos si Estados y sociedad civil están preparadas para un nuevo estadio en la discusión.
Netflix pagará a Comcast, la empresa proveedora de cable e Internet más grande de Estados Unidos, para mejorar la difusión de sus contenidos, violando así la neutralidad de la red
Hay que comenzar este artículo con la frase menos vendedora de todas: la neutralidad de la red es un tema complejo.
Aunque parezca un recurso cliché, es necesario comprenderlo, porque si bien el principio que la rige es simple («el derecho de los usuarios a acceder a cualquier contenido, aplicación o servicio en Internet, sin la intervención de proveedores o la censura de empresas, gobiernos y administraciones»), lo que en el fondo se discute y cómo se discute, plantea un escenario con múltiples capas.
Parte de su complejidad se puede observar con el polémico acuerdo Netflix-Comcast, que le permitirá a Netflix mejorar la difusión de sus videos en línea, mediante un pago al proveedor de cable y web Comcast, el más grande en Estados Unidos.
El problema de neutralidad de la red que se denuncia es que al pagar, se le dará prioridad a la comunicación de paquetes de Netflix por sobre otros servicios de la web (que podría ser perfectamente tu propio sitio), por lo que se viola la idea de neutralidad, en tanto se favorecería el acceso a unos servicios por encima de otros.
En palabras simples, este acuerdo significaría que quien paga puede llegar de mejor manera al usuario que el que no lo hace. Esto atenta a los cimientos básicos de no discriminación en la comunicación de la red, que ha hecho que exista Internet hoy como la conocemos: una plataforma multipropósito y de alcance masivo.
«No a los sobornos en Internet» dice el cartel de un activista pro neutralidad en la red. BY (Steve Rhodes) NC – ND
Pero, como ya lo decíamos, el problema es más complejo que un atentado más a la neutralidad de la red. Acá resumiremos algunas de las perspectivas que se develan con este acuerdo y que como organización nos parecen relevantes:
a) La demanda ha cambiado. La red ya no es el intercambio de pequeños archivos de texto entre usuarios. Hoy, parte importante del tráfico en Internet son grandes paquetes de información, que pueden representar tanto películas en streaming como el tráfico P2P, por ejemplo. Ante ese cambio exponencial en la demanda de servicios (que muchas veces está comandada tanto por emergentes como consolidadas empresas), la pregunta es cómo la discusión de la neutralidad de la red puede enfrentar ese nuevo foco sin caer en la idea de que es un problema exclusivo entre proveedores y otras empresas, como parece ser el caso Netflix-Comcast. Desafío que, por sobre todo, debe ser resuelto por los Estados, considerando que hoy casi la totalidad de la infraestructura que hace funcionar Internet es privada.
b) ¿Quién está fijando las reglas sobre neutralidad de la red hoy? A propósito del punto anterior, no es menos relevante lo que el acuerdo Netflix-Comcast revela: que las decisiones importantes sobre neutralidad de la red, en términos concretos, están siendo tomadas por las empresas privadas. ¿Dónde están los organismos multisectoriales y los Estados?
Este hecho es grave, en tanto la perspectiva pública de la neutralidad de la red queda marginada en la discusión. La demora en regular efectivamente el tema ha significado que el sector privado estructure una serie de acuerdos como éste e iniciativas como internet.org, que atentan contra el principio de neutralidad de la red y van delante de los esfuerzos estatales y de los organismos internacionales y multisectoriales.
Para más información sobre neutralidad de la red, revisa «Cómo funciona Internet», libro electrónico que puedes descargar haciendo clic en la imagen.
c) ¿Quién resguarda los derechos humanos en juego? No tener perspectiva pública sobre la neutralidad de la red hace que la discusión se reduzca a asuntos técnicos y de recursos, abandonando lo que implica una Internet neutra para el desarrollo de los derechos humanos: la posibilidad de que la red sea una plataforma de comunicación y de libertad de expresión para todos los ciudadanos. Abandonar esa perspectiva es simplemente renunciar a la red como un espacio de desarrollo social y de derechos humanos.
Los puntos anteriores son solo una muestra de la complejidad a la que nos enfrentamos. Aún así, todo indica que es necesario ampliar el foco de la discusión y, por sobre todo, tanto Estados como sociedad civil, estar preparados para enfrentar una discusión altamente técnica desde la perspectiva de los derechos humanos, de manera oportuna. Si no lo hacemos, la neutralidad de la red será solo un problema entre privados que no atiende a los intereses públicos en juego.
La millonaria adquisición de la plataforma de mensajería revela un hecho que a menudo olvidamos: rara vez los servicios en Internet son gratuitos. Muchas veces los pagamos con nuestros datos personales.
Aproximadamente USD $42 pagó Facebook por cada uno de los 450 millones de usuarios de WhatsApp. BY (Sam Azgor)
19.000 millones de dólares pagará Facebook por WhatsApp, la popular aplicación de mensajería instantánea, según anunció el pasado miércoles la compañía de Mark Zuckerberg. Los expertos coinciden en que se trata de una maniobra para aumentar la presencia de la red social en los teléfonos móviles, segmento de usuarios que les había resultado un tanto esquivo, hasta ahora.
Evidentemente, esto significará integración entre ambas plataformas, con nuevos servicios que probablemente facilitarán e incentivarán su uso, al mismo tiempo que la compra complementa el volumen y la calidad de los datos personales que Facebook maneja.
¿Y qué datos maneja WhatsApp? En primer lugar, el servicio de mensajería coloca como exigencia básica que sus usuarios revelen su número de teléfono, pero no solo eso: al aceptar los términos de uso de la aplicación, les permites recolectar toda la información contenida en la agenda de tu celular, incluyendo nombres, direcciones de correo electrónico y números de contacto. De modo que no importa si la usas o no, probablemente estás en la base de datos de la compañía.
Pero el verdadero potencial de esta información no radica en los datos por sí mismos, sino en la posibilidad de triangularlos con toda la otra información que Facebook ya posee sobre nosotros. Hay que recordar que tanto WhatsApp como Facebook han sido cuestionados por sus políticas de privacidad. La pregunta es obvia: ¿deberíamos preocuparnos?
Internet ha crecido de forma en que la mayor parte del tráfico depende un pequeño grupo de compañías gigantescas, que colectan mucha información sobre sus usuarios. BY (justinmatthew21) – NC-SA
En primer lugar, la adquisición de WhatsApp por Facebook es un claro ejemplo del modo en el que se ha desarrollado Internet en los últimos años, donde la mayoría del tráfico de información depende, en gran medida, de un grupo bastante reducido de empresas gigantescas, que tienden peligrosamente al duopolio. De hecho, WhatsApp rechazó la oferta de mil millones de dólares realizada por Google un año atrás para comprar la compañía.
Ahora, ¿qué es lo que hace importante a una compañía como Google o Facebook? Bueno, tú. Si Facebook está dispuesto a pagar 19 mil millones de dólares por WhatsApp, es por sus 450 millones de usuarios. A ese precio, cada usuario de WhatsApp vale USD $42.
Este dato es interesante, ya que a menudo olvidamos que los servicios web rara vez son gratuitos y muchas veces los pagamos con nuestros datos personales, es decir, con nuestra privacidad. Mirado desde el prisma más pesimista, Internet se parece cada vez más a una distopía orweliana, donde dos (¿o tres? ¿o una?) compañía sabe absolutamente todo sobre ti.
Pero lejos de las visiones apocalípticas sobre la red, una cosa es cierta: cada vez tenemos menos control sobre nuestra privacidad, en gran medida porque así lo hemos elegido, quizás sin pensar que no hay vuelta atrás. No sabemos qué hace exactamente Facebook, Google, Amazon, Yahoo o Twitter con nuestra información, ni quién tiene acceso a ella.
Evidentemente, mucha de esta información queda en manos de los avisadores, grupo etéreo y misterioso, encargado de descifrar qué queremos comprar y ofrecérnoslo a través de “publicidad contextual”. Otras veces, esa información cae en manos de las agencias de espionaje gubernamental, como bien demostró Edward Snowden.
En ese sentido, sin un compromiso real de los estados por respetar la privacidad de sus ciudadanos, la existencia de mejores bases de datos es peligrosa.
El llamado es a informarse y ser usuarios responsables de Internet
Pero no se trata de generar alarma. Parafraseando una de nuestras campañas, no hay que temerle a Internet. Es por eso que la recomendación es a informarse respecto de las normas de uso y las políticas de privacidad de las plataformas que utilizamos, y ser usuarios responsables.
Nosotros somos la primera barrera de defensa a nuestra intimidad, y eso implica saber qué puedo y qué no puedo compartir en la red, en qué plataformas confiar y en cuáles no. Y también en exigir nuestros derechos, tanto al Estado con mejores regulaciones, como a los privados, con normativas claras que garanticen nuestra privacidad.
