¿Política pública o modelo de negocio?

«Internet.org» no es Internet», afirma -y con razón- Carolina Botero de la Fundación Karisma, a propósito de la llegada con bombos y platillos a Colombia del proyecto estrella de Mark Zukerberg, cabeza de Facebook. La iniciativa ha anunciado pronto arribo a México y durante el año recién pasado ya desarrolló un programa piloto en Paraguay.

A principios de 2014 Zuckerberg presentó en Zambia el proyecto, que tiene como finalidad conectar a Internet al 60% de la población mundial que actualmente no cuenta con acceso, a través de un acuerdo entre Facebook, un operador de internet local y su gobierno. Así, los usuarios con teléfonos de gama baja pueden obtener “gratis” la aplicación Internet.org, y tener acceso a limitados servicios de la red, como Facebook, Google, Wikipedia o AccuWeather, entre otros.

Un modelo de cooperación público-privada que, dicen, solo trae beneficios: Facebook, el operador local y las aplicaciones seleccionadas para estar en Internet.org tendrán un enorme y nuevo mercado que explorar, los gobiernos solucionarán sus problemas de conectividad y, claro, una enorme cantidad de personas podrán, al fin, acceder a los beneficios de internet.

Pero ¿se trata de una situación de ganar o ganar? Bajo la idea altruista de lograr por fin acabar con las barreras de acceso a internet, es necesario analizar sobre todo el rol de los Estados al adoptar Internet.org como una política pública.

¿Modelo de negocio o política pública?

Uno de los grandes problemas de este proyecto es su nombre. Dice que lo que se ofrece es internet, pero la verdad es que solo es una ventana que muestra algunos servicios. Este punto es fundamental. Si la red es un océano, Internet.org es un vaso de agua.

Internet.org, tal como los otros servicios “zero rating”, discrimina los contenidos de internet -y como se ha dicho profusamente, viola el principio de neutralidad de la red- porque justamente en eso se basa su modelo económico: abrir nuevos mercados -los usuarios largamente excluidos- y ofrecerles servicios de internet previamente acordados con Facebook.

En esta lógica, detrás del popularísimo eslogan de “dar acceso gratis a algunas aplicaciones de internet” a la población, nos encontramos más bien con un lucrativo modelo de negocio privado y, por ende, con un problema de política pública más complejo, que debería ser seriamente analizado por nuestros Estados cuando Zuckerberg les toque la puerta.

La pregunta más urgente apunta a saber quién decide finalmente sobre qué aplicaciones quedan en Internet.org en cada país. Según el vicepresidente de Facebook, la decisión la toman entre ellos, el Gobierno de turno y el operador (Tigo, en el caso colombiano). ¿Cómo se garantiza el interés público en esa decisión? ¿Cuáles son los estándares de transparencia que aplican a la misma?

También es necesario preguntarse cómo los Estados pretenden resolver el evidente problema de libre competencia que están provocando al adoptar Internet.org. ¿Cómo justifican, por ejemplo, que WhatsApp puede tener prioridad por arriba de cualquier otro servicio de mensajería online que, por lo demás, pueda ofrecer mejores medidas de seguridad a sus usuarios?

El problema se hace más interesante cuando muchos de los Estados que hoy ven con buenos ojos Internet.org, tienen sendas planificaciones de hacer versiones locales de “Silicon Valley” que puedan desarrollar la industria nacional de internet. ¿Tendrán las aplicaciones locales un lugar en ese “nuevo mercado” que indudablemente abre “Internet.org”?

Las dudas no terminan ahí. También hay implicancias en derechos humanos fundamentales, como la privacidad de los usuarios de Internet.org, considerando que el modelo de negocio sobre el que se basa Facebook descansa esencialmente en la venta de publicidad. Mientras más sabe Facebook de sus clientes, mejor puede segmentar la publicidad de la plataforma.

Y es que en esto hay que ser muy claros: afirmar que Internet.org es un servicio gratuito es una mentira. Los usuarios de Internet.org pagarán con la entrega de sus datos personales a las empresas e instituciones envueltas en esta iniciativa; sí, tal como nosotros, los que tenemos acceso a internet, lo hacemos todo los días, pero con una diferencia fundamental: nosotros tenemos la posibilidad de optar por otros servicios que nos ofrezcan soluciones respetuosas con nuestros datos y su seguridad. En Internet.org no hay libre elección posible.

Adicionalmente, considerando las preocupantes revelaciones de Snowden, Carolina Botero agrega la preocupación por la seguridad de nuestra privacidad: “Como internet es descentralizado, aunque es posible espiar masivamente, no es tan fácil hacerlo; en cambio para los usuarios de Internet.org será más fácil porque se trata de una oferta de servicios centralizados. ¿Se están tomando medidas para evitarlo?”.

Internet.org genera muchas dudas, la mayoría debido a que en el proceso de su llegada a nuestros países se ha excluido completamente el diálogo con la sociedad civil y la academia: ha sido un acuerdo entre Gobierno, Facebook y el operador local. Aquello no solo hace sospechar de Facebook, que toma el molesto rol de la empresa del mundo desarrollado que nos viene a decir cómo tenemos que solucionar nuestros problemas locales sin considerar nuestra opinión, sino fundamentalmente de nuestros Estados, los que aún no comprenden que internet y su gobernanza, al ser un asunto de interés público, debe ser una instancia de participación y diversidad.

Día de la protección de datos personales, ¿hay algo que celebrar?

En el año 2006, el Comité de Ministros del Consejo de Europa determinó marcar el 28 de enero de cada año, con el propósito de difundir los derechos que tiene toda persona sobre el uso que se da a sus datos personales y las responsabilidades que conlleva un manejo adecuado de estos. Se eligió ese día para coincidir con la fecha en que se dispuso la firma del Convenio Nº 108 para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, en 1981.

Mucho ha cambiado el mundo desde entonces y una parte importante de nuestra vida actual tiene lugar en la red, donde vamos dejando un rastro de información sobre todo lo que hacemos, dónde y con quién. Datos valiosos para aquellos dedicados a la vigilancia estatal y privada. Es por ello que creemos necesario dedicarle un segundo a revisar el estado de los objetivos trazados en la sede europea, a la luz de los cambios introducidos por la masificación de Internet.

En los últimos años hemos visto cómo se ha incrementado la presión sobre una adecuada protección a los datos personales y el legítimo derecho a la privacidad. Un área en la que esto se manifiesta de forma más patente es la persecución penal, más específicamente en las llamadas “medidas intrusivas”, aquellas que permiten romper el ámbito de protección legal a la vida privada en el marco de una investigación criminal.

Derechos Digitales ha estado investigando en esta línea, tanto en Chile como en el resto de Latinoamérica, a fin de determinar si estas medidas existen en un marco legal de afectación de derechos equilibrado, y particularmente en relación al uso de Internet y las nuevas tecnologías.

De nuestros primeros informes en la materia, hemos concluido que si bien nuestros sistemas procesales contemplan protección para la privacidad (y en algunos casos también para los datos personales de forma expresa) desgraciadamente no están suficientemente preparados para enfrentar los complejos desafíos que plantea el avance de las tecnologías digitales, muchas veces haciendo extensivas las reglas del mundo analógico, pero sin considerar sus particularidades.

Así, en el caso de Chile, los correos electrónicos han sido asimilados al correo postal tradicional para efectos de su incautación, generando distorsiones preocupantes, como que dicha medida sea aplicada sobre los servidores o los equipos completos, bajo escasos resguardos procedimentales o en desproporción respecto de la demás información contenida en ellos.

En ocasiones, este método implica no sólo afectar la privacidad y los datos personales del sujeto investigado, sino las libertades que ostentan otros individuos distintos a él y, de paso, vulnerar el principio del debido proceso y la presunción de inocencia. Así ocurre en el caso de la recolección de metadatos.

Desgraciadamente la tendencia legislativa en Chile y la región parece ir exactamente en la dirección contraria al interés de sus ciudadanos: dotar al Estado de más herramientas de control y vigilancia, en desmedro de la protección de los derechos humanos, también ejercidos en Internet.

En el caso chileno disponemos de una norma en el marco del proceso penal que permite la retención de datos tanto sobre comunicaciones telefónicas como electrónicas (direcciones IP), y existe también un anteproyecto de modificación a la ley de datos personales, cuyo texto definitivo aún no ha sido ingresado a tramitación parlamentaria, por lo que urge seguirlo atentamente, para determinar cómo podría afectar la privacidad.

Pareciera ser que aún falta bastante por hacer para poder celebrar el Día Internacional de la Protección de Datos Personales como es debido. Por ahora solo nos queda esperar que el trabajo arduo que se está desarrollando en esta área fortalezca el ejercicio de este derecho en un futuro próximo.

Esa compulsión por regular y prohibir

A propósito de la acalorada discusión en Chile respecto de la reforma a la Ley de medios por parte de un grupo de diputados, es usual suponer que todo es producto de la ignorancia de nuestros políticos. Que nuestros representantes no usan Internet “como nosotros” ni entienden el verdadero valor de la red, “como nosotros”. Que es necesario, de alguna forma, que primero “entiendan Internet” antes de pensar siquiera en regularla. Aunque quizás estas impresiones en parte reflejen la realidad, pensar que todo es producto de la ineptitud es un grave error y no deja ver las razones más importantes.

Es indudable que vivimos en un mundo muy diferente al de hace menos de diez años atrás. La masificación de los medios digitales nos ha entregado una oportunidad, tal vez única, para organizarnos y amplificar nuestros mensajes, lo que antes de Internet solo era posible a través de medios “tradicionales”. En su momento los blogs, hoy las redes sociales, mañana otra tecnología, han sido, y probablemente serán, herramientas clave para fortalecer la posibilidad de expresarse sin censura previa a través de la red.

Lamentablemente, la velocidad con que se adapta la regulación de los medios, la privacidad y el derecho de autor en América Latina va más lento que los índices de penetración de Internet, por lo que en muchas ocasiones nos encontraremos con regímenes legales que no dan cuenta de estos cambios en las condiciones en que ejercemos nuestros derechos.

BY (marsmet532) - NC-SA — Existe un desfase entre la penetración de Internet y la adaptación de las normas legales, que muchas veces se hace con temor a las posibilidades que ofrece este medio. BY (marsmet532) – NC-SA

Frente a este desfase, lo que pareciera motivar a nuestros legisladores es la compulsión a regular un espacio que parece a sus ojos como caótico, donde no es el «Estado de Derecho» quien reina, sino la sátira, la crítica sin fundamentos y el insulto anónimo, que requiere de una acción certera y precisa por parte de nuestros Congresos. Y, como toda compulsión, lejana a la reflexión y al análisis serio, tiene el alto riesgo de cometer errores involuntarios, imperfecciones que no fueron contempladas y que resultan en efectos no esperados, donde los principales afectados son, casi siempre, los derechos de las personas.

En este contexto de compulsión regulatoria, lo que reina no es la ignorancia, sino el miedo. El miedo a un espacio donde es posible expresarse a través de un lenguaje procaz y agresivo, y donde quienes ostentan posiciones de poder -sin ir más lejos, los mismos parlamentarios- son, obviamente, los sujetos predilectos de este tipo de discursos críticos, más o menos justificados.

Una democracia robusta requiere resguardos para los discursos críticos, aun cuando nos disgusten y nos parezcan incómodos y agresivos, particularmente cuando apuntan a personas que ostentan posiciones de poder. No se requiere que los parlamentarios “entiendan de una vez por toda Internet”, sino que comprendan que el primer paso para construir una democracia fuerte es la protección y promoción de discursos incómodos, pintorescos y críticos. Internet es un espacio perfecto para ello y debemos proteger su capacidad de promover y amplificar discursos marginales en lugar de regularlos y restringirlos.

Ley de medios digitales es un atentado a libertad de expresión

En Chile, hay una creciente tendencia en parlamentarios de presentar proyectos de ley que castigan más duramente acciones realizadas por Internet. Un ejemplo claro de ello es la denominada ley de medios de comunicación digital (proyectos de ley 9460-19 y 9461-19 que modifican la Ley 19.733), que ya informamos en su oportunidad, y que ha encontrado un terreno fértil en la Cámara de Diputados donde ha avanzado de manera firme, a pesar de sus múltiples y evidentes problemas.

Si usas Internet, te invitamos a estar atento a los siguientes aspectos de la ley que, de aprobarse, afectarán para siempre tu libertad de expresión en Internet.

Eres responsable de un medio de comunicación:

Si estos proyectos son aprobados, se entenderá por diario todo periódico impreso o en papel o publicado vía digital o electrónica que se publique a lo menos cuatro días en cada semana y cumpla con los demás requisitos establecidos en la ley.

El corte de “cuatro publicaciones semanales” para ser considerado un periódico, haría extensiva la aplicación de la ley a una publicación en Facebook, un blog de uso personal, un tuiteo o una página web con “memes”, con tal que se haga cuatro veces a la semana.

Lo que deberás hacer si tienes una web o un perfil en alguna red social:

Hoy en día existen múltiples opciones para utilizar Internet como medio de expresión. Son masivas y populares las alternativas gratuitas o a bajo costo para tener un blog y escribir noticias o analizarlas con periodicidad, y es masiva la participación en redes sociales como Facebook o Twitter. Sin embargo, de aprobarse esta ley, ahora necesitarás:

– Tener domicilio en Chile.
– Informar la iniciación de actividades a la Gobernación Provincial o Regional.
– Acreditar la inscripción en el Registro de Dominio.cl NIC Chile e informar la frecuencia de actualizaciones.
– Indicar el nombre y domicilio del propietario o concesionario, o representante legal en la página en un lugar destacado.
– Hacer un depósito legal mixto en la Biblioteca Nacional.

De su sola lectura, es posible concluir que son cargas extremadamente onerosas, desproporcionadas e injustificadas, que conllevan el riesgo de sobrerregular la publicación de contenidos en línea, creando un escenario de incertidumbre legal tanto para el público (¿Será ilegal mi blog? ¿Por qué habría que registrar un punto cl en NIC Chile? ¿qué es lo que tengo que depositar en la Biblioteca Nacional?) como para diversas clases de emprendimientos en Internet, lo que resulta contraproducente para el desarrollo económico y cultural del país.

Por lo demás, los proyectos carecen completamente de sentido práctico, porque las cargas que pretenden imponer a diversas formas de expresión en Internet son imposibles de fiscalizar o implementar (¿cuándo un blog es “chileno”?), creando un escenario donde la persecución del cumplimiento de esta ley obedecerá a criterios arbitrarios que pueden ser utilizados para acallar discursos críticos, molestos o polémicos.

Por otro lado, la obligación de efectuar el depósito legal pertinente en la Biblioteca Nacional, considerando la extensión de la norma a cualquier publicación periódica en Internet, no sólo es absurdo y único a nivel mundial, sino que resultaría en una carga de trabajo adicional imposible de enfrentar para esta institución, distrayéndola de sus labores habituales.

No serás anónimo:

Todas estas absurdas cargas legales buscan, entre otras cosas, impedir el anonimato en la red, un asunto de gran conveniencia para autoridades públicas cuando Internet se ha transformado en una plataforma de crítica, sátira e información de los usuarios hacia el resto de la población respecto a su labor.

La excusa para terminar con el anonimato es la intención de identificar y sancionar a quien ha emitido opiniones poco educadas, chocantes o incluso ofensivas. Sin embargo, sanciones de responsabilidad civil y penal en caso de injurias y calumnias ya están establecidas en nuestra legislación siguiendo las reglas generales.

El ejercicio de la libertad de expresión por cierto que admite restricciones, en especial cuando colisiona con otros derechos fundamentales igualmente importantes (ej. vida privada), pero son los tribunales de justicia y no una regulación irreflexiva y absurda, quienes deben resolver el conflicto, a través de un debido procedimiento y de acuerdo a la ley.

Prepárate para pagar:

Los proyectos de ley establecen, además, que si el medio digital no se adecúa a las formalidades de funcionamiento de los medios de comunicación social antes señaladas, podrá ser sancionado con multa de dos a 30 UTM, siendo el director y el propietario responsable solidariamente.

Al momento de establecer una restricción de tamaña envergadura, es imprescindible que el legislador evalúe el impacto (o costo) no sólo desde el punto de vista de los particulares directamente afectados con la medida, sino desde la perspectiva de su impacto en el funcionamiento de la red.

Es hora de defender Internet en Chile:

Que la información circule libremente en Internet ha permitido su gran expansión y que el contenido llegue a una gran cantidad de personas de forma rápida y a un muy bajo costo, permitiendo la libre difusión de las ideas para el desarrollo del debate público democrático.

Estos proyectos de ley carecen de antecedentes de hecho suficientes, de una racionalidad y objetivos claros; hacen aplicable una Ley que nunca consideró a Internet como una realidad; afectan a millones de formas de expresión en Internet en Chile; sobrerregulan el mercado de medios digitales; son muy difícil de aplicar en la práctica; y perturban arbitrariamente el derecho fundamental de libertad de expresión.

Hacemos un llamado para que las y los chilenos exijan a sus diputados introducir mejoras radicales a esta iniciativa, que garanticen la no afectación al derecho de la libertad de expresión en la red.

¿Está esta obra en el dominio público?

Se fue 2014 y, lamentablemente, no podemos celebrar que haya sido el año del dominio público, ese conjunto enorme de ideas y obras intelectuales que no están sujetas a derechos de autor y que por años ha sido un invitado incómodo en una conversación donde resulta mucho menos belicoso hablar de abogados, restricciones y sanciones. Hablar de derechos del público, cuando se trata de derechos de autor, suele provocar miradas de sospecha y desdén, particularmente para aquellos fieles a los dogmas que hacen del ideal romántico del creador solitario una política pública.

Estamos comenzando 2015 y aún resulta excesivamente difícil poder saber, con algún mínimo grado de certeza, si es que una obra intelectual cuenta o no con derechos autorales vigentes. No solo para el público resulta complicado poder saber si una fotografía antigua que acaba de encontrar en Internet puede ser usada, sino que esta realidad se torna dramática cuando se trata de instituciones cuya misión es la preservación patrimonial, como archivos, museos y bibliotecas. Es por ello que, tanto a nivel local como internacional, han sido las asociaciones de bibliotecas quienes han tratado de izar la bandera del acceso, en una discusión donde erróneamente el peso argumentativo recae en ellos y no en quienes abogan, con muchos más recursos y éxito, por más restricciones.

Mientras tanto, en buena parte del mundo, aunque fundamentalmente centrado en Europa y Estados Unidos, el 1 de enero se celebra el ‘Public Domain Day’, el día del dominio público. Ese día se cumple el plazo de protección legal, de manera tal que, a partir de allí, muchas obras que se encontraban con derechos vigentes pasan a estar liberadas de derechos y por tanto pueden ser usadas, compartidas y copiadas sin infringir la ley.

Pese a lo que pareciera, el plazo de los setenta años post mortem, lejos del ya excesivo estándar internacional de cincuenta años establecido en el centenario Convenio de Berna, no entrega certezas absolutas. Hay una serie de detalles técnicos – desde cuándo se cumple el plazo, particularidades históricas en cada país, la existencia de derechos conexos, etc.- que hacen del análisis de si una obra se encuentra o no en dominio público una carrera pantanosa y con obstáculos. Los esfuerzos por la estandarización del régimen de derecho de autor a nivel global han tenido excesivo énfasis en su protección y aplicación (‘enforcement’) y no en las condiciones de acceso.

El caso de América Latina no es la excepción. Con el añadido de los compromisos establecidos en los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, Chile, Colombia, Perú y buena parte de América Centra han visto como sus modelos de regulación de derechos de autor crecen vertiginosamente, no pasando lo mismo con sus estándares de acceso y promoción del dominio público.

Se necesitan compromisos de nuestros países con la protección y promoción de estos bienes públicos, a través de regularizar la situación de las denominadas obras huérfanas, de la homologación del sistema de excepciones y limitaciones, de la promoción, acceso y uso de material financiado con fondos del Estado, entre muchas otras medidas que lamentablemente no parecen ser ni de interés ni prioritarios para los gobiernos ni parlamentarios de la región.

Es en este contexto que, junto con el Centro de Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, hemos llevado adelante un proyecto llamado Tracalada, que pretende generar conciencia sobre la importancia del dominio público en Chile. Hemos reunido no solo una serie de instituciones que hacen trabajo patrimonial, sino también hemos preparado documentación legal sobre el dominio público -prácticamente inexistente- y un diagrama de flujos con el fin de orientar y tratar de hacer explícito también el problema del dominio público en Chile. Creemos que es un primer paso, pequeño y aislado, para que no solo en Chile, sino también en el resto de la región, exista una conversación abierta y plural respecto del valor de lo público en materia de derechos de autor.

¿Mejores democracias o más represión y vigilancia?

Internet es indudablemente una plataforma para la libertad de expresión. Lo es no solo porque permite la producción y difusión de nuevos discursos, sino también porque su diseño técnico es sustancial para este propósito: por un lado, es una red descentralizada, una “red de redes” que hace muy difícil -aunque no imposible- controlar la distribución de los contenidos; por otro, se sustenta en el amenazado principio de la “neutralidad de la red”, la no discriminación de los paquetes de datos no importando de dónde vengan, lo que hace que el contenido de un bloguero independiente pueda llegar a su audiencia final con la misma prioridad que el de una corporación o Estado.

La emergencia de nuevos discursos, muchos de ellos no hegemónicos, críticos del poder estatal, corporativo o de organizaciones criminales, es uno de los aspectos más refrescantes de Internet, aunque los niveles de brechas de acceso y uso de esta plataforma, especialmente en Latinoamérica, hagan pensar que el disfrute de este hecho tenga un fuerte componente de género, clase social, etnia y edad.

En este marco, una corriente muy fuerte, e increíblemente optimista, piensa que el mero acceso y uso de Internet es garantía de mayor participación y, por tanto, de mejores democracias.

Sin embargo, ¿nuestras democracias regionales han respondido con mejoras al sistema?

Si se hace una revisión de cómo ha cambiado el marco legal en Latinoamérica solo el año 2014, no hay muchas razones para el optimismo. La creciente criminalización del uso de Internet en diversas iniciativas legales, hacen evidente que nuestras democracias han respondido a la emergencia de discursos críticos, tristemente, con más represión y vigilancia.

Hagamos un somero repaso por solo algunos países de la región.

En Chile hay iniciativas legales tan lesivas para los usuarios de Internet como la Ley de Medios Digitales (Boletines 9460-19 y 9461-19), que busca que los medios digitales tengan la misma responsabilidad que los medios de comunicación tradicional. Su tipificación es tan absurda, que el Facebook o Twitter de cualquier persona pueden ser considerados medios de comunicación y deberán cumplir nuevas y disparatadas obligaciones ante la ley, como “establecer un responsable legal”. Imponer este tipo de cargas a los usuarios de Internet busca desmotivar la creación de contenido crítico en la red.

En México, este año se aprobó la nefasta Ley de Telecomunicaciones, que con amenazas concretas a la privacidad de los usuarios, como la retención de 24 meses de metadatos de comunicaciones, su acceso en tiempo real y sin autorización judicial previa, entre otros tantos problemas, busca poner un manto de vigilancia sobre las personas de tal forma que nunca se sientan libres para expresarse o reunirse a través de plataformas tecnológicas como Internet.

En Paraguay las cosas tampoco son mejores, pues un proyecto de ley busca que los proveedores de servicios de Internet (ISP) rastreen y almacenen los datos del tráfico de sus redes durante 12 meses. Una iniciativa que afecta directamente formas de comunicación fundamentales para la libertad de expresión, como el anonimato que, entre otras cosas, permite la denuncia, la información o la sátira, todos elementos que retan el poder.

Venezuela tampoco es la excepción a esta tendencia, y en su reforma a la Ley sobre el Crimen Organizado, introduce penas de cárcel a las personas que usen las redes sociales u otros medios electrónicos para promover o atacar el orden constitucional o alterar la paz pública, como también la introducción de allanamientos, detenciones y rastreos preventivos, sin necesidad de orden judicial. Esto último más la vaguedad de conceptos, abre las puertas a la represión de cualquier discurso crítico en Internet.

Éstas y otras iniciativas legales, unas ya aprobadas, otras todavía en curso, hacen palidecer lo que para muchos fue la mejor noticia del año a nivel regional: la aprobación del Marco Civil en Brasil. Pese a sus detalles, sigue siendo un paradigma de una regulación construida en un primer momento desde la sociedad civil a través de procesos de alta participación.

La creciente criminalización de la red adoptada por las autoridades de los diversos países de la región solo desnudan la crisis de democracias que han sido incapaces de abrazar una plataforma que puede dar voces y congregar a millones de personas. Todo indica que, lamentablemente, esta tendencia seguirá en el nuevo año y el llamado es, entonces, a reforzar el activismo para fortalecer nuestros derechos humanos en tecnologías como Internet. Ahora se vuelve indispensable.

¿Vamos en la dirección correcta?

Anteriormente hablábamos sobre la importancia de la resolución aprobada por Naciones Unidas (ONU) para la protección del derecho a la privacidad y cómo este organismo había solicitado a sus estados respetarlo, revisar sus legislaciones ajustándolas a los estándares sobre derechos humanos en la materia y disponer de los mecanismos judiciales necesarios para su adecuada protección, entre otras acciones.

Sin embargo, una somera revisión de las noticias que llegan desde el continente parece indicar que la tendencia va en la dirección opuesta: encontramos varios proyectos de ley y acciones de diverso tipo – compra de tecnologías, monitoreo y censura de Internet por parte del Estado – que imponen mayor vigilacia a los países del continente.

Ello lleva inevitablemente a cuestionarse si la mencionada resolución habrá de tener algún efecto en Latinoamérica, al menos en el mediano plazo.

Por ejemplo, tanto en Venezuela como en Paraguay se están discutiendo proyectos de ley que constriñen las libertades en Intenet. En el primer caso, el proyecto proscribe determinadas conductas online calificándolas como ciberterrorismo (“promoción o ataque del orden constitucional” y “perturbación de la paz pública”), limitando de paso severamente la libertad de expresión de sus ciudadanos bajo la amenaza de enfrentar penas privativas de libertad. En el segundo, se proponen vías para la retención de datos de tráfico bajo el pretexto de la persecución criminal de determinados delitos; sin embargo bajo esta fórmula se somete a todos los ciudadanos a vigilancia y no solamente a quienes son sospechosos de cometer algún ilícito.

En Chile, el gobierno ha propuesto aumentar las facultades operativas de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), dotándola de agentes encubiertos, informantes y la posibilidad de efectuar escuchas telefónicas. Estas últimas no son de su exclusiva competencia, ya que son las policías (Carabineros e Investigaciones) las instituciones llamadas a realizarlas previa orden judicial; a pesar de ello, es sabido que existen otros organismos que se han premunido de herramientas de vigilancia y que ejercen sin la mencionada orden, como es el caso del Ministerio Público.

En otras latitudes se ejercen el monitoreo y vigilancia a través de singulares mecanismos, que van desde la imputación de infracciones a la propiedad intelectual, con el fin de bloquear determinados contenidos que se consideran lesivos de los propios intereses del gobierno de turno, coartando de paso la libertad de expresión; es el caso de Ecuador. Y existen otros más brutales, como el secuestro y homicidio de blogueros que se dedican a denunciar las actividades del crimen organizado y de los organismos públicos corruptos en México.

Otra tendencia detectada en la región la constituye la inversión en tecnologías que facilitan la vigilancia de los ciudadanos, en este escenario se encuentran tanto Argentina como Uruguay. Un ejemplo más extremo de ello viene dado por el caso colombiano, en que no solo se ha invertido en este tipo de herramientas, sino que además se ha construido una infraestructura especialmente destinada al monitoreo, en el proyecto denominado “Puma”.

Como vemos claramente, Latinoamérica no está poniendo el acento en la protección de la privacidad, sino que, por el contrario, continúa viendo en Internet una amenaza que debe ser controlada, incluso si ello tiene como costo el que todos sus ciudadanos, incluídos aquellos que no están involucrados en ninguna actividad ilícita, a veces ni siquiera sospechosa, sean sometidos a vigilancia masiva y carente de respeto a las garantías más fundamentales.

Esto resulta particularmente grave en el caso de este grupo de países, muchos de los cuales tienen una historia reciente de gobiernos dictatoriales, por lo que sus incipientes y jóvenes democracias precisan de mayor cuidado. Es en este sentido que la vigilancia masiva nos muestra su faceta más inquietante: la falta de respeto a la privacidad se encuentra fuertemente ligada a la vulneración de otras garantías con las que se encuentra relacionada, como la libertad de expresión, de información y el derecho de asociación, entre otras, todas ellas piedras angulares de la democracia.

Este vínculo ya había sido reconocido en el Informe “Libertad de expresión e Internet” de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), que precedió a la resolución de la ONU, analizando el tema con mayor precisión y en términos bastante más enfáticos que este último.

Con todo, resulta claro que, pese a la tendencia americana e internacional manifestada en ambos foros (OEA y ONU), desgraciadamente los países latinoamericanos parecen no llegar a comprender a cabalidad la importancia que el derecho a la privacidad reviste para el orden político y social, el que se ve peligrosamente violentado mediante las acciones de monitoreo y vigilancia ya mencionadas. ¿Seremos capaces de enmendar el rumbo?

¿Chile le dirá sí a la vigilancia en la ONU?

J. Carlos Lara, Claudio Ruiz y Paz Peña.

Cuando en 2013 Edward Snowden reveló que Estados Unidos, a través de la National Security Agency (NSA), estaba espiando de forma masiva las comunicaciones de todo el mundo, las reacciones políticas no se hicieron esperar. Uno de los países que las ha liderado es Brasil, directamente afectado por el espionaje a Petrobras, al que respondieron creando el foro NetMundial, el Marco Civil para Internet y, ahora, buscando la aprobación de una Resolución sobre el Derecho a la Privacidad ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Esta última iniciativa, impulsada también por Alemania (otro gran afectado por la vigilancia estadounidense), busca la creación de un procedimiento con mandato especial sobre el derecho a la privacidad; una fórmula posible para esto es la instalación de un Relator Especial, figura que ya existe para ciertos problemas urgentes a nivel global, como el tráfico de personas, la violencia contra la mujer y la libertad de expresión.

La propuesta hoy es copatrocinada por diversos países como Francia, Países Bajos, España y Suiza, como también por un fuerte bloque regional de países que incluye a Argentina, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay.

¿Cuál será la posición final de Chile? No se sabe, no obstante, las señales son desalentadoras. En una audiencia de la ONU realizada durante el mes de noviembre, Chile realizó observaciones desfavorables a la creación de un procedimiento especial sobre el derecho a la privacidad que incluyera la existencia de un relator especial, rechazando así la iniciativa de Brasil y Alemania.

Chile a favor de la vigilancia

No deja de ser sorprendente el doble discurso del gobierno chileno en el caso de la protección al derecho a la privacidad. En el plano local – luego de una década y media de vigencia de una ley datos personales tristemente insuficiente, y de una década de retención de datos de navegación de los usuarios por parte de los proveedores de servicios de Internet – Chile al fin propone, mediante la Subsecretaría de Economía, una nueva ley de datos personales y promete centrarla en los derechos de los ciudadanos.

Si bien el resultado de esa promesa local continúa siendo incierto, en el plano internacional Chile desaprovecha el momento preciso para mostrarse enérgicamente a favor de la protección de la privacidad. Porque a más de un año de las revelaciones de Edward Snowden, se hace más necesario que nunca velar por el respeto a los derechos fundamentales en Internet. Sin haber razones sustantivas para hacerlo, el rechazo de Chile a esta iniciativa lo aísla inexplicablemente de los países de la región, que han respaldado la iniciativa de Brasil en Naciones Unidas.

De esta manera, Chile se sitúa no solo como un torpe aliado de países de dudosa reputación cuando se trata del respeto a los derechos humanos, sino que envía una señal pública de que el respeto a la privacidad no es una prioridad política de envergadura, pese a la masiva evidencia en contra.

El gobierno chileno no puede darse el lujo de la duda cuando se trata de proteger derechos a nivel internacional. Muy por el contrario, debiera tomar un rol de liderazgo en hacer de Latinoamérica un lugar respetuoso de los derechos de todos y todas.

Si crees que la postura de Chile debiese ser en favor de los derechos ciudadanos y en contra del espionaje masivo, exprésale tu opinión al Canciller Heraldo Muñoz a través de Twitter, haciendo clic en este botón Tweet to @HeraldoMunoz

Creación cultural y nuevas tecnologías

Durante las últimas semanas hemos sido testigos de dos noticias importantísimas para el mundo de la cultura, los derechos de autor y la tecnología, y no podemos dejarlas pasar sin hacer una mínima reflexión al respecto, esperando que las conclusiones que ellas arrojan no pasen inadvertidas.

La primera aconteció en Chile y corresponde al Informe Anual 2013 “Cultura y Tiempo Libre”, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en convenio con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), y que fuera dado a conocer en el marco de la Feria Internacional del Libro de Santiago (FILSA). Sin entrar en el detalle de las cifras, la tendencia al alza en materia de creaciones culturales de origen nacional es clara, en particular en lo que respecta a música y películas.

La segunda noticia también se refiere a la publicación de un informe. Esta vez se trata del tercero de la serie denominada “The Sky is Rising”, proveniente del sitio especializado en temas de propiedad intelectual Techdirt, y que se concentra en el análisis de lo que ocurre en Estados Unidos en materia de creación cultural, entendida como libros, música, películas y videojuegos.

¿La conclusión? Similar a la del estudio chileno que mencionamos antes: las cifras que dan cuenta de la producción de contenidos van en alza, demostrando que la producción cultural no está condenada a desaparecer, sino que prospera en un nuevo renacimiento.

Además, va más allá y constata la existencia de nuevos canales de distribución, que ahora incorporan formas no tradicionales asociadas con las nuevas tecnologías. El modelo de negocios relacionado con la cultura se modificó, basándose más en el acceso que en la propiedad y contemplando una relación más directa entre el creador y su público.

Por otra parte, estas mismas tecnologías han modificado los formatos o plataformas a los que estábamos tradicionalmente acostumbrados para acceder a contenidos, masificándose el uso de versiones digitales perfectamente legales de libros y música, y el acceso en línea a películas y videojuegos. Con esto se echa por tierra el mito que caracteriza a Internet como una plataforma que desincentiva la creación al facilitar la circulación de material protegido por el derecho de autor al margen de la legalidad.

Definitivamente el reporte de Techdirt trae buenas noticias para los creadores y los consumidores de cultura, el panorama se ha ampliado positivamente y con ello se abren nuevos desafíos para todos los involucrados. Para el público: navegar exitosamente en la numerosa oferta de contenidos; para los creadores: atraer la atención del público mientras crean con una libertad mayor a la que probablemente hayan experimentado nunca antes; para ambos y para los encargados de generar políticas públicas: lidiar con los constantes cambios y ajustes de un nuevo modelo de negocios en clara expansión.

Ahora, volviendo a Chile, parece claro que la tendencia detectada por Techdirt para Estados Unidos, y anteriormente para un puñado de países de Europa en similares términos, resulta totalmente aplicable, tal como dio cuenta el Informe anual presentado en FILSA.

Verificada la tendencia de crecimiento en términos numéricos, es hora de hacerse cargo de los demás descubrimientos detectados en la experiencia comparada, dejando de lado de una vez por todas el mito que tradicionalmente ha permeado nuestro quehacer, discurso y leyes, y que señala que la cultura se encuentra permanentemente en riesgo de desaparecer, atribuyendo gran parte de la responsabilidad de ese supuesto fenómeno a las nuevas tecnologías, ya que la realidad es claramente distinta.

En este mismo sentido, resulta fundamental detener los constantes esfuerzos legislativos –tanto nacionales como mediante tratados internacionales- de aumentar las sanciones asociadas a la infracción de la propiedad intelectual, que usualmente terminan por apuntar contra conductas inocuas, sobretodo cuando ellas se encuentran aparejadas a un pobre entendimiento de cómo funcionan estas nuevas tecnologías, y en especial Internet.

Con todo, es importante dejar sentado que la digitalización de la cultura no resulta excluyente de las formas tradicionales de difusión de la misma. Es necesario comprender que se trata de un nuevo modelo que no pretende destruir o eliminar a las formas tradicionales de distribución de contenidos, sino que se hace cargo de un espectro del mercado que no resulta satisfecho con ellas y que son más proclives al uso de la tecnología, lo que finalmente agrega público en lugar de restarlo.

Los diversos caminos de la censura en Internet

Internet supone un problema para los que quieren tener poder sin ser auditados por la ciudadanía. Si la impunidad y la falta de transparencia es su regla, tanto ciudadanos comunes como periodistas y activistas que utilizan la red para denunciar, transparentar y/o informar, son ahora los enemigos. Acallar sus discursos es la consigna. ¿Los modos? Diversos. Todos con el mismo alarmante resultado: la censura y el menoscabo de la democracia. A continuación, solo algunos ejemplos latinoamericanos muy recientes.

Bajada de contenidos por copyright

Hace algunas semanas, Claudio Ruiz de Derechos Digitales escribía sobre el sospechoso caso ecuatoriano donde se utiliza la excusa del derecho de autor para bajar de Internet obras críticas a la gestión del Gobierno de Rafael Correa.

Es que bajo el copyright y el famoso “todo los derechos reservados” subyace la lógica de que todo lo que circula por la red requiere de permisos de sus titulares, aún cuando sea la voluntad del creador o del titular compartirlo, lo que muchas veces es aprovechado para pedir la baja de materiales que son incómodos para los que sustentan el poder. Así, la excusa del derecho de autor para ejercer censura se aprovecha tristemente de un sistema que en estos últimos años ha levantado cada vez más restricciones a la circulación de las obras.

El caso de Ecuador, lamentablemente, no es aislado en Latinoamérica. Dos ejemplos muy recientes se suman a esta peligrosa tendencia contra la libertad de expresión en la región. Uno es Brasil, donde se denuncia que se ha pedido la baja de videos en Youtube que son críticos al ahora ex candidato presidencial brasileño, Aécio Neves. Por su parte en México, el portal de noticias Sin Embargo ha recibido amenazas en sus propias oficinas para que baje de su web una foto que parece ser demasiado incómoda para un político del Partido Verde. ¿La excusa de ambos casos? ¡Bingo!: los derechos de autor.

Bloqueo de contenidos

A principios de octubre de este año, el Gobierno de Venezuela bloqueó el acceso al portal informativo argentino Infobae.com por «graves violaciones a la legislación» local al publicar imágenes del cadáver del diputado Robert Serra, asesinado el 1 de octubre.

La pregunta que subyace es si es proporcionada una medida tal como el bloqueo de todo un medio de comunicación por «mancillar el honor del joven diputado Robert Serra e irrespetar la integridad de su familia» (como declaró la ministra de Comunicación e Información), o si hay otras medidas que pueden perseguir, con el debido proceso, esta posible falta.

Para la directora de Libertad de Prensa del Instituto Internacional de Prensa, Barbara Trionfi, la decisión no parece servir a ningún interés legítimo y la calificó como censura previa, “algo que está claramente prohibido por la Convención Americana de Derechos Humanos que Venezuela ha ratificado».

Detenciones y desapariciones

Pero las repercusiones de la muerte de Serra no quedan allí. Global Voices también informa de usuarios de Twitter detenidos, aunque poco se sabe de su paradero o condicional actual. El parlamentario oficialista, Christian Zerpa, confirmó las detenciones y aseguró que se trata de usuarios que «se burlaban» del diputado chavista asesinado.

Por su parte en México, al horror de los estudiantes de Ayotzinapa, se suma la desaparición y posible asesinato de María del Rosario Fuentes Rubio, la activista y colaboradora de la página de Facebook «Valor por Tamaulipas». Todo parece indicar que el acto fue consecuencia de su trabajo en esta red ciudadana, que utiliza Internet para denunciar las actividades del crimen organizado en México y su colusión con funcionarios públicos. Por lo demás, hasta hoy se reporta que 27 tuiteros y blogueros han sido asesinados solo en Tamaulipas lo que, evidentemente, comienza a afectar a otros ciudadanos, que por miedo y desprotección optan por la autocensura.

Es que quizás ese sea el efecto que más remece a la democracia cuando estos ataques a la libertad de expresión quedan impunes: la amenaza que se cierne como una sombra sobre las cabezas de los ciudadanos que, de manera atendible, prefieren callar, dejando a los que detentan el poder el camino libre para no tener supervisión alguna.

En este contexto, el papel de los Estados democráticos es fundamental para proteger y fortalecer la libertad de expresión. Por eso celebramos la reciente audiencia conseguida por una serie de organizaciones de la sociedad civil (entre ellas, Derechos Digitales) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para presentar cómo los derechos fundamentales en Internet son afectados periódicamente en Latinoamérica. Esto puede ser clave para presionar a nuestros Estados a que actos como la censura en la red sean perseguidos y la ciudadanía se vea al fin protegida.