La mugre y la furia: Operación Huracán podría ser un montaje

Esto es gravísimo. El 23 de septiembre, Carabineros de Chile anunció con bombos y platillos el éxito de la Operación Huracán, una acción de inteligencia policial con el fin de esclarecer responsabilidades en dos quemas de camiones forestales ocurridas durante agosto en La Araucanía. Ocho comuneros mapuches fueron detenidos, incriminados por conversaciones de WhatsApp intervenidas por la policía.

Hoy, cuatro meses más tarde y en un giro escandaloso, la fiscalía está iniciando una investigación contra Carabineros por montaje: las pruebas habrían sido falsificadas e implantadas por ellos en los teléfonos celulares de los acusados.

Repito: esto es gravísimo. GRAVÍSIMO. Esclarecer completamente qué demonios pasó acá es fundamental y ningún esfuerzo debe ser escatimado hasta que las responsabilidades hayan sido debidamente identificadas y sancionadas; del orden que sean: penales, por supuesto, pero también políticas. Cualquier cosa menos es un atentado mayor contra uno de los pilares fundamentales del sistema democrático.

Hay mucho por lo que estar enojados hoy. Todavía más cuando la manera de implantar las pruebas habría sido burda a un extremo irrisorio, mientras en las oficinas de Derechos Digitales nos partíamos la cabeza intentando dilucidar la factibilidad del relato de Carabineros, imaginando complejos estratagemas apoyados de tecnología altamente sofisticada. Nada de eso habría habido aquí. Y como suele suceder, la respuesta más sencilla debe ser la más probable: intervenir los mensajes cifrados de WhatsApp es, si no imposible, muy difícil. Es poco factible que Carabineros cuente con los recursos y las capacidades de efectuar una acción de este tipo.

Evidentemente, las preguntas que surgen de este caso son múltiples: si se comprueba que se trató de un montaje, ¿es este un hecho aislado? ¿Es una práctica común? ¿Ha habido otros casos similares? Y la pregunta del millón: ¿cuáles son efectivamente las capacidades técnicas de vigilancia con las que cuentan las policías y otras instituciones estatales en Chile? ¿Cómo se usan? ¿Cuántas veces se han usado? ¿Con qué fines? ¿En cuántos casos han sido determinantes? ¿Cuál es la naturaleza de esos casos? ¿Cómo se fiscaliza el uso de esas herramientas?

Y ya que estamos hablando de preguntas, no puedo pasar por alto la responsabilidad de la prensa, que en muchos casos actuó como interlocutor pasivo de un relato, a lo menos, sospechoso. Evidentemente, los periodistas no están obligados conocer las minucias técnicas detrás de un sistema de cifrado, pero es sorprendente la falta de curiosidad y sana desconfianza con la cual aceptaron la versión oficial de la historia y omitieron el acto fundacional del periodismo: preguntar.

Si se hubiesen acercado a los expertos, se habrían enterado de que la hazaña narrada por Carabineros era altamente compleja y que era necesario saber más. De cualquier manera, una gran historia: si Carabineros dice la verdad, entonces poseen técnicas y tecnología que desconocemos y sobre lo cual es importantísimo despejar dudas. En caso contrario, es un montaje. Pero las preguntas no se hicieron y los supuestos mensajes fueron incluso publicados. Lo mínimo es que los editores responsables entreguen también las explicaciones y las disculpas pertinentes.

En el escenario actual, donde poco y nada sabemos de las capacidades del Estado para vigilar, conocer, indagar y dar respuestas es imperativo. La prensa tiene un rol importantísimo que cumplir en esta tarea y, hasta ahora, está en deuda con la sociedad.

Por cuarta vez: esto es gravísimo y es necesario llegar al fondo. Tan grave es, que nos entrega una oportunidad única para revisar, reformar y generar mayores instancias de control del modelo de funcionamiento de los servicios de inteligencia en Chile. Esto es necesario y urgente. El momento es ahora. No lo desperdiciemos.

La NSA seguirá vigilándonos

Durante la última semana hemos visto, una vez más, que el Congreso de los Estados Unidos de América aprueba la extensión de tiempo de una de sus normas más controvertidas: la Sección 702 de la FISA Amendments Act, la ley que, en términos simples, es la base legal para el monitoreo de comunicaciones por las agencias de inteligencia estadounidenses.

En particular, la Sección 702 es la que permite recolectar llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto y más, de personas no estadounidenses que son investigadas por tales agencias, y sin necesitar de una orden judicial. Es decir, es la ley que permitió, y permitirá por al menos seis años más, programas de espionaje como los develados por Edward Snowden en 2013.

La noticia es más que negativa. Cada ocasión que ha tenido el Congreso de EE. UU. de poner límites reales a la vigilancia, ha optado por modificar las reglas de forma tal que agencias como la NSA, la CIA o el FBI sigan operando, con bajísimos resguardos procedimentales y manteniendo un nivel importante de secretismo.

Más gravemente, se niega –otra vez– la privacidad de quienes se comunican con personas en los EE. UU., en nombre de la recolección de inteligencia. Colegas, amistades, familiares, compañeras de estudio y más, se vuelven así posibles focos de vigilancia. Y el constante tránsito de nuestras conversaciones, imágenes, videos y textos por servidores ubicados allí, los pone a disposición de esas agencias para ser leídos, estudiados y almacenados sin que lo sepamos. De paso, esto perjudica también a las personas dentro de los EE. UU., que por comunicarse hacia el extranjero pierden buena parte de sus garantías constitucionales mínimas, como una orden judicial.

Esto pudo haber cambiado, al menos en parte, en razón de la contingencia política: la impopularidad de Donald Trump parecía realinear las fuerzas políticas, en contra de posibles arbitrariedades de las agencias de inteligencia que forman parte del aparato gubernamental que dirige el presidente. Así fue como algunas reformas mínimas asomaron la cabeza en el Senado. No obstante, la votación para avanzar sin discutir reformas recibió apoyo de los supuestos opositores a Trump. La supuesta Resistencia no demostró ser tal al momento de resguardar los derechos de los ciudadanos estadounidenses; el resto del mundo, en tanto, sigue expuesto.

Cuatro años y medio después de las revelaciones de Snowden, y tras largos e intensos debates sobre los límites de la vigilancia estatal y las garantías mínimas que ella debe cumplir, parece ser que en las esferas de toma de decisiones sigue primando un concepto de seguridad que sacrifica derechos fundamentales, socavando aún más a la democracia y poniendo en entredicho el valor de sus instituciones. La intensa lucha de organizaciones de la sociedad civil en los EE. UU. se mantiene frente a una clase política inflexible y un complejo de instituciones de vigilancia que opera en casi total impunidad.

A pesar de lo lejano que parece este debate, que tanto nos afecta, quedan espacios de acción a nivel colectivo e individual. Las noticias de los debates políticos en los EE. UU. todavía dejan fuera el real alcance de la vigilancia a diario, una actividad velada, a menudo auxiliada por la infraestructura del capitalismo de la vigilancia. También queda fuera de nuestro conocimiento lo que las agencias de inteligencia hacen a diario dentro de nuestros países en sus actividades de vigilancia. Y es por ello que mantener la lucha a nivel local, exigiendo controles democráticos sobre las agencias de inteligencia y sobre la adquisición de tecnología de vigilancia, así como aprender a defenderse de esta, se vuelve hoy más importante que nunca.

No es sobre derechos ni sobre autores, es sobre poder

Quizás lo entendimos todo mal. Durante años, activistas de todas partes del mundo hemos tratado de inyectar sensatez a la discusión sobre derecho de autor, abogando por reformas legales que aseguren el adecuado balance entre los legítimos derechos de los autores, con el legítimo derecho de todos y todas a acceder, disfrutar y participar activamente de la vida cultural y científica de nuestros países, incluyendo a quienes, gracias a la tecnología, han descubierto y explorado nuevas formas de crear, poniendo en entredicho las nociones clásicas de autoría heredadas de la Ilustración y cuyas obras viven en la incertidumbre legal, cuando no son derechamente ilícitas.

No nos ha ido muy bien. Los plazos de protección siguen extendiéndose, la criminalización aumenta y la mayoría de estas decisiones se toma en el marco de tratados de libre comercio que hacen virtualmente imposible enmendar el rumbo. Y el argumento es siempre el mismo: los creadores tienen derecho a vivir de su obra (o al menos a intentarlo). El derecho de autor recompensa y promueve la creación. Sin derecho de autor el arte y la ciencia se extinguen. ¿Quién va a invertir en conocimiento y cultura si no hay forma de recuperar esa inversión? – “Sí, pero…”- y más o menos hasta ahí queda la conversación. Después se nos acusa de querer quitarle el sustento a tantos sacrificados creadores, gente respetable, gente necesaria.

Pero quizás esta discusión no es sobre artistas, ni justas compensaciones, ni acceso, ni leyes equilibradas, sino sobre poder.

En 1991, el rapero Biz Markie, su equipo de productores y su sello, Warner Bros. perdieron una demanda de derechos de autor interpuesta por Grand Upright por el uso de un sample de la canción “Alone Again (Naturally)” de Gilbert O’Sulivan. El caso es famoso porque sentó como precedente en Estados Unidos la necesidad de autorizar (y compensar económicamente) el uso de cualquier sample en otra canción, una práctica que hasta ese entonces se encontraba en un área legal gris. Pero la trastienda del caso es todavía más interesante: en un comienzo, Biz Markie intentó licenciar el sample. Tras descubrir la naturaleza cómica de la obra del rapero, O’Sulivan se negó a autorizar su uso. Biz Markie publicó la canción de todos modos.

Lo que buscaba O’Sulivan no era la justa compensación por el uso de su creación, sino controlar el modo en que su trabajo era referenciado en otro. No era una disputa económica, era una disputa de poder: qué es lo que se puede crear, quién puede crearlo y quién decide.

Claramente este es un ejemplo puntual, pero las preguntas que plantea puede ser ilustrativo de un contexto mayor. Y probablemente el área donde esta discusión tiene un mayor impacto para los países del sur global es la producción de conocimiento científico.

No cabe duda, la producción de conocimiento es clave en la vía al desarrollo económico y social de nuestras naciones. Pero es una ruta cuesta arriba para naciones pobres, incapaces de gastar lo que las naciones ya desarrolladas invierten en investigación científica. Se genera así un círculo vicioso: para salir de la pobreza debes invertir, pero para poder invertir debes salir primero de la pobreza.

Una de las áreas donde todos estos factores –conocimiento científico, propiedad intelectual, poder- confluyen de forma más clara es el acceso a los artículos de investigación científica, los hombros de los gigantes de los que hablaba Newton, y que son la base para cualquier futuro trabajo de investigación.

Cómo se ha mencionado en muchas ocasiones, el actual sistema de publicación de artículos científicos es una industria altamente lucrativa para un grupo de prestigiosas editoriales y un problema para todos los demás: los investigadores envían sus artículos gratis, un grupo de pares voluntarios revisan los méritos del trabajo y, si es bueno, es incluido en una publicación de suscripción millonaria. Y los miembros de aquellas instituciones que no pueden costear estas suscripciones quedan en muchos sentidos marginados de participar, nutrirse y generar ciencia de alto nivel. ¿Quiénes van a poder generar investigación de alto impacto? Aquellos que puedan costearlo. Y esa premisa puede condenar eternamente a los países al subdesarrollo.

Es por eso que una iniciativa como Sci-Hub, repositorio que da acceso ilegal a 62.000.000 artículos académicos, es tan interesante. Su creadora, Alexandra Elbakyan, ha sido condenada en dos ocasiones a pagar 15 millones de dólares en compensación a Elsevier y 4,8 millones a la American Chemical Society; el sitio ha visto su dominio cancelado varias veces en los últimos meses. Ella simplemente ha elegido esconderse y hacer caso omiso a las demandas. “Cuando yo era estudiante en la universidad de Kazajistán, no tuve acceso a ningún documento de investigación, documentos que necesitaba para mi proyecto. Es de locos pagar 32 dólares [por estudio] cuando tienes que ojear o leer cientos de documentos para hacer una investigación” declaraba en una carta a uno de los jueces.

No hay mucha duda de que bajo el actual sistema, las acciones de Sci-Hub atentan contra el derecho de autor de las editoriales. Pero la pregunta no es esa, sino ¿qué otra opción existe? A cinco años de la trágica muerte de Aaron Swartz nos seguimos haciendo la misma pregunta.

Pero no todo está perdido: Hasta ahora Sci-Hub ha logrado evadir la persecución, el biólogo colombiano Diego Gómez ha sido declarado inocente por haber compartido una tesis en internet (en otro gran ejemplo del derecho de autor como una forma de ejercer poder y determinar quién puede o no investigar), y ante la posibilidad de una nueva extensión del plazo de protección de propiedad intelectual en Estados Unidos, muchos informantes internos explican que la reacción pública haría inviable una acción en esa dirección.

Algo es algo. Por ahora.

En la OMC se negocia desconociendo nuestros derechos digitales

La más reciente ronda de negociación de la OMC estuvo marcada no solamente por el intento de incluir nuevas temáticas a la discusión sobre las reglas del comercio mundial. Estuvo además marcada por la exclusión de la sociedad civil del proceso, de forma incluso contraria a la historia del foro. Cerca de 60 individuos de más de 20 organizaciones, incluida Derechos Digitales, vieron cómo su acreditación fue revocada días antes del evento. El gobierno argentino emitió un comunicado esgrimiendo razones de seguridad, acusando a los grupos excluidos de ser disruptivos y violentos, lo que fue recibido con estupor por la comunidad internacional e incluso por las em presas. Lo cierto es que se marginó a estas organizaciones exclusivamente por tener una posición distinta a la del gobierno organizador del evento, lo que no se condice con una sociedad democrática.

Esta exclusión no solo se tradujo en la incapacidad de la sociedad civil para acreditarse, y por tanto participar del evento. El gobierno del presidente Macri llegó al extremo de retener en el aeropuerto de Ezeiza y deportar al activista Peter Tiland y la periodista Sally Burch. Otras organizaciones de la sociedad civil ni siquiera pudieron viajar a Buenos Aires, ya que el gobierno argentino rechazó sus solicitudes de visa sin expresión de causa. Incluso quienes pudieron acreditarse vieron con preocupación cómo el gobierno argentino organizó el evento de tal manera que la prensa y la sociedad civil estuvieran en un edificio, y las delegaciones de los países en otro, a varias cuadras de distancia, dificultando la capacidad de los dos primeros para contactar a los negociadores. Del mismo modo, el hecho de que la sociedad civil no pudiera participar de la ceremonia de apertura y clausura no tiene precedente en rondas pasadas de la OMC.

Todo lo anterior debe servir como un llamado de atención. Hasta hace poco tiempo se argumentaba, incluso desde la sociedad civil, que la inclusión de estos temas a nivel OMC podría ser positivo por el mayor nivel de apertura y participación al interior de este organismos internacional, especialmente en comparación con procesos plurilaterales como TPP, TiSA y NAFTA. Sin embargo, lo que ha sucedido en Buenos Aires ha dejado en evidencia que esta noción está muy lejos de la realidad.

Más allá del bochorno internacional

Una de las novedades de esta ronda de negociación fue el creciente interés de los países desarrollados, agrupados en “Friends of E-commerce for Development” por incluir el comercio electrónico en la agenda de temas que la OMC debe negociar en el futuro inmediato.

Esta propuesta aparentemente inocua debe ser vista con precaución. Por supuesto que nadie se opone a la promoción del comercio electrónico, pero el llamado de estos países a avanzar en la materia no es neutral. Una revisión de los non-papers propuestos basta para darse cuenta que muchas de las disposiciones más polémicas de TPP y TiSA están siendo propuestas como reglas que deben ser adoptadas a nivel global. Entre ellas, la obligación de permitir el flujo transfronterizo de datos, incluidos datos personales, además de reglas para impedir que se exija la revelación del código fuente como política pública, y la prohibición de que se exija a las empresas operar con servidores a nivel local.

Sin embargo, elementos esenciales para la promoción del comercio electrónico, como asegurar el acceso universal a internet y la consagración del principio de neutralidad de la red, brillaron por su ausencia. Todo indica que la promoción del comercio electrónico, al igual que en TPP y TiSA, se limita a aquellos aspectos que van en el interés de las grandes corporaciones.

Lo cierto es que todavía no sabemos cuál será el impacto económico, social e incluso en el carácter de nuestras democracias del hecho que Facebook y Google dominan hasta el 85 % del mercado de la publicidad en línea. Hoy internet se configura como un espacio de producción para el norte global y de consumo para el sur. Las reglas que se están discutiendo en la OMC tienden a mantener ese estado de cosas, y no desafiarlo.

¿Fin a la promesa del multilateralismo?

La falta de resultados de esta ronda de negociación parece haber mermado la confianza de muchos países en que se puede avanzar en materia de comercio en un modelo multilateral. La declaración del USTR, que nadie creería posible hace un par de años, habla de una “nueva era” en OMC, en donde se avanzará en los temas a través de acuerdos entre grupos de países que piensan parecido.

Este esquema no se condice con las reglas mismas de la OMC, constituye una noción peligrosa y que debe ser enfrentada. Luego de que no se lograra el consenso necesario para lograr un mandato de negociación en comercio electrónico, un grupo de 70 países, incluyendo varios latinoamericanos, publicaron una declaración conjunta manifestando que iniciarán trabajo exploratorio en miras a una futura negociación en la materia, y que este grupo estaría abierto a todo país que se quiera unir.

La legitimidad de esta estrategia es cuestionable. La OMC cuenta con órganos establecidos encargados del estudio, discusión y negociación de distintos temas. No le corresponde a un grupo de países declarar que trabajarán en cierta materia de forma paralela, pues les permite avanzar en la materia desde su perspectiva particular y constituye una presión indebida sobre el resto de los países que forman parte de un organismo internacional que opera por consenso.

Panorama a futuro

Esta vez no se alcanzó el consenso necesario para iniciar negociaciones en materia de comercio electrónico. Sin embargo, la declaración conjunta de países desarrollados muestra que es probable que la sociedad civil deba mantenerse alerta sobre cómo se aborda esta materia al interior de la OMC.

La capacidad de hacer escuchar nuestra voz en estos asuntos, que puede tener profundos y duraderos efectos en cómo nos desenvolvemos en línea, dependerá de que no se repita el autoritarismo con que Argentina abordó la organización de esta ronda de negociación. Es de esperar que la próxima ministerial incorpore criterios de transparencia y participación, y asegure que distintos actores críticos puedan ser tomados en consideración en esta instancia.

Mientras tanto, los esfuerzos de la sociedad civil deberán multiplicarse para mantenerse alerta de lo que se discute al interior de la OMC, al mismo tiempo que se opone activamente a las reglas que vulneran nuestros derechos en los procesos de TPP, TiSA y NAFTA.

La Neutralidad de la red bajo ataque II: El regreso

No, no es el título de la última entrega de Hollywood. Mientras nuestros amigos de los EE. UU. se preparaban alegremente para las celebraciones de su Día de Acción de gracias, el Chairman de la Federal Communications Commission (FCC), Ajit Pai, se encontraba cocinando algo más que pavo y salsa de cranberries.

Lo que fue comunicado oficialmente el 21 de noviembre es el documento titulado “Restoring Internet Freedom”, propuesta regulatoria que vendría a sustituir la “Open Internet Order” de 2015, que estableció meridianamente el principio de neutralidad de la red en el país del norte. La propuesta, que se someterá a votación el próximo 14 de diciembre, propone eliminar todas las reglas de neutralidad de red actuales, con la excepción de una regla de transparencia modificada.

Eso significa que, en adelante, los proveedores de servicio de internet (ISP) de los EE. UU. serían libres de bloquear, acelerar o ralentizar sitios web, aplicaciones y servicios, cobrar tarifas a las compañías en línea por acceder a los suscriptores del ISP, o entrar en acuerdos con proveedores de servicios y aplicaciones para darles condiciones de conexión privilegiada de velocidad a sus suscriptores, bastando que los ISP informen a sus clientes sobre la existencia de este tipo de acuerdos. Es decir, decidir, según su conveniencia económica, qué sitios y servicios funcionan mejor que otros en internet.

La propuesta elimina también todas las reglas de estándar de conducta destinadas a asegurar la supervisión del regulador de las facultades de administración de la red limitadamente reconocidas a los proveedores de servicios. Con esto, abre la puerta al ejercicio de discrecionalidad técnica y comercial de los ISP en la oferta de servicios, como gestión de tráfico o esquemas de zero-rating.

No conforme con el retroceso respecto del estándar de neutralidad de la red hoy vigente, la propuesta va más allá: al echar pie atrás a la clasificación del servicio de banda ancha como servicio de comunicación (common carrier) y catalogarlo como servicio de información (information service), imposibilitaría que en el futuro la FCC adopte o imponga alguna norma significativa que permita garantizar la neutralidad de la red.

La norma además limita la posibilidad de que sean los Estados quienes adopten sus propias reglas de neutralidad de la red, distintas de la regulación federal, lo que hará imposible que estos reaccionen implementando sus propias normativas ante la falta de protecciones de la neutralidad de la red a nivel federal.

Algunas encuestas muestran que la iniciativa de eliminar la protección de la neutralidad de la red parece ser tremendamente impopular en todos los sectores del espectro político, lo que no ha detenido esta iniciativa con nefastas consecuencias como precedente global.

Desafortunadamente, la FCC no es responsable directamente ante el público, y Pai ha dejado en claro que no tiene la intención de dar mucho peso a la opinión pública o la cantidad de comentarios recibidos por la FCC en apoyo de las reglas de neutralidad de la red. Sin embargo, a los miembros del Congreso sí les importa lo que piensan sus electores, y como ellos son los encargados de supervisar los esfuerzos de la FCC en este espacio, ellos tienen el poder de detenerlo. Por eso las organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos están haciendo un llamado a que las personas se comuniquen con sus representantes para exigirles la protección de la neutralidad de la red.

Como lo plantea Tim Wu -a quien se le atribuye la paternidad teórica del principio de neutralidad de la red- lo más probable es que este episodio de revés regulatorio termine con la intervención de las Cortes de los Estados Unidos. De acuerdo a los estándares normativos del derechos administrativo norteamericano, las decisiones administrativas solo pueden ser revocadas cuando la agencia federal involucrada cumpla con examinar evidencia fáctica que demuestre la conveniencia de un cambio de estándar, lo cual difícilmente podría ser el caso de la regla de neutralidad cuyo resultado a sido mayoritariamente satisfactorio. Pero aun con la previsible intervención judicial, este movimiento regulatorio no deja sin riesgo todo lo que suceda en el tiempo intermedio.

La propuesta de la FCC no tiene solamente efectos en los EE. UU. Gran parte de los servicios de internet son ofrecidos por plataformas que operan desde Estados Unidos, donde los acuerdos con los ISP serían los que determinen quiénes son ganadores y perdedores con alcance global. Los usuarios de internet en nuestra región verán afectadas sus posibilidades de acceder a contenidos y aplicaciones, lo que implica una restricción de acceso a la información y al conocimiento.

La decisión de Pai resulta además un nefasto precedente para otras latitudes, en las cuales el reconocimiento del principio de neutralidad ha sido inexistente o débil en su ejecución, como precisamente es el caso de varios países de América Latina conforme se muestra en un estudio coordinado por Intervozes este año. La propuesta de la FCC puede así convertirse en un mal modelo de regulación que podría además ser copiado por otros países.

Desde otros lugares del mundo podemos sumarnos a la reacción pública en contra del desmantelamiento de la neutralidad de la red pues, como lo explicábamos hace unos meses, no podemos quedarnos indiferentes ante esta amenaza que, como internet, no reconoce límites territoriales.

25N: construir una internet sin violencia

La violencia de género en línea es un continuo que existe junto al contexto heteronormativo y patriarcal predominante en el mundo físico. Los relatos de la variedad de ataques sufridos día a día por todo tipo mujeres (niñas, indígenas, lesbianas, trans) y en diferentes roles (madres, activistas, periodistas, políticas, académicas) nos obligan a pensar en las herramientas que pueden construirse para combatir directamente esa violencia: desde lo técnico, lo discursivo, lo artístico y lo social. Muchas iniciativas de ese tipo ya se están tejiendo y consideramos que es importante conocerlas, usarlas y celebrarlas este #25N.

La violencia de género toma diversas y horrendas formas en su manifestación física, sexual, psicológica y económica. A menudo las víctimas quedan atrapadas en un círculo que pone el énfasis en su re-victimización y en la ausencia de herramientas para combatirla de forma más efectiva. Habitualmente no se presta suficiente atención a que en todos los casos, la disponibilidad de herramientas legales para frenar o prevenir la violencia no es la única herramienta ni la más eficiente para detener la violencia. La clave en todos los casos es el apoyo y el acompañamiento, las redes de confianza, los espacios donde las víctimas puedan comunicarse sin temor a ser agredidas, para poder desarrollarse como sujetos integrales, y no sólo perpetuarse como víctimas.

Tal como sucede en las iniciativas contra la violencia de género que se desarrollan en el mundo físico que cuentan con programas de acompañamiento, capacitación laboral o residencias de acogida, para enfrentar la violencia en línea hoy se están construyendo numerosos espacios y movimientos a través de iniciativas de empoderamiento tecnológico; talleres y manuales de seguridad digital; repositorios de aprendizajes sobre derechos, autodefensa y autonomía digital para mujeres de identidades diversas; y el desarrollo de infraestructuras feministas y autónomas, entre otras iniciativas. Todas estas iniciativas están cambiando el foco desde la violencia hacia las herramientas y el poder que como mujeres podemos desarrollar para combatirla. Este año hemos dedicado nuestro tradicional informe “Latin America in a Glimpse” a documentar algunas de estas experiencias, que veremos en diciembre próximo.

Desarrollar estrategias de apropiación del espacio digital en respuesta a la violencia es urgente para combatir la narrativa que se construye cuando luego de una agresión digital se fuerza a que sean las mujeres quienes abandonen tales espacios considerados ‘inseguros’, dejando como resultado la autocensura y la impunidad, al timpo que es el perpetrador de la violencia quien gana cuando se silencia la voz de la víctima.

Aún queda mucho por hacer y necesitamos ser más exigentes con las plataformas privadas que ofrecen servicios a través de internet, en lo que les compete a reconocer y reaccionar oportunamente a ataques coordinados que buscan silenciar a mujeres en el entorno digital, en correlato a la censura y la violencia que sufren en el espacio físico.

Existe una deuda pendiente en términos de la transparencia con que las plataformas reciben y procesan solicitudes de este tipo, así como los criterios de procedimiento y sustantivos que se tienen en consideración para resolverlos. La sensibilidad a los condicionamientos culturales, sociales y etnográficos de nuestra región también resulta aquí un imperativo de responsabilidad social empresarial para plataformas configuradas desde otras latitudes.

La violencia en línea, tal como la violencia física, probablemente no desaparecerá nunca por completo, pero se le puede disputar el espacio a través de iniciativas como las que enunciamos aquí. Ellas ocupan el espacio virtual desde nuevas premisas de respeto e igualdad, que cambian la filosofía defensiva -que aún es tremendamente necesaria- por una de conquista de los espacios autónomos y seguros para que las mujeres puedan comunicarse y organizarse.

Las narrativas son tremendamente importantes en este proceso de apropiación y combate de la violencia: con alegría, con libertad de equivocarse y aprender, con espontaneidad, con compañerismo y solidaridad.

Como lo apunta Darinka Lejarazu a propósito de las bondades de tejer juntas: “Las feministas defendemos a capa y espada los espacios de mujeres y creo fervientemente que deberíamos de volver a tejer juntas y es que hay algo especial entre un grupo de mujeres que se reúnen a tejer, bordar, coser… estas actividades te dan la posibilidad de la escucha activa, juntas, mientras creamos cosas con nuestras manos podemos pensar, podemos abrir nuestro corazón, hablar de nuestros problemas, buscar soluciones juntas, hilamos ideas, entretejemos nuestras historias, aprendemos unas de otras y construimos desde el amor, el amor que solo se puede experimentar entre mujeres, creamos un nuevo cotidiano que nos permite sanar las heridas y respirar en este mundo que nos quiere ver ahogadas; ganar fuerzas para combatir”.

Construyamos estos espacios. Este 25N las invito como punto de partida a revisar las recomendaciones de Ciberseguras rumbo al #25N: herramientas y consejos para colectivas para una participación segura en las actividades que nos lleven a las calles. Conmemoremos esta fecha. Sigamos la lucha contra la violencia en todas sus formas. Vamos a tejer juntas una nueva internet.

Renegociación del TLCAN: no en nuestro nombre

Para Donald Trump el TLCAN era “el peor tratado de libre de comercio de la historia.” Ahora quiere “modernizarlo”, llevando adelante un impulso por la renegociación entre los tres países que componen el acuerdo. En México, los gobernantes usan la misma palabra, “modernizar”, sin pensarlo dos veces, como si la modernidad aún fuera una utopía. Como si las premisas tras esa “modernización” no hubieran causado más desigualdad, dependencia y crisis ecológicas y de derechos humanos. Después de 23 años, Canadá, Estados Unidos y México están renegociando el tratado comercial que regirá sus relaciones durante las próximas décadas.

Hay un patrón en las negociaciones comerciales: se hacen a oscuras, sin transparencia y privilegiando siempre los intereses de grandes empresas por encima de los derechos humanos. Con el TLCAN pasa lo mismo: no importa cuánto esfuerzo dedique México en tener elecciones democráticas y transparentes, en que los legisladores y funcionarios sean verdaderamente representativos, las decisiones que se tomen a puerta cerrada en estas negociaciones impactarán directamente nuestras vidas tanto dentro como fuera de línea. Pero la ciudadanía y la sociedad civil no participan activamente en ellas.

Por un breve momento creíamos que el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus siglas en inglés) había muerto cuando Trump firmó la salida de Estados Unidos. Pero estos tratados son como zombis: se rehúsan a morir y permanecer muertos. El pasado 10 de noviembre, los 11 países que restaban en esta negociación, acordaron seguir adelante sin la potencia que en un principio los empujaba, “suspendiendo” (quizás hasta que EE. UU. vuelva al redil).

Ahora nos enfrentamos a dos instrumentos distintos que amenazan nuestras libertades en internet: el TLCAN y el CPTPP, negociados con exclusión de la ciudadanía. Peor aún, en México el 80 % de los mexicanos rechaza al gobierno el turno, de acuerdo con la última encuesta del Latinobarómetro, dejando así al ejecutivo sin un piso de representatividad en el esfuerzo negociador. Estamos hablando de un gobierno sin legitimidad, que sellará un pacto para regir cientos de millones de vidas, durante décadas. Y ese pacto afecta también la vida de los ciudadanos en el entorno digital.

Hay dos consensos importantes en la sociedad civil mexicana que se opone a las negociaciones del TLCAN. La Convergencia México Mejor Sin TLCs –formada por más de veinte organizaciones desde campesinos, activistas, trabajadores, ambientalistas y sectores técnicos– concuerda en que uno de los problemas más graves es el mecanismo de resolución de disputas vía tribunales de Arbitraje de Diferencias Estado-Inversor (conocido por ISDS del inglés Investor-State Dispute Settlement). Este ya estaba en el capítulo XI del TLCAN original de 1994 y a la fecha ha sido parangón de muchas injusticias.

En segundo lugar, la falta de transparencia es una constante antidemocrática: ¿cómo tener un debate ciudadano, rico y representativo de todos los intereses si no sabemos qué viene en los textos?

El capítulo de propiedad intelectual del TPP fue uno de los más discutidos gracias a que Wikileaks lo filtró. De lo contrario, hubiera permanecido en secreto hasta su firma. Una de las primeras cosas que proponía era aumentar el plazo de los derechos de autor para protegerse durante la vida de los creadores y hasta 70 años después de su muerte, además de reforzar los mecanismos de observancia. Esto fomenta la idea de que la cultura y el conocimiento son titularidad de algunas industrias, poniéndola a disposición únicamente de quienes pueden pagarla. Promueve un esquema en el que empresas y personas distintas de los autores siguen recibiendo regalías por algo que no crearon.

Es más, mediante el mecanismo del comercio internacional, limita la capacidad de los países de fijar sus propias reglas para compartir cultura y para descargar, leer, reproducir, copiar, pegar o remixear, cosas que muchas veces son sabiduría popular (¡y pública!). Un esquema promovido por las industrias de contenidos de los EE.UU., como principal explotador de derechos de autor en el mundo. No es difícil adivinar que la postura estadounidense en el TLCAN repetirá esta tendencia pues son los mismos intereses los que se sientan en la mesa de negociación.

El TPP también buscaba exportar una ley que en la práctica ha instaurado un sistema de censura privada: la Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Básicamente se trata de un mecanismo dirigido a compañías como Google, Facebook, Twitter y Youtube bajo la siguiente lógica: si conocen de contenidos que violen derechos de autor, y no lo bajan, entonces son también responsables por la infracción. En México, el presidente Enrique Peña Nieto ha usado la DMCA para eliminar videos en que aparece cometiendo errores al hablar. Sin controles ni salvaguardas judiciales, miles de expresiones legítimas e importantes podrían ser eliminadas.

El capítulo sobre comercio electrónico no se quedaba muy atrás. En la era del capitalismo digital los datos son dinero, y las personas somos datos: todo lo que hacemos en internet, los sitios que visitamos, lo que consumimos y compramos. De forma inevitable, al hablar de datos hablamos de privacidad. La pauta en ambos tratados es promover el “libre flujo de datos” entre países, incluso cuando estos tratan de información sensible. Hay excepciones a este libre flujo pero siempre y cuando no sean “restricciones encubiertas al comercio”. Traducción: se puede interpretar que una política que protege derechos humanos impide el comercio de datos, y por lo tanto bloquearse vía los mecanismos de ISDS.

Hay muchos otros puntos preocupantes, pero en esencia hay que decir que la modernización tiene tintes colonialistas. Estos tratados protegen a Estados Unidos y a las empresas multinacionales por encima de los intereses democráticos de personas comunes. Que quede claro: el TPP no puede revivirse y la negociación del TLCAN debe hacerse bajo criterios distintos que representen a la ciudadanía. Los derechos humanos no pueden supeditarse al comercio internacional. Exijamos mejores condiciones.

El retorno del TPP: el tratado zombi que se niega a morir

A pesar de las versiones contradictorias, todo indica que los 11 países que actualmente se encuentran negociando TPP han llegado a un acuerdo para sellar definitivamente el destino del tratado. Incluso después de haber sido declarado muerto, luego de que EEEUU anunciara su retirada, el ahora denominado TPP11 resurge.

Es que tratados comerciales multilaterales como TPP no se tratan solamente de fomentar el comercio entre los países. Por el contrario, buscan generar las “reglas doradas” que dictarán la pauta en una serie de temas que van más allá del comercio, incluyendo las reglas que regirán internet de hoy en adelante; muchos de las cuales tienen un profundo impacto en la forma en que las personas ejercen sus derechos fundamentales.

¿Quién gobierna internet?

Para los países de Latinoamérica, internet no es solo un medio de comunicación; es el lugar donde un porcentaje cada vez más significativo de las interacciones de sus habitantes tienen lugar. Ya sea para comunicarnos, trabajar, acceder a la cultura, organizarnos políticamente o entretenernos, lo cierto es que internet es parte de nuestra vida diaria, de cómo vivimos nuestras vidas y cómo ejercemos nuestros derechos.

Es por esto que vale la pena preguntarse a quién le corresponde regular internet: porque la forma en que se desenvolverá el internet del futuro depende en gran medida de quienes y donde se tomarán esas decisiones. Lamentablemente, si bien varios organismos internacionales relacionados con internet han propendido a implementar un modelo de múltiples partes interesadas, lo cierto es que muchas de las reglas que en la práctica rigen la forma en que opera internet se están gestando a puertas cerradas, en tratados multilaterales de libre comercio.

Esto no es solo negativo en términos democráticos. El excluir a la sociedad de los foros en donde se toman estas decisiones también afecta el contenido de las regulaciones. La falta de mandato democrático, de transparencia y participación también significa que se termina regulando en favor de unos pocos, a costa de los intereses de la mayoría. Basta un pequeño vistazo a sus disposiciones para constatar como el TPP privilegia los intereses corporativos por sobre los derechos de los usuarios y ciudadanos.

Propiedad intelectual

El TPP pretende, sin ningún tipo de evidencia, fortalecer de forma desproporcionada los derechos de los titulares de derechos de autor. Para ello, aumentará el plazo de protección a uno equivalente a la vida del autor más 70 años desde su muerte. Un período completamente desproporcionado y lesivo del dominio público, que está muy por sobre los 50 años que están establecidos como estándar internacional.

TPP también pretende implementar un sistema de bajada de contenido en línea que hace responsables a los proveedores de internet que, luego de un simple aviso privado, no cumplen con remover un contenido que se supone infringe algún derecho de autor. Este sistema desproporcionado puede transformarse en una forma de censura privada, y ha sido criticado por no exigir la participación autoridad judicial imparcial o de un debido proceso que autorice la bajada del contenido.

Por último, la consagración de las “medidas tecnológicas de protección” o candados digitales permitirán a los titulares de derechos controlar la forma en que hacemos uso de los dispositivos y productos digitales que legítimamente hemos adquirido. En el futuro, si tu PC no te deja instalar el sistema operativo que deseas, leer un e-book en el aparato de tu elección, o hacer respaldos de tus archivos, TPP será el responsable.

Comercio electrónico

Más allá de la propiedad intelectual, y bajo la etiqueta del comercio electrónico, TPP pretende regular distintos aspectos que se encuentran en la base de cómo opera internet.

TPP obliga a sus miembros a permitir el tráfico transfronterizo de datos personales, pero sin condicionarlo a que el país receptor mantenga un nivel equivalente o adecuado de resguardo de dichos datos.

Por otro lado, se exige no establecer como requisito la revelación de código fuente de programas computacionales para la comercialización o distribución de software. Esto puede impedir la implementación de políticas que promuevan el software libre y la auditoria de software por consideraciones de seguridad informática.

TPP también prohíbe a los estados exigir que los servicios localicen sus bases de datos en su país. Esto puede reafirmar la posición dominante de un puñado de empresas de Silicon Valley, al mismo tiempo que impide a los países implementar políticas que protejan los datos personales de sus ciudadanos.

En materia de neutralidad de la red, en vez de transformar el principio que garantiza una red libre, abierta y democrática en un estándar global, se consagra una versión descafeinada del mismo. Esto significa que TPP se transformará en un obstáculo para avanzar en esta materia.

Otras amenazas

TPP no es la única amenaza para un internet libre, abierto y democrático. El Trade in Services Agreement (TiSA), del cual son parte varios países de la región, contiene disposiciones muy similares en materia de comercio electrónico, incluso más perjudiciales en algunas materias, como revelación de código fuente. TiSA incluso va más allá de TPP, al regular la responsabilidad de los intermediarios por los contenidos no necesariamente ilegal, pero sí “abusivos o dañinos” subidos por sus usuarios.

Al establecer una exención de responsabilidad por el retiro “de buena fe”, se crea un incentivo a la eliminación de contenido por parte de los intermediarios de internet. Esto abre el camino a una eventual censura privada de contenido que no es ilegal, ya sea por presión de parte de los gobiernos a las empresas o por el interés comercial de las mismas.

Por otro lado, la iniciativa para reglas de comercio electrónico similares a las contenidas en TPP y TiSA también ha sido propuesta en la Organización Mundial del Comercio (OMC). En la reunión ministerial que tendrá lugar en Buenos Aires el mes de diciembre, los países desarrollados buscarán lograr un mandato para negociar temas de comercio electrónico al interior de OMC. Si bien la OMC puede tener estándares más altos de transparencia que tratados como TPP, sigue siendo una organización dedicada al comercio, y en donde los países desarrollados buscan empujar una agenda similar a la de TPP para favorecer su industria.

Camino a seguir

Hoy más que nunca es necesario que los distintos actores del ecosistema de internet, y la sociedad en general, presionen para que el futuro de internet deje de decidirse en tratados de libre comercio.

La regulación de internet afecta la forma en que todos ejercemos nuestros derechos fundamentales. Por lo tanto, corresponde que las decisiones sobre su futuro se tomen en foros que cuenten con mandato democrático, sean transparentes y participativos.

Solo de esta forma podremos seguir disfrutando de una internet libre, abierta y democrática.

Una oportunidad para pensar el acceso abierto desde América Latina

La última semana de octubre es momento de celebrar el Acceso Abierto (Open Access) a nivel global. La pregunta por el Acceso Abierto supone el acceso a recursos para la investigación y la educación de acceso libre y gratuito, a fines de aumentar la generación, difusión e impacto del conocimiento científico. Estos recursos consideran tanto artículos de investigación revisados por pares, como los datos requeridos para desarrollar tales estudios.

El objetivo de la celebración 2017 es destacar los diferentes usos e implicancias del Acceso Abierto, de ahí que el tema sea “Acceso Abierto para…”. Destacando la multiplicidad de beneficios que permitiría el Acceso Abierto en diversos contextos, por ejemplo, a la hora de favorecer la participación más equitativa en la comunidad científica y aumentar el impacto de las investigaciones.

El Acceso Abierto supone, en términos prácticos, sacar provecho a las tecnologías para eliminar las barreras de acceso al conocimiento científico, no solo a los resultados de las investigaciones sino también a los datos que dieron pie a tales conclusiones, favoreciendo así la reflexividad del conocimiento científico y el subsecuente avance del mismo. Las consecuencias sociales de un mayor y mejor desarrollo científico son innumerables, pero pueden verse reflejados en el desarrollo de proyectos innovadores capaces de ofrecer nuevas soluciones a los problemas cotidianos. Todo ello, sabemos, influye de manera positiva en la capacidad de alcanzar y mantener un desarrollo sostenible, que vaya más allá de los vaivenes del mercado de los commodities –variaciones que, muchas veces, han condenado a América Latina.

Sin embargo, el acceso al conocimiento científico sigue hallando obstáculos. El primero de ellos, por cierto, se encuentra en los gigantes de la industria científica editorial: conglomerados que cobran millones de dólares por suscripciones que permiten el acceso a sus bases de datos por parte de las universidades; montos generalmente destinados a acceder a investigaciones que han sido realizadas con fondos públicos. No está de más señalar que la principal fortaleza de las revistas disponibles en tales bases de datos se encuentra en el hecho de estar indexadas según criterios como ISI (Índice de Citación Científica), que constituyen el mayor incentivo (económico y de prestigio) en la comunidad académica.

Este tipo de esquema de acceso al conocimiento, mediado por grandes sumas de dinero a efectos de cumplir una función que hoy tecnológicamente resulta de costo marginal, ha llevado a la existencia de conflictos de suma importancia, que han agitado la discusión pública y académica.

Es en este escenario que instituciones de gran peso internacional, como la Comunidad Europea, han desarrollado políticas integrales a favor del Acceso Abierto, lo que supone garantizar el acceso libre a los productos y datos de las investigaciones científicas desarrolladas con fondos públicos. Así se comprende el surgimiento de la Iniciativa de Budapest (2002) y la Declaración de Berlín (2003), documentos que han sido articuladas en políticas que determinan el acceso a financiamiento científico, tal como muestra el programa Horizon 2020.

Por otra parte, América Latina ha tenido una historia particular en relación con el conocimiento científico. Tal como señala la UNESCO, las histórica carencia de editores académicos comerciales en la región habría llevado a altas tasas de circulación informal del conocimiento y, consecuentemente, baja difusión. De forma tal que “el Acceso Abierto ha sido una oportunidad para aumentar la visibilidad y el acceso; los fondos estatales, con apoyo de la cooperación internacional, han sido los grandes habilitadores del acceso abierto”.

Entre las experiencias exitosas de Acceso Abierto en la región se cuentan los portales SciELO y RedALyC que, desde 1997 y 2002 respectivamente, han facilitado el acceso a más de 1.000 revistas que cuentan con comités de revisión de pares. Alperin ha señalado a este respecto que “el uso, aproximación, y modelos del Acceso Abierto en las regiones en desarrollo y, en América Latina en particular, ha resultado extremadamente positivo y debe ser fortalecido y expandido”.

Cabe entonces preguntarse, si las revistas de Acceso Abierto constituyen espacios relevantes de visibilidad y fortalecimiento de la comunidad científica, ¿por qué no existen mayores incentivos a la publicación académica en tales espacios? En América Latina, la discusión pública en torno a la ciencia se queda, las más de las veces y como sucede con muchos problemas sociales, en la necesidad de aumentar recursos. Es necesario comprender que la pregunta por cómo y a qué fines se requieren tales recursos, puede ser más relevante que la mera urgencia material.

Necesitamos, entonces, orientarnos hacia el “Acceso Abierto para el fortalecimiento de la institucionalidad científica latinoamericana”, que permita no solo el aumento de la visibilidad de la producción científica en la región, sino también la configuración y desarrollo de redes de investigadoras e investigadores a nivel regional, capaces de articular una reflexión que responda a las necesidades del territorio.

Para ello es requerido establecer incentivos a la publicación en revistas de Acceso Abierto, impulsar cambios institucionales que favorezcan la difusión de los productos de la investigación realizada con fondos públicos y, por cierto, implementar iniciativas que pongan en valor el trabajo científico y la importancia de la curiosidad, y su sistemático despliegue, para el desarrollo de la región.

Las redes sociales como espacios para el discurso nocivo

La discusión en torno a las diferentes formas que puede adoptar el discurso nocivo en línea parece no tener fin: contenido falso, casos de acoso, doxxing, amenazas y ataques causados por racismo, misoginia, transfobia, homofobia y otros tipos de contenido dañino parecen haberse apoderado de internet, en especial de las plataformas de redes sociales.

Sin embargo, las conductas comprendidas dentro del concepto de discurso nocivo pueden ser elusivas y difíciles de definir, dado el delgado límite que demarca los tipos de discurso protegidos por la libertad de expresión y los estrictos parámetros que deben cumplirse para restringir este derecho.

En el centro de la discusión se encuentra el rol de las plataformas, espacios que en su inicio fueron vistos por los más idealistas como herramientas de un inmenso potencial para la masificación del acceso a la información, a la expresión y a la cultura, pero que hoy parecen verse constantemente bajo la acusación de servir de herramientas para causar daño a otras personas e, incluso, de capitalizar el discurso nocivo para ampliar su atractivo como servicio. No es un error, sino una característica: compañías como Facebook, que sustentan su modelo de negocio en la venta de publicidad, se han visto claramente beneficiadas por su implementación de estándares muy diferentes para el contenido publicado por la comunidad y el contenido proporcionado por sus anunciantes.

Compañías como Twitter, Instagram y Facebook administran espacios en los cuales, de manera simultánea, se permiten actos cotidianos de acoso, agresión y doxxing, mientras se censuran contenidos cuyo carácter dañino es altamente cuestionable: Facebook tiene un largo historial de censura de imágenes de mujeres amamantando, mujeres con sobrepeso o imágenes relacionadas con la menstruación. El modelo autorregulatorio parece resultar insuficiente al encontrarnos frente a compañías que responden a intereses económicos; tal como recientemente reportara Forbes, Twitter ignoró durante la mayor parte de su historia el contenido nocivo; solo sus intentos de vender –y el rechazo de varios potenciales compradores, al menos en parte debido al rol de la plataforma como espacio para el discurso de odio- desencadenaron los recientes de invertir fuertemente en medidas para limitar comportamientos abusivos.

Si bien es cierto que, como propietarios y administradores de espacios donde se desarrolla el discurso público, estas compañías tienen responsabilidad en el control de los actos que se cometen en sus plataformas, la capacidad de los intermediarios de internet para limitar el flujo del contenido debe estar sometida a parámetros sumamente estrictos y limitados, puesto que de lo contrario podríamos promover la privatización de la censura.

Frente a este problema, hay quien argumenta que la autorregulación ha funcionado bien por largo tiempo para los medios de comunicación tradicionales. Pero las plataformas en línea no son medios de comunicación tradicionales. Aunque desde un punto de vista estrictamente técnico la plataforma es “neutral”, en la práctica está regulada por algoritmos, políticas de contenido y empleados que toman decisiones con respecto al contenido “permitido”, no bajo lógicas periodísticas, sino lógicas de mercado. Como consecuencia, una determinada plataforma podrá considerar válido contenido que otra prohibirá, de acuerdo con lo que una comunidad considere permisible; lo que una comunidad como 4chan considera aceptable puede ser muy diferente de lo que se considera aceptable en Instagram, y estas plataformas no obedecen parámetros de derechos humanos, sino de masa crítica: lo que importa, en realidad, es optimizar el número de usuarios activos en el servicio, porque ese es el producto que se vende a los anunciantes.

Esto es una constatación del rol que juega la realidad económica frente a la libertad de expresión: tal como hemos visto, la única forma real de influir en cambios sobre los parámetros de contenido considerado aceptable en una plataforma determinada es lograr que un número crítico de usuarios se retire del servicio o conseguir que los anunciantes dejen de contratar publicidad. Fuera de esto, solo queda una última influencia: la posibilidad de los gobiernos de ejercer presión sobre las compañías.

A efectos prácticos, esto genera un ecosistema donde los parámetros del contenido aceptable están sujetos a cambios constantes, lo que por un lado imposibilita a los usuarios estar seguros de que están pisando firme al publicar determinado contenido (generando así un efecto de enfriamiento de la libertad de expresión) y por el otro, lleva a las compañías a restringir mucho más o mucho menos contenido del que sería exigible por ley.

Por último, si bien medidas como la remoción de usuarios falsos podría incrementar la confianza y la seguridad en una comunidad en línea, lo cierto es que las compañías no tienen incentivos económicos para hacerlo. Por el contrario, la meta es obtener más y nuevos usuarios. Al mismo tiempo, la toma de decisiones por la “conciencia colectiva”, como el reporte en masa que llevó al cierre de la cuenta de Al Jazeera en Twitter, a menudo no obedece a la existencia real de contenido nocivo, sino a los influjos de la ciertos sectores de la opinión pública.

Para más inri, en aquellos lugares donde los usuarios no poseen un peso crítico en términos comerciales, las comunidades no cuentan con la fuerza para lograr que sus protestas sean escuchadas: así, Maiol Sanaüja, independentista en oposición al gobierno de Cataluña, vio cerrada su cuenta de Twitter en marzo de este año, sin que ninguna protesta fuera capaz de recuperarla, viéndose forzado a abrir una nueva cuenta.

En última instancia, la mayor parte del acercamiento de las plataformas al contenido abusivo consiste en darlo de baja, una medida que no logra persuadir a las personas de dejar de “pensar, hablar y publicar” contenido dañino, sino que convierte la administración de estas plataformas en un ejercicio de cacería constante. Por un lado, las herramientas existentes para reportar abusos ponen un peso desproporcionado en la víctima, al punto de forzarla con frecuencia a abandonar la plataforma, lo que suele ser el objetivo principal de los atacantes. Por el otro, la búsqueda de herramientas de censura automática y algorítmica tienden a ser desproporcionales.

Cada vez más los estados están presionando a las plataformas de internet a borrar contenido, lo que inevitablemente llevará a la utilización de sistemas automatizados y al exceso de celo por parte de las plataformas que terminará en la restricción de mucho más contenido del que ordenaría, por ejemplo, una autoridad judicial. Para evitar daños irremediables al ecosistema de internet, necesitamos encontrar el balance entre el importante rol de permitir y preservar el discurso incómodo e impopular, y la preservación de espacios seguros para que los usuarios puedan expresarse libremente.