Tipo de contenido (Recurso): Columnas

En la OMC se negocia desconociendo nuestros derechos digitales

La más reciente ronda de negociación de la OMC estuvo marcada no solamente por el intento de incluir nuevas temáticas a la discusión sobre las reglas del comercio mundial. Estuvo además marcada por la exclusión de la sociedad civil del proceso, de forma incluso contraria a la historia del foro. Cerca de 60 individuos de más de 20 organizaciones, incluida Derechos Digitales, vieron cómo su acreditación fue revocada días antes del evento. El gobierno argentino emitió un comunicado esgrimiendo razones de seguridad, acusando a los grupos excluidos de ser disruptivos y violentos, lo que fue recibido con estupor por la comunidad internacional e incluso por las empresas. Lo cierto es que se marginó a estas organizaciones exclusivamente por tener una posición distinta a la del gobierno organizador del evento, lo que no se condice con una sociedad democrática.

Esta exclusión no solo se tradujo en la incapacidad de la sociedad civil para acreditarse, y por tanto participar del evento. El gobierno del presidente Macri llegó al extremo de retener en el aeropuerto de Ezeiza y deportar al activista Peter Tiland y la periodista Sally Burch. Otras organizaciones de la sociedad civil ni siquiera pudieron viajar a Buenos Aires, ya que el gobierno argentino rechazó sus solicitudes de visa sin expresión de causa. Incluso quienes pudieron acreditarse vieron con preocupación cómo el gobierno argentino organizó el evento de tal manera que la prensa y la sociedad civil estuvieran en un edificio, y las delegaciones de los países en otro, a varias cuadras de distancia, dificultando la capacidad de los dos primeros para contactar a los negociadores. Del mismo modo, el hecho de que la sociedad civil no pudiera participar de la ceremonia de apertura y clausura no tiene precedente en rondas pasadas de la OMC.

Todo lo anterior debe servir como un llamado de atención. Hasta hace poco tiempo se argumentaba, incluso desde la sociedad civil, que la inclusión de estos temas a nivel OMC podría ser positivo por el mayor nivel de apertura y participación al interior de este organismos internacional, especialmente en comparación con procesos plurilaterales como TPP, TiSA y NAFTA. Sin embargo, lo que ha sucedido en Buenos Aires ha dejado en evidencia que esta noción está muy lejos de la realidad.

Más allá del bochorno internacional

Una de las novedades de esta ronda de negociación fue el creciente interés de los países desarrollados, agrupados en “Friends of E-commerce for Development” por incluir el comercio electrónico en la agenda de temas que la OMC debe negociar en el futuro inmediato.

Esta propuesta aparentemente inocua debe ser vista con precaución. Por supuesto que nadie se opone a la promoción del comercio electrónico, pero el llamado de estos países a avanzar en la materia no es neutral. Una revisión de los non-papers propuestos basta para darse cuenta que muchas de las disposiciones más polémicas de TPP y TiSA están siendo propuestas como reglas que deben ser adoptadas a nivel global. Entre ellas, la obligación de permitir el flujo transfronterizo de datos, incluidos datos personales, además de reglas para impedir que se exija la revelación del código fuente como política pública, y la prohibición de que se exija a las empresas operar con servidores a nivel local.

Sin embargo, elementos esenciales para la promoción del comercio electrónico, como asegurar el acceso universal a internet y la consagración del principio de neutralidad de la red, brillaron por su ausencia. Todo indica que la promoción del comercio electrónico, al igual que en TPP y TiSA, se limita a aquellos aspectos que van en el interés de las grandes corporaciones.

Lo cierto es que todavía no sabemos cuál será el impacto económico, social e incluso en el carácter de nuestras democracias del hecho que Facebook y Google dominan hasta el 85 % del mercado de la publicidad en línea. Hoy internet se configura como un espacio de producción para el norte global y de consumo para el sur. Las reglas que se están discutiendo en la OMC tienden a mantener ese estado de cosas, y no desafiarlo.

¿Fin a la promesa del multilateralismo?

La falta de resultados de esta ronda de negociación parece haber mermado la confianza de muchos países en que se puede avanzar en materia de comercio en un modelo multilateral. La declaración del USTR, que nadie creería posible hace un par de años, habla de una “nueva era” en OMC, en donde se avanzará en los temas a través de acuerdos entre grupos de países que piensan parecido.

Este esquema no se condice con las reglas mismas de la OMC, constituye una noción peligrosa y que debe ser enfrentada. Luego de que no se lograra el consenso necesario para lograr un mandato de negociación en comercio electrónico, un grupo de 70 países, incluyendo varios latinoamericanos, publicaron una declaración conjunta manifestando que iniciarán trabajo exploratorio en miras a una futura negociación en la materia, y que este grupo estaría abierto a todo país que se quiera unir.

La legitimidad de esta estrategia es cuestionable. La OMC cuenta con órganos establecidos encargados del estudio, discusión y negociación de distintos temas. No le corresponde a un grupo de países declarar que trabajarán en cierta materia de forma paralela, pues les permite avanzar en la materia desde su perspectiva particular y constituye una presión indebida sobre el resto de los países que forman parte de un organismo internacional que opera por consenso.

Panorama a futuro

Esta vez no se alcanzó el consenso necesario para iniciar negociaciones en materia de comercio electrónico. Sin embargo, la declaración conjunta de países desarrollados muestra que es probable que la sociedad civil deba mantenerse alerta sobre cómo se aborda esta materia al interior de la OMC.

La capacidad de hacer escuchar nuestra voz en estos asuntos, que puede tener profundos y duraderos efectos en cómo nos desenvolvemos en línea, dependerá de que no se repita el autoritarismo con que Argentina abordó la organización de esta ronda de negociación. Es de esperar que la próxima ministerial incorpore criterios de transparencia y participación, y asegure que distintos actores críticos puedan ser tomados en consideración en esta instancia.

Mientras tanto, los esfuerzos de la sociedad civil deberán multiplicarse para mantenerse alerta de lo que se discute al interior de la OMC, al mismo tiempo que se opone activamente a las reglas que vulneran nuestros derechos en los procesos de TPP, TiSA y NAFTA.

La Neutralidad de la red bajo ataque II: El regreso

No, no es el título de la última entrega de Hollywood. Mientras nuestros amigos de los EE. UU. se preparaban alegremente para las celebraciones de su Día de Acción de gracias, el Chairman de la Federal Communications Commission (FCC), Ajit Pai, se encontraba cocinando algo más que pavo y salsa de cranberries.

Lo que fue comunicado oficialmente el 21 de noviembre es el documento titulado “Restoring Internet Freedom”, propuesta regulatoria que vendría a sustituir la “Open Internet Order” de 2015, que estableció meridianamente el principio de neutralidad de la red en el país del norte. La propuesta, que se someterá a votación el próximo 14 de diciembre, propone eliminar todas las reglas de neutralidad de red actuales, con la excepción de una regla de transparencia modificada.

Eso significa que, en adelante, los proveedores de servicio de internet (ISP) de los EE. UU. serían libres de bloquear, acelerar o ralentizar sitios web, aplicaciones y servicios, cobrar tarifas a las compañías en línea por acceder a los suscriptores del ISP, o entrar en acuerdos con proveedores de servicios y aplicaciones para darles condiciones de conexión privilegiada de velocidad a sus suscriptores, bastando que los ISP informen a sus clientes sobre la existencia de este tipo de acuerdos. Es decir, decidir, según su conveniencia económica, qué sitios y servicios funcionan mejor que otros en internet.

La propuesta elimina también todas las reglas de estándar de conducta destinadas a asegurar la supervisión del regulador de las facultades de administración de la red limitadamente reconocidas a los proveedores de servicios. Con esto, abre la puerta al ejercicio de discrecionalidad técnica y comercial de los ISP en la oferta de servicios, como gestión de tráfico o esquemas de zero-rating.

No conforme con el retroceso respecto del estándar de neutralidad de la red hoy vigente, la propuesta va más allá: al echar pie atrás a la clasificación del servicio de banda ancha como servicio de comunicación (common carrier) y catalogarlo como servicio de información (information service), imposibilitaría que en el futuro la FCC adopte o imponga alguna norma significativa que permita garantizar la neutralidad de la red.

La norma además limita la posibilidad de que sean los Estados quienes adopten sus propias reglas de neutralidad de la red, distintas de la regulación federal, lo que hará imposible que estos reaccionen implementando sus propias normativas ante la falta de protecciones de la neutralidad de la red a nivel federal.

Algunas encuestas muestran que la iniciativa de eliminar la protección de la neutralidad de la red parece ser tremendamente impopular en todos los sectores del espectro político, lo que no ha detenido esta iniciativa con nefastas consecuencias como precedente global.

Desafortunadamente, la FCC no es responsable directamente ante el público, y Pai ha dejado en claro que no tiene la intención de dar mucho peso a la opinión pública o la cantidad de comentarios recibidos por la FCC en apoyo de las reglas de neutralidad de la red. Sin embargo, a los miembros del Congreso sí les importa lo que piensan sus electores, y como ellos son los encargados de supervisar los esfuerzos de la FCC en este espacio, ellos tienen el poder de detenerlo. Por eso las organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos están haciendo un llamado a que las personas se comuniquen con sus representantes para exigirles la protección de la neutralidad de la red.

Como lo plantea Tim Wu -a quien se le atribuye la paternidad teórica del principio de neutralidad de la red- lo más probable es que este episodio de revés regulatorio termine con la intervención de las Cortes de los Estados Unidos. De acuerdo a los estándares normativos del derechos administrativo norteamericano, las decisiones administrativas solo pueden ser revocadas cuando la agencia federal involucrada cumpla con examinar evidencia fáctica que demuestre la conveniencia de un cambio de estándar, lo cual difícilmente podría ser el caso de la regla de neutralidad cuyo resultado a sido mayoritariamente satisfactorio. Pero aun con la previsible intervención judicial, este movimiento regulatorio no deja sin riesgo todo lo que suceda en el tiempo intermedio.

La propuesta de la FCC no tiene solamente efectos en los EE. UU. Gran parte de los servicios de internet son ofrecidos por plataformas que operan desde Estados Unidos, donde los acuerdos con los ISP serían los que determinen quiénes son ganadores y perdedores con alcance global. Los usuarios de internet en nuestra región verán afectadas sus posibilidades de acceder a contenidos y aplicaciones, lo que implica una restricción de acceso a la información y al conocimiento.

La decisión de Pai resulta además un nefasto precedente para otras latitudes, en las cuales el reconocimiento del principio de neutralidad ha sido inexistente o débil en su ejecución, como precisamente es el caso de varios países de América Latina conforme se muestra en un estudio coordinado por Intervozes este año. La propuesta de la FCC puede así convertirse en un mal modelo de regulación que podría además ser copiado por otros países.

Desde otros lugares del mundo podemos sumarnos a la reacción pública en contra del desmantelamiento de la neutralidad de la red pues, como lo explicábamos hace unos meses, no podemos quedarnos indiferentes ante esta amenaza que, como internet, no reconoce límites territoriales.

25N: construir una internet sin violencia

La violencia de género en línea es un continuo que existe junto al contexto heteronormativo y patriarcal predominante en el mundo físico. Los relatos de la variedad de ataques sufridos día a día por todo tipo mujeres (niñas, indígenas, lesbianas, trans) y en diferentes roles (madres, activistas, periodistas, políticas, académicas) nos obligan a pensar en las herramientas que pueden construirse para combatir directamente esa violencia: desde lo técnico, lo discursivo, lo artístico y lo social. Muchas iniciativas de ese tipo ya se están tejiendo y consideramos que es importante conocerlas, usarlas y celebrarlas este #25N.

La violencia de género toma diversas y horrendas formas en su manifestación física, sexual, psicológica y económica. A menudo las víctimas quedan atrapadas en un círculo que pone el énfasis en su re-victimización y en la ausencia de herramientas para combatirla de forma más efectiva. Habitualmente no se presta suficiente atención a que en todos los casos, la disponibilidad de herramientas legales para frenar o prevenir la violencia no es la única herramienta ni la más eficiente para detener la violencia. La clave en todos los casos es el apoyo y el acompañamiento, las redes de confianza, los espacios donde las víctimas puedan comunicarse sin temor a ser agredidas, para poder desarrollarse como sujetos integrales, y no sólo perpetuarse como víctimas.

Tal como sucede en las iniciativas contra la violencia de género que se desarrollan en el mundo físico que cuentan con programas de acompañamiento, capacitación laboral o residencias de acogida, para enfrentar la violencia en línea hoy se están construyendo numerosos espacios y movimientos a través de iniciativas de empoderamiento tecnológico; talleres y manuales de seguridad digital; repositorios de aprendizajes sobre derechos, autodefensa y autonomía digital para mujeres de identidades diversas; y el desarrollo de infraestructuras feministas y autónomas, entre otras iniciativas. Todas estas iniciativas están cambiando el foco desde la violencia hacia las herramientas y el poder que como mujeres podemos desarrollar para combatirla. Este año hemos dedicado nuestro tradicional informe “Latin America in a Glimpse” a documentar algunas de estas experiencias, que veremos en diciembre próximo.

Desarrollar estrategias de apropiación del espacio digital en respuesta a la violencia es urgente para combatir la narrativa que se construye cuando luego de una agresión digital se fuerza a que sean las mujeres quienes abandonen tales espacios considerados ‘inseguros’, dejando como resultado la autocensura y la impunidad, al timpo que es el perpetrador de la violencia quien gana cuando se silencia la voz de la víctima.

Aún queda mucho por hacer y necesitamos ser más exigentes con las plataformas privadas que ofrecen servicios a través de internet, en lo que les compete a reconocer y reaccionar oportunamente a ataques coordinados que buscan silenciar a mujeres en el entorno digital, en correlato a la censura y la violencia que sufren en el espacio físico.

Existe una deuda pendiente en términos de la transparencia con que las plataformas reciben y procesan solicitudes de este tipo, así como los criterios de procedimiento y sustantivos que se tienen en consideración para resolverlos. La sensibilidad a los condicionamientos culturales, sociales y etnográficos de nuestra región también resulta aquí un imperativo de responsabilidad social empresarial para plataformas configuradas desde otras latitudes.

La violencia en línea, tal como la violencia física, probablemente no desaparecerá nunca por completo, pero se le puede disputar el espacio a través de iniciativas como las que enunciamos aquí. Ellas ocupan el espacio virtual desde nuevas premisas de respeto e igualdad, que cambian la filosofía defensiva -que aún es tremendamente necesaria- por una de conquista de los espacios autónomos y seguros para que las mujeres puedan comunicarse y organizarse.

Las narrativas son tremendamente importantes en este proceso de apropiación y combate de la violencia: con alegría, con libertad de equivocarse y aprender, con espontaneidad, con compañerismo y solidaridad.

Como lo apunta Darinka Lejarazu a propósito de las bondades de tejer juntas: “Las feministas defendemos a capa y espada los espacios de mujeres y creo fervientemente que deberíamos de volver a tejer juntas y es que hay algo especial entre un grupo de mujeres que se reúnen a tejer, bordar, coser… estas actividades te dan la posibilidad de la escucha activa, juntas, mientras creamos cosas con nuestras manos podemos pensar, podemos abrir nuestro corazón, hablar de nuestros problemas, buscar soluciones juntas, hilamos ideas, entretejemos nuestras historias, aprendemos unas de otras y construimos desde el amor, el amor que solo se puede experimentar entre mujeres, creamos un nuevo cotidiano que nos permite sanar las heridas y respirar en este mundo que nos quiere ver ahogadas; ganar fuerzas para combatir”.

Construyamos estos espacios. Este 25N las invito como punto de partida a revisar las recomendaciones de Ciberseguras rumbo al #25N: herramientas y consejos para colectivas para una participación segura en las actividades que nos lleven a las calles. Conmemoremos esta fecha. Sigamos la lucha contra la violencia en todas sus formas. Vamos a tejer juntas una nueva internet.

Renegociación del TLCAN: no en nuestro nombre

Para Donald Trump el TLCAN era “el peor tratado de libre de comercio de la historia.” Ahora quiere “modernizarlo”, llevando adelante un impulso por la renegociación entre los tres países que componen el acuerdo. En México, los gobernantes usan la misma palabra, “modernizar”, sin pensarlo dos veces, como si la modernidad aún fuera una utopía. Como si las premisas tras esa “modernización” no hubieran causado más desigualdad, dependencia y crisis ecológicas y de derechos humanos. Después de 23 años, Canadá, Estados Unidos y México están renegociando el tratado comercial que regirá sus relaciones durante las próximas décadas.

Hay un patrón en las negociaciones comerciales: se hacen a oscuras, sin transparencia y privilegiando siempre los intereses de grandes empresas por encima de los derechos humanos. Con el TLCAN pasa lo mismo: no importa cuánto esfuerzo dedique México en tener elecciones democráticas y transparentes, en que los legisladores y funcionarios sean verdaderamente representativos, las decisiones que se tomen a puerta cerrada en estas negociaciones impactarán directamente nuestras vidas tanto dentro como fuera de línea. Pero la ciudadanía y la sociedad civil no participan activamente en ellas.

Por un breve momento creíamos que el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus siglas en inglés) había muerto cuando Trump firmó la salida de Estados Unidos. Pero estos tratados son como zombis: se rehúsan a morir y permanecer muertos. El pasado 10 de noviembre, los 11 países que restaban en esta negociación, acordaron seguir adelante sin la potencia que en un principio los empujaba, “suspendiendo” (quizás hasta que EE. UU. vuelva al redil).

Ahora nos enfrentamos a dos instrumentos distintos que amenazan nuestras libertades en internet: el TLCAN y el CPTPP, negociados con exclusión de la ciudadanía. Peor aún, en México el 80 % de los mexicanos rechaza al gobierno el turno, de acuerdo con la última encuesta del Latinobarómetro, dejando así al ejecutivo sin un piso de representatividad en el esfuerzo negociador. Estamos hablando de un gobierno sin legitimidad, que sellará un pacto para regir cientos de millones de vidas, durante décadas. Y ese pacto afecta también la vida de los ciudadanos en el entorno digital.

Hay dos consensos importantes en la sociedad civil mexicana que se opone a las negociaciones del TLCAN. La Convergencia México Mejor Sin TLCs –formada por más de veinte organizaciones desde campesinos, activistas, trabajadores, ambientalistas y sectores técnicos– concuerda en que uno de los problemas más graves es el mecanismo de resolución de disputas vía tribunales de Arbitraje de Diferencias Estado-Inversor (conocido por ISDS del inglés Investor-State Dispute Settlement). Este ya estaba en el capítulo XI del TLCAN original de 1994 y a la fecha ha sido parangón de muchas injusticias.

En segundo lugar, la falta de transparencia es una constante antidemocrática: ¿cómo tener un debate ciudadano, rico y representativo de todos los intereses si no sabemos qué viene en los textos?

El capítulo de propiedad intelectual del TPP fue uno de los más discutidos gracias a que Wikileaks lo filtró. De lo contrario, hubiera permanecido en secreto hasta su firma. Una de las primeras cosas que proponía era aumentar el plazo de los derechos de autor para protegerse durante la vida de los creadores y hasta 70 años después de su muerte, además de reforzar los mecanismos de observancia. Esto fomenta la idea de que la cultura y el conocimiento son titularidad de algunas industrias, poniéndola a disposición únicamente de quienes pueden pagarla. Promueve un esquema en el que empresas y personas distintas de los autores siguen recibiendo regalías por algo que no crearon.

Es más, mediante el mecanismo del comercio internacional, limita la capacidad de los países de fijar sus propias reglas para compartir cultura y para descargar, leer, reproducir, copiar, pegar o remixear, cosas que muchas veces son sabiduría popular (¡y pública!). Un esquema promovido por las industrias de contenidos de los EE.UU., como principal explotador de derechos de autor en el mundo. No es difícil adivinar que la postura estadounidense en el TLCAN repetirá esta tendencia pues son los mismos intereses los que se sientan en la mesa de negociación.

El TPP también buscaba exportar una ley que en la práctica ha instaurado un sistema de censura privada: la Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Básicamente se trata de un mecanismo dirigido a compañías como Google, Facebook, Twitter y Youtube bajo la siguiente lógica: si conocen de contenidos que violen derechos de autor, y no lo bajan, entonces son también responsables por la infracción. En México, el presidente Enrique Peña Nieto ha usado la DMCA para eliminar videos en que aparece cometiendo errores al hablar. Sin controles ni salvaguardas judiciales, miles de expresiones legítimas e importantes podrían ser eliminadas.

El capítulo sobre comercio electrónico no se quedaba muy atrás. En la era del capitalismo digital los datos son dinero, y las personas somos datos: todo lo que hacemos en internet, los sitios que visitamos, lo que consumimos y compramos. De forma inevitable, al hablar de datos hablamos de privacidad. La pauta en ambos tratados es promover el “libre flujo de datos” entre países, incluso cuando estos tratan de información sensible. Hay excepciones a este libre flujo pero siempre y cuando no sean “restricciones encubiertas al comercio”. Traducción: se puede interpretar que una política que protege derechos humanos impide el comercio de datos, y por lo tanto bloquearse vía los mecanismos de ISDS.

Hay muchos otros puntos preocupantes, pero en esencia hay que decir que la modernización tiene tintes colonialistas. Estos tratados protegen a Estados Unidos y a las empresas multinacionales por encima de los intereses democráticos de personas comunes. Que quede claro: el TPP no puede revivirse y la negociación del TLCAN debe hacerse bajo criterios distintos que representen a la ciudadanía. Los derechos humanos no pueden supeditarse al comercio internacional. Exijamos mejores condiciones.

El retorno del TPP: el tratado zombi que se niega a morir

A pesar de las versiones contradictorias, todo indica que los 11 países que actualmente se encuentran negociando TPP han llegado a un acuerdo para sellar definitivamente el destino del tratado. Incluso después de haber sido declarado muerto, luego de que EEEUU anunciara su retirada, el ahora denominado TPP11 resurge.

Es que tratados comerciales multilaterales como TPP no se tratan solamente de fomentar el comercio entre los países. Por el contrario, buscan generar las “reglas doradas” que dictarán la pauta en una serie de temas que van más allá del comercio, incluyendo las reglas que regirán internet de hoy en adelante; muchos de las cuales tienen un profundo impacto en la forma en que las personas ejercen sus derechos fundamentales.

¿Quién gobierna internet?

Para los países de Latinoamérica, internet no es solo un medio de comunicación; es el lugar donde un porcentaje cada vez más significativo de las interacciones de sus habitantes tienen lugar. Ya sea para comunicarnos, trabajar, acceder a la cultura, organizarnos políticamente o entretenernos, lo cierto es que internet es parte de nuestra vida diaria, de cómo vivimos nuestras vidas y cómo ejercemos nuestros derechos.

Es por esto que vale la pena preguntarse a quién le corresponde regular internet: porque la forma en que se desenvolverá el internet del futuro depende en gran medida de quienes y donde se tomarán esas decisiones. Lamentablemente, si bien varios organismos internacionales relacionados con internet han propendido a implementar un modelo de múltiples partes interesadas, lo cierto es que muchas de las reglas que en la práctica rigen la forma en que opera internet se están gestando a puertas cerradas, en tratados multilaterales de libre comercio.

Esto no es solo negativo en términos democráticos. El excluir a la sociedad de los foros en donde se toman estas decisiones también afecta el contenido de las regulaciones. La falta de mandato democrático, de transparencia y participación también significa que se termina regulando en favor de unos pocos, a costa de los intereses de la mayoría. Basta un pequeño vistazo a sus disposiciones para constatar como el TPP privilegia los intereses corporativos por sobre los derechos de los usuarios y ciudadanos.

Propiedad intelectual

 El TPP pretende, sin ningún tipo de evidencia, fortalecer de forma desproporcionada los derechos de los titulares de derechos de autor. Para ello, aumentará el plazo de protección a uno equivalente a la vida del autor más 70 años desde su muerte. Un período completamente desproporcionado y lesivo del dominio público, que está muy por sobre los 50 años que están establecidos como estándar internacional.

TPP también pretende implementar un sistema de bajada de contenido en línea que hace responsables a los proveedores de internet que, luego de un simple aviso privado, no cumplen con remover un contenido que se supone infringe algún derecho de autor. Este sistema desproporcionado puede transformarse en una forma de censura privada, y ha sido criticado por no exigir la participación autoridad judicial imparcial o de un debido proceso que autorice la bajada del contenido.

Por último, la consagración de las “medidas tecnológicas de protección” o candados digitales permitirán a los titulares de derechos controlar la forma en que hacemos uso de los dispositivos y productos digitales que legítimamente hemos adquirido. En el futuro, si tu PC no te deja instalar el sistema operativo que deseas, leer un e-book en el aparato de tu elección, o hacer respaldos de tus archivos, TPP será el responsable.

Comercio electrónico

 Más allá de la propiedad intelectual, y bajo la etiqueta del comercio electrónico, TPP pretende regular distintos aspectos que se encuentran en la base de cómo opera internet.

TPP obliga a sus miembros a permitir el tráfico transfronterizo de datos personales, pero sin condicionarlo a que el país receptor mantenga un nivel equivalente o adecuado de resguardo de dichos datos.

Por otro lado, se exige no establecer como requisito la revelación de código fuente de programas computacionales para la comercialización o distribución de software. Esto puede impedir la implementación de políticas que promuevan el software libre y la auditoria de software por consideraciones de seguridad informática.

TPP también prohíbe a los estados exigir que los servicios localicen sus bases de datos en su país. Esto puede reafirmar la posición dominante de un puñado de empresas de Silicon Valley, al mismo tiempo que impide a los países implementar políticas que protejan los datos personales de sus ciudadanos.

En materia de neutralidad de la red, en vez de transformar el principio que garantiza una red libre, abierta y democrática en un estándar global, se consagra una versión descafeinada del mismo. Esto significa que TPP se transformará en un obstáculo para avanzar en esta materia.

Otras amenazas

 TPP no es la única amenaza para un internet libre, abierto y democrático. El Trade in Services Agreement (TiSA), del cual son parte varios países de la región, contiene disposiciones muy similares en materia de comercio electrónico, incluso más perjudiciales en algunas materias, como revelación de código fuente. TiSA incluso va más allá de TPP, al regular la responsabilidad de los intermediarios por los contenidos no necesariamente ilegal, pero sí “abusivos o dañinos” subidos por sus usuarios.

Al establecer una exención de responsabilidad por el retiro “de buena fe”, se crea un incentivo a la eliminación de contenido por parte de los intermediarios de internet. Esto abre el camino a una eventual censura privada de contenido que no es ilegal, ya sea por presión de parte de los gobiernos a las empresas o por el interés comercial de las mismas.

Por otro lado, la iniciativa para reglas de comercio electrónico similares a las contenidas en TPP y TiSA también ha sido propuesta en la Organización Mundial del Comercio (OMC). En la reunión ministerial que tendrá lugar en Buenos Aires el mes de diciembre, los países desarrollados buscarán lograr un mandato para negociar temas de comercio electrónico al interior de OMC. Si bien la OMC puede tener estándares más altos de transparencia que tratados como TPP, sigue siendo una organización dedicada al comercio, y en donde los países desarrollados buscan empujar una agenda similar a la de TPP para favorecer su industria.

Camino a seguir

Hoy más que nunca es necesario que los distintos actores del ecosistema de internet, y la sociedad en general, presionen para que el futuro de internet deje de decidirse en tratados de libre comercio.

La regulación de internet afecta la forma en que todos ejercemos nuestros derechos fundamentales. Por lo tanto, corresponde que las decisiones sobre su futuro se tomen en foros que cuenten con mandato democrático, sean transparentes y participativos.

Solo de esta forma podremos seguir disfrutando de una internet libre, abierta y democrática.

Una oportunidad para pensar el acceso abierto desde América Latina

La última semana de octubre es momento de celebrar el Acceso Abierto (Open Access) a nivel global. La pregunta por el Acceso Abierto supone el acceso a recursos para la investigación y la educación de acceso libre y gratuito, a fines de aumentar la generación, difusión e impacto del conocimiento científico. Estos recursos consideran tanto artículos de investigación revisados por pares, como los datos requeridos para desarrollar tales estudios.

El objetivo de la celebración 2017 es destacar los diferentes usos e implicancias del Acceso Abierto, de ahí que el tema sea “Acceso Abierto para…”. Destacando la multiplicidad de beneficios que permitiría el Acceso Abierto en diversos contextos, por ejemplo, a la hora de favorecer la participación más equitativa en la comunidad científica y aumentar el impacto de las investigaciones.

El Acceso Abierto supone, en términos prácticos, sacar provecho a las tecnologías para eliminar las barreras de acceso al conocimiento científico, no solo a los resultados de las investigaciones sino también a los datos que dieron pie a tales conclusiones, favoreciendo así la reflexividad del conocimiento científico y el subsecuente avance del mismo. Las consecuencias sociales de un mayor y mejor desarrollo científico son innumerables, pero pueden verse reflejados en el desarrollo de proyectos innovadores capaces de ofrecer nuevas soluciones a los problemas cotidianos. Todo ello, sabemos, influye de manera positiva en la capacidad de alcanzar y mantener un desarrollo sostenible, que vaya más allá de los vaivenes del mercado de los commodities –variaciones que, muchas veces, han condenado a América Latina.

Sin embargo, el acceso al conocimiento científico sigue hallando obstáculos. El primero de ellos, por cierto, se encuentra en los gigantes de la industria científica editorial: conglomerados que cobran millones de dólares por suscripciones que permiten el acceso a sus bases de datos por parte de las universidades; montos generalmente destinados a acceder a investigaciones que han sido realizadas con fondos públicos. No está de más señalar que la principal fortaleza de las revistas disponibles en tales bases de datos se encuentra en el hecho de estar indexadas según criterios como ISI (Índice de Citación Científica), que constituyen el mayor incentivo (económico y de prestigio) en la comunidad académica.

Este tipo de esquema de acceso al conocimiento, mediado por grandes sumas de dinero a efectos de cumplir una función que hoy tecnológicamente resulta de costo marginal, ha llevado a la existencia de conflictos de suma importancia, que han agitado la discusión pública y académica.

Es en este escenario que instituciones de gran peso internacional, como la Comunidad Europea, han desarrollado políticas integrales a favor del Acceso Abierto, lo que supone garantizar el acceso libre a los productos y datos de las investigaciones científicas desarrolladas con fondos públicos. Así se comprende el surgimiento de la Iniciativa de Budapest (2002) y la Declaración de Berlín (2003), documentos que han sido articuladas en políticas que determinan el acceso a financiamiento científico, tal como muestra el programa Horizon 2020.

Por otra parte, América Latina ha tenido una historia particular en relación con el conocimiento científico. Tal como señala la UNESCO, las histórica carencia de editores académicos comerciales en la región habría llevado a altas tasas de circulación informal del conocimiento y, consecuentemente, baja difusión. De forma tal que “el Acceso Abierto ha sido una oportunidad para aumentar la visibilidad y el acceso; los fondos estatales, con apoyo de la cooperación internacional, han sido los grandes habilitadores del acceso abierto”.

Entre las experiencias exitosas de Acceso Abierto en la región se cuentan los portales SciELO y RedALyC que, desde 1997 y 2002 respectivamente, han facilitado el acceso a más de 1.000 revistas que cuentan con comités de revisión de pares. Alperin ha señalado a este respecto que “el uso, aproximación, y modelos del Acceso Abierto en las regiones en desarrollo y, en América Latina en particular, ha resultado extremadamente positivo y debe ser fortalecido y expandido”.

Cabe entonces preguntarse, si las revistas de Acceso Abierto constituyen espacios relevantes de visibilidad y fortalecimiento de la comunidad científica, ¿por qué no existen mayores incentivos a la publicación académica en tales espacios? En América Latina, la discusión pública en torno a la ciencia se queda, las más de las veces y como sucede con muchos problemas sociales, en la necesidad de aumentar recursos. Es necesario comprender que la pregunta por cómo y a qué fines se requieren tales recursos, puede ser más relevante que la mera urgencia material.

Necesitamos, entonces, orientarnos hacia el “Acceso Abierto para el fortalecimiento de la institucionalidad científica latinoamericana”, que permita no solo el aumento de la visibilidad de la producción científica en la región, sino también la configuración y desarrollo de redes de investigadoras e investigadores a nivel regional, capaces de articular una reflexión que responda a las necesidades del territorio.

Para ello es requerido establecer incentivos a la publicación en revistas de Acceso Abierto, impulsar cambios institucionales que favorezcan la difusión de los productos de la investigación realizada con fondos públicos y, por cierto, implementar iniciativas que pongan en valor el trabajo científico y la importancia de la curiosidad, y su sistemático despliegue, para el desarrollo de la región.

Las redes sociales como espacios para el discurso nocivo

La discusión en torno a las diferentes formas que puede adoptar el discurso nocivo en línea parece no tener fin: contenido falso, casos de acoso, doxxing, amenazas y ataques causados por racismo, misoginia, transfobia, homofobia y otros tipos de contenido dañino parecen haberse apoderado de internet, en especial de las plataformas de redes sociales.

Sin embargo, las conductas comprendidas dentro del concepto de discurso nocivo pueden ser elusivas y difíciles de definir, dado el delgado límite que demarca los tipos de discurso protegidos por la libertad de expresión y los estrictos parámetros que deben cumplirse para restringir este derecho.

En el centro de la discusión se encuentra el rol de las plataformas, espacios que en su inicio fueron vistos por los más idealistas como herramientas de un inmenso potencial para la masificación del acceso a la información, a la expresión y a la cultura, pero que hoy parecen verse constantemente bajo la acusación de servir de herramientas para causar daño a otras personas e, incluso, de capitalizar el discurso nocivo para ampliar su atractivo como servicio. No es un error, sino una característica: compañías como Facebook, que sustentan su modelo de negocio en la venta de publicidad, se han visto claramente beneficiadas por su implementación de estándares muy diferentes para el contenido publicado por la comunidad y el contenido proporcionado por sus anunciantes.

Compañías como Twitter, Instagram y Facebook administran espacios en los cuales, de manera simultánea, se permiten actos cotidianos de acoso, agresión y doxxing, mientras se censuran contenidos cuyo carácter dañino es altamente cuestionable: Facebook tiene un largo historial de censura de imágenes de mujeres amamantando, mujeres con sobrepeso o imágenes relacionadas con la menstruación. El modelo autorregulatorio parece resultar insuficiente al encontrarnos frente a compañías que responden a intereses económicos; tal como recientemente reportara Forbes, Twitter ignoró durante la mayor parte de su historia el contenido nocivo; solo sus intentos de vender –y el rechazo de varios potenciales compradores, al menos en parte debido al rol de la plataforma como espacio para el discurso de odio- desencadenaron los recientes de invertir fuertemente en medidas para limitar comportamientos abusivos.

Si bien es cierto que, como propietarios y administradores de espacios donde se desarrolla el discurso público, estas compañías tienen responsabilidad en el control de los actos que se cometen en sus plataformas, la capacidad de los intermediarios de internet para limitar el flujo del contenido debe estar sometida a parámetros sumamente estrictos y limitados, puesto que de lo contrario podríamos promover la privatización de la censura.

Frente a este problema, hay quien argumenta que la autorregulación ha funcionado bien por largo tiempo para los medios de comunicación tradicionales. Pero las plataformas en línea no son medios de comunicación tradicionales. Aunque desde un punto de vista estrictamente técnico la plataforma es “neutral”, en la práctica está regulada por algoritmos, políticas de contenido y empleados que toman decisiones con respecto al contenido “permitido”, no bajo lógicas periodísticas, sino lógicas de mercado. Como consecuencia, una determinada plataforma podrá considerar válido contenido que otra prohibirá, de acuerdo con lo que una comunidad considere permisible; lo que una comunidad como 4chan considera aceptable puede ser muy diferente de lo que se considera aceptable en Instagram, y estas plataformas no obedecen parámetros de derechos humanos, sino de masa crítica: lo que importa, en realidad, es optimizar el número de usuarios activos en el servicio, porque ese es el producto que se vende a los anunciantes.

Esto es una constatación del rol que juega la realidad económica frente a la libertad de expresión: tal como hemos visto, la única forma real de influir en cambios sobre los parámetros de contenido considerado aceptable en una plataforma determinada es lograr que un número crítico de usuarios se retire del servicio o conseguir que los anunciantes dejen de contratar publicidad. Fuera de esto, solo queda una última influencia: la posibilidad de los gobiernos de ejercer presión sobre las compañías.

A efectos prácticos, esto genera un ecosistema donde los parámetros del contenido aceptable están sujetos a cambios constantes, lo que por un lado imposibilita a los usuarios estar seguros de que están pisando firme al publicar determinado contenido (generando así un efecto de enfriamiento de la libertad de expresión) y por el otro, lleva a las compañías a restringir mucho más o mucho menos contenido del que sería exigible por ley.

Por último, si bien medidas como la remoción de usuarios falsos podría incrementar la confianza y la seguridad en una comunidad en línea, lo cierto es que las compañías no tienen incentivos económicos para hacerlo. Por el contrario, la meta es obtener más y nuevos usuarios. Al mismo tiempo, la toma de decisiones por la “conciencia colectiva”, como el reporte en masa que llevó al cierre de la cuenta de Al Jazeera en Twitter, a menudo no obedece a la existencia real de contenido nocivo, sino a los influjos de la ciertos sectores de la opinión pública.

Para más inri, en aquellos lugares donde los usuarios no poseen un peso crítico en términos comerciales, las comunidades no cuentan con la fuerza para lograr que sus protestas sean escuchadas: así, Maiol Sanaüja, independentista en oposición al gobierno de Cataluña, vio cerrada su cuenta de Twitter en marzo de este año, sin que ninguna protesta fuera capaz de recuperarla, viéndose forzado a abrir una nueva cuenta.

En última instancia, la mayor parte del acercamiento de las plataformas al contenido abusivo consiste en darlo de baja, una medida que no logra persuadir a las personas de dejar de “pensar, hablar y publicar” contenido dañino, sino que convierte la administración de estas plataformas en un ejercicio de cacería constante. Por un lado, las herramientas existentes para reportar abusos ponen un peso desproporcionado en la víctima, al punto de forzarla con frecuencia a abandonar la plataforma, lo que suele ser el objetivo principal de los atacantes. Por el otro, la búsqueda de herramientas de censura automática y algorítmica tienden a ser desproporcionales.

Cada vez más los estados están presionando a las plataformas de internet a borrar contenido, lo que inevitablemente llevará a la utilización de sistemas automatizados y al exceso de celo por parte de las plataformas que terminará en la restricción de mucho más contenido del que ordenaría, por ejemplo, una autoridad judicial. Para evitar daños irremediables al ecosistema de internet, necesitamos encontrar el balance entre el importante rol de permitir y preservar el discurso incómodo e impopular, y la preservación de espacios seguros para que los usuarios puedan expresarse libremente.

 

Censura de la red: la incesante amenaza a la democracia

Parece un guion repetido: políticos de países de todo el mundo, desde fuertes democracias hasta cuestionados autoritarismos, piden límites al ejercicio de la libertad de expresión, especialmente en internet. O bien lo ejercen desde la forma bruta de bloqueos de la red o de sitios completos, o bien mediante una extensión odiosa de normas que penan ciertas formas de expresión. Pero se sigue repitiendo.

El caso venezolano es ejemplar. Como comentamos hace semanas, la Asamblea Nacional Constituyente discute un proyecto del gobierno para penar con 12 a 15 años de prisión a quien fomente el odio, además de amenazar con el cierre de los medios o el bloqueo de las plataformas donde tal contenido exista. A los intensos cuestionamientos a la legitimidad de origen de la propuesta, se unen fuertes críticas al contenido normativo, que en conjunto aparecen menos como un intento de rechazo a las expresiones de odio y más como un intento de control del discurso público.

En un contexto político manchado por los eventos de los últimos años, Brasil también vio a sus legisladores incluir a la censura en su normativa. A propósito de un proyecto de ley sobre financiamento de propaganda electoral, a última hora se incluyó una disposición que obliga a los sitios de internet a suspender, sin orden judicial, los contenidos que calificaren como discurso de odio, diseminación de información falsa u ofensas dirigidas contra un partido político o un candidato. Ambas cámaras del Congreso federal aprobaron en cuestión de horas un abierto intento por facilitar la censura. La reacción crítica fue inmediata, y el presidente ya anunció el veto de la reforma.

Pero antes de que muriera la iniciativa en Brasil, un congresista paraguayo se “inspiró” en la propuesta brasileña para poner en discusión un proyecto que ordena identificar a los autores de discurso anónimo “ofensivo” en Paraguay, de forma tal que, solamente previa denuncia, los operadores deban “suspender inmediatamente cualquier acto ofensivo o difamatorio escrito de forma anónima en sus páginas contra partidos, movimientos o candidatos electorales”. Como explica TEDIC en detalle, se trata de un intento de censura sin consideración alguna por el estado actual de la regulación de las ofensas, de la proporcionalidad detrás del intento de remoción, de la necesidad de debido proceso, o de la redundancia en la penalización.

Aunque los contextos son diversos, y las condiciones de derechos humanos varían significativamente entre países, un elemento es común: quienes detentan cierto grado de poder político buscan utilizarlo para protegerse contra quienes lo cuestionan. El odio o la ofensa surgen como excusas poco veladas para un ejercicio arbitrario de la censura, poniendo límites igualmente arbitrarios al debate público. Ello conlleva serios riesgos para la democracia, allí donde las expresiones pueden ser tan fácilmente suprimidas.

El complejo panorama de la expresión en la red

Los problemas de las iniciativas legales que buscan censurar contenido en internet o acallar las voces críticas, no alteran un escenario de cuestionamiento constante al valor de la expresión en línea. Parte de ese cuestionamiento tiene algo de fundamento: no es difícil comprobar que internet está repleto de discurso de odio, homofobia, xenofobia, racismo y misoginia, por lo que parece tener sentido buscar la prevención del daño que ello produce.

En contextos de luchas políticas y campañas electorales (solamente durante el próximo año en Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, México y Venezuela), el problema está lejos de desaparecer, y adquiere una dimensión pública y colectiva distinta. Al discurso nocivo se suma la presencia de trolls y bots en América Latina, junto al debate actual sobre el uso de la capacidad de perfilamiento de las grandes compañías de internet para publicidad dirigida con fines de desinformar o desmovilizar a grupos enteros de la población. Grupos que incluyen a quienes por las profundas desigualdades existentes están ya más apartados de la participación política, y que abundan en nuestra región.

¿Cuál es, entonces, la respuesta a la existencia de discursos de odio, frente a la necesidad de libre expresión, especialmente allí donde la lucha política la hace más necesaria? Responsabilizar a los intermediarios o convertirlos en guardianes de la civilidad no parece una respuesta adecuada. Quitarles del todo un rol en la prevención de la violencia en línea es igualmente inadecuado frente al poder que hoy detentan sobre el discurso en línea.

Pero el extremo de requerir una censura expedita y total de expresiones que pueden ser válidas, o de exigir la desanonimización frente a discursos disidentes, significa no solamente una desproporción a nivel legislativo, sino una vulneración de los derechos fundamentales de las personas. A su vez, una afectación directa de la garantía que tales derechos representan para la deliberación democrática y la participación en las decisiones sobre el destino de cada nación. Conociendo las pautas que el sistema interamericano ha expresado para establecer restricciones legítimas, los últimos intentos de promover la censura y la autocensura representan una afrenta a las aspiraciones democráticas de América Latina.

#Verificado19s datos valiosos para la ayuda humanitaria

En momentos de catástrofe, el exceso de información puede ser tan paralizante como su ausencia. El pasado 19 de septiembre en Ciudad de México, después del sismo que destruyó parte del centro de la ciudad, los tuits, publicaciones de Facebook, mensajes de WhatsApp y cadenas de correos eran abrumantes. En medio del caos y la paranoia, ¿cómo determinar qué es cierto y qué no, ¿cómo saber si los pedido de ayuda son todavía vigente?

Ante esas inquietudes apareció Verificado19s, una plataforma digital que verificó y organizó información para hacer más eficiente la respuesta ciudadana frente al desastre. En los días siguientes al terremoto, cientos de personas en México acudieron a apoyar las labores de rescate en medio de un frenesí descoordinado; nadie sabía a dónde ir, dónde o qué tipo de ayuda se necesitaba, y por eso se prepararon toneladas de alimentos que acabaron desperdiciados en los centros de acopio más populares, mientras que en los estados y las zonas rurales damnificadas aún no llegaba nada.

Por eso, lo primero que hicimos fue construir un mapa colaborativo que reflejara los daños a edificios y centros de acopio. Usando un formulario de Google, cualquier persona podía levantar reportesy rápidamente fue posible visualizar información clasificada por categorías y geolocalizada, gracias la la facilidad de la herramienta, que funciona de manera muy intuitiva. Pronto el gobierno e incluso la NASA lo empezaron a tomar como referente. Sin embargo, lo que necesitábamos en medio del caos era información en tiempo real, una plataforma para ver qué llevar y a dónde llevarlo, pero esto es algo que no podíamos hacer a través de Google Maps, ya que era imposible hacer los ajustes necesarios en el código.

Aunque hay herramientas en las web que permiten hacer este mapeo de necesidades y actulizarse en tiempo real, en esos momentos era urgente canalizar y agilizar los apoyos porque todavía era posible rescatar personas con vida entre los escombros, y muchas veces estas herramientas no son tan intuitivas para ofrecer una respuesta inmediata. Lo más urgente entonces era determinar si los reportes eran verdaderos, pues durante las primeras horas siguientes al terremoto, en redes sociales empezó a circular, además, información que infundía miedo y confusión.

Por eso empezamos a verificar, centralizando la información en una especie de call center improvisado, pero a través de monitores en campo que veían y constataban las cosas de primera mano. Una vez que la información se verificaba, se diseñaban postales para compartir en Twitter, por ser la única red social cuyos algoritmos nos permitían inmediatez y tiempo real.

Durante la semana siguiente al terremoto del 19 de septiembre, desde el centro de la Ciudad de México estuvo un equipo de personas rotando en la actulización y divulgación de información verificada durante las 24 horas del día. Se necesitó la colaboración de personas que desde los lugares donde se encontraban estuvieron corroborando, aclarando y puntualizando la información, mientras otros la incluían en las plataformas, la organizaban y la compartían. Con esto, se logró organizar brigadas a las zonas rurales más cercanas al epicentro de los sismos, tanto del 7 como de 19 de septiembre, cuya visibilidad había sido mínima con respecto a la capital mexicana.

Esta, como otras iniciativas humanitarias de organización y canalización de información y recursos, demuestran que las tecnologías de almacenamiento de datos y transmisión inmediata de información son insuficientes si no están al servicio de necesidades y voluntades sociales. Ante la ineficiencia estatal para responder a un desastre, ha sido la organización de la ciudadanía la que ha funcionado para atender a los damnificados; las tecnologías digitales fueron una valiosa herramienta, sin duda, pero esta vez no fueron los datos quienes salvaron vidas, sino los nodos de confianza y las redes de solidaridad.

¿Qué sigue ahora? ¿Cómo colaborar en la reconstrucción? ¿Qué hacemos con todo este conocimiento colectivo que le dio al gobierno una lección de transparencia, apertura y organización? ¿Cómo usar estas ganas, esta energía y esperanza?

Poco y nada (o cuánto sabemos realmente sobre cómo nos vigilan)

Con gran pompa mediática, Carabineros de Chile anunció esta semana la detención de ocho comuneros mapuches en el marco de la denominada “Operación Huracán”, una acción de inteligencia policial con el fin de esclarecer responsabilidades en dos quemas de camiones forestales ocurridas durante agosto en La Araucanía.

Lo peculiar del anuncio es que la prueba incriminatoria para someter a proceso investigativo a los mapuches son mensajes intercambiados a través de aplicaciones de mensajería, como WhatsApp. Y aunque algunos de los mensajes supuestamente intercambiados por los detenidos han aparecido en la prensa, poco detalles se conocen sobre la operación; de ser reales las comunicaciones, ¿cómo accedieron a ellas?

Con la información actualmente disponible es imposible saberlo, y los escenarios potenciales son múltiples. Sabemos que los mensajes de WhatsApp están cifrados por defecto, por lo que ni los proveedores de servicio ni la misma compañía tienen acceso al contenido de las comunicaciones. ¿Qué fue entonces? ¿Un infiltrado? ¿Tuvo la policía acceso físico a los teléfonos? ¿Utilizaron alguno de los programas espía disponibles en el mercado?

Si bien la última opción es técnicamente compleja y sofisticada, no es descabellada: sabemos que la Policía de Investigaciones (PDI) compró el software Phantom de Hacking Team; sabemos también que el objetivo era usarlo para conseguir “información que no obtendrán a través de una orden judicial”. No sabemos mucho más; ni cuántas veces lo han usado, con qué objeto, en el marco de qué causas. Tampoco sabemos qué software utiliza Carabineros de Chile ni cualquier otra institución pública.

Pareciera ser incluso que sabemos más sobre los programas de vigilancia de la NSA estadounidense que de lo que ocurre en América Latina.

La falta de información disponible respecto a las capacidades técnicas y las prácticas de vigilancia de las policía es un problema importante. Dado que se trata de herramientas altamente intrusivas, es dudoso que su uso se apegue a las garantías del debido proceso establecidas en el Código Procesal Penal. Por otra parte, la adquisición de este tipo de herramientas muchas veces se ampara en el secreto que proveen las razones de seguridad nacional y es altamente complejo poder determinar si se han usado o no, incluso teniendo acceso al dispositivo que se sospecha pudiese haber sido infectado.

Se arma así un cuadro complejo, donde el abuso por parte de los cuerpos investigativos es una posibilidad real, escudado en el completo silencio con el cual es factible operar hoy. Frente a esto, la única respuesta posible en una sociedad democrática es mayor transparencia respecto a modos y técnicas, que permitan dar un mínimo de certezas básicas que funcionen como garantías del respeto por los derechos fundamentales.

Recientemente en México se ha comenzado a desenmarañar una extensa red de espionaje gubernamental dirigido a activistas, periodistas y opositores políticos. Se trata de un ejemplo claro y cercano de los graves peligros que permite la falta de controles y contrapesos.

Pero el caso mexicano es también un recordatorio del estado de penumbra en el que muchas veces se encuentran quienes tienen interés por averiguar qué está ocurriendo con la vigilancia estatal: las personas correctas dieron con la pista correcta en el momento correcto; de otra forma, es muy probable que ninguno de estos casos hubiese salido a la luz. Los esfuerzos por esclarecer el estado de la vigilancia estatal no pueden descansar en la buena suerte.

Al igual que en el caso del #DecretoEspía, lo que está en juego acá es el sistema de resguardos que garantizan que los derechos constitucionales están siendo respetados. Dado que Carabineros se ha mostrado tan abiertos y dispuesto a compartir los resultados de su investigación con los medios de comunicación, hay una oportunidad interesante para saber más sobre el modo en que proceden, en este y otros casos.

Es tarea de la prensa también plantear las preguntas correctas y no convertirse en pasivos transmisores de información incuestionable. Tal vez de esta manera podamos empezar a conseguir algunas respuestas.