Contra las nuevas formas de violencia antidemocrática

Un día como hoy, hace 46 años, las Fuerzas Armadas chilenas derrocaron al gobierno democrático de Salvador Allende. El golpe de estado – producto de una confabulación entre militares y civiles, con apoyo de la CIA – dio inicio a 17 años de dictadura sangrienta y voraz, cuya violencia se expresó como asesinato y tortura, pero también como política económica y en la creación de una Constitución todavía hoy vigente.

Ese 11 de septiembre de 1973, mi madre tenía 14 años; 13 mi padre. El retorno de la democracia los encontró comenzando los 30, con un hijo pequeño y una hija recién nacida. Además de infundir miedo y hambre, la dictadura les arrebató su juventud. Valientemente asumieron la responsabilidad de luchar contra la represión, de todas las maneras que encontraron: marchando, haciendo barricadas, tirando panfletos, organizando actos culturales, haciendo títeres, cantando, tomando vino navegado en las peñas folklóricas, mirando películas censuradas, yendo al teatro. Fue así como se conocieron y quizás su amor haya sido también una manera de resistir, un pequeño gesto de esperanza frente a la monotonía de la desolación.

Como mis padres, miles de personas lucharon todos los días durante 17 años contra la dictadura, desde distintos frentes, de diferentes maneras. La recuperación de la democracia es su legado, su regalo para quienes les seguimos. Pero la democracia es siempre una promesa, un proyecto inconcluso, susceptible también al retroceso. Y esa es algo de lo que tenemos que ser conscientes, especialmente cuando hemos visto un alza de las voces negacionistas del horror, no solamente en Chile, sino también -por ejemplo- en Brasil, que al igual que otros países Latinoamericanos vivió también una historia de represión, violencia y terrorismo estatal.

Las nuevas tecnologías de la comunicación -desde las redes sociales a las aplicaciones de mensajería- han sido una de las principales armas que han encontrado los grupos negacionistas, que han sabido explotar hábilmente el desinterés de las compañías por generar espacios seguros para quienes las usan y las sociedades en que habitan. Alguna vez celebradas como la vanguardia de la democracia, las redes sociales se han convertido en la mayor caja de resonancia que han encontrado los proyectos filofascistas en el siglo XXI.

La explotación del miedo con fines políticos -a través del perfilamiento de la población- gracias a la acumulación masiva de datos personales, es también una expresión que remite al arsenal de herramientas utilizado por las dictaduras latinoamericanas; que además reconocieron el potencial de las campañas de desinformación muchísimo antes de la masificación de los celulares y los grupos de WhatsApp.

Por su parte, las tecnologías de vigilancia, que de forma cada vez más común se despliegan en los espacios públicos y semi-públicos, tienen el potencial de volver literal la advertencia macabra emitida por el dictador cuando se ufanaba de que en Chile no se movía una hoja sin que él lo supiera ¿Cuánto más efectiva habría sido la CNI si hubiese tenido acceso a la tecnología de reconocimiento facial que hoy se instala de manera casi anecdótica en nuestras ciudades? Y aunque en Chile la CNI ya no existe, periodistas y activistas siguen siendo vigilados y perseguidos por medio de las mismas tecnologías que se suponía venían a liberarnos.

La relación entre tecnología y violencia no debería extrañarnos, ¿no fue acaso IBM proveedor de la Alemania Nazi? Lo que debería parecernos raro es la ingenuidad con la que se suele abordar esta relación, como si viviéramos constantemente obnubilados por el brillo de las pantallas que hemos decidido anexarnos.

Frente a estas nuevas formas de violencia que atentan contra nuestras frágiles democracias y los derechos fundamentales de quienes las conforman, nuestro deber es resistir y luchar de todas las formas que encontremos: por quienes lo hicieron antes que nosotros y para quienes nos van a suceder.

¿Qué oculta la nueva consulta pública sobre derechos de autor en Brasil?

Brasil tiene una de las leyes de derechos de autor más estrictas de América Latina, con escasas flexibilidades para las usuarias manifestadas en excepciones y limitaciones a los derechos exclusivos. Aunque hubo algunos avances jurisprudenciales en los últimos años, la Ley Nº 9.610 de 1998 mantiene una serie de restricciones al uso privado de obras protegidas y no incluye autorizaciones que favorezcan el uso de obras intelectuales en escuelas, bibliotecas o museos.

Una historia complicada

La ley fue por años clasificada como una de las peores del mundo por Consumers International y en menos de diez años de vigencia fue considerada obsoleta, ya que su carácter restrictivo frenaba muchas de las posibilidades de acceso a la información, conocimiento y cultura potenciadas por las tecnologías digitales. No obstante, este análisis crítico sirvió como una de las bases para iniciar un primer proceso de debates públicos para hacer una revisión de la ley. Ese proceso fue iniciado en 2007 por el Ministerio de Cultura (hoy integrado al Ministerio de Ciudadanía), encabezado por el popular artista Gilberto Gil.

Los debates incluyeron un ciclo de encuentros en distintas regiones del país, reuniendo a expertos, artistas y sociedad civil entre otros interesados. Las discusiones tenían un fuerte énfasis en la ampliación de las limitaciones y excepciones favorables al uso de las obras intelectuales. A partir de estos debates, fue presentado un texto inicial de reforma para consulta pública virtual en 2010 y en 2011 un nuevo texto estuvo abierto para comentarios. En un proceso que ya era novedoso por el carácter inclusivo y abierto de la discusión, las consultas virtuales surgían como una expresión pionera de participación: la ciudadanía podía no solamente revisar las propuestas, sino también comentarlas y revisar los comentarios de otros interesados.

Sin embargo, el proceso no prosperó. Con los cambios políticos vividos en el país desde entonces y la ascensión de liderazgos menos comprometidos con la promoción de la cultura libre, el texto jamás fue presentado al Congreso Nacional. Reformas menores fueron aprobadas, pero la esperanza inicial por una ley equilibrada se diluyó.

Mientras ese proceso de modernización se detuvo, la marcha de la tecnología continuó, incluyendo una masificación de las redes sociales y de formas cada vez más complejas de producción y recreación artística y cultural. Los cambios en el ecosistema digital, a nivel nacional y global, trajeron nuevos desafíos a una regulación cada día más atrasada.

La ley vuelve a la discusión pública

De manera sorpresiva, el gobierno de Bolsonaro abrió una nueva consulta pública sobre la ley actual -recibiendo comentarios sobre el texto completo hoy vigente- y sobre los temas que podrían integrarse a la ley. La consulta fue lanzada sin ningún debate o documento preparatorio, sin un texto base (salvo la ley vigente) y sin referencia alguna a los desarrollos del proceso iniciado en la década pasada. Tampoco hay ningún compromiso con la publicación de las contribuciones recibidas, ni sobre la información de la participación; lo que consiste en un gran retroceso en transparencia en relación a los procesos anteriores.

Aunque sea loable la iniciativa de abrir al público la discusión de una ley tan criticada, surge la pregunta: ¿qué motiva la apertura de una consulta sobre la ley de derechos de autor en este momento?

Dos elementos apuntan a una intención de establecer nuevas reglas para la difusión de contenidos protegidos en línea. El primero de ellos, es la mención expresa a la Directiva Europea de Derechos de Autor en el texto que presenta la consulta. Como se sabe, la Directiva incluye un controvertido artículo que responsabiliza los intermediarios en línea por infracciones de derechos de autor, incluso de parte de terceros, obligando a una censura proactiva por las empresas de internet. Cabe preguntarse si el gobierno brasileño pretende hacer propio un modelo que, a pesar de haber sido aprobado, ha presentado grandes polémicas y sigue planteando serios desafíos para su implementación.

El segundo elemento, es la pregunta en el formulario de consulta sobre la necesidad de una “reforma integral” a la ley, o solamente una reforma en lo relativo a los nuevos modelos de negocios de internet. La segunda opción trae como ejemplo la regulación del artículo 19 del Marco Civil de Internet, que precisamente trata de la responsabilidad de intermediarios de internet.

Aunque políticamente se optó por dejar a una regulación específica el tratamiento de la responsabilidad en caso de violaciones a los derechos de autor, cabe recordar que la sociedad brasileña hizo una opción en el Marco Civil (que también pasó por un proceso de construcción ciudadana reconocido en todo el mundo) por no responsabilizar a las plataformas por infracciones cometidas por terceros y con eso priorizar la libre expresión en línea. Un cambio en ese sistema, alineado con los desarrollos de la Directiva Europea que parece inspirar al gobierno brasileño, representaría la victoria de intereses comerciales de la industria por sobre la ciudadanía y el interés público.

La voz de la ciudadanía para un sistema equilibrado

Es difícil otorgar el beneficio de la duda a gobiernos autoritarios a propósito de iniciativas revestidas de democracia y participación. En una materia como la legislación de los derechos de autor, tan relevante para el interés público y el avance de derechos humanos, pero tan susceptible a la presión por parte de las industrias de contenidos y las entidades de cobro, esa suspicacia es aún mayor. A ello se suma la falta de documentación informativa y la ausencia de compromisos de transparencia, que podrían invitar a un involucramiento más activo de la ciudadanía.

Pero esas mismas razones son las que invitan a aprovechar esta apertura. Dado que los espacios de participación en políticas públicas son hoy limitados, una consulta pública resulta un espacio propicio que ocupar. Dado que las voces siempre presentes en estos debates son las de quienes utilizan a la propiedad intelectual como caja pagadora (y a menudo, no los artistas mismos), una consulta pública es una oportunidad para expresar los intereses de quienes usan obras a diario para crear, para expresarse, para enseñar. Y dado que no hay certeza sobre cómo serán consideradas las respuestas a la consulta, es una oportunidad para presentar y difundir públicamente con fuerza las ideas de la sociedad civil para una regulación equilibrada y respetuosa de derechos fundamentales.

El futuro de internet, la creación y la difusión del conocimiento libre y abierto, están hoy en consulta pública en Brasil. Esta es una oportunidad para hacer que la ley recoja las necesidades de las personas que usan internet para educar, crear, compartir, documentar -incorporando a los acervos e instituciones que preservan la memoria y el conocimiento- para alzar la voz en defensa de los humanos, contra la vigilancia y censura en la red.

Vea también:

La Directiva Europea de Derecho de Autor y su impacto en los usuarios de América Latina y el Caribe: una perspectiva desde las organizaciones de la sociedad civil

Reforma da LDA: o que você precisa saber

Represión contra mujeres periodistas y activistas en México

El viernes 16 de agosto en la Ciudad de México se convocó a una protesta ante las omisiones de justicia en casos de violación donde los culpables son elementos de las fuerzas policiacas. Estos casos, que no han sido pocos ni recientes, llevaron a que cientos de mujeres se encontraran en las inmediaciones de la Glorieta de Insurgentes para dar lugar a lo que se denominó “Diamantada”: donde la diamantina fue retomada como símbolo de protesta durante la manifestación convocada tras los eventos del 12 de agosto.

Cabe recalcar que el tema de la violencia contra mujeres en México es un problema histórico que hoy en día se mantiene al alza, simplemente en este año hemos pasado de tener un promedio de 8 a 10 asesinatos de mujeres al día. Aunado a esto, la violencia también se ha ejercido a través de otros mecanismos y estructuras de poder. No hay que olvidar que hace unos meses atrás aún nos encontrábamos analizando la luz que arrojó la segunda ola del #MeToo sobre casos de acoso y otros tipos de violencia en diferentes gremios: incluso el periodístico.

Desde hace varios años, diversas instancias se han encargado de documentar las implicaciones que -en el contexto de violencia contra periodistas, donde México está consolidado como uno de los peores en América Latina para ejercer esta profesión- recaen en asumir el compromiso con documentar y comunicar la realidad como mujer periodista. No es gratuito que la renombrada periodista Lydia Cacho recientemente haya huido del país.

Por otro lado, existe una dimensión política que también aporta un matiz distinto a la polarización de la información que tanto medios de comunicación como algunos comunicadores han difundido, pues es claro que el feminismo -como la verdad- incomoda a quienes han consolidado su poder en los privilegios que existen para quienes se alinean con estructuras sociales profundamente patriarcales, machistas y misóginas como las que existen en México; estructuras que grupos de mujeres organizadas a través de distintas acciones claramente políticas han estado visibilizando, buscando derribar. Y no pasa por alto que vivimos en una época donde la participación de las mujeres en distintos espacios se ha potenciado y amplificado, evidenciando el recelo (manifestado, algunas veces, a través de agresiones) ante los cambios propios de una sociedad que se está transformando.

Sin embargo, algunos de los principales medios de comunicación han optado por abordar el tema con una mirada sesgada que promueve la polarización y desdibuja el descontento que ha movido a cientos de mujeres en todo el país. Este problema no solamente pasa por evidenciar una falta de perspectiva de género y mirada crítica en estos conglomerados comunicacionales, sino que también alimenta las posturas que suelen tomarse por quienes propagan discursos de odio e incluso dirigen agresiones a activistas y medios de comunicación feminista en redes sociales.

Imponer el silencio

Tras las denuncias públicas de medios independientes con perspectiva feminista como Luchadoras, otras iniciativas de derechos humanos y afines a las causas feministas se sumaron para denunciar la violencia manifestada a través de redes sociales en días posteriores a la marcha.

Además de los casos violencia explícita que se documentaron y los reportes de acoso y violencia en línea, se hicieron visibles estrategias de amedrentamiento que hacían uso de grupos de Facebook para convocar a “golpear feministas hasta la muerte”. Esto hace evidente la instauración del miedo como una herramienta para reprimir la legítima protesta de las mujeres que se han manifestado a través de las movilizaciones en el espacio público y la potencia de las plataformas digitales.

Desde Internet Es Nuestra hicimos un llamado a Facebook y Twitter para agilizar los procesos de reporte, aplicar sus normas comunitarias y promover acciones ante la violencia que se ejerce contra las mujeres en sus plataformas. Al día de hoy nos hemos reunido con Twitter para abordar este tema y pensar medidas conjuntas para hacer frente a los casos reportados, mientras que no hemos recibido respuesta por parte de Facebook.

Estrategias y resistencias

La violencia en línea contra las mujeres en México, así como la violencia contra mujeres periodistas en el mundo no son temas sencillos; tienen una vasta multiplicidad de matices que se complejizan cuando se sitúan en los diferentes contextos en los que aún queda camino por recorrer para alcanzar un punto en el que podamos vivir libres de violencia.

El sumar la dimensión técnica/tecnológica a las propuestas políticas y las acciones feministas no sólo nos permite repensar nuestra relación con las tecnologías, sino cuestionarnos las dependencias hacia ciertas estructuras que menoscaban la autonomía; mientras propagan ideologías que actúan en detrimento de nuestras libertades y derechos.

En México, el año pasado, un grupo diverso de mujeres que se autodenominó Tormenta habilitó un diálogo sobre identidad y feminismo en internet. El resultado fue una reflexión que pasó por abordar las estrategias de aprendizaje y cuidado colectivo por medio de una mirada crítica sobre nuestro uso de las tecnologías: mirando hacia alternativas que permitieran fortalecer la seguridad y la autonomía sobre la información.

Además, no son pocas las iniciativas feministas que trabajan seguridad digital en América Latina. Como Ciberseguras, que también tiene presencia en México y ha sido parte de procesos de acompañamiento y fortalecimiento digital para mujeres, activistas, periodistas y defensoras de derechos humanos en diferentes estados del país.

Ante la omisión de justicia, la desinformación y la violencia, pensar la seguridad digital como una parte fundamental de nuestras actividades como comunicadoras, periodistas o activistas es fundamental para prevenir ataques o desarrollar estrategias que nos permitan actuar a tiempo: para que nuestras voces se amplifiquen y no sea el miedo lo que defina nuestro futuro.

¿Hacia dónde va el primer tratado sobe economía digital?

El pasado 17 de mayo, los representantes de Chile, Singapur y Nueva Zelanda anunciaron la negociación de un nuevo tratado de comercio internacional: el Acuerdo de Asociación sobre Economía Digital (Digital Economy Partnership Agreement, DEPA). La novedad es que este será el primer tratado comercial dedicado exclusivamente a abordar los desafíos de la economía digital, especialmente luego del estancamiento de las negociaciones en la materia a nivel de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La semana pasada, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de Chile (ex DIRECON) convocó la primera reunión oficial, permitiendo a los miembros de la industria, la academia y la sociedad civil chilenas conocer más detalles sobre la iniciativa. Los primeros acercamientos se produjeron en diciembre de 2018 y hasta el momento se han celebrado tres rondas de negociación. La negociación será cerrada entre los tres países hasta su conclusión, pero luego se permitirá la adhesión de cualquier país que pertenezca a la OMC.

En cuanto a las materias que se van a incorporar en el tratado, estas van desde las más tradicionalmente vinculadas al comercio electrónico (pagos electrónicos, no aplicación de tarifas aduaneras a servicios digitales, firma electrónica, etcétera) a temas nunca incluidos en un tratado internacional, como la regulación de la inteligencia artificial y la tecnología de cadenas de bloques (blockchain). Vamos por partes.

Nobleza obliga

Entre los temas que se han propuesto en la negociación, hay dos que son particularmente positivos (ambos propuestos por Chile). El primero, es la inclusión explícita de normas que promueven la utilización del cifrado. Esto es relevante porque la tecnología de cifrado de comunicaciones (especialmente de punto a punto) se ha transformado en una herramienta indispensable para mejorar los estándares de ciberseguridad de las industrias y los distintos servicios digitales. En este sentido, el cifrado no solo asegura que las personas puedan ejercer su derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, sino que promueve la confianza de los usuarios en la seguridad de los servicios y plataformas que operan en el ciberespacio. Esto tiene un efecto económico tangible, ya que estudios indican que el 33 % de los consumidores expresa haberse abstenido de adquirir productos y servicios en línea debido a consideraciones de seguridad y privacidad.

Su inclusión también resulta positiva a la luz de la iniciativa de distintos países para debilitar el cifrado, exigiendo a los desarrolladores incorporar “puertas traseras” en sus servicios, para “descifrar” el contenido encriptado. Estas puertas traseras son verdaderas vulnerabilidades informáticas, que no solo pueden ser aprovechadas por los gobiernos que las exigen, sino que también por delincuentes informáticos, como ya ha sucedido. Si bien todavía no se han dado a conocer los textos para cada propuesta, la inclusión de una norma que impida a los países exigir la inclusión de puertas traseras en programas informáticos sería un gran paso en la promoción de la ciberseguridad y el comercio electrónico.

Entre los temas propuestos también se encuentra la inclusión de normas que consagren el principio de neutralidad de la red. Este principio busca asegurar que los operadores de internet traten todo el tráfico que pasa por sus redes de la misma forma, impidiendo que puedan bloquear, interferir o priorizar cierto tipo de tráfico por sobre otro. Este principio básico de internet no solo promueve la competencia y la innovación al impedir que los operadores de internet puedan llegar a acuerdos privados con proveedores de contenido, sino que también promueve la existencia de un internet libre y abierta, al impedir que los proveedores puedan decidir qué contenido debe obtener un trato preferencial.

Lo que puede mejorar

Derechos Digitales ha sido crítico de las disposiciones sobre comercio electrónico que han sido incluidas en tratados internacionales anteriores, como CPTPP o TiSA. Una de nuestras críticas es que las normas sobre flujo transfronterizo de datos personales establecen un mismo criterio para los “datos” (así, en general) que para los datos personales.

Internet funciona por capas. En un modelo simplificado, existe una capa de infraestructura (cables, servidores, etcétera), una capa de protocolo (estándares y código) y una capa de contenido (interacciones entre seres humanos). Nadie discute que la arquitectura de internet exige que exista un libre flujo de información. En otras palabras, en la capa de infraestructura no debe existir una discriminación de hacia dónde o cómo viaja la información (los unos y los ceros). Sin embargo, los datos personales no se regulan en la capa de infraestructura, sino que en la capa de contenido. Al ser datos que se vinculan a personas naturales, su recolección y procesamiento tiene que cumplir con la regulación de cada país y respetar los derechos fundamentales de las personas. Así, el Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea permite que los datos personales de sus ciudadanos solo puedan transmitirse a aquellos países que tengan un nivel “adecuado” de protección.

La negociación de DEPA se presenta como una oportunidad para enmendar el camino y redactar una norma sobre flujo transfronterizo de datos personales que haga las distinciones que hacen falta. Consagrando el valor del libre flujo de datos en la capa de infraestructura, pero estableciendo que (en la capa de contenidos) los datos personales solo podrán ser transmitidos cuando cumplan con la respectiva legislación de datos personales, o a lo menos, con una protección normativa efectiva a favor de sus titulares.

Aspectos preocupantes

Lamentablemente, la negociación del DEPA también incluye materias que resultan sumamente problemáticas y que deberían ser abandonadas de plano. Así, la negociación incluye normas para promover la adopción de políticas públicas sobre “identidad digital” similares al sistema National Digital Identity de Singapur.

Estas políticas no solo son problemáticas en términos de ciberseguridad, ya que implican concentrar el manejo de todos los datos personales de los ciudadanos en una base de datos centralizada , sino que muchas veces van acompañadas de la utilización de tecnologías de control biométrico. Esto hace que cualquier tipo de filtración, vulneración o mal utilización de la información genere una afectación mucho más grave al derecho a la autodeterminación de las personas.

Si nuestros datos se filtran, siempre podemos cambiar nuestro correo electrónico, teléfono, domicilio e incluso nuestros nombres, pero es imposible cambiar nuestra iris o huella digital. En este sentido, la biometría es como una caja de pandora: una vez abierta las personas se ven imposibilitadas de recuperar el control sobre sus datos. ¿Qué pasará el día que un gobierno sufra la filtración o robo de todos los datos biométricos de sus ciudadanos? Además, las políticas de identidad digital promueven el uso de un método único de identificación frente a organismos públicos, pero también ante el mundo privado como forma de facilitar las transacciones económicas. Esto implica aumentar la capacidad de perfilamiento y vigilancia sobre los ciudadanos, tanto de los gobiernos como de las empresas, con las consecuencias democráticas que ello conlleva.

Por otro lado, DEPA propone incluir normas sobre regulación de plataformas que buscan combatir el terrorismo y el discurso de odio en línea. Si bien estos son objetivos completamente loables, la responsabilidad de los intermediarios y la regulación del contenido en las plataformas es hoy un tema sumamente polémico, por las profundas consecuencias que puede tener en materia de libertad de expresión.

Hacer responsables directamente a los intermediarios del contenido que suben sus usuarios obliga a las plataformas a monitorear permanentemente lo que circula en sus servicios y bajar “preventivamente” y sin un debido proceso cualquier material que pueda ser infractor. A eso se suma el uso de algoritmos e inteligencia artificial pero, dado que ninguna máquina tiene la capacidad de comprender las complejidades del lenguaje humano, estos mecanismos han demostrado no ser confiables a la hora de moderar contenido.

Además, tales sistemas terminan bajando más contenido legítimo, mientras que el contenido que se busca combatir se mantiene disponible. También resulta problemático que sean empresas privadas las que terminan decidiendo sobre actos de expresión (muchas veces de forma muy deficiente) sin una ponderación entre derechos fundamentales. Por lo mismo, a pesar de las buenas intenciones, consagrar reglas sobre esta materia en un tratado internacional podría generar profundos efectos perjudiciales a futuro.

Por último, DEPA se propone reconocer la importancia y crear marcos para una implementación progresiva, confiable y segura de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y las cadenas de bloques. Más allá de los peligros que la implementación de la inteligencia artificial puede implicar en materia de sesgos algorítmicos, y que al parecer las cadenas de bloques no serán implementadas en la escala que alguna vez se especuló, no resulta recomendable que un tratado internacional se refiera a tecnologías particulares, que no necesariamente van a resistir el paso del tiempo. Una aproximación que involucre criterios de neutralidad tecnológica resultaría más aconsejable en esta materia.

En definitiva, la negociación de DEPA se presenta como una gran oportunidad para incluir temas que promuevan la ciberseguridad y la neutralidad de la red, al mismo tiempo que se mejora la forma en que se abordan materias que han sido tratadas de forma deficiente en el pasado. La promoción de la ciberseguridad, la certeza jurídica y una aproximación de derechos humanos en el tratamiento de datos personales es un elemento que sin duda favorecerá la confianza en el ciberespacio y el comercio electrónico. Sin embargo, esta oportunidad puede verse opacada por la inclusión de materias sensibles y que pueden ser incompatibles con el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas. Por suerte la negociación todavía se encuentra en su etapa inicial y todavía hay tiempo para enmendar el rumbo en los temas problemáticos y profundizar en aquellos que son positivos.

La oportunidad perdida del ‘gran hackeo’

Big-data, algoritmos e “inteligencia artificial” se han convertido en muletillas que se arrojan al aire con la delicadeza con la que se descarga el equipaje facturado en un avión.
Hoy en absolutamente todos los campos del saber humano hay alguien intentando compilar datos que serán analizados por un sistema de inteligencia artificial, construido a partir de complejos algoritmos, y así innovar de forma disruptiva, crear valor, generar experiencias inmersivas y, en última instancia, hacer del mundo un mejor lugar.
Pero existía una compañía que no quería hacer del mundo un mejor lugar y estaba mucho más interesada en hacer dinero, a pesar de que ello convirtiera al mundo en un lugar peor. Esa compañía se llamaba Cambridge Analytica y utilizó big-data, algoritmos e inteliencia artificial para ganar unas elecciones en Estados Unidos y el Reino Unido. Básicamente de eso va The Great Hack, el documental de Netflix estrenado hace un par de semanas en latinoamérica bajo el inexplicable título de Nada es privado.
En la superficie, The Great Hack es una moraleja respecto a los peligros que el extractivismo de datos plantea a la democracia y los derechos fundamentales de los individuos. Estos peligros son reales y necesitan ser abordados seriamente (que es lo que tratamos de hacer en Derechos Digitales).
Al mismo tiempo, la película mitologiza las capacidades de la industria que critica; una industria que siempre se ha sentido más cómoda trabajando desde las sombras, esquivando las preguntas relevantes y creando mitos.
The Great Hack mitologiza las capacidades de la industria datoextractivista dejando que sean los (ex) empleados de Cambridge Analytica los que expliquen cómo funcionaba el negocio, sin cuestionar su relato en ningún momento. Los documentalistas les dan todo el espacio necesario para pavonear sus capacidades, su inteligencia, su influencia y su poder.
Por su puesto, no todo es culpa de los documentalistas. La verdad es que no sabemos mucho respecto a cómo funciona la industria del extractivismo de datos, cuáles son realmente sus capacidades y menos cuáles son sus limitaciones. Es posible que incluso quienes trabajan para empresas como Cambridge Analytica o Facebook tampoco lo sepan. Y tras ver The Great Hack es poco lo que podemos sacar en claro.
Mucho se discute en The Great Hack respecto a la capacidad de Cambridge Analytica para acumular datos: la empresa se ufana de tener 5000 datos de cada uno de los votantes estadounidenses. Muchos de esos datos se obtuvieron a través de Facebook, por medio de cuestionarios sobre cuestiones triviales que permitían crear perfiles de votantes.
Poco se discute en The Great Hack respecto a la capacidad real de Cambdrige Analytica para procesar esos trillones de datos que acumula: ¿Qué tan efectivo es realmente un test para establecer mi compatibilidad con las princesas de Disney como herramienta para crear perfiles de votantes? No estoy diciendo que esto no se pueda hacer, sino al contrario: ante una premisa así de fascinante es una lástima que los documentalistas no hayan hincado el diente en este tipo de detalles, que son precisamente los que desconocemos.
Pero son precisamente esas omisiones las que obligan a mirar The Great Hack con cierta distancia ahí donde los datos se convierten en un fetiche. Esa creencia de que con suficientes datos no hay nada que no se pueda saber y anticipar. La acumulación de datos como condición de la omnipotencia.
En ese sentido, The Great Hack decide concentrarse mucho más en los efectos: la elección de Donnald Trump en Estados Unidos y la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Lo que la película sugiere es que estos resultados solo fueron posibles debido a la intromisión de Cambdrige Analytica: el Big-data, los algoritmos y la “inteligencia artificial” ganaron esas elección.
Así, la película hace eco de cierta retórica negacioncista de algunos sectores que consideran mucho más reconfortante pensar que la derrota de Hillary Clinton y el resultado del referéndum sobre el Brexit solo pueden ser explicados gracias a algún tipo de hackeo al sistema democrático; que el actual panorama político es un error en la Matrix.
¿Cuánta injerencia tuvo realmente Cambridge Analytica en esos resultados? Es difícil saber. Quizás mucha, quizás no tanto. Hasta puede ser que incluso no haya tenido ninguna. ¿Cómo saber realmente?
Probablemente los únicos que podrían tener respuestas son los miembros de la industria. Pero son precisamente estas personas las que tienen más incentivos para no dar respuestas verídicas. Porque como alguien afirma en The Great Hack, esta es una industria que mueve trillones y se sustenta en la premisa de que los datos pueden decirnos todo lo que necesitamos saber.
El riesgo radica en que el Big-data, los algoritmos y la “inteligencia artificial” se utilizan para tomar decisiones cada vez más relevantes en los distintos campos del saber humano, sin que necesariamente exista una comprensión acabada respecto a cómo cada set de datos, cada algoritmo y cada sistema de inteligencia artificial funciona ni cuál es la lógica detrás de los resultados que emite. Y si no comprendemos estas lógicas, se vuelve mucho más difícil estimar cuándo los resultados son correctos y cuándo no.
Esta incapacidad para comprender la tecnología y sus limitaciones, la imposibilidad de detectar sus errores y sesgos, puede dar pie a una peligrosa cualidad performática, donde las instituciones sociales actúan acorde a a la información entregada por el algoritmo, a pesar de que esta pueda ser errada. Caldo de cultivo para todo tipo de arbitrariedades, discriminaciones e injusticias.
La única vía para evitar esto es exigir mayor transparencia respecto a las reales capacidades de la tecnología, que nos permitan entender realmente qué es lo que pueden y no pueden hacer.
En ese sentido, The Great Hack es una oportunidad perdida.

La promesa de internet y la estatal de telecomunicaciones

El 19 de julio, el presidente de México anunciaba en su conferencia de prensa matutina que su empresa de telecomunicaciones estaba lista. Además de revelar que dicha empresa operaría con la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), incluyendo los 43,276 kilómetros de fibra óptica reportados en su plan de negocios 2018-2022, indicó que: «ya se aprobó por el Consejo de Administración de la CFE y se está haciendo la solicitud de concesión para poder dar el servicio sin fines de lucro a todos los que viven en las comunidades más apartadas del país».

Sin embargo, aún está pendiente la licitación de la concesión -otorgada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)- que definirá si la empresa operará de forma comercial o pública. Este matiz es sumamente importante, ya que esta concesión no solamente tendrá una vigencia de 30 años, sino que además determinará si efectivamente CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos podrá cumplir con la generación de riqueza que se esperaría obtener al ser filial de la CFE: una empresa económicamente productiva, aunque controversial ante las constantes denuncias presentadas el año pasado ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por cobros injustificados.

De ser otorgada dicha licitación, es claro que la empresa gubernamental de telecomunicaciones tendrá preferencias que romperán la “neutralidad competitiva” del entorno de las empresas de telecomunicaciones en México. Ya que -además de gozar con un régimen especial por su relación con la CFE- esta iniciativa abrirá la posibilidad al Estado de entrar en varios conflictos de interés al pasar de ser un regulador (tanto del mercado como de la competencia) a ser un operador con privilegios que le permitirían un pase libre para rediseñar regulaciones a la medida de sus necesidades, por tratarse de una empresa productiva del Estado.

Ahora bien, a pesar de que el Presidente anunció que esta empresa buscará estar a la altura de las otras proveedoras de telecomunicaciones que operan a nivel nacional, su misión principal será la de llevar servicios de internet -sin fines de lucro- a las zonas marginalizadas del país para habilitar “centros integradores de servicios” en los que se contará la presencia del Banco de Bienestar (actualmente Bansefi), que buscarán llevar los programas de asistencia social directamente a las personas beneficiarias de las comunidades rurales e indígenas a través de la establecido por la Ley FinTech en cuanto a “capacitación, asistencia técnica e incremento de la productividad de tecnología para los integrantes del sector de ahorro y crédito popular.”

Por otro lado, es importante señalar que en lo poco que se ha compartido respecto a los detalles de operación, habilitación y licitación de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos no hay claridad respecto a el impacto que esta empresa tendrá en el uso del espectro radioeléctrico. Esto nos remite a la serie de trágicos eventos que hasta ahora superados por las empresas pequeñas que han cubierto las necesidades de telecomunicación anteriormente ignoradas por el Estado: ¿será la habilitación de esta empresa estatal otro reto para la supervivencia de estas iniciativas? ¿cómo se generarán parámetros que permitan el desarrollo de estos pequeños operadores y a la vez otorguen los beneficios que podría solicitar la empresa anunciada por el presidente?

Nuevos retos…

Además de cumplir con los compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, los requisitos que determine el IFT y las regulaciones definidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; esta empresa deberá alinearse con las características de una empresa productiva del Estado que, a diferencia de una paraestatal, deberá generar riqueza, ser transparente y competitiva a nivel no sólo nacional sino también internacional.

Aunado a esto, con la puesta en marcha del “apagón” del programa México Conectado que operó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y brindó 101 puntos de conexión a internet en espacios públicos, han surgido otras necesidades en espacios que actualmente enfrentan problemas graves de acceso a internet afectando las operaciones de espacios como la Universidad Nacional Autónoma de México. Como señaló Ingrid Motta en su columna para etcétera:

“Es desconcertante que el 19 de julio se anuncie CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos como empresa para conectar al país y casi al mismo tiempo se confirme la desconexión de la máxima casa de estudios y centenares de otros sitios, por no contar un plan estratégico para la conectividad, ya sin mencionar los muchos otros temas que el actual gobierno viene atrasando por falta de objetividad y conocimiento de las necesidades reales de los mexicanos.”

Además de lo señalado anteriormente es importante tomar en cuenta que dentro de los temas pendientes de la actual administración están las políticas públicas en materia de derechos humanos y tecnología en México. Si bien aún no es clara la Estrategia Nacional de Ciberseguridad que operará en este sexenio, tampoco existe algún referente que nos permita tener certeza de los códigos que regirán tanto el manejo de los datos pasen por la infraestructura de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos como el poder que este nuevo actor tendrá en el ecosistema de internet en el país.

En este tenor, también queda la duda sobre cómo se regulará el poder que ahora tendrá el Estado al pasar convertirse también en un operador con capacidad para competir en el mercado de las telecomunicaciones: ¿será que aún está por revelarse la creación de un ente independiente que permita que esto sea auditado y controlado?

Lo único que sigue quedando claro es un profundo desinterés por establecer políticas que permitan brindar tranquilidad o certeza respecto a las garantías que ofrece el Estado para hacer frente a los retos actuales para los derechos humanos en el entorno digital del país, lo cual no es menor cuando se avecina la implementación de nuevos desarrollos que darán un giro a la forma en que hasta ahora han operado algunas tecnologías.

Si en México no estamos a la altura de regulaciones que protejan los derechos humanos, supervisen las capacidades (y actividades) de las empresas de telecomunicaciones y garanticen el acceso a internet: ¿con qué antecedentes enfrentaremos los retos que impacten en el país cuando las nuevas tecnologías y redes 5G vengan a ofrecer lo que nuestras políticas públicas no contemplan?

La concentración del poder para censurar en internet

En los últimos años, las discusiones sobre el rol de las plataformas de internet en la difusión de desinformación, la censura de discursos legítimos y la amplificación de expresiones de odio y violencia han aumentado notablemente. En este contexto, aunado a una fuerte tensión política, se han hecho llamados frecuentes a modificar parte de la legislación de Estados Unidos: país que rige a esas plataformas.

Particularmente, se ha buscado cambiar el esquema fijado por la sección 230 de la Communications Decency Act. Esta disposición sienta las bases para una regla general (aunque con excepciones) en que las plataformas de internet no tienen responsabilidad sobre el contenido provisto por terceros, el ánimo por reformas se suma a tendencias globales por provocar que empresas como Google, Facebook o Twitter sean más activas; filtrando o removiendo contenidos nocivos, y a la vez asumiendo responsabilidad por quitar espacio a contenidos legales.

Sin embargo, independientemente de que –a menudo– hay fines loables detrás de estas iniciativas, los posibles efectos sobre la libertad expresión y de información son significativos; ya que, en el particular caso del §230 CDA, tienen consecuencias a nivel global.

En términos simples, el §230(c) CDA distingue a las plataformas de internet de los editores de medios o proveedores de contenidos -cuando la información es provista por terceros- con el fin de eximirles de responsabilidad sobre esos contenidos. Además, les exime de responsabilidad por remover o bloquear de buena fe contenidos obscenos o violentos, aún si son legales: como ocurre con los términos y condiciones de uso. Es habitual que se considere a esta regla una de las piedras angulares (al menos desde el punto de vista normativo) del crecimiento de los gigantes de internet en los Estados Unidos.

La más concreta propuesta de reforma provino del Senado estadounidense en junio de 2019, en un proyecto de ley que busca quitar el “sesgo” de las grandes plataformas –en particular, redes sociales– que supuestamente afectaría a publicaciones afines a opiniones de la extrema derecha política de ese país, percepción compartida por otro troll desde la Casa Blanca. Aunque la reacción transversal negativa a la propuesta fue inmediata, las alertas sobre el riesgo que corre el §230 se encendieron de inmediato: la realidad de las malas propuestas sobre responsabilidad de intermediarios se trasladaron de manera tangible al país que alberga a las mayores empresas de tecnología.

¿Por qué esto debería importarnos, en contextos tan distintos al primer mundo? En primer lugar, por el efecto que podrían tener reglas extranjeras en nuestra propia regulación sobre lo que ocurre en internet, considerando que la reacción a la desinformación, la violencia en línea o la polarización en época electoral son también –con matices propios– problemas en nuestros países. Las malas experiencias en países como Venezuela u Honduras muestran el rol que se pretende desde las plataformas, de manera más que dañina para la libertad de expresión, mientras que otras iniciativas de regulación han terminado excluidas.

En segundo lugar, porque la ley sí tiene impacto sobre las reglas propias de las plataformas. Las normas impuestas por los gigantes de internet para sus usuarias, incluyendo aquellas que alteran la circulación de información y expresión, varían a su vez en razón de las normas a las que se sujetan esas plataformas en los países donde se erigen, o bien donde deciden domiciliarse para reducir su riesgo de responsabilidad. Si con el fin de cuidar sus ganancias cambian sus términos y condiciones de uso, ese impacto será también sufrido en otras latitudes; ya queel poder de las grandes plataformas es tal, que las condiciones de interacción varían a nivel global a partir de las decisiones que resulten lucrativas para reducidos grupos de personas en Silicon Valley.

La implementación de reglas que reflejen principios de justicia en el manejo de contenidos, incluyendo a su vez condiciones de transparencia y rendición de cuentas sobre el retiro -muy especialmente cuando median mecanismos automatizados de detección o bloqueo- son algunas medidas mínimas que deben adoptar esas plataformas. Pero quizás más importante, las reglas mismas requieren una revisión concienzuda, incluyendo la participación de actores de la sociedad civil global.

Es urgente terminar las malas iniciativas de criminalización excesiva de discurso y la radicación de la censura en plataformas. A nivel local es necesario poner al día nuestros anquilosados sistemas jurídicos y generar condiciones normativas para el discurso libre, donde se esclarezcan tanto las condiciones de exención de responsabilidad como los mecanismos y requisitos para forzar el retiro, el bloqueo, o la reposición de información. Más allá de aclarar cómo deberían ser las cosas en escenarios hipotéticos de las plataformas actuales, estas medidas permitirían fijar cómo pueden crecer las plataformas del futuro. Las normativas no deben plantearse para reaccionar a empresas específicas, respecto de las cuales persisten problemas más profundos y amplios que los relativos al contenido; ya que si bien quizás Facebook, Google o Twitter no son escenarios ideales para la discusión política o social que necesitamos, son espacios de intercambio vigente que evidencian la necesidad de establecer condiciones normativas para organizar nuestras propias alternativas.

¿Bajo qué términos se protegerán los datos en Brasil?

La semana pasada, la larga novela sobre la protección de datos personales en Brasil agregó un nuevo capítulo a la saga: el presidente Jair Bolsonaro sancionó -con vetos- la ley que habilita la creación de una autoridad pública de control de datos personales, reduciendo algunas de las garantías previstas en la versión original de la Ley general de protección de datos, aprobada en 2018.

Inicialmente proyectado como un órgano independiente a cargo de la interpretación de la ley a través de la promulgación de normas administrativas complementarias, así como de garantizar y fiscalizar su cumplimiento, el primer ataque contra las facultades de la naciente Autoridad Nacional de Protección de Datos ocurrió durante el gobierno del ex presidente Michel Temer, quien vetó su creación en agosto de 2018.

El 27 de diciembre, a pocos días del término de su mandato, Temer presentó una “medida provisional” que creaba una autoridad en materia de datos personales dependiente de la Presidencia de la República. En el necesario paso por el Congreso para transformar la medida en ley, se determinó que la autoridad sería sometida a revisión dos años después de entrar en operaciones. Así, bajo este escenario, la solución de cualquier controversia u omisión quedará a cargo de un ente administrativo carente de recursos e independencia política del gobierno de turno.

Lamentablemente, esta no es la única modificación relevante a la Ley general de protección de datos. El nuevo texto amplía la posibilidad de usar datos sensibles con fines de lucro, como aquellos relativos a la salud. La obligación del sector público de notificar el uso y transferencia de datos fue retirada, al igual que la posibilidad de solicitar una revisión de las decisiones automatizadas por parte de una persona natural. Además, la versión actual del texto contempla normas diferenciales para pequeñas y microempresas, así como para las autoproclamadas startups o “empresas de innovación”, con obligaciones más blandas, sin importar el riesgo de sus actividades para el ejercicio del derecho a la privacidad y la protección de los datos personales.

Por su parte, las sanciones administrativas previstas para los casos de violaciones graves o reiteradas también fueron excluidas del texto final, tras los vetos de Bolsonaro. Estas sanciones permitían la suspensión -parcial o total- y la prohibición de las actividades de tratamiento de datos a las entidades infractoras, mecanismo similar al contemplado, por ejemplo, en el Reglamento general sobre protección de datos europeo. Este y otros vetos están pendientes de ser analizados por el Congreso.

Protección constitucional

Recientemente el Senado aprobó una norma que busca incluir la protección de datos como un derecho fundamental en la Constitución brasileña, con una mención explícita los medios digitales. La propuesta incluye una clausula que establece que solo el gobierno federal, la Unión, tendrá competencia para legislar sobre protección de datos. Pero, a pesar de estar alineada con las mejores prácticas internacionales, esta medida se enfrenta a innumerables propuestas de regulación en el ámbito municipal y estatal.

Aunque sea crucial que los gobiernos locales sigan los principios establecidos por la Ley general de protección de datos, es necesario fomentar el desarrollo de normas complementarias y más detalladas, que respondan a los desafíos locales específicos; un caso ejemplar es el de Seattle, en Estados Unidos, que desarrolló un programa propio de privacidad ante el despliegue de tecnologías invasivas en espacios públicos.

En un país de características continentales como Brasil, la restricción puede comprometer el derecho a la protección de datos de la ciudadanía, contrariando el espíritu principal de la propuesta que es justamente fortalecerlo.

Desarrollo económico: ¿a qué costo?

Que la economía más importante de América Latina actualice su normativa de datos personales es una aspiración que no solamente afecta a cientos de millones de personas en Brasil, sino que se extiende a toda la región. Sin embargo, se trata de un proceso que ha sido secuestrado por la incertidumbre de una clase política en crisis y la presión de industrias poderosas.

Gracias a una nueva composición del Congreso Federal, muchos intereses económicos encontraron apoyo en parlamentarios que desconocían el desarrollo histórico y los acuerdos que dieron forma a la Ley. Al presentar una serie de modificaciones al término de su gobierno, Temer permitió la introducción de ambigüedades en su interpretación, optando explícitamente por priorizar los modelos de negocio de las startups, las empresas de crédito y las financieras, por sobre la protección de sus ciudadanos y ciudadanas.

No queda duda de que hay aspectos positivos y avances concretos en la ley brasileña. Sin embargo, su efectividad va a depender en gran medida de la capacidad que tengan los actores preocupados por el interés público de presionar a los órganos de fiscalización y control para que hagan valer las protecciones previstas en la ley. La manera en que se harán efectivas sus garantías pondrá a prueba la fuerza de las instituciones democráticas del país. La participación de la sociedad civil en los debates y en la documentación de evidencias de violaciones, principalmente por medio de la Coalizão Direitos na Rede, ha sido y seguirá siendo central en el proceso.

La protección de datos en América Latina continúa sumando antecedentes que, más allá de evidenciar las falencias en materia de políticas públicas en la región, hacen visible la necesidad de generar nuevos referentes legales que actúen en función del contexto donde se desarrollan: protegiendo así los derechos humanos que también pasan por los entornos digitales.

Resultados del compromiso del Estado chileno con los Derechos Humanos: ¿Avanzamos?

El 4 de Julio se dieron a conocer los resultados del Examen Periódico Universal de Chile. Como hemos abordado en textos previos, esta evaluación no sólo abarcó los derechos humanos en sus aspectos más tradicionales, sino que también por primera vez organizaciones de la sociedad civil -coordinadas por Derechos Digitales- propusimos hacer una revisión más profunda del compromiso del Estado con el respeto de los derechos humanos en los entornos digitales, donde cotidianamente se encuentran inmersas las personas chilenas.

A través de dos reportes sombra -uno centrado en privacidad en el entorno digital y otro en los demás derechos-Derechos Digitales y otras organizaciones de la sociedad civil presentaron información para la evaluación del Estado chileno, con el fin de aportar información precisa sobre el estado de cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos en los entornos digitales en materias tales como: libertad de expresión y reunión pacífica, protección de datos personales, privacidad, violencia de género y el abuso de las tecnologías de vigilancia por parte de la fuerza pública.

Al ser publicada oficialmente las respuestas de Chile a las recomendaciones formuladas por diversos Estados,recibimos con satisfacción ver entre las recomendaciones aceptadas las siguientes, referidas al ejercicio de derechos en los entornos digitales:

125.88 Garantizar y promover los derechos a la libertad de expresión, la libertad de asociación y de reunión pacífica y la protección de los periodistas y los defensores de los derechos humanos, también en Internet (Islandia);
125.92 Aplicar políticas que faciliten la igualdad de acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones, en particular para los pueblos indígenas, las poblaciones rurales y las mujeres (México);
125.108 Evaluar las tecnologías de vigilancia y recopilación de datos personales desde el punto de vista de los derechos humanos, en particular teniendo en cuenta el derecho a la intimidad y el principio de no discriminación (Perú);
125.109 Aprobar legislación concreta para proteger y promover los derechos humanos en el entorno digital, incluido el derecho a la intimidad (Brasil);
125.110 Reforzar su legislación para la protección de los datos de sus ciudadanos de conformidad con los principios del estado de derecho, la proporcionalidad y el respeto de la intimidad, en particular considerando la posibilidad de crear una autoridad de control independiente (Suiza);
125.166 Velar por que las mujeres puedan vivir una vida libre de violencia, incluso en contextos digitales, mediante una legislación apropiada, medidas preventivas, educación y recursos adecuados, incluidos servicios para las supervivientes (Canadá);
125.175 Examinar y revisar las leyes, políticas y reglamentos para hacer frente a la violencia contra la mujer, inclusive en contextos digitales, de conformidad con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos (Islandia);

Lo anterior representa un gran logro, desde nuestra perspectiva, en el reconocimiento de compromisos pendientes en estas materias, de acuerdo a las obligaciones internacionales previamente asumidas por el Estado; esperamos que este reconocimiento se materialice en acciones concretas que se ejecuten y reflejen antes del próximo ciclo de revisión. Miraremos ávidos la materialización de los compromisos con las personas chilenas para un futuro digital donde se protejan sus derechos y su dignidad.

Desde Derechos Digitales celebramos que se abran espacios de diálogo y evaluación para mejorar la toma de decisiones y la producción de políticas públicas. Del mismo modo en que participamos en la propuesta de recomendaciones, seguiremos velando por la promoción de éstas para asegurar que en Chile se produzcan medidas para procurar la defensa de los derechos humanos a través de las tecnologías. Es importante recalcar que estas recomendaciones no tienen valor si no se ven reflejadas en acciones concretas por parte del Estado chileno para implementarlas y que éstas tengan un impacto que permita mejorar la calidad de vida de las personas en Chile.

En particular, celebramos que se tomen en cuenta recomendaciones que plantean mejorar las medidas para asegurar que las mujeres vivan libres de violencia en los entornos digitales, y esperamos ello pueda traducirse en acciones concretas de introducción de esta temática en las políticas públicas de la especie, así como en la formación de los operadores del sistema de justicia -policía, fiscales y jueces- para una adecuada respuesta a esta restricción de derechos que sufren las víctimas de violencia de género en línea. Del mismo modo, esperamos que se redoblen los esfuerzos para adecuar la protección de datos los datos personales; en forma consistente a estas recomendaciones y a la reciente reforma constitucional al respecto.

Ahora, las malas noticias: para nuestra sorpresa, entre las recomendaciones rechazadas se encuentra la realizada por el Estado Plurinacional de Bolivia para «Promover normas que cumplan con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de las comunicaciones y la tecnología, a fin de evitar la criminalización de las protestas sociales indígenas» (125.91).

Ante evidencia reciente del actuar del Estado chileno de forma ilegal en tristemente célebres casos como el denominado «Operación Huracán», al no ajustarse a los principios de proporcionalidad y pasar por encima del derechos fundamental a la privacidad, nos preocupa sobremanera que el Estado rechace una recomendación que precisamente se encamina a adoptar las previsiones legales y operativas que permitan evitar que los hechos documentados se repitan en el futuro. Se pierde una oportunidad clara para que el Estado impulse una evaluación interna crítica de su proceder, tanto desde una perspectiva de controles legales, como desde una perspectiva de compromiso político con el respeto a la libertad de expresión, la privacidad y la seguridad de las personas del pueblo Mapuche.

Sin embargo es de destacar que, a pesar de que la recomendación anteriormente señalada fue rechazada, se aprobó la recomendación 125.88 -hecha por Islandia- que justamente habla de la protección al derecho de libertad de expresión de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Internet. Con ello, esperamos el Estado implemente medidas concretas de control de su fuerza pública para evitar que la tecnología sea usada como medida de represión frente al flujo de información y defensa de derechos que proporcionan los comunicadores sociales y defensores de derechos humanos, incluyendo aquellos que trabajan de cerca por la protección y respeto de los pueblos indígenas.

En suma, la aceptación de estas recomendaciones, en conjunto, nos permite abrigar la esperanza de que el Estado se comprometa a tomar medidas que habiliten la puesta en marcha de políticas públicas que se alineen con la protección de la libertad de expresión, el derecho a la privacidad, la protección de datos y la promoción de entornos digitales libres de violencia hacia las mujeres.

¿Avanzamos? Sí, aunque no todo lo que quisiéramos. Ahora el Estado tiene cuatro años para demostrar su compromiso con el respeto de los derechos humanos en forma equivalente tanto on line como off line. Derechos Digitales continuará su trabajo de colaboración y observación de las políticas públicas para mantener este recordatorio constante: para que las personas chilenas puedan disfrutar de los beneficios de las tecnologías en sus vidas y no vean restringidos sus derechos por ellas.

Chile necesita una regulación de protección de datos con dientes

La tierra no es plana, las vacunas funcionan y Chile necesita actualizar su legislación de protección de datos. En materia de políticas públicas digitales, son pocos los temas que generan un consenso tan transversal como la necesidad imperiosa de que nuestro país fortalezca su nivel de protección y resguardo de la autonomía informativa de las personas.

Así lo refleja un informe del año 2016, publicado por el Departamento de evaluación de la ley 19.628 de la Cámara de Diputados. El documento muestra cómo los representantes de la industria, sociedad civil, academia y distintos organismos públicos no solo creen que es importante modificar nuestra regulación, sino que también consideran urgente la creación de un organismo administrativo que sea capaz de fiscalizar el cumplimiento de la ley y sancionar a quienes infringen sus disposiciones.

En la actualidad -y más allá de las falencias de la ley 19.628– el principal obstáculo que las personas enfrentan al momento de hacer efectivo su derecho a acceder, rectificar, oponerse o cancelar el tratamiento de sus datos personales es de carácter operativo. La ley establece un procedimiento denominado habeas data, que obliga a los titulares a recurrir a los tribunales civiles ordinarios de justicia. Para una persona común y corriente, esto implica contratar un abogado, invertir recursos y esperar un par de años para obtener ojalá una decisión favorable, con tribunales civiles sobrecargados que además no manejan la especialidad que requiere la protección de datos personales. Incluso, luego de haber superado esta ordalía, las sanciones establecidas por la ley son irrisorias, llegando a un tope de más o menos 3.600 dólares. Para empresas y para el Estado, los más frecuentes infractores, la suma es una sanción insignificante ya que las multas podrían ser fácilmente incorporadas como costos de operación.

Por lo mismo, nadie se puede extrañar de que este procedimiento haya sido utilizado muy pocas veces, dando pie a la impunidad sobre el tratamiento ilegítimo de los datos personales de las personas chilenas; no porque la privacidad no importe, sino que se ha transformado en un privilegio defenderla.

Aunque existe consenso en que nuestro país debe contar con una Agencia de Protección de Datos, actualmente existen distintos esquemas institucionales que se pueden implementar; cada uno con sus particularidades, partidarios y detractores.

Qué nos gustaría

En Derechos Digitales hemos participado del proceso legislativo en distintas iniciativas para reformar la actual ley de datos personales; desde el proyecto presentado por el primer gobierno de Bachelet, la iniciativa que tuvo lugar en el primero gobierno de Piñera y el Boletín 11144-07 presentado en marzo de 2017, durante el segundo gobierno de Bachelet y actualmente en tramitación.

Sí, es frustrante cuantas veces hemos tenido que empezar desde cero.

Sobre la institucionalidad de control, nuestra posición siempre ha sido la misma: Chile merece contar con una Agencia de Protección de Datos de carácter administrativa, independiente, especializada y con patrimonio propio. En otras palabras, un modelo normativo similar al que dio origen a la Agencia Española de Protección de Datos, que cuente con independencia de otros organismos públicos para poder ejercer su labor de fiscalización sin presiones políticas externas y cuyas decisiones respondan a estándares profesionales.

Para cumplir su labor a cabalidad, una agencia de estas características también debe contar con los recursos y atribuciones necesarias. No basta con que la entidad pueda fiscalizar el cumplimiento de la ley por parte de organismos públicos y privados, ni que pueda sancionarlos con multa. También es necesario que cuente con facultades para realizar campañas educativas, mantener registro de las bases de datos existentes, inspeccionar a los responsables de bases de datos, establecer medidas cautelares y coordinar cooperación internacional en el área. Por último, la agencia requiere facultades normativas, para generar jurisprudencia administrativa sobre los alcances e interpretación de la ley; a través dictámenes o resoluciones, ya sea de carácter general o pronunciamientos específicos.

Originalmente el proyecto de ley creaba un organismo encargado de la protección de los datos personales, dependiente del Ministerio de Hacienda. Pero la creación de un nuevo organismo -independiente, especializado y con patrimonio propio- requiere de una inversión económica importante, que por razones políticas no se encuentra hoy disponible. Así, en julio de 2018 el ejecutivo ingresó una indicación sustitutiva, entregando esta tarea al Consejo para la Transparencia (CPLT), entidad que actualmente tiene la poco específica atribución de “velar” por el cumplimiento de la Ley 19.628 respecto de los organismos públicos, pero ninguna herramienta para hacer efectivo este control.

El problema concreto es que la creación de un nuevo organismo -independiente, especializado y con patrimonio propio- requiere de una inversión económica importante, que por razones políticas no se encuentra hoy disponible.

Lo perfecto es enemigo de lo bueno

En los últimos meses, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado ha votado la mayoría de los artículos del proyecto relativos a temas de fondo –con algunos resultados no del todo satisfactorios desde nuestro punto de vista. Es posible que en las próximas semanas se revise lo relativo a la Agencia de Protección de Datos Personales: su institucionalidad, atribuciones y recursos.

Al tratarse de la creación de un nuevo organismo público, este aspecto de la ley solo puede modificarse por iniciativa del Presidente de la República. Sin embargo, al no existir consenso respecto a qué organismo público debe convertirse en la nueva Agencia de Protección de Datos, es probable que se genere un intenso debate.

Las alternativas parecen ser dos: un nuevo organismo público especializado en protección de datos personales que dependa de un ministerio, o entregarle esta atribución al CPLT. Como todo en la vida, ambas opciones tienen cosas a favor y en contra.

La creación de un organismo nuevo tiene la fortaleza de que esta nueva institución tendría un carácter especializado, compuesto exclusivamente por expertos en materia de protección de datos personales. En este sentido, se podría asegurar que las decisiones estarían fundamentadas bajo criterios técnicos y serían tomadas por profesionales del área.

Sin embargo, en cuanto al nivel de autonomía del organismo, este solo contaría con un nivel de “independencia funcional”, similar a la que cuenta la Fiscalía Nacional Económica respecto del Ministerio de Economía. Es posible argumentar que este nivel de independencia es suficiente; después de todo, la Fiscalía Nacional Económica ha funcionado bastante bien. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre ambos organismos: a la Agencia de Protección de Datos Personales le corresponderá conocer, decidir y sancionar casos concretos donde haya una contienda respecto al cumplimiento de la ley de datos personales por parte de un responsable de bases de datos. En este sentido, tiene sentido que dicha agencia tenga un nivel de autonomía más similar al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que el de la Fiscalía Nacional Económica.

Esto es particularmente relevante si tenemos en consideración que el mayor recolector, almacenador y procesador de datos personales es el Estado. No solo en términos de cantidad de datos, sino que también es el que maneja más datos de carácter sensible y muchas veces ha sido el más negligente en el resguardo y manejo de esos datos. Por lo mismo, se vuelve esencial que la labor de la agencia este exenta de eventuales presiones políticas externas. Si el día de mañana un importante organismo público sufre una filtración de datos personales que le signifique una multa millonaria, necesitaremos un organismo de control que sea inmune al telefonazo de su superior jerárquico.

Optar por el CPLT implica enfrentar el problema contrario. El Consejo cuenta con altos niveles de independencia y autonomía, y una legitimidad asentada frente a la ciudadanía y el poder político, pero desde su creación su labor ha estado enfocada en materializar los principios de acceso a la información pública y la transparencia en la actuación del Estado. Si bien es cierto que el acceso a la información pública y la protección de datos personales no son materias necesariamente excluyentes, se trata de áreas del derecho que tienen sus propios principios y particularidades. Los expertos que han sido formados profesionalmente en una de ellas pueden contar con un sesgo profesional.

Creemos que esto puede evidenciarse en algunas decisiones del Consejo en las que no concordamos con la ponderación entre el resguardo de los datos personales de los titulares y el derecho de los ciudadanos de acceder a la información pública. Algunos casos de lo anterior han sido: la entrega de información estadística por parte del INE, el acceso a los correos electrónicos de funcionarios públicos y la entrega del listado de nombres de dominios administrado por NIC Chile.

Frente a las condiciones actuales, la mejora en la protección de los datos personales en Chile necesariamente pasa por priorizar la evaluación independiente acompañada de un reforzamiento sobre la especialidad; asegurar que la futura autoridad de Protección de Datos Personales pueda operar con autonomía y exenta de presiones en sus pronunciamientos es crucial. Un criterio similar puede encontrarse en el Reglamento General de Protección de Datos, el que al momento de determinar si un país cuenta con un “nivel adecuado de protección” se da prioridad a que cuente con una agencia independiente.

Para ello el mecanismo de conformación de la institucionalidad requiere ser modificado con el fin de adecuarse a sus nuevas atribuciones. En este sentido sería positivo que el número de consejeros se aumentara a seis, a fin de que se convocara a tres expertos en protección de datos personales y tres expertos en acceso a la información pública.

De esta forma, el Consejo podría operar con dos salas especializadas de funcionamiento permanente. Para poder mantener un criterio unificado al momento de ponderar privacidad y transparencia, cada sala podría integrarse por tres consejeros: dos de ellos de la competencia de la especialidad de la sala y un tercero de la especialidad de la otra sala que podría ir rotando. De esta forma se puede fortalecer el criterio técnico en la disciplina respectiva, favoreciendo la uniformidad en la aplicación e interpretación de la ley. Además, para evitar que consejeros que provengan del mundo privado queden implicados por conflictos de interés en materia de fiscalización de empresas que tratan datos personales, también es necesario un régimen de inhabilidades como el contemplado en el proyecto de ley.

Por otro lado, siempre existe la posibilidad de transformar los desafíos en una oportunidad. Tener una misma institución encargada de velar por el acceso a información pública y la protección de datos personales -como sucede en Inglaterra- permitiría contar con un criterio unificado en esta materia. Por el contrario, contar con dos instituciones separadas podría generar el riesgo de decisiones contradictorias.

No cabe duda de que será un desafío importante que el CPLT alcance un equilibrio al presentarse casos que enfrenten la protección de los datos personales de los ciudadanos con el derecho a acceder a la información pública. Sin embargo, es un objetivo que se puede alcanzar con el tiempo y con los reforzamientos en presupuesto y capacidades para el CPLT que hemos enfatizado a lo largo del texto. Por otro lado, una institucionalidad que no cuente con independencia y autonomía desde su concepción no podrá sacudirse nunca esta falencia y por tanto no podrá proveer a la ciudadanía mejor protección que la que gozan actualmente sus datos personales.