La oportunidad perdida del ‘gran hackeo’

Big-data, algoritmos e “inteligencia artificial” se han convertido en muletillas que se arrojan al aire con la delicadeza con la que se descarga el equipaje facturado en un avión.
Hoy en absolutamente todos los campos del saber humano hay alguien intentando compilar datos que serán analizados por un sistema de inteligencia artificial, construido a partir de complejos algoritmos, y así innovar de forma disruptiva, crear valor, generar experiencias inmersivas y, en última instancia, hacer del mundo un mejor lugar.
Pero existía una compañía que no quería hacer del mundo un mejor lugar y estaba mucho más interesada en hacer dinero, a pesar de que ello convirtiera al mundo en un lugar peor. Esa compañía se llamaba Cambridge Analytica y utilizó big-data, algoritmos e inteliencia artificial para ganar unas elecciones en Estados Unidos y el Reino Unido. Básicamente de eso va The Great Hack, el documental de Netflix estrenado hace un par de semanas en latinoamérica bajo el inexplicable título de Nada es privado.
En la superficie, The Great Hack es una moraleja respecto a los peligros que el extractivismo de datos plantea a la democracia y los derechos fundamentales de los individuos. Estos peligros son reales y necesitan ser abordados seriamente (que es lo que tratamos de hacer en Derechos Digitales).
Al mismo tiempo, la película mitologiza las capacidades de la industria que critica; una industria que siempre se ha sentido más cómoda trabajando desde las sombras, esquivando las preguntas relevantes y creando mitos.
The Great Hack mitologiza las capacidades de la industria datoextractivista dejando que sean los (ex) empleados de Cambridge Analytica los que expliquen cómo funcionaba el negocio, sin cuestionar su relato en ningún momento. Los documentalistas les dan todo el espacio necesario para pavonear sus capacidades, su inteligencia, su influencia y su poder.
Por su puesto, no todo es culpa de los documentalistas. La verdad es que no sabemos mucho respecto a cómo funciona la industria del extractivismo de datos, cuáles son realmente sus capacidades y menos cuáles son sus limitaciones. Es posible que incluso quienes trabajan para empresas como Cambridge Analytica o Facebook tampoco lo sepan. Y tras ver The Great Hack es poco lo que podemos sacar en claro.
Mucho se discute en The Great Hack respecto a la capacidad de Cambridge Analytica para acumular datos: la empresa se ufana de tener 5000 datos de cada uno de los votantes estadounidenses. Muchos de esos datos se obtuvieron a través de Facebook, por medio de cuestionarios sobre cuestiones triviales que permitían crear perfiles de votantes.
Poco se discute en The Great Hack respecto a la capacidad real de Cambdrige Analytica para procesar esos trillones de datos que acumula: ¿Qué tan efectivo es realmente un test para establecer mi compatibilidad con las princesas de Disney como herramienta para crear perfiles de votantes? No estoy diciendo que esto no se pueda hacer, sino al contrario: ante una premisa así de fascinante es una lástima que los documentalistas no hayan hincado el diente en este tipo de detalles, que son precisamente los que desconocemos.
Pero son precisamente esas omisiones las que obligan a mirar The Great Hack con cierta distancia ahí donde los datos se convierten en un fetiche. Esa creencia de que con suficientes datos no hay nada que no se pueda saber y anticipar. La acumulación de datos como condición de la omnipotencia.
En ese sentido, The Great Hack decide concentrarse mucho más en los efectos: la elección de Donnald Trump en Estados Unidos y la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Lo que la película sugiere es que estos resultados solo fueron posibles debido a la intromisión de Cambdrige Analytica: el Big-data, los algoritmos y la “inteligencia artificial” ganaron esas elección.
Así, la película hace eco de cierta retórica negacioncista de algunos sectores que consideran mucho más reconfortante pensar que la derrota de Hillary Clinton y el resultado del referéndum sobre el Brexit solo pueden ser explicados gracias a algún tipo de hackeo al sistema democrático; que el actual panorama político es un error en la Matrix.
¿Cuánta injerencia tuvo realmente Cambridge Analytica en esos resultados? Es difícil saber. Quizás mucha, quizás no tanto. Hasta puede ser que incluso no haya tenido ninguna. ¿Cómo saber realmente?
Probablemente los únicos que podrían tener respuestas son los miembros de la industria. Pero son precisamente estas personas las que tienen más incentivos para no dar respuestas verídicas. Porque como alguien afirma en The Great Hack, esta es una industria que mueve trillones y se sustenta en la premisa de que los datos pueden decirnos todo lo que necesitamos saber.
El riesgo radica en que el Big-data, los algoritmos y la “inteligencia artificial” se utilizan para tomar decisiones cada vez más relevantes en los distintos campos del saber humano, sin que necesariamente exista una comprensión acabada respecto a cómo cada set de datos, cada algoritmo y cada sistema de inteligencia artificial funciona ni cuál es la lógica detrás de los resultados que emite. Y si no comprendemos estas lógicas, se vuelve mucho más difícil estimar cuándo los resultados son correctos y cuándo no.
Esta incapacidad para comprender la tecnología y sus limitaciones, la imposibilidad de detectar sus errores y sesgos, puede dar pie a una peligrosa cualidad performática, donde las instituciones sociales actúan acorde a a la información entregada por el algoritmo, a pesar de que esta pueda ser errada. Caldo de cultivo para todo tipo de arbitrariedades, discriminaciones e injusticias.
La única vía para evitar esto es exigir mayor transparencia respecto a las reales capacidades de la tecnología, que nos permitan entender realmente qué es lo que pueden y no pueden hacer.
En ese sentido, The Great Hack es una oportunidad perdida.

La promesa de internet y la estatal de telecomunicaciones

El 19 de julio, el presidente de México anunciaba en su conferencia de prensa matutina que su empresa de telecomunicaciones estaba lista. Además de revelar que dicha empresa operaría con la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), incluyendo los 43,276 kilómetros de fibra óptica reportados en su plan de negocios 2018-2022, indicó que: «ya se aprobó por el Consejo de Administración de la CFE y se está haciendo la solicitud de concesión para poder dar el servicio sin fines de lucro a todos los que viven en las comunidades más apartadas del país».

Sin embargo, aún está pendiente la licitación de la concesión -otorgada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)- que definirá si la empresa operará de forma comercial o pública. Este matiz es sumamente importante, ya que esta concesión no solamente tendrá una vigencia de 30 años, sino que además determinará si efectivamente CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos podrá cumplir con la generación de riqueza que se esperaría obtener al ser filial de la CFE: una empresa económicamente productiva, aunque controversial ante las constantes denuncias presentadas el año pasado ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por cobros injustificados.

De ser otorgada dicha licitación, es claro que la empresa gubernamental de telecomunicaciones tendrá preferencias que romperán la “neutralidad competitiva” del entorno de las empresas de telecomunicaciones en México. Ya que -además de gozar con un régimen especial por su relación con la CFE- esta iniciativa abrirá la posibilidad al Estado de entrar en varios conflictos de interés al pasar de ser un regulador (tanto del mercado como de la competencia) a ser un operador con privilegios que le permitirían un pase libre para rediseñar regulaciones a la medida de sus necesidades, por tratarse de una empresa productiva del Estado.

Ahora bien, a pesar de que el Presidente anunció que esta empresa buscará estar a la altura de las otras proveedoras de telecomunicaciones que operan a nivel nacional, su misión principal será la de llevar servicios de internet -sin fines de lucro- a las zonas marginalizadas del país para habilitar “centros integradores de servicios” en los que se contará la presencia del Banco de Bienestar (actualmente Bansefi), que buscarán llevar los programas de asistencia social directamente a las personas beneficiarias de las comunidades rurales e indígenas a través de la establecido por la Ley FinTech en cuanto a “capacitación, asistencia técnica e incremento de la productividad de tecnología para los integrantes del sector de ahorro y crédito popular.”

Por otro lado, es importante señalar que en lo poco que se ha compartido respecto a los detalles de operación, habilitación y licitación de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos no hay claridad respecto a el impacto que esta empresa tendrá en el uso del espectro radioeléctrico. Esto nos remite a la serie de trágicos eventos que hasta ahora superados por las empresas pequeñas que han cubierto las necesidades de telecomunicación anteriormente ignoradas por el Estado: ¿será la habilitación de esta empresa estatal otro reto para la supervivencia de estas iniciativas? ¿cómo se generarán parámetros que permitan el desarrollo de estos pequeños operadores y a la vez otorguen los beneficios que podría solicitar la empresa anunciada por el presidente?

Nuevos retos…

Además de cumplir con los compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, los requisitos que determine el IFT y las regulaciones definidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; esta empresa deberá alinearse con las características de una empresa productiva del Estado que, a diferencia de una paraestatal, deberá generar riqueza, ser transparente y competitiva a nivel no sólo nacional sino también internacional.

Aunado a esto, con la puesta en marcha del “apagón” del programa México Conectado que operó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y brindó 101 puntos de conexión a internet en espacios públicos, han surgido otras necesidades en espacios que actualmente enfrentan problemas graves de acceso a internet afectando las operaciones de espacios como la Universidad Nacional Autónoma de México. Como señaló Ingrid Motta en su columna para etcétera:

“Es desconcertante que el 19 de julio se anuncie CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos como empresa para conectar al país y casi al mismo tiempo se confirme la desconexión de la máxima casa de estudios y centenares de otros sitios, por no contar un plan estratégico para la conectividad, ya sin mencionar los muchos otros temas que el actual gobierno viene atrasando por falta de objetividad y conocimiento de las necesidades reales de los mexicanos.”

Además de lo señalado anteriormente es importante tomar en cuenta que dentro de los temas pendientes de la actual administración están las políticas públicas en materia de derechos humanos y tecnología en México. Si bien aún no es clara la Estrategia Nacional de Ciberseguridad que operará en este sexenio, tampoco existe algún referente que nos permita tener certeza de los códigos que regirán tanto el manejo de los datos pasen por la infraestructura de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos como el poder que este nuevo actor tendrá en el ecosistema de internet en el país.

En este tenor, también queda la duda sobre cómo se regulará el poder que ahora tendrá el Estado al pasar convertirse también en un operador con capacidad para competir en el mercado de las telecomunicaciones: ¿será que aún está por revelarse la creación de un ente independiente que permita que esto sea auditado y controlado?

Lo único que sigue quedando claro es un profundo desinterés por establecer políticas que permitan brindar tranquilidad o certeza respecto a las garantías que ofrece el Estado para hacer frente a los retos actuales para los derechos humanos en el entorno digital del país, lo cual no es menor cuando se avecina la implementación de nuevos desarrollos que darán un giro a la forma en que hasta ahora han operado algunas tecnologías.

Si en México no estamos a la altura de regulaciones que protejan los derechos humanos, supervisen las capacidades (y actividades) de las empresas de telecomunicaciones y garanticen el acceso a internet: ¿con qué antecedentes enfrentaremos los retos que impacten en el país cuando las nuevas tecnologías y redes 5G vengan a ofrecer lo que nuestras políticas públicas no contemplan?

La concentración del poder para censurar en internet

En los últimos años, las discusiones sobre el rol de las plataformas de internet en la difusión de desinformación, la censura de discursos legítimos y la amplificación de expresiones de odio y violencia han aumentado notablemente. En este contexto, aunado a una fuerte tensión política, se han hecho llamados frecuentes a modificar parte de la legislación de Estados Unidos: país que rige a esas plataformas.

Particularmente, se ha buscado cambiar el esquema fijado por la sección 230 de la Communications Decency Act. Esta disposición sienta las bases para una regla general (aunque con excepciones) en que las plataformas de internet no tienen responsabilidad sobre el contenido provisto por terceros, el ánimo por reformas se suma a tendencias globales por provocar que empresas como Google, Facebook o Twitter sean más activas; filtrando o removiendo contenidos nocivos, y a la vez asumiendo responsabilidad por quitar espacio a contenidos legales.

Sin embargo, independientemente de que –a menudo– hay fines loables detrás de estas iniciativas, los posibles efectos sobre la libertad expresión y de información son significativos; ya que, en el particular caso del §230 CDA, tienen consecuencias a nivel global.

En términos simples, el §230(c) CDA distingue a las plataformas de internet de los editores de medios o proveedores de contenidos -cuando la información es provista por terceros- con el fin de eximirles de responsabilidad sobre esos contenidos. Además, les exime de responsabilidad por remover o bloquear de buena fe contenidos obscenos o violentos, aún si son legales: como ocurre con los términos y condiciones de uso. Es habitual que se considere a esta regla una de las piedras angulares (al menos desde el punto de vista normativo) del crecimiento de los gigantes de internet en los Estados Unidos.

La más concreta propuesta de reforma provino del Senado estadounidense en junio de 2019, en un proyecto de ley que busca quitar el “sesgo” de las grandes plataformas –en particular, redes sociales– que supuestamente afectaría a publicaciones afines a opiniones de la extrema derecha política de ese país, percepción compartida por otro troll desde la Casa Blanca. Aunque la reacción transversal negativa a la propuesta fue inmediata, las alertas sobre el riesgo que corre el §230 se encendieron de inmediato: la realidad de las malas propuestas sobre responsabilidad de intermediarios se trasladaron de manera tangible al país que alberga a las mayores empresas de tecnología.

¿Por qué esto debería importarnos, en contextos tan distintos al primer mundo? En primer lugar, por el efecto que podrían tener reglas extranjeras en nuestra propia regulación sobre lo que ocurre en internet, considerando que la reacción a la desinformación, la violencia en línea o la polarización en época electoral son también –con matices propios– problemas en nuestros países. Las malas experiencias en países como Venezuela u Honduras muestran el rol que se pretende desde las plataformas, de manera más que dañina para la libertad de expresión, mientras que otras iniciativas de regulación han terminado excluidas.

En segundo lugar, porque la ley sí tiene impacto sobre las reglas propias de las plataformas. Las normas impuestas por los gigantes de internet para sus usuarias, incluyendo aquellas que alteran la circulación de información y expresión, varían a su vez en razón de las normas a las que se sujetan esas plataformas en los países donde se erigen, o bien donde deciden domiciliarse para reducir su riesgo de responsabilidad. Si con el fin de cuidar sus ganancias cambian sus términos y condiciones de uso, ese impacto será también sufrido en otras latitudes; ya queel poder de las grandes plataformas es tal, que las condiciones de interacción varían a nivel global a partir de las decisiones que resulten lucrativas para reducidos grupos de personas en Silicon Valley.

La implementación de reglas que reflejen principios de justicia en el manejo de contenidos, incluyendo a su vez condiciones de transparencia y rendición de cuentas sobre el retiro -muy especialmente cuando median mecanismos automatizados de detección o bloqueo- son algunas medidas mínimas que deben adoptar esas plataformas. Pero quizás más importante, las reglas mismas requieren una revisión concienzuda, incluyendo la participación de actores de la sociedad civil global.

Es urgente terminar las malas iniciativas de criminalización excesiva de discurso y la radicación de la censura en plataformas. A nivel local es necesario poner al día nuestros anquilosados sistemas jurídicos y generar condiciones normativas para el discurso libre, donde se esclarezcan tanto las condiciones de exención de responsabilidad como los mecanismos y requisitos para forzar el retiro, el bloqueo, o la reposición de información. Más allá de aclarar cómo deberían ser las cosas en escenarios hipotéticos de las plataformas actuales, estas medidas permitirían fijar cómo pueden crecer las plataformas del futuro. Las normativas no deben plantearse para reaccionar a empresas específicas, respecto de las cuales persisten problemas más profundos y amplios que los relativos al contenido; ya que si bien quizás Facebook, Google o Twitter no son escenarios ideales para la discusión política o social que necesitamos, son espacios de intercambio vigente que evidencian la necesidad de establecer condiciones normativas para organizar nuestras propias alternativas.

¿Bajo qué términos se protegerán los datos en Brasil?

La semana pasada, la larga novela sobre la protección de datos personales en Brasil agregó un nuevo capítulo a la saga: el presidente Jair Bolsonaro sancionó -con vetos- la ley que habilita la creación de una autoridad pública de control de datos personales, reduciendo algunas de las garantías previstas en la versión original de la Ley general de protección de datos, aprobada en 2018.

Inicialmente proyectado como un órgano independiente a cargo de la interpretación de la ley a través de la promulgación de normas administrativas complementarias, así como de garantizar y fiscalizar su cumplimiento, el primer ataque contra las facultades de la naciente Autoridad Nacional de Protección de Datos ocurrió durante el gobierno del ex presidente Michel Temer, quien vetó su creación en agosto de 2018.

El 27 de diciembre, a pocos días del término de su mandato, Temer presentó una “medida provisional” que creaba una autoridad en materia de datos personales dependiente de la Presidencia de la República. En el necesario paso por el Congreso para transformar la medida en ley, se determinó que la autoridad sería sometida a revisión dos años después de entrar en operaciones. Así, bajo este escenario, la solución de cualquier controversia u omisión quedará a cargo de un ente administrativo carente de recursos e independencia política del gobierno de turno.

Lamentablemente, esta no es la única modificación relevante a la Ley general de protección de datos. El nuevo texto amplía la posibilidad de usar datos sensibles con fines de lucro, como aquellos relativos a la salud. La obligación del sector público de notificar el uso y transferencia de datos fue retirada, al igual que la posibilidad de solicitar una revisión de las decisiones automatizadas por parte de una persona natural. Además, la versión actual del texto contempla normas diferenciales para pequeñas y microempresas, así como para las autoproclamadas startups o “empresas de innovación”, con obligaciones más blandas, sin importar el riesgo de sus actividades para el ejercicio del derecho a la privacidad y la protección de los datos personales.

Por su parte, las sanciones administrativas previstas para los casos de violaciones graves o reiteradas también fueron excluidas del texto final, tras los vetos de Bolsonaro. Estas sanciones permitían la suspensión -parcial o total- y la prohibición de las actividades de tratamiento de datos a las entidades infractoras, mecanismo similar al contemplado, por ejemplo, en el Reglamento general sobre protección de datos europeo. Este y otros vetos están pendientes de ser analizados por el Congreso.

Protección constitucional

Recientemente el Senado aprobó una norma que busca incluir la protección de datos como un derecho fundamental en la Constitución brasileña, con una mención explícita los medios digitales. La propuesta incluye una clausula que establece que solo el gobierno federal, la Unión, tendrá competencia para legislar sobre protección de datos. Pero, a pesar de estar alineada con las mejores prácticas internacionales, esta medida se enfrenta a innumerables propuestas de regulación en el ámbito municipal y estatal.

Aunque sea crucial que los gobiernos locales sigan los principios establecidos por la Ley general de protección de datos, es necesario fomentar el desarrollo de normas complementarias y más detalladas, que respondan a los desafíos locales específicos; un caso ejemplar es el de Seattle, en Estados Unidos, que desarrolló un programa propio de privacidad ante el despliegue de tecnologías invasivas en espacios públicos.

En un país de características continentales como Brasil, la restricción puede comprometer el derecho a la protección de datos de la ciudadanía, contrariando el espíritu principal de la propuesta que es justamente fortalecerlo.

Desarrollo económico: ¿a qué costo?

Que la economía más importante de América Latina actualice su normativa de datos personales es una aspiración que no solamente afecta a cientos de millones de personas en Brasil, sino que se extiende a toda la región. Sin embargo, se trata de un proceso que ha sido secuestrado por la incertidumbre de una clase política en crisis y la presión de industrias poderosas.

Gracias a una nueva composición del Congreso Federal, muchos intereses económicos encontraron apoyo en parlamentarios que desconocían el desarrollo histórico y los acuerdos que dieron forma a la Ley. Al presentar una serie de modificaciones al término de su gobierno, Temer permitió la introducción de ambigüedades en su interpretación, optando explícitamente por priorizar los modelos de negocio de las startups, las empresas de crédito y las financieras, por sobre la protección de sus ciudadanos y ciudadanas.

No queda duda de que hay aspectos positivos y avances concretos en la ley brasileña. Sin embargo, su efectividad va a depender en gran medida de la capacidad que tengan los actores preocupados por el interés público de presionar a los órganos de fiscalización y control para que hagan valer las protecciones previstas en la ley. La manera en que se harán efectivas sus garantías pondrá a prueba la fuerza de las instituciones democráticas del país. La participación de la sociedad civil en los debates y en la documentación de evidencias de violaciones, principalmente por medio de la Coalizão Direitos na Rede, ha sido y seguirá siendo central en el proceso.

La protección de datos en América Latina continúa sumando antecedentes que, más allá de evidenciar las falencias en materia de políticas públicas en la región, hacen visible la necesidad de generar nuevos referentes legales que actúen en función del contexto donde se desarrollan: protegiendo así los derechos humanos que también pasan por los entornos digitales.

Resultados del compromiso del Estado chileno con los Derechos Humanos: ¿Avanzamos?

El 4 de Julio se dieron a conocer los resultados del Examen Periódico Universal de Chile. Como hemos abordado en textos previos, esta evaluación no sólo abarcó los derechos humanos en sus aspectos más tradicionales, sino que también por primera vez organizaciones de la sociedad civil -coordinadas por Derechos Digitales- propusimos hacer una revisión más profunda del compromiso del Estado con el respeto de los derechos humanos en los entornos digitales, donde cotidianamente se encuentran inmersas las personas chilenas.

A través de dos reportes sombra -uno centrado en privacidad en el entorno digital y otro en los demás derechos-Derechos Digitales y otras organizaciones de la sociedad civil presentaron información para la evaluación del Estado chileno, con el fin de aportar información precisa sobre el estado de cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos en los entornos digitales en materias tales como: libertad de expresión y reunión pacífica, protección de datos personales, privacidad, violencia de género y el abuso de las tecnologías de vigilancia por parte de la fuerza pública.

Al ser publicada oficialmente las respuestas de Chile a las recomendaciones formuladas por diversos Estados,recibimos con satisfacción ver entre las recomendaciones aceptadas las siguientes, referidas al ejercicio de derechos en los entornos digitales:

125.88 Garantizar y promover los derechos a la libertad de expresión, la libertad de asociación y de reunión pacífica y la protección de los periodistas y los defensores de los derechos humanos, también en Internet (Islandia);
125.92 Aplicar políticas que faciliten la igualdad de acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones, en particular para los pueblos indígenas, las poblaciones rurales y las mujeres (México);
125.108 Evaluar las tecnologías de vigilancia y recopilación de datos personales desde el punto de vista de los derechos humanos, en particular teniendo en cuenta el derecho a la intimidad y el principio de no discriminación (Perú);
125.109 Aprobar legislación concreta para proteger y promover los derechos humanos en el entorno digital, incluido el derecho a la intimidad (Brasil);
125.110 Reforzar su legislación para la protección de los datos de sus ciudadanos de conformidad con los principios del estado de derecho, la proporcionalidad y el respeto de la intimidad, en particular considerando la posibilidad de crear una autoridad de control independiente (Suiza);
125.166 Velar por que las mujeres puedan vivir una vida libre de violencia, incluso en contextos digitales, mediante una legislación apropiada, medidas preventivas, educación y recursos adecuados, incluidos servicios para las supervivientes (Canadá);
125.175 Examinar y revisar las leyes, políticas y reglamentos para hacer frente a la violencia contra la mujer, inclusive en contextos digitales, de conformidad con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos (Islandia);

Lo anterior representa un gran logro, desde nuestra perspectiva, en el reconocimiento de compromisos pendientes en estas materias, de acuerdo a las obligaciones internacionales previamente asumidas por el Estado; esperamos que este reconocimiento se materialice en acciones concretas que se ejecuten y reflejen antes del próximo ciclo de revisión. Miraremos ávidos la materialización de los compromisos con las personas chilenas para un futuro digital donde se protejan sus derechos y su dignidad.

Desde Derechos Digitales celebramos que se abran espacios de diálogo y evaluación para mejorar la toma de decisiones y la producción de políticas públicas. Del mismo modo en que participamos en la propuesta de recomendaciones, seguiremos velando por la promoción de éstas para asegurar que en Chile se produzcan medidas para procurar la defensa de los derechos humanos a través de las tecnologías. Es importante recalcar que estas recomendaciones no tienen valor si no se ven reflejadas en acciones concretas por parte del Estado chileno para implementarlas y que éstas tengan un impacto que permita mejorar la calidad de vida de las personas en Chile.

En particular, celebramos que se tomen en cuenta recomendaciones que plantean mejorar las medidas para asegurar que las mujeres vivan libres de violencia en los entornos digitales, y esperamos ello pueda traducirse en acciones concretas de introducción de esta temática en las políticas públicas de la especie, así como en la formación de los operadores del sistema de justicia -policía, fiscales y jueces- para una adecuada respuesta a esta restricción de derechos que sufren las víctimas de violencia de género en línea. Del mismo modo, esperamos que se redoblen los esfuerzos para adecuar la protección de datos los datos personales; en forma consistente a estas recomendaciones y a la reciente reforma constitucional al respecto.

Ahora, las malas noticias: para nuestra sorpresa, entre las recomendaciones rechazadas se encuentra la realizada por el Estado Plurinacional de Bolivia para «Promover normas que cumplan con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de las comunicaciones y la tecnología, a fin de evitar la criminalización de las protestas sociales indígenas» (125.91).

Ante evidencia reciente del actuar del Estado chileno de forma ilegal en tristemente célebres casos como el denominado «Operación Huracán», al no ajustarse a los principios de proporcionalidad y pasar por encima del derechos fundamental a la privacidad, nos preocupa sobremanera que el Estado rechace una recomendación que precisamente se encamina a adoptar las previsiones legales y operativas que permitan evitar que los hechos documentados se repitan en el futuro. Se pierde una oportunidad clara para que el Estado impulse una evaluación interna crítica de su proceder, tanto desde una perspectiva de controles legales, como desde una perspectiva de compromiso político con el respeto a la libertad de expresión, la privacidad y la seguridad de las personas del pueblo Mapuche.

Sin embargo es de destacar que, a pesar de que la recomendación anteriormente señalada fue rechazada, se aprobó la recomendación 125.88 -hecha por Islandia- que justamente habla de la protección al derecho de libertad de expresión de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Internet. Con ello, esperamos el Estado implemente medidas concretas de control de su fuerza pública para evitar que la tecnología sea usada como medida de represión frente al flujo de información y defensa de derechos que proporcionan los comunicadores sociales y defensores de derechos humanos, incluyendo aquellos que trabajan de cerca por la protección y respeto de los pueblos indígenas.

En suma, la aceptación de estas recomendaciones, en conjunto, nos permite abrigar la esperanza de que el Estado se comprometa a tomar medidas que habiliten la puesta en marcha de políticas públicas que se alineen con la protección de la libertad de expresión, el derecho a la privacidad, la protección de datos y la promoción de entornos digitales libres de violencia hacia las mujeres.

¿Avanzamos? Sí, aunque no todo lo que quisiéramos. Ahora el Estado tiene cuatro años para demostrar su compromiso con el respeto de los derechos humanos en forma equivalente tanto on line como off line. Derechos Digitales continuará su trabajo de colaboración y observación de las políticas públicas para mantener este recordatorio constante: para que las personas chilenas puedan disfrutar de los beneficios de las tecnologías en sus vidas y no vean restringidos sus derechos por ellas.

Chile necesita una regulación de protección de datos con dientes

La tierra no es plana, las vacunas funcionan y Chile necesita actualizar su legislación de protección de datos. En materia de políticas públicas digitales, son pocos los temas que generan un consenso tan transversal como la necesidad imperiosa de que nuestro país fortalezca su nivel de protección y resguardo de la autonomía informativa de las personas.

Así lo refleja un informe del año 2016, publicado por el Departamento de evaluación de la ley 19.628 de la Cámara de Diputados. El documento muestra cómo los representantes de la industria, sociedad civil, academia y distintos organismos públicos no solo creen que es importante modificar nuestra regulación, sino que también consideran urgente la creación de un organismo administrativo que sea capaz de fiscalizar el cumplimiento de la ley y sancionar a quienes infringen sus disposiciones.

En la actualidad -y más allá de las falencias de la ley 19.628– el principal obstáculo que las personas enfrentan al momento de hacer efectivo su derecho a acceder, rectificar, oponerse o cancelar el tratamiento de sus datos personales es de carácter operativo. La ley establece un procedimiento denominado habeas data, que obliga a los titulares a recurrir a los tribunales civiles ordinarios de justicia. Para una persona común y corriente, esto implica contratar un abogado, invertir recursos y esperar un par de años para obtener ojalá una decisión favorable, con tribunales civiles sobrecargados que además no manejan la especialidad que requiere la protección de datos personales. Incluso, luego de haber superado esta ordalía, las sanciones establecidas por la ley son irrisorias, llegando a un tope de más o menos 3.600 dólares. Para empresas y para el Estado, los más frecuentes infractores, la suma es una sanción insignificante ya que las multas podrían ser fácilmente incorporadas como costos de operación.

Por lo mismo, nadie se puede extrañar de que este procedimiento haya sido utilizado muy pocas veces, dando pie a la impunidad sobre el tratamiento ilegítimo de los datos personales de las personas chilenas; no porque la privacidad no importe, sino que se ha transformado en un privilegio defenderla.

Aunque existe consenso en que nuestro país debe contar con una Agencia de Protección de Datos, actualmente existen distintos esquemas institucionales que se pueden implementar; cada uno con sus particularidades, partidarios y detractores.

Qué nos gustaría

En Derechos Digitales hemos participado del proceso legislativo en distintas iniciativas para reformar la actual ley de datos personales; desde el proyecto presentado por el primer gobierno de Bachelet, la iniciativa que tuvo lugar en el primero gobierno de Piñera y el Boletín 11144-07 presentado en marzo de 2017, durante el segundo gobierno de Bachelet y actualmente en tramitación.

Sí, es frustrante cuantas veces hemos tenido que empezar desde cero.

Sobre la institucionalidad de control, nuestra posición siempre ha sido la misma: Chile merece contar con una Agencia de Protección de Datos de carácter administrativa, independiente, especializada y con patrimonio propio. En otras palabras, un modelo normativo similar al que dio origen a la Agencia Española de Protección de Datos, que cuente con independencia de otros organismos públicos para poder ejercer su labor de fiscalización sin presiones políticas externas y cuyas decisiones respondan a estándares profesionales.

Para cumplir su labor a cabalidad, una agencia de estas características también debe contar con los recursos y atribuciones necesarias. No basta con que la entidad pueda fiscalizar el cumplimiento de la ley por parte de organismos públicos y privados, ni que pueda sancionarlos con multa. También es necesario que cuente con facultades para realizar campañas educativas, mantener registro de las bases de datos existentes, inspeccionar a los responsables de bases de datos, establecer medidas cautelares y coordinar cooperación internacional en el área. Por último, la agencia requiere facultades normativas, para generar jurisprudencia administrativa sobre los alcances e interpretación de la ley; a través dictámenes o resoluciones, ya sea de carácter general o pronunciamientos específicos.

Originalmente el proyecto de ley creaba un organismo encargado de la protección de los datos personales, dependiente del Ministerio de Hacienda. Pero la creación de un nuevo organismo -independiente, especializado y con patrimonio propio- requiere de una inversión económica importante, que por razones políticas no se encuentra hoy disponible. Así, en julio de 2018 el ejecutivo ingresó una indicación sustitutiva, entregando esta tarea al Consejo para la Transparencia (CPLT), entidad que actualmente tiene la poco específica atribución de “velar” por el cumplimiento de la Ley 19.628 respecto de los organismos públicos, pero ninguna herramienta para hacer efectivo este control.

El problema concreto es que la creación de un nuevo organismo -independiente, especializado y con patrimonio propio- requiere de una inversión económica importante, que por razones políticas no se encuentra hoy disponible.

Lo perfecto es enemigo de lo bueno

En los últimos meses, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado ha votado la mayoría de los artículos del proyecto relativos a temas de fondo –con algunos resultados no del todo satisfactorios desde nuestro punto de vista. Es posible que en las próximas semanas se revise lo relativo a la Agencia de Protección de Datos Personales: su institucionalidad, atribuciones y recursos.

Al tratarse de la creación de un nuevo organismo público, este aspecto de la ley solo puede modificarse por iniciativa del Presidente de la República. Sin embargo, al no existir consenso respecto a qué organismo público debe convertirse en la nueva Agencia de Protección de Datos, es probable que se genere un intenso debate.

Las alternativas parecen ser dos: un nuevo organismo público especializado en protección de datos personales que dependa de un ministerio, o entregarle esta atribución al CPLT. Como todo en la vida, ambas opciones tienen cosas a favor y en contra.

La creación de un organismo nuevo tiene la fortaleza de que esta nueva institución tendría un carácter especializado, compuesto exclusivamente por expertos en materia de protección de datos personales. En este sentido, se podría asegurar que las decisiones estarían fundamentadas bajo criterios técnicos y serían tomadas por profesionales del área.

Sin embargo, en cuanto al nivel de autonomía del organismo, este solo contaría con un nivel de “independencia funcional”, similar a la que cuenta la Fiscalía Nacional Económica respecto del Ministerio de Economía. Es posible argumentar que este nivel de independencia es suficiente; después de todo, la Fiscalía Nacional Económica ha funcionado bastante bien. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre ambos organismos: a la Agencia de Protección de Datos Personales le corresponderá conocer, decidir y sancionar casos concretos donde haya una contienda respecto al cumplimiento de la ley de datos personales por parte de un responsable de bases de datos. En este sentido, tiene sentido que dicha agencia tenga un nivel de autonomía más similar al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que el de la Fiscalía Nacional Económica.

Esto es particularmente relevante si tenemos en consideración que el mayor recolector, almacenador y procesador de datos personales es el Estado. No solo en términos de cantidad de datos, sino que también es el que maneja más datos de carácter sensible y muchas veces ha sido el más negligente en el resguardo y manejo de esos datos. Por lo mismo, se vuelve esencial que la labor de la agencia este exenta de eventuales presiones políticas externas. Si el día de mañana un importante organismo público sufre una filtración de datos personales que le signifique una multa millonaria, necesitaremos un organismo de control que sea inmune al telefonazo de su superior jerárquico.

Optar por el CPLT implica enfrentar el problema contrario. El Consejo cuenta con altos niveles de independencia y autonomía, y una legitimidad asentada frente a la ciudadanía y el poder político, pero desde su creación su labor ha estado enfocada en materializar los principios de acceso a la información pública y la transparencia en la actuación del Estado. Si bien es cierto que el acceso a la información pública y la protección de datos personales no son materias necesariamente excluyentes, se trata de áreas del derecho que tienen sus propios principios y particularidades. Los expertos que han sido formados profesionalmente en una de ellas pueden contar con un sesgo profesional.

Creemos que esto puede evidenciarse en algunas decisiones del Consejo en las que no concordamos con la ponderación entre el resguardo de los datos personales de los titulares y el derecho de los ciudadanos de acceder a la información pública. Algunos casos de lo anterior han sido: la entrega de información estadística por parte del INE, el acceso a los correos electrónicos de funcionarios públicos y la entrega del listado de nombres de dominios administrado por NIC Chile.

Frente a las condiciones actuales, la mejora en la protección de los datos personales en Chile necesariamente pasa por priorizar la evaluación independiente acompañada de un reforzamiento sobre la especialidad; asegurar que la futura autoridad de Protección de Datos Personales pueda operar con autonomía y exenta de presiones en sus pronunciamientos es crucial. Un criterio similar puede encontrarse en el Reglamento General de Protección de Datos, el que al momento de determinar si un país cuenta con un “nivel adecuado de protección” se da prioridad a que cuente con una agencia independiente.

Para ello el mecanismo de conformación de la institucionalidad requiere ser modificado con el fin de adecuarse a sus nuevas atribuciones. En este sentido sería positivo que el número de consejeros se aumentara a seis, a fin de que se convocara a tres expertos en protección de datos personales y tres expertos en acceso a la información pública.

De esta forma, el Consejo podría operar con dos salas especializadas de funcionamiento permanente. Para poder mantener un criterio unificado al momento de ponderar privacidad y transparencia, cada sala podría integrarse por tres consejeros: dos de ellos de la competencia de la especialidad de la sala y un tercero de la especialidad de la otra sala que podría ir rotando. De esta forma se puede fortalecer el criterio técnico en la disciplina respectiva, favoreciendo la uniformidad en la aplicación e interpretación de la ley. Además, para evitar que consejeros que provengan del mundo privado queden implicados por conflictos de interés en materia de fiscalización de empresas que tratan datos personales, también es necesario un régimen de inhabilidades como el contemplado en el proyecto de ley.

Por otro lado, siempre existe la posibilidad de transformar los desafíos en una oportunidad. Tener una misma institución encargada de velar por el acceso a información pública y la protección de datos personales -como sucede en Inglaterra- permitiría contar con un criterio unificado en esta materia. Por el contrario, contar con dos instituciones separadas podría generar el riesgo de decisiones contradictorias.

No cabe duda de que será un desafío importante que el CPLT alcance un equilibrio al presentarse casos que enfrenten la protección de los datos personales de los ciudadanos con el derecho a acceder a la información pública. Sin embargo, es un objetivo que se puede alcanzar con el tiempo y con los reforzamientos en presupuesto y capacidades para el CPLT que hemos enfatizado a lo largo del texto. Por otro lado, una institucionalidad que no cuente con independencia y autonomía desde su concepción no podrá sacudirse nunca esta falencia y por tanto no podrá proveer a la ciudadanía mejor protección que la que gozan actualmente sus datos personales.

Sobre el ataque reportado a OpenPGP

Desde hace varios años, ha tomado mucha importancia en algunas comunidades el protocolo OpenPGP para establecer comunicaciones seguras y niveles de confianza entre actores desconocidos. En primer lugar, hay quienes desean o necesitan comunicarse de una forma en la que se garantice que nadie más con acceso al mensaje pueda leerlo, y por otro lado, hay quienes necesitan verificar si un contenido en realidad está siendo publicado por quien dice, y por lo tanto pueden confiar al momento de descargarlo y manipularlo.

Este último ejemplo resulta de especial interés, pues aunque no lo sepamos, muchas personas utilizan OpenPGP o protocolos similares para manejar actualizaciones de software. Esto se hace para garantizar que las nuevas actualizaciones sean provistas por los desarrolladores originales de los programas y no por algún atacante que nos engaña para que instalemos código malicioso en nuestros equipos, haciéndose pasar por el programa original que queríamos actualizar.

¿Qué necesitamos saber para entender el ataque?

Como tecnología e infraestructura, PGP puede resultar complicada de explicar. Para entender mejor el ataque que está sufriendo podemos repasar algunos conceptos clave de su diseño:

Llaves públicas y privadas

Para que PGP pueda funcionar, las entidades involucradas deben crearse un par de archivos llamados llave pública y llave privada: la primera está diseñada para repartirse por tantos canales como sea conveniente para que cualquiera que la tenga, pueda enviar mensajes confidenciales al titular de la llave; por su parte, la llave privada debe permanecer segura en manos de su titular, pues es la que le permite abrir los mensajes confidenciales que se han recibido utilizando la llave pública. Si esta llave cayera en manos de terceros se rompería toda la seguridad que brinda esta tecnología.

Cifrado y firmado de mensajes

Una de las peculiaridades del uso de estas llaves es que podemos cifrar un mensaje con una de las dos y solo puede ser descifrado usando la otra. El uso más común es usar la llave pública de alguien para cifrar y enviarle un mensaje confidencial, ya que la persona destinataria solo podrá descifrar y leer el mensaje con la llave privada correspondiente.

Otra utilidad es cuando publicamos algo cifrado con nuestra llave privada. En principio será ininteligible, pero cualquiera que tenga nuestra llave pública puede descifrar el mensaje, confirmando así que nosotros -que poseemos la llave privada- fuimos quienes escribimos el mensaje en cuestión, aumentando el nivel de confianza y certificando que el mensaje es auténtico. A este proceso nos referimos cuando hablamos de firmar un mensaje.

Firmado de llaves

De la misma forma en que se pueden firmar mensajes arbitrarios, también podemos firmar un mensaje diciendo que la llave de alguien mas en efecto es de esa persona y no de un tercero haciéndose pasar por ella. Este mensaje se puede agregar a la llave pública «firmada», entonces cuando la busquemos no solo encontraremos la llave pública como tal, sino además todas las firmas de aquellos usuarios que declaran la autenticidad de esta llave.

Servidores de llaves y sincronización

Para solucionar el problema de cómo conseguir llaves públicas de otras personas, existen servidores particulares que se dedican específicamente de esta tarea, almacenando y actualizando llaves públicas y firmas. Muchos de estos servidores hablan entre ellos para mantener su información sincronizada.

Como una decisión de diseño, cuando se programó toda esta infraestructura se decidió que cualquier usuario podía firmar una llave particular y que todas las llaves públicas se almacenarían con sus correspondientes firmas.

Para saber más sobre cómo funciona PGP y sus implementaciones se podemos consultar este artículo recomendado de la EFF Una mirada en profundidad al cifrado de extremo a extremo: ¿Cómo funcionan los sistemas de cifrado de clave pública? Para comenzar a enviar mensajes cifrados con este protocolo podemos consultar las guías disponibles en la guía Surveillance Self-Defense también de la EFF.

Ahora sí, ¿cómo es el ataque reportado?

A finales de Junio algunas personas integrantes y cercanas a la comunidad de OpenPGP anunciaron que sus propias llaves públicas estaban siendo inundadas de firmas sospechosas, llegando en algunos casos a más de 150.000 para el momento de publicación de este artículo, además todas estas firmas están siendo sincronizadas entre la mayoría de los servidores de llaves disponibles.

Como tal, tener una gran cantidad de firmas en una llave pública no debería afectar el funcionamiento del protocolo, sin embargo, muchas implementaciones y programas que usan OpenPGP no están diseñadas para manejar más de unas pocas decenas de firmas por llave pública, entonces al procesar estas llaves inundadas tardan mucho tiempo o incluso se cuelgan, inutilizando OpenPGP al actualizar, importar o usar llaves públicas comprometidas.

Este problema ha sido reportado en el pasado como una vulnerabilidad teórica producto de la decisión de diseño de permitir que cualquiera pueda firmar llaves públicas de otros. Esta «falla de diseño» nunca fue corregida y hasta ahora no había sido vulnerada.

¿Cuál es el alcance actual del problema?

En principio, hay que aclarar que las características de OpenPGP no han sido vulneradas en absoluto, solo que su funcionamiento previsto está siendo abusado para afectar a ciertos programas que utilizan este protocolo. Por otra parte, la confidencialidad o integridad de nuestros mensajes no ha sido comprometida, ningún tercero podrá leer nuestros mensajes antiguos o modificarlos. Lo que produce esta inundación de llaves públicas es afectar la forma en la que algunos programas se comportan al descargar o procesar llaves comprometidas.

De hecho, para el momento de publicación de este artículo se ha detectado el compromiso de unas pocas llaves públicas de personas puntuales, por lo que se especula que este tipo de ataques se van a masificar en el futuro cercano, pero en este momento OpenPGP debería funcionar igual que siempre para la gran mayoría de los usuarios.

¿Solo nuestros correos que usan PGP estarían afectados?

En principio no. Como comentábamos al principio hay otros procesos que dependen del uso de llaves públicas como la actualización de software, en donde se comprueba la veracidad de las actualizaciones disponibles revisando el firmado de las mismas por parte de los desarrolladores oficiales.

En estos casos, dependerá de cómo se realiza el manejo de llaves públicas y firmas de los desarrolladores para cada implementación, pero para que este tipo de ataques afecte a un canal de actualización de software se debería cumplir al menos lo siguiente:

Que la llave sea obtenida o actualizada desde un canal que permita agregar firmas arbitrarias a llaves públicas.
Que el sistema que procesa las llaves realice alguna acción con las firmas afectadas.
Que alguien haga la firma masiva del certificado de forma intencional.
Que se lleve a cabo todo el proceso antes de que los diferentes programas actualicen su funcionamiento para adaptarse a este problema.

¿Podemos hacer algo como usuarios y usuarias?

Para este momento existen varias estrategias que podemos seguir para evitar las afectaciones por este tipo de ataques:

No actualizar llaves en nuestros repositorios, solo usar llaves que ya tengamos guardadas y sean funcionales.
Descargar nuevas llaves y actualizar existentes desde fuentes que no guarden firmas de llaves:
- Pedirlas directamente (e incluirlas de forma manual en nuestros repositorios)
- Usar servidores que no guarden o limiten el agregado de firmas de llaves como https://keys.openpgp.org/ o https://keys.mailvelope.com/
Usar clientes que soporten Autocrypt, una tecnología reciente que consiste en enviar las llaves públicas de forma automática junto a los mensajes y que estas sean manejadas de forma automática sin considerar firmas entre otras características. En este momento la implementación más usada de OpenPGP que soporta Autocrypt es Thunderbird + Enigmail, pero debe ser activada manualmente.
Esperar por la implementación de soluciones en los programas que actualmente implementan OpenPGP (esto puede tardar).

¿Qué podemos esperar de este incidente?

En principio, aunque el potencial de daño parece importante, este ataque tiene a la fecha un alcance mas bien limitado, lo que nos brinda cierto margen de maniobra en términos de tiempo para informar la situación y aplicar los correctivos necesarios. Esto eplica tanto para usuarios como para desarrolladores, quienes necesitarán adecuar sus programas para no verse afectados por este tipo de problemas. Queda ver si esta inundación de llaves públicas se queda como está a modo de advertencia a la comunidad técnica o escalará y entonces tendremos que prepararnos para la afectación de otros aspectos impactados por el uso de OpenPGP.

Una de las reflexiones más relevantes respecto a este ataque es que cuando nos casamos con una tecnología nos casamos con su diseño, así como con sus defectos, que a veces pueden llevar a situaciones de afectación menor como hasta ahora ha sido con este incidente o a vulnerabilidades de seguridad importantes que pueden comprometer nuestras comunicaciones, datos o incluso el propio uso de nuestros equipos, como podría pasar si este problema de inundación de llaves llega a afectar de forma masiva la actualización de nuestros sistemas operativos.

¿Chile está a la altura de la tarea? Los derechos humanos en el entorno digital, examinados

El 22 de enero pasado, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas examinó el historial de derechos humanos de Chile en el contexto del proceso del Examen Periódico Universal (EPU). Este proceso permite rastrear el progreso que ha tenido Chile en sus obligaciones de promover y proteger los derechos humanos.

Como señalamos en un texto anterior, este EPU ha registrado la primera vez que se generó conciencia sobre la necesidad de abordar el impacto de las tecnologías digitales en el ejercicio y la promoción de los derechos humanos: desde el respeto del derecho a la privacidad, la libertad de expresión. , la reunión y asociación pacífica, el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, y el impacto de una amplia gama de tecnologías que están afectando cada aspecto de la vida de los chilenos.

El Estado chileno debe ajustarse a las normas internacionales sobre el disfrute de los derechos humanos en internet, el derecho a la privacidad en la era digital y otros instrumentos que combaten la discriminación y la violencia en sus manifestaciones digitales.

Las recomendaciones recibidas por Chile en este último EPU son cruciales para reconocer el compromiso deficiente del Estado con respecto al fomento del ejercicio de los derechos humanos en el entorno digital.

En un artículo anterior advertimos sobre cómo el estado y el sector privado han utilizado algunas tecnologías para realizar la vigilancia de los chilenos, afirmando que era por «su propia seguridad» y «el uso efectivo de los recursos públicos». A continuación echamos un vistazo a las principales áreas de preocupación que se expresaron en el EPU, que también percibimos como desafíos compartidos en varios países de América Latina.

Chile necesita mejores leyes de derechos digitales y autoridades independientes de protección de datos

La delegación brasileña recomendó que Chile «adopte una legislación específica para proteger y promover los derechos humanos en entornos digitales, incluido el derecho a la privacidad». Esta recomendación señaló que Chile se quedó corto en la implementación de políticas concretas y directas sobre la materia.

Perú recomendó que Chile debería trabajar en «la evaluación de las tecnologías de vigilancia y recolección de datos personales desde una perspectiva de derechos humanos, con respecto al derecho a la privacidad y considerando el principio de no discriminación».

En la misma dirección, el Estado suizo señaló «la necesidad de fortalecer la legislación sobre la protección de datos personales» y el establecimiento de políticas públicas «de acuerdo con el estado de derecho, la proporcionalidad y la privacidad». Para que esto suceda, según el Estado suizo, es necesario que Chile «considere la creación de una autoridad de control independiente» que proteja los datos personales.

Actualmente se están discutiendo algunas mejoras en la actualización de la ley chilena de protección de datos; no obstante, estas recomendaciones obligan al Estado chileno a cumplir con las obligaciones internacionales de derechos humanos previamente adoptadas por Chile.

Chile necesita enfrentar la violencia contra las mujeres en entornos digitales

Las recomendaciones de Islandia abordaron otros temas apremiantes, instando al Estado de Chile a «revisar las leyes, políticas y regulaciones que abordan la violencia contra las mujeres, incluida la violencia en entornos digitales». Esta recomendación fue secundada por Canadá, quien recomendó una orden de legislación que permitiría a las mujeres «vivir libres de violencia, incluido el contexto digital».

Si bien Chile ha mejorado considerablemente la implementación de políticas para combatir la violencia contra las mujeres y los jóvenes, no hay políticas específicas para enfrentar este problema en el campo digital: el acoso sexual en las redes sociales y la difusión de material íntimo sin consentimiento son una realidad que requiere un esfuerzo práctico para superar las estructuras patriarcales en espacios fuera de línea y en línea, a fin de garantizar la capacidad de las mujeres para crear, habitar y constuir sus propias narrativas en el espacio digital.

También es necesario señalar que estas recomendaciones son adicionales a los esfuerzos anteriores desarrollados por el Estado, por eso insistimos a las instancias calificadas que tomen en cuenta las recomendaciones para promover su plena integración en los programas futuros y la agenda legislativa; garantizando espacios libres de violencia para el desarrollo de las mujeres a partir de hoy.

Chile necesita dejar de usar la tecnología para violar los derechos humanos

Las recomendaciones bolivianas abordan uno de los temas más apremiantes y escandalosos de Chile en los últimos tiempos: el uso de la tecnología como herramienta de represión. En una declaración contundente, Bolivia recomendó que Chile “promueva estándares que sigan los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Así como el uso de las comunicaciones y las tecnologías como una forma de poner fin a la criminalización de las protestas de los indígenas».

La delegación boliviana instó a Chile a evitar la repetición de episodios escandalosos como el «Caso Huracán«, donde se utilizó la tecnología para enmarcar a los líderes indígenas en actos terroristas. En muchos casos, el estado ha utilizado la tecnología para espiar a los líderes, periodistas y medios de comunicación indígenas en un intento por criminalizar sus reclamos legítimos.

Todas esas acciones violan las normas internacionales de derechos humanos al restringir el derecho a la privacidad, evitando la inviolabilidad de las comunicaciones y limitando la libertad de expresión y la reunión pacífica. Estas son algunas de las razones por las que esperamos que las recomendaciones se tengan en cuenta y se canalicen a través de reformas legales e institucionales dentro de los servicios de inteligencia y la aplicación de la ley del país, para evitar que las violaciones a los derechos humanos de las personas chilenas vuelvan a suceder.

¿Qué sigue?

Los Estados que participaron en el EPU de Chile hicieron llamados claros y firmes al Estado de Chile para promover, proteger y respetar plenamente los derechos humanos en el contexto digital. Esperamos que el Estado chileno esté a la altura de la tarea de aceptar esas recomendaciones, avanzar hacia la implementación completa de un enfoque integral de los derechos humanos en el país y, por lo tanto, considere los espacios digitales como entornos protegidos para el ejercicio de los derechos humanos.

Derechos Digitales -con sus socios y simpatizantes- mantendrá la atención en la adopción de las recomendaciones de Chile y estará disponible para colaborar en esta tarea. Como hemos señalado anteriormente: es momento de tomar decisiones y compromisos para garantizar la capacidad de ejercer plenamente los derechos humanos para el futuro, que es ahora. No hay tiempo que perder.

* Estos esfuerzos fueron coordinados por Derechos Digitales y respaldados por IFEX, en colaboración con Privacy International, APC, Ciudadanía Inteligente y Fundación Pro Acceso.

¿Quién defiende tus datos? La problemática acción de Subtel

El 16 de junio de 2018 se publicó, y entró en vigencia, la reforma constitucional que concede reconocimiento y protección a los datos personales como derecho fundamental autónomo en el numeral 4 del artículo 19 de la Constitución de la República Chile.

Tristemente un número de casos recientes –desde la instalación programas masivos de vigilancia en espacios públicos, hasta la vulneración del secreto estadístico al obligar al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) la entrega de un dato aislado de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF)– dan cuenta de que algunos órganos del Estado que parecen no encontrarse suficientemente informados de que la protección constitucional garantizada a los datos personales implica obligaciones concretas para su proceder, y una aplicación más estricta en su quehacer de la Ley Nº19.628, que regula desde hace 20 años la materia.

Uno de estos casos que parece haber pasado bajo el radar de la opinión pública se refiere a la orden emitida por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) a las concesionarias de servicios telefónicos, en el mes de mayo de 2018, para que éstas proporcionaran información respecto de su base de clientes para ser entregada a la empresa CADEM en el marco de un estudio de satisfacción de los usuarios que la repartición pública buscaba desarrollar. En concreto, Subtel solicitó a las empresas la siguiente información respecto de toda su base de datos de clientes: a) Número telefónico móvil; b) Tipo de plan de pre o post pago; c) Comuna y región del suscriptor; d) Si registra o no tráfico de dato y/o voz durante los últimos 30 días; y, e) Si se trata de un cliente que cuenta con multiservicio.

Varias de las empresas concesionarias si bien cuestionaron la solicitud, atendieron al requerimiento de la autoridad bajo el temor de resultar multadas de no hacerlo, sin embargo la empresa ENTEL reclamó de la solicitud invocando la normativa legal y constitucional de protección de datos que le impide proporcionar la información de sus clientes sin el consentimiento de éstos. Incluso a pesar de su reclamo, la empresa proporcionó a Subtel una base con todos los números móviles de sus clientes, pero sin otra información solicitada que permitiese su identificación.

Subtel muestra en este caso una preocupante ignorancia y confusión como servicio público a la hora de determinar si la información solicitada se trata de datos personales o no. Falla en reconocer que el conjunto de información solicitada permitiría la identificación de usuarios con poco esfuerzo durante el ejercicio de la encuesta para la cual se argumenta que los datos han sido solicitados.

Cabe recordar que la definición de dato personal abarca mucho más que el nombre o el apellido de una persona -como parece defender la autoridad en los cargos que formula a la empresa-, y se extienden a cualquier información concerniente a personas identificadas o identificables. La base de datos solicitada por la autoridad permitiría a ésta -o al tercero al que se le encomendará la realización de la encuesta de satisfacción- la identidad de quienes son titulares de los números informados a través de un simple llamado, además de poder perfilarlos por nivel socioeconómico, mediante análisis de sus gastos y comuna de residencia, así como obtener información de sus hábitos a través de la utilización de servicios, todo lo cual califica como dato personal conforme a la definición de la ley.

Por lo demás, así ha sido reconocido por el Consejo para la Transparencia en la causa c-611-2010 en la cual señaló que: “(…) desde el punto de vista de la protección de los datos personales, en tanto el número telefónico se encuentre asociado o sea susceptible de asociarse al nombre de una persona natural, dicha información constituye un dato personal, por lo que quienes trabajen en su tratamiento están obligados a guardar secreto sobre los mismos, cuando estos provengan o hayan sido recolectados de fuente no accesibles al público”.

No se trata en este caso de una fuente accesible al público, no existe en este caso consentimiento que haya sido recabado de parte de los titulares de los datos, ni una autorización legal a Subtel para requerir esta información, que excede con creces la información estadística que puede resultar útil con fines de política pública, como es invocado para fundar sus facultades.

Subtel insistió en la solicitud indicando que “la información sólo será utilizada para fines propios del servicio”. Tal afirmación vulnera el principio de finalidad establecido en el art. 9 de la Ley Nº 19.628, conforme al cual “los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público”. Los datos recogidos por una empresa de sus usuarios con la finalidad de prestarle el servicio, deben regirse por el principio de finalidad en su tratamiento y no pueden ser entregados a terceros sin el consentimiento de sus titulares o mediando otra autorización legal.

Adicionalmente, los datos que Subtel solicitó a las concesionarias, no fueron recogidos por Subtel, por tanto no puede ampararse su solicitud en el art. 20 de la Ley 19.628, que autoriza el tratamiento de datos personales sin consentimiento del titular por parte de un organismo público “respecto de las materias de su competencia”.

La vulneración del principio de finalidad no es siquiera disimulada por la autoridad, que reconoce directamente en el oficio en que solicita los datos personales que éstos serán proporcionados a la empresa CADEM, sin que provea certeza de ningún tipo de las medidas técnico administrativas que se adoptarán para la seguridad de tales datos, y para cautelar el cumplimiento del principio de finalidad, en un contexto en que la citada empresa realiza estudios de distinta índole, incluyendo las encuestas de tendencias políticas y categorización socioeconómica de la población.

No compete a las empresas concesionarias asumir frente a sus clientes que les han confiado sus datos personales en el marco de una relación contractual el riesgo sobre una eventual falta de reserva de la autoridad en la custodia de los datos, es la autoridad la que debe acreditar que satisface los requisitos legales para acceder a los datos personales de los usuarios y adoptará las medidas adecuadas para su protección, lo cual es difícil de creer que se hará si de entrada la autoridad niega la categoría de datos personales de la información que solicita.

No se atiende tampoco en este caso por la autoridad al principio de proporcionalidad en la recogida de datos, que mira a la necesidad de minimizar la recogida de datos a aquello que resulta estrictamente necesario para la finalidad legítima que se persigue con su recogida, por cuanto la encuesta de satisfacción no se realizará a la totalidad de la base sino sólo a una muestra, y sin embargo se exige la base completa, con el consiguiente riesgo que ello representa para los titulares de tales datos.

Desde 2017, Derechos Digitales ha desarrollado el reporte ¿Quién Defiende Tus Datos? en el cual evaluamos el comportamiento de las empresas de Telecomunicaciones en la cautela de la información de sus usuarios frente a requerimientos de la autoridad que no satisfacen las exigencias legales, así como la transparencia y claridad en las condiciones de privacidad que ellas ofrecen a sus usuarios. Ad portas de una nueva entrega de nuestro informe que se realizará el próximo 23 de julio, celebramos la defensa legal que Entel está realizando hoy ante la Corte Suprema de los datos personales de sus usuarios al reclamar de la multa que le fue impuesta por su negativa a entregarlos.

Este episodio nos llama a poner las cosas en perspectiva: es deber del Estado defender los derechos fundamentales de los ciudadanos, hasta que los organismos públicos no se tomen en serio este mandato en materia de protección de datos personales, la reforma constitucional no se materializará en más que tinta sobre un papel.

Libra(rnos) de Facebook

Esta semana, los diarios de tecnología a nivel mundial volteaban la mirada (de nuevo) hacia Facebook. Esta vez no se trataba de alguna nueva revelación que sumar a la incontable cantidad de pruebas respecto al manejo abusivo de datos por parte de esta empresa, ni de comparar la innegable fidelidad del deep fake que ha circulado en las redes. Ahora las notas cubrían el lanzamiento de un nuevo producto: una moneda llamada Libra.

Pero Libra no es el tema de esta columna, que tampoco trata de las recurrentes acusaciones sobre las políticas opacas, ni el mercado de los datos con los que esta empresa ha hecho fortunas millonarias; esta columna aborda un tema que, si bien no fue tan sonado como los casos ya mencionados, definitivamente podría cambiar por completo el entorno de internet en México: la conversación (virtual) que establecieron el Presidente Andrés Manuel López Obrador y Mark Zuckerberg.

Para comenzar a trazar los matices de este intercambio internacional -del cual muy poco se ha compartido con el público- partamos por identificar a los principales actores:

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Como ya hemos tratado en columnas anteriores, desde que asumió el cargo parece ser que la agenda en materia digital ha sido abandonada; principalmente en cuanto al desarrollo de las nuevas versiones de la Estrategia Digital Nacional y la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, aplicables a su administración.

Ambas propuestas responden a una necesidad evidente ante el creciente uso de las tecnologías de información y comunicación, en un país donde el clima para la libertad de expresión se hace cada día más hostil mientras la violencia contra periodistas, la brecha digital y la desigualdad económica actúan en detrimento de las oportunidades para que estrategias de la sociedad civil –como las redes comunitarias– despunten como alternativas en la promoción de tecnologías descentralizadas, autónomas y accesibles.

Una de las promesas del ahora presidente es justamente brindar “internet gratis en todo México”, misma que -más allá del sensacionalismo- podríamos atribuir a un profundo desconocimiento de lo que implica la infraestructura de internet (el mantenimiento de la red y los dispositivos a través de los cuales se pretenda el acceso, o de la infraestructura necesaria para sostener y alimentar el consumo de electricidad por parte de todos esos sistemas, etc.); sin embargo, tratándose de un político con tanta experiencia, no podemos caer en semejante ingenuidad.

Más allá de la cálida invitación a la colaboración que le extendió a un actor tan controversial como Mark Zuckerberg, es interesante que -hasta ahora- el mandatario no haya hecho reconocimiento ni ofrecido apoyo a esfuerzos existentes de la sociedad civil en cuanto al despliegue de redes comunitarias: soluciones locales, viables y pertinentes para resolver los retos de conectividad en el país.

Mark Zuckerberg, CEO de Facebook

Después de una larga y controversial trayectoria liderando proyectos que han estado en el ojo del huracán por los constantes abusos reportados en torno a la explotación de datos sin consentimiento, este empresario no sólo ha innovado en cuanto a plataformas sociales sino que también ha puesto en marcha sus epifanías más altruistas en regiones marginalizadas donde cualquier esperanza de acceso tuviese eco suficiente para desencadenar funestas consecuencias.

Tal fue la experiencia de las personas de Myanmar, quienes -tras ser expuestas a un constante sesgo de información a través de Free Basics- vivieron episodios violentos potenciados por propaganda y cadenas de desinformación que recibían constantemente a través del servicio ofrecido por la empresa de Zuckerberg. Para el grupo rohinyá, minoría étnica en la región, esta polarización de la información devino en genocidio y desplazamiento de sus sobrevivientes. Para el equipo de Zuckerberg, estos no fueron motivos suficientes para retirar el proyecto, apelando a que “su compromiso por brindar el servicio las personas prevalecería” mientras que investigadores revelaban la forma en que este proyecto permitía a Facebook obtener los datos de navegación de las personas que accedían a internet a través de Free Basics (datos claramente redituables).

A pesar de esta experiencia, el espíritu del incansable emprendedor no cesó e incluso logró posicionar sus productos en otras latitudes; entre ellas: México, país donde -a través de operadores móviles como Virgin Mobile- Free Basics lleva alrededor de cuatro años en operación y al alcance de quienes aún usen teléfonos con tecnología SIM.

Otros caminos posibles…

Ahora se presenta la oportunidad de retomar la conversación sobre internet, para entender qué es, qué habilita y por qué necesitamos mantener los ojos abiertos ante los discursos tecnoptimistas que pretenden darnos “gato por liebre”. La información es poder y es en ese poder donde recaerán nuestras posibilidades no sólo de exigir al gobierno que garantice el acceso a internet (calificado como un derecho constitucional desde el año 2013), sino de ser capaces de verificar que los servicios que asegure el Estado mexicano cumplan con las condiciones establecidas: condiciones que garanticen a las personas el acceso a la información, sin estar supeditadas a las letras pequeñas de productos o servicios que no son internet.

Free Basics no es el único producto que parte de lo que conocemos como Zero-rating o tasa cero, una práctica controversial entre los proveedores de servicios de internet que menoscaba y limita el acceso a la red a conveniencia de sus intereses, vulnerando el principio de neutralidad de la red y lo que llamamos “Internet Abierta”: un enfoque que busca asegurar que el acceso a internet no esté impedido por incompatibilidad técnica, administración no apegada a buenas prácticas o abusos de poder en la transmisión de datos… Es decir, estos productos se oponen a la prestación de servicios de internet que habiliten el acceso indiscriminado a los contenidos que circulan en la red, sin sesgos, censura o restricciones opacas que beneficien particularmente los intereses de empresas o gobiernos.

Claro, en un párrafo no es viable resumir la complejidad detrás de años de debate que dieron origen a conceptos como neutralidad de la red, internet abierta o tasa cero; sin embargo, es importante apelar a la historia y recordar que estas discusiones ya han tenido lugar en foros globales, regionales y locales donde se ponderaron las desventajas de promover estos productos ante las posibles colusiones y malas prácticas que surgirían tras brindar tanto poder sobre el acceso a los operadores de servicios (como Facebook).

Para reducir la brecha digital, necesitamos diseñar estrategias que permitan la adopción de tecnologías que reflejen los compromisos hacia las comunidades que harán uso de ellas; es urgente apuntar que la ausencia de políticas públicas claras en materia de desarrollo digital vulnera los derechos de las personas mexicanas. La falta de una agenda digital enmarcada en los derechos humanos, pinta un panorama desalentador para todos los otros derechos que se potenciarían a través de propuestas en torno las redes comunitarias (que actualmente se están promoviendo en el país) y el acceso a una internet abierta.

Es momento de habilitar espacios de diálogo que permitan la interlocución entre las comunidades técnicas, la sociedad civil, las empresas, la academia y el gobierno mexicano; para trazar caminos claros que den pie a la transformación del entorno digital del país y llevar el acceso a quienes carecen de él: apoyando las iniciativas ya existentes y promoviendo soluciones locales que nos libren de los colonialismos digitales y productos tan inaceptables que nos podrían ofrecer a cambio de un sesgo permanente y un pase libre a la explotación de nuestros datos.