El lenguaje común de las mujeres y otra internet posible

Las historias de las dictaduras que avanzaron y plagaron a América Latina en el siglo XX, impregnaron la imaginación de los estudiantes durante muchas décadas. Como parte de la porción que creció en los años 90, crecí leyendo libros, asistiendo a clases y viendo películas sobre el tema. La dictadura chilena que terminó en los años 90, así como la lucha por la educación, marcaron imágenes de lucha y resistencia. América del Sur, además de ser escenario de dictaduras, también fue escenario de una sangrienta colonización, que incluso hoy deja huellas geográficas y socioeconómicas que impregnan la forma en que tratamos nuestra sociabilidad, nuestros dispositivos electrónicos e Internet. Sin embargo, los esfuerzos locales luchan por transformar la brecha y la educación tecnológica, los esfuerzos feministas trabajan para desarrollar otras infraestructuras. Pero, ¿cuáles son las bases de la tecnología que tenemos hoy?, ¿Qué tienen que ver con la cultura de dominación que buscamos transformar?

En tiempos difíciles de la dictadura, las familias quedaron devastadas, las personas desaparecieron, la violencia afectó los cuerpos de quienes resistieron, los libros se quemaron y la vida en el hogar ya no era la misma. En Chile, mientras las mujeres que perdieron parte de sus familiares queridos en la resistencia buscaron alternativas para alimentar sus hogares, también aprovecharon la oportunidad para contar sus historias y denunciar la violencia que afectó a su país. Las Arpilleras fueron una técnica ampliamente utilizada en el período por las mujeres, quienes tejían mensajes para denunciar los horrores de la dictadura y, con su venta, apoyaban y alimentaban a sus familias. En todo el mundo, las mujeres están buscando dentro de sus posibles tecnologías alternativas para mantenerse, hacer que se escuchen sus voces y transmitir sus mensajes.

También fue al final de las dictaduras latinoamericanas cuando los cables submarinos se convirtieron en una gran inversión internacional para las telecomunicaciones entre computadoras, formando la gran red de Internet que tenemos hasta hoy. En el siglo y décadas anteriores, los cables submarinos se usaban para las comunicaciones telegráficas.

Hoy en día, los cables submarinos de fibra óptica transmiten más del 90% de la Internet mundial. Fueron construidos bajo una política de guerra y siguen caminos previamente recorridos por senderos de exploración de las antiguas navegaciones. Estos cables de 2,5 cm de diámetro llevan los protocolos e infraestructuras que rigen la velocidad de los datos, el transporte de información y la codificación de mensajes. También son vulnerables a la vigilancia.

Si la ruta de los cables de Internet es tan antigua como el período de navegación, una explicación socioeconómica podría aclarar por qué más del 40% de la población mundial todavía no tiene acceso a Internet: sus protocolos e infraestructuras están concentrados y en poder de ciertos gobiernos e industrias.

Y esta concentración no es solo un reflejo socioeconómico, sino también de quiénes son los productores de esta tecnología. Cuando las computadoras comenzaron a poblar las casas de las familias en el Sur Global, ¿quiénes eran las personas con el poder de explotarlas? ¿Desordenar tus cables y circuitos, nombrarlos, encenderlos y apagarlos? En mi casa, nuestra primera computadora estaba en la habitación de mi hermano.

Tomar la conciencia y retomar la tecnología

El lenguaje común de las mujeres comunica la conciencia histórica y patriarcal que rige nuestras vidas. Pero para ser consciente, también es necesario ser interseccional y explorar las raíces de clase, raza y geografía propias.

El Sur Global -este espacio socioeconómico que incluye Asia (con la excepción de Japón, Hong Kong, Macao, Singapur, Corea del Sur y Taiwán), América Central, América del Sur, México, África y Oriente Medio (con excepción de Israel)- tiene un porcentaje menor de su población con acceso a Internet, en comparación con los países del Norte Global; además, así como tiene notablemente menos backbones (cables submarinos) de la red global de Internet que el Norte global -nuestro hermano rico y arrogante- tiene no solamente la prevalencia en la transmisión de datos, sino también en su vigilancia y censura.

Para cambiar este escenario necesitamos retomar la tecnología. Esta noción común ha impregnado el feminismo tecnológico durante algunas décadas, pero también se refleja en las bibliografías académicas feministas, cuando leemos que las mujeres necesitan ocupar espacios de escritura, producción científica, política, entre otros espacios dominados por hombres; y principalmente, creados bajo una lógica de guerra y explotación. «Cyborg writing is about the power to survive, not on the basis of original innocence, but on the basis of seizing the tools to mark the world that marked them as other.», escribió Donna Haraway.

Pero también sabemos que no queremos que nuestros protocolos e infraestructuras se basen en la guerra, ni que el camino de nuestros datos sea colonial. No queremos llegar al mismo lugar, queremos navegar de otras maneras, llegar a lugares no explorados, que tienen otras razones en su base, razones distintas a la guerra.

“Sin una ética del amor que moldee la dirección de nuestra visión política y nuestras aspiraciones radicales, a menudo somos seducidos, de una forma u otra, hacia sistemas de dominación: imperialismo, sexismo, racismo, clasismo…”

– bell hooks, El amor como práctica para la libertad.

El lenguaje común de las mujeres es saber que nuestros cuerpos son una disputa de dominación -desde su superficialidad hasta nuestras mentes- y también saber que somos resistencia. Una resistencia que no se basa en la guerra, sino en la transformación de un mundo que construimos colectivamente. Desde las arpilleras hasta la huelga feminista, contamos y hacemos historia y tecnología.

La lucha de género en los protocolos de internet

El de internet es un mercado próspero y en permanente crecimiento, que cada día involucra más ámbitos de la vida social. En cifras oficiales, se calcula que el 53%  de la población mundial se encuentra hoy conectada, y tanto los estados como la empresa privada, los organismos multilaterales y la sociedad civil están desarrollando planes de diversa índole para conectar a la otra mitad. Con un 68%, el porcentaje de mujeres conectadas es un poco más alto que el promedio. Pero ¿qué nos dicen estas cifras? Más allá del tecnicismo de acceder a un dispositivo con conexión a internet, a propósito del día de la mujer trabajadora, vale la pena preguntarse por el potencial emancipador de nuestra inclusión en la internet.

De acuerdo con los expertos, hay tres ámbitos de desarrollo de la economía digital: el sector de información y telecomunicaciones, que incluye todos los bienes y servicios asociados al funcionamiento de internet; el sector propio de la economía dentro del entorno digital, que incluye los servicios digitales y las economías de plataforma; y otro que incluye todas las actividades económicas que utilizan tecnologías digitales para su desarrollo, una economía digitalizada. Pero para quienes utilizamos internet, la imagen es más difusa: es difícil establecer en qué punto estamos trabajando y dónde comienzan nuestros momentos de ocio y de descanso. Es difícil reconocer quiénes están trabajando para que podamos conectarnos. Es difícil, incluso, identificar la manera en que habitamos este entorno, y qué tanto podemos controlar nuestro cuerpo allí, expresado como ceros y unos, cuando la red es un entramado de relaciones políticas, económicas y técnicas donde difícilmente tenemos incidencia.

Pensemos en las grandes instituciones que gobiernan internet. Por ejemplo, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), donde desde hace por lo menos dos décadas la inclusión digital de mujeres y niñas, así como de jóvenes, personas con discapacidad e indígenas, es parte de la agenda, mientras que la institución sigue estando encabezada por hombres, mayoritariamente blancos. El asunto de la inclusión, al parecer, está dirigido hacia fuera, no como parte de una política interna. La situación es distinta en otros organismos, como la Internet Engineering Task Force (IETF), donde desde hace años se han venido implementando planes para hacer más diversa la participación, así como para hacer más inclusivos los espacios de discusión y toma decisiones, y combatir el acoso y la hostilidad en el trabajo. Y, sin embargo, quienes participan efectivamente de estos espacios son en su mayoría hombres que viven y disfrutan los privilegios de las ciudades y los grandes capitales financieros, que cuentan con niveles de escolaridad e ingreso altos, que se traduce en indicadores altos de calidad de vida. 

¿Cómo dialoga eso con las realidades urbanas y rurales en el llamado “sur global”? ¿En qué punto coincide la inclusión digital con la lucha por una vida libre de violencias, con equidad y justicia, con autonomía y soberanía sobre nuestros cuerpos y nuestros territorios? ¿Qué implica la inclusión? ¿Basta con conectarnos? Idealmente deberíamos entenderla como la capacidad de apropiarnos del uso y beneficios de internet. La posibilidad de participar supone tener autonomía y capacidad de decisión sobre el tipo de internet que queremos. Entender la economía digital a través del género permite ver no solo las condiciones económicas, sino otras dimensiones como las normas culturales y sociales que impiden a ciertos grupos participar activamente en distintos escenarios. ¿Y acaso queremos alcanzar escaños en las grandes instituciones de la internet que existe?

En su más reciente reporte, el grupo de mejores prácticas de género y acceso del Foro de Gobernanza de Internet se ocupa de la participación de mujeres y personas de género diverso, así como otros grupos subrepresentados, en las economías digitales, y señala que las redes comunitarias, cuando están diseñadas con y para la comunidad, ofrecen oportunidades de participación en el desarrollo de la red construyendo narrativas y modelos propios. Frente al enorme mercado de internet, este tipo de redes son una alternativa, cuya existencia hoy día depende de la capacidad de incidencia que tengan en el entramado político que gobierna internet, donde las barreras de participación son muy grandes. Además, al interior de las comunidades que se organizan para construir redes propias y soberanía tecnológica, también hay muchos retos para una participación más equitativa y justa.

Propaganda electoral digital: perfilamiento y noticias falsas

A fines de febrero, Marcos Tourinho, gerente de Políticas Públicas y Elecciones de Facebook, visitó Chile para reunirse con el personal del Servicio Electoral (Servel) e informar de las medidas que estaba tomando la compañía para evitar el uso pernicioso de la plataforma de cara al plebiscito que se realizará el próximo 26 de abril.

La visita fue ampliamente cubierta por la prensa, aunque a veces de forma contradictoria y confusa. Existen diversas versiones respecto al acuerdo que habrían firmado Facebook y el Servel, y el objetivo de este, así como también sobre el carácter de las herramientas de las que la compañía dispone para asegurar el buen desempeño del proceso eleccionario. Lo cierto es que Facebook y el Servicio Electoral han estado en conversaciones desde hace ya algunos meses con el objetivo de generar un convenio de colaboración “cuyos alcances serían informados oportunamente” como consigna el sitio web de Servel

Mientras que distintos medios, como Cooperativa y Meganoticias, centraron su atención respecto al fenómeno de las “noticas falsas”, tópico que se ha vuelto recurrente a partir de su supuesto uso e influencia en la última elección presidencial estadounidense, lo cierto es que el conjunto de herramientas presentadas por Facebook son aquellas que funcionan permanentemente en la plataforma y que tienen por objeto preservar la “calidad” del contenido en línea. Ellas consisten en una serie de algoritmos asistidos por humanos, que tienen el objetivo de detectar cuentas falsas (aquellas donde se sospecha que no existe equivalencia entre la identidad declarada con la de la persona fuera de Facebook) y contenidos que trasgredan las normativas de la plataforma. Pero este es un trabajo que responde directamente a las normas que Facebook ha establecido para el uso del servicio y no a un esfuerzo focalizado que se esté realizando de manera especial en el país a propósito del próximo plebiscito. La razón es sencilla: Facebook ha dispuesto que cualquier acto de fiscalización de ilegalidades en su plataforma debe emanar de la autoridad competente; de ahí la relevancia del acuerdo con Servel. Y, sin embargo, incluso con la alianza formalizada, ello no implica necesariamente una intervención más férrea sobre las “noticias falsas”, pues estas no son por si mismas ilegales y pueden estar protegidas por el derecho a la libertad de expresión. 

En ese sentido, es mucho más relevante el anuncio de implementación de la herramienta de transparencia de anuncios políticos, que obliga a los anunciantes a entregar información sobre su identidad y locación, y archiva los anuncios por siete años, con la información de gastos asociada. Esta herramienta está actualmente disponible en Estados Unidos, el Reino Unido y Brasil, donde su uso es obligatorio. En enero de 2019, la compañía anunció que una versión voluntaria de esta herramienta sería implementada en el resto del mundo en junio de ese año. Esa es la versión actualmente disponible en Chile. Y aunque la versión obligatoria de la herramienta dista de ser perfecta, se trata de una herramienta mucho más efectiva que su contraparte voluntaria a la hora de fiscalizar que las reglas del proceso eleccionario se cumplan debidamente. 

A lo anterior hay que agregar las limitaciones en las capacidades legales efectivas que tiene Servel de fiscalizar la propaganda electoral del plebiscito. Al fijar las reglas para el proceso constituyente mediante una reforma a la actual Constitución, el Congreso chileno delimitó expresamente las reglas electorales aplicables, incluyendo las leyes sobre votaciones, sobre padrón electoral y sobre partidos políticos, pero dejando fuera la Ley de Gasto Electoral. De esa forma, Servel solamente está facultado para fiscalizar los gastos realizados por los partidos políticos, y no los esfuerzos que los privados puedan realizar por fuera de las colectividades inscritas, lo que además está protegido por la libertad de expresión. 

Ante esto, surgen preguntas relevantes respecto al modo en que este problema requiere ser abordado, la normativa vigente, las capacidades de fiscalización reales de Servel, y el rol que deben cumplir las plataformas que proveen servicios en línea. Por un lado, es completamente razonable hacer prevalecer el derecho a la libertad de expresión en internet, sobre todo de cara a un proceso eleccionario. Por otro lado, es cierto que resulta necesario aportar mayor transparencia al proceso, generando mecanismos cada vez más efectivos que permitan fiscalizar las fuentes de financiamiento de las campañas. Esa es una información que por sí misma es relevante para las y los votantes a la hora de tomar decisiones, no tan solo el día de las elecciones, sino también en su vida cotidiana. En ese sentido, mayor proactividad por parte de los proveedores de servicios en línea sería importante, pues finalmente ellos son los que tienen los recursos, el conocimiento y —más importante— el control sobre las plataformas, en tanto el desarrollo de herramientas técnicas de transparencia es algo que solamente puede ocurrir dentro de las compañías. 

Junto con lo anterior, parece importante robustecer tanto el mandato de Servel como los recursos con los que cuenta para llevarlo a cabo. El vacío que plantea el plebiscito respecto al rol de Servel da cuenta de un problema que quizás es mayor, y que tiene que ver con las distintas formas que hoy puede adoptar la propaganda electoral –y en general el discurso político– y la distancia que esta realidad plantea frente a una legislación creada pensando en las particularidades del mundo físico y material. No es suficiente con limitar el período y las condiciones en las cuales algunas formas de propaganda se materializan en medios analógicos, sino que es también necesario que existan herramientas para asegurar que el flujo de información y expresión en los medios digitales pueda ser conocido en períodos eleccionarios. A ello se suma la necesidad de escudriñar la forma en que esa publicidad puede ser dirigida a grupos determinados o a personas individuales, en probable infracción de los derechos sobre sus datos personales a través del perfilamiento de los mismos en base a la información que almacena la plataforma de sus interacciones en ella, y que puede ser explotada como un servicio secundario a quienes paguen por hacer más efectiva la distribución de sus mensajes.

Se hace necesario hacer partícipe a la sociedad en su conjunto de estos debates, aportando información que permita separar aquello que es problemático de lo que no lo es, y favoreciendo que las personas puedan adoptar posturas críticas e informadas que ayuden al debate. Se hace urgente una dieta de información con etiquetas tan claras como los ya célebres discos pare negros, y así no permitir que el público se encandile con voladeros de luces que vengan del mercado de ideas amparado por la libertad de expresión. 

Feministas latinoamericanas (re)construyen internet

En América Latina, internet ha sido un catalizador importante de iniciativas articuladas en torno a la lucha por la defensa de los derechos humanos en distintos frentes. Las apuestas feministas latinoamericanas, desde sus distintas vertientes, han sido clave para la construcción de propuestas que reclaman aquellos espacios que históricamente les han sido restringidos a las mujeres y que son fundamentales para la participación política y el desarrollo de sociedades más justas; sociedades que rechacen las violencias machistas que han sido normalizadas por siglos y que sean capaces de abrirse a nuevas aproximaciones a la diversidad sexo-genérica, así como a la inclusión de personas que han sido discriminadas por su origen étnico, raza, discapacidad, o edad. 

El trabajo realizado por las feministas ha visibilizado las brechas de género y ha aportado herramientas para combatir la discriminación, particularmente aquellos espacios que han sido estructurados sobre bases  impregnadas de una cultura patriarcal, machista y misógina; como la que se ha instaurado en ámbitos especializados —como los de desarrollo profesional— donde se normalizan las violencias y la justicia se apaga con impunidad. Además, vemos que en algunas propuestas feministas los entornos digitales adquieren un matiz de especial importancia como espacios de expresión, articulación social y acceso a la información ya que facilitan los intercambios entre mujeres de contextos -tan complejos como diversos- que luchan por construir entornos más justos, tanto en América Latina como a nivel mundial.

En ese sentido, las apuestas feministas latinoamericanas también han sido claves a la hora de cuestionar las (infra)estructuras que sostienen las tecnologías que utilizamos, a través de esfuerzos que van desde jornadas de alfabetización digital hasta espacios de reflexión e investigación sobre las violencias que se propagan a través de las tecnologías. Pero también existen dimensiones mucho más técnicas en torno a romper con la idea de “usuarios universales” -consumidores, pasivos- de estas tecnologías y  acabar con el perpetuo estigma que rodea a las mujeres que ejercen carreras en ámbitos relacionados a ciencia, tecnología e ingeniería.


Colaboraciones y hallazgos

Derechos Digitales ha intentado aportar a estos procesos de reflexión, cuestionamiento y trabajo, que progresivamente han comenzado a ocupar un lugar cada vez más importante para nuestra organización; tanto en relación a nuestra misión de influir en el diseño de políticas públicas y prácticas individuales, como en la reflexión interna e institucional sobre nuestro trabajo y cómo lo realizamos.  

Por otro lado, hemos participado en las reuniones del Internet Engineering Task Force (IETF), un grupo de trabajo dedicado a establecer normas regulatorias sobre internet, para incidir desde perspectivas y prácticas feministas en la construcción de protocolos que darán forma a las futuras innovaciones en torno a internet. 

Aunado a esto, actualmente estamos completando un ciclo de acompañamientos con organizaciones feministas en Chile, México y Colombia. Además, recientemente lanzamos la campaña 8 Consejos de seguridad digital contra la violencia en línea con el apoyo de expertas de distintas partes de latinoamérica para incentivar la adopción de prácticas que ayuden a mitigar los impactos de la violencia de género que se ejerce a través de las tecnologías. 

En años anteriores, abordando distintas perspectivas sobre la brecha de género en el uso de las tecnologías, hemos participado en espacios de reflexión a aprendizaje que han dado vida a publicaciones como “Que no quede huella, que no, que no” donde mujeres latinoamericanas se reunieron para analizar de forma colectiva las nociones de género, identidad, anonimato y tecnología a propósito de la reunión de la comunidad de Tor en México.

También hemos realizado investigaciones en torno a los “Derechos de las mujeres en línea”, donde evaluamos la brecha de género y cómo afecta el ejercicio de de los derechos en línea, esta investigación derivó en la publicación del fanzine ¿De qué hablamos cuando hablamos de acceso?”. Siguiendo esta línea, ampliamos el espectro para analizar el modo en que los sistemas de vigilancia afectan de forma particular a las mujeres y a las personas de la comunidad LGBTTTIQA.

Además, la versión 2017 de Latin America in a Glimpse estuvo dedicada a dedicada completamente a visibilizar esfuerzos realizados en el cruce entre tecnología y género en la región, esfuerzo que fue retomando en la versión 2019, en el capítulo “Recuperando, apropiando y aprendiendo: feminismo y tecnología en América Latina”.

Estas experiencias de análisis, acompañamiento y participación nos han aportado un panorama regional, donde hemos encontrado que son muchas -y cada vez más- las iniciativas que se están realizando en la región para reducir las brechas, acabar con las manifestaciones de violencia y proponer nuevas aproximaciones críticas para construir sociedades más incluyentes.


Apuestas desde distintas latitudes

En Argentina, desde Activismo Feminista Digital, se han articulado propuestas para promover los derechos digitales con perspectiva de género en el país y además reducir la brecha digital por medio de talleres sobre tecnología para mujeres.

En Bolivia, desde El Desarmador, la Imilla Hacker ha abierto la conversación sobre la violencia que enfrentan las mujeres en el país y cómo se ha trasladado a los entornos digitales, que también analiza a través de la promoción de herramientas libres.

En Brasil, desde Fuxico, se ha promovido la creación de redes libres feministas, derivando un proyecto de software libre hacia una apuesta que retoma la tecnología para construir espacios de autonomía digital para las mujeres.

En Chile, desde la Coordinadora Feminista 8M, se han hecho campañas digitales para informar sobre las movilizaciones feministas del país, fortaleciendo el uso de las tecnolgías como catalizador de las apuestas feministas.

En Costa Rica, TIC-as de Sula Batsú, es un proyecto que busca crear condiciones de empleo para las mujeres de contextos rurales en el campo de las tecnologías de la información y comunicación en el país.

En Guatemala, Ciberfeministas Guatemala, continúa desarrollando actividades y recursos para hacer de las tecnologías un punto de encuentro entre mujeres del país a través del desarrollo de capacidades y reflexiones sobre violencia en línea.

En México, La Clika, surgió como un esfuerzo entre Luchadoras y La Sandía Digital para abrir la conversación sobre violencia en línea entre adolescentes, además de compartir recursos e información para enfrentarla.

En Nicaragua, Enredadas por el arte y la tecnología, continúa siendo una plataforma feminista que gestiona espacios de intercambio y fortalecimiento para las mujeres diversas del país, usando internet como herramienta política.

En Paraguay, Data.cuenta de TEDIC, es una plataforma interactiva que busca hacer visibles las formas de violencia mediada por tecnología que se han normalizado en nuestro día a día y además ofrece consejos para enfrentarlas.

En Perú, Tecnoresistencias de Hiperderecho, es una página que surgió a partir de una investigación sobre violencia de género en línea que brinda información y recursos para desarrollar estrategias de autodefensa digital.

A nivel regional, iniciativas como Acoso.Online, Ciberseguras y Vita Activa continúan articulando esfuerzos para enfrentar las manifestaciones virtuales de la violencia de género a partir de redes de acompañamiento e información en torno a seguridad digital y mecanismos de denuncia.

También existen iniciativas como Chicas Poderosas, FemHack o IGFem que buscan sumar la participación de las mujeres a espacios de incidencia en el desarrollo de tecnologías a través del fortalecimiento de habilidades técnicas y los espacios de diálogo sobre gobernanza de internet, género y inclusión digital.

Si bien este listado no abarca todas las propuestas y esfuerzos que existen en la región, situamos estos puntos de partida para lanzar un llamado a la articulación de nuevas iniciativas,  donde la resistencia feminista a la violencia de género incorpora la tecnología como herramienta en la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres. 

En América Latina, en distintos frentes y desde la diversidad que alberga nuestra región, las mujeres no estamos solas. En la lucha contra la opresión tejemos alianzas para derribar las estructuras que solían sostener las prácticas de violencia y abuso. Por un futuro feminista, libre y diverso: ¡Sigamos construyendo juntas!

La sociedad exige explicaciones sobre la implementación de sistemas de reconocimiento facial en América Latina

Por todos los casos de errores y fallas  que hemos visto alrededor del mundo, nos queda claro que la implementación de sistemas de reconocimiento facial puede generar innumerables riesgos al ejercicio de derechos humanos. Sin embargo, algo de que no solemos hablar es el costo que la adquisición y uso de esas tecnologías representan en los bolsillos de las poblaciones donde estos sitemas se implementan. 

La situación es particularmente grave en América Latina: a pesar de que el argumento de la crisis económica es constantemente utilizado para explicar la disminución de inversiones en servicios básicos como educación y salud, los gobiernos siguen invirtiendo en vigilancia. Y, peor aún, invierten en tecnologías incapaces de cumplir con sus propias promesas. 

Las justificaciones en general vienen de la necesidad de mejorar la seguridad pública, planteando la posibilidad de agilizar la búsqueda de prófugos de la justicia y una identificación más eficaz de delincuentes… Pero los resultados distan de ser los esperados. En 2019, un hombre identificado a través de un sistema de reconocimiento facial estuvo seis días preso por error en Buenos Aires. Lo mismo pasó con una mujer en Río de Janeiro que fue detenida tras ser confundida con otra persona por las cámaras instaladas en algunos barrios de la ciudad, hace alrededor de un año durante el Carnaval.

Nada de eso fue suficiente para impedir que el gobierno del estado de São Paulo decidiera invertir más de 13 millones de dólares (más de 58,6 millones de reales) en la implementación de un sistema de reconocimiento facial para su red de metros. El nuevo sistema puede afectar a millones de personas que circulan diariamente en las líneas donde serán instaladas las cámaras. A pesar de esto, ni el impacto financiero ni el humano fueron considerados suficientemente relevantes para que el proceso de contratación e implementación del sistema incluyera medidas de transparencia y participación. La existencia de obligaciones de rendición de cuentas previstas en la nueva ley general de protección de datos brasileña –que entra en vigencia en agosto de este año– tampoco fue considerada. 

Lo sociedad exige explicaciones

Frente a tal situación, seis organizaciones de defensa de derechos brasileñas decidieron presentar -el último 10 de febrero- una acción judicial demandando que se transparentara la información sobre el uso, procesamiento y almacenamiento de datos biométricos, así como las medidas de seguridad que serán implementadas para garantizar la privacidad de los millones de usuarios del metro. Y tuvieron éxito. Tras la solicitud de pruebas anticipada* de la Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Defensoria Pública da União (DPU), Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Intervozes, ARTIGO 19, y el Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos (CADHu) la Companhia Metropolitano de São Paulo tiene 30 días hábiles** contados desde la notificación a la empresa para entregar la información solicitada.

Estas organizaciones también han manifestado su preocupación por la falta de transparencia en torno a la adquisicón millonaria de tecnologías de vigilancia que han demostrado ser problemáticamente propensas a errores y sesgos en Brasil, así como en otras implementaciones a nivel internacional

La solicitud de pruebas presentada las organizaciones brasileñas se suma a una serie de movimientos en la región para exigir explicaciones sobre los razonamientos que justifican la compra y adopción de tecnologías de vigilancia basadas en la recolección de datos masiva, así como las medidas que serán adoptadas para mitigar los riesgos que estas implican al ejercicio de los derechos humanos. 

En Paraguay, Tedic actualmente cuestiona la inconstitucionalidad de reglamentos presentados para justificar la negativa de acceso a la información sobre un sistema reconocimiento facial que se encuentra implementando desde 2018 y sobre el cual poco se sabe. En Argentina, ADC ha iniciado una acción buscando que se determine la inconstitucionalidad de la resolución que autoriza el sistema de reconocimiento facial en la Ciudad de Buenos Aires, donde se implementaron cerca de 200 cámaras en el espacio público (incluyendo estaciones de metro y trenes).

Si bien no han sido pocos los casos donde se ha expuesto el alto índice de errores que los sistemas de reconocimiento facial han mostrado en su debut como medida de seguridad, es importante destacar que las medidas ya implementadas se han desarrollado sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas que permitan auditar y apelar el uso de estas tecnologías en el espacio público; donde sus afectaciones terminan polarizando las brechas de desigualdad y vulnerando aún más a las personas que son perseguidas y reprimidas por parte de sus gobiernos.

Ante la implementación de mecanismos de vigilancia masiva que se anuncian como medida para incrementar la seguridad de las poblaciones donde se despliegan, es importante señalar que ninguna medida puede estar por encima de la obligación de proteger y promover el ejercicio de los derechos humanos.

Desde Derechos Digitales seguimos acompañando y apoyando las acciones tomadas por las organizaciones de Argentina, Brasil y Paraguay esperando que se traduzcan en mayores compromisos de parte de los Estados de la región y sirvan de ejemplo para otros países.

* La solicitud de prueba anticipada es un mecanismo por el cual se pide judicialmente que se generen medios probatorios antes que exista una demanda en curso.

** Traducción hecha por Access Now. 

#SalvemosInternet para proteger nuestra democracia

En América Latina los derechos humanos están en riesgo. En distintas latitudes, día con día vemos los efectos de la disputa por las libertades de las personas que hacen frente a las injusticias y desigualdades que viven en sus países. Estas luchas, al igual que miles de otras actividades, también se han trasladado a internet.

En Brasil, Chile, Colombia, Perú y México las conversaciones en torno a neutralidad de la red no son recientes; tampoco lo son las diferentes iniciativas que se han llevado a cabo desde hace diez años para promover el acceso indiscriminado a una internet donde nuestros derechos fundamentales -como libertad de expresión, acceso a la información, privacidad y libertad de asociación- se amplifiquen y no sean coartados.

En México, desde los sucesos que acompañaron el movimiento #YoSoy132 en 2012, los grupos de difusión de información durante el sismo de 2017 que se sumaron al #Verificado 19S, hasta las recientes movilizaciones en torno al #MeToo y las protestas feministas que tomaron las calles de distintos estados el año pasado; internet ha sido una herramienta fundamental para la organización, el diálogo, el acceso a la información, la libertad de expresión y -sobretodo- la participación política de quienes se han dado a la tarea de cuestionar al gobierno ejerciendo las garantías que ofrece vivir en una democracia.

Acceso a internet en México

Internet se ha vuelto tan importante para las transacciones y procesos que llevamos a cabo día con día que en 2013 –a través de la reforma a la Ley Telecom–  el acceso a internet pasó a formar parte de los derechos constitucionales de los que (en teoría) gozamos todas las personas en México. Sin embargo, así como sucede con definir internet sin cuidado, apelar al acceso sin cuidado podría poner en riesgo justo todas esas cualidades que permiten que internet sea también un amplificador para el ejercicio de los derechos que han convertido esta tecnología en un pilar de nuestra cotidianeidad.

Sin embargo, desde hace más de seis años hemos visto cómo la sociedad civil y otros actores que participan en las discusiones en torno a internet han buscado espacios de interlocución con el gobierno para plantear estas inquietudes. Propuestas como el “Anteproyecto de Lineamientos para la gestión de tráfico y administración de la red a que deberán sujetarse los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a Internet”, presentado en diciembre del año pasado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT),  se sigan contemplando como viables va contra los esfuerzos ya realizados y los diálogos ya establecidos en torno de la implicación que tiene la manipulación del tráfico en internet. 

La forma tan opaca en que se ha tratado la importancia de la neutralidad de la red en México desde 2014 a la fecha, da cuenta de los intentos que se han realizado con el fin de legitimar prácticas abusivas que ponen en riesgo los nuestros derechos y los entornos digitales que habitamos hoy en día, ya que este documento busca otorgarle poderes desproporcionadas a los proveedores de servicios de internet e incluso abre la oportunidad a que el Estado pueda implementar (aún más) mecanismos abusivos de vigilancia y censura arbitraria

El costo que tiene arriesgar la neutralidad de la red va más allá de los intereses de las empresas y sus socios comerciales: manipular el acceso a internet (que es también manipular el acceso a la información) repercute de forma directa en la libertad de expresión y provocando consecuencias en el desarrollo individual, social y democrático; afectando de forma mayor a quienes ya tienen accesos restringidos o nulos a internet.

En un país atravesado por un sinfín de brechas y desigualdades, no podemos darnos el lujo de pasar por alto los intentos que buscan legitimar prácticas abusivas que menoscaban nuestros derechos para beneficiar intereses comerciales. Frente a las realidades diversas que sobrellevamos en México, es importante organizarnos y utilizar las vías democráticas que existen para proteger lo que ya hemos ganado, defender la  neutralidad de la red es participar en la defensa de tus derechos (y contribuir a la defensa de los derechos de más personas).

La defensa de internet es también la defensa de nuestros derechos

Desde Derechos Digitales nos sumamos a amplificar el alcance de propuestas como la campaña #Salvemos Internet con el fin de promover el reconocimiento de los esfuerzos y las voces de las personas que legítimamente manifiestan su preocupación ante las amenazas que acechan nuestros espacios de libertad en México y toda América Latina.

Es momento de actuar, de sumar voces y usar las vías democráticas que existen para participar en la construcción de políticas públicas que se alineen con la defensa y promoción del desarrollo de nuestros derechos. Internet es nuestra, tenemos que defenderla para que se mantenga como un ecosistema abierto que asegure a las personas la amplificación de sus derechos fundamentales.

Si estás en México y quieres sumarte a esta iniciativa local para manifestarte contra las medidas que ponen en riesgo nuestros derechos, entra a https://salvemosinternet.mx/ y hazle saber al IFT que no estás de acuerdo con que se menoscaben nuestros derechos. Entérate, comparte, participa y ¡#SalvemosInternet!

Contra la vigilancia masiva: Hasta que la dignidad se haga costumbre

Mientras que en mayo del año pasado la ciudad de San Francisco (cuna de este tipo de tecnologías) prohibió la utilización de tecnología de reconocimiento facial en espacios públicos, la Unión Europea pondera seguir este camino o al menos implementar una moratoria de cinco años a la utilización de estos mecanismos en espacios públicos; en Chile se ha anunciado por Mercado Público una licitación para la compra de equipamientos para un “Sistema de Teleprotección Nacional” por más de 14 mil millones de pesos que incluye tecnología de reconocimiento facial. Este sistema forma parte del programa “Calle Segura”, la iniciativa más ambiciosa para aumentar de capacidad de vigilancia del Estado desde la vuelta a la democracia. 

En el contexto de protesta social en el que el país se encuentra sumido desde octubre del año pasado y ad portas de un proceso constituyente, donde las necesidades de expresarse públicamente y manifestarse pacíficamente mantendrán movilizada a parte importante de la población: ¿Qué podría salir mal?

Las razones que han llevado a la prohibición o moratoria de uso del reconocimiento facial en espacios públicos son claras y compartidas: este tipo de tecnologías entregan al poder político una capacidad ilimitada, desproporcionada e injustificada para identificar, perfilar y vigilar a sus ciudadanas; aún cuando la ejecución de estas actividades es incompatible con el Estado democrático de Derecho. 

La paradoja del reconocimiento facial

Una de las principales críticas a las tecnologías de reconocimiento facial es su tasa de falsos positivos, es decir, el porcentaje de veces que el sistema reconoce de forma equivocada al afectado. La policía londinense reportó que un sistema de estas características identificó erróneamente a los individuos en un 92% de los casos, en Nueva York se obtuvo un 80% de falsos positivos y en nuestro país, el sistema del Mall Plaza resultó en un 90% de casos erróneos ¿Existe alguna otra industria que pueda mantenerse lucrativa con esos resultados?

Más allá de su efectividad -y la cuestionable justificación económica de esa inversión por el Estado, frente a las múltiples demandas sociales que requieren urgente atención- lo que resulta realmente espeluznante del reconocimiento facial, para aquellos que amamos y defendemos la libertad, es que estamos ante una tecnología que entrega una capacidad completamente desproporcionada al Estado y le permite ampliar su poder político para identificar a sus ciudadanas en el espacio público, un verdadero estado policial de control que trata a las personas como permanentes sospechosas. Este es el Estado del que nos habló Orwell en 1984.

Hoy estamos, entonces, ante una paradoja. El reconocimiento facial es una mala inversión para los recursos del Estado porque no sirve -ya se ha demostrado que es incapaz de entregar el resultado que promete- y el precio lo pagarán con sus derechos y libertades aquellos erróneamente identificados por el sistema. Aún si fuese capaz de alcanzar su objetivo, las consecuencias en el ejercicio de los derechos de las personas serían irreversiblemente más graves; es por esto que la implementación de este tipo de tecnologías resulta incompatible con un Estado de Derecho. 

En el peor de los momentos

El anuncio de este sistema de vigilancia masiva ocurre en un momento particular, a la mitad de la revuelta social y política más importante que ha vivido Chile en los últimos 30 años. En un escenario en donde al menos tres organismos internacionales han constatado la existencia de gravísimas y generalizadas violaciones a los derechos humanos de la población. 

La implementación de este sistema de vigilancia masiva se produce, entonces, en un contexto en el que se constata una progresiva criminalización al legítimo derecho de la población a la protesta social. El sistema propuesto entrega una herramienta tecnológica adicional para acrecentar la capacidad de control del Estado sobre la expresión y la manifestación, como un ejercicio de poder sin contrapesos ni obligación de rendición de cuentas en su uso. Si previo al estallido social vivimos situaciones como la Operación Huracán o la vigilancia policial revelada por el Paco Leaks ¿qué garantiza que un sistema de vigilancia masivo con reconocimiento facial no será utilizado para perfilar a dirigentes sociales, perseguir a activistas, medios independientes u hostigar a oponentes políticos? 

Las bases de licitación son claras en entregar al sistema la mayor discrecionalidad y arbitrariedad posible, describiendo las cámaras como un mecanismo legítimo incluso para perseguir “incivilidades”. En otras palabras, se proponen como una solución para perseguir conductas que van desde cometer delitos hasta botar papeles en la calle, contraviniendo uno de los principios básicos de la disciplina jurídica de protección de datos personales: el principio de proporcionalidad

Las bases de licitación son además ambiciosas, pero poco precisas. Se establece que el sistema de vigilancia tiene que ser capaz de reconocer rasgos faciales, patrones de comportamiento y contar con algoritmos de aprendizaje de máquinas (machine learning); sin embargo, no establece definición alguna de qué parámetros técnicos deberán cumplir ni provee información acerca de los datos que serán usados para su entrenamiento. Tampoco hay mención a cualquier mecanismo de control o resguardo de los derechos de las personas sujetas a este sistema de vigilancia masiva.

La pretensión del gobierno por generar mecanismos de vigilancia masivos en espacios públicos se basa en una premisa errada que nuestros tribunales superiores de justicia han sido claros en descartar: que «no existe» la privacidad en el espacio público. Claro que las personas no gozan del mismo nivel de privacidad en la calle que en la sala de estar de sus casas, pero eso no quiere decir que uno renuncie totalmente a la privacidad al cruzar el umbral de la puerta. 

Y es que la privacidad y el anonimato son además condiciones necesarias para el ejercicio de otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión, el derecho a reunión, petición, la libertad de culto y la no discriminación. De esta forma la implementación de sistemas de vigilancia masiva genera un efecto inhibidor donde, por miedo a represalias ulteriores, las personas podrían sentirse presionadas a no ejercer sus derechos o ejercerlos de forma limitada.

¿Podrán los chilenos seguir manifestándose con tranquilidad y libertad sabiendo que sus rostros están siendo identificados y que cada uno de sus patrones de comportamiento están siendo analizados por el mismo gobierno que los reprime? La respuesta es obvia.

Llamado a la acción

Desde Derechos Digitales nos oponemos a la implementación de este sistema de vigilancia incompatible con el Estado democrático de Derecho, que vulnera los derechos fundamentales de la población. 

La Subsecretaría de Prevención del Delito debe rendir cuenta a las chilenas de su actuar, y es por eso que tal como lo hemos hecho nosotros, invitamos a todos nuestros lectores a utilizar el mecanismo de acceso a la información pública para requerir información de cómo este plan de vigilancia masiva pretende ser implementado y les afecta. Para ello les compartimos un modelo de solicitud que pueden bajar acá. La solicitud se debe ingresar en el portal de transparencia de la Subsecretaría de Prevención del Delito, de forma que exijamos al gobierno transparentar los detalles de este sistema de vigilancia masiva a todas sus ciudadanas interesadas en proteger el respeto de los derechos humanos que les hizo salir a la calle en 2019: para exigir que la dignidad se haga costumbre. 

Los algoritmos no van a salvar nuestra democracia

En una columna de opinión publicada en La Tercera el martes 14 de febrero, el Presidente de la ACTI, Thierry De Saint Pierre, hace una intensa defensa de la utilización del voto electrónico. Entre otros beneficios, De Saint Pierre destaca los bajos costos involucrados en un proceso digital, la rapidez con la que es posible implementarlo y un potencial aumento en los niveles de participación, considerando lo fácil que puede ser instaurar un proceso electrónico. Luego de explorar superficialmente algunas críticas, concluye que su adopción beneficiaría a la democracia y al país.

Pese al optimismo tecnológico que permea la columna, lo cierto es que cualquier análisis que cruce el conocimiento de la tecnología a aplicar con los requerimientos del voto en una democracia constitucional debiera llevarnos necesariamente a la conclusión contraria. Debiera llevarnos a concluir que la implementación de un sistema de votación electrónica compromete gravemente instituciones básicas de nuestra democracia representativa.

En la última década, hemos sabido de la exposición de datos personales de más de 50 millones de usuarios de Facebook, del acceso público a datos de más de 500 millones de clientes de hoteles Marriott, de datos sensibles de más de 143 millones de usuarios de Equifax (incluyendo identidad y números de tarjetas de crédito), entre muchos otros. A estas alturas del desarrollo tecnológico, hay relativo consenso entre expertos en seguridad informática de que no existen sistemas computacionales completamente seguros y que no estén expuestos a ser eventualmente vandalizados. No existen razones para pensar que los sistemas de voto electrónicos se encuentran ajenos a esta realidad. 

Adicionalmente, durante los últimos años hemos visto como alrededor del mundo tristemente tambalean algunas nociones básicas de la democracia constitucional moderna. Desigualdad estructural, populismo, campañas de desinformación, polarización política, viralización y masificación de contenido xenófobo y violento hacia minorías gracias al modelo de negocio publicitario de las redes sociales, entre otras plataformas, son algunos de los desafíos que hoy nuestra democracia debe enfrentar con urgencia y decisión. La implementación del voto electrónico no ayuda a superar ninguno de ellos y, por el contrario, crea nueva amenaza que nadie parece necesitar.

La implementación de un proceso de votación electrónica supone la privatización del proceso electoral, desechando la confianza que depositamos en las instituciones públicas para garantizar la idoneidad de los procesos y resultados electorales. La creación de intermediarios privados -en procesos de esta complejidad e importancia- supone la creación de inéditas zonas de incertidumbre, falta de control e inseguridad para procesos que suelen estar fuertemente regulados con el fin de asegurar dicha confianza. 

Así, la implementación de un sistema de votación electrónica crea oportunidades artificiales para manipular los resultados de una elección sin dejar trazas, genera mecanismos de caja negra que los hace imposible de fiscalizar y finalmente crea una barrera insalvable entre el elector y el sistema de elecciones: un algoritmo invisible, implacable y probablemente fuertemente protegido por propiedad intelectual. Una barrera definitoria para el resultado de una elección y ajena a todo escrutinio público. 

A diferencia de las conclusiones a las que llega el señor De Saint Pierre, un oído atento a los reclamos de la ciudadanía debiera concluir que lo que Chile necesita es una mejor democracia, más representativa, y que promueva diversidad y mayor participación. Pese a lo que el utopismo digital pueda aspirar, la única forma de lograrlo es a través de mecanismos más participativos, abiertos y fiscalizables. Es decir, con más política, con más democracia, no con más algoritmos y buenos deseos.

Es tiempo que las ISPs chilenas se pongan del lado de sus usuarios

Chile vive tiempos convulsionados desde el inicio del estallido social en octubre del año pasado. El punto más álgido de la revuelta, sin duda se produjo con la quema de varias estaciones del metro de Santiago. Lo cierto es que a la fecha no sabemos quienes provocaron estos daños a la red subterránea y si se trató de un ataque coordinado. El gobierno -a pesar de no contar con ningún tipo de evidencia- ha puesto sobre la mesa la tesis de que se trata de un ataque motivado políticamente, organizado por grupos y gobiernos extranjeros.

En este contexto, el Ministerio Público ha echado mano a múltiples métodos investigativos y fuentes probatorias, desde peritajes respecto a los acelerantes utilizados a las grabaciones de cámaras apostadas en la cercanía de las estaciones. Sin embargo, la semana pasada los medios de comunicación dieron a conocer que la Fiscalía está buscando obtener pruebas a través de medios que no cumplen con la normativa vigente y que vulneran los derechos de los usuarios afectados.

El medio La Tercera dio a conocer que Fiscalía, a través de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la Policía de Investigaciones, solicitó a las distintas empresas de telefonía móvil del país la entrega de información relativa a la totalidad de números de telefonía móvil que se había conectado a ciertas antenas cercanas a la estaciones de metro afectadas, durante las horas en que ocurrieron los ataques. 

¿Y la orden judicial? 

Lo primero que llamó la atención e indignó a los usuarios, fue que parte de la información solicitada por Fiscalía fue entregada sin alguna orden judicial previa. Como consta en el relato de los medios, en primera instancia la Policía de Investigaciones solicitó a las compañías de telefonía la información sobre teléfonos conectados a las antenas presentando únicamente una instrucción del Fiscal a cargo de investigar la causa.

Ante ello, la mayoría de las empresas se negaron a entrega los antecedentes o los entregaron parcialmente, por tratarse de datos de carácter personal e información relativa a las comunicaciones privadas de sus clientes. Ante esta negativa, Fiscalía recurrió al 9no Juzgado de Garantía de Santiago y obtuvo una orden judicial autorizando la medida intrusiva. Una vez presentada la orden judicial, las empresas proveedoras de servicios de internet (ISP, por sus siglas en ingés) optaron por entregar la información solicitada. La única excepción fue WOM, que entregó los antecedentes solicitados sin requerir la presentación la orden judicial previa, es decir, únicamente con la instrucción del Fiscal de la causa.

Esto puede parecer una leguleyada, pero lo cierto es que es justamente en tiempos de crisis cuando el apegado al ordenamiento jurídico y las instituciones se pone realmente a prueba. Contar con una orden judicial previa es un requisito esencial e indispensable para poder autorizar diligencias de carácter intrusivo, que afecten, limiten o restrinjan el ejercicio del derecho a la protección de la vida privada y la inviolabilidad de las comunicaciones de los ciudadanos.

Estos requisitos, garantías y limitaciones no están establecidas en nuestro ordenamiento jurídico por mero capricho. Estas medidas buscan limitar la capacidad del poder político para entrometerse en la autonomía de los ciudadanos y evitar episodios de abuso de poder y vulneración de sus derechos, como vivimos recientemente en Chile con la llamada Operación Huracán.

Si bien este caso versa sobre información de las antenas telefónicas y los números conectados a ellas durante determinadas horas, es claro que esta información también entrega antecedentes respecto de la vida privada, las comunicaciones y el comportamiento de los clientes de las empresas telefónicas. De esta forma, el artículo 9 del Código Procesal Penal establece que “Toda actuación del procedimiento que privare al imputado o a un tercero del ejercicio de los derechos que la Constitución asegura, o lo restringiere o perturbare, requerirá de autorización judicial previa.

En este sentido, resulta sumamente preocupante que la empresa WOM haya decidido entregar los antecedentes sin exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico. Esta preocupación se hace más patente si tenemos en consideración que WOM fue una de las empresas mejor evaluadas en la versión 2019 de Quién Defiende Tus Datos, un informe que justamente busca medir hasta qué punto las empresas de telefonía e internet protegen la privacidad y los datos personales de sus usuarios. Es de esperar que durante el 2020 la empresa revise en profundidad la relación entre lo que expresan sus términos y condiciones y lo que efectivamente sucede cuando la autoridad requiere información de sus usuarios sin cumplir con los requisitos establecidos por la ley. 

Incluso con orden judicial

La presentación de una orden judicial previa firmada por un Juez de Garantía es un requisito mínimo para entregar a la autoridad acceso a información relativa a las comunicaciones, la ubicación, conducta y los datos personales de los ciudadanos. Pero los jueces son seres humanos, susceptibles de equivocarse o dejarse presionar por las circunstancias políticas del momento.

En este caso, no corresponde que un Juez de Garantía autorice a la Fiscalía solicitar a las empresas de telefonía información respecto a todos los números de teléfono que se conectaron a las antenas de cierta zona a determinada hora. Como hemos señalado en el pasado, las diligencias de vigilancia -y los objetivos de su ejecución- siempre deben cumplir con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales.

De esta forma, las diligencias que buscan recolectar antecedentes sobre la ubicación, comportamiento y comunicaciones privadas de los ciudadanos siempre deben ser de carácter individual, no de carácter amplio, abstracto o colectivo. En otras palabras, el Juez de Garantía puede autorizar que en base a antecedentes concretos que acrediten una sospecha fundada sobre la participación de un individuo en la comisión de un delito grave y -en la medida que la diligencia sea imprescindible para la investigación- que se autorice una diligencia de estas características respecto de ese individuo en particular.

Lo que no corresponde es que una medida de estas características sea decretada de forma abstracta, afectando a cualquier persona que simplemente se encontraba en el lugar de los hechos o simplemente es un vecino del sector, respecto de los cuales no existen antecedentes concretos que justifiquen una intromisión de estas características.

Si bien las empresas de telecomunicaciones tienen un deber de cooperación hacia la autoridad en lo que respecta a investigaciones penales, también tienen un deber moral y legal hacia sus clientes, de mantener reserva de los datos sensibles y relativos a las comunicaciones que obren en su poder a propósito del servicio que prestan. 

Este fue justamente uno de los parámetros que la versión 2019 de Quien Defiende Tus Datos buscó medir: hasta qué punto las empresas de telecomunicaciones están dispuestas a recurrir a tribunales o instancias administrativas para objetar instrucciones de la autoridad que no se ajustan a derecho. Durante el 2019 varias empresas se destacaron por objetar una solicitud desproporcionada de datos de sus clientes realizada por SUBTEL. Las empresas chilenas retrocedieron en su compromiso con sus clientes al no objetar judicialmente la solicitud de información de todos sus clientes que estaban conectados a las antenas cercanas al metro, es de esperar que durante el 2020 enmienden el camino y ante en nuevo episodio similar vuelvan a ponerse del lado de sus usuarios.

El Gobierno al escrutinio de las redes: lo que las imágenes ocultan

            “Acabamos de ver cómo el carro lanza agua… de gases, quiero decir, ha casi atropellado, parece, a un manifestante y han colisionado ambos carros lanza gases”.

            La narración que acompaña a las imágenes es confusa. Obligada a reaccionar en vivo, la periodista de Mega duda, se equivoca, sabotea su propio relato, del que pareciera colgar un gran símbolo de interrogación. Como si ella misma –contractualmente comprometida a explicarle a los telespectadores– no estuviera segura. Como si no diera crédito a lo que acaba de ver.  La narración es confusa, pero las imágenes son claras: Óscar Pérez de 20 años fue atropellado por un carro lanzagases el pasado viernes frente a la Plaza Baquedano, hoy rebautizada como Plaza de la Dignidad, punto cero del gran alzamiento social iniciado el pasado 18 de octubre en Chile y que se extiende ya por casi 70 días.

             Óscar Pérez se encuentra hoy con fracturas en ambas caderas, aunque fuera de riesgo vital, tras ser “comprimido contra la estructura lateral del costado izquierdo del otro vehículo blindado”, como tan coloridamente expresó el general de carabineros, Enrique Monrás. Las imágenes –transmitidas en vivo por televisión abierta– se volvieron tristemente virales la noche del viernes, lo que fue determinante en la agilidad con la que actuó el sistema legal: Mauricio Carrillo, conductor del carro lanzagases fue formalizado el sábado.

            El Instituto Nacional de Derechos Humanos se querelló por el delito de homicidio frustrado, pidiendo la prisión preventiva del conductor Mauricio Carrillo mientras se investiga su responsabilidad en el hecho. Pero a pesar de la brutalidad de las imágenes y la duda razonable respecto a la intencionalidad del atropello,  Carrillo –quien fue condenado en 2008 por atropellar a tres personas– solo fue formalizado por cuasidelito de lesiones graves; es decir, se estimó que obró con culpa no con intención de dañar y quedó en libertad y con firma mensual durante los 150 días que dure la investigación.

            Mientras tanto, en una celda de la Cárcel de Alta Seguridad, el profesor Roberto Campos Weiss cumplía la detención preventiva ordenada por el 12º Juzgado de Garantía de Santiago, por su participación en una jornada de protesta en la estación San Joaquín, el 17 de octubre. Al igual que en el caso de Carrillo, existe un video que lo inculparía, donde se le ve azotando un torniquete del metro. Pero a diferencia de Carrillo, que atropelló y fracturó a una persona, Campos Weiss fue considerado un peligro para la sociedad y fue ordenado a permanecer privado de libertad, por golpear un objeto inerte. De los 90 días originalmente estipulados, alcanzó a estar 53 días en prisión, hasta el pasado lunes cuando se ordenó su liberación. La investigación sigue en curso.

            Los casos de Mauricio Carrillo y Roberto Campos ilustran de forma muy precisa dos paradojas muy importantes para comprender el estallido social, su posterior desarrollo y el rol que ha cumplido el Gobierno de Chile en el manejo de la crisis. En primer lugar, pareciera quedar claro que para el Estado chileno la propiedad es mucho más importante que las personas: mientras entidades autónomas del Estado y organizaciones civiles narraban las distintas maneras en que la policía y los militares habían vulnerado los derechos fundamentales de los manifestantes en la sesión especial organizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Quito, a los enviados por el Gobierno les pareció oportuno hablar de saqueos, los daños a supermercados y a otros establecimientos comerciales.

            En segundo lugar, establece un doble estándar preocupante y peligroso respecto al uso de registros de las manifestaciones en el marco de procesos legales. Mientras que los videos de abusos y violencia por parte de carabineros abundan –incluyendo carabineros lanzando piedras a los manifestantes, disparando bombas lacrimógenas al cuerpo de los manifestantes, golpeando a menores de edad, usando menores de edad como escudos humanos y atropellando transeúntes– pareciera ser que estos no son relevantes para el Gobierno que, a pesar de la evidencia, ha insistido en su llamado a no generalizar respecto al actuar policial y respalda a la institución.

            Por otro lado, Roberto Campos parece estar pagando no por su conducta, si no por la osadía de todos quienes se han manifestado durante los últimos dos meses. El foco de la policía parece puesto en la único persona a la que pudieron identificar mediante un video, generando un contraste caricaturesco con su incapacidad de identificar a los responsables de los numerosos actos de vandalismo que se han suscitado en los últimos 70 días.

            Esto es peligroso, puesto que el ejecutivo –incapaz de retomar el control político de la situación– ha hecho todo tipo de esfuerzos por proyectar la idea de que tienen la capacidad técnica necesaria y que los resultados serán prontamente visibles. Esto incluye alardear sobre sofisticadas técnicas de Big Data y el ahora infame informe confeccionado con ellas, que ponía liderando el descontento a cantantes, humoristas y músicos coreanos; un reporte realizado sin ninguna transparencia sobre metodologías, procesos de recolección o rigor científico en lo cual se apoyaría, pero que pone de relieve el detallado escrutinio que se está poniendo en la información que circula en redes –que tan importante ha sido para levantar con fuerza la alerta sobre la precaria situación de los derechos humanos en este contexto de protesta– con el fin de determinar responsabilidades penales. Se justifica el Gobierno en su más reciente comunicado señalando que este tipo de investigación “constituye una metodología eficaz y de uso común en las comunidades de inteligencia para el análisis de grandes volúmenes de información”, obviando que las investigaciones de inteligencia en Chile y el mundo están sujetas a normativa, control y transparencia que aquí se ha decidido ignorar.

            Así, el costo de mejorar la imagen de un Estado inefectivo es la vulneración de nociones básicas de justicia. Por una parte, la forma en que en el caso del profesor Campos se ha hecho uso de contenido audiovisual es dudosa mirados los estándares probatorios de nuestro sistema penal. La recolección de material desde redes sociales o de internet, independientemente del nivel de supuesto procesamiento tecnológico para el análisis de su contenido, debe estar sujeta a un alto nivel de escrutinio y a la posibilidad de su cuestionamiento por la defensa, máxime en razón del uso de la Ley de Seguridad del Estado como base de la persecución estatal. No solo para su eventual uso a modo de prueba, sino también como antecedente para justificar una medida cautelar tan restrictiva de derechos como la prisión preventiva. Información personal en redes sociales puede ser usada para confirmar la identidad de una persona, pero no su participación en un hecho, y da cuenta de una interpretación antojadiza del valor de lo que existe en internet.

            ¿Cuáles son los estándares en aplicación para definir el valor probatorio de imágenes de videos obtenidas en redes sociales? Esta fue una de las alertas que levantamos en nuestro reporte “Situación de derechos humanos y el uso de tecnología en el contexto de la protesta social en Chile”. Resulta asombroso que desde la audiencia de formalización, el profesor Campos haya sido calificado como “un peligro para la sociedad” para determinar la procedencia de la prisión preventiva, a partir de las imágenes de destrucción e inutilización de los controles de pago y acceso al Metro de Santiago. Mientras, en el caso de Carrillo, siendo los antecedentes más graves en función de la naturaleza del delito el bien jurídico afectado (la vida de una persona) y por la identidad de la persona infractora (un agente del Estado), similares antecedentes no dieron lugar a la misma calificación.

            El uso de las tecnologías por el Estado de Chile -y otros- no puede ser una excusa para saltarse los estándares de debido proceso, principio de inocencia y derecho a defensa consagrados en el sistema penal. Bajo esos principios conviene medir la prudencia de perseguir a una persona entre cientos, a través de inteligencia por fuentes abiertas, así como usar imágenes y contenido presente en las redes sociales como único elemento probatorio, sin contrastarlas con otro tipo de pruebas.

            El abusivo trato que el Estado ha brindado a Roberto Campos y el bochorno del informe Big Data del gobierno son evidencia clara de que existe una tarea pendiente de actualización de estándares normativos y transparencia en el uso de estas herramientas tecnológicas con la ciudadanía que prevengan nuevos y graves abusos siempre en nombre de la “paz social”, que como sabemos no es posible sin justicia y equidad.