#SalvemosInternet para proteger nuestra democracia

En América Latina los derechos humanos están en riesgo. En distintas latitudes, día con día vemos los efectos de la disputa por las libertades de las personas que hacen frente a las injusticias y desigualdades que viven en sus países. Estas luchas, al igual que miles de otras actividades, también se han trasladado a internet.

En Brasil, Chile, Colombia, Perú y México las conversaciones en torno a neutralidad de la red no son recientes; tampoco lo son las diferentes iniciativas que se han llevado a cabo desde hace diez años para promover el acceso indiscriminado a una internet donde nuestros derechos fundamentales -como libertad de expresión, acceso a la información, privacidad y libertad de asociación- se amplifiquen y no sean coartados.

En México, desde los sucesos que acompañaron el movimiento #YoSoy132 en 2012, los grupos de difusión de información durante el sismo de 2017 que se sumaron al #Verificado 19S, hasta las recientes movilizaciones en torno al #MeToo y las protestas feministas que tomaron las calles de distintos estados el año pasado; internet ha sido una herramienta fundamental para la organización, el diálogo, el acceso a la información, la libertad de expresión y -sobretodo- la participación política de quienes se han dado a la tarea de cuestionar al gobierno ejerciendo las garantías que ofrece vivir en una democracia.

Acceso a internet en México

Internet se ha vuelto tan importante para las transacciones y procesos que llevamos a cabo día con día que en 2013 –a través de la reforma a la Ley Telecom– el acceso a internet pasó a formar parte de los derechos constitucionales de los que (en teoría) gozamos todas las personas en México. Sin embargo, así como sucede con definir internet sin cuidado, apelar al acceso sin cuidado podría poner en riesgo justo todas esas cualidades que permiten que internet sea también un amplificador para el ejercicio de los derechos que han convertido esta tecnología en un pilar de nuestra cotidianeidad.

Sin embargo, desde hace más de seis años hemos visto cómo la sociedad civil y otros actores que participan en las discusiones en torno a internet han buscado espacios de interlocución con el gobierno para plantear estas inquietudes. Propuestas como el “Anteproyecto de Lineamientos para la gestión de tráfico y administración de la red a que deberán sujetarse los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a Internet”, presentado en diciembre del año pasado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), se sigan contemplando como viables va contra los esfuerzos ya realizados y los diálogos ya establecidos en torno de la implicación que tiene la manipulación del tráfico en internet.

La forma tan opaca en que se ha tratado la importancia de la neutralidad de la red en México desde 2014 a la fecha, da cuenta de los intentos que se han realizado con el fin de legitimar prácticas abusivas que ponen en riesgo los nuestros derechos y los entornos digitales que habitamos hoy en día, ya que este documento busca otorgarle poderes desproporcionadas a los proveedores de servicios de internet e incluso abre la oportunidad a que el Estado pueda implementar (aún más) mecanismos abusivos de vigilancia y censura arbitraria.

El costo que tiene arriesgar la neutralidad de la red va más allá de los intereses de las empresas y sus socios comerciales: manipular el acceso a internet (que es también manipular el acceso a la información) repercute de forma directa en la libertad de expresión y provocando consecuencias en el desarrollo individual, social y democrático; afectando de forma mayor a quienes ya tienen accesos restringidos o nulos a internet.

En un país atravesado por un sinfín de brechas y desigualdades, no podemos darnos el lujo de pasar por alto los intentos que buscan legitimar prácticas abusivas que menoscaban nuestros derechos para beneficiar intereses comerciales. Frente a las realidades diversas que sobrellevamos en México, es importante organizarnos y utilizar las vías democráticas que existen para proteger lo que ya hemos ganado, defender la neutralidad de la red es participar en la defensa de tus derechos (y contribuir a la defensa de los derechos de más personas).

La defensa de internet es también la defensa de nuestros derechos

Desde Derechos Digitales nos sumamos a amplificar el alcance de propuestas como la campaña #Salvemos Internet con el fin de promover el reconocimiento de los esfuerzos y las voces de las personas que legítimamente manifiestan su preocupación ante las amenazas que acechan nuestros espacios de libertad en México y toda América Latina.

Es momento de actuar, de sumar voces y usar las vías democráticas que existen para participar en la construcción de políticas públicas que se alineen con la defensa y promoción del desarrollo de nuestros derechos. Internet es nuestra, tenemos que defenderla para que se mantenga como un ecosistema abierto que asegure a las personas la amplificación de sus derechos fundamentales.

Si estás en México y quieres sumarte a esta iniciativa local para manifestarte contra las medidas que ponen en riesgo nuestros derechos, entra a https://salvemosinternet.mx/ y hazle saber al IFT que no estás de acuerdo con que se menoscaben nuestros derechos. Entérate, comparte, participa y ¡#SalvemosInternet!

Contra la vigilancia masiva: Hasta que la dignidad se haga costumbre

Mientras que en mayo del año pasado la ciudad de San Francisco (cuna de este tipo de tecnologías) prohibió la utilización de tecnología de reconocimiento facial en espacios públicos, la Unión Europea pondera seguir este camino o al menos implementar una moratoria de cinco años a la utilización de estos mecanismos en espacios públicos; en Chile se ha anunciado por Mercado Público una licitación para la compra de equipamientos para un “Sistema de Teleprotección Nacional” por más de 14 mil millones de pesos que incluye tecnología de reconocimiento facial. Este sistema forma parte del programa “Calle Segura”, la iniciativa más ambiciosa para aumentar de capacidad de vigilancia del Estado desde la vuelta a la democracia.

En el contexto de protesta social en el que el país se encuentra sumido desde octubre del año pasado y ad portas de un proceso constituyente, donde las necesidades de expresarse públicamente y manifestarse pacíficamente mantendrán movilizada a parte importante de la población: ¿Qué podría salir mal?

Las razones que han llevado a la prohibición o moratoria de uso del reconocimiento facial en espacios públicos son claras y compartidas: este tipo de tecnologías entregan al poder político una capacidad ilimitada, desproporcionada e injustificada para identificar, perfilar y vigilar a sus ciudadanas; aún cuando la ejecución de estas actividades es incompatible con el Estado democrático de Derecho.

La paradoja del reconocimiento facial

Una de las principales críticas a las tecnologías de reconocimiento facial es su tasa de falsos positivos, es decir, el porcentaje de veces que el sistema reconoce de forma equivocada al afectado. La policía londinense reportó que un sistema de estas características identificó erróneamente a los individuos en un 92% de los casos, en Nueva York se obtuvo un 80% de falsos positivos y en nuestro país, el sistema del Mall Plaza resultó en un 90% de casos erróneos ¿Existe alguna otra industria que pueda mantenerse lucrativa con esos resultados?

Más allá de su efectividad -y la cuestionable justificación económica de esa inversión por el Estado, frente a las múltiples demandas sociales que requieren urgente atención- lo que resulta realmente espeluznante del reconocimiento facial, para aquellos que amamos y defendemos la libertad, es que estamos ante una tecnología que entrega una capacidad completamente desproporcionada al Estado y le permite ampliar su poder político para identificar a sus ciudadanas en el espacio público, un verdadero estado policial de control que trata a las personas como permanentes sospechosas. Este es el Estado del que nos habló Orwell en 1984.

Hoy estamos, entonces, ante una paradoja. El reconocimiento facial es una mala inversión para los recursos del Estado porque no sirve -ya se ha demostrado que es incapaz de entregar el resultado que promete- y el precio lo pagarán con sus derechos y libertades aquellos erróneamente identificados por el sistema. Aún si fuese capaz de alcanzar su objetivo, las consecuencias en el ejercicio de los derechos de las personas serían irreversiblemente más graves; es por esto que la implementación de este tipo de tecnologías resulta incompatible con un Estado de Derecho.

En el peor de los momentos

El anuncio de este sistema de vigilancia masiva ocurre en un momento particular, a la mitad de la revuelta social y política más importante que ha vivido Chile en los últimos 30 años. En un escenario en donde al menos tres organismos internacionales han constatado la existencia de gravísimas y generalizadas violaciones a los derechos humanos de la población.

La implementación de este sistema de vigilancia masiva se produce, entonces, en un contexto en el que se constata una progresiva criminalización al legítimo derecho de la población a la protesta social. El sistema propuesto entrega una herramienta tecnológica adicional para acrecentar la capacidad de control del Estado sobre la expresión y la manifestación, como un ejercicio de poder sin contrapesos ni obligación de rendición de cuentas en su uso. Si previo al estallido social vivimos situaciones como la Operación Huracán o la vigilancia policial revelada por el Paco Leaks ¿qué garantiza que un sistema de vigilancia masivo con reconocimiento facial no será utilizado para perfilar a dirigentes sociales, perseguir a activistas, medios independientes u hostigar a oponentes políticos?

Las bases de licitación son claras en entregar al sistema la mayor discrecionalidad y arbitrariedad posible, describiendo las cámaras como un mecanismo legítimo incluso para perseguir “incivilidades”. En otras palabras, se proponen como una solución para perseguir conductas que van desde cometer delitos hasta botar papeles en la calle, contraviniendo uno de los principios básicos de la disciplina jurídica de protección de datos personales: el principio de proporcionalidad.

Las bases de licitación son además ambiciosas, pero poco precisas. Se establece que el sistema de vigilancia tiene que ser capaz de reconocer rasgos faciales, patrones de comportamiento y contar con algoritmos de aprendizaje de máquinas (machine learning); sin embargo, no establece definición alguna de qué parámetros técnicos deberán cumplir ni provee información acerca de los datos que serán usados para su entrenamiento. Tampoco hay mención a cualquier mecanismo de control o resguardo de los derechos de las personas sujetas a este sistema de vigilancia masiva.

La pretensión del gobierno por generar mecanismos de vigilancia masivos en espacios públicos se basa en una premisa errada que nuestros tribunales superiores de justicia han sido claros en descartar: que «no existe» la privacidad en el espacio público. Claro que las personas no gozan del mismo nivel de privacidad en la calle que en la sala de estar de sus casas, pero eso no quiere decir que uno renuncie totalmente a la privacidad al cruzar el umbral de la puerta.

Y es que la privacidad y el anonimato son además condiciones necesarias para el ejercicio de otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión, el derecho a reunión, petición, la libertad de culto y la no discriminación. De esta forma la implementación de sistemas de vigilancia masiva genera un efecto inhibidor donde, por miedo a represalias ulteriores, las personas podrían sentirse presionadas a no ejercer sus derechos o ejercerlos de forma limitada.

¿Podrán los chilenos seguir manifestándose con tranquilidad y libertad sabiendo que sus rostros están siendo identificados y que cada uno de sus patrones de comportamiento están siendo analizados por el mismo gobierno que los reprime? La respuesta es obvia.

Llamado a la acción

Desde Derechos Digitales nos oponemos a la implementación de este sistema de vigilancia incompatible con el Estado democrático de Derecho, que vulnera los derechos fundamentales de la población.

La Subsecretaría de Prevención del Delito debe rendir cuenta a las chilenas de su actuar, y es por eso que tal como lo hemos hecho nosotros, invitamos a todos nuestros lectores a utilizar el mecanismo de acceso a la información pública para requerir información de cómo este plan de vigilancia masiva pretende ser implementado y les afecta. Para ello les compartimos un modelo de solicitud que pueden bajar acá. La solicitud se debe ingresar en el portal de transparencia de la Subsecretaría de Prevención del Delito, de forma que exijamos al gobierno transparentar los detalles de este sistema de vigilancia masiva a todas sus ciudadanas interesadas en proteger el respeto de los derechos humanos que les hizo salir a la calle en 2019: para exigir que la dignidad se haga costumbre.

Los algoritmos no van a salvar nuestra democracia

En una columna de opinión publicada en La Tercera el martes 14 de febrero, el Presidente de la ACTI, Thierry De Saint Pierre, hace una intensa defensa de la utilización del voto electrónico. Entre otros beneficios, De Saint Pierre destaca los bajos costos involucrados en un proceso digital, la rapidez con la que es posible implementarlo y un potencial aumento en los niveles de participación, considerando lo fácil que puede ser instaurar un proceso electrónico. Luego de explorar superficialmente algunas críticas, concluye que su adopción beneficiaría a la democracia y al país.

Pese al optimismo tecnológico que permea la columna, lo cierto es que cualquier análisis que cruce el conocimiento de la tecnología a aplicar con los requerimientos del voto en una democracia constitucional debiera llevarnos necesariamente a la conclusión contraria. Debiera llevarnos a concluir que la implementación de un sistema de votación electrónica compromete gravemente instituciones básicas de nuestra democracia representativa.

En la última década, hemos sabido de la exposición de datos personales de más de 50 millones de usuarios de Facebook, del acceso público a datos de más de 500 millones de clientes de hoteles Marriott, de datos sensibles de más de 143 millones de usuarios de Equifax (incluyendo identidad y números de tarjetas de crédito), entre muchos otros. A estas alturas del desarrollo tecnológico, hay relativo consenso entre expertos en seguridad informática de que no existen sistemas computacionales completamente seguros y que no estén expuestos a ser eventualmente vandalizados. No existen razones para pensar que los sistemas de voto electrónicos se encuentran ajenos a esta realidad.

Adicionalmente, durante los últimos años hemos visto como alrededor del mundo tristemente tambalean algunas nociones básicas de la democracia constitucional moderna. Desigualdad estructural, populismo, campañas de desinformación, polarización política, viralización y masificación de contenido xenófobo y violento hacia minorías gracias al modelo de negocio publicitario de las redes sociales, entre otras plataformas, son algunos de los desafíos que hoy nuestra democracia debe enfrentar con urgencia y decisión. La implementación del voto electrónico no ayuda a superar ninguno de ellos y, por el contrario, crea nueva amenaza que nadie parece necesitar.

La implementación de un proceso de votación electrónica supone la privatización del proceso electoral, desechando la confianza que depositamos en las instituciones públicas para garantizar la idoneidad de los procesos y resultados electorales. La creación de intermediarios privados -en procesos de esta complejidad e importancia- supone la creación de inéditas zonas de incertidumbre, falta de control e inseguridad para procesos que suelen estar fuertemente regulados con el fin de asegurar dicha confianza.

Así, la implementación de un sistema de votación electrónica crea oportunidades artificiales para manipular los resultados de una elección sin dejar trazas, genera mecanismos de caja negra que los hace imposible de fiscalizar y finalmente crea una barrera insalvable entre el elector y el sistema de elecciones: un algoritmo invisible, implacable y probablemente fuertemente protegido por propiedad intelectual. Una barrera definitoria para el resultado de una elección y ajena a todo escrutinio público.

A diferencia de las conclusiones a las que llega el señor De Saint Pierre, un oído atento a los reclamos de la ciudadanía debiera concluir que lo que Chile necesita es una mejor democracia, más representativa, y que promueva diversidad y mayor participación. Pese a lo que el utopismo digital pueda aspirar, la única forma de lograrlo es a través de mecanismos más participativos, abiertos y fiscalizables. Es decir, con más política, con más democracia, no con más algoritmos y buenos deseos.

Es tiempo que las ISPs chilenas se pongan del lado de sus usuarios

Chile vive tiempos convulsionados desde el inicio del estallido social en octubre del año pasado. El punto más álgido de la revuelta, sin duda se produjo con la quema de varias estaciones del metro de Santiago. Lo cierto es que a la fecha no sabemos quienes provocaron estos daños a la red subterránea y si se trató de un ataque coordinado. El gobierno -a pesar de no contar con ningún tipo de evidencia- ha puesto sobre la mesa la tesis de que se trata de un ataque motivado políticamente, organizado por grupos y gobiernos extranjeros.

En este contexto, el Ministerio Público ha echado mano a múltiples métodos investigativos y fuentes probatorias, desde peritajes respecto a los acelerantes utilizados a las grabaciones de cámaras apostadas en la cercanía de las estaciones. Sin embargo, la semana pasada los medios de comunicación dieron a conocer que la Fiscalía está buscando obtener pruebas a través de medios que no cumplen con la normativa vigente y que vulneran los derechos de los usuarios afectados.

El medio La Tercera dio a conocer que Fiscalía, a través de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la Policía de Investigaciones, solicitó a las distintas empresas de telefonía móvil del país la entrega de información relativa a la totalidad de números de telefonía móvil que se había conectado a ciertas antenas cercanas a la estaciones de metro afectadas, durante las horas en que ocurrieron los ataques.

¿Y la orden judicial?

Lo primero que llamó la atención e indignó a los usuarios, fue que parte de la información solicitada por Fiscalía fue entregada sin alguna orden judicial previa. Como consta en el relato de los medios, en primera instancia la Policía de Investigaciones solicitó a las compañías de telefonía la información sobre teléfonos conectados a las antenas presentando únicamente una instrucción del Fiscal a cargo de investigar la causa.

Ante ello, la mayoría de las empresas se negaron a entrega los antecedentes o los entregaron parcialmente, por tratarse de datos de carácter personal e información relativa a las comunicaciones privadas de sus clientes. Ante esta negativa, Fiscalía recurrió al 9no Juzgado de Garantía de Santiago y obtuvo una orden judicial autorizando la medida intrusiva. Una vez presentada la orden judicial, las empresas proveedoras de servicios de internet (ISP, por sus siglas en ingés) optaron por entregar la información solicitada. La única excepción fue WOM, que entregó los antecedentes solicitados sin requerir la presentación la orden judicial previa, es decir, únicamente con la instrucción del Fiscal de la causa.

Esto puede parecer una leguleyada, pero lo cierto es que es justamente en tiempos de crisis cuando el apegado al ordenamiento jurídico y las instituciones se pone realmente a prueba. Contar con una orden judicial previa es un requisito esencial e indispensable para poder autorizar diligencias de carácter intrusivo, que afecten, limiten o restrinjan el ejercicio del derecho a la protección de la vida privada y la inviolabilidad de las comunicaciones de los ciudadanos.

Estos requisitos, garantías y limitaciones no están establecidas en nuestro ordenamiento jurídico por mero capricho. Estas medidas buscan limitar la capacidad del poder político para entrometerse en la autonomía de los ciudadanos y evitar episodios de abuso de poder y vulneración de sus derechos, como vivimos recientemente en Chile con la llamada Operación Huracán.

Si bien este caso versa sobre información de las antenas telefónicas y los números conectados a ellas durante determinadas horas, es claro que esta información también entrega antecedentes respecto de la vida privada, las comunicaciones y el comportamiento de los clientes de las empresas telefónicas. De esta forma, el artículo 9 del Código Procesal Penal establece que “Toda actuación del procedimiento que privare al imputado o a un tercero del ejercicio de los derechos que la Constitución asegura, o lo restringiere o perturbare, requerirá de autorización judicial previa.”

En este sentido, resulta sumamente preocupante que la empresa WOM haya decidido entregar los antecedentes sin exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico. Esta preocupación se hace más patente si tenemos en consideración que WOM fue una de las empresas mejor evaluadas en la versión 2019 de Quién Defiende Tus Datos, un informe que justamente busca medir hasta qué punto las empresas de telefonía e internet protegen la privacidad y los datos personales de sus usuarios. Es de esperar que durante el 2020 la empresa revise en profundidad la relación entre lo que expresan sus términos y condiciones y lo que efectivamente sucede cuando la autoridad requiere información de sus usuarios sin cumplir con los requisitos establecidos por la ley.

Incluso con orden judicial

La presentación de una orden judicial previa firmada por un Juez de Garantía es un requisito mínimo para entregar a la autoridad acceso a información relativa a las comunicaciones, la ubicación, conducta y los datos personales de los ciudadanos. Pero los jueces son seres humanos, susceptibles de equivocarse o dejarse presionar por las circunstancias políticas del momento.

En este caso, no corresponde que un Juez de Garantía autorice a la Fiscalía solicitar a las empresas de telefonía información respecto a todos los números de teléfono que se conectaron a las antenas de cierta zona a determinada hora. Como hemos señalado en el pasado, las diligencias de vigilancia -y los objetivos de su ejecución- siempre deben cumplir con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales.

De esta forma, las diligencias que buscan recolectar antecedentes sobre la ubicación, comportamiento y comunicaciones privadas de los ciudadanos siempre deben ser de carácter individual, no de carácter amplio, abstracto o colectivo. En otras palabras, el Juez de Garantía puede autorizar que en base a antecedentes concretos que acrediten una sospecha fundada sobre la participación de un individuo en la comisión de un delito grave y -en la medida que la diligencia sea imprescindible para la investigación- que se autorice una diligencia de estas características respecto de ese individuo en particular.

Lo que no corresponde es que una medida de estas características sea decretada de forma abstracta, afectando a cualquier persona que simplemente se encontraba en el lugar de los hechos o simplemente es un vecino del sector, respecto de los cuales no existen antecedentes concretos que justifiquen una intromisión de estas características.

Si bien las empresas de telecomunicaciones tienen un deber de cooperación hacia la autoridad en lo que respecta a investigaciones penales, también tienen un deber moral y legal hacia sus clientes, de mantener reserva de los datos sensibles y relativos a las comunicaciones que obren en su poder a propósito del servicio que prestan.

Este fue justamente uno de los parámetros que la versión 2019 de Quien Defiende Tus Datos buscó medir: hasta qué punto las empresas de telecomunicaciones están dispuestas a recurrir a tribunales o instancias administrativas para objetar instrucciones de la autoridad que no se ajustan a derecho. Durante el 2019 varias empresas se destacaron por objetar una solicitud desproporcionada de datos de sus clientes realizada por SUBTEL. Las empresas chilenas retrocedieron en su compromiso con sus clientes al no objetar judicialmente la solicitud de información de todos sus clientes que estaban conectados a las antenas cercanas al metro, es de esperar que durante el 2020 enmienden el camino y ante en nuevo episodio similar vuelvan a ponerse del lado de sus usuarios.

El Gobierno al escrutinio de las redes: lo que las imágenes ocultan

“Acabamos de ver cómo el carro lanza agua… de gases, quiero decir, ha casi atropellado, parece, a un manifestante y han colisionado ambos carros lanza gases”.

La narración que acompaña a las imágenes es confusa. Obligada a reaccionar en vivo, la periodista de Mega duda, se equivoca, sabotea su propio relato, del que pareciera colgar un gran símbolo de interrogación. Como si ella misma –contractualmente comprometida a explicarle a los telespectadores– no estuviera segura. Como si no diera crédito a lo que acaba de ver. La narración es confusa, pero las imágenes son claras: Óscar Pérez de 20 años fue atropellado por un carro lanzagases el pasado viernes frente a la Plaza Baquedano, hoy rebautizada como Plaza de la Dignidad, punto cero del gran alzamiento social iniciado el pasado 18 de octubre en Chile y que se extiende ya por casi 70 días.

Óscar Pérez se encuentra hoy con fracturas en ambas caderas, aunque fuera de riesgo vital, tras ser “comprimido contra la estructura lateral del costado izquierdo del otro vehículo blindado”, como tan coloridamente expresó el general de carabineros, Enrique Monrás. Las imágenes –transmitidas en vivo por televisión abierta– se volvieron tristemente virales la noche del viernes, lo que fue determinante en la agilidad con la que actuó el sistema legal: Mauricio Carrillo, conductor del carro lanzagases fue formalizado el sábado.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos se querelló por el delito de homicidio frustrado, pidiendo la prisión preventiva del conductor Mauricio Carrillo mientras se investiga su responsabilidad en el hecho. Pero a pesar de la brutalidad de las imágenes y la duda razonable respecto a la intencionalidad del atropello, Carrillo –quien fue condenado en 2008 por atropellar a tres personas– solo fue formalizado por cuasidelito de lesiones graves; es decir, se estimó que obró con culpa no con intención de dañar y quedó en libertad y con firma mensual durante los 150 días que dure la investigación.

Mientras tanto, en una celda de la Cárcel de Alta Seguridad, el profesor Roberto Campos Weiss cumplía la detención preventiva ordenada por el 12º Juzgado de Garantía de Santiago, por su participación en una jornada de protesta en la estación San Joaquín, el 17 de octubre. Al igual que en el caso de Carrillo, existe un video que lo inculparía, donde se le ve azotando un torniquete del metro. Pero a diferencia de Carrillo, que atropelló y fracturó a una persona, Campos Weiss fue considerado un peligro para la sociedad y fue ordenado a permanecer privado de libertad, por golpear un objeto inerte. De los 90 días originalmente estipulados, alcanzó a estar 53 días en prisión, hasta el pasado lunes cuando se ordenó su liberación. La investigación sigue en curso.

Los casos de Mauricio Carrillo y Roberto Campos ilustran de forma muy precisa dos paradojas muy importantes para comprender el estallido social, su posterior desarrollo y el rol que ha cumplido el Gobierno de Chile en el manejo de la crisis. En primer lugar, pareciera quedar claro que para el Estado chileno la propiedad es mucho más importante que las personas: mientras entidades autónomas del Estado y organizaciones civiles narraban las distintas maneras en que la policía y los militares habían vulnerado los derechos fundamentales de los manifestantes en la sesión especial organizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Quito, a los enviados por el Gobierno les pareció oportuno hablar de saqueos, los daños a supermercados y a otros establecimientos comerciales.

En segundo lugar, establece un doble estándar preocupante y peligroso respecto al uso de registros de las manifestaciones en el marco de procesos legales. Mientras que los videos de abusos y violencia por parte de carabineros abundan –incluyendo carabineros lanzando piedras a los manifestantes, disparando bombas lacrimógenas al cuerpo de los manifestantes, golpeando a menores de edad, usando menores de edad como escudos humanos y atropellando transeúntes– pareciera ser que estos no son relevantes para el Gobierno que, a pesar de la evidencia, ha insistido en su llamado a no generalizar respecto al actuar policial y respalda a la institución.

Por otro lado, Roberto Campos parece estar pagando no por su conducta, si no por la osadía de todos quienes se han manifestado durante los últimos dos meses. El foco de la policía parece puesto en la único persona a la que pudieron identificar mediante un video, generando un contraste caricaturesco con su incapacidad de identificar a los responsables de los numerosos actos de vandalismo que se han suscitado en los últimos 70 días.

Esto es peligroso, puesto que el ejecutivo –incapaz de retomar el control político de la situación– ha hecho todo tipo de esfuerzos por proyectar la idea de que tienen la capacidad técnica necesaria y que los resultados serán prontamente visibles. Esto incluye alardear sobre sofisticadas técnicas de Big Data y el ahora infame informe confeccionado con ellas, que ponía liderando el descontento a cantantes, humoristas y músicos coreanos; un reporte realizado sin ninguna transparencia sobre metodologías, procesos de recolección o rigor científico en lo cual se apoyaría, pero que pone de relieve el detallado escrutinio que se está poniendo en la información que circula en redes –que tan importante ha sido para levantar con fuerza la alerta sobre la precaria situación de los derechos humanos en este contexto de protesta– con el fin de determinar responsabilidades penales. Se justifica el Gobierno en su más reciente comunicado señalando que este tipo de investigación “constituye una metodología eficaz y de uso común en las comunidades de inteligencia para el análisis de grandes volúmenes de información”, obviando que las investigaciones de inteligencia en Chile y el mundo están sujetas a normativa, control y transparencia que aquí se ha decidido ignorar.

Así, el costo de mejorar la imagen de un Estado inefectivo es la vulneración de nociones básicas de justicia. Por una parte, la forma en que en el caso del profesor Campos se ha hecho uso de contenido audiovisual es dudosa mirados los estándares probatorios de nuestro sistema penal. La recolección de material desde redes sociales o de internet, independientemente del nivel de supuesto procesamiento tecnológico para el análisis de su contenido, debe estar sujeta a un alto nivel de escrutinio y a la posibilidad de su cuestionamiento por la defensa, máxime en razón del uso de la Ley de Seguridad del Estado como base de la persecución estatal. No solo para su eventual uso a modo de prueba, sino también como antecedente para justificar una medida cautelar tan restrictiva de derechos como la prisión preventiva. Información personal en redes sociales puede ser usada para confirmar la identidad de una persona, pero no su participación en un hecho, y da cuenta de una interpretación antojadiza del valor de lo que existe en internet.

¿Cuáles son los estándares en aplicación para definir el valor probatorio de imágenes de videos obtenidas en redes sociales? Esta fue una de las alertas que levantamos en nuestro reporte “Situación de derechos humanos y el uso de tecnología en el contexto de la protesta social en Chile”. Resulta asombroso que desde la audiencia de formalización, el profesor Campos haya sido calificado como “un peligro para la sociedad” para determinar la procedencia de la prisión preventiva, a partir de las imágenes de destrucción e inutilización de los controles de pago y acceso al Metro de Santiago. Mientras, en el caso de Carrillo, siendo los antecedentes más graves en función de la naturaleza del delito el bien jurídico afectado (la vida de una persona) y por la identidad de la persona infractora (un agente del Estado), similares antecedentes no dieron lugar a la misma calificación.

El uso de las tecnologías por el Estado de Chile -y otros- no puede ser una excusa para saltarse los estándares de debido proceso, principio de inocencia y derecho a defensa consagrados en el sistema penal. Bajo esos principios conviene medir la prudencia de perseguir a una persona entre cientos, a través de inteligencia por fuentes abiertas, así como usar imágenes y contenido presente en las redes sociales como único elemento probatorio, sin contrastarlas con otro tipo de pruebas.

El abusivo trato que el Estado ha brindado a Roberto Campos y el bochorno del informe Big Data del gobierno son evidencia clara de que existe una tarea pendiente de actualización de estándares normativos y transparencia en el uso de estas herramientas tecnológicas con la ciudadanía que prevengan nuevos y graves abusos siempre en nombre de la “paz social”, que como sabemos no es posible sin justicia y equidad.

Poner en riesgo la libertad no va a asegurarnos vivir sin violencia

En México, la violencia de género es una constante que este año se ha abordado con gran impacto a lo largo del país. Más allá de las importantes tomas del espacio público por parte de la sociedad civil organizada y las voces de miles de mujeres que han tomado las plataformas digitales como amplificadores de sus mensajes de denuncia, la energía en torno a una transformación que permita caminar hacia una realidad más justa en el país también ha catalizado alianzas que actualmente han logrado incidencia en espacios que anteriormente habían estado cerrados a posibilidades de colaboración para desarrollar o intervenir en las políticas públicas sobre violencia de género.

En el 2018, tras más de 10 años de trabajo sobre la versión publicada en 2007, se hicieron importantes reformas a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LAMVLV). Actualmente, se contemplan distintos tipos -y modalidades derivadas- de violencia y las medidas para atender a las víctimas de estas violencias: desde órdenes de protección hasta los servicios de albergue, sustento, salud y desarrollo (gratuitos, seguros e incluso confidenciales). En esta ley también se establecen algunas sanciones que corresponden a los tipos de violencia establecidos y aunque no se contempla de forma explícita alguna modalidad que haga énfasis en el uso de la tecnología, se abordan los diferentes tipos de violencia que se manifiestan a través de las plataformas digitales; las mismas manifestaciones de violencia que ya están tipificadas y para las cuales existen sanciones claras, por ejemplo: acoso, abuso, extorsión, difamación… E incluso se aborda la importancia de reconocer como violencia: “Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.”

Sin embargo, el descontento y el hartazgo persisten. Fuera de los slogans y la imposición del color rosa como estandarte de una “transformación incluyente” en la identidad gráfica de la Ciudad México, no ha habido una transformación que respondiera a las demandas de quienes viven diariamente con miedo a formar parte del promedio de 11 feminicidios que se llevan a cabo cada día en el país… Tampoco ha existido respuesta a las declaraciones de las mujeres que –de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)- han reportado un alza en las manifestaciones de violencia que viven, incluyendo al promedio de 9 millones de mujeres que han reportado ser víctimas de ciberacoso.

Victorias y retos

Este año, una iniciativa de reformas para tipificar los “delitos contra la intimidad sexual” y reconocer la violencia digital en la LAMVLV llegó a la Ciudad de México tras el éxito que anteriormente obtuvo en 19 de los 30 estados del país. Esta iniciativa es conocida como Ley Olimpia, a pesar de que no propone una ley en sí es importante reconocer el esfuerzo realizado por las mujeres que conforman la agrupación Defensoras Digitales (originalmente Frente Nacional para la Sororidad), así como sus aliadas en cada uno de los estados donde el proyecto impulsado inicialmente por Olimpia Coral logró consolidarse como una propuesta de articulación para que las mujeres víctimas de violencia a través de las tecnologías tuvieran un acercamiento a la construcción de la justicia que muchas veces suele omitirse ante la falta de funcionarios capacitados y sensibilizados para atender las denuncias de las manifestaciones de violencia que existen en las plataformas digitales y se traducen a impactos y consecuencias graves en las personas que las sufren, afectando todos los ámbitos de sus vidas y su desarrollo.

Si bien esta iniciativa refleja el descontento y la toma de acción por parte de las mujeres que buscan vías efectivas para encontrar justicia, es importante tomar en cuenta que esta también es la historia de mujeres que se han organizado en todo el país para hacerse cargo de las deficiencias que persisten por parte del las diferentes instancias para atender las falencias de un poyecto que lleva más de diez años en elaboración, sobre un tema que no solamente cuesta tiempo a quienes presentan denuncias que nunca se resuelven: es un tema que cada día cuesta vidas de mujeres que no son respaldadas en un sistema fundamentalmente machista y misógino.

Aunque la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se ha comprometido a promover medidas para enfrentar las alertas de género de su dependencia, han sido pocos los espacios donde se pueden conocer, abordar de forma abierta y multidisciplinar en qué consisten las medidas que marcarán el rumbo de la consolidación del compromiso que adquirió. Más allá de posicionarse a favor del proyecto conocido como Ley Olimpia, no han existido verdaderos espacios de trabajo que incluyan a los grupos independientes de mujeres que llevan trabajando diversos ejes entorno a la violencia de género en la Ciudad de México y esto no es lo único alarmante, ya que al apostar por iniciativas que parten exclusivamente de una perspectiva punitivista también se deja de lado el análisis a fondo de las facultades que se le otorgan al Estado para fiscalizar cuestiones que podrían poner en juego tanto la libertad de expresión como el mismo desarrollo libre que se busca proteger al evitar la violencia de género en cualquier ámbito.

Además, como señala Agneris Sampieri desde la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), dentro de las modificaciones realizadas a la LAMVLV se “otorgan facultades a autoridades administrativas, como el Ministerio Público, para ordenar la interrupción, bloqueo, destrucción o eliminación de imágenes, audios o videos en Internet”. Esto, además de ser una medida anticonstitucional, por ir en contra de los artículos 6 y 7 de la Constitución Mexicana (así como el 13º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), supone sanciones desproporcionadas que además podrían desencadenar vías para legitimar la vigilancia de los espacios digitales.

Desde la organización Artículo 19, se ha advertido la importancia de analizar de forma más aguda las implicaciones de “limitar el debate a asuntos meramente contenciosos no abordará las raíces sociales que son base de los prejuicios que socavan la igualdad”; ya que esto ha demostrado construir brechas sociales donde el acceso a la justicia queda limitado a quienes ya cuentan con una serie de privilegios que podrían garantizar el respeto a sus derechos, mientras quienes viven en condiciones ya de por sí desiguales reciben medidas limitantes y fiscalizantes que actúan en detrimento de las necesidades básicas para ejercer y proteger sus derechos.

Por otro lado, desde Luchadoras y la coalición Internet Es Nuestra, hemos señalado la importancia de abrir espacios de diálogo que permitan poner estos temas a discusión para evitar que la contingencia por aprobar medidas contra la violencia de género nos prive de la elaboración de políticas públicas y medidas más sustantivas que permitan transitar a la construcción de procesos más justos para dar respuesta y atención a las víctimas de violencia, mientras construimos estructuras que incorporen la perspectiva de género y el respeto a los derechos fundamentales como ejes inalienables para el trabajo social así como las facultades que ejercen quienes representan al Estado.

La conversación que sigue pendiente

De 2017 a la fecha, en México y toda América Latina nos ha quedado claro que cuando el Estado no responde la sociedad se organiza. Este año, las mujeres han tomado las calles y los espacios digitales para dar un testimonio vivo de esto en diversas latitudes y es una celebración -un tanto amarga- que la lucha contra las violencias que vivimos diariamente sea cada vez más visible, cada vez más difícil de ignorar por quienes creían que podrían seguir impunes.

Sin embargo, ese hartazgo también viene de la simulación constante en torno a las medidas paliativas que se ofrecen para atender un problema que sigue desarrollándose sin mayor amenaza dentro de las mismas estructuras que supuestamente asumen compromisos para erradicar la violencia de género. El promover medidas sin un análisis detenido e incisivo no solamente refleja una forma lamentable de actuar para ganar puntos en la opinión pública, sino también un fuerte desconocimiento sobre el tema que se pretende atender; que además se agrava cuando no se abren espacios de diálogo diversos que puedan permitir -con tiempo, discusión, análisis y una planeación estratégica- la creación de medidas que respondan a la realidad que llevamos enfrentando por décadas.

Resulta de una obviedad inmensa decirlo, pero los movimientos sociales que han tomado los espacios nacionales este año han sido el resultado de las violencias enfrentadas, heredadas y normalizadas por las mujeres mexicanas durante años: no son resultado de las tendencias en las redes sociales y la popularidad de Claudia Sheinbaum no es medida para grantizar que sus compromisos -a diferencia de administraciones previas- se cumplan.

Cuando hablamos de hacer frente a la violencia, no existen medidas universales que puedan atender de forma efectiva las implicaciones y el daño que las manifestaciones de la violencia de género tienen en las vidas de las mujeres que son victimizadas, en sus entornos inmediatos ni en el desarrollo de la sociedad que también se perjudica por el rezago que existe para evitar que la violencia siga existiendo en nuestras estructuras (familiares, escolares, profesionales, afectivas, etc.). Sin embargo, hacernos cargo de esto no debería suponer poner en riesgo los espacios que se han ganado, tanto para la libertad de expresión como para el goce de nuestra identidad, nuestra sexualidad y nuestro derecho a vivir sin miedo.

21N en Colombia, defender el anonimato en la protesta

El pasado 21 de noviembre en Colombia se celebró un paro nacional de dimensiones extraordinarias. Diferentes sectores de la población salieron a las calles de varias ciudades del país para protestar contra las reformas laboral y pensional, así como para exigir que se cumpla el Acuerdo de Paz, se adelanten medidas anticorrupción y se detenga el asesinato masivo de líderes sociales, entre otras demandas. Sin precedentes en la historia reciente del país, este paro se ha extendido por ocho días consecutivos, y se ha caracterizado por no tener una sola vocería ni un actuar coordinado de manera centralizada. Las manifestaciones van desde cacerolazos y asambleas vecinales hasta expresiones artísticas masivas, y a medida que pasan los días, más sectores se han sumado a la movilización.

En días previos al 21N fue noticia la militarización de la capital, así como otras “medidas preventivas” por parte de las Fuerzas Armadas en todo el país, con ocasión del paro. También se conoció de los operativos de allanamiento a artistas, medios de comunicación independientes e integrantes de movimientos sociales, muchos de los cuales fueron luego declarados ilegales al no encontrarse elementos que relacionaran a las personas afectadas con actos vandálicos o criminales.

Además de los allanamientos, que buscaban “identificar e individualizar a los encapuchados que en protestas anteriores han generado hechos de vandalismo y terrorismo en la ciudad”, el día anterior al paro varios medios de comunicación reportaron que durante la jornada de protesta la Policía de Bogotá estrenaría un sistema de reconocimiento facial instalado en el helicóptero Halcón, que desde principios de 2017 sobrevuela la ciudad adecuado con cámaras de alta resolución para apoyar desde el aire en la persecución del crimen.

De acuerdo con los reportajes, esta nueva tecnología -que también sería utilizada en la ciudad de Medellín, con la única diferencia de que allí se instalaría en cámaras estáticas y no en una aeronave-, tendría la capacidad de identificar, en tiempo real, las facciones alrededor de ojos y nariz de las personas que tuvieran su rostro cubierto durante las manifestaciones, para articular dicha información con las bases de datos de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín)y la Registraduría Nacional.

Todas estas acciones “preventivas” han sido fuertemente criticadas por generar un ambiente de tensión previo a la jornada de movilización nacional. En ese marco, vale la pena mencionar lo problemático que resulta el uso masivo de tecnologías biométricas, y específicamente de reconocimiento facial, para la vigilancia masiva y la persecución de delitos en un contexto de movilización social. Las tecnologías biométricas consisten en la recopilación, almacenamiento y procesamiento de datos derivados del cuerpo y sus movimientos. Un uso desproporcionado de este tipo de tecnologías atenta directamente contra los derechos a la privacidad, la integridad y la autonomía de las personas, y además puede tener consecuencias negativas como la discriminación de ciertos grupos sociales, debido a los sesgos de diseño e implementación, o la restricción de las libertades -de expresión, locomoción, asociación- de las personas en general, mediante un efecto silencioso de autocensura.

En el caso de la persecución de delitos, se trata de un atentado contra el derecho a la intimidad y a la presunción de inocencia, pues se alimentan bases de datos donde todas las personas vigiladas son consideradas sospechosas; en el caso de su uso en el marco de protestas con el fin de identificar a quienes tienen cubiertos sus rostros, como ocurrió el pasado 21N y posiblemente en los días siguientes, se trata además de un atentado contra el derecho al anonimato, directamente relacionado con la libertad de expresión y asociación. Sobre este punto, es importante señalar que en su guía práctica de bolsillo para salir a protestar Dejusticia advierte que si bien llevar el cuerpo cubierto o descubierto a una manifestación es una conducta protegida constitucionalmente, “muchos jueces o agentes policiales podrían tener opiniones distintas”.

Es preocupante, además, teniendo en cuenta que en el Congreso de la República se radicó recientemente un proyecto de ley que tipifica como conducta penal el vandalismo “que, valiéndose de una protesta, manifestación o movilización pública, dañe, atente o destruya los bienes públicos o privados [o] atente contra la integridad física de los miembros de la fuerza pública”, agravando la pena si la persona está ocultando total o parcialmente su rostro. Preocupante porque, aunque el Proyecto se justifique en la garantía del derecho a la protesta pacífica, en esta y otras jornadas de movilización se ha evidenciado cómo los abusos por parte de la fuerza pública superan con creces las expresiones de violencia por parte de la ciudadanía.

Por otra parte, como ha documentado en el pasado la Fundación Karisma, las millonarias inversiones en tecnología para la seguridad en Bogotá han carecido de estudios previos que garanticen la viabilidad de su implementación (por ejemplo porque no hay acceso a las bases de datos necesarias para que la tecnología de reconocimiento facial funcione efectivamente), así como de transparencia respecto a su adquisición e implementación. En cambio, han gozado de amplia promoción en medios de comunicación, con narrativas que lejos de proponer una perspectiva crítica sobre las implicaciones sociales o legales de su uso, alimentan discursos tecnosolucionistas.

Recientemente en América Latina se han comenzado a implementar sistemas de reconocimiento facial para distintos fines, sin un análisis profundo, ni político ni técnico, sobre los riesgos asociados a su uso. En los contextos de protesta que en los últimos meses se han vivido en distintos países de la región, donde se ha evidenciado una enorme participación ciudadana al tiempo que un uso desmedido de la fuerza y múltiples violaciones a los derechos humanos por parte de los gobiernos, es necesario alertar sobre el uso tecnologías de reconocimiento facial para vigilar la protesta social, y rechazarlo enfáticamente, así como las iniciativas de criminalizar y perseguir el uso de capuchas durante las manifestaciones, como se está intentando al menos en Chile y Hong-Kong. La protesta es un derecho, el anonimato también.

Periodismo y vigilancia en México: sin garantías para la libertad de expresión

El 29 de octubre, la aplicación de mensajería WhatsApp, propiedad de Facebook, tomó acciones legales contra NSO Group, la empresa de tecnología de vigilancia que desarrolló el malware espía “Pegasus” aquirido por el Gobierno mexicano, cuyo uso ha sido estudiado y denunciado desde 2016 por ONGs nacionales como R3D, SocialTIC y Artículo 19, en el caso conocido como #GobienoEspía.

En mayo de este año, el equipo de seguridad de WhatsApp detectó una falla en la aplicación, que permitía inyectar spyware comercial en celulares mediante una simple llamada. Junto con desarrollar una solución al problema, se realizó una investigación que concluyó que la vulnerabilidad había había sido explotada por NSO Group, que también utiliza el nombre Q Cyber Technologies.

La preocupante novedad que plantea esta forma de ataque es que, al ejecutarse mediante un llamado, no requiere que la víctima habilite la instalación del software malicioso pinchando algún hipervínculo, lo que dificulta la obtención de evidencia y la toma de medidas precautorias para evitar, documentar y denunciar intentos de infección.

Más de 1400 casos fueron identificados y al menos 100 contra defensores de derechos humanos. En México, un número importante de infecciones ocurrieron durante abril y mayo de 2019, coincidiendo con las revelación del caso de Griselda Triana, viuda del periodista Javier Valdez y víctima del espionaje a manos de agentes estatales, pues según NSO Group, solo venden sus productos a gobiernos.

Vigilancia como violencia

Actualmente, México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, lo que naturalmente pone en riesgo la salud de la libertad de expresión y, con ello, de la democracia misma del país: incapaz para garantizar la seguridad de sus periodistas y, consecuentemente, incapaz de garantizar el bienestar y la autonomía de sus habitantes.La violencia contra las y los periodistas, que entre otras formas se expresa mediante el abuso de la tecnología de vigilancia por parte del gobierno mexicano, escala gracias al clima de impunidad que hace oídos sordos frente a las denuncias realizadas por comunicadoras, activistas y personas defensoras de derechos humanos, algunas de las cuales han perdido la vida o han tenido que migrar para preservarla.

Llama la atención de que, a pesar de los logros recientes de las ONGs que han presentado denuncias a NSO Group en cortes internacionales, la respuesta por parte del Gobierno no es más que una serie de promesas, vacías que denotan un claro desconocimiento entre quienes lideran el país sobre los abuso de las tecnologías en México.

Por otro lado, lejos de perseguir los abusos tecnológicamente posibilitados, la milicia nacional parece premiar a sus responsables con ascensos laborales. La misma milicia que hoy participa de la implementación de la Guardia Nacional, una estrategia para militarizar las calles del país como respuesta a la presencia del narcotráfico y que en su más reciente muestra de poder mostró ser completamente ineficiente.

Esto pareciera indicar que, mientras el presidente declara que su administración no participa en el uso ilegítimo de las tecnologías y anuncia “compromisos”, hay personas con poder actuando desde diferentes instancias estatales para tomar ventaja de los puntos ciegos de una administración fuertemente criticada por su falta de un liderazgo estratégico, incapaz de conocer y controlar el alcance de las acciones que sus subordinados realizan con el poder que se les otorgado para “preservar la seguridad en el país”. Tal vez el problema acá sea que nadie les ha aclarado que no se trata de su seguridad propia, sino de la seguridad de la mayoría: quienes necesitan del periodismo libre para producir decisiones informadas y tener los elementos necesarios para cuestionar al Estado y sus representantes cuando no cumplan sus obligaciones fundamentales.

Lo que queda pendiente

Desde 2016 la participación de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales para frenar el abuso de la tecnología se ha articulado en redes para presentar casos e informes conjuntos, con el fin de denunciar los abusos que diferentes gobiernos hacen de las tecnologías para vigilar a quienes expresan posturas críticas a sus administraciones. Los esfuerzos articulados de personas con experiencia legal, en comunicaciones, en activismo, en defensa de derechos humanos y con trayectorias multidisciplinarias en América Latina y México han sido potentes y constantes.

Hace falta que gobiernos, como el mexicano, asuman la participación en espacios de diálogo que permitan articular las experiencias y trayectorias de estos grupos a las propuestas administrativas y de desarrollo en las que quieran involucrar despliegues masivos de tecnologías, que se plasmen en acciones claras y concretas. Las declaraciones y compromisos realizados por el presidente se vuelven palabras vacías si no existen políticas públicas que las respalden. Es la única forma de defender la democracia participativa en el país, pero también asegurar que los derechos humanos sean preservados y contemplados dentro de las estrategias de seguridad nacional.

Inquietudes relacionadas con las tecnologías en el contexto de protestas en Chile

PROBLEMAS DE CONEXIÓN

¿Las empresas o el gobierno están desconectando internet?

Hasta el momento, ninguna evidencia comprobable o declaración sugiere que sea el caso, incluso la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) lo desmintió explícitamente y aclaró que están monitoreando la disponibilidad de los servicios de comunicaciones directamente con las empresas proveedoras.

Es normal que en ciertos puntos donde hay muchas personas conectadas a la red celular (siendo las manifestaciones masivas el ejemplo más claro) la capacidad de la red se vea saturada y algunos usuarios comiencen a ver su servicio degradado o incluso interrumpido, especialmente si gran cantidad de personas en la zona usan servicios que demanden alto ancho de banda, por ejemplo la transmisión de video.

Si vas a una marcha, puedes acordar con otras personas estar preparadas para comunicarse aún si se satura la red. Aquí recomendamos algunas aplicaciones de mensajería que pueden ser útiles, aunque también fallan.

¿Pueden estar desconectando el servicio de internet residencial?

A pesar de que se han recibido quejas por mal funcionamiento del servicio de Internet en zonas específicas, los proveedores correspondiente las han reportado como fallas aisladas que han sido o serán atendidas en la medida de las posibilidades, resultando en episodios puntuales no atribuibles necesariamente a cortes intencionales de servicio en el marco de la situación actual. De todos modos, es importante que la ciudadanía esté atenta a posibles interrupciones de servicio para documentar y reportar cualquier incidente futuro.

AFECTACIÓN DE REDES SOCIALES Y OTROS SERVICIOS

¿Están censurando tendencias en Twitter?

Se han reportado algunos casos de problemas en la visualización de tendencias. Twitter actúa frente a publicaciones o actividad dentro de la plataforma que pueda estar violando sus normas comunitarias. Sobre estas no tenemos conocimiento concreto, pero podemos decir que en ocasiones, justo en los primeros minutos en que una tendencia comienza a viralizarse tiende a no aparecer en varias de las páginas de Twitter hasta pasado algún rato. Este es el funcionamiento normal del algoritmo, que debe comprobar no estar respondiendo a una actividad inusual o artificial, promoviendo palabras o expresiones contrarias a sus términos de servicio. Más información en la sección ¿Existen reglas para las tendencias? de Twitter.

De todos modos, estamos buscando más información al respecto.

¿Se están bloqueando páginas y/o servicios web?

Hemos recibido reportes de potenciales bloqueos a sitios web, especialmente basados en estos resultados producto del uso de ooniprobe, herramienta que recomendamos en días previos para medir interferencias a la red. Si bien aparecen algunas anomalías en las pruebas descritas en los resultados de ooniprobe, estos parecen ser poco consistentes con bloqueos definidos por proveedor, zona geográfica o sitios web particulares. Los resultados apuntan a intermitencias o fluctuaciones de servicio al momento de realizar las pruebas. Seguimos recomendando el uso de herramientas como ooniprobe para medir potenciales interferencias, sin embargo aclaramos que en caso de bloqueos estructurados estos serán evidentes cuando varios usuarios que comparten el mismo criterio de bloqueo (geográfico, de proveedor o de servicio consultado) carguen sus resultados y puedan ser declarados una anomalía respecto a los datos usuales de la red (sin bloqueos) pero a su vez experimentado de forma masiva.

En cuanto a Twitter específicamente, hubo una caída parcial del servicio a nivel global el día martes 22 de octubre, que afectó a varios usuarios en Chile como fue reportado en redes sociales. Esta falla no apunta a ningún hecho concreto dentro del país dado que tuvo alcance global y fue prontamente resuelta.

CIERRE DE CUENTAS EN REDES SOCIALES

¿Por qué están cerrando cuentas en Facebook e Instagram?

Esta pregunta puede tener varias interpretaciones dependiendo de cada caso:

Algunos de estos servicios emplean controles de seguridad para proteger las cuentas de usuario que funcionan adecuadamente en situaciones normales pero en escenarios de conflictividad social, cuando los patrones de publicación de usuarios cambian radicalmente pueden resultar contraproducentes y pueden terminar en la suspensión de cuentas de usuarios por actividad inusual, por ejemplo cuando se publica en un ritmo nulo o muy bajo y súbitamente se incrementa la frecuencia de publicación.

En escenarios de polarización es usual que grupos de usuarios denuncien publicaciones incómodas como contenido que incita al odio, que puede herir la sensibilidad de los que se exponen al contenido (esto aplica especialmente a imágenes de heridos, fallecidos, hechos violentos, etc.) u otras violaciones a los términos de servicio de la plataforma correspondiente. Por otra parte, los mismos algoritmos usados por las plataformas para curar contenidos pueden detectar legítima o erróneamente alguna de estas conductas y activar procesos de suspensión o cierre de cuentas de forma automatizada.

En estos casos recomendamos:

Revisar los Términos de servicio por plataforma para consultar qué podemos y no publicar.

Documentar con capturas de pantalla, tomar horas de incidentes, etc., para facilitar cualquier trámite de apelación o de reactivación de cuentas.

En los casos que aplique revisar en comunicaciones a los administradores de cuentas las razones por las cuales algún contenido o cuenta fue afectado

En casos en donde existen anomalías con el servicio o la conexión, esperar e intentar conectarse después de algunos minutos antes de publicar que nuestras cuentas o contenidos particulares fueron afectados.

Puedes encontrar más información al respecto en este documento que hemos preparado.

Así también, Fundación Datos Protegidos está recopilando información sobre este tipo de casos. Puedes revisar su iniciativa aquí.

POSIBLES INTERVENCIONES DE CELULARES

**¿Podemos saber si nuestros teléfonos celulares han sido intervenidos marcando *#62#?**

La capacidad de desvíos de llamada existe desde hace muchos años y todos los teléfonos actuales los soportan, aunque ciertamente esta funcionalidad puede ser abusada con fines de vigilancia, recomendamos entender bien cómo funcionan estos desvíos para no terminar desconfigurando nuestros equipos de forma adversa. Generalmente esta configuración es hecha por nuestro operador celular para activar los buzones de voz, por lo que al marcar códigos como *#62# es normal que aparezcan números diferentes al nuestro. En este caso vale la pena consultar con otros usuarios del mismo proveedor para ver si comparten configuraciones similares. Por ejemplo, Si nuestro número es «+569 1234 5678» y lo tenemos contratado con Claro Chile, es normal que aparezca como número de desvío de llamadas «+56920012345678» que es muy similar al propio con algunos dígitos extra, sin embargo no representa ningún problema en términos de vigilancia. Es importante resaltar que estas configuraciones varían por operador.

Otro aspecto a verificar es qué tipo de desvíos están activos, existen cuatro tipos de desvíos posibles

1) Cuando nuestro número cae ocupado

2) Cuando no contestamos una llamada

3) Cuando no estamos disponibles (si no tenemos cobertura o está apagado el teléfono)

4) Siempre. Este último desvío en general no debería estar activado. En caso contrario vale la pena documentar y pedir ayuda, sin embargo, no lo hemos visto hasta el momento por lo que lo consideramos improbable.

APOYOS LEGALES

En estado de emergencia, ¿La ley permite grabar la actividad de un uniformado (militar o policía)?

Siempre es legal grabar a un Carabinero o militar que se encuentra realizando un operativo o una detención. Sea en espacios públicos o privados. Ese derecho no se restringe por el Estado de E mergencia y ejercerlo será crucial para el futuro proceso de verdad y justicia. No hay ninguna prohibición explícita y está cubierto por la libertad de expresión (y derecho a defensa, eventualmente).

Si estás grabando en video una detención policial o una violacion de DDHH grita el día y hora, lugar donde estás, tu nombre y ojalá el de la persona que está siendo agredida o detenida. Así no se puede sacar de contexto el video a futuro y sirve como prueba. Hemos preparado este post explicándolo mejor.

¿Dónde puedo denunciar si soy víctima o testigo de una violación a los derechos humanos durante el Estado de Emergencia?

Varias organizaciones de la sociedad civil se han articulado para recopilar, curar, preservar, verificar e investigar evidencia visual relacionada con violaciones de derechos humanos y otros crímenes cometidos durante el Estado de Emergencia. Puedes seguirles en Twitter @Testigoenlinea o llenar el formulario habilitado en su sitio web testigoenlinea.cl/

El Instituto Nacional de Derechos Humanos INDH ha habilitado este formulario para recibir denuncias sobre vulneraciones de derechos humanos en el marco del Estado de Emergencia.

Si quieres denunciar ante la justicia alguna vulneración a los derechos humanos durante el Estado de Emergencia, la Corporación Fundamental tiene este instructivo para presentar recursos de amparo.

También puedes comunicarte en Santiago con:

Abofem, Natalia Bravo Correo: Nataliabravop@gmail.com + 56 9 6587 0284.

Defensoría Jurídica Universidad de Chile reciben denuncias al correo cdh@derecho.uchile.cl o al teléfono +569 36203403.

Pikete Jurídico FECH: Whatsapp DE DENUNCIA FECH +569 3620 3403, ABOGADO, Pikete: Joaquín Astorga Norambuena + 56 9 6433 7507, formulario.

¿Puedo denunciar y recibir apoyo si he sido víctima de violencia sexual durante el Estado de Emergencia?

El Colegio de Matronas mantiene una línea telefónica de orientación de violencia sexual para mujeres que han sido víctimas de abuso durante el estado de emergencia. Prestan asesoría, apoyo y orientación para denunciar. El número es +56967136071

La organización Amaranta, con sede en Concepción, abrió un canal de apoyo y recopilación de denuncias a mujeres cis o transgénero que han sufrido violencia, abuso o acoso sexual durante el estado de emergencia. En Twitter @AmarantaOng correo voces@amarantas.org

¿Es posible restaurar nuestras cuentas o contenidos removidos de plataformas de redes sociales?

Los motivos no siempre son claros, así como tampoco el mecanismo que detonó la alerta de moderación, que puede ser automatizada – el sistema detecta contenido potencialmente infractor y levanta la alerta sin mediación humana- o producto de un reporte realizado por otro usuario o usuaria de la plataforma.

Junto con ello, es posible que el contenido que hayas publicado entre en conflicto con los términos de servicio de la plataforma. Un ejemplo de ello es el contenido que presenta violencia gráfica. Evidentemente, en un contexto de protesta y violencia social como el que estamos viviendo, no es inusual que la documentación del uso excesivo de la fuerza policial o militar adquiera una forma particularmente explícita y delicada, lo que en ningún caso resta su valor, sino al contrario.

La fundación Datos Protegidos tiene un formulario para apelar en caso de bloqueo de contenido en redes sociales: Numerosos casos de censura de contenidos en varias plataformas de RRSS. Desde la desaparición de contenidos al bloqueo o cierre de cuentas. Puedes denunciar tu caso completando este formulario.

Las fiscalías regionales han dispuesto correos electrónicos para recibir denuncias sobre actos delictivos.

OTRAS INQUIETUDES

Puedes escribirnos a prensa@derechosdigitales.org

Apagones de internet y censura en América Latina

Las casi dos semanas de protestas en Ecuador contra las medidas de austeridad del presidente Lenín Moreno, que culminaron hace apenas unos días con la derogación del decreto que diera origen a las protestas, fueron también el escenario de una serie de incidentes de disrupción al libre flujo de las comunicaciones y la información en internet. Según reportes de la organización Usuarios Digitales, servicios como WhatsApp y Twitter presentaron fallas en la descarga de videos e imágenes. Esta información fue reforzada a través del reporte publicado por la organización Netblocks, que señaló que los servidores de imágenes y contenido (CDN) de Facebook y WhatsApp estuvieron inaccesibles a través del operador de telecomunicaciones estatal -Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT)- desde la noche del 6 de octubre, en momentos durante los cuales las redes sociales veían aparecer imágenes y videos de la represión de las protestas y de la muerte de uno de los manifestantes.

La práctica de restringir el flujo de discurso y contenido multimedia durante protestas, especialmente en contextos de represión contra manifestaciones con carácter social y político, se ha presentado en la región en casos muy puntuales pero también sumamente preocupantes como son Venezuela y Nicaragua. En Venezuela, los bloqueos intermitentes de redes sociales se han vuelto una práctica constante -tal como ha reportado incansablemente la organización Venezuela Inteligente mediante su proyecto VESinFiltro– en combinación con bloqueos permanentes a medios de comunicación específicos:

Además de bloqueos indefinidos a medios hemos reportado el uso de bloqueos cortos y tácticos a algunas plataformas claves como Twitter, Youtube, Instagram, Periscope y también sitios como el de CNN en Español. (…) Mediante el monitoreo de internet que realiza VE sin Filtro, conocemos de más de 20 medios de comunicación bloqueados de forma indefinida al momento de esta publicación.
Andrés Azpúrua para VESinFiltro

En Nicaragua, según Netblocks, los cortes intermitentes de internet estuvieron presentes durante las protestas de 2018 y 2019 mediante “apagones” completos del internet en regiones específicas, que muestran una “fuerte correlación” entre los momentos de las disrupciones y apagones de la red y los momentos en que tenía lugar la represión de civiles. Lo anterior sugiere que estas medidas buscan ahogar el flujo de información durante los momentos clave de las protestas. Cabe recordar que situaciones similares se han presentado también en Venezuela, siendo quizá la más memorable el “apagón” de internet en el estado Táchira durante las protestas de 2014, que duró más de 36 horas y tuvo lugar en la zona más álgida de protestas durante el momento de mayor represión.

En todos los casos mencionados, los bloqueos y restricciones en el acceso a internet se han visto acompañados de otras medidas y ataques contra periodistas, defensores de derechos humanos y medios de comunicación tradicionales, marcando el debilitamiento del ecosistema de la información y la comunicación y -como consecuencia inevitable- el socavamiento del entorno democrático. En este contexto, el uso de las redes sociales como herramienta para la protesta y la participación política cobra particular relevancia al convertirse en una avenida alternativa para el ejercicio de las libertades civiles y políticas.

Aunado a esto, según un reporte de la Global Network Initiative, un país con conectividad alta puede perder al menos 1,9% de su PBI por cada día que los servicios de internet se ven afectados, un costo que equivale a 1% en el caso de un país de conectividad intermedia y 0,4% en un país de conectividad baja. Es decir, las disrupciones de la conectividad no afectan solo los derechos civiles y políticos de los ciudadanos de un país, sino que minan los derechos económicos y sociales colectivos, una preocupación especialmente grave en países en vías de desarrollo y en democracias frágiles y emergentes. Según la herramienta COST, desarrollada por Netblocks para medir el costo financiero de los apagones y bloqueos a internet, Venezuela ha perdido en total USD $402.803.069 a causa de los apagones, mientras que Ecuador ha dejado de percibir USD $82,146,854 y Nicaragua USD $4,724,285.

Ya en 2016, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas declaró que las medidas intencionales para evitar o interrumpir el acceso o la diseminación de información en línea constituye una violación de las normas internacionales en materia de derechos humanos. Asimismo, la OEA ha repudiado de manera específica “los apagones y disrupciones arbitrarias para restringir el acceso a las redes de telecomunicaciones e internet”.

Queda claro que este tipo de medidas dejan de manifiesto una intención de restringir la libertad de expresión e información de manera desproporcionada e ilegítima, una decisión que es por completo incompatible con el debido funcionamiento de una democracia.