Derechos humanos en el <i>credit scoring</i>

Derechos humanos en el credit scoring

Es probable que usted conozca a alguien que haya tenido un problema derivado de su puntaje de crédito (credit scoring). Esta ha sido una herramienta muy utilizada por bancos y comercios en general para evaluar la capacidad de pago de una persona. A pesar de ser útil para muchas personas a la hora de dar acceso al crédito en entidades financieras, poco se habla sobre los problemas relacionados con esta práctica.

Muchas veces no existe información adecuada sobre este registro. Es como una verdadera caja oscura con respecto a los datos personales: no se sabe de dónde provienen los datos, qué criterios se utilizan para su tratamiento y, principalmente, cómo se utilizan las técnicas de inteligencia artificial para determinar si una persona puede o no, por ejemplo, financiar un automóvil.

Esta columna analiza brevemente cómo el tema es cada vez más relevante para las personas, además de traer algunos ejemplos actuales de discusiones regulatorias y prácticas de mercado ante posibles denegaciones de crédito, discriminación, falta de transparencia, entre otros problemas encontrados.

Importantes discusiones de los EE.UU. a la Europa

El tema está regulado en Estados Unidos, principalmente por la Ley de informes crediticios justos (FCRA), modificada en gran medida por la Ley Dodd-Frank que trajo importantes medidas para la regulación del capital financiero y la protección del consumidor después de la crisis financiera de 2008.

Siguiendo la citada ley, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), de EE.UU. publicó un reporte anual sobre los burós de crédito más grandes de EE.UU.: Experian, Equifax y TransUnion. Entre sus recomendaciones, se aconseja considerar cómo los procesos automatizados impactan a los clientes, particularmente aquellos que reportan un derecho deben considerar la carga del consumidor (consumer burden) y, sobre todo, si un cambio hacia la automatización requerirá que los consumidores tengan que sortear más obstáculos y lidiar con distintos organismos para ejercer sus derechos.

La medida cumple con algunas de las obligaciones establecidas en la ley FCRA, pero la CFPB quiere ampliar la discusión, tratando de entender cómo opera el mercado y cuáles son las posibles prácticas que pueden lesionar los derechos de las personas. Esta semana, en el día mundial del consumidor, la CFPB publicó un llamado solicitando informaciones sobre los data brokers y otras prácticas comerciales que involucran la recopilación y venta de información del consumidor. Además de supervisar las agencias de informes del consumidor, incluidas las tres agencias más grandes del país, la CFPB se esfuerza por obtener información sobre el alcance completo de la industria de data brokers.

En Europa, la Corte de justicia europea analizará un caso importante sobre este tema. El caso C-634/21 trata acerca de una agencia privada de información crediticia alemana (SCHUFA) que proporciona información sobre la solvencia de los consumidores a sus socios contractuales. SCHUFA establece puntajes de crédito donde la probabilidad del comportamiento futuro de una persona se predice sobre la base de ciertas características de esa persona, utilizando métodos estadísticos matemáticos.

Las organizaciones Algorithm Watch y Open Knowledge Fountation lanzaran la campaña OpenSCHUFA que, aparte de arrojar luz sobre el tema y visibilizar la conducta poco transparente de la empresa, también condujo a la evaluación de datos de más de 2000 consumidores por parte de periodistas de datos de BR Data y SPIEGEL Data. La investigación concluye que muchas personas son declaradas caso de riesgo sin culpa propia.

El caso europeo pretende definir cuestiones tales como si la calificación crediticia es una decisión basada únicamente en el procesamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, y los límites de la ley europea de datos (RGPD) para aplicar el credit scoring. La Corte de Justicia va a analizar la aplicación del artículo 22 del RGPD, que trata del derecho del interesado a “no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar”. Esta semana, el Abogado General publicó su opinión en el caso de que, entre otros puntos, la conservación de datos por una agencia privada de información comercial no puede ser lícita “a partir del momento en que los datos personales relativos a una insolvencia se hayan suprimido de los registros públicos”.

Brasil: múltiples leyes para la protección de los derechos

En Brasil, la discusión también está caliente. A mediados de febrero, Idec publicó el libro “El consumidor en la era del puntaje de crédito”, coordinado por Juliana Oms y disponible en versión digital. El libro trae varios artículos que exploran cómo se puede entender el interés económico en relación con la protección de datos personales y la privacidad, además de profundizar en la producción de la regulación en Brasil sobre el tema en los últimos años, y analizar la perspectiva de defensa del consumidor sobre el tema.

Por un lado, la legislación brasileña, a pesar de estar inspirada en la legislación europea, define de manera muy amplia la protección del crédito como una de las hipótesis para el tratamiento de datos personales. Por otro lado, la ley específica sobre la materia (Lei do Cadastro Positivo) prohíbe el registro de información excesiva que no esté vinculada al análisis del riesgo crediticio del consumidor; e información sensible, como origen social y étnico, salud, información genética, orientación sexual; y creencias políticas, religiosas y filosóficas. Tal como lo entiende la jurisprudencia brasileña, el uso de este tipo de información sería un abuso de derecho, lo que está prohibido por el Código de Protección del Consumidor.

La inteligencia artificial, datos crediticios y sus riesgos

El tema aún está en discusión y, actualmente, se está abordando el riesgo de utilizar sistemas de inteligencia artificial (IA) para este propósito. En el marco brasileño de las discusiones del Proyecto de Ley sobre inteligencia artificial, la comisión de juristas encargada de analizar los proyectos de ley propuso la adopción de un sistema de calificación de riesgos, que debe ser un paso previo a la publicación de la oferta de estos productos ante los consumidores. Por lo tanto, los sistemas de IA considerados de alto riesgo han de adoptar medidas de mitigación, como realizar una evaluación de impacto algorítmico y adoptar medidas de gobernanza, y medidas de gestión de datos para aminorar y prevenir sesgos discriminatorios. El sistema de calificación crediticia, según la propuesta, sería un sistema de alto riesgo y, por ende, requiere del cumplimiento de las medidas mencionadas.

La solución propuesta por la comisión brasileña de juristas brinda mayor protección a los derechos humanos involucrados en este caso: la privacidad y la no discriminación. Sin embargo, aún queda un largo camino para que la ley sea aprobada y, posteriormente, sea aplicada efectivamente por las instituciones.

Hay mucho por hacer

Si, por un lado, hay un discurso que avala el uso de este tipo de herramienta, en tanto puede servir para tener un acceso más fácil al crédito con tasas más bajas, por otro lado, hay muchos riesgos que deben ser tomados en cuenta: denegaciones indebidas de acceso a crédito, discriminación, violación sistemática de la privacidad, uso indebido de datos sensibles, entre otros. Los factores se vuelven más complejos cuando se observa la falta de transparencia respecto de varios factores importantes de los sistemas utilizados, además de los problemas relacionados con el uso de herramientas automáticas para la evaluación.

Vemos que el análisis de algunas de las jurisdicciones apunta a la complejidad de este tema, en vista de las múltiples leyes de consumo, protección de datos y otros temas que están involucrados con el cumplimiento de los numerosos derechos humanos que se evidencia en este caso. Junto con ello, la existencia de varias instituciones encargadas de la supervisión, además del uso intensivo de herramientas de inteligencia artificial en este análisis, también son otras cuestiones que agregan complejidad al tema. Necesitamos ser conscientes de la necesidad de una mejor regulación y actuación de las autoridades sobre los datos crediticios, por el alto impacto que su uso y tratamiento tienen en la vida de las personas.

¿Por qué la privacidad y la protección de datos son clave para la igualdad de género?

Cuando hablamos de protección de datos y privacidad en el ámbito digital es necesario comprender que la temática es compleja y que cuenta con una multiplicidad de debates que intentan abarcarlo de la mejor forma posible. Es necesario tener un espacio para cuestionar por qué esta temática es importante a nivel individual y general, y cómo estas reflexiones podrían generar cambios para que mujeres y personas pertenecientes a la comunidad LGBTQIA+ puedan aprovechar de forma libre y segura plataformas digitales y, en general, su día a día.

¿A qué nos referimos cuando hablamos de la privacidad y protección de datos?

La privacidad y la protección de datos, son usualmente temas vistos de la mano. El derecho a tener una vida privada asegura la libertad y dignidad de las personas, y a su vez está directamente relacionado con garantías tan importantes como la libertad de expresión y protección de datos personales.

Esta relación usualmente es vista en simples palabras, que definen la privacidad de datos como el medio por dónde se define quién accede a los datos; mientras que la protección de datos refiere a la provisión de herramientas y políticas dedicadas a establecer cómo se accede a los datos. Es crucial estar conscientes de que esto tiene mayor profundidad, ya que las definiciones sustantivas varían dependiendo de los marcos normativos de cada país, e instrumentos internacionales a los cuales se asocian.

En la medida en que nuestras vidas se asocian a la actividad online, es más sencillo identificarnos y recolectar información sobre nuestros cuerpos, datos biométricos, gustos, opiniones, entre otros. Y esto, finalmente, pasa por procesos en los cuales las personas consienten o no, a entregar estos datos, sea desde una firma electrónica hasta hacer “clic” al aceptar los términos y condiciones de alguna página web o app.

En este sentido, el cómo se obtienen los datos, y cómo estos se utilizan posteriormente es clave para entender estas temáticas.

Por ejemplo, existen hoy en día aplicaciones que se utilizan para hacer tracking de salud reproductiva de mujeres, que ayudan a monitorear la regularidad menstrual, entre otros temas, que han sido denunciadas por compartir datos con terceras partes, sin protección de privacidad y generando beneficios económicos a partir de esto.

¿Por qué es importante considerar esta temática desde una perspectiva feminista?

El estado actual de desigualdad a nivel socio-económico que afecta a mujeres y comunidades LGTBIQIA+ atraviesa el espacio digital.

El derecho a la privacidad desde una perspectiva de género es particularmente crucial porque el acceso a plataforma digitales permite comúnmente limitaciones que derivan desde una estructura patriarcal. Un ejemplo de esto es la asimetría de poderes, pérdida de privacidad, violencias digitales, discriminación y falta de consideración de la intersección de raza, clase, género, entre otros.

La noción de privacidad ha sido un tema clave desde las perspectivas feministas, sobre todo desde la división entre lo privado y lo público. De esta forma, después de varias décadas abogando por la importancia de considerar lo que pasaba en el ámbito “privado” y no sólo en el público, fue posible comenzar a indagar en temáticas de violencia para tratar con estas temáticas desde lo público. Y es así, como hay que considerar también la dicotomía de lo “online” y lo “offline”. Aunque estas temáticas sean pertinentes a lo “online” y a lo privado, no deben dejar de ser importantes de considerar desde una perspectiva feminista.

En este sentido, un reciente estudio del proyecto alemán llamado Forum Privacy, presenta diferentes perspectivas que se han presentado para considerar perspectivas feministas, destacando sobre todo el cuestionamiento de la noción de “protección”, donde se deben dejar de lados las dinámicas asimétricas de poder, y se debe trabajar formas implementar estas dinámicas desde el respeto y empoderamiento.

La importancia de considerar perspectivas que se integren desde el respeto horizontal y el empoderamiento permite preguntarse quiénes están asegurando la protección de datos y la privacidad, reflexionar quién obtiene beneficios de estos procesos; y sobre todo, como podemos asegurar que nuestras acciones del día a día sean en pos de justicia social y los derechos humanos.

¿Qué está pasando hoy en día en Latinoamérica en cuanto a estas temáticas?

En nuestra región la protección efectiva de datos no es una realidad concreta ya que muchos países no poseen marcos regulatorios generales en la materia, y en temáticas de privacidad a veces no se encuentran actualizadas para que sean consideradas en el área digital. Sin embargo, varios países han considerado el habeas data en sus constituciones y marcos legales, y otros han tomado como ejemplo el caso de la Unión Europea siguiendo los ejemplos del GDPR (General Data Protection Regulation).

Todavía existen muchas oportunidades a futuro para seguir trabajando con estos temas, en esta línea Derechos Digitales ofreció el 2022 un resumen de las legislaciones vigentes en países Latinoamericanos en temáticas de protección de datos.

Abarcando la complejidad

La mayor dificultad, que bien aprovechada presenta una oportunidad, es que esta temática no es un tema que concierne solamente políticas públicas, o leyes, si no, concierne una gran complejidad de variables y actores que lo involucran. Una perspectiva feminista en estas temáticas puede otorgar visiones que comprendan las vivencias desde diversas perspectivas, dónde, por ejemplo, el consentimiento informado y activo – considerando igualdad de poderes – puede representar autonomía, libertad y privacidad.

Desde Derechos Digitales se han creado varias campañas para acompañar a las personas en cuanto a la concientización de la importancia de proteger su privacidad y datos, tanto como la Amistosa Caja Anti-Vigilancia, El Anonimato Nos Defiende, No Temas a Internet, entre varias iniciativas.

Para avanzar hacia la igualdad de género sustantiva es necesario reflexionar desde esta perspectiva que comprende a toda la sociedad, invitando a la creación de marcos normativos que garanticen transparencia e igualdad permitiendo considerar la privacidad y protección de datos.

Un FRR para el 8M

En el mundo digital se replica el contexto presente en el mundo off line: las mujeres y niñas son de los grupos más vulnerables a situaciones de violencia basada en género, que además puede ser incrementada por otras condiciones, como ser migrante, pertenecer a una comunidad indígena, o a comunidades de bajos recursos. Al mismo tiempo y tal como pasa en situaciones fuera de la pantalla, mujeres con un perfil público desde el activismo o por trabajar en la política o periodismo también se ven vulneradas y atacadas por su género en espacios digitales. Es así como las mujeres y niñas navegan el mundo social que muchas veces normaliza y ve como positivo desarrollar piel gruesa, siendo responsabilidad de ellas las estructuras sociales que sistemáticamente buscan oprimirlas.

Ante este contexto, se hace necesario tener opciones para dar respuestas e intervenir en la prevención y defensa de los derechos de mujeres y niñas y el Fondo de Respuesta Rápida es una herramienta que apoya a la sociedad civil para atender estas situaciones urgentes en entornos digitales.

Las iniciativas que se apoyan desde el FRR son variadas en las dimensiones que intervienen, desde la prevención entre jóvenes universitarias y migrantes a través de mecanismos de alerta temprana, estrategias de reacción frente a situaciones de peligro en línea hasta litigio estratégico en casos de extorsión digital. Estos proyectos tienen en común el objetivo de protección de mujeres y niñas en actividades cotidianas y rutinarias, que son parte de su vida y de su identidad, que es donde residen las potenciales amenazas.

Las amenazas en la cotidianidad

La Fundación Datos Protegidos en Chile trabaja para brindar apoyo para víctimas de violencia de género y extorsión digital, sentando un precedente importante en el país y para la región. Con el apoyo del FRR, llevaron adelante el caso de José Miguel Zárate quien fue acusado de los delitos de amenaza, extorsión, sabotaje informático y difusión sin consentimiento de imágenes íntimas de más de 18 mujeres. El impacto de esta intervención obliga a la discusión más profunda del sistema y sobre lo que ocurre con la violencia digital en Chile en donde “se requiere instalar el debate sobre las sanciones, reparación y garantías respecto a la vida privada de cada mujer, adolescente y niñas ante la gravedad de las circunstancias y el impacto social que este tipo de violencia ha generado por el uso masivo de nuevas herramientas tecnológicas”.

Igual de cotidiana es la situación crítica que la Red Interuniversitaria Seguras y Educadas de Guatemala atendió através de Tecnofeministas para desarrollar alertas tempranas y sistemas de cuidado y protección de las universitarias para hacerle frente a la violencia machistas en las universidades del país. Es una forma de reclamar su espacio y dar una respuesta que ninguna otra institución da: “que nadie diga que nosotras no pertenecemos a este lugar. Que lo escuchen las universidades y las autoridades del país, porque las mujeres hacemos uso de la Internet y merecemos hacerlo sin ninguna amenaza.” Tecnofeministas ofrece una escuela de formación digital en la que las participantes puedan aproximarse a los parámetros técnicos del internet e identificar estrategias de acción ante situaciones de ciberacoso sexual.

Por otra parte, para que en las comunidades las mujeres y niñas puedan tener una presencia en internet segura a pesar del contexto, la corporación Cambio Sostenible en Colombia ha estado trabajando con ellas en el proyecto Digitalmente Seguras, que busca reducir la vulnerabilidad de este grupo en entornos digitales, especialmemte como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 que afectó duramente la economía de muchos grupos y comunidades. En su trabajo evidenciaron “un aumento de 1000% de los índices de explotación sexual y reclutamiento forzado en el contexto covid 19, de las cuales 7 de cada 10 víctimas son niñas y mujeres” mientras que la inmigración a este país mantenía su ritmo.

Sólo una muestra

Los proyectos presentados son una muestra de las intervenciones que hacen organizaciones y activistas en la región para que el entorno digital sea un espacio de oportunidades para el libre goce de derechos para las mujeres y niñas. Estas iniciativas que se multiplican de país a país, resaltan la carencia de una respuesta institucional contundente en forma de marco legal, formación e implementación que brinde protección, reparación y justicia necesarias para lograr un mundo más justo y seguro.

Mujeres haciendo tecnología

“Pregunte al doctor, pida ayuda a la enfermera, llame a los informáticos, pida una cita a la secretaria”. Esta ha sido la primera forma de aprender que las carreras y profesiones tienen género y que las sociedades han ido construyendo de forma intrínseca perfiles que deben ser completados para destacar en ciertas áreas. Las mujeres deben buscar trabajos adecuados que no afecten su condición de “princesas” en la sociedad o, peor aún, deben dedicarse a cuidar sus hogares, hijos y esposos con ferviente devoción. Estos modelos sociales han limitado y han hecho que las mujeres cuestionen sus habilidades, capacidades y límites pero ¿esto es suficiente para detener un sueño y la lucha?

La respuesta parece contradictoria. No, no ha sido suficiente para evitar que las mujeres incursionen en la ciencia, las medicinas, la tecnologías y todo cuanto han querido hacer, sin embargo, algunas han tenido que hacerlo bajo firmas que oculten su identidad o ceder el crédito de propiedad a un hombre. Y sí, a callado a otras y obligado a que interpreten el guíon escrito para ellas. Es por esa misma razón que la lucha hecha, los derechos y el reconocimiento alcanzado tiene más valor para ellas.

Hablando de las áreas que no dejaron de explorar, las mujeres han estado presentes en el campo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) desde los inicios de la computación. Con Ada Lovelace primera programadora del mundo, trabajó junto a Charles Babbage en el diseño de la «máquina analítica» en la década de 1840. Su trabajo incluyó la creación de algoritmos que permitirían a la máquina analítica realizar cálculos matemáticos complejos. Lo que sería “tomar notas y agregar comentarios” resultó en superar el trabajo inicial.

Y si seguimos mirando la historia, nos encontramos a más mujeres que escribieron su propia historia y muchas de ellas en binario. Así como Grace Hopper, una programadora y matemática, conocida como la «reina de la programación» o Radia Perlman, madre de la internet, ella desarrolló el protocolo Spanning Tree o Shafi Goldwasser pionera en la criptografía y la seguridad o quizá como Hedy Lamarr actriz austriaca y científica que hizo importantes contribuciones en el campo de las comunicaciones inalámbricas, creando las bases de lo que hoy conocemos como WiFi (difícil pensar una vida sin esto, ¿no?).

En la actualidad, las mujeres desempeñan un papel clave en la industria de las TIC, llegando a liderar proyectos de investigación y desarrollo, creando nuevas empresas y diseñando productos y servicios innovadores que están transformando el mundo. Además, las mujeres están trabajando para cerrar la brecha de género en la industria de las TIC, abogando por la inclusión y la diversidad en la fuerza laboral de las TIC.

La presencia de mujeres en la industria de las TIC no solo es importante por una cuestión de equidad de género, sino también porque las mujeres pueden aportar perspectivas únicas, amplias, diferentes y habilidades valiosas a la industria. Los nuevos desafíos globales no miran al género, por eso los equipos que los resuelven y trabajan en ellos, tampoco deberían hacerlo.

Celebramos el papel fundamental que las mujeres están desempeñando en la creación y evolución de las TIC. Al fomentar la participación y la representación de mujeres en este campo, estamos ayudando a garantizar un futuro más justo e igualitario para todas y todos.

Conmemoramos la construcción lenta y silenciosa que hicieron las mujeres del ayer para que las mujeres de hoy tengan más oportunidades y apoyamos a las mujeres de hoy que inspiran y acompañan a quienes serán las mujeres de mañana. Caminamos juntas hacia una reconstrucción de la historia y hacia una sociedad que no impone ni juzga.

¿Tecnologías para la equidad y el empoderamiento? Notas para superar perspectivas coloniales y deterministas sobre las tecnologías

Esta semana se iniciaron los trabajos de la 67 ^a Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW67, por su sigla en inglés). La CSW es una instancia auspiciada por Naciones Unidas que tiene como objetivo avanzar hacia la “igualdad y el empoderamiento de las mujeres”.

Este año, la Comisión tiene como tema prioritario “La innovación y el cambio tecnológico, y la educación en la era digital para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas”. El tema ofrece muchas posibilidades de avanzar en acuerdos urgentes y necesarios sobre como las tecnologías digitales pueden efectivamente favorecer la equidad de género.

A la vez, representa una oportunidad para reforzar lineamientos que permitan establecer límites necesarios para que estas tecnologías no profundicen desigualdades. Sin embargo, el colonialismo, el punitivismo y el determinismo tecnológico pueden representar barreras importantes para que se alcancen conclusiones significativas. Peor que eso: sumados a la ausencia de una mirada interseccional y de derechos humanos, pueden implicar retrocesos en consensos que se vienen plasmando hace décadas a nivel internacional.

Derechos Digitales ha sido participante activa de las discusiones: en octubre de 2022 co-presidimos la reunión de expertas realizada en preparación para la CSW y participaremos intensamente de las actividades oficiales y paralelas a lo largo de toda la reunión en Nueva York.

En esta columna compartimos algunas impresiones y prioridades que creemos que deben ser consideradas en las discusiones, a partir de una detenida revisión del borrador inicial de conclusiones de la CSW67.

Una perspectiva de derechos para contrarrestar el determinismo tecnológico

Si bien podemos afirmar que desde el derecho internacional han habido avances en comprender que las normas de derechos humanos y su aplicación tienen que acompañar la transformación tecnológica, en la práctica vemos escasos compromisos por implementar tales consensos.

Como resultado, las brechas sociales y de género se amplifican y profundizan. El caso latinoamericano refleja cómo las desigualdades estructurales se replican en el entorno tecnológico y grupos históricamente excluidos del acceso a derechos encuentran no solamente las mismas barreras de acceso y uso de tecnologías, sino que están sujetos a nuevas y más complejas formas de violencia, explotación y exclusión.

Casos como el de Belén Whittingslow en Paraguay y de las trabajadoras en aplicaciones de limpieza son crudos ejemplos de las injusticias que se recrudecen alrededor de estos temas. En el segundo caso, también muestran como las mismas se automatizan en forma de códigos algorítmicos.

La vigilancia masiva o dirigida hacia periodistas, defensoras de derechos humanos y grupos feministas, evidencian cómo prácticas autoritarias de persecución, criminalización y silenciamiento de mujeres se refinan con apoyo de nuevas tecnologías de vigilancia.

Frente a evidencias de crecientes de abusos y vulneraciones de derechos facilitadas por las tecnologías en las últimas décadas, la comunidad internacional se vió obligada a superar el mito de la “independencia del ciberespacio” y reconocer las implicancias de las tecnologías digitales en los derechos humanos. Es fundamental que los gobiernos reunidos en la CSW67 construyan sus consensos a partir de la noción, duramente comprobada en la experiencia vivida de millones de personas, de que la tecnología no va a resolver problemas estructurales como los relacionados al hecho de que ciertas poblaciones han sido históricamente marginadas del acceso a derechos en su totalidad.

Además de compromisos concretos con garantizar efectiva diversidad en la producción tecnológica e incentivos al desarrollo de tecnologías alineadas con el respeto y protección de derechos humanos, los Estados deben garantizar un acceso significativo a internet para todas las personas y que los mismos derechos que ellas tienen fuera de línea se apliquen en línea. Se deben adoptar medidas para limitar y regular el desarrollo y uso de tecnologías con potencial discriminatorio y abusivo en relación a los derechos humanos.

Abordar a la innovación, el cambio tecnológico y la educación digital desde una perspectiva de derechos humanos, reconociendo los marcos existentes en la materia, es crucial para que éstos puedan tener algún rol en el alcance de la equidad de género. Cualquier recomendación distinta puede incrementar brechas de género, avalar prácticas autoritarias y retroceder en consensos duramente conquistados a nivel internacional.

El combate a la violencia y censura de género más allá de la criminalización y el paternalismo

Sabemos que la violencia de género facilitada por tecnologías es creciente, y genera múltiples y profundos impactos individuales y colectivos al implicar una forma de censura de género.

En América Latina, la violencia que se manifiesta en el entorno en línea es un duro reflejo de sociedades marcadas por el patriarcado, la misoginia y la homofobia y una extensión de múltiples violencias de género vividas en el ámbito doméstico y los espacios públicos.

La violencia política de género, por su parte, ha representado una barrera adicional a la participación de las mujeres y personas LGBTQIA+ en los espacios de poder y toma de decisión. Junto a la violencia contra periodistas defensoras de derechos humanos, es mucha veces perpetrada por funcionarios y autoridades públicas, como se ha observado en el caso de Brasil, El Salvador y México.

Es urgente el desarrollo de políticas públicas que respondan a esas violencias, responsabilicen a quienes la promueven – incluso cuando se trata de autoridades públicas – y establezcan mecanismos efectivos de reparación. Respuestas desde el derecho penal pueden ser necesarias, pero no son suficientes para dar cuenta de la complejidad del problema y la diversidad de experiencias de vida de las sobrevivientes.

Legislaciones penales promovidas sin perspectiva de derechos humanos pueden ocasionar criminalización y retrocesos en materia de acceso a derechos. El test tripartito y los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad deben ser considerados en cualquier política o acción destinada a la restricción de contenidos de modo a evitar la criminalización y censura de expresiones legítimas, incluso de activistas mujeres y LGBTQIA+.

Es necesario que la CSW pueda incentivar el desarrollo de conceptos comunes y marcos basados en los derechos humanos para responder a todas las formas de violencia de género, incluyendo las mediadas por las tecnologías.

Por una transformación digital basada en la autonomía

La equidad de género jamás puede ser utilizada como argumento para la implementación de sistemas digitales sin criterios de atención a los derechos humanos, como observamos nuevamente en el caso latinoamericano.

Aquí, muchas de las iniciativas de uso de Inteligencia Artificial (IA) en el sector público se dirigen a grupos en situación de vulnerabilidad que terminan expuestos a la recolección de sus datos para distintos fines sin capacidad de ofrecer su consentimiento informado de manera previa y sin mecanismos efectivos de protección ni acceso a la justicia, incluso frente a decisiones automatizadas que se tomen sobre su presente y futuro.

Además de la garantía de derechos básicos a la protección de sus datos – con garantías especiales para la infancia –, las mujeres y personas LGBTQIA+ deben contar con mecanismos efectivos para participar en decisiones sobre el desarrollo y uso de sistemas con potencial de afectar su bienestar.

Tal como señala la Recomendación sobre Ética de la Inteligencia Artificial, adoptada por 193 países de la Unesco, los Estados deben generar medidas efectivas para la realización de estudios de impacto en derechos humanos en el desarrollo e implementación de este tipo de tecnologías. Especial atención debe darse a sus implicaciones en derechos económicos y sociales y al potencial impacto a grupos en condición de vulnerabilidad. Esos estudios deben efectivamente informar la toma de decisiones sobre su desarrollo y adopción, con el establecimiento de límites estrictos a aquellos que no cumplan con criterios mínimos – como ha recomendado la anterior Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Ningún tipo de innovación puede construirse con base en la vulneración de derechos, la explotación y el incremento de brechas e injusticias de género. Las empresas de tecnología deben cumplir con la responsabilidad de respetar y proteger los derechos humanos y los Estados deben adoptar medidas proactivas para promover marcos de transparencia y rendición de cuentas a tales empresas.

Por una innovación capaz de transformar estructuras de género

Es bien sabido que las tecnologías no son neutrales y que tampoco conllevan en sí mismas el poder de transformar realidades sociales. Sostener que la innovación y el cambio tecnológico pueden en sí mismos generar mayor equidad es ignorar la realidad en que las desigualdades e injusticias se plasman y automatizan en crueles códigos algorítmicos. No sólo eso: las brechas relacionadas al desarrollo tecnológico a nivel geopolítico – con las grandes empresas tecnológicas mayormente concentradas en pocos países del Norte Global – reproducen estructuras de extracción y explotación que nos remiten al contexto colonial.

Hay evidencias desde distintas fuentes y perspectivas de cómo tecnologías desarrolladas bajo lógicas comerciales basadas en la vigilancia no solo no contribuyen con la superación de brechas de género, sino que las profundizan. Cambiar esta lógica implica adoptar medidas concretas y proactivas para la promoción de una innovación no solo responsable, pero comprometida con la justicia de género.

Eso incluye avanzar efectivamente hacia la superación de brechas de género más allá de lo digital, pero también es necesario establecer políticas serias de inclusión y participación transversales y con perspectiva de género, reconociendo los avances y acuerdos relacionados a la gobernanza digital desde múltiples partes interesadas.

Son innumerables las iniciativas de producción tecnológica desde comunidades feministas en el Sur Global capaces de potenciar su uso hacia mayor equidad y justicia. Es urgente que los gobiernos reunidos en CSW67 incorporen miradas críticas a sus lentes tecno-solucionistas y adopten medidas para incentivar el desarrollo y la sostenibilidad de formas alternativas de pensar y construir tecnologías.

Espacios digitales más seguros, más libres y más inclusivos

El miércoles 8 de marzo, las calles de diferentes cuidades de América Latina se llenaron de mujeres manifestando, por la igualdad de oportunidades, una vida sin violencia machista, la reducción de la brecha de género, entre muchas otras consignas.

Desde una perspectiva de género, ¿qué valor se da en el espacio digital a los derechos de las mujeres? ¿Existe mayor libertad e igualdad para las mujeres, o se trata de un espacio con más violencia machista y con menor reconocimiento de derechos?

Los movimientos de mujeres se han apropiado de la tecnología como medio denunciar las desigualdades, organizar campañas , para ocupar espacios en el sector TIC como usuarias, investigadoras, programadoras o creadoras de opinión. Para hacer públicas temáticas invisibilizadas, compartir opiniones, y debatirlas. Las redes favorecen la interacción y la sororidad digital: amplían la posibilidad de activismo feminista, la difusión de reclamos o denuncias a través de posteos. Constituyen una herramienta que comparte y expande.

Si embargo, basta analizar cómo se producen las interacciones en entornos digitales, para percibir que se reproducen los estereotipos sexistas presentes en entornos offline. Al tratarse de nuevos medios, en contínua evolución, no es raro que aparezcan nuevas formas de violencia de género y que se intensifiquen las violencias tradicionales. Estas formas se refuerzan debido a la viralidad, permanencia y descentralización.

Es en este contexto, que se vuelven fundamentales los movimientos ciberfeministas (o el llamado feminismo ciberactivista). La defensa de los derechos y la visibilización de problemáticas sociales que estos medios traen aparejados, constituyen los ejes centrales sobre los que trabajan estos movimientos.

Si bien el ciberfeminismo se trata de un concepto en permanente construcción y movimiento en torno a las diferentes formas de concebir la práctica feminista virtual, se pueden identificar algunos objetivos comunes: el modelo hegemónico del ciberespacio y del diseño industrial responde a un modelo heteropatriarcal, el empoderamiento de las mujeres se favorece mediante la apropiación en el acceso, uso, contribución, diseño y desarrollo de las TIC, a mayor presencia de mujeres en las TIC, mayor autoridad femenina en la sociedad contemporánea, las TIC brindan la oportunidad de desafiar la autoridad masculina y las relaciones de dominación basadas en el género para crear prácticas más igualitarias.

La construcción de espacios digitales más libres, más seguros y más inclusivos es tarea de los gobiernos, de las empresas tecnológicas y de la sociedad civil. Las herramientas y los medios, en constante cambio, hacen que sea una tarea desafiante y en continua. Y no hay dudas, la construcción es colectiva.

Belén Whittingslow vs. Paraguay

En contextos de marcada desigualdad de género como en Paraguay y la región, son bien sabidos los niveles de discriminación, estigmatización y denegatoria de justicia que se evidencian en los casos donde mujeres denuncian ser víctimas de acoso sexual. Pero ¿Qué sucede cuando el acoso se ejerce mediante medios digitales? La respuesta no sorprende: la desprotección se profundiza.

Es así que el caso de Belén no puede ser analizado de manera aislada del contexto donde sucede. Un contexto marcado por altos índices de impunidad en casos de violencia de género, incluyendo casos de acoso sexual. Paraguay ocupa el puesto 100 de 153 países del mundo y 23 de 25 países de la región en el Global Gender Gap Index del Foro Económico Mundial del 2020, con una prevalencia de violencia de género de 17,9%. En particular, el caso tiene relación con los elementos estructurales que invisibilizan el acoso sexual como una forma grave de violencia, que ocurre de manera extendida y con impunidad en diversos ámbitos, especialmente los educativos y laborales.

Cuando las violencias son ejercidas a través de medios digitales, como en el caso de Belén, la falta de acceso a la justicia se agrava en tanto este tipo de violencia no ha sido abordada de manera integral por la legislación y las políticas públicas en Paraguay, al no considerarse que las TIC o las nuevas tecnologías profundizan la desigualdad de género y reproducen y/o refuerzan la violencia.

Así, el caso de Belén evidencia muy claramente la falta de reconocimiento, por parte del Estado paraguayo, de que la violencia de género en línea constituye una violación de derechos humanos y una forma de discriminación y violencia. Así también como la falta de aplicación debida de los instrumentos internacionales fundamentales de derechos humanos.

El proceso kafkiano al que fue sometida Belén

Mientras Belén estudiaba derecho en la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” de Paraguay, fue víctima de acoso sexual por un profesor de la Universidad., En el momento de los hechos, el profesor era también agente estatal integrante del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Paraguay, órganos con competencias fundamentales para el nombramiento y remoción de operadores judiciales.

El acoso sexual se inició de manera presencial dentro de la institución académica, en el marco de una relación estudiante-profesor, y continuó perpetuándose de manera digital, principalmente por medio de mensajes e imágenes enviadas a través de la aplicación instantánea de mensajería WhatsApp.

Tras una investigación deficiente y plagada de irregularidades, donde se destaca especialmente la negativa de realizar las pericias de los celulares (principal prueba del acoso), la denuncia fue desestimada.

La decisión fue ratificada mediante una resolución basada en estereotipos y prejuicios de género, donde el Fiscal Adjunto calificó el acoso sexual denunciado como una situación de “galanteo y cortejo”, ignorando abiertamente las manifestaciones de Belén y las pruebas adjuntadas que visibilizaban su clara disconformidad con la situación.

Sumado a esto, el sistema judicial fue utilizado como un medio para intimidarla y amenazarla. Así, inmediatamente después de la desestimación de la denuncia, Belén fue involucrada en dos procesos judiciales que continúan hasta el día de hoy.

Al día siguiente de haber sido notificada de la desestimación de la causa de acoso sexual, Belén fue imputada y posteriormente acusada penalmente sin pruebas en su contra, de haber pagado para falsificar calificaciones de la Universidad en exámenes que no rindió, dentro de la causa conocida como “Compra-nota”. Básicamente la Fiscalía presentó evidencias que correspondían a otras personas imputadas para sustentar los cargos, sin contar con ninguna que incrimine a Belén. Por otra parte, Belén se encuentra demandada en una acción civil por daños y perjuicios en la cual su acosador le reclama una indemnización de 450.000 USD, alegando que las declaraciones hechas por Belén causaron daños a su imagen pública.

En ambas situaciones, la defensa de Belén ofreció reiteradamente la realización de la pericia de los teléfonos como forma de probar la conexión entre la denuncia de acoso con los dos procesos en cuestión. En la causa civil, resultaba especialmente evidente la necesidad de realizar la pericia dado que era la única forma de probar que las declaraciones no eran falsas. La producción de la prueba fue negada en ambos procesos. Vale destacar que uno de los argumentos utilizados en sede civil fue que la prueba ofrecida era sobreabundante e innecesaria por haber sido tratada en sede penal.

Por la causa penal de “compra-notas”, que está estrechamente vinculada a la intensificación de los mensajes e imágenes enviados a Beleén por su acosador, es que Beleén se encuentra actualmente como solicitante de refugio en Uruguay luego de que fuera declarada en rebeldía sin justificación legal, y fuera cancelada su defensa.

Marco internacional: pronunciamientos relevantes

Los instrumentos universales y regionales de derechos humanos establecen las obligaciones de los Estados de combatir todas las formas de discriminación contra la mujer, y de proteger sus derechos humanos, incluyendo el derecho de toda mujer a no ser objeto de violencia.

Si bien dichos cuerpos normativos no hacen referencia al ámbito digital- principalmente porque fueron elaborados previamente al desarrollo de Internet y las TICS- a medida que los espacios digitales se transforman y evolucionan, también deben hacerlo la aplicación y puesta en práctica de las normas de derechos humanos en ese sentido. Siguiendo el informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer acerca de la violencia en línea de 2018, en el plano normativo, la interacción de la tecnología y las normas de derechos humanos de la mujer se caracteriza por el reconocimiento del principio de que los derechos de las personas también deben de estar protegidos en entornos digitales.

En el mismo sentido, la resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos el 5 de Julio del 2018 reconoce que la definición de la violencia contra las mujeres y niñas se aplica de igual forma al espacio digital, condena todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, incluida la violencia sexual y de género cometidas mediante el uso de las tecnologías digitales.

La CIDH ha manifestado que la violencia en Internet ha surgido como una nueva forma de violencia por razones de género, notando que se esté extendiendo rápidamente y que supone un peligro significativo. Mediante el informe “Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes: Buenas prácticas y desafíos en América Latina y en el Caribe”, reconoce que la violencia en línea contra las mujeres, adolescentes y niñas deriva en un riesgo elevado de actos violentos y de discriminación.

Conforme señalan las organizaciones litigantes, se espera que con la presentación de este caso ante el sistema interamericano, llegue la tan esperada justicia para Belén y que el caso impulse a la generación de estándares interamericanos respecto a la violencia de género en línea, así como también políticas públicas adecuadas para la garantía de la independencia judicial en Paraguay. Desde Derechos Digitales, sumamos nuestras fuerzas a este caso que representa la realidad de muchas mujeres en la región.

La industria de la desinformación y el papel de las plataformas en los ataques a la democracia brasileña

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El pasado 8 de enero, Brasil vivió escenas de terrorismo y violencia con actos golpistas que atacaron la propiedad pública y la democracia. Esto actos fueron perpetrados en Brasilia, por simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro .

Como las investigaciones indican, hay indicios de graves falencias -y posiblemente incluso de indulgencia y perjurios- en la actuación de las autoridades encargadas de la inteligencia y seguridad en los edificios de los tres poderes de la República, pues no habrían previsto ni estaban preparados para la escala de los ataques, que se fue articulando paulatinamente en las semanas previas.

Según apunta la investigación del medio Desinformante, los ataques fueron convocados por redes sociales y en grupos en aplicaciones de mensajería. A lo largo de toda la semana previa a los actos golpistas, grupos y canales bolsonaristas lanzaron llamados «con todo pagado» para atraer manifestantes en Brasilia.

Según una investigación de Agência Pública, los simpatizantes de Bolsonaro utilizaron el código “Festa de Selma” para coordinar la invasión. La expresión, acuñada por Steven Bannon, alude al término «Selva», utilizado por los militares. La investigación además muestra que la expresión había sido utilizada libremente por los bolsonaristas durante días en redes sociales abiertas como Twitter.

Además, mientras destruían propiedades públicas e invadían edificios de la República, los terroristas fotografiaban, filmaban y transmitían en vivo sus actos de violencia en plataformas como Facebook, Instagram y Youtube.

Fue solo después de la decisión de la Corte Suprema de suspender los perfiles de las personas que participaron en los actos que las plataformas tomaron medidas. Como apunta un informe de SumofUs, así como en el episodio en el Capitolio de EE. UU. el 6 de enero de 2021, las plataformas digitales facilitaron los ataques terroristas al permitir que contenidos extremistas fueran ampliamente compartidos durante meses, y que contenidos favorables a un golpe de Estado se recomendaran activamente a los usuarios , incluyendo llamados explícitos a la violencia.

Frente a esto, el tema se vuelve urgente en el contexto de las discusiones sobre derechos digitales: ¿cuál es el papel y la responsabilidad de las plataformas digitales en situaciones de crisis democrática como la ocurrida en Brasil el pasado 8 de enero?

El contexto tecnopolítico de los ataques golpistas y el negacionismo electoral de Bolsonaro

Durante años, el expresidente Jair Bolsonaro y sus partidarios estuvieron haciendo campaña contra las máquinas de votación electrónica, cuestionando la integridad electoral y fortaleciendo una narrativa de fraude. Según el informe «Desinformación en línea y disputas electorales: Quince meses de publicaciones sobre fraude en urnas electrónicas y voto impreso auditable en Facebook», elaborado por el proyecto Democracia Digital, una iniciativa de Escola de Comunicação, Mídia e Informação da FGV, «Entre noviembre de 2020 y enero de 2022, Se encontraron 394.370 posts sobre fraude en máquinas de votación electrónica y votos impresos auditables, publicados por 27.840 cuentas, entre páginas, perfiles personales y grupos públicos”. Entre las doce cuentas que concentran el mayor volumen de interacciones (más de 1 millón cada una) en publicaciones de Facebook sobre fraude electoral y voto impreso, el perfil oficial de Jair Bolsonaro es uno de sus principales voceros, junto al de otros políticos que lo apoyan, indica el estudio.

Los ataques a las urnas electrónicas y el discurso de fraude electoral no solo se vieron fomentados por las declaraciones del expresidente y sus seguidores en las redes sociales. Hubo un intento efectivo de aprobar una enmienda a la Constitución (PEC 135/2019) para introducir «la emisión de papeletas físicas», que pasó a ser conocida como PEC do Voto Impresso.

El negacionismo electoral de Bolsonaro se fortalece desde hace tiempo en sus declaraciones y acciones, y también es estimulado por una industria de desinformación, teniendo las plataformas digitales como principal medio para producir y difundir sus narrativas.

Como lo muestra el estudio de NetLab/UFRJ y un experimento realizado por GlobalWitness, durante el período electoral, el sistema publicitario de Meta no detectó el aumento de contenido de desinformación que atacó la integridad de las elecciones brasileñas de 2022.

En 2022, más de 100 entidades de la sociedad civil y la academia se unieron a la campaña «Democracia Pede Socorro» y publicaron un informe y dos balances con advertencias y recomendaciones sobre el papel de las plataformas digitales en la protección de la integridad electoral brasileña.

Entre los aspectos más destacados, las entidades señalan que la protección de la integridad electoral debe incorporarse como un valor reflejado en las políticas de moderación de contenidos y en sus condiciones de uso, que no deben restringirse al período electoral. Además de adaptar sus políticas al contexto brasileño, las plataformas deben establecer protocolos de gestión para cualquier crisis institucional de gran escala, como el ocurrido el 8 de enero. Otro punto destacado en las recomendaciones es que las plataformas no deben permitir la difusión de contenidos con denuncias infundadas de fraude electoral o que puedan atentar contra la integridad electoral, ni manifestaciones infundadas de cuestionamiento del resultado electoral tras la divulgación del Tribunal Superior Electoral (TSE).

A pesar de los ataques bolsonaristas al proceso electoral, el 30 de octubre de 2022 él fue derrotado en las urnas. Desde el final de las elecciones, los simpatizantes de Bolsonaro han cuestionado los resultados de las urnas, pedido un golpe de Estado, bloquearon carreteras, ocuparon la puerta de los cuarteles e demandaron la intervención de las fuerzas armadas para revertir los resultados de las elecciones. Todas estas acciónes resultaron en los atentados del 8 de enero.

Democracia y plataformas digitales

Si bien un episodio complejo como el del 8 de enero está asociado a diferentes aspectos sociales, históricos, políticos y coyunturales, los atentados golpistas en Brasilia también nos revelan la insuficiencia de las políticas actuales de las plataformas para prevenir movilizaciones antidemocráticas a través de sus redes sociales y/o aplicaciones de mensajería, así como para contener la difusión de contenidos de desinformación relacionados con la integridad electoral.

La articulación golpista por medio de las plataformas es, en parte, uno de los efectos de años de campañas de desinformación perpetradas por una industria publicitaria que produce y difunde fake news, teorías conspirativas y discursos de odio en las redes sociales: y que fue, poco a poco, contribuyendo a la polarización de la sociedad brasileña y la radicalización de la extrema derecha.

Reconocer el papel de las plataformas en la crisis de la democracia brasileña no implica atribuir una causalidad directa entre el intento de golpe y la gobernanza de las plataformas, sino comprender la centralidad de las grandes tecnologías en la mediación de la comunicación política actual.

Para evitar nuevos ataques a otras democracias en otros contextos, discutir la responsabilidad de las plataformas es fundamental en los debates sobre la regulación de plataformas en Brasil y en toda América Latina para garantizar mecanismos más efectivos contra la desinformación, protocolos específicos y más consistentes para enfrentar procesos electorales y crisis institucionales, así como más transparencia y control por parte de la sociedad civil.

*Ejemplo de mensajes que circularon en Telegram: https://desinformante.com.br/atos-antidemocraticos-redes-sociais/

*Convocatoria a a actos golpistas en una red social usando el código «Festa de Selma» https://apublica.org/sentinela/2023/01/bolsonaristas-usam-codigo-festa-da-selma-para-coordenar-invasao-em-brasilia/

*Anna Bentes es profesora adjunta e investigadora de la Escuela de Comunicación, Medios e Información de la Fundación Gertúlio Vargas en Brasil y actualmente trabaja como investigadora visitante en Derechos Digitales analizando la difusión de desinformación en el contexto electoral brasileño. Es miembro del Consejo de la Red Lavits.

Sobre reivindicar el futuro

Hace décadas que nos enfrentamos a narrativas que intentan imponer una idea única de cómo las tecnologías irán a salvar o destruir a la humanidad. Navegamos entre extremos que van del optimismo al pesimismo, pero que se fundan en nociones deterministas de que las tecnologías – presentadas como neutrales – tienen por sí mismas, el poder de transformar el modo en que vivimos, para el bien o el mal.

Nociones tales como “inteligencia artificial” conllevan una idea de poder maquínico que oculta las varias capas de construcciones sociales y culturales que permiten operar a un sistema sociotécnico aplicado. Por ejemplo, al calcular si una mujer de piel negra está o no autorizada a entrar en determinado espacio, o si un video denunciando violencia policial será invisibilizado porque configura una violación de determinadas reglas de contenido en una plataforma de red social privada.

Estas narrativas no se quedan en el campo simbólico, sino que son instrumentos de poder que han sido movilizados para impulsar prácticas y políticas concretas, exclusivamente basadas en el determinismo tecnológico y a costa de la protección de los derechos humanos – como hemos identificado en distintos ámbitos- en los últimos años en América Latina.

Cuando el péndulo se inclina hacia el optimismo, observamos situaciones como la implementación de sistemas de reconocimiento facial en los más variados ámbitos y sin ninguna evidencia de que sean eficaces y libres de riesgos. A veces, incluso en ausencia de las infraestructuras necesarias para su implementación, lo que ha dejado cámaras sin uso en la región.

Cuando el péndulo se inclina hacia el pesimismo, se busca criminalizar tecnologías y las formas de utilizarlas, en vez de abordar los problemas que ese uso revela. Pudimos ver eso cuando la industria de entretenimiento emprendió su cruzada en contra de la piratería y las herramientas que permitían el acceso a contenidos protegidos por derechos de autor.

Pacto Digital Mundial

En la actualidad nos vemos atravesadas por diversas crisis sobrepuestas, algunas más visibles que otras. A la crisis ambiental se ha sumado la crisis de salud manifestada por la pandemia de COVID-19, además de las diversas crisis económicas, políticas, migratorias y sociales en la región. Pensar el futuro parece casi imposible frente a la incertidumbre que se impone.

Sin embargo, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres ha propuesto a los Estados construir una agenda de acción común que incluirá una Cumbre del Futuro y, en ese marco, desarrollar propuestas para el futuro digital. Según el Secretario General, la cooperación digital será crucial para que las tecnologías digitales se centren en el bien común y garanticen que «los daños potenciales del ámbito digital» no «corran el riesgo de eclipsar sus beneficios».

Un Enviado para la Tecnología fue designado por el Secretario General para liderar la construcción de un Pacto Digital Mundial, que parte de un proceso abierto y será finalmente definido por los gobiernos de todo el mundo.

Los temas puestos en discusión son: conectar a todas las personas a internet, incluyendo las escuelas; evitar la fragmentación; proteger los datos; aplicar los derechos humanos en línea; introducir criterios de responsabilidad para la discriminación y los contenidos engañosos; promover la regulación de la inteligencia artificial; el bien común digital como bien público global.

Hacia un futuro múltiple y multiplicado

No es la primera vez que la ONU lidera un proceso para pensar el rol de las tecnologías en la sociedad. Desde la primera Cumbre Mundial de la Sociedad de Información, hace 20 años, sabemos que los mismos derechos que las personas gozan fuera de línea, también deben ser protegidos en línea. Incluyendo la libertad de expresión, el acceso a la información y la privacidad.

Sabemos que existen brechas de acceso a las tecnologías entre los países y dentro de ellos. Sabemos que estas brechas incluyen brechas de género y que las violaciones a la privacidad afectan especialmente a niñes, mujeres y grupos vulnerables y marginalizados.

También sabemos que, además de los Estados, las empresas (incluidas las tecnológicas) tienen el deber de respetar y promover derechos humanos, y que las decisiones sobre gobernanza digital deben involucrar las múltiples partes interesadas: gobiernos, sector privado, academia y comunidad técnica, y la sociedad civil.

El Pacto Digital Mundial no puede retroceder en esos consensos, pero también debe ir mucho más allá. Debe escaparse de narrativas deterministas o polarizantes sobre tecnologías y pensar caminos que apunten a la superación de las brechas y desigualdades geopolíticas y sociales que se incrementan a raíz del desarrollo tecnológico.

Reconocemos que el proceso tiene límites y que debemos aún disputar los mecanismos para la participación de la sociedad civil en la redacción del texto final y en su implementación.

La consulta abierta llevada adelante por el Enviado para la Tecnología, disponible hasta el 31 de marzo, ofrece la oportunidad de incidir en la construcción de otras narrativas e imaginarios sobre tecnologías. Narrativas que no estén ancladas solamente en la protección de derechos y la búsqueda por justicia y equidad, sino también en siglos de conocimiento acumulado en la región sobre formas de pensar, hacer y relacionarse con las tecnologías, distintas al tecnosolucionismo predominante.

Escaparse de las trampas que nos encierran en un futuro controlado y monopolizado por modelos coloniales, extractivistas y de explotación es un desafío permanente. Podemos aprovechar la invitación de la ONU para atrevernos a experimentar e imaginar los múltiples futuros viables para nuestras sociedades.

¡Ahora es ya! Reconociendo desafíos y oportunidades desde la agenda internacional para las niñas en la era digital

Hoy en día nos encontramos con una desafiante brecha de acceso al internet entre hombres y mujeres. Según datos recientes de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) tal brecha es del 17% a nivel global, y puede llegar a un 52% dependiendo del país. En este contexto, un reciente estudio demostró que las niñas además enfrentan una inserción a herramientas digitales más tardía comparada con la de los niños, y usualmente es restringida por sus tutores/madres/padres. Además de la brecha actual de acceso, otras brechas son generadas por el cómo se enseña y motiva a las niñas y mujeres jóvenes a interesarse en carreras relacionadas con el área STEM (Ciencia, Tecnología, ingeniería y Matemáticas) y por cómo se presentan recurrentemente situaciones de ciberviolencia hacia mujeres y niñas.

Estos son algunos de los retos a los que nos enfrentamos en la era digital. Por lo tanto, este año es clave reflexionar, porque no solamente el 11 de febrero es el Día Internacional de las Niñas y las Tecnologías de la Información (TICs), sino también porque la temática de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer N°67 (CSW67) de este año es: “La innovación y el cambio tecnológico, y la educación en la era digital para lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas”.

A través de esta columna, se identifican tres “por qué” claves en cuanto a estas temáticas.

¿Por qué hay que hablar de las niñas y las TICs?

Cuando las mujeres y las niñas tienen acceso a Internet y refuerzan sus habilidades para usar tecnologías digitales la sociedad se beneficia, como se indica a través de Bridging the Gender Divide. Según este estudio, existiría un beneficio para el desarrollo de sus vidas, con mayores oportunidades educacionales, laborales y acceso a la información; explicando que sin cerrar esta brecha digital no sería posible lograr superar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A su vez, el Foro Económico Mundial explica que 65% de los trabajos del futuro para niñas y niños serán plenamente dedicados a la innovación y a la tecnología, dónde las normas culturales e institucionales que no se actualizan generan límites bloqueando el potencial de las niñas en el área digital. Por último, de acuerdo con Plan International, la brecha tecnológica de género también afecta negativamente el potencial de crecimiento económico y desarrollo de los países explicando que, si en tres años 600 millones más de mujeres están conectadas a Internet, se traduciría en un aumento del PIB mundial de entre US$13 mil millones y US$18 mil millones.

Las tecnologías representan, efectivamente, innumerables oportunidades de fuentes de conocimiento, sobre todo considerando el potencial de cambio que poseen las herramientas tecnológicas para las niñas como futuras mujeres a nivel laboral, pero también como futuras líderes de cambio. Entendiendo que ya el 90% de los trabajos tienen un componente digital, se debe impulsar a que niñas se desarrollen y busquen oportunidades motivándolas desde las STEM.

Asimismo, la participación de niñas, mujeres y personas LGBTQIA+ en el espacio digital y la posibilidad de obtener sus beneficios solo se concretiza cuando tal espacio es seguro y receptivo. Factores como la seguridad digital y la respuesta a la violencia de género deben ser abordados no solo desde la regulación, pero también desde la industria, la cual actualmente es mayoritariamente masculina. Es clave contar con mayor participación de personas que representen a las diversidades en la producción tecnológica para avanzar hacia la construcción de espacios digitales seguros, receptivos y respetuosos, dónde compromisos y acciones concretas se muevan en tal dirección.

¿Por qué la CSW67 es importante para las niñas?

La CSW es una sesión de dos semanas organizada por Naciones Unidas donde Estados Miembros, líderes, organizaciones de la sociedad civil y personas con incidencia en la formulación de políticas públicas se reúnen para discutir avances y límites sobre los derechos de las mujeres e igualdad de género.

No se trata de una simple reunión, sino que también reafirma y fortalece los compromisos políticos de los actores previamente mencionados con los derechos de las mujeres y asegura la visibilidad de las temáticas por año. Allí se discuten temas emergentes y se promueve la generación de nuevos acercamientos de propuestas y acciones a las situaciones que mujeres y niñas enfrentan de forma desigual en el día a día.

La CSW67 de este año se llevará a cabo entre el 6 y el 17 de marzo, y es una instancia sumamente importante porque discutirá y establecerá la agenda sobre el cambio tecnológico en la era digital con perspectiva de género a nivel global.

Dentro de la temática principal de este año, existen diferentes temas que fueron destacados por la Reunión del Grupo Experto previo a la CSW67, entre los cuales se encuentran:

Las brechas de género en el acceso y las competencias digitales.

Ecosistemas de innovación inclusiva y transformación digital.

Tecnología e innovación transformadoras de género.

Abordar la violencia de género y la discriminación en línea y facilitadas por las TICs; y proteger los derechos de las mujeres y las niñas en línea.

La necesidad de mejorar las métricas y los datos desglosados sobre las dimensiones de género de la innovación, el cambio tecnológico y la educación en la era digital.

La CSW es una herramienta importante para las niñas y mujeres jóvenes, ya que en esta se pueden levantar temáticas en las cuales ellas se ven afectadas e involucradas en el día a día. Y de manera más importante, considerar a través de todo este proceso las perspectivas de niñas y mujeres jóvenes es imprescindible para que la agenda tenga una perspectiva multidimensional e integral. La transversalidad de género no puede ser efectiva si se dejan atrás estas perspectivas. Es por esto que la CSW cuenta con espacios –como el diálogo interactivo con representantes líderes juveniles– dónde se comparten experiencias, principios y prioridades relacionadas a la innovación y cambios tecnológicos.

Consecuentemente, el hecho de que estos temas sean posicionados desde perspectivas tanto de niñas y mujeres jóvenes como de profesionales expertos, la importancia recae en que se plasmarán diferentes precedentes, en formato de acciones e información en concordancia a la temática, que serán cruciales para el futuro desarrollo de la era digital con perspectiva de género.

¿Por qué todavía no se soluciona la brecha digital?

Es necesario comprender que temas tan amplios no tienen una sola solución, sino que como su complejidad demuestra, se deben considerar una gran cantidad de variables para aportar desde perspectivas de género. Sobre todo desde la interseccionalidad que reflexione a partir de miradas regionales y locales que complementen soluciones integrales.

La brecha digital depende de cómo se entrega prioridad a los recursos y oportunidades para niñas en las TICs y muchas veces esto representa una dificultad, especialmente cuando los Estados no poseen recursos suficientes para esto. Dado lo anterior, existen múltiples iniciativas desde la sociedad civil para aportar para el desarrollo de estas temáticas para niñas y mujeres a nivel regional y global, desde Derechos Digitales existen diferentes instancias, desde publicaciones (clic aquí para la más actual), levantando proyectos como el Fondo de Respuesta Rápida hasta participando en instancias internacionales, tales como la CSW67.

Se precisan, a futuro, medidas que consideren el esfuerzo y compromiso de distintas partes, y a partir de instancias internacionales, como la CSW67, existe la oportunidad de considerar múltiples perspectivas para identificar las necesidades, prioridades y acciones que se requieren para avanzar hacia la igualdad de género, disminuir la brecha digital y mejorar el futuro para las niñas y las TICs.