Tipo de contenido (Recurso): Columnas

Dominio público y deberes de autor

Internet es colonial. No hay ninguna novedad en ello ni tampoco drama en decirlo: es la principal razón por la que Mickey Mouse adquirió (más) protagonismo durante los primeros días de este año que comienza. La pérdida de protección por derechos de autor de Steamboat Willie (1928) que, en la práctica, marca su llegada al dominio público es tema porque así es, en efecto, en los Estados Unidos de América.

Nuestra región, provista de sus propias legislaciones sobre derechos de autor, ofrece algunas pistas sobre cómo se percibe este hito en la Mayoría Global: en Brasil, un buen ejemplo, la primera iteración de Mickey Mouse que protagoniza esta cinta es libre desde el 1 de enero de 1999; Bolivia, Argentina y Uruguay, en tanto, podrán contar con cuantas reproducciones de este ratón permita la creatividad humana, aunque bajo la figura de dominio público pago, es decir, de todas maneras hay que pagar una comisión, solo que esta no va a las arcas de Disney, la compañía, sino que al Estado, a través de una entidad de gestión cultural.

De estos temas nos encargamos usualmente en la Alianza para el Acceso Justo al Conocimiento, en asociación con Fundación Karisma, Fundación Vía Libre, InternetLab, Hiperderecho, Red en Defensa de los Derechos Digitales, Datysoc e IBDAutoral, y cuyo fin es defender y promover el dominio público y los bienes comunes culturales en América Latina. Las últimas noticias provenientes del norte sobre Mickey Mouse, sin embargo, permiten abrir el espacio de discusión sobre autores, titulares y gestoras hacia otros ámbitos. Uno de ellos tiene que ver con el actual panorama de los famosos derechos de autor, que los devela insuficientes para los desafíos del siglo XXI.

El afortunado

Alguna vez, un joven caricaturista de Chicago llamado Walt Disney, junto con el igualmente joven animador Ub Iwerks, fueron empleados de alguien. Por encargo de sus jefes, crearon a un conejo proclive a meterse en problemas y, a la vez, salir de estos gracias a su buena suerte. Oswald, su nombre en inglés, nació en 1927 y protagonizó un par de producciones con éxito moderado. Modesto y todo, sin embargo, dicho éxito despertó la codicia de un par de ejecutivos de la compañía distribuidora, Charles B. Mintz y George Winkler, quienes —según la versión más difundida— lograron hacerse con la propiedad intelectual del conejo.

Este suceso, dicen, es la génesis del ratón animado conocido en el planeta entero y actual rostro principal de una compañía multimillonaria. Su estreno es un hito tanto en la historia de la animación como en la del cine: es el primer cortometraje animado con sonido simultáneo. Como explica en esta entrevista un no-tan-joven Walt Disney, su proceso creativo implicó la sincronía, prolijidad y voluntad de un vasto equipo de artistas; no solo de dibujantes sino también de una orquesta completa que debió ejecutar tanto la música como los efectos sonoros del corto en tiempo real.

Lo que siguió es relativamente conocido: parques de diversiones, un imperio audiovisual cuya punta de lanza, hoy en día, es su plataforma de streaming, millones y millones de dólares generados por The Walt Disney Company. No obstante, entre toda esta maraña corporativa y las diversas alusiones que se han realizado en estos días al golpe que significaría, contra la avaricia de Disney®, la liberación de Steamboat Willie hay dos temas muy importantes: el primero es que las grandes producciones animadas de la compañía están inspiradas, de hecho, en obras que habitan el dominio público: Blanca Nieves, Pinocho y El Rey León son algunos de los ejemplos más ubicuos; el segundo es que, de acuerdo con documentos oficiales, el mismísimo Walt Disney solía decir que esperaba nunca perder de vista que todo comenzó con un ratón.

La autoría es una responsabilidad

Diversas definiciones del derecho de autor suelen relevar su función social para “alimentar la rueda de la creatividad”, al otorgar protección jurídica a los autores y creadores por el solo hecho de haber creado una obra, cualquiera sea su forma de expresión, ya sea literaria o artística, esté publicada o inédita. Así, suponen redacciones como esta, el resguardo legal que tienen las y los titulares les posibilita obtener beneficios morales y patrimoniales derivados de sus creaciones. Esta justa retribución fomentaría, entonces, el surgimiento de nuevos creadores, nuevas obras, etcétera.

No obstante, Mickey Mouse nació de un movimiento opuesto y de una apuesta osada. En 1928 no había forma de prever el éxito que tuvo Steamboat Willie. Del mismo modo, es evidente el parecido que hay entre este y su antecesor: hasta se podría esbozar que el primero es un remix del segundo. Azar o no mediante, la filosofía detrás del ejercicio de los derechos de autor, esto es, la presunta promoción de la creatividad humana al garantizar compensación económica y moral de lo que resulte de ella a sus ejecutoras, no tiene mucho sentido al presumir que la autoría —el arte, inclusive— es tan solo un medio para un fin.

En esta organización se ha defendido históricamente la necesidad de más derechos para que todas puedan participar de la vida cultural y la eficacia incomprobable del derecho de autor respecto del fomento de la creatividad. En el presente, como parte de la Alianza para el Acceso Justo al Conocimiento, lanzamos un Informe sobre Políticas de Inteligencia Artificial y Derechos de Autor en América Latina que subraya la necesidad de una excepción para utilizar grandes volúmenes de libros, artículos, imágenes, bases de datos y otros materiales protegidos por derechos de autor para la investigación académica mediante recursos como minería de texto y datos, y mecanismos de aprendizaje automático.

La entrega de una obra original al acervo cultural del planeta no debería contemplar solamente protecciones para su autor sino también responsabilidades. El concepto de uso justo tiene mucho que ver con esto: en un mundo ideal, la autoría no es una cuestión de vanidad; por el contrario, debería entenderse desde la generosidad. Aun cuando cualquiera puede ser titular de derechos de autor, no cualquiera llega a ser un autor. A su vez, si bien tales derechos protegen a personas naturales o jurídicas, su concepción anglosajona no alcanza para extender dichas garantías a grupos culturales, como es el caso al que se enfrentó el pueblo maorí en relación con la “propiedad” y destino de su lengua o lo discutido en Colombia, en 2013, a partir de un proyecto de Conocimiento Tradicional y Agrobiodiversidad que visibilizó los límites de la ley occidental en cuanto a la protección de saberes ancestrales. Este tema también es trabajado por Salvador Millaleo, en Chile, en la publicación Conocimiento Mapuche y Derechos de Propiedad Intelectual.  

Dominio público para todas las personas

No es posible afirmar ni negar que Walt Disney estaría de acuerdo (en 2024, si estuviera vivo) con el ímpetu litigante que caracteriza actualmente a su compañía, asidua a retirar contenido que infringe el derecho de autor en motores de búsqueda y plataformas. No obstante, y recordando los inicios de Disney®, sí se puede sostener que es el dominio público el que de todas maneras garantiza la regeneración y reproducción de la creatividad humana. Existe antes de la invención del derecho de autor, es para todas e internet —bien lo sabemos— es crucial en el acceso a y distribución de las obras que están amparadas en esta figura.

Hasta ahora, se han anunciado películas de terror y videojuegos de acción donde el protagonista, al igual que en esta columna, es el Mickey de Steamboat Willie. Con certeza surgirán muchas obras más cuya principal razón de ser, aventuramos a decir, es la fama del personaje, pero quién sabe los rumbos que tomará la creatividad y cómo terminará por trenzarse con el uso de la inteligencia artificial en las artes. La pregunta por si lo que deriva de un prompt o comando es titular de derechos, sin embargo, es materia para una columna aparte.

Será decisión de la humanidad, entonces, determinar dónde reside el poder y la responsabilidad que viene de la mano con la capacidad de crear, sea en sus autores, como ya se entiende hasta ahora, o desde el dominio público, como se levanta sin pausa desde los activismos de la cultura libre hace mucho tiempo atrás. En cuanto a Mickey Mouse, hemos de ver cómo actuará Disney, considerando su comportamiento previo, ahora que el inspirador de su marca es patrimonio de todas y que seguramente abrirá nuevos debates en torno a la frontera entre la propiedad industrial y los derechos de autor.

Finalmente, son imperativas más instancias donde se resuelva el destino del dominio público frente a esta encrucijada: si acaso terminará siendo nada más que un repositorio para modelos de inteligencia artificial generativa o si, de una vez por todas, los Estados asumirán el deber de invertir en preservarlo y expandirlo para el bien común.

Ciberseguridad desde una perspectiva de género interseccional: desafíos persistentes a una demanda urgente

Investigaciones que exploran los nodos claves de la ciberseguridad desde una perspectiva de género, hacen hincapié en la vulnerabilidad diferenciada de ciertos grupos ante ciberataques, así como su impacto diferenciado según el género. Tanto la brecha de género, como las dimensiones de la violencia de género se presentan, por lo tanto, como elementos clave para entender a esta problemática.

Si bien la brecha digital de género se ha reducido, persisten desigualdades significativas. Por ejemplo, aunque se registran aumentos en el número de mujeres profesionales en la industria de tecnologías, ellas siguen representando apenas 25% de la fuerza de trabajo en ciberseguridad (contra al menos 40% de la fuerza de trabajo en general). Además, la incorporación de mujeres jóvenes es muy lenta y la ausencia de diversidad es muy notoria en los cargos directivos. Cuando se trata de personas LGBTQIA+ los mismos datos son escasos evidenciando brechas aún más profundas.

Esto también se refleja en las grandes instituciones que gobiernan internet. Como hemos señalado en publicaciones anteriores, por ejemplo, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), sólo ahora tiene una mujer en su Secretaría General, tras décadas de estar encabezada por hombres mayoritariamente blancos.

Ciber-inseguridad y violencia de género facilitada por las tecnologías

Tales brechas históricas han dejado las principales decisiones en materia de tecnologías en las manos de una minoría, lo que ha contribuido con la persistencia de violencias de género que retroalimentan desigualdades luego perceptibles en las políticas. A pesar de ser reconocida internacionalmente como un problema acuciante, la violencia de género facilitada por la tecnología (TFGBV, por sus siglas en inglés) no suele considerarse un problema de ciberseguridad debido a la subestimación de asuntos domésticos/privados y porque se elige dar prioridad a las amenazas “más graves”.

Cabe recordar que la TFGBV es un problema generalizado que vulnera los derechos humanos de las personas afectadas. Actúa como un obstáculo a su pleno ejercicio y representa una barrera adicional para la participación en las esferas económica, social, cultural y política, obstruyendo así la realización de la igualdad de género.

Al tratar de ofrecer respuestas, los Estados a menudo han puesto un foco mayoritario en el uso del sistema criminal mediante legislaciones que han resultado no solo ineficaces sino que han puesto en peligro a las personas a quienes apunta a proteger. En una investigación reciente, hemos señalado que las leyes existentes sobre ciberdelincuencia tienden a prestarse a abusos debido a su terminología imprecisa y a la falta de mecanismos de reparación suficientes. Tampoco están específicamente diseñadas para abordar los problemas de género.

Por tanto, estrategias de ciberseguridad sólidas que sitúen a las personas y al género en el centro de las políticas y acciones públicas son una respuesta importante a la violencia de género y una alternativa al uso de normas sobre ciberdelincuencia, que deben aplicarse e interpretarse de forma restrictiva.

Espacios de incidencia: más allá de la participación

En los últimos años, los procesos multilaterales sobre ciberseguridad empezaron a incluir en sus declaraciones oficiales consideraciones sobre la dimensión de género, pero aún de manera muy tímida y limitada.

La falta de representación igualitaria en los procesos de elaboración de normas técnicas fue considerada especialmente preocupante en un informe reciente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que ahonda en la relación entre los derechos humanos y los estándares técnicos. El documento señala que es difícil encontrar datos fiables sobre la magnitud del problema, en gran parte porque las organizaciones de normalización no recogen sistemáticamente datos desglosados sobre el género de los participantes.

La situación ha sido también diagnosticada al interior de instituciones dedicadas al desarrollo de estándares técnicos. Una resolución sobre Promoción de la igualdad de género en las actividades del Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT (UIT-T), alerta a la escasa participación de mujeres en sus procesos. El documento apunta como necesario garantizar que ellas puedan desempeñar un papel activo y relevante en todas las actividades del UIT-T. En ese sentido, se resuelve dar alta prioridad a la integración de las cuestiones de género en la gestión, la contratación de personal y el funcionamiento del UIT-T, teniendo en cuenta también la representación geográfica. Si bien reconocimientos de este tipo son importantes, el lenguaje de género binario es aún un limitante a la efectiva equidad de género.

El acceso a la participación de mujeres es clave para avanzar hacia un cambio sistémico en el abordaje de la ciberseguridad. Sin embargo, es igualmente importante notar que el abordaje de género es mucho más amplio, y debe incluir aspectos como los riesgos, necesidades e impactos diferenciados en base al género y otras interseccionalidades que deben ser incluidas tanto en normativas como la mencionada, como en procesos de desarrollo de capacidades.

Para que la integración de la perspectiva de género (o gender mainstreaming) sea efectiva, las preocupaciones y experiencias de mujeres y hombres deben ser parte integral del diseño, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de políticas y programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales. En ese sentido, las normas internacionales han reconocido la necesidad de que la legislación y las políticas sean «sensibles al género», es decir, que tengan en cuenta las diferencias de impacto en función del género, y que impulsen un proceso de elaboración de normas más integrador que incorpore diferentes perspectivas de género, aborde las desigualdades e, idealmente, genere empoderamiento.

Esto implica que si bien es importante avanzar en pronunciamientos específicos de la problemática de género en la ciberseguridad, este aspecto debe abordarse integralmente en tanto el género es un factor social transversal que impacta todos los aspectos relacionados a las políticas sobre el tema.

Orientada hacia ese sentido, la resolución del Alto Comisionado referida anteriormente expresa que debe prestarse especial atención no solo a la promoción de la igualdad de representación de género en los procesos de elaboración de normas sino también a la sensibilidad de género de las normas. Esto incluye la necesidad de crear y mantener proactivamente culturas libres de misoginia y discriminación.

Espacios de incidencia como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) –  como hemos señalado en publicaciones anteriores – son fundamentales para fomentar la discusión de aspectos relevantes en la construcción de políticas públicas de ciberseguridad, que están directamente relacionadas con el cumplimiento de los derechos humanos. En términos de género, la participación se vuelve crucial no solo en asegurar paridad en las delegaciones y miembros de sociedad civil, sino en generar códigos de conducta apropiados e instalar la aplicación de la perspectiva de género también como un elemento central de la agenda de ciberseguridad.

Hacia un cambio sistémico en el abordaje de la ciberseguridad

El aporte crucial de la perspectiva de derechos humanos y el enfoque de género a la ciberseguridad insta a contemplar sus necesidades, prioridades y percepciones de la ciberseguridad en función del género y otros factores como orientación sexual, identidad de género, raza, clase social entre otros.

Citando a un reporte presentado por APC, este enfoque no implica simplemente agregar medidas a una política ya existente; sino que representa un cambio sistémico en la aproximación a la ciberseguridad. Aboga por una reevaluación del concepto tradicional de ciberseguridad, para superar la priorización de la defensa nacional o las demandas de la industria, y poner las personas en el centro. En ese sentido, es fundamental entender a las redes digitales como una base esencial para el ejercicio de derechos humanos en la actualidad.

Reconocimiento facial: tecnologías al servicio de la represión

Argentina, diciembre de 2023. Asunción del presidente electo Javier Milei. Recortes, ajustes, protestas. La Unidad Piquetera convocó una manifestación en respuesta a las primeras medidas del nuevo gobierno. El anuncio de la manifestación, planificada para el 20 del último mes del año, fue acompañado de nuevas medidas (y amenazas), que provocaron múltiples respuestas de la sociedad civil. 

Previo a la mencionada manifestación, la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, presentó el llamado “Protocolo antipiquetes”, un documento para controlar la protesta y que menciona la utilización de distintas tecnologías de vigilancia con el objetivo de identificar manifestantes. Según el protocolo, que combina represión y persecución, los datos obtenidos por la policía “serán remitidos a la autoridad de aplicación correspondiente para la adopción de las medidas que correspondan”. Frente a la consulta sobre de dónde sacarían los datos, la respuesta fue determinante; “por las cámaras de reconocimiento facial”, dijo la ministra. “Vamos a identificar a las personas. Vamos a tener cámaras, vamos a tener drones y vamos a tener distintas formas de identificarlas”, afirmó durante  una entrevista en el canal LN+.

Del mismo modo, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunció que si quienes participaran de la protesta fueran beneficiarios de algún plan social, éste se les quitaría. Y volvió a mencionar en un video publicado en redes sociales del organismo, parafraseando al presidente, que “El que corta, no cobra”.

Argentina y el reconocimiento facial

Argentina ha sido pionera en la implementación de políticas de identificación con base en biometría, las que, de manera creciente, han incorporado elementos tecnológicos avanzados. La prensa local apunta a la existencia de al menos tres sistemas de reconocimiento facial automatizado en el país. 

Uno es el que se empezó a usar en 2018 en las canchas del fútbol argentino como parte del programa Tribuna Segura 2.0. El otro, llamado Sistema de Identificación Segura (SIS) es utilizado por las fuerzas de seguridad en ciudades como Rosario para la búsqueda de ”prófugos, personas con antecedentes penales” y con “pedido de captura en la vía pública”.

El tercero, es el sistema de reconocimiento de prófugos y personas desaparecidas que empezó a implementarse en las terminales de transporte público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2019. Este sistema fue declarado inconstitucional en 2022 gracias a un recurso interpuesto por el Observatorio de Derecho Informático Argentino (O.D.I.A.).

Entre otros argumentos, la acción cuestionó la ausencia de estudios de impacto previos a la implementación y de mecanismos efectivos de supervisión y auditoría al Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP). En su momento existieron acusaciones hacia el gobierno porteño por cargar en el sistema datos de más de 40 mil personas, entre ellas dirigentes sociales, políticos, jueces o fiscales entre otros. Se supo también que esos datos se enviaron al Registro Nacional de las Personas (Renaper) sin autorización.

Además de los mencionados, en 2021, el Consorcio Al Sur identificó sistemas de reconocimiento facial activos en la Provincia de Salta y en la localidad de Tigre (Provincia de Buenos Aires).

Tecnologías para la represión

Los impactos del reconocimiento facial automatizado, el uso indiscriminado de datos biométricos y la poca transparencia de las medidas de vigilancia, son temas que la sociedad civil argentina ha discutido largamente en los últimos años. Como era de esperar, los reclamos ante a la nueva Resolución no tardaron en aparecer.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció el protocolo y las acciones frente a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La denuncia fue acompañada por 1700 firmas de centrales sindicales, movimientos sociales, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, gremiales, ambientales, de los pueblos indígenas, migrantes, transfeministas, religiosas, colectivos de infancias, estudiantiles y políticos. Además, más de 15 mil personas firmaron la denuncia a título personal. La carta, menciona que los nuevos procedimientos planteados son “incompatibles con los derechos a la libre reunión y asociación, a la libertad de expresión y a la protesta social, reconocidos tanto en normas locales, como en la Constitución Nacional y en los tratados y estándares internacionales de derechos humanos”.

La Fundación Vía Libre, reforzó en un comunicado que existen garantías previstas legalmente contra la recolección abusiva de datos personales: “la ley de protección de datos personales y el principio de hábeas data con rango constitucional te protege si tus datos de identidad, de salud o de crédito son usados sin tu consentimiento”. Según el texto, “Argentina está queriendo utilizar el sistema de reconocimiento facial para desincentivar las manifestaciones”. La organización recordó que no se trata del primer caso a nivel mundial, refiriéndose a denuncias de activistas frente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el uso de reconocimiento facial en manifestaciones en Rusia.

Luego de la enorme manifestación del 20 de diciembre, y tal como lo había adelantado la ministra Bullrich, se solicitó al actual gobierno porteño la información recolectada por las cámaras, a pesar de la inconstitucionalidad declarada en 2022. Sin embargo, las autoridades se negaron a aportar la información. Según explicaron, el sistema no está en condiciones técnicas ni judiciales para ser usado.

En la ocasión, agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) subieron a transportes que se dirigían a la movilización convocada por movimientos populares y organizaciones sociales, pidiendo documentación y filmando a los pasajeros con el propósito de identificar a manifestantes. Los hechos fueron registrados por una pasajera que subió a sus redes un video donde se observa el momento en que los agentes suben a un ómnibus y registran a los presentes con un celular.

Contra la represión automatizada

Los sistemas de recopilación de información personal ponen en riesgo un conjunto de derechos fundamentales como la privacidad y la protección de datos personales, la libertad de asociación y de expresión, el debido proceso y la presunción de inocencia, entre otros. Es inaceptable que la asistencia social esté condicionada a la abstención de ejercer el legítimo derecho a la protesta. Utilizar la vigilancia y la represión (policial, judicial o administrativa) como amenaza es una forma de censura y una violación de los compromisos asumidos por Argentina a nivel internacional.

El pedido es simple: que el nuevo gobierno argentino atienda a criterios de legalidad y a los procedimientos validados por la justicia y que cualquier acción de vigilancia sea necesaria y proporcionada. Que los órganos de persecución penal y de seguridad pública recuerden sus compromisos constitucionales como límites a sus acciones.

Que la población efectivamente sepa a dónde van sus datos, para qué se van a usar, y que puedan contar con auditorías regulares es una base mínima sobre la que actuar. La experiencia lo ha demostrado: sin transparencia, no hay garantía de derechos.

Y lo más importante: que termine la represión de la protesta legítima, con o sin herramientas automáticas y modernas.

El 2023 en retrospectiva: ¿qué fue de la defensa de los derechos humanos en la era digital?

De crisis en crisis

Parecería ser que no conseguimos salir de situaciones dramáticas. A la emergencia climática y las persistentes consecuencias económicas de la pandemia del COVID-19 y del capitalismo global, debemos sumar los constantes riesgos a nuestras frágiles democracias.

La crisis bélica con que terminó 2022 en lugares lejanos a América Latina, se esparció por el mundo, incluidas amenazas en nuestra región. La violencia en los territorios ocupados de Palestina se extendió al entorno digital, en forma de censura y acoso. A la vez, la atención de usuarias de redes sociales se volcó en solidaridad no solo con Gaza, sino también con el Congo y Sudán. Vimos protestas en toda la región, incluyendo la continuación de protestas contra el gobierno en el Perú, y el surgimiento de violenta represión contra las protestas en Panamá y Guatemala, además del escenario que hoy se abre en Argentina.

A pesar de los cuestionamientos a las plataformas sociales como espacios de desinformación y frivolidad, internet sigue siendo  un lugar para el activismo, la denuncia de violaciones de derechos humanos y el periodismo.

Más tecnologías, más vigilancia

En América Latina pasamos de un año marcado por la vigilancia mediante tecnologías a un año en que, bueno, sucedió lo mismo y a menudo peor. La repetida historia de la vigilancia a través de Pegasus tuvo nuevas revelaciones sobre espionaje en México, El Salvador (a una jueza en una extensión de las revelaciones de 2022) y República Dominicana. Y más spyware fue detectado en México.

A ello se suman los riesgos de moverse de un lado a otro en un cuerpo tangible, en una región con creciente adopción de sistemas de vigilancia biométrica. San Pablo, en Brasil, anunciaba una adquisición millonaria de un nuevo sistema de vigilancia pese a las victorias contra sistemas de reconocimiento facial en el pasado reciente; el transporte público en Bogotá y la policía en Medellín anunciaban nuevas capacidades en Colombia; el nuevo gobierno argentino anunció vigilancia de rostros para identificar y castigar a participantes en protestas. La biometría siguió su expansión para los movimientos entre países: organizaciones de sociedad civil denunciaron el uso en fronteras y sobre personas migrantes. Y mientras en Ecuador se fortalecen capacidades con fines de seguridad y hasta la figura de un agente encubierto digital, languidece la esperanza de hacer aplicable la ley de datos personales aprobada hace años.

Expresión y protesta bajo asedio: dentro y fuera de internet

La situación argentina, una de las secuelas de la elección presidencial de fines de 2023, es parte de una fuerte acción gubernamental contra la protesta social, que merecerá cercana atención en 2024. Con la misma preocupación por la capacidad de trabajo en asociaciones de sociedad civil levantamos la alerta por la regulación de organizaciones en Venezuela.

Vimos  aumentar y profundizarse parte de la discusión sobre desinformación, acentuada en nuestra región por actos de violencia en Brasilia a principios de año, con la preocupación adicional por la desinformación política en ese país. Mientras tanto, en Chile se inauguraba una comisión experta para formular recomendaciones pese a la incertidumbre sobre el real efecto de las mentiras digitales. El traslado de la preocupación hacia una discusión más amplia sobre la regulación de empresas de internet también tuvo énfasis en Brasil, donde el proyecto de ley que partió como uno sobre fake news se convirtió en un debate mayor sobre la regulación de plataformas digitales.

Una importante sentencia de la Corte Constitucional en Colombia, dio importantes luces sobre el rol del Estado en la garantía del acceso a internet, como elemento crucial en el ejercicio de derechos fundamentales.

Nuestra seguridad en el marco vigente de derechos humanos como la referencia directa para exigir deberes de los Estados se mantiene firme, por lo que seguiremos trabajando en el reconocimiento institucional de aquello que sabemos que son nuestras prerrogativas como titulares de derechos fundamentales.

Tecnologías para todas

Sabemos que hay un fuerte énfasis en producir nuevas formas de gobernanza para la inteligencia artificial, incluyendo esfuerzos regulatorios en la región. También nuestro trabajo de este año dio cuenta de la necesidad de integrar perspectivas feministas al desarrollo tecnológico, y publicamos un informe en la materia con contribución significativa de especialistas de toda América Latina, además de coorganizar un taller sobre justicia de datos para recabar más perspectivas de personas expertas de la región.

Nuevas actividades dentro de nuestra línea programática sobre inteligencia artificial e inclusión se proyectarán hacia los próximos años para dar cuenta de la necesidad de aprovechar la oportunidad histórica de incidir en el desarrollo tecnológico futuro, con respeto a la democracia, los derechos fundamentales, el medio ambiente, y la inclusión. Es cierto que la tecnología es una fuente de riesgos y oportunidades, pero materializar estas últimas requiere una actitud vigilante y proactiva.

Solidaridad en tiempos de crisis

Este año, el trabajo de Derechos Digitales se vio fuertemente marcado por nuestra dedicación a la colaboración y el fortalecimiento de la sociedad civil en toda la región. Condujimos regionalmente acciones dentro del proyecto Greater Internet Freedom, para generar evidencias, reforzar activismo y construir capacidades en varios países de la región, dando lugar así a la publicación de una nueva versión de Latin America in a Glimpse, dedicada la conectividad en distintas áreas de la Amazonía.

También apoyamos financieramente al trabajo de activistas en la región, entregando fondos a 20 iniciativas de 13 países de la región, a través de nuestro Fondo de Respuesta Rápida y nuestro nuevo Fondo de Derechos Digitales, cuyo sistema de gestión sigue recibiendo el registro de postulantes y de proyectos. Apoyamos la formación de capacidades para personas en etapas iniciales o con interés en el trabajo por los derechos digitales, mediante un curso introductorio a fines del año. Examinamos el rol de la evaluación en el trabajo del activismo de sociedad civil.

Este año, inauguramos el Programa LaREDD, para la resiliencia y la defensa digital, mientras mantenemos nuestro trabajo de formación de confianza con personas expertas en seguridad digital en la región. Recibimos al primer par de pasantes con énfasis de inclusión en materias de seguridad y resiliencia digitales.

Fuimos parte del lanzamiento de una nueva Red Global para la Justicia Social y la Resiliencia Digital. Mantuvimos nuestra participación en nuestras múltiples redes, como el consorcio AlSur, la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), IFEX, la Global Network Initiative (GNI), el Movimiento para una Mejor Internet (MFABI), la Red de Datos para el Desarrollo (D4D) y más.

Creemos en la cooperación como vía para el fortalecimiento mutuo, y seguiremos en ese camino.

Los desafíos globales de 2023 y 2024

Nuestra misión regional reconoce la necesidad de poner atención en procesos y eventos globales relacionados con los derechos humanos en la sociedad digitalizada. Seguimos con fuerte involucramiento en lugares como: el Comité Especial que discute un nuevo tratado de cibercrimen en el Tercer Comité de la ONU; el Grupo de Trabajo de Composición Abierta del Primer Comité, dedicado a la seguridad y el uso de las tecnologías, especialmente por los Estados. Continuamos el seguimiento de procesos en foros técnicos que inciden en el desarrollo de las redes y el impacto de las mismas en las posibilidades de los derechos humanos; la atención a tratados de libre comercio que por la vía del intercambio comercial pueden comprometer los derechos de las personas o transarlos por ventajas económicas.

También en  la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, dedicada a las tecnologías y la superación de las brechas; en el seguimiento de las discusiones en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual con posible impacto en el futuro del acceso al conocimiento; todo sumado a la atención dada a espacios como la UNESCO y sus iniciativas en IA y en gobernanza de plataformas, el Foro de Gobernanza de Internet, la Freedom Online Coalition, y mucho más.

En 2024 seremos testigos de la celebración de una Cumbre para el Futuro, organizada por Naciones Unidas, que incluirá un Pacto Digital Global, cuya elaboración ha traído múltiples preocupaciones para una sociedad civil global con renuencia a dejar el futuro digital a la decisión entre estados. Sabemos que se trata de una oportunidad de retomar el futuro a favor de los derechos humanos, por sobre los intereses gubernamentales.

Y en todos estos espacios, actuales y futuros, locales y globales, confiamos en el poder de la sociedad civil para cambiar la sociedad. La defensa de una perspectiva latinoamericana de los derechos humanos en la era digital requiere también la visibilización de la misma en múltiples espacios, gubernamentales e intersectoriales, con alcance global y con solidaridad transregional con el resto de la Mayoría Global.

El 2024 será un intenso año electoral, incluso para varios países de la región. Estaremos atentas a los procesos de cambio y a las posibles amenazas a nuestras democracias.

También, con una preponderancia de las personas, como tú y yo, y de grupos y comunidades, como todas nosotras, como verdaderas agentes de cambios que no tengan al poder estatal o empresarial como los grandes ganadores del futuro. Puedes confiar, como siempre, que desde Derechos Digitales seguiremos trabajando para que el futuro sea de todas.

Reflexiones sobre la privacidad en videoconferencias

En primer lugar, están los servicios provistos por grandes empresas de Internet como son Zoom, Google Meet, Teams e Skype de Microsoft, entre otros. Estas plataformas suelen dar un servicio limitado gratuito y además ofrecen la posibilidad de pagar para tener funcionalidades extras.

Más allá de ser un servicio pago o gratuito, estas plataformas tienen la característica que la comunicación es gestionada por las empresas que proveen el servicio. Las conversaciones que viajan entre nuestros dispositivos y los servidores de las plataformas es cifrada. Esto quiere decir que alguien que pueda vigilar nuestras comunicaciones no tendrá la posibilidad de saber con quién hablamos ni lo que estamos diciendo, lo que es bueno y es el mínimo seguridad que se esperaría para cualquier sistema de comunicación.

Por otro lado, las empresas que proveen el servicio lo pueden ver todo y, si lo desean, tienen la capacidad de grabar y transcribir las conversaciones.

¿Nos sentiríamos a gusto si tuviéramos una conversación con micrófonos y cámaras en nuestra casa u oficina de trabajo? ¿Nos cuestionaríamos quién puede escuchar estas conversaciones y para qué? ¿Existe algún problema si las grandes empresas de internet pueden escuchar y grabar nuestras conversaciones?

Para contestar esta última pregunta vale la pena regresar a 2013, cuando Edward Snowden filtró documentos secretos de la agencia de inteligencia de Estados Unidos NSA. En estas revelaciones aparece el programa PRISM, en el que participaban empresas como Google, Microsoft, Meta (entonces Facebook), Yahoo, entre otras. Según las filtraciones, las empresas debían entregar información de cualquier usuaria si el gobierno de Estados Unidos se los pedía. Para ese entonces ya se incluía a las videoconferencias.

¿Estaríamos cómodos si supiéramos que en nuestras casas hay micrófonos y cámaras por dónde miran y escuchan agencias de inteligencia? ¿Está bien que nuestras conversaciones puedan ser escuchadas? ¿Se puede hablar por Internet sin que nos escuchen?

El primer camino es el cifrado de extremo a extremo. En ese caso, las organizaciones o personas que proveen el servicio no serán capaces de escuchar las conversaciones. Según las preguntas frecuentes de Zoom, es posible habilitar esta opción en sus llamadas. Sin embargo, si revisamos la historia reciente, en el año 2021 Zoom tuvo que pagar 85 millones de dólares en EEUU, como resultado de una demanda colectiva donde se les acusó de mentir sobre el cifrado extremo a extremo y entregar información a Google y a Facebook.

¿Se puede confiar en Zoom o cualquier otra empresa que provea cifrado extremo a extremo? La respuesta es sí, siempre y cuando se trate de software libre y que el protocolo de cifrado funcione en nuestro dispositivo y no en el servidor. El software libre es importante porque se sabe de manera pública cómo funciona la aplicación y se la puede auditar de forma colectiva a nivel global. Es muy difícil poner puertas traseras con este esquema de desarrollo. Por otro lado, es importante que el cifrado de extremo a extremo suceda en nuestros dispositivos, porque por más libre que sea el software, no podemos saber si el sistema que funciona en el servidor ha sufrido modificaciones y pueda servir para espiarnos.

En ese sentido, las videollamadas de Signal están cifradas de extremo a extremo desde finales de 2021 para llamadas de hasta 5 personas y se supone que hoy en día soportan hasta 40. Si bien es una aplicación con más de 10 años de existencia y ha demostrado ser confiable, tiene un problema. Todas las comunicaciones son gestionadas por los servidores de Signal. Si bien no pueden escuchar las llamadas, tienen la posibilidad de monitorear quién se comunica con quién a través de los metadatos. No significa que suceda, pero es algo técnicamente viable.

Si no se puede confiar en quién provee el servicio, ¿qué se puede hacer? Una opción es gestionar el servicio de manera autónoma con servidores propios que funcionen con software libre. De esta forma, la gestión de la comunicación ya no pasa por proveedores conocidos por colaborar con agencias de inteligencia o lucrar con nuestros datos. En otras palabras, se transfiere la confianza de estos proveedores a nuestra organización o a un proveedor más chico en el que se pueda confiar.

Herramientas libres como Jitsi y Big Blue Button permiten tener un sistema de videoconferencias propio. Si bien las comunicaciones ya no pasan por las grandes empresas de tecnología, en principio no están cifradas de extremo a extremo. Esto quiere decir que las personas que gestionan las comunicaciones podrían vigilarlas. Por ello, es muy importante conocer quién nos da el servicio y confiar en nuestro equipo. Es importante también destacar que Jitsi está trabajando para tener cifrado de extremo a extremo en sus comunicaciones.

¿Existe alguna opción en la que dos o más personas puedan hablar por internet de forma segura sin que un tercero sepa que esto está sucediendo? Puede sonar algo subversivo, sin embargo, es el equivalente a reunirnos en un parque sin celulares en los bolsillos, ya que el mundo físico no viene con vigilancia embebida. Algo que fue normal hasta hace algunos años.

Herramientas como Jami o Tox buscan que la gente se comunique de forma segura sin la necesidad de servidores de terceros. Estos son proyectos que ya tienen su muchos años de existencia, pero que por problemas de usabilidad no han despegado.

Una alternativa interesante es Wahay, que ha sido desarrollada en Latinoamérica por el Centro de Autonomía Digital. Esta aplicación combina los proyectos de software libre Mumble con los servicios cebolla de Tor. Su arquitectura garantiza que nadie por fuera de la conversación sepa que la mismo sucedió y menos lo que se dijo. Actualmente, Wahay funciona solamente en GNU/Linux.

Esta columna no tiene el objetivo de recomendar una aplicación sobre otra. Lo que busca es ampliar una visión crítica sobre la tecnología que nos permita tomar decisiones informadas basadas en nuestras necesidades.

Por ejemplo, la inteligencia artificial está llegando a estas plataformas de comunicación y es importante tener una visión crítica sobre la misma. Hoy en día es posible tener un asistente virtual en nuestras reuniones que pueda tomar nota, hacer resúmenes, grabar las reuniones e incluso destacar los puntos claves en las grabaciones. Algo que puede ser útil y conveniente, pero si es gestionado por servidores remotos pone en riesgo nuestra comunicación y nuestra privacidad. Sin embargo, si la aplicación de inteligencia virtual funciona con software libre y en nuestros dispositivos, puede ser interesante. Tal vez es más simple y seguro tomar las notas entre seres humanos.

Derechos humanos, placeres artificiales: sobre la necesidad de pensar a la humanidad en entornos digitales

Hace casi una década, se popularizó el concepto de «valle inquietante», traducción aproximada de uncanny valley. Se trata de cierta incomodidad en las personas ante androides altamente realistas o, mejor dicho, de la respuesta emocional que provoca la apariencia “casi humana” de un robot. Luego, en 2017, un usuario de Reddit con el seudónimo «deepfakes» subió contenido audiovisual lascivo con los rostros de Emma Watson, Jennifer Lawrence y otras celebridades.

Sin saberlo, bautizó a uno de los fenómenos más perturbadores del último tiempo. Actualmente, el 98% de todas las imágenes simuladas a través de sistemas de inteligencia artificial consisten en pornografía, de acuerdo con datos de un estudio de Home Security Heroes.

Si bien el material publicado por el original “deepfakes” se basaba en una técnica rudimentaria llamada faceswapping, en pocos años, el avance de la tecnología transformó aquello que resultaba inquietante en algo casi indistinguible de la realidad.

Con la popularización de tales tecnologías, la violencia de género facilitada por las tecnologías encontró su herramienta perfecta. En la plataforma Discord y, a través de Midjourney, un prompt (enunciado con términos clave) puede hacer casi realidad cualquier retrato ficticio de otra persona, con o sin su autorización. “Casi” pues, a pesar su sofisticación, esta tecnología no es perfecta: sutilezas como los pequeños pliegues de los dedos de las manos o el iris del ojo son demasiado humanas para la máquina. Aun así, el uso de prompts para generar imágenes pornográficas no consentidas no dejará de ocurrir, ya que siempre habrá consumidores de este tipo de material a quienes podrían escapárseles tales matices. La misma gracia que está fuera del alcance de la inteligencia artificial también está ausente de la percepción de este segmento.

Nuevas tecnologías, violencias antiguas

América Latina no ha estado excluida del avance de este tipo de violencia. En octubre de 2023, un grupo de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de México, específicamente de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), denunció a uno de sus compañeros, Diego N, por violencia digital, porque utilizó inteligencia artificial (IA) para alterar y crear imágenes sexuales de las estudiantes y comercializarlas a través de grupos de Telegram. Estas imágenes fueron creadas a partir de fotografías de las redes sociales. Luego de una investigación, se dio a conocer que el dispositivo del estudiante contenía alrededor de 166 mil fotografías y 20 mil videos, tanto reales como modificados con IA. Alrededor de 40% del contenido estaba relacionado con alumnas del IPN.

Además de la denuncia y expulsión del estudiante del IPN, se inició una investigación y un proceso legal en la fiscalía general de Justicia de la Ciudad de México. Al tratarse de un caso de violencia digital, las estudiantes apelaron a la Ley Olimpia, que tipifica como delito la difusión de imágenes de contenido sexual sin consentimiento.

La ley Olimpia ha sido utilizada en diversos casos en los estados de la república, pero esta vez toma una relevancia distinta por tratarse de una nueva tecnología utilizada para efectuar el delito, la IA. A pesar de la existencia de tal marco de protección, la diputada Guadalupe Morales confirmó que propondrá una iniciativa de ley para que se modifique el Código Penal de la Ciudad de México integrando una redacción que haga alusión los “deepfakes porno” como delitos contra la intimidad sexual.

La pregunta que queda es hasta cuándo será necesario criminalizar nuevas tecnologías y nuevos usos de tecnologías para intentar detener un tipo de violencia que tiene profundas raíces sociales.

En México, 70.1% de las mujeres mayores de 15 años han sufrido alguna forma de violencia a lo largo de su vida, de acuerdo con la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del 2021. Casi la mitad de las mujeres han sufrido violencia sexual y más de un tercio alguna forma de violencia física. Más que un fenómeno nuevo y aislado, las deepfakes agregan una capa más en un contexto de máxima preocupación.

No hay vuelta atrás

«Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros» reza el primer artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos – que cumple 75 años el próximo 10 de diciembre. Libres e iguales implica que todas las personas nos debemos respeto mutuo. La facilidad con la que las nuevas tecnologías proveen medios para vulnerar estas premisas nos obliga a darle más vueltas a los estándares mínimos que nos otorga la condición humana y sientan las bases para la convivencia en sociedad.En el ámbito físico (offline) de la vida, los límites deberían ser más claros: desde la postura corporal hasta la vestimenta, hay diversas estrategias para marcar distancia o proximidad de acuerdo con la voluntad de cada persona.

En el entorno digital, no obstante, las deepfakes derriban por completo dichas barreras. Además, y aunque correlación no implica causalidad, los datos son decidores: las nuevas generaciones reportan mayores índices de soledad que las anteriores, desarrollándose su vida social mayoritariamente en línea.

Las tácticas en el corto plazo para dar cuenta de este fenómeno pasan necesariamente por una educación sexual que promueva la equidad de género. Por otro lado, es necesario incluir una perspectiva interseccional de género al desarrollo de políticas públicas y a nivel legislativo: eso incluye las regulaciones sobre el tratamiento de datos personales. Además, en las discusiones sobre leyes de inteligencia artificial, es fundamental garantizar la participación efectiva de mujeres y personas LGBTQIA+, así como contar con evidencias específicas que ayuden a identificar abordajes efectivos y contextualizados para responder a las distintas formas de violencia.

Hay un importante avance en el reconocimiento de los derechos humanos desde la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Su carácter de universal implica que se aplica para todas las personas, sin excepción. Sin embargo, las brechas que persisten en su aplicación después de 75 años afectan particularmente las personas históricamente marginalizadas. La difusión de imágenes íntimas alteradas por medio de tecnologías de IA es una forma nueva de una vieja táctica que busca mantener un status quo en que las mujeres no tienen calidad de humanas y no pasan de meros objetos: sin derechos, sin agencia y plenamente manipulables según los deseos de terceros.

Desafortunadamente para quienes desean mantener controlada y sumisa la mitad de la población mundial, eso ya no es posible. No sólo está el sistema de derechos humanos como mecanismo de protección estable y consolidado, sino que también el movimiento feminista ha logrado visibilizar y denunciar vulneraciones y apropiarse de distintas tecnologías – no solo digitales – para protegerse, ejercer solidaridad y potenciar sus mensajes y luchas.

Como recuerdan los masivos movimientos desde América Latina, ninguna forma de violencia puede silenciar la voz colectiva que dice “ni una menos”. Frente al intento de retroceder, falta que los Estados e instituciones se comprometan, efectivamente, con un mundo más justo, equitativo y libre de violencia. Para todas, todos y todes.

 

Solidaridad y compromiso contra el discurso de odio y la desinformación

En México, el 70.1% de las mujeres mayores de 15 años hemos experimentado algún tipo de violencia en nuestras vidas, de acuerdo con la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, publicada en 2021. Esto constituye un incremento de un 4% desde la medición anterior, que data de 2016. Mientras tanto, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBT en México registró, al menos, 75 crímenes de odio en contra de personas de la comunidad en 2019.

El asesinato de le magistrade Ociel Baena a mediados de noviembre, víctima de un crimen de odio, no es un hecho aislado y nos convoca a reflexionar sobre la forma en que la intolerancia y la violencia se experimentan en el territorio. Al mismo tiempo, nos recuerdan que —como en otros países de América Latina— ser activista, persona trans o mujer conlleva exponerse a constantes vulneraciones a nuestros derechos y recibir discursos y actos de odio, proveniente de diversos actores.

La violencia de género encuentra en las tecnologías digitales un medio para amplificarse. La violencia de género facilitada por la tecnología no es una conducta nueva ni un fenómeno aislado, sino un antecedente importante de otras formas de violencia, muchas veces ignorado en las investigaciones. En la región hemos visto cómo el odio y las amenazas en línea persisten después de los ataques físicos, perpetuando la violencia en el tiempo y extendiéndola a familiares, pares y colectivos que comparten un activismo o identidad de género comunes con las víctimas. Por ello, es importante examinar el tipo de prácticas que estamos cultivando, dentro y fuera de las redes sociales, así como los desafíos que perduran al ejercicio del derecho a vivir una vida libre de violencia en México y en la región.

Ociel Baena: el odio entre las calles y las redes

Ociel Baena fue magistrade del Tribunal Electoral del estado de Aguascalientes. En el ejercicio de su cargo defendió los derechos de la comunidad LGBT+ y abrió espacios importantes para el reconocimiento legal de las personas no binaries en el país. Fue la primera persona no binarie en acceder a un cargo en el Poder Judicial, no solo en México, sino en América Latina. Asimismo, realizó avances para que las personas no binaries puedan contar con documentos legales de identidad, pues fue la primera persona en obtener un pasaporte, un acta de nacimiento y una credencial de elector no binaries

Además de su actuación como magistrade, Ociel Baena también ejercía su labor en la defensa de derechos en las redes sociales, donde constantemente recibía expresiones de odio, comentarios estigmatizantes y amenazas. Le magistrade Ociel realizó un arduo trabajo por visibilizar las violencias que sufren diariamente las personas trans, especialmente las personas no binaries, convirtiéndose en referente de la lucha por los derechos humanos de la comunidad LGBT+.

El 13 de noviembre de 2023, le magistrade fue asesinade en un crimen de odio junto a su pareja sentimental, Dorian Nieves Herrera. El caso generó una serie de movilizaciones a lo largo del país, exigiendo justicia y una investigación con perspectiva de género. 

La  Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado a la Fiscalía de Justicia del Estado de Aguascalientes para que realice una investigación “que no ignore la condición de género y las amenazas previas recibidas por una de las víctimas [le magistrade]”. Según la CNDH, este crimen pudo ser calificado como una expresión de odio. Pese a ello, las autoridades de Aguascalientes anunciaron que probablemente se trataba de un “crimen pasional”.

El discurso de odio en plataformas digitales del cual era víctima Ociel no cesó tras la brutal violencia sufrida por elle y su pareja. Siguió activa en las noticias asociadas con el suceso y, todavía peor, encontró eco en una narrativa nbfóbica reforzada por algunos medios de comunicación. La comunidad LGBT+ pide que se investigue el caso como crimen de odio, pues existía un antecedente de amenazas hacia Baena por ser no binarie y por los derechos que defendía. 

La perpetuación del odio y la falta de respuestas

El discurso de odio en plataformas digitales busca silenciar la genuina indignación que nace de un caso de violencia extrema, aprovechando su visibilidad para inculcar más odio e intolerancia en la sociedad. En Brasil, ni el brutal asesinato de la diputada Marielle Franco terminó con los ataques que tuvo que enfrentar en vida. Hoy, todavía circula desinformación sobre su biografía y justificaciones del crimen del que fue víctima. Como Ociel Baena, Marielle luchaba por la protección de derechos humanos desde su posición como concejala de la ciudad de Río de Janeiro y desde sus redes digitales. Era una mujer negra, periférica y bisexual.

El caso de Ociel Baena muestra al mundo la incapacidad del Estado mexicano de garantizar una vida libre de violencia a su población, especialmente a las personas LGBT+. Los discursos de odio y estigmas que generaron un ambiente hostil para le magistrade se siguen perpetuando, sin que haya una respuesta efectiva. Su asesinato no solo interrumpe su vida, sino su lucha en la defensa de derechos humanos y los avances de toda la sociedad mexicana en esta materia.

En el marco de esta situación sensible, algunas comunidades LGBT+ en los estados de Puebla y Coahuila desean impulsar legislaciones denominadas “Ley Ociel Baena”, que tienen como objetivo sancionar a quienes emitan discursos de odio, especialmente aquellos que hagan apología al delito. Es importante que este tipo de iniciativas se discuta de manera participativa y cuidadosa, para que no resulten en una forma más de censura contra poblaciones históricamente vulneradas. Además, es relevante que el abordaje de la violencia no se restrinja a una perspectiva puramente punitivista.

Es clara la necesidad de seguir abordando el tema de sensibilización y educación contra la violencia de género, incluso desde los medios de comunicación. Si bien las tecnologías digitales son una plataforma adicional para ejercer estas agresiones, es importante trabajar desde la raíz del problema, que se encuentra en el pensamiento y conductas patriarcales y machistas, ampliamente arraigadas en la sociedad mexicana y latinoamericana en su conjunto.

Exigimos a las autoridades que se esclarezcan los hechos en una investigación con perspectiva de género, que se haga justicia y una debida reparación del daño para sus familiares.

América Latina ante la inteligencia artificial: mapeo de iniciativas regulatorias en la región

Alineada con las tendencias internacionales, América Latina ha hecho esfuerzos significativos por desarrollar principios y reglas para la inteligencia artificial (IA). En un primer momento, múltiples gobiernos desarrollaron instrumentos regulatorios a partir de la creación de estrategias, planes, o la adhesión a principios internacionales como los Principios de IA de la OCDE o los Principios de la Ética de la IA de UNESCO. Sin embargo, cambios de gestión gubernamental interrumpieron algunas de estas iniciativas, dada su relativa institucionalidad.

De manera paralela a la elaboración de estos instrumentos, la región también comenzó procesos para legislar sobre la implementación de IA a nivel parlamentario. Tales procesos no involucran prerrogativas emanadas desde el poder ejecutivo. En cambio, al estar en manos del poder legislativo, demandan un debate entre parlamentarios y, con ello, la creación de consensos políticos que estén en sintonía con los entramados normativos nacionales.

A continuación, repasamos la trayectoria normativa latinoamericana: desde las estrategias de IA de algunos países, hasta la revisión de algunos de los proyectos de ley que se discuten actualmente.

Estrategias de IA

Uno de los hitos que marca el inicio del proceso de regulación de la IA se encuentra en las estrategias y planes de IA publicadas entre 2019 y 2021 por gobiernos como los de Argentina, Brasil, México y Uruguay. Estas acciones fueron impulsadas desde los poderes ejecutivos de la región y buscaron dar un marco de referencia para el uso de este tipo de tecnologías.

Aun cuando, en varios casos, dichas políticas contemplaron una etapa de consulta pública, hemos identificado algunas falencias de los Estados en garantizar una discusión plural e inclusiva de forma efectiva al definir prioridades estratégicas en IA. Entre ellas están la falta de inclusión efectiva de grupos históricamente marginalizados y de mecanismos de transparencia que permitan comprender de qué manera se consideraron los comentarios presentados.

Algunas de estas iniciativas no encontraron continuidad para su implementación y, además, fueron criticadas por su falta de rumbo por defectos en la coordinación o ausencias de líneas de acción claras como para llevar el título de “estrategias”. Es que estas políticas, pese a basarse en procesos participativos y antecedentes internacionales como los Principios para la IA de la OCDE, fueron plasmadas en resoluciones administrativas –en buena parte de los casos– con una solidez institucional relativa. Además, carecían de métricas claras que permitieran el monitoreo de su implementación.

Así, estas limitaciones otorgaron mayor relevancia al debate legislativo. A la vez, y contando sus imperfecciones, la discusión y la posterior formulación de estas estrategias sentaron un precedente para los debates parlamentarios.

Discusiones legislativas para la regulación de la IA

Brasil

Desde 2019, han sido presentados muchos proyectos de ley en materia de IA. Los principales fueron los PLs 5.051/2019, 21/2020, y 872/2021. En 2021, la Cámara de Diputados brasileña aprobó el PL 21/2020, que contiene disposiciones sustentadas más en principios que en prerrogativas específicas, y que ha sido motivo de críticas por parte de la sociedad civil. A contar de la llegada de este proyecto en el Senado Federal, fue establecida una comisión de juristas para lograr un proyecto unificado, en conjunto con otros ya en tramitación en esta casa legislativa.

El extenso reporte final presentado por la comisión resultó en el desarrollo de un cuarto proyecto de ley, el PL 2338/23, presentado por el presidente del Senado y actualmente en discusión paralela a los demás proyectos sobre IA. Pese a que fue ideado como una continuidad de las discusiones previas, el PL 2338/23 guarda importantes diferencias con relación al proyecto aprobado por la Cámara.

Influenciado por los debates alrededor del AI Act europeo, el PL 2338/23 presenta un enfoque fundamentado en riesgos, en función de una tipología establecida en el proyecto mismo, además de crear derechos y determinar la creación de una autoridad centralizada de IA que debería ser apuntada por el Poder Ejecutivo y trabajada en conjunto con las demás autoridades sectoriales. Sobre el modelo de riesgos, el PL determina que, a mayor riesgo, mayores las obligaciones que corresponden a quien implemente este tipo de tecnologías. El proyecto es apoyado por la Coalición de Derechos en la Red, que lo considera un paso importante hacia el equilibrio entre el establecimiento de derechos y herramientas de gobernanza.

Chile

La discusión parlamentaria se centra en el Boletín 15869-19: un proyecto de ley que regula los sistemas de IA la robótica y las tecnologías conexas en sus distintos ámbitos de aplicación. El mismo ingresó en la Cámara de Diputados durante abril de 2023 y se encuentra en “primer trámite constitucional”, que es la forma en la que Chile denomina el proceso de discusión de un proyecto de ley donde fue presentado originalmente, sea en la Cámara de Diputados o en el Senado.

Tal como señala el texto en sus “considerandos”, el proyecto adopta un sistema de riesgos basado en la discusión existente en el parlamento de la Unión Europea. El proyecto contempla la creación de una Comisión Nacional de Inteligencia Artificial, y establece obligaciones para desarrolladores, proveedores y usuarios de sistemas de IA. Además de este proyecto, hay dos iniciativas, de orden punitivo, que buscan modificar el Código Penal. Se trata de los boletines 15935-07, para sancionar el mal uso de la inteligencia artificial (ingresado el 15 de mayo de 2023) y el 16021-07, que busca incorporar, como circunstancia agravante de la responsabilidad, el uso de inteligencia artificial en la comisión de un delito (ingresado el 13 de junio de 2023).

Costa Rica

El proyecto costarricense, que tomó cierta notoriedad en distintos medios por comenzar con una introducción realizada por ChatGPT, se encuentra en discusión en la Comisión de Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, órgano unicameral del Poder Legislativo. Este proyecto, en trámite bajo el Expediente 23771, afirma desde su primer artículo su foco en la “protección y promoción de la dignidad, los derechos humanos y el bienestar de la persona humana”.

Si bien el proyecto habla de la existencia de riesgos, su abordaje no establece una tipología como los proyectos mencionados anteriormente. Su Capítulo VII se enfoca particularmente en la “Protección de los Derechos Humanos en la Regulación de la Inteligencia Artificial”, donde se establecen disposiciones sobre no discriminación, privacidad y protección de datos personales, transparencia y explicabilidad, acceso a la justicia, entre otras. El proyecto obliga a desarrolladores y usuarios de sistemas de IA a realizar evaluaciones de impacto en derechos humanos antes de su implementación. Estas evaluaciones, afirma el proyecto en su artículo 16, “deberán identificar y mitigar los posibles riesgos y efectos negativos en los derechos fundamentales de las personas”.

Rumbos posibles

La existencia de estos proyectos de ley no implica que vayan a ser aprobados tal como fueron formulados, o que presenten una continuidad en el debate parlamentario con regularidad. Sin embargo, presentan instrumentos que pueden modificar la gobernanza de estas tecnologías, como la creación de autoridades específicas o la obligación de generar evaluaciones de impacto.

También cabe resaltar la influencia que tienen en el debate parlamentario iniciativas internacionales como el proyecto de ley de Inteligencia Artificial del parlamento europeo, la IA Act, cuyo enfoque basado en riesgos sirvió de inspiración para la creación de algunos de los proyectos mencionados. La sanción de esta ley, aún en discusión, puede modificar el panorama y sentar un precedente de gran influencia para otros países latinoamericanos.

Por último, es necesario destacar que, más allá de estrategias y proyectos de ley específicos, la gobernanza de la IA incluye un conjunto de normas e instituciones que abarcan, incluso, el acceso a la información y la protección de datos, entre otras, que son cruciales para garantizar transparencia en su implementación y el respeto a los derechos de las personas potencialmente afectadas negativamente por ella. En ese sentido, es llamativo que países que aún no cuentan con marcos de protección de datos adecuados intenten legislar sobre IA.

Frente al avance de las discusiones internacionales sobre la regulación de IA, es fundamental que legisladores y legisladoras de América Latina estén atentas a las recomendaciones emitidas por autoridades y órganos de derechos humanos. Probablemente, 2024 sea un año donde estas discusiones avancen de la mano los avances tecnológicos en la potencialidad de estas tecnologías, sobre las que vemos novedades día a día. Estaremos atentos, monitoreando la evolución de los debates a nivel nacional.

Regulación de IA: los derechos humanos primero

En las últimas semanas fuimos inundados por debates sobre la regulación de la inteligencia artificial en diversos frentes. Un acuerdo de las grandes potencias sobre un código de conducta para las empresas que trabajan con IA, los riesgos y retos del uso de la IA para la seguridad y la paz social, y cómo afecta la IA generativa a los derechos de autor son algunos de los temas que han circulado en estos días. En los más diversos foros mundiales, como el Consejo de Seguridad de la ONU, el Grupo de los 7, el Grupo de los 20, la UNESCO, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (la OMPI) y docenas de otras instiancias, la cuestión está aflorando a la superficie, como demuestra el reciente mapeo de Lea Kaspar, Maria Paz Canales y Michaela Nakayama.

En cierta medida, los diferentes debates se conectan y se solapan, pero también se integran a la maraña que conforman las referencias del derecho internacional en esta temática, como los principios de la OCDE y las recomendaciones de la UNESCO sobre la IA. Sin embargo, es urgente que este debate se base en los derechos humanos, tomando como ejemplo los recientes avances del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que deberían formar parte central de la discusión sobre cualquier regulación de la IA.

¿Discusión “Global”? Preocupaciones en torno a la participación desbalanceada

Las intenciones de la ONU de abordar la cuestión más general de la inteligencia artificial son cada vez mayores. Recientemente, Antonio Gutérres anunció la creación de un órgano asesor sobre IA que, paradójicamente, cuenta con una escasa participación de miembros de la sociedad civil y una sobrerrepresentación de las empresas tecnológicas. De este desequilibrio ha dado buena cuenta Juan Carlos Lara, quien argumenta que este órgano asesor deja en manos de quienes «más se benefician de las ventajas económicas de la IA» un papel preponderante en las recomendaciones sobre dicha gobernanza global, frente a quienes más sufren los efectos negativos de la IA, que es precisamente la sociedad civil.

Sin embargo, la falta de participación no solamente ocurre en el órgano asesor de la ONU, sino también en otros espacios como en las discusiones sobre el Pacto Digital Mundial, que sirve de preparación para la Cumbre del Futuro, evento que reunirá a líderes mundiales en Nueva York para “forjar un nuevo consenso internacional a fin de mejorar el presente y salvaguardar el futuro”.

En una carta, firmada por más de 30 organizaciones de la sociedad civil, se alerta sobre la falta de oportunidades de intervención de este sector, en tanto la palabra se concedió mayoritariamente a los Estados miembros, las agencias de la ONU y el sector privado, en detrimento de las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil durante las discusiones temáticas en línea. Lamentablemente, como afirma Gina Neff, «hemos visto cómo estas empresas se las arreglan hábilmente para establecer los términos de cómo debe ser el debate».

Riesgos inaceptables para los derechos humanos

Además de la participación, también es necesario pensar en las líneas sustantivas de estos procesos. En las últimas dos sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se han actualizado dos resoluciones de gran importancia. Así, las resoluciones se suman a otro importante texto aprobado por la Asamblea General de la ONU a finales del año pasado, siguiendo con fuerza una tendencia que hemos observado con anterioridad.

Tanto la resolución sobre nuevas tecnologías como la resolución sobre privacidad consolidan la necesidad de abordar a la IA desde la perspectiva de los derechos humanos. A pesar de constituir avances importantes en términos de resaltar riesgos inaceptables para los derechos humanos, estas resoluciones no son lo suficientemente explícitas a la hora de condenar el uso de la IA cuando a priori no cumplen con normativas de DD.HH., y cuya venta e implementación debe de ser prohibida o estar sujeta a una moratoria, conforme ya lo ha expresado mediante una resolución emitida por Michelle Bachelet, anterior Alta Comisionada de la ONU.

Un ejemplo claro de esto es que, si bien la resolución de privacidad deja claro que la utilización de medidas de reconocimiento facial de “vigilancia biométrica” suscitan gran preocupación en cuanto a su carácter de proporcionalidad, la resolución pierde a oportunidad de condenar la aplicación de IA en los sistemas de reconocimiento facial, dejando en manos de los Estados garantizar que la utilización de este tipo de tecnología no permita una “vigilancia masiva o ilegal”. Esto es especialmente preocupante, considerando las crecientes denuncias de vigilancia estatal en la región y a nivel global.

Sobre este punto, es importante hacer referencia al importante caso de reconocimiento facial promovido por el Observatorio Argentino de Derecho Informático (O.D.I.A) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) resuelto recientemente por los tribunales argentinos. En 2020, tras una acción de amparo colectiva presentada por el O.D.I.A. mediante el cual se puso en discusión la constitucionalidad y convencionalidad de las normas que implementaron el sistema de reconocimiento facial en la CABA, se declaró la inconstitucionalidad del uso del sistema de reconocimiento facial por no haberse dado cumplimiento a los recursos legales de protección de los derechos personalísimos de la ciudadanía. Entre varias cuestiones, el fallo nota que el sistema se usó de manera ilegal para buscar a más de 15 mil personas que no estaban en la lista de prófugos del sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CONARC). Además, la sentencia en cuestión recomienda cuestiones fundamentales como la necesidad de promover la transparencia y la explicación adecuada de los sistemas de IA, debiéndose considerar todo el ciclo de vida del sistema de IA.

La transversalidad de género, protección de datos e inteligencia artificial

Parte de la necesidad de colocar a los derechos humanos como centro de las discusiones alrededor de la implementación de sistemas de IA tiene que ver con el deber de considerar los impactos diferenciados de género que éstos causan.

En ese sentido, como ha sido constatado en la contribución conjunta sobre género presentada en el marco de las discusiones del Pacto Digital Mundial, para que los derechos de todas las personas puedan ser respetados de igual forma en el ecosistema digital global se requiere una protección efectiva y absoluta frente a la persecución, la discriminación, el abuso y la vigilancia; asegurar la igualdad de acceso a la información, las oportunidades y la comunidad, e igualdad de respeto a la privacidad, la identidad, la autoexpresión y la autodeterminación.

En la reciente resolución sobre privacidad, referida anteriormente, se realizan importantes avances en la materia. Por un lado, reconoce que las mujeres y niñas experimentan vulneraciones específicas en base al género a su derecho a la intimidad como parte de una desigualdad estructural que tiene efectos específicos en género, en tanto la implementación de tales sistemas puede reproducir, reforzar e incluso exacerbar las desigualdades raciales de género. Por otro lado, insta a los Estados a desarrollar e implementar políticas con perspectiva de género, a la par que alienta a todas las partes interesadas a que incorporen una perspectiva de género en la conceptualización, el desarrollo y la aplicación de las tecnologías digitales y las políticas conexas, y a que promuevan la participación de las mujeres para hacer frente a la violencia y la discriminación contra todas las mujeres y niñas que se producen a través del uso de la tecnología o son amplificadas por ella, instando a las empresas de tecnología digital, incluidos los proveedores de servicios de Internet, a que respeten las normas y apliquen mecanismos de información transparentes y accesibles.

Si bien celebramos dichos pronunciamientos, los que consideramos esenciales para el abordaje de esta problemática, observamos con preocupación que, tal como notamos en el análisis de la resolución proveniente de las discusiones del CSW67 del presente año, hay ausencias que implican retrocesos. En ese sentido, preocupa que el texto evite incluir a personas LGTBIQ+ en el ámbito de protección, considerando que esta exclusión tiene la potencialidad de profundizar desigualdades sobre una comunidad que ha sido históricamente vulnerada debido a cuestiones —relacionadas con desigualdades de género— y de legitimar políticas públicas discriminatorias.

A su vez, y en conexión con señalado previamente, aun cuando se reconoce el impacto negativo de la implementación de la IA sobre grupos en situación de vulnerabilidad, especialmente considerando factores de raza y género, las recomendaciones tenían la potencialidad de condenar la implementación de sistemas que ya han probado reproducir y profundizar desigualdades estructurales en ese sentido y de establecer líneas claras de protección que pongan foco en la obligación estatal de dotar protección efectiva de datos, entre otras cuestiones.

2024: agenda llena de acciones, altas expectativas

Los próximos pasos son aún inciertos y podrían conducir a una situación paradójica: las resoluciones aprobadas apuntan a la necesidad de más estudios y mayor acción efectiva en temas como la discriminación, la necesidad de regionalizar el tema, así como recomendaciones sobre cómo abordar el problema dentro del sistema de la ONU. No obstante, con la aprobación del órgano consultivo sobre IA, se han generado muchas prisas en toda la ONU. Todo ello para finalizar el trabajo en unos meses, de modo que esté listo a tiempo para la Cumbre del Futuro en septiembre del próximo año en Nueva York, donde todo lo relacionado con el Pacto Mundial Digital tendrá particular protagonismo.

Los pequeños (pero importantes) pasos que estamos dando en relación con la privacidad, los datos personales y la IA no pueden estar fuera de la concepción de esta discusión. El trabajo en curso de la Oficina del Alto Comisionado y de varios países que forman parte del Consejo de Derechos Humanos, llevado a cabo con la participación de diversas organizaciones de la sociedad civil, deberían ser un punto de partida fundamental para tomar medidas contra las repercusiones en los derechos humanos del uso indebido de los sistemas de IA por parte de Estados y empresas. La participación amplia de la sociedad civil también es un requisito necesario para esta discusión y, por nuestra parte, seguiremos en estos espacios para ampliar la voz de la sociedad latinoamericana.

Contra la violencia en Gaza, dentro y fuera de internet

Cuál fue el papel que ocupó el desarrollo técnico en el exterminio y cómo narrar la masacre son dos de las grandes preguntas que planteó el fin de la Segunda Guerra Mundial. Son preguntas todavía pertinentes hoy, a casi tres semanas de que las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) comenzaran un bombardeo implacable sobre la Franja de Gaza, tras los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre, donde murieron 1400 personas —en su mayoría civiles— y más de 200 fueron tomadas como rehenes.

Las acciones de Hamás y sus horrorosas consecuencias merecen nuestra total condena. Israel tiene derecho a defenderse, rescatar a los rehenes y buscar justicia. Pero, tal como recordaba el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, frente al Consejo de Seguridad, incluso la guerra tiene reglas. A pesar de ello, a lo que ya es un territorio ocupado en condiciones propias de una prisión al aire libre, sujeto a bloqueo para la circulación de bienes, se sumó el bloqueo de servicios y de ayuda internacional, junto a una campaña de bombardeo aéreo sobre blancos civiles (supuestamente albergando a Hamás), que a su vez antecede a una anunciada invasión terrestre. Como señaló Guterres, “esos atroces ataques no pueden justificar el castigo colectivo del pueblo palestino”.

Las palabras de Guterres generaron indignación en el gobierno israelí, acusándole de justificar la masacre. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Eli Cohen, canceló una reunión programada con Guterres, y el enviado de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, pidió su dimisión, al punto que el Secretario General tuvo que realizar una rueda de prensa donde denunció una tergiversación de sus declaraciones.

Mientras tanto, la principal agencia de la ONU que trabaja en Gaza debió interrumpir sus operaciones por falta de combustible y el sistema de salud ha colapsado: las instituciones sanitarias están saturadas y no tienen agua ni higiene suficiente. El gobierno israelí ordenó el bloqueo total en la zona: ni electricidad, ni comida, ni agua, ni combustible, mientras la castigada población de Gaza quedaba incomunicada por cortes de internet. A la fecha, alrededor de siete mil personas han muerto en Gaza producto de los bombardeos, incluyendo a casi tres mil niños y niñas. El resto de la población no tiene forma de escapar, pues la región está sujeta a un bloqueo militar.  Algunas provisiones han comenzado a llegar desde la frontera con Egipto, pero no son suficientes.

Estamos frente a un castigo colectivo y a una crisis humanitaria.

El silenciamiento de las víctimas

Los cortes de electricidad e internet en Gaza tienen el efecto de empeorar la crisis humanitaria, al limitar el acceso a la información de calidad, impedir la documentación de abusos de derechos humanos, cercenar las capacidades para reportar noticias, intercambiar información sobre necesidades o disponibilidad de ayuda, o encontrar a seres queridos de entre las miles de personas sepultadas bajo los escombros, producto de los ataques aéreos de la IDF.

Aparte del silencio por la imposibilidad de conectarse a internet, la forma en que se ejerce la expresión en internet ha estado afectada por décadas. La reacción del gobierno de Israel a las declaraciones de Guterres dan cuenta de una lógica que impone una falsa dicotomía que impide una discusión seria, donde cualquier discrepancia con las decisiones del gobierno israelí es vista como apoyo a Hamás o la denegación del derecho a la defensa de Israel. Se trata de una lógica maniquea que por largo tiempo ha redundado en una forma dispar de tratar la ocupación en Gaza frente a eventos como la invasión rusa en Ucrania.

Esta lógica se tradujo literalmente a Instagram: El usuario de TikTok ytkingkhan subió un video mostrando como su biografía en la plataforma, que contenía la bandera de palestina y la frase ٱلْحَمْدُ لِلَّٰهِ» —que significa “Alabado sea Dios”— era traducida automáticamente como “Alabado sea Dios, los terroristas palestinos están luchando por su libertad». Instagram agregaba la palabra “terroristas” a la traducción, la que desaparecía al remover la bandera.

Tras la publicación, Meta se disculpó y enmendó el error, pero no es la primera vez que se documenta la mala administración de contenidos en favor de Palestina en sus plataformas. En septiembre de 2022, Human Rights Watch detectó una aplicación excesiva de las normas relativas a moderación de contenidos a los contenidos publicados en árabe, y una moderación insuficiente de aquellos publicados en hebreo. Durante las últimas semanas, distintas usuarios y usuarias han denunciado la supresión de contenidos, restricciones a las cuentas y “shadow-banning” tras realizar publicaciones relativas al conflicto en Gaza.

Este tipo de situaciones no se limita a Meta. 7amleh, el Arab Center for the Advancement of Social Media, documentó más de 103.000 casos de discurso o incitación al odio en hebreo de 120.000 publicaciones realizadas, principalmente, en la plataforma antes conocida como Twitter, recopiladas entre el 7 y el 18 de octubre.  YK Hong publicó un video en Instagram donde mostraban las diferencias en las respuestas que distintos sistemas de inteligencia artificial daban frente a la pregunta por Israel y Palestina. Consultado si las personas en Israel merecían ser libres, el sistema de ChatGPT respondía concluyentemente que sí. Pero cuando se le preguntaba si las personas de Palestina merecían ser libres, ChatGPT partía explicando que se trataba de un tema polémico.

Del mismo modo, cuando Alexa aparecía configurada en modo infantil y se le preguntaba qué estaba ocurriendo en Palestina, el asistente virtual explicaba que no podía entregar información de este tipo para niños y niñas. Pero cuando se le preguntaba qué estaba ocurriendo en Israel —en la misma modalidad— no dudaba en realizar un resumen pormenorizado de la situación.

La diferencia de criterios para tratar ambos lados del conflicto y la penalización en contra de los contenidos en favor de Palestina establecen limitantes artificiales a la discusión en línea, que en este caso —de una forma u otra— son funcionales a la masacre que está sufriendo la población civil en Gaza.

Todos los derechos para todas las personas en todo el mundo

Las empresas de tecnología deben garantizar el respeto y la protección de las voces palestinas en sus plataformas y de su derecho a la libre expresión, al igual que las de todas las personas, especialmente aquellas que documentan violaciones de derechos humanos y utilizan las tecnologías en defensa de su propia vida y la de sus familiares. Para ello, deben asumir su responsabilidad y dejar de ser parte activa en el silenciamiento y las atrocidades contra la gente en Palestina.

Manifestamos nuestra solidaridad con toda la población civil que ha sufrido las consecuencias de la violencia y esperamos el alto al fuego y una pronta solución al conflicto, además de sumarnos a los llamados para abordar las causas de la violencia y el fin de las condiciones de abuso, de manera que se garantice el pleno ejercicio de derechos humanos para todas las personas que habitan la región de Gaza.